Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3769, martes 14 de mayo de 2013

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento solicitado por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

• Que la diputada Claudia Delgadillo González (PRI) cause baja como integrante de la Comisión Especial de programas sociales.

• Que el diputado Darío Badillo Ramírez (PRI) cause alta como integrante en la Comisión Especial de programas sociales.

Atentamente

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)

Presidente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de abril de 2013.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Presidenta de la Mesa Directiva

Honorable Cámara de Diputados

Presente

• Que el diputado Sergio Torres Félix (PRI) cause baja como suplente del Consejo de Europa.

• Que el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) cause alta como suplente en el Consejo de Europa.

Atentamente

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)

Presidente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 30 de abril de 2013.

Diputado Francisco Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Adriana Hernández Íñiguez cause baja como integrante de la Comisión de Equidad y Género.

• Que la diputada Adriana Hernández Íñiguez cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)

Presidente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, 30 de abril de 2013.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva

Honorable Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI:

• Que el diputado Salvador Romero Valencia cause alta como integrante en la Comisión Especial de energías renovables.

• Que la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas cause alta como integrante en la Comisión Especial de la industria automotriz y del acero.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)

Presidente

Palacio Legislativo, San Lázaro, México, DF, a 6 de mayo de 2013.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva

Honorable Cámara de Diputados

Presente

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito que se le proporcione la atención procedente al siguiente movimiento solicitado por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza:

• Que la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas cause baja como integrante en la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

• Que el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo cause alta como integrante en la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)

Presidente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de mayo de 2013.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Presidenta de la Mesa Directiva

Honorable Cámara de Diputados

Presente

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno a publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, de investigación, comités de centros de estudios, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito se le proporcione la atención procedente a las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, subcoordinador de Proceso Legislativo y Agenda Política del Grupo Parlamentario del PAN:

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente.

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante de la Comisión Especial de promoción del desarrollo regional.

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Atentamente

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)

Presidente

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 9 de mayo de 2013.

Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza a este órgano de gobierno para publicar los cambios que comuniquen los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales o de investigación, comités de los centros de estudios, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, me permito solicitar que se proporcione la atención procedente a las siguientes integraciones, solicitadas por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández, subcoordinador de Proceso Legislativo y Agenda Política del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente.

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante de la Comisión Especial de promoción del desarrollo regional.

• Que el diputado José Ángel González Serna cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Le protesto mis respetos.

Atentamente

Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)

Presidente

Iniciativas

Que reforma los artículos 61 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 52 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, recibida de los diputados Mirna Esmeralda Hernández Morales y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

La que suscribe, diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales y diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y el 52 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para garantizar que se cumpla el derecho a que beneficiarios reciban recursos de instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento o que se renueven automáticamente y de transferencias o inversiones vencidas y no reclamadas.

Exposición de Motivos

La Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 1o. define parte de su objeto: “regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano”.

En su artículo 2, se puntualiza que la comisión tendrá por “objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público”.

Este precepto garantiza la protección al público ahorrador. Asimismo, regula las acciones de las instituciones de crédito que llegasen infringir la ley; por lo tanto, para hacer valer en su totalidad dichos parámetros, es necesario cuidar la aplicación de la propia ley para el beneficio del público.

Cabe mencionar que en la actualidad, existen irregularidades en las instituciones bancarias que afectan negativamente los derechos de los clientes; nos referimos a las cuentas bancarias que con frecuencia se convierten en cuentas heredadas o donaciones post mortem que no son notificadas a tiempo a los familiares beneficiarios quienes pierden su derecho a usufructo de esos recursos. Para que estas cuentas puedan ser reclamadas una vez que el usuario o cliente ha fallecido, se requiere de un sistema de información eficaz y formal de manera que no se transgreda el derecho de los beneficiarios. Esto únicamente se logrará si los beneficiarios están informados de esas operaciones que se denominan cuentas no reclamadas y que además no tienen movimientos en un lapso de tres años.

No omitimos comentar que el artículo 61 de la misma ley menciona que “el principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos”.

En esta última cuenta los fondos permanecerán otros tres años si éstos son menores a trescientos salarios mínimos. En caso de rebasar esta cantidad el dinero deberá ser enterado a la tesorería de la federación.

Aquí, apreciamos en la ley citada que no hay obligación alguna por parte de la institución bancaria para realizar un procedimiento transparente, de tal manera que informe detallada y con razonable frecuencia sobre estos vencimientos no reclamados. Ello, supone que el banco retiene y hace suyo el patrimonio de otras personas al no avisar de estas cuentas optando probablemente por la vía de la prescripción sin que pueda haber algún tercero interesado pues no conoce de las cuentas que sus familiares fallecidos manejaban y que eventualmente los consideran beneficiarios.

De modo que nos encontramos en una situación donde la institución bancaria no se desenvuelve en un esquema de transparencia que facilite a los beneficiarios reclamar recursos que no le pertenecen a la banca. No se cumple con la obligación de solicitar la autorización por escrito de los beneficiarios para poder acceder a esos recursos y así evitar que los fondos sean trasladados a la cuenta pública concentradora. Hay, por lo tanto, omisiones ilegales del banco por no hacer del conocimiento oportunamente a los beneficiarios de lo que les corresponde por ley.

Tampoco se tiene un acuerdo con organismos que podrían ayudar a las Instituciones bancarias a realizar este proceso de manera clara. Por ejemplo, hace falta una instancia que registre la apertura de cuenta y el momento en que ésta adquiere la calidad de inactiva, después de tres años en que no recibió ni depósitos ni retiró fondos.

Por su parte, la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros en su artículo 5 establece que “la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los usuarios”.

Por consiguiente considero que el enlace entre usuarios ye instituciones de crédito para fines de esta reforma debe recaer en la comisión bancaria y de valores y a la comisión nacional de defensa de usuarios de servicios financieros. Ambas instancias cumplen funciones de regulación sobre instituciones de crédito y financieras. Con la coordinación adecuada de estos entes públicos reguladores se pretende hacer el seguimiento de las cuentas que no tengan fecha de vencimiento o se renueven automáticamente o bien sean transferencias e inversiones vencidas y no reclamadas.

Por eso, con este proyecto de reforma se pretende instaurar un mecanismo que ha de mantener la comunicación con los beneficiarios de forma permanente a partir de que la cuenta es declarada inactiva y, por lo tanto, se debe conocer si el cuentahabiente ha fallecido y facilitar, así, el reclamo de los fondos. La institución bancaria pasará de un rol pasivo y no transparente a otro que dinamice su naturaleza de institución financiera promotora de desarrollo individual y social.

De esta manera, el procedimiento de interacción intensificará con fines de transparencia, la relación entre el banco, la institución reguladora y los beneficiarios. Este nuevo mecanismo propiciará avanzar en objetivos imperativos de que los procedimientos bancarios, crediticios y financieros se inserten en políticas soportadas en la transparencia de su funcionamiento como constante de sus operaciones. Se cambiará la tendencia a la degradación de la imagen de los actores bancarios que se reflejan como mecanismos de corrupción y despojo ante la sociedad. Esto es, se intenta iniciar el cambio de percepciones acerca de las instituciones bancarias y crediticias que deben ser organismos de servicio a los sectores sociales porque viven y dependen de los usuarios. No puede haber entonces bajo esta nueva filosofía de la relación banco - usuario un régimen sin control y sin regulación.

Al convertir al banco en un sujeto activo de información en torno a las cuentas vencidas y no reclamadas entonces se estará construyendo una nueva ingeniería administrativa y financiera con la suficiente claridad en su operación que propicie confianza en los ahorradores.

Se resolverán institucionalmente estos vacíos de información y la carencia e insuficiencia de lineamientos que respalden el derecho de los beneficiarios. Por ello, es necesario reformar algunos artículos de la ley de Instituciones de crédito y la de protección y defensa al usuario de servicios financieros para tutelar su cumplimiento.

Con estos antecedentes y razonamientos me permito presentar a ustedes el proyecto de decreto que reforma las citadas leyes para dar certeza jurídica al patrimonio de los mexicanos al dejar su dinero al cuidado de las instituciones bancarias, financieras y de crédito en los casos de fallecimiento de familiares que al momento de su muerte tienen depositados fondos ahorrados a través de los distintos instrumentos.

Artículo Primero:

Se reforman el artículo 61 y 117 De la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 61.

El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito.

Las instituciones de crédito están obligadas a informar permanentemente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de las cuentas consideradas en el párrafo anterior para facilitar el acceso a estos recursos por parte de los beneficiarios o bien llegar a la determinación de enviarlos a la beneficencia pública.

Las instituciones...

Cuando...

Los derechos derivados...

Las instituciones... estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los dos primeros meses de cada año.

Se reforman el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 117. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio.

De igual modo, se proporcionara información a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre el registro de beneficiarios de cuentas que no tengan fecha de vencimiento o que se renueven automáticamente y de transferencias o inversiones vencidas y no reclamadas

De igual manera, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Se reforma el artículo 52, párrafos 1 y 2, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo Segundo.

Artículo 52. A efecto de cumplir con el objetivo señalado en el artículo anterior, la Comisión Nacional podrá solicitar a las Instituciones Financieras, la información referente a las características generales de los distintos productos, tasas de interés y, en general, sobre los servicios que se ofrecen a los Usuarios; y de instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento o se renueven automáticamente y de inversiones vencidas y no reclamadas.

Cualquier persona que presuma que es beneficiaria de algún seguro de vida, o de una cuenta vencida podrá acudir a la Comisión Nacional a solicitar información que le permita saber si es beneficiaria de uno o varios seguros de vida y/o cuentas vencidas ya sean individuales o colectivos, incluyendo aquellos que se obtienen por la contratación de productos y servicios financieros.

La comisión Nacional mantendrá y operará el sistema de información con los beneficiarios de las cuentas citadas en este artículo y no reclamadas previstas en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de haberse publicado en el diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de mayo de 2013.

Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica)

Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 8 de 2013.)

Que crea el Instituto Cultural Octavio Paz, presentada por la diputada Adriana González Carrillo, en nombre propio y de las senadoras Gabriela Cuevas Barron y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

Las que suscriben, diputada Adriana González Carrillo, senadora Gabriela Cuevas Barrón, y senadora Laura Angélica Rojas Hernández integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la iniciativa de Ley para crear el Instituto Cultural Octavio Paz, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde finales del siglo XIX, México ha venido desarrollando actividades de diplomacia cultural de gran envergadura. Mediante la participación en ferias mundiales, una tradición que afortunadamente perdura hasta nuestros días, nuestro país difundió la historia, las costumbres, las artes y en suma los elementos identitarios que por décadas han sido parte de nuestra carta de presentación en el mundo. Nuestra diplomacia cultural, desde hace mucho tiempo, tiene un perfil reconocible y específico. Múltiples rasgos de nuestra personalidad como sociedad, de nuestras expresiones artísticas, de la historia de nuestra cultura están grabados de manera indeleble en el imaginario colectivo de las audiencias internacionales. Nuestra gastronomía, reconocida ya por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, los acordes de nuestra música, la riqueza de nuestra arquitectura colonial, los vestigios físicos e inmateriales de nuestro pasado prehispánico, el legado y la obra de nuestros intelectuales, y un sinnúmero de manifestaciones similares son ampliamente reconocidas en el mundo por ser grandes aportaciones de nuestro país a la cultura universal.

