Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4402-I, martes 10 de noviembre de 2015
- De la Mesa Directiva, sobre modificación de turnos de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo
- De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe final de la evaluación de procesos correspondiente a 2015 del programa presupuestario P002, “Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, a cargo de la Secretaría de Economía
- De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe final de la evaluación de procesos correspondiente a 2015 del programa presupuestario F003, “Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa”, a cargo de la Secretaría de Economía
- De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe final de la evaluación del proceso correspondiente a 2015 del programa F001, “Promoción de México como destino turístico”; y las evaluaciones de diseño de los programas F004, “Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables”, S248, “Desarrollo regional turístico sustentable”, y U002, “Pueblos mágicos y destinos prioritarios”, a cargo de la Secretaría de Turismo
- Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la cual informa que los documentos Consideraciones sobre el proceso presupuestario 2016 y Resultados intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre se encuentran disponibles para consulta en la página oficial de la institución
- De la Cámara de Senadores, con las que remite veintidós proposiciones con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por integrantes de diversos grupos parlamentarios
De la Mesa Directiva, sobre modificación de turnos de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo
Honorable Asamblea
La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:
• Proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención del “cortejo o grooming” por Internet, presentada por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el 24 de septiembre de 2015.
“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.”
• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 68 Bis y se modifica la fracción IV del artículo 148, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el 8 de julio de 2015.
“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.”
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2o. de la Ley de Planeación, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 19 de agosto de 2015.
“Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.”
México, DF, a 10 de noviembre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
Presidente
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe final de la evaluación de procesos correspondiente a 2015 del programa presupuestario P002, “Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, a cargo de la Secretaría de Economía
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito hacer de su conocimiento que con oficio número 113. 2015. DGVP. 440, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe final de la evaluación de procesos correspondiente a 2015 del programa presupuestario P002, “Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, a cargo de dicha dependencia.
Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y tres discos compactos con el informe de referencia, a efecto de que por su amable conducto sean enviados a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de dicho órgano legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
En atención de las obligaciones señaladas en los artículos 28, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 y décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; los numerales 11, 21 y 27; y el anexo 2 del programa anual de evaluación correspondiente a 2015, me permito adjuntar de manera electrónica en tres tantos, el informe final de la evaluación de procesos 2015 del siguiente programa presupuestario cargo de la Secretaría de Economía:
Programa presupuestario P002, “Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”
Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, así como a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica)
Director General de Vinculación Política
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe final de la evaluación de procesos correspondiente a 2015 del programa presupuestario F003, “Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa”, a cargo de la Secretaría de Economía
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito hacer de su conocimiento que con el oficio número 113. 2015. DGVP. 441, el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, remite el informe final de la evaluación de procesos de 2015 del programa presupuestario F003, “Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa”, a cargo de dicha dependencia.
Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y un ejemplar impreso con el informe de referencia, a efecto de que por su amable conducto sea enviado a la Presidencia de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
En atención de las obligaciones señaladas en el artículo 28, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; el décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; los numerales 11, 21 y 27; y el anexo 2 del programa anual de evaluación de 2015, me permito anexar un ejemplar impreso del informe final de la evaluación de procesos 2015 del siguiente programa presupuestario cargo de la Secretaría de Economía:
Programa presupuestario F003, “Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa”
Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica)
Director General de Vinculación Política
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe final de la evaluación del proceso correspondiente a 2015 del programa F001, “Promoción de México como destino turístico”; y las evaluaciones de diseño de los programas F004, “Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables”, S248, “Desarrollo regional turístico sustentable”, y U002, “Pueblos mágicos y destinos prioritarios”, a cargo de la Secretaría de Turismo
México, DF, a 3 de noviembre de 2015.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el artículo 28, fracción III, primer párrafo, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; y las fracciones I, II y IV del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito hacer de su conocimiento que con el oficio número SPPT/ 396/ 2015, el licenciado Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, remite el informe final, los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de las siguientes evaluaciones:
• Evaluación de procesos del programa F001, “Promoción de México como destino turístico”;
• Evaluación de diseño del programa F004, “Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables”;
• Evaluación de diseño del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable S248; y
• Evaluación de diseño del programa U002, “Pueblos mágicos y destinos prioritarios”.
Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
México, DF., a 29 de octubre de 2015.
Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Secretaría de Gobernación
Presente
En referencia al artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que las relaciones del Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión corresponde a la Secretaría de Gobernación, y a fin de cumplir el artículo 28, fracción III, primer párrafo, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, y con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I, II y IV del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en los numerales décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; y los numerales 11, 25 y 27 del Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal de 2015, me permito enviar el informe final, los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de las siguientes evaluaciones:
• Evaluación de procesos del programa F001, “Promoción de México como destino turístico”;
• Evaluación de diseño del programa F004, “Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables”;
• Evaluación de diseño del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable S248; y
• Evaluación de diseño del programa U002, “Pueblos mágicos y destinos prioritarios”.
Lo anterior, a fin de solicitar su amable colaboración para que, de no haber inconveniente, se hagan llegar los informes en comento a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión y, para el caso de los programas S248 y U002, de manera adicional a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Salvador Sánchez Estrada (rúbrica)
Subsecretario de Planeación y Política Turística
Archivo.rarDel Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la cual informa que los documentos Consideraciones sobre el proceso presupuestario 2016 y Resultados intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre se encuentran disponibles para consulta en la página oficial de la institución
México, DF, a 27 de octubre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con el propósito de consolidar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas del gobierno federal y fortalecer la toma de decisiones en materia presupuestal, hago de su conocimiento que este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró el documento denominado Consideraciones sobre el proceso presupuestario de 2016, el cual contiene un análisis sobre las prioridades, hallazgos y recomendaciones en materia de desarrollo social del gobierno federal, así como similitudes entre programas, información de los programas y acciones federales de desarrollo social prioritarios, que puede ser relevantes para la integración del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, mismo que se encuentra disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica:
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones presupuestales 2016.pdf
Por otra parte, considerando la importancia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (Cruzada) como eje de la política de desarrollo social enfocada a la población en pobreza extrema de alimentación, con el objetivo de generar información que permita mejorar de manera continua el diseño e implementación de la misma, el Coneval diseño el Esquema General de Evaluación de la CNCH 2013-2019, del cual se deriva el Informe de Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el cual presenta los resultados a la mitad del sexenio, entre los que destacan avances, fortalezas y áreas de oportunidad de la Cruzada y al que se puede acceder en el siguiente hipervínculo:
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/ECNCH/Paginas/Resultados Intermedios Cruzada.aspx
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Gonzalo Hernández Licona (rúbrica)
Secretario Ejecutivo
De la Cámara de Senadores, con las que remite veintidós proposiciones con puntos de acuerdo por los cuales se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por integrantes de diversos grupos parlamentarios
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, María Hilaria Domínguez Arvizu, senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La educación superior es un instrumento fundamental para construir y generar una sociedad más igualitaria, equitativa y con oportunidades, de ahí la importancia de que todos los sectores de la población tengan garantizado su acceso.
Es indiscutible que teniendo una educación superior de calidad, podremos aspirar a mejores escenarios de desarrollo profesional, individual y social; sin duda, este nivel educativo contribuye sustancialmente al progreso colectivo y profesional, por ello la necesidad de garantizar mayores recursos económicos en 2016.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el estado de Nayarit el grado promedio de escolaridad de la población es de 9 años, es decir, han concluido el tercer grado de secundaria; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que de cada 100 personas de 15 años y más: 7 no tienen ningún grado de escolaridad, 57 tienen la secundaria terminada, 20 han logrado concluir la educación media superior y 16 han cursado la educación superior.
En relación la cobertura en licenciatura, la entidad ocupa la posición número 19 a nivel nacional, sólo el 26.9 de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo está matriculado en alguna institución de educación superior en el estado.
Los municipios que presentan mayor nivel de rezago educativo de nivel superior, se encuentran localizados en la Región Sierra con el 25% y Región Norte con 8.3%.
Frente a esta problemática, la Universidad Autónoma de Nayarit atiende las necesidades de educación media superior y superior desde una perspectiva crítica, propositiva y plural, con compromiso social. Se trata de una institución pública y autónoma con reconocimiento nacional e internacional debido a la mejora continua de su calidad, lo cual le ha permitido posicionarse como líder en la generación y aplicación del conocimiento y en la formación de estudiantes con compromiso social, capaces de transformar su entorno, construir alternativas y mejorar sus condiciones de vida de ellos, sus familias y de la sociedad.
Dicha Universidad, cuenta con unidades educativas que se encuentran localizadas estratégicamente en la región, entre estas, destacan las de Tepic, Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, San Blas, Compostela, Ahuacatlán, Ixtlán del Río, Valle de Banderas y Puente de Camotlán.
Con esta red educativa, más de 11 mil estudiantes -11 mil 066 adscritos a las 15 unidades académicas preparatorias y 239 del nivel técnico de la Escuela de Música, son atendidos por 606 profesores, bajo planes educativos y materiales tecno-pedagógicos que promueven el estudio continúo y el compromiso de fomentar las actitudes y habilidades necesarias para desarrollarse en el ámbito profesional.
En lo que respecta a la educación superior, la Universidad Autónoma de Nayarit da servicio a más de 13 mil 614 estudiantes con una oferta de 33 programas. La institución, cuenta con el campus “Ciudad de la Cultura” y las unidades académicas en Acaponeta, Ixtlán del Río y Ahuacatlán, asimismo, la extensión académica de Turismo en en Valle de Banderas.
Tiene una oferta educativa pertinente que está articulada con las vocaciones productivas de la región, en áreas de Ciencias Básicas e Ingenierías, Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Artes, Ciencias Sociales y Humanidades. Estos planes han sido evaluados y certificados por diversos organismos para la Acreditación de la Educación Superior, es decir, los alumnos se encuentran cursando programas de calidad.
La matrícula total con que cuenta, es superior a 27 mil estudiantes, los cuales en su mayoría son hijos de campesinos de escasos recursos, esto demuestra su pertinencia social y su vigencia en la construcción de una mejor sociedad. Esta tarea deja de manifiesto que es necesario robustecer la infraestructura universitaria, ampliar los planes educativos, fortalecer las actividades extracurriculares y acrecentar la red de unidades regionales.
Por la educación integral que se imparte y la pertinencia ante las necesidades locales, sus alumnos han obtenido el Premio Santander con Proyectos de Negocios con Impacto Social, también han sido acreedores a un Premio Nacional de la Juventud, en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena y su Unidad de Agricultura, ha sido ganadora de diversas becas para las Mujeres en la Ciencia L’Oréal–UNESCO-Conacyt-AMC, además la carrera de medicina está acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica.
Estoy convencida que desde el presupuesto 2016, se debe coadyuvar y garantizar recursos suficientes para impartir una educación media superior y superior de calidad, que impulse la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. Como legisladores federales tenemos la obligación de contribuir a la educación, es decir, debemos apoyar a las instituciones educativas en la búsqueda de soluciones a los problemas municipales y estatales.
En este sentido, la Universidad Autónoma de Nayarit es medular en el crecimiento económico y desarrollo de la entidad, en consecuencia, es necesario que en el Presupuesto para el año 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos para que amplié sus servicios educativos en beneficio de los estudiantes del estado y sus familias, además de matricular a un número mayor de estudiantes, ya que en este ciclo escolar solicitaron su ingreso más de 10 mil, sin embargo sólo cuenta con la infraestructura para atender a 4 mil.
Uno de los principales ejes para consolidar una educación de calidad es apoyar las experiencias exitosas y la Universidad Autónoma del Estado de Nayarit es una de ellas, nos corresponde apoyarla para que pueda superar sus limitaciones, precariedades y garantizarle solvencia económica, lo cual se hace indispensable para continuar por el camino de la prosperidad, el crecimiento económico y el desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto y a fin de contar con un sistema de salud innovador y accesible, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se le asigne un presupuesto superior a los 491 millones pesos a la Universidad Autónoma de Nayarit, a fin de garantizar y ampliar los servicios educativos de esta institución a los habitantes de la entidad y la región.
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 4 días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas, Itzel Ríos de la Mora y Manuel Cota Jiménez, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos, María Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el año de 1942 como consecuencia de la gran depresión y de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de Norteamérica firma con México un tratado Binacional conocido como el Programa Bracero, mismo que duró hasta 1964.
Se calcula que entre los años de 1945 y 1964 un número de 4.6 millones de mexicanos trabajaron en los Estados Unidos de América. Es importante señalar que a estos trabajadores se les hicieron retenciones de sus salarios como fondo de ahorro, mismas que debieron recibir al regresar a México, pero por diversas razones no sucedió así.
Por ello, el 9 de Noviembre en 2004 en la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa de Ley para la Creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005. Cabe señalar que la Secretaría de Gobernación fue la responsable de administrar los recursos del Fideicomiso.
La ley permitió que los diputados de ese entonces, asignáramos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 300 millones de pesos para los años de 2005 al 2008 respectivamente.
Con la finalidad de que un número mayor de personas pudiera recibir el apoyo social, el 1° de septiembre de 2008 se publicaron modificaciones y reformas a la Ley para la Creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Una de las modificaciones fue el que se abrieran mesas receptoras de documentos en los Estados, en donde los trabajadores se acreditaban para recibir el apoyo sin tener que venir al DF.
Por otra parte, se asignaron al Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ser ejercidos en el Ejercicio Fiscal de 2009, la cantidad de 700 millones de pesos.
Desde la creación del Fideicomiso y hasta junio de 2009 se realizaron pagos de 38,000 pesos por trabajador en una sola exhibición. Pero muchos a pesar de contar con la documentación requerida quedaron pendientes. En junio de 2009 se modifica la Ley en perjuicio de los braceros ya que estableció que los 38,000 pesos se les pagaran en parcialidades de 4000 pesos anuales.
El 22 de abril de 2010, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, presentó un nuevo Punto de acuerdo para modificar y facilitar el funcionamiento del pago del apoyo social y para exigir el pago de 38,000 pesos a los Braceros Mexicanos en una sola exhibición. Como resultado se publicó un Decreto con las nuevas modificaciones a la Ley del Fideicomiso el 29 de abril de 2010.
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2012 se asignaron 3 mil 816 millones 200 mil pesos, y se les pagó el apoyo a 211 mil braceros aproximadamente.
En la LXII Legislatura ya no se creó la Comisión Especial de ex Braceros de la Cámara de Diputados, ni se asignó presupuesto alguno al fideicomiso, quedando pendientes de pago alrededor de 141 mil braceros que ya habían presentado documentos.
Punto de Acuerdo
Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea incluido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 una partida presupuestal por 500 millones de pesos para que se asignen al Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social Para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.
Senadores: María Hilaria Domínguez Arvizu, Humberto Mayans Canabal, Jorge Aréchiga Ávila, Anabel Acosta Islas, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbricas).México, DF, a 28 de octubre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos suficientes para la adquisición de ambulancias de alta especialidad, con el fin de mejorar los servicios de salud que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila de Zaragoza.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se destinen recursos suficientes para la adquisición de ambulancias de alta especialidad, con la finalidad de mejorar los servicios de salud que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con una superficie de 151 kilómetros cuadrados; de conformidad con el censo de población de 2010, el Estado tiene 2.7 millones de habitantes. De los municipios con mayor población se encuentran Saltillo con más de 709 mil, Torreón con 608 mil, Monclova con 215 mil, Piedras Negras 150 mil y Acuña con 134 mil habitantes.
En materia de prestación de servicios médicos, Coahuila adolece de la prestación de un servicio adecuado para el desarrollo de las familias y para sus miembros, haciendo nugatorio uno de los principales derechos con los que cuenta el hombre; esto es, el derecho a la protección de la salud.
La atención médica que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social es de suma importancia para el Estado de Coahuila; sin embargo, sé que los recursos para hacer frente a estos retos son insuficientes, por lo que resulta indispensable fortalecer el acceso a la prestación de los servicios médicos para que el usuario desde su traslado pueda recibir una atención que permita disminuir el riesgo cuando se encuentre en estado crítico.
Para que el IMSS cumpla con su objetivo, es indispensable fortalecerlo con recursos económicos para que la prestación del servicio médico sea integro. Pese a ello, en Coahuila las distancias entre las unidades de medicina familiar (UMF) y de los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) son muy distantes, esto representa un gasto y un riesgo adicional para los derechohabientes por los costos extraordinarios de traslado y la tardanza en la atención.
De manera particular y como ejemplo, puedo afirmar que el Hospital General de Zona de Medicina Familiar Número 7 -ubicado en el municipio de Monclova- el servicio de hemodiálisis es insuficiente, debido a que hay pocos equipos y operan a su máxima capacidad, rebasando la demanda que es de 80 a 100 personas mensuales. Aunado a estas deficiencias, se tiene otros problemas como la falta de personal médico especializado para dar cobertura en cada una de las áreas. En el mismo caso se encuentra el Hospital General de Zona Número 11 ubicado en el Municipio de Piedras Negras, ya que brinda cobertura para el servicio de hemodiálisis a diez municipios. En ambas instalaciones médicas el tratamiento de hemodiálisis comprende cuatro horas por sesión. Debido a la demanda, fue necesario reducir el tiempo del tratamiento a tres horas, trayendo como consecuencia un aumento en el riesgo de mortandad. Igual sucede con el equipamiento para el traslado de personas en estado crítico, ya que no se cuentan con suficientes ambulancias de alta tecnología que permitan una atención rápida de calidad.