La diplomacia cultural, sin embargo, no siempre ha contado con una política pública, integral y formal, que coordine la presencia cultural nacional en el extranjero. Uno de los primeros antecedentes sobre el particular lo encontramos la estrategia de cultura y educación definida por el entonces secretario del ramo José Vasconcelos que se tradujo en algunos de los primeros intercambios académicos y misiones culturales en el exterior en las décadas de los años veinte y treinta del siglo pasado. Conforme el Estado Mexicano consolidaba sus grandes instituciones culturales como El Fondo de Cultura Económica en los treinta, El Colegio Nacional en los cuarenta y eventualmente la Subsecretaría de Cultura en los años cincuenta, comenzaron a intentarse distintos mecanismos para la difusión en el extranjero del acervo cultural y el patrimonio histórico del país.

El primer intento serio por hacerlo, de acuerdo con especialistas en esta materia, tuvo lugar en la primera mitad de la década de los setenta bajo la administración de Luis Echeverría. El activismo mexicano en foros internacionales tuvo también una expresión importante en materia de diplomacia cultural con la creación de institutos y centros culturales de México en el exterior, especialmente en los Estados Unidos y en dos capitales europeas de gran importancia para la actividad cultural y artística: Madrid y Paris. Fue el periodo precisamente en que México construyó algunos de los museos más emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Artes Moderno y también el periodo en que se crea una Dirección encargada de los asuntos culturales al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No obstante con la crisis de la deuda, la diplomacia cultural de México redujo considerablemente su actividad.

En consecuencia, el segundo intento no llegaría sino hasta la administración del presidente Zedillo donde se destaca la creación del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional. Buena parte de la agenda de esta nueva agencia tenía que ver precisamente con el quehacer de los artistas mexicanos y con programas de cooperación educativa y cultural. Fue en ese sexenio también cuando se organizaron algunas de las exposiciones más importantes de cultura mexicana en el extranjero de las que se tenga memoria en el pasado reciente. Baste citar las exposiciones “Teotihuacán: una ciudad cosmopolita del México antiguo” en Portugal y Colombia, “Grandes maestros del arte moderno mexicano” en Japón, “Miradas cruzadas: Frida y Diego” en Francia y “José Clemente Orozco” en Estados Unidos.

No obstante, con el arribo de la alternancia política en la Presidencia de la República la diplomacia cultural cobró una nueva relevancia. La idea de proyectar al mundo una imagen distinta de México – democrático, con libertades y voluntad de transformación- encontró en la diplomacia cultural una herramienta sin precedentes. Luego de que la Dirección General de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores pasó a depender directamente del Canciller –lo cual demostraba su prioridad- se creó el “Instituto de México” como órgano desconcentrado de la Secretaría con el objetivo de promover y difundir a través de los institutos culturales de México en el exterior la cultura, la lengua, el arte, la educación y muchas otras manifestaciones culturales de nuestro país. Se procedió por tanto a la estructuración jurídica del nuevo Instituto con la adaptación de los centros culturales mexicanos en algunos países y se les transformó en instituciones que como las Fundaciones, Consejos e Institutos de países europeos arrancaron programas amplios de promoción de la lengua.

La intención era unificar la promoción de las labores de los centros culturales mexicanos bajo un mismo marco jurídico y, al mismo tiempo, incorporar a artistas, intelectuales y gestores culturales en las tareas diplomáticas. Fueron en total 22 artistas e intelectuales quienes como representantes culturales de México se encargaron de, por ejemplo, entre diciembre del 2011 y noviembre del 2012, producir 1045 proyectos culturales de distinta naturaleza en el exterior. Durante este año, por ejemplo, se realizaron 121 exposiciones de arte mexicano en el mundo. Se llevó la obra de Frida Kahlo a Italia, una magna muestra de la cultura maya a China, así como la exposición más importante de la cultura azteca jamás realizada en el exterior al Reino Unido. De acuerdo con distintos testimonios, ésta actividad cultural empezaba ya cosechar un cambio significativo en la percepción internacional de México.

Desafortunadamente, las administraciones siguientes abandonaron este importante proyecto. Faltó tiempo para que la estructura institucional se consolidara, recursos suficientes y capacidad de persuasión sobre la importancia que este rubro supone para la consecución de nuestros objetivos de política exterior. Durante la administración del Presidente Calderón hubo un esfuerzo para reactivar actividades de promoción cultural que se desarrolló esencialmente mediante 47 programas bilaterales en materia de educación artística, radio, cinematografía, televisión y medios audiovisuales. Asimismo, se reforzó la participación activa de México en foros internacionales de índole cultural –como el Encuentro de Ministros de Cultura y responsables de las políticas culturales de América Latina y el Caribe, la Comisión Mexicana de Cooperación con América Central, el Grupo de Alto Nivel de la UNESC, ente otros- así como el apoyo a los centros académicos de estudios sobre México en distintas universidades del mundo.

Luego de la creación reciente de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la puesta en marcha de la Agencia Mexicana de Cooperación parece que ha llegado el contexto idóneo para recuperar un gran proyecto en esta materia. A través de nuestra historia hemos identificado la importancia que tiene la diplomacia cultural como instrumento privilegiado de nuestra política exterior. Somos testigos de la manera en que la cultura mexicana es bien recibida en el mundo sin que esto necesariamente se traduzca en una mejora sustancial de nuestra imagen en esos países ni tampoco sea un elemento que abone al cumplimiento de nuestros objetivos de política exterior.

La diplomacia cultural, como tema de cooperación, pero también como tema de opinión pública, influencia y poder blando (soft power ) necesita ser recuperado en el entendido de que nunca como ahora necesitamos de estrategias de promoción integral de México, su diversidad y su riqueza, su amplísima oferta cultural y su inagotable aportación al patrimonio mundial. A la manera de la Alianza Francesa y el Instituto Francés para América Latina de Francia, del Instituto Cervantes y la Fundación Carolina de España, del Instituto Goethe de Alemania, del British Council del Reino Unido y del Instituto Dante Alighieri de Italia México necesita un Instituto de la cultura mexicana en el extranjero que coordine los esfuerzos de múltiples entidades públicas y privadas en la búsqueda del mismo objetivo. No se trata, de ninguna manera, de una aspiración exclusivamente reservada a países plenamente desarrollados. Países como Brasil, Turquía o la India han venido haciendo esfuerzos similares y con resultados muy significativos. Lo han hecho mediante un esfuerzo de coordinación y cooperación que les ha permitido, por ejemplo, centralizar estrategias de difusión cultural para sus distintos centros e institutos culturales en el exterior, cooperar estrechamente con sus comunidades en el exterior para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos culturales así como negociar convenios y programas bilaterales y multilaterales de cooperación educativa, artística y cultural. Esto es precisamente lo que México tiene como tarea pendiente y como asignación de la mayor importancia para diseminar una imagen del país mucho más convergente con la realidad que vivimos. Los vínculos culturales entre pueblos y naciones, conviene recordar, permiten y condicionan el tono y la profundidad de muchos otros acercamientos de distinta índole. México tiene todo para volver a desplegar una estrategia de diplomacia cultural que contribuya a ubicarle en el lugar que le corresponde en el mundo y que fomente espacios para compartir nuestra creación artística y nuestra idiosincrasia más allá de las fronteras.

Por otra parte, recuperar el proyecto original de los “Instituto de México” cambiando su nombre por el de “Instituto Cultural Octavio Paz” no es de ninguna manera una ocurrencia. Esta idea fue planteada originalmente por Gabriel Quadri, ex candidato presidencial de Nueva Alianza durante el pasado proceso electoral de 2012 para reconocer al gran escritor y poeta mexicano Octavio Paz. Desde nuestra perspectiva, fue un gran acierto proponer su nombre no sólo porque evoca a uno de los intelectuales mexicanos, de proyección universal, con mayor reconocimiento en el mundo y desde luego a un mexicano distinguido con el Premio Nobel de Literatura. Con Octavio Paz estamos en presencia de un intelectual que incursionó con gran éxito en la diplomacia y específicamente en la promoción cultural dentro y fuera de nuestro territorio. Por si fuera poco, el mundo se apresta a conmemorar 100 años del natalicio de Octavio Paz en marzo del 2014. Resultaría inmejorable, a partir de la creación del Instituto Cultural Octavio Paz, el homenaje a este gigante de las letras y de la divulgación de nuestra cultura y nuestra literatura en el mundo. México cuenta con un patrimonio histórico, un bagaje cultural y un carácter creativo y artístico que lo coloca ya como una potencia cultural de alcance internacional. En la política exterior, tenemos una herramienta extraordinaria para fortalecer esta posición y para atraer a la opinión pública internacional alrededor de nuestra milenaria, rica y diversa cultura.

Por lo anterior someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se crea el Instituto Cultural Octavio Paz

Ley del Instituto Cultural Octavio Paz

Artículo 1. La presente ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional, y se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Esta Ley tiene por objeto otorgar un instrumento jurídico al Poder Ejecutivo Federal que permita instrumentar y coordinar la política de diplomacia cultural.

Los objetivos de promover y difundir en el exterior la cultura, la lengua, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología, así como otros rasgos de la idiosincrasia, la historia y el presente de la sociedad mexicana estarán a cargo de un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal que dependerá de la Secretaria de Relaciones Exteriores y colaborará para ello con las representaciones diplomáticas que tienen los Estados Unidos Mexicanos en el exterior.

Artículo 2 . La conducción de la diplomacia cultural estará a cargo de un organismo desconcentrado de la Secretaría, en términos de su reglamento.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. El Instituto: El Instituto Cultural Octavio Paz

II. Diplomacia Cultural: Las acciones de política exterior instrumentadas con el objetivo de proyectar y promover el patrimonio artístico, los activos culturales y los elementos de identidad, idiosincrasia, tradición, costumbres y estilos de vida de México en el mundo.

III. Consejo Técnico: Consejo Técnico del Instituto Cultural Octavio Paz

IV. Director General: Director General del Instituto Octavio Paz

V. Secretaría: Secretaría de Relaciones Exteriores

VI. Programa: El programa anual de Diplomacia Cultural emitido por el Instituto Cultural Octavio Paz.

Capítulo I
Del Instituto Cultural Octavio Paz

Artículo 4. Se crea el Instituto Cultural Octavio Paz como órgano desconcentrado de la administración pública federal y encargado de la Diplomacia Cultural. Contará con autonomía técnica y de gestión, en términos de esta Ley y de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría, y dispondrá de los recursos materiales y humanos aprobados en términos de las disposiciones aplicables, así como de recursos financieros conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 5. El Instituto Cultural Octavio Paz será el encargado, a través de las sedes del mismo en el exterior, de promover y difundir en el mundo la cultura, la lengua, el arte, la ciencia y la tecnología y en general la producción artística y el patrimonio cultural, tangible e intangible, así como los elementos de identidad, idiosincrasia, tradición, costumbres y estilos de vida de nuestro país.

Artículo 6. El Instituto contará con un Director General que será nombrado por el Presidente de la Republica.

A su vez, cada sede del Instituto en el exterior contará con un Representante que se encargará de encabezar las funciones operativas y dar cumplimiento al Programa de Trabajo que, en cada caso, y previamente a su designación, apruebe el Consejo Consultivo del Instituto.

Artículo 7. El Director General del Instituto deberá ser una persona vinculada a la cultura mexicana y sus distintas expresiones, con sólidos conocimientos y experiencia en el campo de las Relaciones Internacionales, la Diplomacia Cultural o la Diplomacia Pública e idealmente con capacidad probada en la administración de las industrias culturales desde el ámbito público o privado.

Articulo 8. El Director General del Instituto, durante el ejercicio de su encargo, no podrá ocupar ningún otro empleo, cargo o comisión que sean remunerados, con excepción de los de carácter docente o científico.

Artículo 9. El Director General tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer políticas, lineamientos y procedimientos técnico administrativos, que deban regir las actividades del Instituto.

II. Acordar y suscribir convenios y contratos respecto del Instituto, de conformidad con esta Ley, disposiciones y lineamientos que fijen las Secretaria.

III. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuente el instituto.

IV. Coordinar las actividades de las respectivas sedes en el exterior del Instituto Cultural Octavio Paz.

V. Coordinar la elaboración del Programa Anual y su ejecución con el apoyo de las Embajadas y representaciones diplomáticas de México en el exterior.

VI. Celebrar convenios de participación con Instituciones culturales, artísticas y educativas, ya sean nacionales o internacionales, para la consecución de proyectos educativos, de difusión y de promoción de la cultura mexicana en las distintas sedes en el exterior del Instituto Cultural Octavio Paz

VII. Presidir el Consejo Consultivo del Instituto.

VIII. Proponer al Consejo Consultivo a los representantes del Instituto que encabezarán las representaciones del Instituto en el exterior.

IX. Las demás que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. El Instituto contará con un Consejo Consultivo que tendrá como objeto contribuir en la formulación del Programa Anual de Diplomacia Cultural, así como de las políticas públicas en esta materia.

Articulo 11. El Consejo Consultivo estará integrado por un representante de las Secretarías, dependencias públicas e instituciones que se mencionan a continuación quienes tendrán derecho a voz y voto:

a) Secretaría de Relaciones Exteriores;

b) Secretaría de Gobernación;

c) Secretaría de Educación Pública;

d) Secretaría de Turismo;

e) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;

f) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

g) Universidad Nacional Autónoma de México;

h) Diez vocales vinculados a la cultura y las artes, que serán nombrados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuidando la paridad de género; así como

i) Tres funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Artículo 12. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer del Programa y contribuir en su debida integración;

II. Formular propuestas sobre proyectos y programas específicos de Diplomacia Cultural;

III. Gestionar la apertura y puesta en marcha de las sedes del Instituto Cultural Octavio Paz en el exterior así como la adecuación de centros culturales preexistentes bajo la nueva estructura del Instituto.

IV. Sesionar con la mayoría de sus integrantes, por lo menos dos veces al año, y en forma extraordinaria cuando existan asuntos de especial interés en la materia de su competencia.

V. Aprobar los nombramientos de los representantes del Instituto en el exterior a partir de lo dispuesto en el numeral VIII del artículo 9 de este ordenamiento.

VI. Ocuparse de los asuntos que le corresponda examinar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 13. Las convocatorias ordinarias o extraordinarias a sesiones, se harán a través del Director General del Instituto, que a su vez lo será también del Consejo Consultivo.

Capítulo II
De la Diplomacia Cultural

Artículo 13. La diplomacia cultural es un importante eslabón de la política exterior de México y especialmente de la política de cooperación internacional para el desarrollo. De ahí que nuestro país requiera contar con políticas públicas en esta materia mismas que, mediante la coordinación con todas las instancias del Estado Mexicano implicadas en su desarrollo, promuevan en el exterior los valores históricos, culturales y artísticos que nutren la identidad mexicana, la obra de intelectuales y creadores así como todas las manifestaciones actuales de nuestras tradiciones y vanguardias.

Artículo 14 . Para la elaboración de una Diplomacia Cultural que permita alcanzar los objetivos planteados en esta Ley, deberán contemplarse los siguientes aspectos:

I. La política de difusión cultural del país en el exterior deberá ser parte integral de la política cultural definida en el Plan Nacional de Desarrollo y deberá orientarse igualmente tanto por los principios constitucionales de política exterior establecidos en el artículo 89 fracción X de nuestra Carta Magna como por los principios de protección de los bienes culturales y el patrimonio cultural avalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

II. La política de diplomacia cultural deberá también ser coincidente, complementaria y coadyuvante de la orientación que adopte y las prioridades que formule la política de cooperación internacional para el desarrollo.

III. Entre otros contenidos, el Programa anual del Instituto deberá contemplar programas académicos para la enseñanza del idioma español, de las distintas lenguas indígenas, así como del arte y la cultura mexicana en el exterior.

IV. La difusión en el exterior de la producción artística y el patrimonio cultural, tangible e intangible, así como los elementos de identidad, idiosincrasia, tradición, costumbres y estilos de vida de nuestro país serán parte central de la agenda de diplomacia cultural.

Capítulo III
Del Financiamiento de la Diplomacia Cultural

Artículo 15. La Diplomacia Cultural se financiará con asignaciones presupuestales federales, y por aportaciones financieras y en especie de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de particulares.

Capítulo IV
Del Fondo Nacional para la Diplomacia Cultural

Artículo 16. El Fondo Nacional para la Diplomacia Cultural se integrará con las asignaciones presupuestales federales para programas de Cooperación Educativa y Cultural y por las aportaciones enunciadas en el artículo 15 de este ordenamiento.

Artículo 17. Los recursos del Fondo tendrán como destino la consecución de los objetivos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, para sufragar entre otros, los siguientes costos:

I. Capacitación de funcionarios para el ejercicio de las acciones de Diplomacia Cultural;

II. Movilización a terceros países de las personas a las que se refiere la fracción anterior; y

III. Adquisición de materiales didácticos para respaldar las acciones de Diplomacia Cultural.

IV. Adquisición de espacios físicos adecuados, material de trabajo y personal para las oficinas del Instituto en el exterior.

V. Participaciones en Ferias Mundiales, muestras nacionales y exposiciones.

Artículo 18. El Fondo Nacional para la Diplomacia Cultural podrá ser receptor de recursos externos destinados a proyectos específicos de Diplomacia Cultural y, en su caso, efectuará la transferencia de los mismos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de su ejecución, con apego a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos en la materia.

Artículo 19. El Fondo Nacional para la Diplomacia Cultural se administrará mediante un fideicomiso constituido conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, considerando que la materia constituye una prioridad estratégica tanto para la difusión cultural como para la política exterior de México.

Artículo 20. El Comité Técnico y de Administración del fideicomiso estará integrado por representantes de la secretaria, del Instituto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 21. El Instituto, por conducto de la Secretaria, presentara a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Publica un informe anual sobre los recursos financieros recibidos y aplicados directamente por el propio Instituto.

Artículo 22. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública intervendrán, en el marco de sus respectivas competencias, para evaluar y fiscalizar la gestión de los flujos financieros realizados directamente por el Instituto.

Transitorios

Artículo Primero . El presente decreto entrara en vigor a los diez días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El instituto Octavio Paz a que se refiere la presente ley, deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a su entrada en vigor, mediante la reasignación de los recursos de todo tipo que se destinan actualmente a las tareas de cooperación cultural en la estructura y presupuesto de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Artículo Tercero. El programa a que se refiere esta ley, deberá ser integrado y publicado dentro de los 120 días que sigan a la constitución del Instituto Cultural Octavio Paz.

Artículo Quinto. El Fondo Nacional para la Diplomacia Cultural a que se refiere la presente ley, deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a la constitución del Instituto, integrando como recursos semilla aquellos que ya forman parte del presupuesto, como los que se destinan actualmente a las tareas de cooperación cultural en la estructura y presupuesto de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Artículo Sexto . La Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los 100 días siguientes a la aprobación de la ley en la materia, propondrá al Ejecutivo Federal la adecuación del reglamento interior que la rige, a fin de incluir el instituto para la Diplomacia Cultural como órgano desconcentrado y señalar las atribuciones que esta ley le confiere.

Artículo Séptimo . La Secretaria de Relaciones Exteriores, una vez promulgada la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, le destinara al Instituto los recursos presupuestales que le hayan sido asignados en el ejercicio fiscal en curso, a fin de iniciar sus trabajos en el tiempo señalado en este capítulo.

Artículo Octavo . El personal de la Secretaria de Relaciones Exteriores que, en aplicación de esta ley pase a formar parte del Instituto, incluido el perteneciente al Servicio Exterior Mexicano, en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con la Administración Pública Federal.

Artículo Noveno . Si alguna unidad administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores pasa a formar parte del Instituto, el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, archivo y, en general, el equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al 8 de mayo de 2013.

Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica)

Senadora Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica)

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía. Mayo 8 de 2013)

Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

El suscrito, Ernesto Núñez Aguilar, diputado a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En la LXI Legislatura se propiciaron cambios significativos al marco del orden jurídico mexicano, prueba de ello es la modificación acontecida sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, sobre el artículo 3o. constitucional.

En aquella ocasión se instauró la obligación del Estado de propiciar todos los elementos necesarios para generalizar la educación media superior. De ese modo, todos los mexicanos tendrán la obligación de cursar los sistemas educativos que van desde la enseñanza preescolar hasta la equivalente de bachillerato.

Sin embargo, se reconoció, como debe ser, un periodo para implantar dicha transformación legal, plasmado en el artículo segundo transitorio del decreto referenciado, el cual propicia un tiempo de 10 años para efectuar la totalidad de la reforma constitucional de mérito.

En este marco, es necesario y conveniente actualizar todo el orden normativo vinculado con la exigencia constitucional, de proveer educación hasta el nivel medio superior.

Por lo anterior, con esta iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México comienza un proceso legislativo para modernizar la Ley General de Educación.

Argumentación

Es innegable que las disposiciones generales se han estado adaptando a las exigencias reclamadas por la sociedad. En este entorno es propicio reconocer los retos de todos nosotros como legisladores, para continuar generando los elementos necesarios para asegurar la optimización del país.

Por ello deben generarse las transformaciones sociales a través de ideas novedosas para mitigar las necesidades impuestas por los tiempos presentes; en este sentido es ineludible el deber de adecuar el marco normativo, lo cual pasa desapercibido en muchas ocasiones, tal y como está sucediendo con el actual caso de los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación, los cuales no engarzan sistemáticamente con la Constitución federal.

La redacción actual del artículo 3o. de la Ley General de Educación es la siguiente:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

De igual modo, el artículo 4o. expresa:

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria y la secundaria.

En este sentido, se concluye que la actual regulación legal federal no es compatible con la nueva redacción del dispositivo tercero, pues éste en su párrafo primero determina:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Como se aprecia, se incluyó en el artículo 3o. de la ley suprema del país la frase “y media superior”, donde la preposición y proporciona un carácter conjuntivo de la obligación de impartir educación hasta ese nivel formativo a todas las personas.