Por lo anterior, solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la colegisladora, para que sea considerada durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, recursos suficientes para las instalaciones Médicas número 7 y 11 a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se considere la construcción de un área especializada de oncología en el Hospital General de la Zona ubicado en Monclova. Adicionalmente es importante la adquisición de ambulancias equipadas para los Hospitales Generales de Zona con Medicina familiar número 2 Saltillo, número 7 Monclova, número 11 Piedras Negras, número 16 y 18 Torreón, número 24 Nueva Rosita, ubicadas en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Reconozco el esfuerzo y desempeño de las instituciones federales y de las locales, sin embargo, hacen falta muchos recursos para brindar una atención médica de calidad, ya que hay poblaciones en nuestro país que sufren un calvario para atender a un miembro de la familia, derivado entre otras cuestiones a que Coahuila es uno de los Estados con mayor superficie territorial.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar número 2 de Saltillo, número 7 de Monclova, número 11 de Piedras Negras, número 16,número 18 de Torreón, número 24 de Nueva Rosita, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de que cuenten con ambulancias de alta especialidad para el proceso de atención del paciente en estado crítico.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se destinen recursos suficientes para el equipamiento del área especializada de oncología en el Hospital General de la Zona ubicado en Monclova.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores el 28 de octubre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos económicos para ser destinados al Fondo para el Cambio Climático.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Ajspuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos económicos debidamente etiquetados por la cantidad de cincuenta millones de pesos para ser destinados al Fondo para el Cambio Climático, lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Cambio Climático establece en sus artículos 80 a 86 el Fondo para el Cambio Climático, que tiene por objeto el poder captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático a nivel nacional, lo que nos prepara para hacer nuestra aportación a nivel mundial y poder disminuir los terribles cambios que está sufriendo nuestro planeta ocasionado por el cambio climático.
En su artículo 81 de la mencionada ley establece que el Fondo para el Cambio Climático estará constituido principalmente por los recursos anuales que sean señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; igualmente es susceptible de recibir ingresos por parte de instituciones privadas, asociaciones, etcétera, por lo que es muy importante hacer énfasis que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016,debe establecer de manera expresa y etiquetada, recursos suficientes para que el Fondo para el Cambio Climático pueda cumplir con los objetivos para lo cual fue creado.
El destino del presupuesto que le sea asignado al Fondo para el Cambio Climático, está contemplado por el artículo 82 de la citada ley que a la letra establece: Artículo 82. Los recursos del Fondo se destinarán a:
Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país;
Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;
Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa y los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático; particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética; desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de metano y gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón, así como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable;
Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático;
Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático;
Proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la materia, conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, el Programa y los programas;
Compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el Registro o bien, cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, y
Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.*
El Fondo para el Cambio Climático tiene objetivos específicos y de una importancia trascendental para nuestro país, se trata de destinar recursos a determinadas acciones que son el punto medular del tema de los efectos negativos del cambio climático. México debe ser un país donde las cosas no se queden solo en palabras, por eso, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión debe destinar los recursos suficientes para que los objetivos planteados en la Ley General de Cambio Climático en lo que respecta al Fondo para el Cambio Climático.
En más de una ocasión el gobierno federal ha manifestado sus intenciones de apoyar las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, no solo a nivel nacional, sino también internacional. En un punto de acuerdo anterior presentado en 2015, señalé que el Presidente de la República, durante la inauguración de la quinta Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), anunció una contribución de 20 millones de dólares para el Fondo de Medio Ambiente Mundial. En el mismo sentido, en septiembre de 2014, durante la Cumbre Climática (Climate Summit 2014) realizada en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que México aportaría 10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima. México debe empezar por cumplir sus leyes y obligaciones, debemos dar prioridad a las acciones de adaptación al cambio climático y con ello evitar gastos mayores para atender desastres.
Por todo lo anterior, resulta indispensable que la asignación de presupuesto durante el Ejercicio Fiscal para 2016 al Fondo para el Cambio Climático contemple recursos presupuestales para dar cumplimiento a la Ley General de Cambio Climático.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se destinen y etiqueten cincuenta millones de pesos para el Fondo para el Cambio Climático, y se dé cumplimiento a lo establecido por el Título V, Capítulo VII de la Ley General de Cambio Climático.
Nota
* Ley General de Cambio Climático, artículo 80, visto en Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2015 en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130515.pdf
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, senadora Silvia Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Cámara de Senadores la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera San Juan de Sabinas-Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El desarrollo nacional de acuerdo a la Constitución federal le corresponde al estado; es decir, deben participar los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus atribuciones y facultades, cuyo objeto es garantizar y lograr un desarrollo integral y sustentable para fortalecer al propio estado mediante la competitividad, el crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza para lograr el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas.
Sin embargo, no se pueden lograr estos fines sin que exista la competitividad que genere un mayor crecimiento económico, promoviendo una mayor inversión que a su vez genere empleos. Es así que para lograr la competitividad se necesita en primera instancia de vías generales de comunicaciones adecuadas, idóneas y aptas para su utilización. Es importante que los caminos tengan las condiciones óptimas.
La participación del gobierno en materia de infraestructura carretera es de suma importancia, ya que la construcción y mantenimiento de una vía de comunicación resulta muy costosa. Es importante recordar que el estado tiene que atender otros rubros como la salud, la educación o la seguridad pública, dejando en posteriores lugares a la infraestructura carretera.
Desafortunadamente mi estado no es la excepción, ya que el tramo carretero que va de San Juan de Sabinas a Melchor Múzquiz es inseguro y se encuentra en pésimas condiciones. Este tramo tiene una longitud de 23.5 kilómetros, se recorre en un tiempo aproximado de 30 minutos en condiciones “normales” o buen estado de la carretera; sin embargo, en el periodo de lluvias este tramo ha sufrido daños considerables que permiten recorrer este trayecto hasta en un tiempo de una hora, es decir, el doble de tiempo dependiendo el tipo de vehículo, incluso este tiempo se amplía un poco más. Las condiciones actuales en que se encuentra son deplorables debido a que tiene demasiados baches y en partes ya no hay pavimento. Otro problema que se presenta es la escasa o nula señalización, lo que hace que los operadores no tomen las previsiones necesarias para evitar accidentes, esto se hace más peligroso si tomamos en cuenta las averías de los vehículos, especialmente los de carga.
Esta región de Coahuila –misma que se encuentra compuesta por los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso y San Juan de Sabinas– tiene una actividad minera que a lo largo de la historia se ha considerado como una actividad principal. Con la fundación de Minas de la Trinidad en 1577 nace lo que hoy conocemos como la ciudad de Monclova. El descubrimiento y explotación del carbón se da desde 1828; el cobre en la mina Pánuco desde 1870; óxido de zinc, plata y plomo en Sierra Mojada desde 1879 y plata, plomo y zinc en Reforma-Santa Teresa desde 1890; más reciente, la explotación de fluorita, celestita, sales de sodio-magnesio, yeso, barita y dolomita.
La zona cuenta con una excelente infraestructura minero-metalúrgica y las vías de comunicación no deben ser la excepción. El estado de Coahuila participó en el año 2013 con 4.68 por ciento del valor de la producción minera nacional. Asimismo, existe un gran número de áreas sin explorar que geológicamente son favorables para emplazar yacimientos tanto metálicos como no metálicos.
Por la importancia económica de la región, es necesario impulsar la construcción de caminos, así como mantenerlos en buen estado. Resulta indispensable asignar los recursos económicos suficientes para que esta carretera cumpla su función de tal forma que se encuentre en condiciones óptimas para quienes hagan uso de esa vía, ya que existen retrasos al desplazarse, daños a los vehículos por cuestiones de uso irregular, accidentes e inseguridad, por lo que solicito a la colegisladora, para que a través de su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la asignación de recursos suficientes para la reconstrucción y mantenimiento del tramo carretero que va de San Juan de Sabinas a Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza, en beneficio de la población y de la actividad minera de la región.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se designen recursos suficientes para la reparación, equipamiento y mantenimiento del tramo carretero que va de San Juan de Sabinas a Melchor Múzquiz, en el estado de Coahuila de Zaragoza.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar fondos para crear un “bosque urbano” entre Frontera y Monclova, Coahuila.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se destinen fondos para la creación de un bosque urbano entre Frontera y Monclova, Coahuila, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy, alrededor de tres cuartas partes de la población a nivel mundial viven en ambientes urbanos que frecuentemente se visualizan solo como construcciones y estructuras.
La importancia de los servicios ambientales es que trae consigo beneficios que proporcionan a las personas sensaciones de bienestar al estar expuesto a las áreas verdes. Igualmente contribuye a la reducción de las “islas de calor” (zonas de temperatura alta dentro de las ciudades). Asimismo, las áreas verdes contribuyen a mejorar la condición biológica, psicológica y social de los individuos.
Frontera se localiza en la región centro del estado y cuenta con una extensión territorial de 506.8 kilómetros cuadrados y una población de 75 mil 215 habitantes. Limita al norte con San Buenaventura y Abasolo; al sur, con Castaños, al este con Monclova y al oeste con Sacramento; se caracteriza por un clima seco semicálido durante la mayor parte del año, su temporada de lluvias comprende las estaciones de primavera, verano y otoño.
El municipio de Frontera cuenta con una estación de ferrocarril, la cual lo conecta con la red nacional de ferrocarril, teniendo así acceso a las fronteras, puertos y ciudades más importantes del país.
Por su traza y ubicación, Ciudad Frontera se encuentra llamada a convertirse en una de las poblaciones más importantes de Coahuila, ya que como pueblo cuenta con 96 años de su fundación y como municipio cuenta con 62 años. Tiene una disponibilidad de comunicaciones y de insumos para la industria semipesada, como el ramo siderúrgico y la metalmecánica.
Actualmente, en Ciudad Frontera –en el ejido Pozuelos– inicia la tubería de agua potable que abastece a 70 por ciento de la población de Monclova, contando con magníficos medios de comunicación como lo es el aeropuerto (AHMSA-Monclova), construido en 1948, a un costado de la carretera federal número 30 rumbo a San Buenaventura. Igualmente, la estación de los ferrocarriles se encuentra unida con el ramal Saltillo-Piedras Negras.
Por otro lado, Monclova es una ciudad ubicada en el centro del Estado de Coahuila, cuenta con cerca de 300 mil habitantes, limita al norte con el municipio de Abasolo; al sur con el de Castaños, al este con el de Candela y al oeste con Frontera.
Dicho municipio destaca por contar con la mayor producción de acero de todo México, de ahí el mote de la Capital del Acero. Se pueden distinguir dos tipos de suelo en el municipio: a) Xerosol. Suelo de color claro y pobre en materia orgánica y el subsuelo es rico en arcilla o carbonatos, con baja susceptibilidad a la erosión. b) Regosol. No presenta capas distintas, es claro y se parece a la roca que le dio origen. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno en el que se encuentre.
En el municipio se localiza la fundidora de acero más importante del país, Altos Hornos de México, SA, que junto con otras unidades industriales, provee una parte considerable de las necesidades de la industria nacional en las ramas eléctrica, automotriz, de la construcción, alimenticia, petrolera, de bienes de capital, así como los sectores agrícolas y de transporte.
En la última década, Monclova ha visto los frutos del esfuerzo de la iniciativa privada por incrementar el desarrollo económico y social.
Por otro lado, es importante destacar que la Organización Mundial de Salud recomienda tener una extensión de 9 a12 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes para garantizar una buena calidad de vida. Considerando esto, ni Monclova ni Ciudad Frontera cumplen ese requerimiento, por lo que es indispensable crear un área verde entre estos municipios.
Los servicios ambientales que prevé un bosque urbano son importantes, ya que la vegetación urbana crea un microclima, generando capacidad para retener el suelo y facilitar la absorción del agua de lluvia. Los bosques urbanos funcionan también como componentes del sistema de control de inundaciones.
Es importante destacar que la captación de agua de lluvia y su filtración al subsuelo, propicia la recarga de los mantos acuíferos, favoreciendo con ellos las reservas de agua para los municipios.
La existencia de arbolado urbano constituye el habitad de un gran número de poblaciones de aves y otros animales que encuentran refugio dentro del entorno urbano.
Por último, es importante señalar que los bosques urbanos ayudan a reducir la contaminación del ruido a través de su absorción, desviación, reflexión, refracción y el reemplazo por sonidos más placenteros.
Por lo expuesto someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen recursos suficientes para la creación de un bosque urbano entre Frontera y Monclova, Coahuila de Zaragoza.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a 4 de noviembre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar más recursos para fortalecer el Programa de Desarrollo Humano Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Rosa Adriana Díaz Lizama, senadora de la República de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la honorable colegisladora, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se asignan más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano Prospera, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Lo anterior, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El programa social Prospera antes Oportunidades es uno de los programas gubernamentales de mayor innovación y éxito en los últimos años. Su objetivo es fomentar el desarrollo humano de la población en pobreza extrema brindando apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos económicos.
La población objetivo del programa son los hogares en condición de pobreza extrema, entendiendo al hogar como el conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina.
Los hogares en condiciones de pobreza extrema se identifican utilizando una metodología de focalización basada en un criterio objetivo, homogéneo y transparente que podrá diferenciar la condición de residencia rural-urbana o regional de las familias, considerando sus condiciones socioeconómicas y demográficas que se defienden en las reglas de operacionales del programa, las cuales están estructuradas con criterios técnicos y científicos que garantizan su correcta aplicación, evitando su condicionamiento a cualquier fin político o clientelismo, a la vez que garantizan el blindaje electoral.
Dentro de los principales objetivos del programa se encuentra el otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior, niños y jóvenes de las familias beneficiarías, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos.
También tiene el fin de asegurar el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así mejorar la las familias beneficiarías, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, así como incentivar la terminación de dichos niveles educativos.
Prospera asegura el acceso al paquete básico garantizando salud a las familias, proporcionando apoyos necesarios para una buena alimentación y, así, mejorar la nutrición de todos sus integrantes, primordialmente la población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y personas de la tercera edad; fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarías.
Desde los inicios de su aplicación ha quedado demostrada la eficacia del programa, siendo considerado como un modelo de combate a la pobreza en América Latina y el mundo, siendo reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); por ello, Prospera es modelo para la implementación de programas similares en otras partes del mundo.
La economía de las familias mexicanas no debe ser un tema de menor importancia para el congreso de la Unión, específica mente de la Cámara de Diputados, especialmente la economía de las familias que menos tienen, razón por la cual se debe considerar mayor cantidad de recursos al programa oportunidades dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
Los senadores del Grupo Parlamentario del PAN somos conscientes de la importancia de la elaboración de un presupuesto de egresos responsable y con la viabilidad; siendo que el combate a las situaciones de pobreza extrema; se promueve el desarrollo de capacidades y la conciencia social; se propicia el ahorro y la generación de ingresos adicionales para el hogar; es un motor cada vez más atractivo de las familias, especialmente de las mujeres, en iniciativas de desarrollo comunitario como educación, participación de adultos y acciones relacionadas a fomentar la salud, higiene y prevención de adicciones y enfermedades; se fortalece el papel de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la entrega de apoyos que mejoran su autoestima y su participación en la toma de decisiones al interior del hogar; se disminuye la violencia intrafamiliar, el analfabetismo y el índice de deserción escolar, aumentando por el contrario el grado de escolaridad de niños y jóvenes especialmente en las mujeres. Además, debido a sus reglas de operación y participación de los tres niveles de gobierno y evaluación de diversos comités técnicos y científicos se ha demostrado que es un programa electoralmente blindado y eficaz en el cumplimiento de su objetivo.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el contexto de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen más recursos para fortalecer el programa de desarrollo humano “Prospera”, con el objetico de ampliar su cobertura a la población en condiciones de pobreza de nuestro país.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 29 de octubre de 2015.
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo.
La presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita senadora, Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado Políticas de Igualdad de Género en el sector educativo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de 2008, la Secretaría de Educación Pública desarrolla acciones para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género en el sector educativo. Uno de los resultados de estas acciones fue la publicación, en 2009, del Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México como producto del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), que permitió a esta secretaría contar con información relativa a violencia de género en los niveles de primaria y secundaria, con representatividad nacional.
La investigación reveló diversas formas de violencia y discriminación de género que se desarrollan en el ámbito escolar. De igual forma mostró que tanto los docentes como los directivos se esfuerzan por apoyar, impulsar y brindar las mismas oportunidades a niñas y niños, pero no siempre cuentan con los conocimientos y las herramientas necesarias para identificar los problemas de discriminación y violencia de género y proporcionar las respuestas apropiadas cuando surgen esta clase de problemas.
De 2008 a 2009 se realizó el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad, en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través del cual se realizaron jornadas sabatinas en escuelas de nueve entidades federativas en contextos de vulnerabilidad y violencia, para toda la comunidad, con el objetivo de reducir la violencia de género. Asimismo se apoyaron proyectos artísticos, culturales y formativos con perspectiva de género en primarias y secundarias con la participación de actores sociales. Con organizaciones de la sociedad civil se llevó a cabo el proyecto Equidad, el respeto es la ruta, que tuvo el objetivo de formar promotoras y promotores en materia de género y prevención de la violencia de género para contribuir a la disminución de la violencia en las escuelas secundarias.
Además, en colaboración con el Programa Universitario de Género (PUEG) de la Universidad Autónoma de México se elaboraron libros sobre equidad de género y prevención de la violencia para preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, los cuales se acompañaron de una estrategia de formación para el personal educativo; asimismo se revisaron los libros de texto gratuitos para identificar contenidos e imágenes que reprodujeran estereotipos de género o situaciones de discriminación y violencia.
La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (SPEPE), de la Secretaría de Educación Pública, (antes Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas), es desde 2008 el área responsable de transversalizar la perspectiva de género en esta secretaría. También ha sido la responsable de implementar el programa presupuestario E032 Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género (que para 2016 de acuerdo con el Proyecto de Egresos de la Federación cambia su nombre a Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo) mediante acciones estratégicas que contribuyen a contar con espacios educativos libres de violencia y discriminación.
A partir de 2013 el programa E032 ha reorientado sus acciones hacia la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género, de derechos humanos y de erradicación de la violencia de género en los procesos educativos y de gestión de la política educativa. Lo anterior para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que cuenta con la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género; al Programa Sectorial de Educación; y a diversos programas especiales en materia de derechos humanos y erradicación de la violencia.
De acuerdo a los informes que se publican, se conoce del programa E032, que éste ha analizado un conjunto de brechas de las que se desprende que para lograr una educación de calidad es necesario disminuir esas y otras brechas de género y eliminar la segregación por áreas de estudio, establecer acciones para incrementar el índice de absorción y disminuir las tasas de deserción, especialmente en las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas, rurales y de sectores populares urbanos que enfrentan problemas para completar su educación.