Por esas razones resulta menester de todos los legisladores generar una reforma actualizadora que sistematice lo legal a lo constitucional.

La reforma pretendida debe declararse procedente por los beneficios que se generarán, como éstos:

1. Coherencia normativa, reflejada en una sola idea argumentativa, la educación desde el preescolar hasta el nivel medio superior, lo cual se apreciaría en la Constitución y en la ley federal de la materia.

2. Posibilidad de la reglamentación en la materia: La facultad reglamentaria está reconocida en la fracción I del artículo 89 constitucional, conferida solamente al presidente de la República, siendo estos documentos las directrices de los servidores públicos para la adecuada aplicación de las disposiciones generales; sin embargo, no puede existir un reglamento si no existe materia a regular; es por ello que si se genera la modificación propuesta en este escrito sobre la Ley General de Educación, el ámbito ejecutivo tendrá entonces competencia para establecer los medios operativos oportunos para arribar a la meta deseada, de lo contrario no existirá un vínculo auténtico para materializar la norma.

3. Asignación de recursos presupuestales: Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar y, en su caso, aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y sin duda alguna el tema de asignar recursos para implantar la educación media en todo el universo de mexicanos, debe estar presente en las discusiones y que mejor modo si se realiza con su absoluto reconocimiento en la ley.

Por lo anterior ofrecemos la siguiente redacción de dos artículos de la Ley General de Educación:

Propuesta de ordenamientos por modificar

Ley General de Educación:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior .

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen los sistemas educativos de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Fundamentación de la procedencia de la iniciativa

Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación

Decreto

Único. Se reforman los artículos 3o. y 4o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Ley General de Educación

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen los sistemas educativos de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, atendiendo las consideraciones explicitadas en el artículo segundo transitorio del decreto de fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 9 de febrero de 2012, por virtud del cual se modificó el artículo 3o. constitucional.

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de mayo de 2013.

Diputado Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Mayo 8 de 2013.)

Que crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País, presetada por Ricardo Monreal Ávila, en nombre propio y de Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por cajas de Ahorro en el País al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las cajas populares son instituciones financieras denominadas jurídicamente “Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”, que requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar, y responden a las necesidades de un amplio sector de la población que no tiene acceso a la banca tradicional.

Cuando nos referimos a estos organismos financieros no hablamos simplemente de bancos o bancas tradicionales, donde una persona puede solicitar préstamos, ahorrar dinero o invertir fondos.

En México existen dos figuras a las que pueden pertenecer las cajas populares: 1) Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), las cuales operan sin fines de lucro y están integradas por personas físicas con intereses comunes, cuyo objeto es realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios para satisfacer necesidades individuales y colectivas, con la intención de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familiares.

En teoría, las SCAP implican un grado mayor de seguridad para sus socios, ya que existe una cobertura por socio ahorrador en caso de que la cooperativa declare su disolución y liquidación, pero muchas operan al margen de la ley, lo que dificulta la ejecución de algún tipo de seguro que salvaguarde sus ahorros.

2) Las Sociedades Financieras Populares son aquellas que sí se manejan para obtener algún beneficio, basándose en el ahorro y el crédito popular.

Éstas deben regirse por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley de Sociedades Mercantiles, teniendo como finalidad el ofrecimiento de servicios financieros a personas que se encuentran excluidas de los sistemas tradicionales de crédito.

Desafortunadamente, la poca vigilancia por parte de las instituciones encargadas y el vacío legal que existe en la materia, han permitido que en los últimos 10 años, más de 200 mil ahorradores sufran fraudes por cajas de ahorro en todo el país.

Como consecuencia, en los últimos años en México, se ha presentado de manera exponencial un incremento en el número de fraudes financieros por parte de instituciones de ahorro, afectando de manera directa la economía de las familias mexicanas de clase media y baja principalmente.

Entre los beneficios que ofrecen estas “cajas de robo” para atraer a sus clientes se encuentran jugosos intereses y rendimientos superiores a los de las instituciones financieras, captando de este modo la atención de los sectores de la población con bajos ingresos que no cuentan con acceso a servicios bancarios.

Muchas personas recurren a ellas porque representan una oportunidad para aumentar sus ahorros de una forma segura y directa dentro del terrible panorama económico por el que atraviesa nuestro país.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que revelan que en la República Mexicana existen mil 407 municipios que no cuentan con ninguna sucursal bancaria, lo que aumenta la cifra de personas que ahorran en las mencionadas cajas.

La impunidad con la que operan las sociedades cooperativas de ahorro pone de manifiesto las omisiones cometidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que son ellas las que tienen la obligación legal de intervenir en el control, inspección y vigilancia de empresas que operan ofreciendo servicios financieros, tal y como lo establecen las fracciones XVI y XVII del artículo 4, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a la letra dice:

Artículo 4. Corresponde a la Comisión:

...

XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables.

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus oficinas;

De las 850 cajas de ahorro, sociales y privadas, que prestan servicios en el país, tan sólo 99 cuentan con la autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mientras que el resto se encuentran en proceso de autorización o carecen de registro; de ellas, 598 operan como cajas populares, pero solamente 59 están autorizadas.

Es evidente que en nuestro país la mayoría de las sociedades cooperativas de ahorro trabajan al margen de la ley, debido a un vacío legal que les permite seguir operando con toda impunidad.

Es innegable la falta de aplicación de castigos por parte de la autoridad, al no poder ejecutar las investigaciones oportunas y al permitir que se sigan incrementando los fraudes por montos millonarios.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, son las sociedades financieras de objeto múltiple o Sociedades Financieras Populares (Sofipo), las que reciben un mayor número de multas.

Datos del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca revelan que, en los últimos años, tan sólo en ese estado, se han perpetrado más de 86 fraudes, los cuales afectan a más de 50 mil oaxaqueños, con un monto que asciende a los 5 mil millones de pesos.

Entre las regiones que presentan el mayor porcentaje de denuncias por fraude en dicha entidad federativa, se encuentran: la zona de la mixteca, con 57 por ciento; Valles Centrales, con 29 por ciento; Cañada, con 12 por ciento; Istmo, con 1 por ciento y Costa, con 1 por ciento.

Mientras que en Oaxaca la pobreza orilla a la gente a recurrir a estos instrumentos, en otros estados, como Puebla, se observan 17 mil denuncias a 21 empresas que han defraudado a usuarios, lo cual representa un monto de 2 mil millones de pesos.

Por lo anterior, la atención a este problema, que aqueja a miles de personas, debe representar una tarea prioritaria por ejecutar, debido a que el panorama económico que se avecina es inestable para las miles de familias que han perdido sus ahorros en este tipo de cajas.

Es con base en lo argumentado que resulta de suma importancia que se resuelva el problema de manera inmediata, a través de la creación de un fideicomiso para el pago de personas que perdieron sus ahorros y patrimonio familiar, debido a los fraudes y malos manejos cometidos por instituciones de ahorro y crédito.

Vale la pena mencionar otros rescates implementados por el Gobierno Federal que no han cumplido con el propósito de su creación, como el bancario, el carretero y recientemente el de la “Banda Ancha 2.5 GHz; con el afán de evitar que este intento por ayudar a los más necesitados termine en la misma situación.

Es por lo previo que consideramos que la creación de un Fideicomiso que otorgue a los defraudados, que demuestren haber sido víctimas, un apoyo social, a través de una aportación inicial del gobierno federal de 2 mil millones de pesos y de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de los años subsecuentes, resulta no sólo deseable sino urgente.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley que crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País

Artículo Único. Se expide la Ley que crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País, para quedar como sigue:

Ley que Crea el Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País

Artículo 1o. El Ejecutivo federal constituirá el Fideicomiso que administrará el Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País.

El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a las víctimas de fraudes financieros suscitados en las entidades federativas del país y el Distrito Federal, por sociedades financieras y de servicios.

Artículo 2o. Para efectos de esta ley se entenderá por:

Beneficiarios. Las victimas de fraudes financieros ocasionados por sociedades financieras y de servicios, o en su caso, sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a que se refiere el artículo 6° de la presente ley;

Fideicomitente. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Fiduciaria. La institución de crédito con la que el fideicomitente celebre el fideicomiso en términos de la presente ley;

Ley. La Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País;

Fideicomiso. El fideicomiso constituido de conformidad con lo dispuesto por la presente ley, y

Comité Técnico. El comité técnico del fideicomiso a que se refiere el artículo 3o. de la presente ley.

Artículo 3o. El fideicomiso contará con un comité técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación; y como invitado permanente, un representante del Poder Legislativo. Por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias.

El Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 4. El Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el País, que será el patrimonio administrado por el fideicomiso, se constituirá por:

I. Una aportación inicial del gobierno federal de 2 mil millones de pesos;

II. Los recursos que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 y en los años subsecuentes;

III. Los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo;

IV. Las aportaciones que a título gratuito, realicen los estados y el gobierno del Distrito Federal en términos de los convenios de colaboración que estos suscriban con la Fiduciaria de conformidad con lo previsto en la presente ley;

V. Los bienes que se aporten al fondo, y

VI. Los demás que por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines.

El patrimonio del fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, así como con las aportaciones que realicen los gobiernos de los estados y el gobierno del Distrito Federal.

Las actividades realizadas en ejecución de la finalidad del Fideicomiso únicamente estarán respaldadas por los recursos aportados al Fondo Público para la Defensa y Protección de los Defraudados por Cajas de Ahorro en el país, con los límites y en los términos previstos en esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar esas operaciones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto al cumplimiento del objeto del Fideicomiso.

Artículo 5o. El comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:

I. Establecer las reglas de operación por las cuales se regirá el cumplimiento del fin del Fideicomiso;

II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo, por la cantidad base que establezca el Reglamento;

III. Otorgar los apoyos, con base en las reglas de operación que al efecto se emitan debiendo observar en todo caso el siguiente orden de prelación:

Los defraudados que acrediten su estado de enfermedad terminal mediante un certificado médico emitido por una institución de salud pública;

Se deberá dar preferencia a las personas de mayor edad respecto a las de menor edad, y

De estas personas a aquellas que acrediten haber presentado querella con anterioridad.

IV. Decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración que se realicen sobre los recursos a que se refiere el artículo 4o. de esta ley;

V. Acatar lo dispuesto en materia de transparencia y vigilancia de los recursos públicos del Fideicomiso, de acuerdo a la normatividad en la materia, con el propósito de que los recursos del Fideicomiso se apliquen en forma transparente;

VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y demás actos jurídicos que puedan derivar en afectaciones para el patrimonio del Fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;

VII. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso;

VIII. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la Fiduciaria sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;

IX. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso se destinen al cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en las disposiciones administrativas;

X. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fideicomiso, comunicando por escrito dichas reglas y resoluciones a la Fiduciaria;

XI. Instruir mediante oficio a la Fiduciaria acerca de las personas a quienes deba conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuando el (los) mandatario(s) podrá(n) delegar sus facultades a terceros;

XII. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al Fideicomiso;

XIII. Ejercer y destinar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, recursos económicos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones que le impone la presente ley, y

XIV. Promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios.

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento las personas defraudadas o sus cónyuges o concubinas, o hijos o hijas, o en caso de no existir los anteriores, sus legítimos herederos declarados en sentencia emitida por autoridad judicial competente, que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

Que cumplan con la presentación de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional) que los acredite como ciudadanos mexicanos.