Para ello se han planteado cuatro objetivos:
1. Diseñar políticas que identifiquen y erradiquen los estereotipos que inciden en la desigualdad, la exclusión, la violencia y discriminación de género y contra las mujeres en el sector educativo, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos.
2. Establecer la transversalidad de las perspectivas de derechos humanos, género y prevención, atención y sanción de la violencia de género, en los procesos normativos, operativos y administrativos de todo el ciclo de la política educativa (diagnóstico, planeación, presupuestación, operación, evaluación y rendición de cuentas) para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
3. Prevenir y atender los actos de discriminación y violencia laboral, docente e institucional de género, para contribuir a su erradicación.
4. Contribuir en garantizar que el proceso educativo se desarrolle en igualdad de condiciones, trato y oportunidades entre mujeres y hombres para favorecer el acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo y la conclusión oportuna de sus estudios.
Algunas de las acciones destacadas que se han realizado desde 2013 a la fecha son:
• Creación y fortalecimiento de las Unidades de Igualdad de Género y Derechos Humanos de las Autoridades Educativas Locales.
• Estudios e investigaciones para conocer la situación de las mujeres en el sector educativo.
• Armonización con perspectivas de género y derechos humanos de los documentos normativos del sector educativo.
• Diseño de la Agenda Sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el marco Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
• Campañas institucionales para la promoción de la igualdad de género.
• Acciones para la incorporación en documentos y procesos normativos que organizan la gestión educativa; así como la actualización de algunos de los materiales que se elaboraron en la administración anterior tal es el caso del libro Igualdad de género y prevención de la violencia en educación media superior .
• Se ejecuta una estrategia integral de capacitación para el desarrollo de capacidades en igualdad de género y derechos humanos.
Desde su inicio en el ejercicio de 2009 al Programa Presupuestario E032, denominado Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Género, se le asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un total de 56 millones de pesos para su ejecución, mientras que para el ejercicio fiscal de 2010 se incrementaron en 7.8 por ciento los recursos presupuestados para este mismo programa, lo que significó un total de 63 millones de pesos.
Si bien la dinámica del Programa Presupuestario E032 en materia de asignación presupuestal se mostró positivo durante los siguientes años, fue en 2013 cuando se presentó el primer decremento de recursos presupuestados a ese programa, pues para ese ejercicio fiscal se presentó un decremento de 63 por ciento de recursos presupuestales respecto a los aprobados en 2012, al pasar de 140 millones de pesos a 76.39 millones de pesos.
Para el ejercicio fiscal de 2014 se aprobaron solamente 76.39 millones de pesos, es decir el mismo monto del ejercicio anterior, y se trató de un presupuesto insuficiente para alcanzar los montos presupuestales aprobados en años anteriores. Actualmente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2016, el cual fue entregado a la Cámara de Diputados, presenta una asignación de sólo 14.54 millones para el Programa E032 Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo, lo que representa una significativa disminución de 82 por ciento respecto al propuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2015.
Por lo anterior, podemos concluir que el presupuesto que ha sido asignado al Programa E032 ha mostrado una tendencia a la baja a partir de 2013. Lo que representa una grave afectación para realizar proyectos y acciones orientados a logar que la acción educativa se realice en el marco de la igualdad de género, erradicando cualquier tipo de discriminación y violencia en los centros escolares de todos los tipos, niveles y modalidades educativos.
Es así que algunos de los proyectos y acciones se encuentran en riesgo debido a la drástica reducción presupuestaria está la continuidad en el proyecto que impulsa la transversalidad de la política de igualdad de género y derechos humanos con las autoridades educativas de los estados, los organismos desconcentrados y el acompañamiento a las áreas del propio sector; asimismo en la generación de estudios, investigaciones evaluaciones y estadística especializadas en la materia; la realización de la acciones para impulsar la educación integral en sexualidad para prevenir el embarazo en adolescentes; procesos de capacitación a las y los servidores públicos del sector educativo; o la evaluación de las acciones institucionales realizadas en el sector educativo para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
En relación con la violencia escolar, tanto fuentes de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) como la Secretaría de Educación Pública señala que alrededor de 90 por ciento del alumnado de primaria y de secundaria declaró haber sufrido humillaciones o insultos en la escuela. 43.2 por ciento del personal docente ha detectado casos de violencia en su escuela. 43 por ciento de las mujeres víctimas de violencia escolar indican que son maestros y autoridades los agresores. Esto indica que en las escuelas hay una práctica generalizada de la violencia que debe ser erradicada.
Bajo esta tesitura, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los programas de estudio y los materiales educativos, eliminando estereotipos y discriminación de género y utilizando lenguaje incluyente. Asimismo es necesario valorar y establecer acciones afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad en materia educativa que persisten; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres. Además, se debe promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte libres de estereotipos de género.
Con base en lo anterior, resulta trascendente y necesario seguir fortaleciendo la transversalización de la perspectiva de género a nivel nacional, a fin de diseñar estrategias para sensibilizar, tanto a maestras como maestros de todos los niveles y modalidades educativas, así como a las niñas, niños y jóvenes de nuestro país, acerca de la construcción de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres para alcanzar la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es importante destacar que estos proyectos y acciones están orientadas a dar cumplimiento al marco normativo nacional e internacional, así como al marco programático en materia de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género.
Por lo anteriormente expuesto y conforme a lo establecido en el acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República, someto a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias al Ramo 11 de Educación Pública, a fin de garantizar mayores recursos al programa E032 denominado Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo.
Senadora Martha Tagle Martínez (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Tagle Martínez, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita senadora, Martha Angélica Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 95, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar los recursos propuestos por la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) fue creada por decreto presidencial del 19 de julio de 1994 con la intención de dar mayor garantía de legalidad a los procesos electorales al prevenir, investigar y perseguir la comisión de los delitos electorales federales, se integra por tres Direcciones Generales que se complementan para prevenir, investigar y perseguir la comisión de delitos electorales federales, para procurar justicia penal electoral federal de manera pronta y expedita.
Su papel en la vida democrática de nuestro país ha resultado fundamental y es necesario seguir fortaleciendo para que siga cumpliendo de manera efectiva su cometido.
Con la estructura actual la Fepade atendió en 2015, el proceso federal y 17 procesos electorales locales; en los cuales se eligieron 9 gubernaturas, mil 140 diputados (MR/RP) y mil 9 ayuntamientos.
En 2016 se llevaran a cabo 13 procesos electorales locales que se realizarán en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roa, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, durante 2016, en los que se renovarán 12 gubernaturas, se elegirán 552 diputaciones (MR/RP) y mil 190 ayuntamientos.
Para 2017 se atenderán 4 procesos electorales locales en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, elección en la que se renovarán 3 gubernaturas, 55 diputados (MR/RP) y 270 ayuntamientos.
Para estar a la altura de atender los retos planteados y en forma paralela adecuar su marco de actuación a las diversas reformas constitucionales, tales como la reforma en materia penal y la Ley de Amparo; se requiere reforzar y fortalecer las áreas sustantivas de la FEPADE como son la Dirección General de . Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos Electorales, que ampliaría su configuración de 138 plazas a 161; la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, que pasaría de 38 a 47 plazas, y la Dirección General de Jurídica en Materia de Delitos Electorales que incrementaría su fuerza laboral de 33 a 39 plazas.
Lo anterior, dado que la Ley establece la competencia de la Fepade para que conozca de aquellas elecciones que organice el Instituto Nacional Electoral, y tomando en consideración que es dicho órgano autónomo quien organizará la capacitación de los funcionarios y aprobará la instalación de casillas en los citados procesos electorales locales.
Para atender su Programa Estratégico Institucional 2015-2018 contempla el rediseño del sistema actual de desarrollo humano y profesional del personal sustantivo de la Fepade; que permita actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y experiencia profesional de los servidores públicos, fomentando el estudio especializado de la materia penal electoral, considerando la ampliación de atribuciones de la Fepade, que le confiere la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) en particular la creación de un Sistema Nacional de Coordinación con las Fiscalías Electorales Locales y los temas relacionados con la violencia política contra las mujeres; y bajo los criterios de racionalidad y austeridad presupuestal, las necesidades presupuestales de la Fiscalía ascienden a 244 millones 422 mil 637 pesos.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 presentado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, contiene el presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se incluye el presupuesto de la Fepade, que se integra de la siguiente manera: Capítulo 1000 Servicios Personales 149 millones 475 mil 312 pesos; Capítulo 2000 Materiales y Suministros 4 millones 111 mil 213; Capítulo 3000 Servicios Generales 16 millones 593 mil 526; y Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 653 mil 220 pesos; resultando un total de 170 millones 833 mil 271 pesos, lo que representa una diferencia de 73 millones 589 mil 366 pesos.
En el caso del Capítulo 1000 la diferencia respecto de las necesidades de Fepade asciende a 68 millones 300 mil pesos, lo que representa contar con el capital humano profesional indispensable para implantar de manera adecuada los proyectos institucionales y el redimensionamiento de su estructura organizacional, que se integra de 288 plazas, de las cuales 92 realizan funciones de Ministerios Públicos, que atienden todo el país. En el capítulo 2000 existe una diferencia de 377 mil 512 pesos, lo que afecta la operación de la institución.
Respecto al capítulo 3000, la diferencia es de 4 millones 815 mil 74 pesos, que afecta sensiblemente a diversos proyectos en áreas sustantivas, entre otras:
Instrumentación del Programa Nacional de Capacitación a Servidores Públicos, Funcionarios Partidistas, Militantes, Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Ciudadanía en general en Materia de Delitos Electorales.
Establecimiento del Sistema Nacional de Información Penal Electoral.
Integración del Grupo Técnico Consultivo para la Formulación de Políticas Integrales, Sistemáticas y Evaluables para la Prevención y el Combate de los Delitos Electorales.
Constitución de los Comités Nacional y Estatales para la Evaluación de las Políticas de Prevención y el Combate de los Delitos Electorales.
Suscripción de convenios de coordinación entre dependencias del gobierno federal y las Entidades Federativas para la Asistencia en Materia de Procuración de Justicia.
Instrumentación del Programa Nacional de Blindaje Electoral de la Federación y las Entidades Federativas del País.
Instrumentación del Programa Nacional de Despliegues Ministeriales coordinados entre la Federación y las Entidades Federativas para la persecución de los Delitos Electorales.
El Capítulo 4000 se destinará a la coordinación de proyectos conjuntos con organismos internacionales a fin de suscribir convenios de colaboración y cartas de intención en materia de combate a los delitos electorales sin embargo existe una diferencia de 96 mil 780 de pesos.
El desarrollo institucional que se plantea la Fepade, busca responder de manera eficaz e inmediata a las responsabilidades emanadas de las nuevas atribuciones, ampliando su actuación del ámbito federal al local, la responsabilidad en la persecución de los delitos que puedan presentarse en los procesos de Consulta Popular; la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, así como la atención de los procesos electorales que ya se encuentran calendarizados para el 2016, para lo que se requiere de un proceso que integre los recursos humanos, materiales y económicos necesarios e indispensables.
Es un imperativo que atendiendo las necesidades y requerimientos de la Fiscalía y de acuerdo al artículo 25 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que a la letra dice: Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación1, se le otorgue el presupuesto que propone para el ejercicio fiscal 2016 en aras de atender y coordinar eficientemente los diferentes procesos electorales, sobre todo ahora que existe una campaña de difusión de las labores de la Fepade entre los ciudadanos y los partidos políticos, para incrementar el número de denuncias relacionadas con los delitos electorales.
En consecuencia, es indispensable para el funcionamiento eficiente y eficaz de la Fepade, que se le proporcionen todos los recursos presupuestales que estimó para 2016, a fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales comprometidos y atender el ineludible compromiso que implican 13 procesos electorales locales que se desarrollarán el próximo año.
Por lo expuesto y conforme a lo establecido en el acuerdo aprobado por la Mesa Directiva del Senado de la República, someto a esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realicen las adecuaciones presupuestales, necesarias a fin de garantizar los recursos que propuso la Procuraduría General de la República para la operación efectiva de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Nota
1 En URL: http://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/pdf/LGMDE 270614.pdf
Dado en la honorable Cámara de Senadores, el miércoles 4 de noviembre de 2015.
Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, a crear el programa emergente de “Empleo Campeche”, dentro del Ramo 20, asignándole recursos suficientes para su operación.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) ,y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito, Óscar Román Rosas González, senador de la república a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en lo establecido Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento del Senado de la República, presenta ante este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Campeche está pasando por momentos difíciles, la caída de los precios del petróleo, la disminución en la producción de hidrocarburos, y los bajos niveles de crecimiento económico que se registran en el país, han generado un clima adverso en la economía del estado; el estancamiento del empleo, pero sobre todo, la desocupación y la pérdida de empleos formales son hoy el rostro de miles campechanos.
De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, el precio del petróleo observó una reducción de más del 50 por ciento en el 2015, ubicándose en 47 dólares por barril promedio, éste descenso en el precio de la mezcla de importación es comparado con el precio promedio que se observó hace una década. En 2005 el precio del crudo mexicano en mercados internacionales promedió 42 dólares1
La producción petrolera ha disminuido significativamente en la zona marina, pero en especial en la sonda de Campeche. Los litorales campechanos2 aportaron a la producción nacional volúmenes históricos de hidrocarburos, en 2004 registró la producción más alta con 2.44 millones de barriles por día.
La sobreexplotación de los activos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap provocó la disminución constante en la producción de hidrocarburos, si Campeche en 2004 aportaba el 70por ciento de la producción petrolera con 2.4 millones de barriles por día, en 20153 aportará 1.1 millones de barriles por día, significando el 48.5por ciento de la producción nacional.
No obstante, el descenso de la producción y la caída de los precios del petróleo, Campeche sigue aportando cuantiosos recursos a las finanzas públicas del país, mismos que se traducen en infraestructura, programas sociales y bienestar para toda la nación.
Los recursos presupuestarios del gobierno federal producto de los ingresos peroleros han sido un componente fundamental del gasto público. De un análisis histórico de las leyes de ingresos aprobadas para distintos ejercicios fiscales podemos apreciar la contribución de los ingresos petroleros a las finanzas públicas.
En 2006 se presentó la contribución más alta de los ingresos petroleros al gasto público, de 2 billones de pesos presupuestados los ingresos petroleros representaron el 45por ciento, es decir 901 mil 877 millones de pesos. A partir de 2009 la contribución de los ingresos petroleros al gasto público se estabilizó en niveles de 33 y 30por ciento hasta el año 2013.4
Para 2014 la ley de Ingreso de la Federación, estimó un recaudación de 1.2 billones de pesos por ingresos petroleros, los cuales representaron el 27por ciento del gasto público. Finalmente, para 2015 se estimaron ingresos petroleros por 1.18 billones de pesos, los cuales representan 25por ciento del gasto público presupuestado.
Si tomamos en cuenta quede Campeche se obtiene el 45.8por ciento de la producción petrolera nacional y el valor total de los ingresos petroleros del sector público es de 1.18 billones de pesos, los litorales campechanos aportan 531 mil millones de pesos al gasto público, recursos que son distribuidos por la federación.
La aportación de la economía de Campeche a la nación en términos del PIB ha sufrido disminuciones considerables, como consecuencia colateral del descenso en la producción y los bajos precios del petróleo.
El año 2003 la economía de Campeche registró el Producto Interno Bruto estatal más alto de su historia con 884 mil 336 millones de pesos, ubicándolo en la segunda posición nacional con una participación del 8.75por ciento de la economía nacional.5 Sin embargo, en los años subsecuentes su participación en la economía ha disminuido para ubicarse en sexta posición con una participación del 4.6por ciento del PIB.6
De manera paralela los indicadores de la actividad económica estatal han pasado de preocupantes a representar un verdadero problema para la estabilidad económica y social en el corto plazo para los campechanos.
La variación anual de la actividad económica, calculada trimestralmente por el Inegi, muestra que Campeche es la entidad federativa con el mayor porcentaje de crecimiento negativo en el país.7 Para los primeros meses del 2015 registró un decrecimiento de -6.8por ciento respecto del 2014, sin embargo, en el último trimestre del 2014 la economía estatal cerró con un decrecimiento de -7.1por ciento.
Campeche no es el único estado que viene presentando un decrecimiento de su actividad económica estatal, también lo hace Chiapas con -4.7por ciento, Michoacán con -2.7, Tabasco con -0.7, Baja California Sur con -0-5, Durango con -0.3, Sonora con -0.2 y Yucatán con -0.1.
Ahora bien, si tomamos como referencia la nota metodológica del Inegi, sobre los insumos para el cálculo del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), entendemos que se trata de cálculos adelantados del PIBE (Producto Interno Bruto Estatal), los cuales muestran, para el caso de Campeche, un clima sombrío.
Los indicadores económicos arriba descritos y analizados podrían parecer elementos segregados, sin embrago para una economía fundamentalmente petrolizada que aglutina los principales agentes económicos y demandaba los mayores niveles de ocupación son una clara alarma de que las cosas no están bien.
Hoy, dicha industria pasa por un proceso de transformación y re-direccionamiento de recursos e inversión, sumándole estancamiento productivo y caída de los precios internacionales, ello implica que la fuerza de trabajo empleada disminuya notablemente afectando directamente a miles de familias campechanas.
De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analizada por el Inegi, de agosto de 2014 a agosto de 2015 se generaron en el país. 744 mil 653 empleos formales, es decir se incrementó el número de trabajadores formales (permanentes y eventuales) de 16 millones 906 mil 767 a 17 millones 651 mil 420.8
Los estados que registraron el mayor número de empleos formales fueron el Distrito Federal con 144 mil, Nuevo León 70 mil, Jalisco 59 mil, Guanajuato 49 mil, Chihuahua 48 mil, Baja California 44 mil y Coahuila 34 mil empleos, respectivamente. Estos estados captaron el 60por ciento de los empleos formales generados en el último año.
Las otras 25 entidades federativas, se distribuyeron el 40por ciento de los empleos formales generados que ascendieron a 297 mil 861 en el periodo de análisis.
Es importante destacar que hay estados en los cuales la creación de empleo formal fue insuficiente y limitada, en cambio, en otros estados como Campeche y Veracruz, es evidente la precarización del empleo formal y la disminución significativa de trabajadores asegurados.
Campeche, es un caso particular puesto que no sólo no se generó ningún empleo formal, por el contrario es el estado con el mayor porcentaje de pérdida de empleo formal a nivel nacional.
En agosto de 2014, Campeche tenía 153,714 trabajadores asegurados ante el IMSS, para 2015, del mismo mes, el número de trabajadores registrados disminuyó a 141 mil 823. En una año Campeche perdió 11 mil 891 empleos directos.
Como porcentaje de los trabajadores asegurados en la economía local, se perdió el 7.7por ciento del empleo formal en un año. Lo anterior impacta directamente a casi 12 mil familias campechanas, que de momento se han quedado sin la cobertura en seguridad social y sin una fuente de ingresos para el sostén de sus hogares.
Cabe mencionar que de la totalidad del empleo formal perdido en el último año Campeche, por si sólo, concentra el 75por ciento de la disminución del empleo directo a nivel nacional. De seguir ésta pérdida de empleo en el estado, la situación económica y social del estado se puede tornar grave.
Es necesario que se implemente un programa específico que detenga esta caída alarmante del empleo formal en Campeche, provocado por fenómenos externos e internos asociados a la industria petrolera.
Existen programas exitosos que se han empleado para enfrentan la reducción de ingresos de ciertos sectores de la población afectados a causa de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. Tal es el caso del Programa de Empleo Temporal (PET), que mediante apoyos económicos temporales apoya a la población que por diversas situaciones tienen una caída inesperada en sus ingresos.9
Así el estado de cosas, se vuelve fundamental que la federación se solidarice y apoye a la entidad federativa que por décadas ha aportado de manera generosa, para toda la nación, cuantiosos recursos que se trasforman en infraestructura y bienestar.
Campeche ha dado para todos, ahora toca que Campeche reciba un gesto de reciprocidad para su gente en momentos tan difíciles como éste, donde diversos factores se han conjugado en detrimento de la estabilidad social y económica de los campechanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de éste Senado de la República, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, crear dentro del Ramo 20 el Programa Emergente de Empleo Campeche.
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destinar recursos presupuestarios por 200 millones de pesos para el Programa Emergente de Empleo Campeche.
Notas
1 Pemex, Base de Datos Institucional. En: http://ebdi.pemex.com/bdi/bdiController.do
2 Se trata de los activos Cantarell y Ku-MaloobZaap.
3 Calculo realizado con base en la producción 2014 y las cifras estimadas por Pemex al primer semestre de 2015. En:
http://www.pep.pemex.com/Reportes/Lists/Produccion/Attachments/363/Ejecutivoporciento202015-04-05porciento20PEP.pdf
4 Cálculos realizados con las leyes de ingresos de la federación de los años citados y herramientas de cálculo de la SHCP.
En: http://www.shcp.gob.mx/INGRESOS/Paginas/leyIngresos.aspxy
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp
5 Inegi. En:
http://internet.contenidos.Inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvInegi/productos/integracion/estd_perspect/sep_2014/camp/702825060374.pdf
6 Inegi En:http://www.Inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.asp x
7 Inegi: En: http://www.Inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx
8 Inegi. En: http://www.Inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.a spx?s=est&nc=833&c=27571
9 Sedesol. En: http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Empleo_Temporal_PET
Senado de la República, a 28 de octubre de 2015.
Senador Óscar Román Rosas González.
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que incremente en una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de egresos para el Ejercicio 2015.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16, Medio ambiente y recursos naturales, a efecto de que se incremente en una tasa equivalente al 41.2% respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 70% del territorio nacional está cubierto por ecosistemas forestales (Inegi 2011). En los ecosistemas forestales habitan más de 11 millones de personas en pobreza y marginación (Pronafor 2014-2018). El 28% de las comunidades forestales son indígenas, también se asocia dentro del sector a 43 etnias y 23,111 ejidos y comunidades de los cuales 8,420 poseen bosques y selvas (CEFP 2008). Lo anterior se traduce en la posibilidad de sustraer de la pobreza a más de 11 millones de personas mediante el manejo sustentable de los bosques. La pobreza y hambre que viven las personas de este sector ocasiona presiones sobre el recurso forestal degradándolo (cambio de uso de suelo, tala clandestina, incendios forestales, etc.). El desarrollo forestal conserva y restaura los recursos naturales que son clave para el desarrollo rural y el combate contra la pobreza y el hambre. La inversión en el sector forestal mexicano a través de plantaciones forestales, así como en hacer más eficiente la producción silvícola, reducirá la presión sobre las áreas naturales protegidas, evitará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y desarrollará la economía nacional.
Anualmente, México importa 7, 749 millones de dólares en productos forestales, exportando solamente 1, 829 millones de dólares, generando un déficit en la balanza comercial de - 5, 919 millones de dólares (Semarnat 2013). La situación anterior se presenta a pesar de que en México hay 119 millones de hectáreas con potencial de producción forestal (Pronafor 2014-2018) y 11.04 millones de mexicanos que podrían encontrar una fuente de sustento en el manejo forestal sustentable. México tiene todas las condiciones para abastecer su propio mercado. Además, el agua usada en la agricultura y en zonas urbanas proviene de zonas forestales, estas últimas, a su vez, prestan servicios ambientales que coadyuvan en la lucha contra el cambio climático.
El desarrollo forestal debe ser una prioridad nacional ya que este sector trasciende en la calidad de vida de más de más de 11 millones de personas, tiene la capacidad de detonar economías locales y mejorar la economía nacional. El buen manejo de los bosques asegura que estos recursos como factor del desarrollo rural se perpetúen y estén a la disponibilidad de las próximas generaciones de mexicanos. Investigaciones en bosques mexicanos (Jardel et al. 2002), o los estudios elaborados por Markku Kanninen (Premio Nobel 2007), entre otros, señalan que el manejo forestal es considerado como una actividad que integra la producción sostenible de recursos y productos forestales con la conservación y restauración de los ecosistemas forestales, bajo una perspectiva económica viable y socialmente justa y equitativa; demuestran que las comunidades que aprovechan sustentablemente sus recursos, los conservan mejor.
Actualmente se ha logrado incentivar la inversión de la industria privada en el medio y se ha comenzado a revertir el déficit en la balanza comercial y en la producción forestal, además, el Plan Nacional de Desarrollo contiene metas específicas en cuanto a incrementar la productividad y la restauración de zonas forestales. Se estima que se ha reducido la pobreza en el medio y se han incrementado las plantaciones comerciales. Sin embargo el presupuesto destinado al sector forestal sigue siendo insuficiente para alcanzar las metas y para revertir la pobreza rural del medio.
El sector forestal es uno de los principales actores que realizan acciones para la contención del cambio climático y para el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha contraído en materia de medio ambiente. México ha alcanzado reconocimiento internacional por estas acciones.
Sector forestal dimensionado en el rubro social, económico, ambiental e internacional
Social
En México hay 8 mil 420 comunidades forestales (Conafor 2015), 43 etnias compuestas de alrededor de 5 millones de individuos. En el Sector Forestal habitan 11.04 millones de mexicanos en pobreza y marginación. El sector forestal está estrechamente ligado con el desarrollo rural, en el año 2010, 22.2 por ciento de la población total de México fue catalogada como población rural, lo cual quiere decir que 22.2 por ciento de la población depende de los recursos naturales directamente (Inegi 2010) y por lo tanto los recursos naturales dependen de esta población.
En México hay una estrecha relación entre los recursos naturales y las poblaciones rurales. Por ejemplo, 19 millones de habitantes usan la leña como combustible único para cocinar (Inegi 2004 citado por Masera y Díaz 2005). Con un consumo diario per cápita estimado en 3 kg de leña, se puede inferir que en México, los más pobres consumen al día 57, 000 toneladas de leña.
El agua usada en las comunidades para uso agrícola, proviene de zonas boscosas, Salati y Nobre (1992) demostraron que hasta 50 % de la precipitación de su región de estudio proviene de la evapotranspiración de sus mismos bosques. Además las zonas boscosas recargan los mantos acuíferos de los cuales las zonas urbanas obtienen agua.
Existen pocos ecosistemas terrestres que se acerquen a los bosques y selvas en términos de la gran variedad y número de servicios ambientales que proporcionan a la sociedad (Daily, 1997). Sin embargo, la pobreza y marginación existentes en zonas forestales ocasionan una fuerte presión social sobre los recursos naturales: cambio de uso de suelo para agricultura de temporal y ganadería extensiva (que degradan el recurso y mantienen en la pobreza a las comunidades); tala clandestina, incendios, etc. La tasa de deforestación promedio anual es de 150 mil hectáreas anuales (Programa Institucional de la Comisión Nacional Forestal 2014-2018).
Una de las principales causas de cambio de uso de suelo es la agricultura de temporal, lo que degrada el recurso y mantiene sumidas en la pobreza a las comunidades rurales. La gravedad de lo anterior se magnifica si se considera que una hectárea de agricultura de temporal no genera económicamente lo que un solo árbol aprovechado sustentablemente.
El desarrollo forestal sustentable, permite a las comunidades conservar mejor sus recursos naturales y un desarrollo económico muy superior a los ingresos por agricultura de temporal o ganadería extensiva.
Económico
Después de 30 años se ha logrado incentivar la inversión de la industria forestal y en plantaciones forestales comerciales en México y se ha comenzado a revertir el déficit en la balanza comercial y en la producción forestal. El Plan Nacional de Desarrollo contiene metas específicas en cuanto a incrementar la productividad y la restauración de zonas forestales, sin embargo el presupuesto destinado al sector forestal sigue siendo insuficiente para alcanzar las metas y para revertir la pobreza rural del medio y conservar los recursos naturales.
Comparado con otros sectores vinculados con el desarrollo rural y la producción primaria, el sector forestal es el que recibe menos inversión, a pesar de su importancia social, económica y ambiental y de ser fuente de materias primas y servicios ambientales para los demás sectores.
A pesar de la gran riqueza en recursos naturales, y de que la nación destina miles de millones de pesos en importación de productos de origen forestal (papel, productos de madera, resinas, materias primas, etcétera), existe gran pobreza entre los poseedores de la enorme riqueza de los recursos naturales y tenemos una balanza comercial deficitaria de casi 6 mil millones de dólares.
Se destina una cantidad enorme de dinero a la importación, cuando tenemos todas las condiciones naturales para abastecer nuestro propio mercado. Habría un mayor desarrollo canalizando recursos económicos a la modernización de la industria forestal en México, los sistemas de aprovechamiento forestal sustentable, la educación forestal y ampliar los sistemas de producción silvícola y el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.
En el 2013, el valor de la producción forestal fue de 7, 130 millones de pesos. Lo que equivale a 419 millones de dólares, lo que representa un incremento del 10.9% con respecto al 2009. Por lo que en caso de impulsar mejor la productividad, se pueden obtener mejoras notables en el corto y mediano plazo en la economía rural y nacional.
El valor de la producción no maderable (resinas, tierra de monte, recolección de hongos, gomas, ceras, etc.) fue de 467.4 millones de pesos, aproximadamente 27.5 millones de dólares (ídem).
A pesar de todo el potencial, el sector forestal solamente representa el 0.3% de acuerdo al valor del PIB nacional (ídem).
Ambiental
El 33% del territorio nacional tiene bosques y selvas, es decir 64.8 millones de hectáreas (INEGI 2011) y el 70% del territorio nacional es de vocación forestal.
México es el cuarto lugar entre los 17 países denominados mega diversos del mundo. Entre 10 y 12% de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio sumando más de 200 mil especies. Las áreas forestales son hogar de innumerables especies de flora y fauna. Por ejemplo, se estima que los bosques templados contienen cerca de 7,000 especies de plantas. México contiene el 50 % de especies de pinos del mundo y cerca del 33% (200 especies) de encinos (Conabio 2015).
Los bosques son zonas de recarga para los acuíferos de donde se extrae agua de consumo humano, pero además contribuyen a mejorar la calidad de esta agua y de ecosistemas riparios y lacustres.
La presencia de vegetación impide la pérdida de suelo, representando así un factor de suma importancia contra la desertificación de ecosistemas.
Internacional
El Sector Forestal es el más elemental en los compromisos internacionales de México en materia de medio ambiente, como es el combate al cambio climático y la implementación de la estrategia REED+. En la actualidad México cuenta con reconocimiento internacional por las acciones emprendidas para atender los compromisos en materia ambiental.
Algunos otros compromisos internacionales que México ha hecho y para los cuales, el desarrollo del sector forestal mexicano es factor fundamental para cumplirlos (Pronafor 2014-2018):
• Convenio Internacional de Maderas Tropicales 2006.Ratificado 29 de enero de 2007.
• Instrumento Jurídicamente No Vinculante Sobre Todos los Tipos de Bosques .Resolución 2007/40 del 17 de octubre del 2007 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
• Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (1993).
Comisión Nacional Forestal
Por la importancia económica y social que el dinamismo del sector forestal representa para México, se creó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2001, cuya naturaleza jurídica es la de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Su objeto, conforme al artículo 3° de dicho Decreto, es: “...desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable”. La misión de Conafor es elevar el nivel de productividad y de competitividad de la cadena forestal, impulsando así un crecimiento con calidad en las zonas urbanas y rurales (Conafor 2006).
Para efectos presupuestarios, Conafor es unidad responsable en términos del artículo 2° fracción LVII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. A partir de un análisis comparativo del Presupuesto de Egresos de la Federación en los años 2012 a 2015, incluido el monto del proyecto de Presupuesto 2016, próximo a aprobarse, se advierte la tendencia de crecimiento de los recursos asignados para este organismo, tal como se muestra en la tabla 1 e imagen 1.
Como se puede apreciar, de 2015 a 2016 el crecimiento porcentual es de sólo 0.6 por ciento, muy por debajo al promedio de crecimiento del periodo 2012 – 2015 de 4.6 por ciento.
Es necesario invertir en el desarrollo forestal que está estrechamente ligado con el combate a la pobreza y al hambre además de a la conservación de los propios recursos naturales.
La inversión en este sector debe asegurar que el sector se desarrolle de acuerdo a los objetivos sexenales planteados en el Programa Nacional Forestal 2014-2018 (Pronafor 2014-2018), mostrados en la tabla 2
Un incremento en el monto destinado para Conafor, del Ramo 16 Medio Ambiente será un factor preponderante que posibilite las metas del Pronafor, el cual:
1. Es congruente con el Programa Nacional de Desarrollo (PND) en su meta “México Próspero” cuyo objetivo es impulsar un incremento verde incluyente que preserve nuestro patrimonio natural y genere riqueza y su vez obedece a los objetivos 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país” , 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” y 4.11 “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama en el país”
2. Se alinea al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT 2013-2018) a través de los siguientes objetivos: recuperar la funcionalidad de las cuencas (que se recuperan a través del desarrollo forestal y rural ), Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, mediante el desarrollo y ejecución de una estrategia nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación de bosques y selvas (Redd+), Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, entre otros.
3. El incremento para la unidad responsable en cuestión es para impulsar el desarrollo forestal pero trasciende al desarrollo económico y social, principalmente de comunidades indígenas y rurales.
Se debe considerar que el incremento de 41.2 por ciento representaría un monto total asignado de 11 mil millones. Si se considera que esta inversión ayudaría a eliminar la pobreza de más de 11 millones de personas del sector forestal, esto representaría una inversión de menos de $1, 000 moneda nacional per cápita que además de combatir la pobreza y el hambre, ayudaría al desarrollo rural, la economía nacional y la protección de nuestros recursos naturales.
La efectividad de la inversión ya se ha comprobado anteriormente: cuando la Conafor se creó, el número de personas en pobreza y marginación era más de 12 millones (Semarnat 2001), a pesar del limitado presupuesto con el que cuenta la institución, se ha logrado ejercer el manejo forestal sustentable, sacando de la pobreza a aproximadamente un millón de personas.
En el año 2013, con un aumento presupuestal en el sector de 1.8 por ciento con respecto al año anterior, el valor de la producción forestal aumentó 0.2 por ciento (Semarnat 2013).
Mantener una tendencia creciente en la inversión del sector forestal significa conservar la dinámica de crecimiento que presenta este en ciertas áreas y propiciar que las metas sexenales forestales se logren.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, en el monto destinado para la unidad responsable Comisión Nacional Forestal, del Ramo 16, Medio ambiente y recursos naturales, a efecto de que se incremente en una tasa equivalente al 41.2 por ciento respecto al monto asignado en el mismo ramo del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015.
Bibliografía :
CEFP 2008.Gasto Programable de la Comisión Nacional Forestal y Distribución de Apoyos Asignados por Proarbol 2007-2008. Distrito Federal.
Disponible en:
www.cefp/045/2009.gob.mx
Conabio 2015.Biodiversidad Mexicana.
Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosqueTemplado.html
Conafor 2006. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional Forestal. Unidad de Asuntos Jurídicos.
Disponible en;
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/303Esta
tuto%20Org%C3%A1nico%20de%20la%20Conafor.pdf
Conafor 2015. Boletín 160 “Conmemora la Conafor el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas”. Zapopan, Jalisco.
Disponible en:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/6439D%C
3%ADa%20Internacional%20de%20las%20Poblaciones%20Ind%C3%ADgenas.pdf
Daily, G.C. 1997. Nature’s services: Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Nueva York, EUA. 392 p.
Jardel P., E. J., S. H. Graf M. y M. Gómez 2002. Manejo forestal comunitario y conservación en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. V Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Asociación Mexicana para la Conservación de las Áreas Naturales Protegidas A.C. y Gobierno del Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco,
México, 17-20 de octubre de 2002.
Inegi 2011. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación escala 1:250 000. Serie V. Aguascalientes, Ags.
Inegi 2010. Volumen y crecimiento. Población total según tamaño de localidad para cada entidad federativa, 2010.
Disponible en:
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema
=P
Masera O y Díaz R. 2005.Programa para el Uso Sustentable de la Leña en México: De la construcción de estufas a la apropiación de tecnología.
Disponible en:
http://www.conanp.gob.mx/dcei/entorno/images/agos206/pdf
24/intprogr6088c.pdf
Salati, E. y C.A. Nobre. 1992. Possible climatic impacts of tropical deforestation. Climate Change. 19:177-196.