Que cumplan con la presentación de la denuncia por fraude.

Que acrediten haber sido defraudados por las sociedades financieras y de servicios que determine el Comité Técnico.

IV. Tratándose de un beneficiario distinto a la persona defraudada, la documentación probatoria deberá ser:

1. Para el cónyuge sobreviviente:

a) Los documentos mencionados en la fracción I de este artículo.

b) Identificación oficial.

c) Acta de matrimonio.

d) Acta de defunción del defraudado.

2. Para los hijos e hijas:

a) Los documentos mencionados en la fracción II de este artículo.

b) Identificación oficial.

c) Acta de defunción del defraudado y de su cónyuge.

d) Acta de nacimiento.

e) Resolución judicial en que conste el nombramiento de albacea, o carta de común acuerdo entre hermanos, especificando el beneficiario.

3. Para la concubina:

a) Los documentos mencionados en los incisos b) a e) del numeral 2 de esta fracción.

4. Para los legítimos herederos:

a) Los documentos mencionados en la fracción III de este artículo.

b) Identificación oficial.

c) Acta de defunción del defraudado.

d) Resolución judicial en que conste la calidad de legítimo heredero

Artículo 7o. La aplicación de los recursos destinados al cumplimento de los fines del fideicomiso por parte de la federación, se hará al día siguiente de la publicación de las Reglas de Operación a que se refiere el artículo 5o. de esta ley.

Podrán formalizarse convenios con las entidades federativas y el Distrito Federal con el propósito de incrementar el patrimonio de este fideicomiso.

Artículo 8o. La relación de las aportaciones que realice el fideicomiso a los beneficiarios en términos de esta ley, deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y publicitada en los medios de comunicación a cargo de los tiempos oficiales de los que dispone el Estado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Reglamento de la presente ley deberá ser expedido en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales contados a partir de la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El Comité Técnico deberá publicar las reglas de operación a que se refiere el artículo 5o. fracción I, a más tardar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la suscripción del fideicomiso a que se refiere esta ley.

Cuarto. El Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Gobierno; un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente.

Quinto. Al concluir el proceso de entrega del apoyo a que se refiere esta ley, el Ejecutivo federal deberá iniciar el proceso de extinción del fideicomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. Si al término de la operación del fideicomiso, existieran remanentes de recursos públicos, estos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación. Una vez que se haya extinguido el fideicomiso, la presente ley perderá su vigencia.

Diputados: Ricardo Monreal Ávila (rúbrica) y Ricardo Mejía Berdeja.

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 8 de 2013.)

Que modifica y adiciona el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, recibida de los diputados Adán David Ruíz Gutiérrez, José Luis Flores Méndez, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez y Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

Los suscritos, Adán David Ruíz Gutiérrez, José Luis Flores Méndez, Miguel Alfonso Vildosola Lacarra, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez y Ricardo Medina Fierro, diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente iniciativa, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Exposición de Motivos

El robo de cables eléctricos o de fibra óptica es un delito que afecta gravemente la economía nacional y lastima el bienestar social de las comunidades en las que ocurre, ya que pueden pasar días enteros sin servicios de energía eléctrica, de telefonía o de internet.

Se trata de un delito de cuello blanco y de los más organizados. En un extremo tenemos a cientos de personas de muy escasos recursos que se dedican a sustraer cables, dos metros acá, cien allá. Las chatarrerías se los compran y lo almacenan. El tercer escalón son las fundiciones, donde tienen calderas gigantes de más de 1.200 grados para transformarlos.

El tema es tan preocupante para la población, que se suele quedar sin línea telefónica o energía eléctrica, como para la Comisión Federal de Electricidad que debe reponer el costoso material.

Para las empresas de teléfonos y de otros servicios transmitidos por cables de cobre o de fibra óptica, esta actividad delictiva representa una seria amenaza y significativas pérdidas económicas ocasionadas por el perjuicio a los usuarios, el costo de reposición de los materiales y el tiempo de reinstalación.

Lamentablemente, en los últimos años, este delito se ha incrementado en todas las poblaciones del estado de Baja California, donde el robo de alambre conductor de energía eléctrica, de alta y baja tensión, así como de fibra óptica, está afectando a los habitantes de la ciudad y de las zonas rurales que permanecen sin luz, hasta que se detectan las zonas directamente afectas y se efectúan las reparaciones necesarias. De igual forma, se afectan los sistemas bancarios, de oficinas públicas y privadas en tos sistemas de computación, internet y otros servicios.

Tan sólo, en el periodo de 2011 y 2012, en la zona de la península de Baja California, la CFE reporta poco más de 843 mil 806 metros de alambre conductor de energía eléctrica robados, lo que significa poco más de 11 millones 283 mil 211 pesos en pérdidas económicas.

Actualmente, el delito de robo de cables eléctricos se tipifica en el Código Penal Federal en el artículo 368 fracción II, el que a la letra dice:

Artículo 368. Se equiparan al robo y se castigarán como tal:

II. El uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos.

Y la sanción de dicho delito es de 3 a 10 años de prisión y hasta mil días de multa, misma que se encuentra plasmada en el artículo 368 Bis del mismo Código.

De igual forma, el robo de cables de fibra óptica se encuentra tipificado en el artículo 167, fracción VI del Código Penal Federal, el que a la letra dice:

Artículo 167. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa:

VI. Al que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera las comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos.

Estamos convencidos que la cuantía de las pérdidas económicas que sufre nuestro Estado por dicho vandalismo, pudiera en parte remediarse si se llegara a considerar legislativamente este delito a la economía nacional, como grave, pues al ejercitarse la acción penal, los delincuentes salen libres bajo fianza por ser un delito menor y no sumamente grave como debería ser considerado.

Por esto, presentamos esta iniciativa que pretende reformar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para incluir estos dos delitos en el catálogo de delitos que se consideran como graves, para así evitar que los delincuentes que cometan estos crímenes salgan libres bajo fianza.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se modifica el inciso 10 y se adiciona un inciso 26 Bis a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 9)...

10) Ataques a las vías de comunicación, previsto en los artículos 167, fracción VI, 168 y 170;

11) a 26)...

26) Bis. Robo, previsto en el artículo 368, fracción II.

27) a 36)...

II. a XVIII. ...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado, a 8 de mayo de 2013.

Diputados: Adán David Ruiz Gutiérrez, José Luis Flores Méndez (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Justicia. Mayo 8 de 2013.)

Que reforma la Ley Federal de Derechos, recibida de los diputados Martha Leticia Govea y Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

De los diputados Martha Leticia Sosa Govea y Carlos Alberto García González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 77, 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, que comprenden 1, 567 300 hectáreas de superficies distribuidas en 166 municipios de 17 estados costeros. De la superficie total de la Zona Federal, casi el 70 por ciento corresponde a las vertientes del Océano Pacífico, mientras que poco más del 30 por ciento corresponde a las zonas costeras del Golfo de México y Mar Caribe.

Nuestra legislación nacional define la franja contigua a los límites de los continentes como “Zona Federal Marítima Terrestre” (Zofemat), cuyos inicios históricos fueron a principio del siglo XIX, en el que hacían referencia a una franja de tierra firme de 20 metros de distancia, inicialmente como una delimitación de las playas de las cuales formaban parte y posteriormente distinguiéndola del concepto de playa, caracterizándola como propiedad o bien de dominio público. Este concepto de zona federal marítima terrestre, fue evolucionando conforme las distintas administraciones federales, de suerte que en el año 1982 era conocida como Zona Federal Marítima Terrestre y Ambiental Costero, pero a principios de los noventa quedó definido este concepto que hoy conocemos.

Más antecedentes históricos de las Zofemat provienen de la etapa colonial en las Leyes de Partida de Felipe II, en las que consideraban a las playas como cosas comunes a los súbditos españoles y pertenecían al Real Patrimonio de España. La Real Orden del 10 de septiembre de 1815, señalaba que debería de entenderse por playas a todo aquel espacio que baña el agua del mar en su flujo y reflujo diario. Así que para el México Independiente con la Resolución Presidencial del 15 de noviembre de 1850, se estableció que en materia de playas, los límites de las mismas, se determinaban por los ordenamientos de la Armada de México, por la Ordenanza de Poblaciones de Felipe II y por la Real Orden de 1815. Para 1894 se instituyó la propiedad permanente del gobierno federal sobre las playas, la zona marítima terrestre, y sobre la zona de diez metros en ambas riberas de los ríos navegables, declarando que dichos bienes no podían enajenarse ni estar sujetos a prescripción. A partir de entonces la zona federal marítimo terrestre ha sido tutelada por diferentes legislaciones mexicanas, hasta la actual Ley General de Bienes Nacionales.

La Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 7o., fracción V, señala: la zona federal marítimo terrestre es un bien de uso común y de dominio público de la federación; en el primer caso, son libres para cualquier persona, en el segundo supuesto requieren de una concesión o permiso para su aprovechamiento o explotación que implica la obligación de pago de derechos, regulados por la Ley Federal de Derechos.

La Ley Federal de Derechos en su artículo 232 establece la obligación del pago por el uso, goce y aprovechamiento de las playas, terreno ganado al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas.

De igual forma, los puertos, terminales, instalaciones portuarias, la zona federal marítima terrestre, los diques, los cauces, los vasos, las zonas de corrientes, los depósitos de propiedad nacional y otros muebles de dominio público tienen que pagar un derecho de acuerdo al tipo de uso ya sea general, para protección u ornato y de uso agropecuario.

Antes del año 1992, los incisos I y II del artículo 232 de la Ley Federal de Derechos, contemplaban el cobro de zona federal por metro cuadrado concesionado, a una tasa del 10 por ciento del valor del metro cuadrado del predio colindante más el 1 por ciento del valor de inmueble en ella construido. Este sistema era poco práctico pero justo, ya que si el predio colindante era de lujo, el concesionario pagaba más. Sin embargo, en diciembre de 1997 se modifica el artículo 232 ya mencionado, creándose un inciso C) y clasificando a los municipios costeros del país en 10 zonas tarifarías en donde la zona I es la más económica y la X es la más cara, de tal suerte que la cantidad a pagar por concepto de derechos es el resultado de multiplicar los metros cuadrados del área concesionada por el costo establecido para la zona de clasificación que corresponde. Es de hacer notar que el criterio establecido en la ley, en cuanto a la clasificación de las zonas fiscales, se basa en el nivel socioeconómico de los municipios costeros. Así, hasta el año 2010, se consideraron en el artículo 232-D diez zonas fiscales, en las cuales se incluyen desde los municipios más pobres, económicamente hablando, hasta los que tienen un alto valor económico, especialmente desde el punto de vista turístico.