PPEF 2016.Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Disponible en:
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF/R16-II
Programa Institucional Conafor 2014-2018. DOF.
Disponible en:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/5381Pro
grama%20Institucional%20de%20la%20Conafor%202014-2018.pdf
Programa Nacional Forestal 2014-2018.DOF.
Disponible en:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/5382Pro
grama%20Nacional%20Forestal%202014-2018.pdf
Promarnat 2013-2018.DOF.
Disponible en:
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/
PROMARNAT%202013-2018.pdf
Semarnat 2001. DECRETO por el que se crea la Comisión Nacional Forestal. DOF.
Disponible en:
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/302Decr
eto%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20la%20Conafor.pdf
Semarnat 2013. Anuario Estadístico de la Producción Foresta 2013. Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. México, D.F. pp.230
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 4 de noviembre de 2015.
Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica)
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, el proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Los que suscriben, senadores Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I,164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, como parte de los proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, el proyecto ingresado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, con número de Folio 00000375, denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, con un monto solicitado por 14 millones 198 mil 800 pesos (catorce millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N).
Consideraciones
La UNESCO durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales que se realizó en México en 1982, declaró que “la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”1 .
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 2 que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con integridad”; y que “esta acción deberá incluir medidas: a ) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b ) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;...”
Por su parte, el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
... IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
La poesía como “manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa”2 tiene vida propia en los pueblos indígenas y no sólo en México, sino prácticamente en todo el mundo.
Partiendo de esta premisas jurídicas y conceptuales, las y los suscritos recibimos el 27 de octubre del año en curso, en el recinto de este Senado, al Comité Organizador del “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”; evento que se tiene proyectado para los días 17 a 22 de octubre de 2016 en la Ciudad de México y en Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y estado de México. De este evento puede destacarse lo siguiente:
Que este Primer Encuentro se realizará en México, debido a que por más de 20 años, nuestro país se destaca porque ha venido promoviendo el desarrollo de la literatura contemporánea de sus lenguas originarias, de tal manera que actualmente es un referente a nivel internacional; varios de los escritores de las diversas lenguas de México han participado en recitales de poesía en diversos países del mundo. Además cuenta con eventos culturales como el Recital de Poesía las Lenguas de América Carlos Montemayor de la UNAM, el Premio Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y el Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de América de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Será un Encuentro de voces, sueños, esperanzas y aspiraciones; un espacio para compartir las diversas visiones sobre el origen y destino del mundo, a través de la creación poética que surge desde las raíces y el corazón de nuestros pueblos.
Se reunirán 80 poetas de los distintos pueblos originarios del mundo, representativos de los 5 continentes, en la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, durante 6 días, para llevar a cabo distintas jornadas literarias con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la crisis ambiental que vive el planeta a través de las diferentes manifestaciones poéticas de los pueblos originarios en un encuentro mundial.
Para financiar este encuentro, se encomendó como organismo responsable a la asociación civil denominada “Fundación Cultural Macuilxochitl” que presentó el 28 de octubre del año en curso, ante la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, un proyecto de “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, con un presupuesto solicitado por 14 millones 198 mil 800 pesos (catorce millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N).
Por lo expuesto, las y los suscritos determinamos proponer al Pleno una proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, encargada de realizar el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y cuyo plazo para su aprobación vence el 15 de noviembre próximo, la inclusión de este proyecto en este Presupuesto como parte de los recursos destinados a proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas.
Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, como parte de los proyectos de cultura del “Fondo de Cultura”, el proyecto denominado “Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas: Voces de Colores para la Madre Tierra”, ingresado a la Comisión de Cultura y Cinematografía, con folio 00000375, con un monto solicitado por 14 millones 198 mil 800 pesos (catorce millones ciento noventa y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N).
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, octubre de dos mil quince.
Notas
1 http://www .unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/Fuente consultada el 28 de octubre de 2015.
2 http://dle.rae.es/?w=poes%C3%ADa&o=h
Fuente consultada el 29 de octubre de 2015.
Senadores: Eviel Pérez Magaña, Sonia Rocha Acosta, Isidro Pedraza Chávez, Luisa María Calderón Hinojosa, René Juárez Cisneros (rúbricas).México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale, Blanca Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Martha Elena García Gómez presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dar inicio al programa integral de prevención y control de cáncer en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del “Ramo 12” del sector salud.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Las que suscriben, senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Juana Leticia Herrera Ale, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, todas senadoras de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República y someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El acceso a los servicios de salud en el país es un derecho universal establecido en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablando en particular del tema del cáncer, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) La incidencia de cáncer a nivel mundial podría aumentar en 50 por ciento para el 2030.
El motivo del incremento está relacionado con las dinámicas poblacionales de envejecimiento de la población mundial, así como de la baja efectividad de los programas para prevenir estilos de vida no saludables y control de adicciones como tabaquismo y consumo de alcohol.1
En México la situación y proyección no son distintas. La mortalidad nacional al año 2013 estuvo ubicada como la tercera causa de muerte entre los mexicanos con 12.8 por ciento del total de las defunciones, sólo por debajo de las enfermedades cardiacas (24.3 por ciento) y la diabetes mellitus (14.3 por ciento). Del total de las muertes por cáncer el 45.5 por ciento de las muerte por cáncer corresponde a la población en edad de trabajar (15-64 años) y 54.6 por ciento a población mayor a esta edad.2
La tasa de mortalidad por cáncer por cada 100 mil habitantes se incrementó de 58.7 en el año 2000 a 65.1 para el 2013. Dichas tasas de mortalidad mostraron que para este período, los cánceres de hombres próstata, pulmón y de estómago, ocuparon los tres primeros sitios. Por su parte, para la población de mujeres los más altos fueron el cáncer de mama, cérvico uterino y estómago.
En materia de gasto público en Salud, éste está contenido y distribuido en el Proyecto de Egresos de la Federación en varios ramos, como Administrativos, Autónomos, Generales y en el de las Entidades no Coordinadas. Debido a que la salud se encuentra sectorizada y abordada desde diferentes institutos como el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, y demás entidades federativas, es complejo que estén plasmados lineamientos únicos nacionales para el ejercicio del gasto en salud, más allá de los ejes plasmados en el Plan Sectorial de Salud. Por tal motivo, salvo el caso del VIH/SIDA, no hay programas asignados para la atención de algún padecimiento en general y es atribución de las diferentes unidades e instituciones médicas, asignar dichos recursos de acuerdo a sus planes e informes anuales.
En cuanto al Ramo 12 en Salud observamos que en el presupuesto dispuesto para el año 2016 se tiene contemplada una reducción de poco más de 5 mil 100 millones de pesos. Si bien esta decisión de recortar en Salud obedece a la implementación del “Presupuesto Base Cero” a través de la reducción del gasto administrativo y la fusión de funciones duplicadas, los ahorros previstos pueden y deben derivar en una política de salud más completa, organizada y transparente que se traduzca en más y mejor salud para los mexicanos.
En esta lógica y a fin de garantizar una atención integral de cáncer, que contemple prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y control de la enfermedad, con el objetivo de disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer, es importante que existan políticas públicas con asignación presupuestal específica, que permitan un uso eficiente y transparente y homologado de los recursos para la prevención, diagnóstico, control y tratamiento de las neoplasias en el país.
La situación creciente de cáncer como problema de la salud pública en el país hace imperativo que exista un programa nacional que atienda de manera integral la enfermedad en sus múltiples aproximaciones: prevención, detección temprana, atención adecuada y oportuna, y control de la enfermedad con calidad de vida.
En este sentido, el pasado 23 de octubre de 2014, en el marco de la Inauguración de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), el Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto dio la instrucción a la Secretaria de Salud Federal, Dra. Mercedes Juan López de crear el Programa Integral para la Prevención y Control de Cáncer en México, mismo que ya se venía trabajando tiempo atrás, pero en este último año los especialistas del Incan se dieron a la tarea de concretar el documento que hoy se encuentra solamente a la espera de contar con los recursos que le den viabilidad y garanticen su ejecución.
El Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer es la respuesta concreta para atender la tercera causa de mortalidad de los mexicanos y que atendiendo a las tendencias, se estima que para el 2020 de no existir intervenciones de prevención y diagnóstico oportuno, el costo macroeconómico indirecto de los cánceres alcanzará 30 mil 871 millones de pesos por muerte prematura, subsidios por incapacidad temporal o permanente y costo de oportunidad de los cuidadores del paciente; mientras que estos mismos costos indirectos para la población económicamente activa como ingresos perdidos por muerte prematura, subsidios temporales o permanente y por costo de oportunidad será de 19,884 millones de pesos para el 2020.
Hasta ahora no existía en México un programa nacional que hiciera frente al problema del cáncer de manera coordinada y efectiva. Ahora ya está listo el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México cuyo propósito es que, de ser ejecutado cuanto antes, para el 2020 ya exista la capacidad para ofrecer prevención adecuada, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos que brinden a la población en riesgo y a pacientes con cáncer una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida. Para llegar a ello el programa contempla 7 objetivos muy concretos:
1. Educación e información sobre el cáncer y prevención primaria a la población
2. Reducir la incidencia y mortalidad del cáncer
3. Mejorar la tasa de supervivencia de los enfermos con cáncer
4. Hacer accesible y universal el tratamiento óptimo contra el cáncer.
5. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y la de sus familiares
6. Definir prioridades en la investigación del cáncer
7. Apoyar la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
La atención del cáncer no puede esperar, es una lucha contra el tiempo, es por ello que debe ser implementado cuanto antes el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México.
Derivado de lo anterior es que el objetivo de la proposición es: Que se designe una partida presupuestal específica que garantice la ejecución inicial del Programa, con lo se generará el bienestar en salud, así como importantes ahorros acorto plazo.
Por los argumentos debidamente fundados y expuestos con anterioridad, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República en el marco de la Inauguración de la Torre de Hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a efecto de dar inicio al Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, asignando una partida presupuestal específica dentro del ramo 12 del sector salud.
Notas
1 Cancer Incidence and Mortality Worldwide: Lyon International Agency for Research Cancer, 2011 (IARCCancerBase No 10). Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Researchon Cancer; 2013. Disponible en: http://globocan.iarc.fr, acceso el 12/12/2013.
2 Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Información en Salud–SINAIS, cubos dinámicos. Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx . “
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 29 días del mes de octubre de 2015.
Senadoras: Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza (rúbrica), Itzel Ríos de la Mora (rúbrica), Anabel Acosta Islas, Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Martha Elena García Gómez, María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica).México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a establecer una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres
Vicepresidente
Los que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia, Héctor Yunes Landa, senadoras y senador integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95,103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, a establecer una partida presupuestaria dentro del ramo de protección civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional, con base en las siguientes:
Consideraciones
La Ley General de Protección Civil establece que el Sistema Nacional de Protección Civil “es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.
El objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.”
La misma Ley nos indica las dependencias y entidades de la administración pública federal que integrarán el Sistema Nacional. Entre estas, se encuentra el Cuerpo de Bomberos que funciona en distintas entidades y municipios, con la finalidad de dar respuesta principalmente a los incendios que se suscitan en inmuebles, bosques, etcétera, causando pérdidas materiales y humanas que impactan en la vida diaria de nuestro país, además de atender emergencias causadas por diversas índoles, salvando con ello vidas humanas y de seres vivos.
En México, el Heroico Cuerpo de Bomberos (carácter que le fue concedido por decreto presidencial en 1951) tiene sus orígenes en la ciudad de Veracruz, donde se fundó el primer Cuerpo, funcionando desde hace más de 100 años al servicio de los ciudadanos.
Lamentablemente y a pesar de las importantes labores que realiza, el Cuerpo de Bomberos desempeña sus funciones con muy escasos recursos, careciendo incluso de una normativa que regule sus tareas y que en la misma forma le asigne un presupuesto estable y suficiente, a pesar de que la Ley General de Protección Civil mencionada anteriormente los incluya en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Estas condiciones hacen que nuestros Bomberos trabajen con equipo insuficiente y/o en un estado que no es el ideal para sus importantes labores diarias.
En ese sentido, en el Foro “Retos y Perspectivas de los Bomberos en México” realizado el jueves 6 de noviembre del pasado año 2014, Senadores de diversas fracciones parlamentarias nos reunimos con integrantes del Cuerpos de Bomberos de diversas entidades con el fin de escuchar sus casos y las solicitudes que les gustaría realizar a los legisladores. De esta mesa de trabajo se pudieron extraer algunas situaciones en las que trabajan los bomberos, como lo es que los patronatos que se crearon para apoyar a su trabajo ya no pueden hacerse cargo de los sueldos y/o apoyos; los municipios en los que laboran ya no pueden asumir el coste de los sueldos; así como casos en lo que los bomberos trabajan sin remuneración alguna.
Lo anterior, como lo mencionamos anteriormente, a causa de una falta de una personalidad jurídica de los bomberos y a causa de una carencia de presupuesto fijo, o de un financiamiento insuficiente a través de patronatos y ayudas provenientes del sector público o privado.
Por otro lado, un considerable número de cuerpos de bomberos queda bajo los presupuestos de los ayuntamientos, y muchas veces quedan bajo la dirección de protección civil municipal, dirección que en muchas veces posee un presupuesto bastante limitado que no permite realizar sus actividades de manera adecuada.
En ese tenor, el pasado martes 8 de septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, entregó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el cual contiene la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016.
Las suscritas consideramos conveniente establecer una partida dedicada al presupuesto de los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, dentro del ramo de Protección Civil en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016.
Nuestros bomberos merecen un trato digno y respetuoso, con una remuneración justa y un presupuesto que solvente sus gastos con la finalidad de tener el equipamiento, capacitación, remuneración y prestaciones necesarias para continuar su trabajo, salvaguardando la integridad de todos los ciudadanos y de nuestras familias.
En mérito de lo expuesto, solicitamos a esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, con la finalidad de que en la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, se establezca una partida presupuestaria dentro del ramo de Protección Civil, dirigida al equipamiento, capacitación y desarrollo de las corporaciones de bomberos en todo el territorio nacional.
Senadoras: Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza (rúbrica), Itzel Ríos de la Mora (rúbrica), Leticia Herrera Ale (rúbrica), María Elena Barrera Tapia, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).Senador: Héctor Yunes Landa (rúbrica).
México, DF, a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García Gómez, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Los que suscriben Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez y Martha Elena García Gómez, senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrante de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el honorable Senado de la República, exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de centros de atención de asistencia social y presupuesto, al tenor de las siguientes consideraciones:
Diversas son las razones por las cuales niñas, niños y menores de 18 años de edad en México se encuentran hoy en día viviendo en albergues públicos y privados, sin embargo la situación física y jurídica de estos establecimientos es impredecible, pues operan sin normatividad uniforme, bajo una supervisión no estandarizada con recursos que no son auditables ni se conoce su procedencia, bajo la conducción de personas que no han pasado por ningún examen de idoneidad y con un registro – donde lo hay- poco confiable; por mencionar una cifra, por lo menos 25,700 niños a nivel nacional en situación de vulnerabilidad son atendidos por este tipo de estancias de acuerdo a diversos estudios.
En México a finales del 2013 se tenía registro de 25 mil 700 niños en situación de abandono, orfandad o que están separados de sus padres según datos proporcionados por el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF)
La cifra aumentó durante el 2013, puesto que para el año anterior se tenía registro de 17 mil 522 menores de edad en esa situación los cuales se ubican en albergues públicos y privados a los largo del país, lo que se traduce en un aumento del 46.67 por ciento.
De entre los menores que se ubican en estos centros en el país, al menos 11 mil 1981 se encuentran ahí por razones de abandono o por maltrato por parte de los padres. 199 por orfandad, 99 por crimen organizado y 16 mil por ingreso voluntario o por disposición del Ministerio Público o tráfico de menores.
De la misma forma trasciende que de los más de 25 mil, 12 mil 869 son niñas y 12 mil 831 niños. Se conoce que el gobierno federal destinó 39 912 mil 500 pesos de subsidios para los 922 centro de acogida que existen en el país, 117 de ellos administración por el Estado y 805 de manera privada.
Desde hace 30 años aproximadamente, debido al número en aumento de menores desamparados, así como por falta de presupuesto e infraestructura, el gobierno federal realizó convenios con organizaciones civiles e instituciones de asistencia privada para la gestión y manutención de albergues, sin embargo no atendió debidamente su superación y a lo largo de estos años no se tiene un control sobre sus características, no si se cumplen con los mínimos que garanticen condiciones de especialización y dignidad.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por su parte, ha planteado un panorama desalentador, puesto que ubica a más de 400 mil niños y adolescentes en México en situación de abandono, y de ellos tan solo 30 mil están ubicados en alguna institución.
Es impostergable que el Estado Mexicano y la sociedad en general optimicen la operación de este tipo de establecimientos, a través de una normatividad más rigurosa que garantice el registro obligatorio de este tipo de espacios, así como mejoras legales orientadas con normas internacionales y nacionales ya existentes.
Pese a la existencia de la NOM-032-SSA3-2010, sobre Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad que tiene por objeto establecer las características y los requisitos mínimos que deben observarse en los Establecimientos o Espacios de los sectores público, social y privado que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Se debe recordar que diversas han sido las situaciones oprobiosas que han impactado a la sociedad mexicana, las cuales han demostrado el vacío jurídico en torno a las Reglas de Operación de los establecimientos públicos y privados que dotan a personas menores de edad de asistencia social.
Casos sobre irregularidades encontradas en albergues sobran. Enumeramos algunos: En el año 2008, 15 menores de edad fueron sustraídos de la casa hogar “Casitas del Sur. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en enero de 2009 cateó y aseguró dos inmuebles del albergue, de donde 126 menores fueron rescatados.
Un mes después, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia ciudadana en la que se “narraba el tráfico de menores de edad de la casa hogar “Casitas del Sur”, así como hechos similares en el Centro de Adaptación e Integración Familiar (CAIFAC), en Monterrey, y en la casa hogar “La Casita”, en Cancún”.