Posteriormente, como un caso especial por la inversión realizada en algunas playas de Quintana Roo, se incorporó una zona adicional con el número XI que comprende las subzonas A y B donde se separaron los distintos municipios turísticos del estado, quedando vigente hasta la fecha, como se muestra en el cuadro adjunto:1

Zona VII. Estado de Baja California, Tijuana; estado de Baja California Sur, Mulegé; estado de Jalisco, Cihuatlan; estado de Nayarit, Compostela; estado de Sonora: Guaymas; estado de Veracruz: Coatzacoalcos.

Zona VIII. Estado de Baja California: Playas de Rosarito; estado de Baja California Sur: Loreto; estado de Colima: Manzanillo ; estado de Oaxaca: San Pedro Mixtepec; estado de Quintana Roo: Isla Mujeres; estado de Nayarit: Bahía de Banderas; estado de Sinaloa: Mazatlán; estado de Sonora: Puerto Peñasco; estado de Veracruz: Boca del Río y Veracruz.

Zona XI. Subzona A. Estado de Quintana Roo: Cozumel. Subzona B. Estado de Quintana Roo: Benito Juárez, Solidaridad y Tulum.

Como podrá observarse, separaron en la clasificación a Cozumel del resto de los otros centros turísticos: Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum, que constituyen la Riviera Maya, dejando a Isla Mujeres en la zona VIII.

En este sentido, con la primera clasificación de la zonas marítimas terrestres de 1997, Colima ocupó dos zonas tarifarias: los municipios de Armería y Tecomán fueron incluidos en la zona III y el de Manzanillo en la zona VIII, con lo cual se marcó una gran diferencia entre municipios del mismo estado aun reconociendo que el potencial turístico de Manzanillo es mayor al de los otros dos municipios.

Esta clasificación tarifaria es lesiva para Manzanillo porque lo igualan en desarrollo turístico con otros de mayor infraestructura y derrama económica, como Nuevo Vallarta en Bahía de Banderas, Puerto Peñasco en Sonora, Isla Mujeres en Quintana Roo, Mazatlán en Sinaloa, Veracruz y Boca del Rio en Veracruz así como Rosarito en Baja California, por lo que diversos concesionarios a través de la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, AC, plantearon la discrepancia y solicitaron ante diversas instancias como el ayuntamiento de Manzanillo, la Secretaría de Turismo estatal y la propia Dirección General de Zonas Marítima Terrestres, la reclasificación a la zona tarifaria VII.

Sustentan la demanda en el hecho de que Manzanillo sólo cuenta con de 3 mil 534 cuartos de hotel en total con una tasa de crecimiento prácticamente estática, en su reducido número de vuelos y de líneas aéreas, la falta de consolidación y permanencia de los cruceros turísticos que arriben al puerto, la deficiente infraestructura urbana y la falta de inversión en infraestructura turística (Manzanillo no cuenta hasta el momento con un Centro de Convenciones), además de que el mayor interés económico recae en la actividad portuaria. A lo anterior, habría que agregar que su actividad turística es solo de temporadas: Semana Santa y Pascua, Vacaciones Escolares y Fiestas Decembrinas, sin contar que en la primera de ellas el visitante en su mayoría pernocta en las playas o con familiares, por lo que el movimiento turístico del mejor de los municipios colimenses no se compara con los incluidos en la mencionada zona tarifaria VIII, estando más a la par de municipios como Guaymas en Sonora, Coatzacoalcos en Veracruz y Compostela en Nayarit, e incluso por debajo de Tijuana, Baja California, que se encuentran en la zona tarifaria VII.

En este argumento es importante destacar la información de la actividad hotelera que durante la semana 34 (Semana de vacaciones de verano) del año 2011, se reportó, siendo una prueba fehaciente de cuales playas son más visitadas, en las que se puede observa en el siguiente cuadro que el municipio de Manzanillo tiene el onceavo lugar de de las playas mexicanas más visitados, y en el que Mazatlán, Veracruz y Nuevo Vallarta (Bahía de Banderas) integrantes de la Zona VIII que están muy encima de Manzanillo en porcentaje en ocupación hotelera.2

En este segundo cuadro, nuevamente se repite el fenómeno en el que Manzanillo ocupa el onceavo lugar de ocupación hotelera en la semana 01 del año 2012, correspondientemente a las vacaciones decembrinas.

Es de agregar también que la clasificación de Manzanillo en la zona tarifaria VIII, es incongruente con los principios de proporcionalidad y equidad, establecidos por la Constitución en su artículo 31, fracción IV, y que el excesivo cobro por metro cuadrado de zona federal utilizada en protección u ornato y en general, le ha llevado a este destino turístico a los problemas actuales: el desuso de dichas zonas, la morosidad en el pago de los derechos por los concesionarios, accesos a las playas deteriorados e inconformidad de los usuarios de esa zona, quienes han solicitado desde hace varios años una reclasificación de zona para Manzanillo. Asimismo, es de recordar que el derecho fiscal encuentra su fundamento en el principio de equidad; es decir, trato igual a los iguales, por lo que al ubicar la ley al municipio de Manzanillo en zona VIII, está tratando igual al desigual, no solo equiparándolo con otros municipios del país de mayor desarrollo turístico, sino generalizando incluso, la desigualdad de sus propios concesionarios; pues debemos señalar que otro de los argumentos de su demanda, es que en la zona costera de este municipio se presenta una diversidad de áreas desde el punto de vista socio- económico que no se valoró al hacer la clasificación de zona; es decir, lo mismo se conjuntan hoteles de gran turismo que de un turismo modesto, o restaurantes de especialidades junto con ramadas de pescadores o pequeños comerciantes que igualmente usan con fines turísticos la zona federal, contigua a sus instalaciones, para brindar un mayor servicio a sus clientes.

Por lo anterior, concluimos que la permanencia del municipio en esta clasificación seguirá generando situaciones como: bajo nivel de competitividad, desaliento para la inversión de franquicias nacionales e internacionales, falta de inversiones en infraestructura turística, de protección y ambiental; migración del turismo a otros centros vecinos como la Costa Alegre en Cihuatlán y Puerto Vallarta en Jalisco o a playas de Michoacán, etc., con lo que el ingreso por concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre seguiría estancado.

Por lo tanto, existen razones que justifican el cambio del municipio de Manzanillo de zona tarifaría VIII a la zona tarifaría VII, ya que con este aliento, el padrón de concesionarios podría incrementarse considerablemente, lo que traería otras consecuencias positivas como son:

1) Atracción de nuevos inversionistas en las zonas costeras de Manzanillo, generando nuevos servicios turísticos, y por lo tanto nuevos empleos.

2) Recaudación puntual de derechos de zona federal, en beneficio del ingreso oportuno a las arcas municipales.

3) Abatimiento del rezago de morosos, que no han pagado debido a la alta tarifa de estos derechos.

4) Incentivo a los concesionarios que pagan puntualmente los derechos de zona federal que ocupan.

5) Incremento de nuevas concesiones para protección y ornato de zona federal, generando un uso armónico de estas áreas.

6) Accesos a las playas con mejores condiciones, ya que los concesionarios las cuidarían.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el articulo 232-D de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 232-D. ...

Zona I. ...

Zona II. ...

Zona III. ...

Zona IV. ...

Zona V. ...

Zona VI. ...

Zona VII. Estado de Baja California: Tijuana; estado de Baja California Sur: Mulegé; estado de Colima: Manzanillo; estado de Jalisco: Cihuatlán; estado de Nayarit: Compostela; estado de Sonora: Guaymas; estado de Veracruz: Coatzacoalcos.

Zona VIII. Estado de Baja California: Playas de Rosarito, estado de Baja California Sur: Loreto; estado de Oaxaca: San Pedro Mixtepec; estado de Quintana Roo: Isla Mujeres; estado de Nayarit: Bahía de Banderas; estado de Sinaloa: Mazatlán; estado de Sonora: Puerto Peñasco; estado de Veracruz: Boca del Río y Veracruz.

Zona IX. ...

Zona X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf
2 http:datatur.sectur.gob.mx/work/dcs/5_reporte_semana/sem342011.pdf
http:datatur.sectur.gob.mx/work/dcs/5_reporte_semana/semo12012.pdf

Dado en la Comisión Permanente, a los ocho días de mayo de 2013.

Diputados: Martha Leticia Govea (rúbrica) y Carlos Alberto García González.

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 8 de 2013.)

Que reforma el artículo 32 de Ley del Impuesto sobre la Renta, recibida de la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

La suscrita Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8o. fracción I, 164 numeral 1, 169, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 de Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años el sector restaurantero se ha visto afectado severamente; en mayo de 2009 la emergencia sanitaria ocasionada por la influenza A (H1N1), tuvo un impacto inmediato de caída de ventas, en ciudades como México, Cancún, Cozumel, San Luis Potosí y los Cabos, la disminución fue hasta de 90 por ciento y se estima que cerraron alrededor de 6 mil establecimientos. Actualmente en 2013, las pérdidas dadas durante la crisis que se originó desde 2009 no se han podido recobrar.

La inseguridad e incremento de la delincuencia en estados como Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León y Michoacán, además de ocasionar la baja en ventas, originó el cierre de restaurantes.

Otros factores que produjeron una disminución de las ventas fue la recesión económica mundial, la falta de difusión de alimentos de nuestro país como motivo de atracción turístico.

La existencia de estímulos aplicados a este mercado es casi nula, a pesar de que es el segundo sector generador de empleos y es la primera opción de autoempleo e inicio de negocios familiares en el país.

Todo lo antes mencionado causó una importante baja en los ingresos que percibe la federación por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) por parte del mercado restaurantero, además que también afectó a los empleados directos e indirectos del sector en mención.

Es menester mencionar que de todas las actividades relacionadas con el turismo, los restaurantes y bares generan 4 de cada 10 empleos del sector, y participan con más de 1.5 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB) y contribuye con 13 por ciento del PIB turístico.

Si bien es cierto que los restaurantes están obligados a realizar el pago de los impuestos, a consecuencia de colocarse en el supuesto normativo que los obliga donde dicha obligación debe ser de manera expresa, también lo es que en consecuencia de todos los menoscabos que ha sufrido el sector restaurantero lo ha dejado en un estado, hasta cierto punto, de insolvencia, donde no pueden cubrir las contribuciones por la baja en este mercado, es necesario fomentar este sector para que crezca, y genere un beneficio de interés general.

Dicho menoscabo al sector restaurantero mencionado anteriormente se traslada a toda una cadena de mercado, por ejemplo: Al haber poca demanda por parte de los consumidores a los restaurantes, los restaurantes han tenido que disminuir su personal, ya que no es necesario tener demasiados empleados debido a la poca demanda, causando numerosos despidos como se mencionó anteriormente.

La realidad es que el sector restaurantero está muy afectado, debemos fomentar el desarrollo de los restaurantes, ya que implicaría creación de empleos, también se causaría un incremento en los ingresos a la federación debido a que si aumenta el consumo a los restaurantes aumentará el monto derivado por los impuestos que se ven obligados a pagar, mismos que pueden ser empleados para las grandes necesidades de nuestro país.

Una solución que traerá diversos beneficios a los restaurantes y a todos los productores que se ven involucrados en la activad de los alimentos, es crear un mecanismo efectivo de rápidos resultados, integral, que incremente la creación de empleos como lo es el de incrementar el porcentaje de deducibilidad de los consumos en restaurantes de 12.5 por ciento actual a 35 por ciento.

Lo antes mencionado ocasionaría un impacto positivo en cerca de 84 ramas económicas del país, el incremento en la demanda de los servicios en restaurantes generaría un aumento en compras a proveedores, que generan pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e ISR, así como empleo indirecto.

Esta medida fomentará la actividad de la industria restaurantera nacional, impulsará y fortalecerá el desarrollo turístico nacional en beneficio de un interés general reflejado en las familias de los ciudadanos mexicanos.

La propuesta al basarse en la utilización de tarjetas de crédito, débito, monederos o cheque exclusivamente, brinda una herramienta adicional para la fiscalización de empresas y personas físicas con actividad empresarial, con ello se minimiza las posibilidades de evasión.

Incrementar la deducibilidad a 35 por ciento comparado con otros países como Estados Unidos de América en donde la deducibilidad es de 50 por ciento, la gran diferencia estriba que en el país vecino el porcentaje de pagos de consumos en restaurantes realizados por tarjeta de crédito o débito es superior a 85 por ciento, mientras en nuestro país apenas alcanza 30 por ciento, podemos apreciar que el porcentaje que se pretende establecer está dentro de un parámetro el cual traerá beneficios para el interés general.

Es necesario manifestar que la recaudación no se ve afectada, por el contrario, se esperaría un incremento en ella:

Fomentar el sector restaurantero ocasionaría la apertura de más sucursales lo que ocasionaría mayores ingresos para el estado por concepto de impuestos provenientes de los restaurantes.

Esto abre una enorme ventana de oportunidad, ya que al elevar el porcentaje deducible para las empresas habrá un mayor porcentaje de comensales que soliciten factura, siendo esto un incentivo para los restaurantes para mejorar sus registros y declarar puntualmente sus operaciones e impuestos.

Ante mejores expectativas de ingreso del sector restaurantero es previsible un incremento en la inversión en el sector.

Los restaurantes aumentarían sus ventas anuales, lo que implicaría que:

La facturación crecería, generando un aumento en IVA recaudado y en recaudación de ISR por parte de los restaurantes. Es importante destacar que la facturación estimada por el estudio corresponde sólo al porcentaje que actualmente se está pagando en tarjeta de crédito o débito en los restaurantes sobre el incremento en los ingresos del sector.

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, y tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

Decreto que por el que se reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Único. Se reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Actual

Artículo 32. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

XX. 87.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100 por ciento los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción.

En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.

Proyecto de reforma

Artículo 32. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

XX. 65 por ciento de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100 por ciento los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción.

Transitorio

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de abril de 2013.

Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Mayo 8 de 2013.)

Que reforma los artículos 41, 115, 116 y 122, y deroga los dos últimos párrafos de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

Los proponentes, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, 115, 116 y 122, y se derogan los dos últimos párrafos de la fracción V del propio artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

A lo largo de los años y en diferentes países, la democracia ha sido identificada con valores humanistas de la cultura occidental como la equidad, la libertad, el pluralismo, la participación popular, pero también con características de la sociedad y la economía que parecen contradictorias, como el capitalismo, la propiedad privada, la manipulación de las masas a través de los medios o la cooptación clientelar de los movimientos sociales.

Estas circunstancias han venido generando desde hace algún tiempo cierto desaliento difuso y algunas actitudes y condiciones de lo que podría llamarse cansancio de la democracia representativa, lo que nos obliga como representantes populares a practicar una revisión minuciosa de las instituciones fundamentales de naturaleza electoral, cuya operatividad vaya de la mano con el desarrollo integral del país, y el cumplimiento de sus fines no se convierta en una carga económica excesiva, sin diezmar que se garanticen plenamente los derechos político electorales de los ciudadanos.

Es innegable que hay cierta atmósfera de descalificación implícita o explícita de todo lo que suene a representación electoral, a actividades de partido o a militancia política.

Lo preocupante es que vivimos en un sistema de democracia representativa de partidos.

Por consiguiente, si ese cansancio no se refiere a éstos o aquellos representantes sino a la idea misma de representación o si esa suerte de desconfianza no se expresa respecto de éste o aquel partido, sino frente a la noción misma de partido, el problema puede ser de cierta gravedad. Porque lo que nos aburre entonces, no son ciertas jugadas repetitivas y trilladas de unos u otros, sino el sentido mismo del juego y de las reglas que lo organizan.

Esta circunstancia nos obliga a reflexionar si la distribución competencial que impera en materia administrativa electoral es la adecuada para nuestro desarrollo democrático.

El tema de la unificación competencial en materia administrativa electoral es sustancial e indispensable para continuar con el desarrollo democrático del país, ya que la misma función realizada por diferentes autoridades en el ámbito de su competencia ha mermado la credibilidad ciudadana en las autoridades electorales, sobre todo en las locales.

Por consiguiente, se propone la creación de una sola autoridad electoral que organice comicios y demás ejercicios de participación ciudadana, que privilegie la actividad electoral administrativa con una aplicación homogénea de criterios y disposiciones legales.

El Instituto Federal Electoral es el órgano administrativo electoral que tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Por ello se considera importante el cambio del nombre, para que facilite la identificación del nuevo y único órgano administrativo electoral, con el título de Instituto Nacional Electoral, modificando solamente la palabra federal, que alude a una distribución de competencias, por el término nacional que unifica la atribución en toda la entidad mexicana.

Argumentación

La serie de reformas electorales efectuadas en el país de 1977 a la fecha ha dejado pendientes que es importante resolver, para continuar el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Uno de los rasgos que se ha abandonado por parte del legislador, es lo atinente a generar instituciones jurídicas especializadas para celebrar las elecciones constitucionales.

Si bien en este momento nos encontramos transitando hacia una reforma que genuinamente fortalezca las instituciones electorales, también es cierto que ésta debe buscar que el órgano encargado de organizar supervisar y validar las elecciones en el ámbito administrativo, sea la única autoridad nacional en la materia, a fin de evitar la duplicidad de funciones y aparatos burocráticos federal, estatales y del Distrito Federal, cuyo costo lacera significativamente la economías estatales del país.

Las atribuciones exclusivas que ya tiene el Instituto Federal electoral como lo son los casos de ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, así como, de su competencia exclusiva en materia de régimen sancionador electoral, para garantizar la anterior atribución; aunado a la elaboración del padrón electoral que es utilizado para todo tipo de elecciones que el Instituto Federal Electoral elabora y mediante convenio es utilizado en las elecciones locales, son ejemplos de la viabilidad de tener una autoridad única en la materia administrativa electoral.

Lo anterior de ninguna manera trastoca el sistema federal, como un sistema de distribución de responsabilidades de política pública entre diferentes autoridades pues, como sostiene Garmendia, “este nuevo federalismo ha realizado cambios importantes respecto del antiguo en todos los países occidentales: las competencias exclusivas han pasado a segundo plano y las más importantes son ahora las compartidas; se han multiplicado los órganos mixtos de la federación y de los Estados; las grandes inversiones se realizan a través de la planificación conjunta, etcétera. Mientras que en el pasado la actuación separada de la federación y de los Estados era suficiente para gobernar, en la actualidad se precisa la concertación entre ambas instancias para hacer frente a las complejas tareas de las instituciones públicas. Está fuera de toda duda que el federalismo más eficaz que hoy existe en el mundo occidental es de tipo cooperativo e intergubernamental” (Ernesto Soto Reyes Garmendia. “Federalismo, sociedad y globalidad: los retos del porvenir”, en Política y Cultura, número 25, primavera de 2006, página 41).

En efecto, la instauración del Instituto Nacional Electoral refleja el nuevo modelo jurídico que representa el Estado constitucional de Derecho en el sentido de que el Estado se encuentra obligado a garantizar la protección de los derechos fundamentales, al ser éstos la piedra angular del sistema jurídico.

Resulta entonces que el Instituto Nacional Electoral será la instancia encargada de velar y garantizar la función Estatal de organizar las elecciones, fortaleciendo de este modo los principios constitucionales de la democracia, al realizar la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las estados parte del pacto federal, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 41, 115, 116 y 122, y se derogan los dos últimos párrafos de la fracción V del propio artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 41, 115, 116 y 122, y se derogan los dos últimos párrafos de la fracción V del propio artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, de conformidad con la demarcación territorial que corresponda a su registro.

II. ...

III. Los partidos políticos tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos , de acuerdo con lo siguiente y con lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b) a f) ...

g) Con independencia de lo dispuesto en los Apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales . Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente apartado. En situaciones especiales el instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

...

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

a) a c)

Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. ...

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Nacional Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

IV. ...

V. La organización de las elecciones federales y locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral , dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una contraloría general tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto que con base en ella apruebe el consejo general, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

...

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el contralor general y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral ; quienes hayan fungido como consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

...

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados federales y senadores, cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, gobernadores, diputados locales e integrantes de ayuntamientos, jefe de gobierno y jefes delegacionales en los estados y el Distrito Federal, respectivamente, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral , dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio consejo a propuesta del consejero presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

(Se deroga)

VI. ...

Artículo 115.

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. a VII. ...

VIII. La ley introducirá el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

...

Artículo 116.

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. ...

La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

...

II. ...

...

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señale la ley ;

...

III. ...

IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que

a) a c)

d) El Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

e) a j)

k) El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

l) a n) ...

...

Artículo 122.

Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

...

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y la ley .

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga toda disposición legal contraria al presente ordenamiento.

Tercero. Adécuese con la mayor brevedad la normativa complementaria, incluyendo lo relativo a los partidos políticos con registro en los estados.

Sede de la Comisión Permanente, a 8 de mayo de 2013.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 8 de 2013.)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de mayo de 2013

Las y los suscritos diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Carmen Lucia Pérez Camarena, Lucila Garfias Gutiérrez, integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos octavo y noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el derecho a la identidad es un elemento fundamental para el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

Desde el momento de su nacimiento, los niños y las niñas necesitan contar con una identidad. Para ello, el primer paso es inscribir su nacimiento en los registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad. El registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los demás derechos. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación nacional a favor de la infancia, porque por esta vía se podrá contar con datos demográficos objetivos con los cuales se lograran diseñar estrategias y acciones dirigidas a esta población.

El registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por México, entre los que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos , el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

De la Convención sobre los Derechos del Niño , (CNN) señalaremos que de manera puntual establece en su artículo 7°, que: “el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de los posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, el artículo 8° manifiesta que: “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares (...)”.

Otros artículos, como el 30, ahondan en el derecho de identidad al señalar que “en los Estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.

Así también, dentro del marco jurídico nacional, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce al registro de nacimiento como uno de los elementos del derecho a la identidad; señala expresamente que el derecho a la identidad está compuesto por:

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así como ser inscrito en el registro civil.

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos en los que las leyes lo prohíban.

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos.

El incumplimiento de la inscripción del nacimiento de un niño o niña en el registro civil constituye una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña; su derecho a la identidad.

Por otra parte, el registro de nacimiento es también una primera condición que posibilita la participación social de niños y niñas. Los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a aquellos derechos a ejercer en la edad adulta.

Por ello, una de las mayores muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas en todo el mundo es la de no ser registrados al nacer y en consecuencia, carecer de identidad legal y acceso pleno al goce y ejercicio de sus derechos, pues cuando los niños y niñas cuyos nacimientos no han sido registrados son estadísticamente invisibles en muchas esferas sociales, lo que les afectará en múltiples aspectos de sus vidas.

Datos del porcentaje de registros de nacimiento de la población menor de 1 año en 2010, proporcionado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en su informe La infancia cuenta en México 2012, menciona un total de 2 millones 100 mil 505 niños y niñas, lo que representa que el 79.4% de esta población cuenta con registro oportuno. Esta cifra muestra que aún deben aplicarse acciones eficaces para lograr la cobertura total en el país.

Es importante mencionar que a nivel mundial y regional se han establecido compromisos para superar esta limitación y erradicar la ausencia del registro de los niños y niñas, como muestra se ha determinado la meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región de América Latina y el Caribe para el año 2015.1 Para ello, el registro de nacimiento deberá ser:

Universal: en el sentido de asegurar la cobertura a todos los niños y niñas en el territorio de un país, independiente de su origen étnico, sexo, condición económica, origen geográfico, o el estatus migratorio o nacionalidad de sus padres.

Gratuito: en el sentido de que se elimine el cobro de cualquier tarifa oficial o extraoficial por servicios de registro de nacimiento o emisión del acta respectiva, sin importar si el registro se da de manera oportuna o tardía. La gratuidad del registro contribuye a la universalidad y a la oportunidad del mismo, al disolver barreras económicas que muchas veces lo obstaculizan.

Oportuno: en el sentido de que el registro se realice inmediatamente después del nacimiento. El plazo para considerar el registro como oportuno varía de país a país.

En consecuencia y con el fin de orientar los criterios que en cada caso se siguen para ello, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado en diversas ocasiones que la oportunidad del registro debiera implicar un plazo de días más que de meses.2

En México la ausencia de registro de nacimiento afecta en mayor medida a los niños y niñas que pertenecen a la población más pobre y marginada: niños y niñas indígenas; migrantes o hijos e hijas de migrantes; que viven en áreas rurales, así como zonas remotas o fronterizas. Otros factores que afectan el registro de nacimiento oportuno son; los legales, geográficos, económicos, administrativos y/o culturales que obstaculizan el registro universal, gratuito y oportuno de nacimientos.

Por otra parte, es conveniente aclarar que con esta iniciativa no se vulnera la soberanía de los estados. Nuestro país una República Federal y de acuerdo con el régimen de distribución de competencias establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los aspectos relativos al registro civil, entre ellos el registro de nacimiento, corresponden al orden local, es decir, cada una de las entidades federativas, e incluso en algunas entidades federativas cada municipio, tiene facultades para regular y establecer las condiciones particulares en las que se lleva a cabo el registro de nacimiento y en general de los diferentes actos civiles que ocurren a lo largo de la vida de las personas. Sin embargo, el artículo 40 de la Carta magna, si bien reconoce la soberanía de los estados, también establece que los estados estarán unidos en una federación establecida según los principios de la propia Constitución y uno de esos principios es el de interés superior de la niñez, en virtud del cual se reconoce el derecho a la identidad de las niñas y los niños mexicanos.

Así también, los costos asociados al registro y emisión del acta de nacimiento constituyen una limitante importante, sobre todo para las poblaciones más pobres y marginadas. Cabe señalar que “El costo de un acta de nacimiento en el país puede ir desde 36 pesos en Nuevo León, hasta 249 pesos en Baja California Sur, siendo el costo promedio entre los estados de 85 pesos aproximadamente.3 Para los casos en que el registro no se hace con oportunidad, una constancia de inexistencia de registro puede costar desde 59 pesos, como es el caso de Tabasco y Tlaxcala, hasta 434, su precio en Baja California Sur. En algunos estados se pide también una constancia de extemporaneidad cuyo costo puede ascender hasta 312 pesos.4

Además, para muchas familias que viven en pobreza, el costo del acta de nacimiento aunado a los gastos de movilización para llegar a las oficinas del registro civil a realizar el trámite correspondiente –lo que muchas veces supone gastos adicionales de transporte, alimentación, pérdida de jornadas laborales, entre otras– se convierte en una barrera que obstaculiza seriamente la realización del mismo.

Afortunadamente, también existen entidades federativas donde el grado de cobertura del registro oportuno de los nacimientos es casi completo, entre las que se encuentran: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, estado de México, Querétaro y el Distrito Federal.

Para eliminar el retraso en el registro oportuno de los nacimientos, será necesario modificar las condiciones concretas de los municipios más rezagados y diseñar e implementar políticas y acciones específicas que permitan revertir la situación y cerrar la brecha existente para poder alcanzar la universalidad del registro oportuno para 2015.

La mejora sistemática del sistema de registro civil, a la par de la presencia de oficialías del registro civil en los municipios rurales y en lugares donde la densidad de la población es mayor, las campañas de inscripción itinerante a las localidades más alejadas del país, así como el registro de los nacimientos en los hospitales serán alternativas viables para el aumento en el registro oportuno de los nacimientos.

Por ello, es necesaria una reforma constitucional para garantizar el derecho al goce del ejercicio de la identidad universal, oportuna y gratuita eliminando de esta forma todo obstáculo que limite el ejercicio pleno de este derecho.

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como a una identidad, a través de un nombre, origen familiar, lugar y la fecha de nacimiento, que se hará constar en el acta de nacimiento correspondiente, la cual deberá ser universal, gratuita y oportuna. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, asimismo, estarán obligados a registrar de forma inmediata el nacimiento del menor de edad.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Compromisos asumidos por los Estados de la región en la I Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción Paraguay, en agosto de 2007 http://www.unicef.org/ lac/overview_9654.htm) y en la II Conferencia Regional Sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Ciudad de Panamá, Panamá, en 2011 (http://www.unicef.org/lac/overview_21634.htm).

2 Fuente: Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF, 2004.

3 Cálculo a partir de los datos proporcionados por los registros civiles locales al Registro Nacional de Población (Renapo, mayo de 2012). En Registro de Nacimiento, Unicef-Inegi.

4 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2013.

Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña, Carmen Lucía Pérez Camarena, Lucila Garfias Gutiérrez, Cinthya Noemí Valladares (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Pntos Constitucionales. Mayo 8 de 2013.)

Actas

De la Comisión del Distrito Federal, correspondiente a la tercera reunión ordinaria, efectuada el jueves 25 de abril de 2013

A las 17 horas con 10 minutos del jueves 25 de abril de 2013, en el salón anexo al salón de protocolo, en la planta baja del edificio A situado en Congreso de la Unión No.66, Col. El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión del Distrito Federal, correspondiente a la LXII Legislatura, con asistencia de los siguientes

Diputados: Laura Barrera Fortoul (PRI), presidenta; María de Paloma Villaseñor Vargas (PRI), Arnoldo Ochoa González (PRI), José Rangel Espinosa (PRI), Fernando Rodríguez Doval (PAN), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (PAN), Karen Quiroga Anguiano (PRD), Hugo Sandoval Martínez (PRD), José Antonio Hurtado Gallegos (Movimiento Ciudadano), René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) secretarios; Paulina Alejandra del Moral Vela (PRI), María de las Nieves García Fernández (PRI), Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), José Luis Cruz Flores Gómez (PRI), José Isidro Moreno Árcega (PRI), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (PRI), Flor de María Pedraza Aguilera (PAN), Margarita Saldaña Hernández (PAN), Mario Miguel Carrillo Huerta (PRD), Carlos Augusto Morales López (PRD), Israel Moreno Rivera (PRD), Antonio Cuellar Steffan (PVEM), José Alberto Benavides Castañeda (PT).

La diputada Laura Barrera Fortoul en su calidad de presidenta de la comisión, saludó a los asistentes y solicitó a la secretaría ocupada por el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez diera cuenta del cómputo del registro de asistencia de los ciudadanos diputados.

El diputado Sotomayor informó que existía registro suficiente de los diputados (siendo 23 los asistentes) que integran la Comisión del Distrito Federal y por tanto, había quórum para sesionar.

La presidenta solicitó al secretario que diera lectura al orden del día y le pidió consultar si procedía aprobarlo. Constando el Orden del día de los siguientes puntos:

1. Registro de asistencia, verificación y declaración de quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.

4. Presentación de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, de la situación que guarda esta zona y su plan de trabajo para la misma. (20 minutos para exposición del funcionario y 20 para intercambio de preguntas y respuestas).

5. Informe de los nuevos asuntos turnados por la Mesa Directiva a la comisión.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes

a) Al punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, para que atienda la recomendación 19/2012 que emite la CDHDF, relativa al establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, presentado por la Dip. Paloma Villaseñor Vargas, GPPRI.

b) Al punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, presentado por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, PVEM.

c) Al punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero, de la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.

d) Al punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a implantar un programa para colocar un escalón extra en el ascenso y el descenso del transporte público.

7. Situación de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal y al jefe delegacional en Benito Juárez, para que se prohíba la construcción de complejos habitacionales en la calle de Miami en dicha delegación; presentado por el diputado Jorge Sotomayor Chávez, del GPPAN y turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y del Distrito Federal.

8. Informe de actividades de la comisión, correspondiente al primer semestre de la legislatura (noviembre de 2012-abril de 2013).

9. Asuntos generales.

El secretario informó a la presidenta que se aprobó el orden del día por unanimidad.

La presidenta informó que el acta derivada de la segunda reunión ordinaria de la comisión ya había sido aprobada y firmada por los diputados Integrantes de la comisión, pero que sometía para cubrir la formalidad.

El secretario tomó la votación siendo ratificada su aprobación.

La diputada Laura Barrera Fortoul propuso hacer la declaratoria de sesión permanente con el fin de estar en condiciones para poder atender la sesión ordinaria del pleno, cumplir con la obligación de llevar a cabo a reunión de Comisión, y que ello permitiera desahogar los puntos incluidos en el orden del día; así como desahogar los turnos remitidos a la Comisión hasta el final del periodo ordinario.

El Secretario tomó la votación, siendo aprobada la propuesta mayoritariamente.

La presidenta de la comisión presentó al antropólogo Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, quien fue designado por el doctor Miguel Mancera Espinoza, jefe del gobierno del Distrito Federal como responsable de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, quien fue invitado para presentar la problemática de esa zona y el plan de trabajo. Dicha invitación se derivó de la proposición con punto de acuerdo de la diputada Paloma Villaseñor Vargas con el fin de contar con mayores elementos para ser dictaminada.

El diputado Hugo Sandoval pidió que se difiriera para otro día la exposición del antropólogo Alonso Cabrera, dada la condicionante de todos los diputados presentes de tener que atender los asuntos de la sesión del pleno camaral en desarrollo en ese momento.

El diputado José Rangel pidió ese punto se trasladará al lunes a las 9 de la mañana ya que se estaba en sesión permanente.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta pidió que el antropólogo Alonso Cabrera hiciera una exposición breve y general