El 17 de junio de 2014 las autoridades rescataron a 33 niños de entre 5 y 17 años y otros 10 jóvenes de 18 a 24 años de la Casa Hogar Domingo Savio, en la central ciudad de Puebla, ante indicios de ser víctimas de abusos de su director.
Ese mismo año, el caso de “Mamá Rosa” evidenció mediante una orden de cateo, al ingresó del albergue, un cúmulo de numerosas y graves irregularidades que son inscritas en la falta a la ley, corroboradas por las condiciones deplorables en las que se encontraban viviendo los albergados, principalmente menores de edad.
En este último caso, la PGR ha documentado ampliamente la comisión de delitos graves en contra de personas menores de edad y la indignante situación de trato inhumano en el que se encontraban centenares de niños, adolescentes, así como algunos adultos mayores que ingresaron a este lugar siendo niños.
Los casos anteriores permiten conocer un escenario en el cual no existe del todo un sistema de protección hacia los infantes que se encuentran en este tipo de establecimientos, mucho menos la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados los mismos y que convierte a las niñas, niños y adolescentes en víctimas de tratos crueles e inhumados y tortura.
Ante este escenario, el Estado está obligado a cumplir con lo establecido primordialmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo y protegiendo los derechos de todos los mexicanos, y en este caso, de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad que hoy en día viven en algún tipo de albergue, pero que sin embargo la mayoría de los mismos se encuentran en situaciones precarias, sin un registro oficial y violando las garantías de los mismos.
A nivel internacional se ha garantizándola protección de los derechos de la niñez, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) instrumento internacional para establecer que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han firmado, incluido México que ratificó la Convención en septiembre de 1990.
Con la CDN, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios de protección del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho. México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.
La CDN define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
A nivel nacional, el marco jurídico de protección a este sector de la población se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo sexto, en el que se establece lo siguiente:
Artículo 4º... “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
A partir del 2014, se promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados de los que el Estado mexicano forma parte.
El principio del interés superior de la infancia abarca todas y cada una de las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Dentro del objeto de la Ley se incluye el mandato para crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de sus derechos cuando estos hayan sido vulnerados; al igual que la obligación de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia.
Sin embargo y a pesar de que en la mencionada Ley, en su artículo 109, se establece que:
Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia.
El Estado ha sido omiso en su obligación de proteger a la niñez frente a una problemática creciente de crimen, orfandad, maltrato y abuso, situación que se agrava porque tampoco supervisa o regula la actividad en los albergues a los que envía a miles de menores para su cuidado.
En la misma Ley en su artículo 111, se señalan las obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia social, entre las que destacan: “Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, y remitirlo semestralmente a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa”.
Se requiere en lo inmediato que el gobierno federal actualice el único censo de menores albergados que se ha realizado en el país. En 2011, cuando se llevó a cabo ese conteo, existían cerca de 20,000 niños en más de 600 establecimientos asistenciales.
En esas instituciones se atiende a la infancia que ha sufrido maltrato, abandono, violencia familiar o abuso sexual, es decir, menores que han visto vulnerados sus derechos humanos y que, lamentablemente, en casos como el de La Gran Familia han sido revictimizados por quienes debían protegerlos.
De hecho, Naciones Unidas revela que los niños institucionalizados tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir abuso sexual en comparación con aquellos que tienen acceso a alternativas de protección basadas en la familia.
El caso que hoy nos ocupa se refiere al rescate por parte de la Fiscalía Estatal de Oaxaca de 24 niñas, niños y adolescentes que se encontraban en la casa-hogar “Hijos de la Luna”; y la consignación de cuatro directivos de ese albergue por delitos graves que no alcanzan fianza.
Los diversos tipos de violencia que padecieron estas niñas y niños a manos de los responsables de la casa-hogar van desde abuso sexual infantil y violación equiparada agravada hasta violación física y psicoemocional, razón por la que los probables responsables alcanzarían penas de 9 a 35 años de cárcel.
En el operativo se puso a salvo a 10 niñas y 14 niños, quienes quedaron bajo el resguardo del Sistema DIF Oaxaca, en tanto se realizan valoraciones médica y psicológica, ya que varios de ellos refieren abusos por parte de María del Socorro Ramírez González, Mamá Coco ; Aarón Iván Larracilla, José María Larracilla Ramírez y José Pastor Larracilla Carranza, conocido como Papá Pastor .
La situación de los albergues para niñas, niños adolescentes migrantes, es otro de los puntos más vulnerables del sistema de protección a la niñez, en ellos al igual que los centros de asistencia social, padecen de una problemática específica que a raíz del incremento de las detenciones de menores migrantes en el lapso de 2013 al 2014, desembocó en una crisis humanitaria.
La ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece todo un Capítulo -el Décimo Noveno- relativo a la niñez migrante, en el que contiene una serie de medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.
De acuerdo con los artículos transitorios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 3 de junio venció el plazo de 180 días naturales para que los Congresos locales adecuaran la ley, que entró en vigor el 5 de diciembre y contiene un capítulo sobre la protección a niños migrantes.
El DIF informó el 2 de junio, un día antes de vencer el plazo, que sólo son 12 los estados que han armonizado la Ley: Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán.
Pero en los estados con más afluencia de migrantes, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, no se ha iniciado el proceso de armonización de la ley. El gobierno federal tampoco ha cumplido con la publicación del reglamento que tenía como plazo 80 días naturales desde la publicación de la Ley, que vencía el 23 de febrero. El DIF informó el 2 de junio se publicó el anteproyecto de Reglamento en una página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el cual podrá ser consultado por la sociedad civil y personas interesadas en el tema.
Estos datos nos permiten entender la magnitud del problema en la que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes mexicanos así como de otros países de Centroamérica, situación que merece una atención especial e integral por parte de las autoridades de nuestro país para poder dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Son responsabilidad y obligación del Estado Mexicano valer todas y cada una de las leyes y normas que permiten llevar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes alojados en albergues, orfanatos y en cualquier otro espacio de asistencia social.
Es tiempo de hacer algo por este sector tan vulnerable de la población en el Estado Mexicano de ser omiso este estaría faltando a su compromiso internacional y nacional de proteger a los niños, las niñas y adolescentes.
En mérito de lo expuesto se sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El honorable Senado de la República exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su obligación para llevar a cabo el Registro Nacional de todos los Centros de Atención de Asistencia Social, tanto públicos como privados a la brevedad y diseñar los protocolos que garanticen que su funcionamiento y sus responsables estén apegados a la ley en la materia.
Segundo. Se exhorta a la Cámara de Diputados a que se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para dar cumplimiento a los requerimientos presupuestarios que se establecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que esta pueda ser aplicada de manera eficiente en función del interés superior de la niñez.
Senadores: Angélica de la Peña Gómez, Alejandro Encinas Rodríguez, Martha Elena García Gómez (rúbricas).México, DF, a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los Senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, etiquete la asignación de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y protección al medio ambiente, a fin de que los programas dirigidos a las materias puedan ser efectivos.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Las que suscriben senadoras Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, y el senador Jesús Casillas Romero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se etiquete la asignación de recursos presupuestarios suficientes en materia de movilidad urbana y protección del medio ambiente, a fin de que los programas dirigidos a las materias puedan ser efectivos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Es un dato ya conocido que para 2030 se estima que la población urbana total pasará de 71.6 por ciento a 83.2 por ciento,1 y como se ha mencionado durante nuestro quehacer legislativo, no podemos seguir invirtiendo para privilegiar el uso de vehículos automotores, cuando la gran mayoría de los mexicanos no lo tienen y se desplazan a pie.
Los ciudadanos necesitan banquetas para transitar con seguridad, más ciclovías, contar con un trasporte conectado, en el que el adjetivo no sea masivo, si no seguro y efectivo.
Distintas instancias, tanto gubernamentales como de la sociedad civil y académicas han manifestado que la prioridad en cuanto a la movilidad urbana sustentable2 es en este orden:
a) Peatones
b) Bicicletas
c) Transporte público
d) Transporte de carga
e) Autos y motos
Por lo que planificar el uso de los recursos públicos que atiendan las necesidades reales a partir de un destino razonable, permitirá dar prioridad a lo que más se necesita, ciudades humanas. Invertir en la movilidad urbana sustentable es invertir también en la seguridad.
En México, derivado de haber incentivado el uso de automotores, sin contar con educación vial e infraestructura para los peatones, ha contribuido a que los accidentes de tránsito sean la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a 29 años de edad.3
Las ciudades y los países que apuestan al transporte motorizado privado, traducen su inversión en mayor congestión vial, que a su vez, provoca la necesidad de incrementar las inversiones en rubros de infraestructura, que en lugar de conectar, solo sirven para soportar la afluencia vehicular en el mejor de los casos.
Con la presentación de este punto de acuerdo, hacemos un llamado para que a partir de la construcción de las políticas públicas y la razonable asignación y posterior ejecución de los recursos, fomentemos el respeto mutuo entre todos los usuarios del espacio público, especialmente, de los más vulnerables, peatones y ciclistas.
La importancia de asignar recursos a través del rubro de infraestructura coadyuvará al mejoramiento4 de: 1) Intersecciones consideradas como inseguras; 2) Estaciones de transporte público: 3) Infraestructura ciclista e; 4) Infraestructura peatonal.
El Poder Legislativo omitió dotar de presupuesto a esta área durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este 2015. La Cámara de Diputados en la LXII Legislatura reconoció que “a pesar de que es un eje estratégico para el desarrollo del país, el PEF no contaba con una asignación para el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable”.5
En segundo término, exhortamos con respeto a la Cámara de Diputados para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, se considere aumentar los recursos, que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deba asignar al “Fondo para el Cambio Climático” a fin de que se promuevan y ejecuten proyectos que con base en el desarrollo de la movilidad sustentable tengan como finalidad la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI).
El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México (2014-2015), señala que los congestionamientos viales en las principales arterias que comunican los centros urbanos, conllevan a un deterioro de la calidad del aire y por ende de la salud de la población. La emisión de GEI es provocado en un 20. 4 porciento por el sector del transporte, de este porcentaje el 16. 2 proviene exclusivamente del subsector automotor, en su mayoría por automóviles particulares.6
La Estrategia Nacional del Cambio Climático señala en una de sus líneas de acción que en materia de Movilidad se debe:7
1. Promover la evolución hacia sistemas de transporte público, seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible y cómodo al fortalecer la interconectividad regional y nacional con la generación de redes multimodales eficientes con el apoyo del gobierno federal, como parte de una política integral de desarrollo urbano y movilidad que reduzca los tiempos y distancias de viaje.
2. Generar incentivos, infraestructura programas para favorecer el transporte no motorizado, articulado dentro de sistemas integrados de transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar beneficios ambientales y de salud inmediatos.
Enfocar recursos bajo el eje de movilidad en el Fondo para el Cambio Climático, resulta idóneo cuando observamos que en el artículo 82 fracciones II y VIII de la Ley General de Cambio Climático se dispone que los recursos del Fondo se destinarán a:
“II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación adaptación al cambio climático incrementando el capital natural con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;
VIII. Otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.
El transporte, la movilidad y el cambio climático tienen una relación estrecha, a nivel mundial se señala que la mitad de las emisiones de GEI provienen del transporte en ciudades.8 Destinar recursos de forma eficiente y razonable contribuye a construir un mejor hábitat para todos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, dentro de la asignación correspondiente al Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se asignen recursos presupuestarios suficientes para el impulso a la movilidad a fin de que el “Programa de Impulso a la movilidad urbana (PMUS-007)” pueda ser efectivo en sus fines.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, se etiqueten recursos suficientes para el ejercicio del “Fondo de Cambio Climático” a fin de que se puedan generar proyectos de movilidad sustentables a nivel nacional con la finalidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Notas
1 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014- 2018.
2 Movilidad Urbana Sustentable. CONUEE. Disponible en: http://www.conuee.gob.mx/pdfs/forosdetransoorte/01 EMUSSEDATU.pdf
3 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México
2014- 2015. Disponible en:
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
4 IMCO. Invertir pera movemos. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/09/2015-Ivertir_paraMovemos-Documento comoleto1.pdf
5 Comunicado. Cámara de Diputados Boletín No. 4540.
Disponible en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esI/Comunicacion/Boletines/2014/0ctubre/31/
4540Comision-de-Desarrollo-Urbano-avala-opinion-sobre-PEF-2015-solicitara-aumento-de-480-mdp
6 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014- 2015. Legislar para Transformar. Disponible en:
http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf
7 Estrategia Nacional del Cambio Climático. Disponible en: http://iecc.inecc.gob.mx/uploads/documentos-descarga/6.pdf
8 Movilidad sostenible contra el cambio climático. Disponible en: http://www.ecologistasenaccion.ora/article15311.html
Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2015.
Senadores: Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), Graciela Ortiz González (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Blanca Alcalá Ruíz (rúbrica), Jesús Casillas Romero (rúbrica).México, DF, a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Teófilo Torres Corzo, senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México enfrenta uno de sus mayores retos: “Fomentar la Productividad y Competitividad Laboral entre la población mexicana”. Hoy en día, somos testigos de la elevada cantidad de jóvenes y adultos que perciben que la educación no proporciona habilidades, competencias ni capacidades suficientes para una inserción y desempeño laboral exitosos; percepción, que ocasiona que gran número de ellos, no estudie ni trabaje.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica (Inegi ), durante el Segundo Trimestre del año 2015, 52.6 millones de personas mayores a 15 años, realizaron una actividad económica, participaron en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio;1 es decir, el 59.7% de la población total del país.
En el caso particular del estado de San Luis Potosí, la Tasa de Ocupación durante el mismo periodo, fue de 1 millón 117 mil 729 habitantes, mientras que la Tasa de Desocupación, señala que 32 mil 959 personas, buscaron trabajo sin encontrarlo.2
Estas cifras demuestran que San Luis Potosí cuenta con una Tasa de Desocupación de 2.9, respecto a la media nacional, que es de 4.3; esto significa que posee una de las Tasas de Desocupación más bajas del país.3 Por tal motivo, debemos continuar impulsando a la sociedad potosina para que desarrolle en mayor medida sus capacidades laborales y personales, y se inserte exitosamente en el sector productivo estatal.
En ese contexto, el Gobierno del Estado creó el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí (ICATSLP ), que tiene como principal objetivo, formar estructuras de capacitación para los habitantes, que les permitan obtener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para dominar un oficio determinado.
Por ello y a fin de apoyar las actividades del Instituto, presento el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de San Luis Potosí; en razón a que los procesos de capacitación para y en el trabajo deben ser considerados como uno de los ejes centrales para atacar la pobreza y el desempleo que se presenta en algunas zonas de este estado.
La capacitación formal para el trabajo es el proceso educativo que permite adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desempeñar tareas que contribuyan al desarrollo personal y colectivo. Esta preparación se ofrece a adolescentes y adultos, a efecto de que puedan incorporarse productivamente al mercado laboral o bien, auto emplearse.4
En 1989 la Secretaría de Educación creó el “Programa para la Modernización Educativa 1989-1994”, que en su Capítulo 5, apartado 2, contempló por primera vez la necesidad de diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de “Capacitación Formal para el Trabajo ”. En él, se dio origen a los Institutos de Capacitación que funcionarían de manera descentralizada y con la participación activa de los gobiernos estatales, así como de los representantes de los sectores productivos de las distintas ramas de la actividad económica.5
En 1991 se crearon los primeros seis Institutos de Capacitación para el Trabajo en los estados de Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; política pública que ha sido adoptada por otras entidades federativas para dotar a su población de mayores y mejores elementos para que accedan al empleo formal de manera competitiva, y respondan a las necesidades del sector productivo y social. Este fue el caso de San Luis Potosí, que mediante Decreto del Ejecutivo Estatal en marzo de 1997, creó el primer Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí.
El ICATSLP es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que imparte e impulsa “capacitaciones para y en el trabajo”. Es decir, proporciona conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, a jóvenes y adultos con diverso nivel socioeconómico, situación laboral y grado de escolaridad, a fin de que se incorporen al sector productivo o generen un negocio propio.
Las capacitaciones que proporciona el ICATSLP, son herramientas que coadyuvan a los interesados a posicionarse en el sector productivo o realizar actividades remunerables, estables y socialmente útiles, que incrementen sus ingresos, impacten en mayor medida a su economía familiar e impacten positivamente en su calidad de vida, la economía estatal y el desarrollo nacional.
Actualmente, el ICATSLP participa de manera activa en proyectos emprendidos por los Clústeres Logístico y Automotriz de San Luis Potosí, con la Secretaría de Desarrollo Económico; de Comunicaciones y Transportes; del Trabajo y Previsión Social, así como con el Servicio Nacional de Empleo y empresas del Sector Automotriz y Logístico del Estado.
También imparte cursos de Capacitación Acelerada Específica en empresas como AGC Automotive México, ASI Employment, Contitech Mexicana, Cummins, Industria Vidriera del Potosí, Leiser, Mabe, Magna Automotive System, Remy Componentes, Robert Bosch México Sistemas Automotrices, Valeo Sistemas Eléctricos, entre otras.
De igual manera, quiero destacar la atinada decisión que la empresa BMW GROUP tomó para establecer su primera planta de manufactura avanzada en el Estado de San Luis Potosí, en donde el ICATSLP no sólo se constituye como el centro de formación inicial de la empresa, sino también como un participante activo del sistema de formación profesional dual, –en cooperación con diversas instituciones académicas–, similar al trabajo que se ha desarrollado desde 2008 con la empresa Toyota.
La matrícula del ICATSLP ha aumentado en los últimos años, ejemplo de ello es que durante el ciclo escolar 2014-2015, registró un máximo histórico de 73,260 personas capacitadas, colocándolo dentro de los 6 primeros institutos a nivel nacional, en este rubro.
Por lo anterior, en 2013 el Instituto logró la autorización para la Construcción de las oficinas de Dirección General, –formalizado a través del Convenio SEMS-ICAT/2013 para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de los servicios educativos a cargo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí–, con un monto base de $3,856,000.00; recurso que resulta limitado para el cumplimiento de las metas del proyecto.
A partir de esa fecha, se gestionó con los diversos órdenes de gobierno la donación de un predio para la construcción de dicha obra; pero, fue hasta el año de 2014 que se logró la autorización por parte de la honorable junta directiva del instituto para adquirir un predio con las características necesarias para las oficinas generales.
Así, en septiembre de 2015 se formalizó la adquisición del predio en la zona surponiente de la capital del Estado y se realizó el proyecto arquitectónico de la “Construcción y Suministro de Mobiliario y Equipo de Oficinas Generales de la Dirección General del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de San Luis Potosí” (Anexo 1).*** Cabe señalar que dicho proyecto fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto; sin embargo, debido a la falta de recursos económicos, no ha sido posible llevar a cabo la construcción y equipamiento del mismo.
A continuación, presento un cuadro resumen de la obra en mención:
De igual forma, es importante destacar que el proyecto contempla alternativas graduales en la gestión de recursos; es decir, pretende que la obra se realice en tres etapas:
En concreto, este proyecto busca impulsarla generación de espacios dignos y funcionales, que permitan a la Dirección General del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de San Luis Potosí, administrar, coordinar, evaluar, supervisar, y controlar sus recursos materiales y humanos de manera eficiente.
Por lo anterior, presento ante esta soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2016, se destinen recursos al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, a fin de que a través de una estructura de servicio flexible, equitativa, de calidad y pertinente, podamos contribuir al desarrollo humano, así como a la inserción de los habitantes en el mercado laboral, en pro del desarrollo social y económico del País.
Por lo anteriormente expuesto, someto consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí.
Notas
1 Población económicamente activa que se mide con la tasa de ocupación.
2 Inegi. Panorama Sociodemográfico de San Luis Potosí. 2010.
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/enoe_ie/enoe_ie2015_08.pdf
3 Ídem.
4 Programa para la modernización Educativa 1988-1994.
http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/inea/frames.asp?page=36&id=109
5 Ídem.
* Anexo
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de noviembre de 2015.
Senador Teófilo Torres Corzo (rúbrica)
México, DF, a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores María Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para infraestructura educativa; a la Secretaría de Educación Pública federal y al gobierno de Yucatán a rescindir el convenio en la materia.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Educación los resolutivos primero y segundo y a la Cámara de Diputados el tercero de éstos.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
Los suscritos senadores María Marcela Torres Peimbert y Daniel Ávila Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. El pasado primero de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto anunció el Programa de Certificados de Infraestructura Educativa (PCIE), a través del cual se planea realizar una inversión por casi 50 mil millones de pesos para el mejoramiento de 30 mil escuelas del país (construcción equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física) en los niveles básico, media superior y superior. El proyecto plantea un esquema financiero con aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de los estados, a través del cual se destinará una gran cantidad de recursos para la mejora de las escuelas del país.
El anunció advirtió que para mediados del mes de octubre del presente año, se estarían firmando los acuerdos con las distintas entidades del país, con el fin de que alrededor de 50 mil millones de pesos se comiencen a ejercer en este mismo año, con énfasis en los siguientes tres años.
Segundo. A principios del mes de octubre del año en curso, la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado de Yucatán, aprobó el Decreto por el cual se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado, a participar en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, mediante la Afectación de las Aportaciones que le corresponde al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples.
Tercero. El 19de octubre del año en curso, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y los gobernadores de los Estados, agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), firmaron los convenios respectivos al impulso de los Certificados de Infraestructura Educativa, con la finalidad de ampliar y mejorar las condiciones de las escuelas del país.
Considerandos
El problema de infraestructura educativa
En materia de infraestructura educativa nacional, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en México son escasas las escuelas que poseen todos los espacios físicos de apoyo para la educación; ya sea salones de clases, bibliotecas, espacios recreativos, etcétera.
Por ejemplo entre el 95% y 99% de las escuelas indígenas, no cuentan con ninguno de los espacios ya mencionados. En el mismo sentido sólo el 55% de las primarias del país cuentan con dirección administrativa, tienda escolar o cooperativa, almacén, patio de recreo, áreas verdes y baños.
En términos de mantenimiento sólo el 50% son planteles que se encuentran en buen estado, y conservados. Referente a los inmuebles, existen 15 mil escuelas que no cuentan con escritorios para los profesores.
En resumen, sólo un 69% de los salones de clases se catalogan como espacios favorables para el desarrollo de las actividades educativas, es decir más del 30% de las escuelas del país no se encuentran en las condiciones óptimas para el desarrollo de la educación.1
En el caso particular del Estado de Yucatán, de acuerdo al Informe Anual Sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015, del total de los inmuebles educativos en el estado: un 0.1% son escuelas provisionales o móviles; el 21.2% son inmuebles sin barda o con barda incompleta; el 0.5% son inmuebles sin fuente de abastecimiento de agua; un 0.5% de los inmuebles se encuentran sin alguna fuente de energía eléctrica; 1.3% de los inmuebles no poseen sanitario o algún sustituto; 31.9% son inmuebles sin drenaje; el 57.5% se encentran sin cancha deportiva; y en el 63.8% del total de los inmuebles educativos, no se ha realizado alguna construcción u obra mayor de rehabilitación durante los últimos tres años.
Las cifras anteriores revelan la situación actual de las condiciones de los inmuebles educativos en el Estado de Yucatán, cifras que están tan solo por debajo de las de estados como Oaxaca y Guerrero, los cuales poseen alto grado de rezago educativo, pero que de la misma manera son indicadores que deben ser mejorados con el fin de atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes.
En este contexto, resulta urgente para los gobiernos estatales y Federal, establecer estrategias y acciones a seguir, que permitan afrontar y erradicar con eficacia el problema.
Compromisos financieros
En este orden de ideas, si bien es cierto que la finalidad planteada en los antecedentes es loable, ya que tiene como objetivo principal abatir el rezago en materia de infraestructura educativa del país, que se reflejará en la mejora de la calidad educativa de los niños y jóvenes mexicanos, también es cierto que en el manejo de los recursos públicos debe existir una gran responsabilidad de los servidores públicos, para administrar y ejercer correctamente los recursos públicos, y evitar en todo momento comprometer recursos presentes y futuros en perjuicio de la población y las nuevas generaciones; resulta fundamental evitar contraer deudas a mediano y largo plazo que tendrían que pagar los niños y jóvenes de hoy.
El caso que se plantea no es un tema menor, ya que en la propuesta del presidente de la república, respaldada por diversos gobernadores estatales, entre ellos de gobernador del Estado de Yucatán, se están comprometiendo más de 50 mil millones de pesos; dinero que sería pagado con recursos públicos. Lo anterior merece una profunda reflexión por parte de las autoridades involucradas. Reflexión que debe tener como objetivo el análisis de otras alternativas que permitan aminorar el impacto proyectado en deuda pública para los mexicanos. Es necesario evaluar la relación costo-beneficio, ya que el fin que se persigue, a través del medio del cual se pretende cumplir, generará un costo muy alto que no pagarán los ciudadanos y gobernantes actuales; serán los futuros contribuyentes y gobiernos los que enfrentarán los altos endeudamientos, lo que sin lugar a dudas generará el incremento de diversos problemas económicos y sociales para las entidades.
Cuando un inversionista adquiere un instrumento financiero, espera recuperar el capital invertido más una serie de intereses; éstos son el atractivo de los instrumentos, ya que otorgan una ganancia mayor sin exponerse a un alto riesgo. Ahora bien esta ganancia es pagada por quien oferta el instrumento, y una vez llegado el tiempo del vencimiento el oferente debe pagar el precio del instrumento más los intereses que género y que se pactaron ”.
En el caso de infraestructura educativa, los instrumentos serán emitidos por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), pretendiendo captar 50 mil millones de pesos. Lo anterior, significa bursatilizar el Fondo de Aportaciones Múltiples; dicho en otras palabras, se obtendrán recursos del futuro, a través de los instrumentos financieros llamados “Certificados de Infraestructura Educativa”, los cuales serán adquiridos por inversionistas. A cambio, se harán acreedores a un interés pactado, y además a la devolución de su inversión principal.2
Esta es la manera como los inversionistas estarán financiando la infraestructura educativa por los próximos años, pero a cambio, los Estados que participen en el esquema de financiamiento, estarán adquiriendo una deuda económica-social a largo plazo, la cual se pagará con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Debemos tener presente que el FAM, forma parte del Ramo 33, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir son recursos de los contribuyentes recaudados por la federación, destinados para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema .
Esta es la razón que fundamenta la necesidad de replantear el proyecto anunciado por el Presidente de la República, y buscar otras fuentes de financiamiento para los Estados, que eviten afectar en lo más mínimo, o que pongan en riesgo los recursos destinados para los apoyos de desayunos escolares, alimentarios y de asistencia social.
La protección y garantía de un derecho, no implica la violación de otros; los derechos no se contraponen, se complementan.
Existen otras fuentes de financiamiento a través de la cuales se puede afrontar el problema de infraestructura educativa; brindar una de ellas es la finalidad de la presente proposición.
(El caso del Estado de Yucatán)
Para el caso particular del Estado Yucatán, el Congreso del Estado autorizó disponer del 25% de la parte aplicable del FAM, durante los próximos 25 años, con el fin de obtener en el corto plazo recursos superiores a mil millones de pesos para infraestructura educativa.
Lo anterior sólo significará incrementar la deuda del estado, puesto que las distintas administraciones que han gobernado a Yucatán han tenido el hábito de utilizar recursos futuros para financiar las administraciones en turno. La adquisición de este tipo de deuda se ha caracterizado por allegarse de recursos a corto plazo, utilizarlos, y a cambio generar una deuda a largo plazo, por más de 10 años, lo que significa que los gobiernos que contratan la deuda se benefician políticamente de las “obras realizadas por la entidad”, durante su gestión, pero la obligación de pagar las deudas del préstamo principal y de los intereses pactados, lo heredan a las administraciones futuras.
Ejemplo de esto son los diversos contratos de empréstitos de 15 a 25 años que se ha venido realizando desde 2009 por una suma aproximada de 9,140 millones de pesos.
Fuente de financiamiento alterna
Debido a ello y con el fin de atender la realidad que afronta el Estado de Yucatán, se deben de establecer propuestas que resuelvan el problema, y que generen otros más que desencadenen conflictos sociales para futuros gobiernos.
Derivado de un análisis realizado sobre el estado que guardan los recursos obtenidos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente por el impuesto sobre bebidas saborizadas, y por el impuesto a alimentos con alto contenido calórico y carbono, se presenta la siguiente exposición.
En el año 2013, el Senado avaló la miscelánea fiscal que incluyó nuevos gravámenes a chicles, botanas, pasteles, y a bebidas saborizadas; este último gravamen se contempla como un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que consiste en gravar en un peso por litro a las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores con cualquier tipo de azúcares.
También se aprobó aumentar a 8 por ciento el impuesto a alimentos con alto contenido calórico (los que contengan más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos).
Ambos impuestos se comenzaron a aplicar a partir del primer día del año 2014.
El fin de dichos impuestos ha sido el de disminuir los niveles de obesidad y sobre peso, principalmente entre la población infantil.
En ese sentido, las dos cargas tributarias referidas significaron una mayor recaudación por parte del gobierno. El IEPS, tan sólo en 2014, incremento en un 51.1%, en términos reales, lo que en recursos económicos significó una recaudación por 124 mil 16 millones de pesos.
Respecto del impuesto a bebidas azucaradas, para 2014 se estimó una recaudación por 12 mil 455 millones de pesos, y se recaudaron 18 mil 254 millones de pesos, es decir 5 mil 854 más de lo estimado. Mientras que para 2015, se estima una recaudación por 18 mil 171 millones de pesos, lo que significa que tan solo en dos años se estarían recaudando más de 36 mil 425 millones de pesos.
Asimismo, por concepto del impuesto a alimentos con alto contenido calórico, para el 2014 se estimó una recaudación por 5 mil 600 millones de pesos, sin embargo, la recaudación real fue por un monto de 12 mil 384 millones de pesos, es decir, 6 mil 529 millones de pesos más de lo estimado.
Para el 2015 se estimó para el mismo impuesto, un monto por 15 mil 348 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con información del primer trimestre del año, los recursos recaudados ascienden a los 4 mil 438 millones de pesos, cuando se estimaron 3 mil 921 millones de pesos, es decir, se recaudaron 516 millones de pesos más de lo esperado. Con la información anterior se estima una recaudación aún mayor a la pronosticada para todo 2015.
En resumen, del año 2014 a lo que va de 2015, por concepto de impuesto a bebidas azucaradas se han recaudado más de 36 mil millones de pesos, y por concepto del impuesto sobre alimentos con alto contenido calórico se han recaudado alrededor de 25 mil millones de pesos, cifras que en suma ascienden a casi 60 mil millones de pesos recaudados de manera adicional y por encima de lo previsto de manera original por el Gobierno Federal.
Y aunque lamentablemente la transparencia del uso y destino de los recursos obtenidos ha sido poca, para el caso del impuesto a bebidas saborizadas se sabe, por ejemplo, que sólo el 5% de los 32 mil millones de pesos que se recaudaron en los primeros 18 meses, fue destinado al rubro de salud.3 Lo anterior presume la existencia de 30,000 millones de pesos, en las arcas de la federación, sin uso ni destino cierto.
En este sentido, de acuerdo con el análisis expuesto, se concluye que el Gobierno Federal posee recursos adicionales a los gastos normalmente proyectados, que bien servirán para hacer frente a las principales carencias económicas y sociales que demanda el país.
Y si bien, uno de los destinos principales de dichos recursos es el de combatir el sobrepeso infantil, por ejemplo con la inserción de bebederos escolares, el abatimiento de la infraestructura educativa es otro destino de carácter urgente, que ayudará no tan sólo a mejorar el incremento de la calidad educativa, además, contribuirá de manera sustantiva en el mejoramiento de las condiciones físicas de los niños y jóvenes, ya que significa contar con espacios físicos que fomentan la cultura de desarrollo física y deportiva de los niños y jóvenes.
El rezago de los inmuebles educativos del país puede revertirse con la inversión de infraestructura educativa, inversión que no solo tiene como alternativa la adquisición de deudas para los mexicanos, si no el uso de recursos públicos con los que se cuentan, dinero que hoy en día existe en las arcas del Gobierno Federal.
(El caso del Estado de Yucatán)
En este contexto, y dado que el Estado de Yucatán al igual que otras entidades federativas, planea obtener recursos en el corto plazo por más de 1,000 millones de pesos para financiar la infraestructura educativa, a través de deuda proveniente de los nuevos “Certificados de Infraestructura Educativa”, resulta fundamental analizar una vía alterna para resolver los problemas de infraestructura educativa del Estado, y evitar problemas económicos y sociales para los futuros gobiernos de Yucatán.
La alternativa que se plantea consiste en que lejos de contratar más deuda para el Estado, se financie la inversión en infraestructura educativa con un porcentaje de los recursos obtenidos a la fecha, por el impuesto a las bebidas saborizadas.
La propuesta consiste en financiar los 1 mil millones de pesos (que el gobierno del Estado de Yucatán planea adquirir a través de deuda) de los más de 30,000 millones de pesos recaudados a la fecha por dicho gravamen. Los 1 mil millones de pesos, vinculados con la educación, en el FAM, constituyen una alternativa posible y potencial, pero que a diferencia de la intención del gobierno de Yucatán, no generará más deuda social a la entidad, ni a las generaciones presentes ni futuras. Sin lugar a dudas una propuesta factible, con responsabilidad financiera y social.
En resumen, resulta primordial atender los rezagos en los inmuebles educativos de Yucatán, pero las mismas deben ser resueltos a través de alternativas que no generen un efecto económico negativo, en cadena, a mediano y largo plazo, que se hereden a las administraciones siguientes y generaciones siguientes.
En este sentido, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y del Gobierno del Estado de Yucatán, para que rescindan el convenio firmado el pasado 19 de octubre, con el objeto de impulsar los certificados de infraestructura educativa y la pretensión de mejorar las condiciones de las escuelas del país, mediante la adquisición de deuda pública para el Estado. Lo anterior, con el fin de prevenir los posibles déficits en el Estado y los problemas de gasto público previsibles en el futuro.
Segundo. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, para que durante el presente año destine al Gobierno del Estado de Yucatán, 1 mil millones de pesos, de los recursos recaudados a la fecha por impuesto sobre bebidas saborizadas, con el fin de atender los problemas de carencias en los inmuebles educativos, y elevar el nivel académico de los niños y jóvenes yucatecos.
Tercero. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se destinen recursos suficientes, provenientes del impuesto sobre bebidas saborizadas, para mejorar la infraestructura de las escuelas públicas, incrementar la cobertura de los servicios de agua potable en comunidades rurales, y proveer bebederos con suministro de uso continuo de agua potable e inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo del Estado de Yucatán y del resto del país.
Notas
1 http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-como-la-infraestructura-escolar-influye-en-la-calidad-educativa
2 Una Hipoteca Educativa, Diario de Yucatán. 10/10/15
3 http://laextranoticias.mx/solo-5-del-impuesto-al-refresco-se-destino-al-sector-salud/
Senado de la Republica a 3 de noviembre de 2015.
Senadores María Marcela Torres Peimbert, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).México, DF, a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar mayores recursos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Seguridad Pública el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, senadora de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que se destinen mayores recursos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
El Subsidio para la Seguridad en los Municipios, o conocido como Subsemun,1 es un recurso federal que se le suministra a municipios o demarcaciones del Distrito Federal que tiene como objeto, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo siguiente: profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y el desarrollo de políticas públicas para la prevención del delito.
De igual forma, comprende un fortalecimiento del desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, promover una política preventiva y fomentar la participación de la sociedad civil organizada para generar una estrategia de prevención social del delito. Este proyecto surge en 2011 como un cambio de paradigma en la seguridad, ya que se dejaría a un lado el concepto de seguridad pública para hablar de la seguridad ciudadana, idea que prioriza la cohesión social, la prevención social de la violencia y la delincuencia y la participación ciudadana.
La selección de municipios que son beneficiados por el Subsemun es basada en: el número de habitantes y la incidencia delictiva incluyendo las variables de homicidios dolosos, secuestros y otros delitos. En 2015, Morelos fue beneficiado con este subsidio en los siguientes municipios: Ciudad Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán, Xochitepec y Yautepec.
En el 2014, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos junto con el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia publicaron un Atlas de la seguridad y violencia en Morelos2 que recapitula la situación en el estado.
Morelos ocupó el lugar 17 a nivel nacional en delitos ocurridos absolutos según la ‘Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en el 2012 y el lugar 11 con mayor nivel de cifra negra que corresponde a los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa. De igual forma, reportan que 1 de cada 4 personas ha sido víctima de algún delito.
En el estado, la tasa de homicidio se duplicó a partir del 2010, teniendo un porcentaje mayor en el 2012 y que ha ido disminuyendo pero no con la celeridad que debería ocurrir. La tasa de homicidios dolosos aumentó 20 puntos del 2011 al 2012. Y aunque disminuyó para el 2013, la variación sólo fue de 10 puntos, registrando así, cifras mayores a la media nacional a partir del 2009.
El secuestro sigue siendo un delito que se hace presente en Morelos. La tasa de secuestros en el estado aumentó de manera desproporcionada a partir del 2009, aumentando en el 2012 y llegando a su máximo en el 2013. Delitos como la extorsión también han aumentado a partir del año 2009, superando la media nacional. La tasa de robo de vehículo también es mayor que el nivel nacional a partir del 2006 y la tasa de violaciones ha aumentado 3 puntos del 2011 al 2013. Cifras, en la mayoría de los años, superiores a las nacionales
En contraste a las cifras, según datos del Secretariado Ejecutivo, en Morelos existen 77 patrullas adquiridas con recursos del FASP y SPA. Tenía a finales de noviembre del 2014, 5,476 policías y una academia policial.
Es así que el panorama sobre seguridad en el estado de Morelos es preocupante, es necesaria una intervención puntual por parte del Subsemun en todos los municipios del estado. Los cuerpos policiacos necesitan más y mejores equipos y una capacitación pertinente. De igual forma, son necesarios los programas de prevención de la violencia que abonan a disminuir los índices de inseguridad y que hasta el momento, se están desarrollando con éxito en nuestro estado.
Desde la Cámara de Senadores se reconoce la ardua labor de la Secretaría de Gobernación que bajo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública articula el Subsemun abonando a la seguridad de las familias mexicanas, se pone a consideración del Senado de la República la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación amplíe el Subsemun a todos los municipios del estados de Morelos.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se destinen mayores recursos al Subsemun con el fin de ampliar este subsidio a todos los municipios del estado de Morelos.
Notas
1 Definición del Subsemun, http://www.secretariadoeiecutivosnsp.gob.mx/en/SecretariadoEjecutivo/Su bsemun
2 Puede ser consultado en: http://www.uaem.mx/sites/default/files/atlas.pdf
Dado en el recinto del Senado de la República, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil quince.
Senadora Lisbeth Hernández Lecona (rúbrica)
México, DF., a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a no disminuir los recursos destinados al Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que no disminuya los recursos destinados al Ramo 16 “medio ambiente y recursos naturales” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento jurídico por virtud del cual la Cámara de Diputados –de forma exclusiva– determina el monto y destino de los recursos que el Estado requiere para cumplir con sus objetivos.
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se incluye el Ramo 16, relativo a los recursos que se aplican al sector relativo al medio ambiente y recursos naturales. Igualmente, dentro de dicho ramo existen proyectos que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la colegisladora analiza y aprueba para cada entidad federativa, municipio y órgano político-administrativo en el Distrito Federal, de conformidad con los montos establecidos en el Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades.
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se establecen anualmente ciertos objetivos, entre los que destacan el conservar el capital natural de México, fomentar las políticas públicas que permitan cumplir las metas en materias como la biodiversidad, desarrollo sustentable, cambio climático, ordenamiento ecológico del territorio, recursos hídricos, entre muchos otros.
Es importante destacar que existe una Asociación Nacional de Autoridades Ambientales que agrupa a las Secretarías de Medio Ambiente ya las Procuradurías Ambientales de los Estados, siendo vínculo permanente con el Congreso de la Unión y con la Conferencia Nacional de Gobernadores para agilizar los mecanismos legales y presupuesta les en materia ambiental.
Asimismo, es menester señalar que con los recursos aprobados en dicho ramo, se deben cumplir los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable y el crecimiento verde como meta fundamental de los órdenes de gobierno, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 20132018 y de manera específica, con la Meta Nacional de México Próspero.
Dicho anexo se creó para atender de forma eficaz y eficiente el tema de medio ambiente, distribuyendo recursos entre las entidades federativas y las autoridades ambientales, a efecto de poder ejecutarlo a través de los programas y unidades responsables respectivas.
Tales objetivos se alcanzan a través de la realización de proyectos, entre los que destacan aquellos en materia de educación ambiental, acciones de conservación, protección y restauración de bosques y suelos, el fortalecimiento institucional de las instancias estatales encargadas del cuidado del medio ambiente y la procuración ambiental, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias, entre otros.
No obstante la importancia del sector, hay una reducción considerable en dicho ramo, en específico en 2015 se aprobaron recursos por 67 mil 976 millones de pesos y en el proyecto para 2016 se consideran recursos por 57 mil 490 millones de pesos, esto es 10 mil 486 millones de pesos menos, representando una disminución del 18 por ciento y en consecuencia una modificación importante en la estructura programática del sector.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la proposición siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que no apruebe una reducción en los recursos destinados al Ramo 16 “medio ambiente y recursos naturales” dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, a efecto de poder hacer frente a las necesidades del sector.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del municipio de Sabinas, estado de Coahuila, al municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Cámara de Senadores la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se asignen recursos suficientes para la reconstrucción, mantenimiento y equipamiento de la carretera que corre del municipio de Sabinas, Coahuila al municipio de Anáhuac, Nuevo León, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La red carretera nacional se ha ido desarrollando a lo largo de varias décadas, comunica casi todas las regiones y comunidades del país y su importancia es vital para la competitividad y crecimiento de nuestra nación.
En México, la red carretera es la infraestructura de transporte más utilizada, siendo uno de los elementos esenciales para asegurar la viabilidad del turismo y el modo de transporte más usado para el comercio.
La infraestructura carretera tiene un papel fundamental para lograr niveles de bienestar para la población, respondiendo a los requerimientos de las actividades productivas para el movimiento de productos, satisfaciendo las necesidades más urgentes de la sociedad.
Las carreteras no sólo permiten ir de un lugar a otro de forma rápida y segura, sino también son importantes en el comercio, pues posibilitan el desplazamiento de mercancías y potencializan la economía de los municipios con una estrategia de inversión a largo plazo. Facilitando la integración social como geográfica del territorio.
En la actualidad, la red carretera del estado de Coahuila tiene carencias que reducen su competitividad, lo que perjudica a la economía regional; por lo que su mejoramiento es urgente a efecto de eliminar los desequilibrios económicos existentes en la zona.
Es necesario que en Coahuila se mejoren las vías de comunicación y eliminar el aislamiento de las comunidades rurales, generando empleos directos e indirectos e impulsar el potencial del desarrollo nacional y regional.
La principal justificación para la modernización de la vialidad que corre del municipio de Sabinas, Coahuila, al municipio de Anáhuac, Nuevo León, es evitar el paso de vehículos que tengan que hacer escala en las poblaciones ubicadas a lo largo de la misma y así permitir al tránsito de largo alcance, generando un transporte económico y seguro.
Asimismo, se considera que esta vía ayudará a mejorar las condiciones económicas de las poblaciones y ofrecerá mayor seguridad, eficiencia y comodidad en el transporte de productos y pasajeros, pretendiendo reducir los tiempos de recorrido y mejorar los niveles de servicio y seguridad en función a las mejoras en las características geométricas del trazo, con respecto a la ruta actual e impulsar el desarrollo regional de la zona.
Por último, es importante señalar que la ruta de Sabinas-Anáhuac cruza por dos entidades federativas y recorre lugares importantes como lo son la presa Venustiano Carranza (Don Martín) y Salinillas, por lo que es urgente que sea equipada con teléfonos S.O.S., cámaras de seguridad, rampas de emergencia, reductores de velocidad, señalamiento vial, iluminación y una adecuada pavimentación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se destinen recursos suficientes para el mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la carretera que corre del municipio Sabinas, Coahuila al municipio de Anáhuac, Nuevo León.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México a 5 de noviembre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
México, DF, a 5 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de La Laguna para reducir la presencia de arsénico en el agua para consumo humano.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignen recursos adicionales al Fondo Metropolitano de la Laguna para reducir la presencia de arsénico en el agua para consumo humano, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante el pleno de la pasada Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, presenté un punto de acuerdo exhortando a la Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento al derecho que tiene toda persona a contar con agua potable de calidad, a efecto de que de conformidad con sus facultades y atribuciones y en coordinación con los otros órdenes de gobierno dote del vital líquido a los habitantes que comprenden la región de La Laguna en Coahuila de Zaragoza.
Como lo manifesté en su momento, el acceso al agua resulta indispensable para el desarrollo y bienestar de la población, ya que el cuerpo humano está formado en gran parte de este líquido, con un porcentaje entre un 58 a 67 por ciento en los adultos y entre un 66 a 74 por ciento en los recién nacidos.
El derecho al agua es fundamental tal y como sucede con el derecho a la alimentación, a la salud o a un medio ambiente sano. Sin embargo el acceso al agua debe cubrir las necesidades básicas de manera suficiente y bajo condiciones óptimas en cuanto a su sanidad, atendiendo en todo momento a una cantidad que permita la plena satisfacción de las necesidades.
En México el 12 por ciento de la población no tiene acceso sostenible a fuentes de agua apta para el consumo humano. Por lo anterior dentro de nuestras leyes se incorporaron los criterios de los instrumentos internacionales en que México es parte.
Es importante destacar que dentro del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo solamente el 2.53 por ciento del total es agua dulce; de ese pequeño porcentaje hay que tomar en cuenta que la mayor parte se encuentra inmovilizada en los glaciares. En la actualidad, uno de los desafíos mundiales es la satisfacción de las necesidades básicas de agua para el ser humano, de acuerdo con algunos estudios, cada persona necesita ciento sesenta litros de agua cada día.
El derecho al agua está contenido en la Observación General número 15, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existen ciertos factores que deberán estar presentes en cualquier circunstancia para asegurar el derecho al agua, de tal suerte que debe atenderse y cubrir las siguientes características:
a) Disponibilidad.
b) Calidad.
c) Accesibilidad.
Particularmente, debo recalcar que el derecho al agua debe cubrir una característica fundamental como la calidad.
Esta calidad no está garantizada en los municipios de la Región de la Laguna, debido a la contaminación del agua con arsénico donde se exceden límites fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la zona, el agua potable que se distribuye mantiene una concentración de arsénico de 50 microgramos por litro de agua y en otros lugares de la zona llega a alcanzar entre 200 y 300 microgramos de arsénico por litro. Los niveles de arsénico detectados en las redes de distribución y en los pozos de agua están muy por encima de los límites permitidos por normas nacionales e internacionales. La mayor amenaza para la salud pública es que por el consumo de agua se puede causar cáncer y lesiones cutáneas, también se asocia a problemas de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.
El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud pública. Los esfuerzos de la Organización por reducir la exposición al arsénico incluyen el establecimiento de valores guía, el examen de los datos científicos disponibles y la formulación de recomendaciones para la gestión de los riesgos.
Es de suma relevancia garantizar a toda persona el derecho fundamental a acceder y utilizar el agua potable, en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible según lo dispone la Constitución federal en su artículo 4o.
Para lograr con el objetivo, es importante que de los recursos federales contenidos en el Fondo Metropolitano se le destinen recursos suficientes en obra de infraestructura para dotar de agua de calidad a la región de la Laguna y así garantizar el derecho al agua de calidad.
Los recursos del Fondo Metropolitano tienen como propósito destinar prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.
Resulta importante resaltar que el fondo metropolitano debe estar en concordancia con los planes estatales de desarrollo, cuya aplicación de los recursos es a cargo de los gobiernos de los estados a través de su Consejo de Desarrollo Metropolitano, sujetándose para su financiamiento a criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental.
Es importante recalcar que la zona metropolitana de la Laguna está integrada por importantes poblaciones y en donde destacan cuatro municipios: Torreón y Matamoros por parte del estado de Coahuila y Gómez Palacio y Ciudad Lerdo por parte de Durango.
Por lo anterior, dentro del presente ejercicio fiscal la zona metropolitana de la Laguna tiene un presupuesto asignado de 604.4 millones de pesos. Las instituciones que operan el Fondo Metropolitano de la Zona son:
1) El Consejo para el Desarrollo Metropolitano de La Laguna
2) El Instituto Municipal de Planeación y la Competitividad de Torreón.
3) Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.
4) Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Torreón y Matamoros)
5) Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Gómez Palacio y Ciudad Lerdo)
6) Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada.
7) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Es importante que dentro del Fondo Metropolitano para el próximo 2016 se incrementen los recursos para que se pueda dar cumplimiento al derecho al agua. Por ello es mi más sincero exhorto a la colegisladora para que dentro del análisis y discusión del presupuesto de egresos de la federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 se incrementen los recursos para garantizar el derecho al agua de calidad.
Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la proposición siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, se adicionen recursos suficientes para el Fondo Metropolitano de la Zona de la Laguna para garantizar el derecho al agua de calidad.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el 5 de noviembre de 2015.
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)
Con proyecto de decreto, por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 a la Ley Federal de Derechos, presentada por Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del PRI
México, DF, a 4 de noviembre de 2015.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica)
Vicepresidente
El suscrito Omar Fayad Meneses, Senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de las Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 numerales 1, 2 y 4 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La actividad acuícola es al igual que las actividades agrícolas y pecuarias, una actividad que genera alimentos de alta calidad nutricional, indispensables para mejorar la nutrición y por ende la calidad de vida de los mexicanos. El pago de derechos asociado a la concesión del agua por su aprovechamiento, ocupación de zona federal, instalación de medidores y pago de derechos por descarga, así como los análisis de la calidad del agua que deben realizarse en laboratorios acreditados, para demostrar su mínimo impacto, son costos que merman los ingresos de los acuicultores , lo que se constituye en un obstáculo para el desarrollo de esta actividad, que los expertos de la FAO, reconocen como la alternativa del futuro para satisfacer las necesidades alimenticias de la población.
La reformas propuesta al artículo 192-D traería como beneficios, la contribución a la seguridad alimentaria, generación de empleo, arraigo de la población.
También la alineación las políticas gubernamentales que dictan la necesidad de “aumentar la producción de alimentos, el ingreso de los campesinos y pequeños productores rurales; que es el principal objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Además que en El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República señala en su Objetivo 4.10
“Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, la Estrategia 4.10.4 del Plan Nacional de Desarrollo establece: “Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país a través de prácticas sustentables en las actividades y acuícolas y agrícola, pecuaria”.
El aprovechamiento del agua en actividades acuícolas, no representa un consumo, a diferencia de la agricultura en donde el agua se infiltra al suelo o es absorbido por las plantas y en la ganadería consumido por los animales. En esta actividad el agua entra a los estanques es almacenada en algunos casos y devuelta casi en los mismos volúmenes, pues solo se pierde por evaporación
Por otra parte se estará fomentando la regularización de las unidades de producción acuícola de todo el país y con esto el cumplimiento de la ley con el consecuente fomento al estado de derecho en México
La calidad del agua proveniente de la acuicultura, de acuerdo a múltiples estudios avalados por laboratorios acreditados, no rebasa los límites establecidos en la Norma oficial NOM-001-SEMARNAT-1996.
La carga de materia orgánica que pudiera originarse por esta actividad que proviene de las excretas de los peces, o el alimento no consumido, son en concentraciones que puede tener hasta una depuración natural en el medio ambiente o ser utilizado en la agricultura, a manera de fertilizante, dando un valor adicional a su aprovechamiento
La siguiente tabla compara las modificaciones que se proponen en relación con lo vigente:
Es conveniente señalar que la adición a la fracción I del artículo 224, contempla incluir a las personas morales dedicadas a las actividades acuícolas, por lo que se consideró necesario, hacer el señalamiento expreso a las personas morales del sector social, mismas que están señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consideración de fomentar la expansión económica de organizaciones de bajos recursos, tal y como el texto constitucional señala:
Artículo 25...
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se adicionan los artículos 192-d, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos
Artículo Único. Se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 192-D. No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 y 192-A, fracciones II, III y V del presente Capítulo, los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias o de acuacultura y el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes.
Artículo 224. ...
I. Por la extracción o derivación de aguas nacionales que realicen personas físicas y las morales del sector social señaladas en el penúltimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dedicadas a actividades acuícolas agrícolas y pecuarias, para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero, sin desviar las aguas de su cauce natural. Así mismo por la extracción o derivación de aguas procedentes de esteros, marismas, bahías y aguas oceánicas con contenido salino, toda vez que no se cuenta con infraestructura hidráulica federal que provea el suministro del agua.
II. al III...
IV. Por los usos acuícola agrícolas y pecuario definidos como tales en la Ley de Aguas Nacionales y siempre que sus procesos se efectúen de forma indivisa, incluyendo a los distritos y unidades de riego, así como a las juntas de agua, con excepción de las usadas en la agroindustria, hasta por la dotación autorizada a los distritos de riego por la Comisión Nacional de Agua o, en su caso hasta por el volumen concesionado
V. a IX...
...
...
Artículo 282. ...
I. a V...
VI. Por las descargas provenientes de la acuacultura y del riego agrícola
VII. a VIII. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de octubre del año de dos mil quince.
Senador Omar Fayad Meneses (rúbrica)
Del diputado Jesús Rafael Méndez Salas
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2015.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a partir de esta fecha licencia al ejercicio del encargo de diputado federal de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Mi reconocimiento y fraterno deseo de éxito a las diputadas y los diputados de los distintos grupos parlamentarios de esta LXIII Legislatura, por su trabajo a favor de todos los mexicanos, así como a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Asimismo agradezco el respeto y apoyo del coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza por las tareas encomendadas al suscrito, mi reconocimiento a su desempeño.
Atentamente
Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica)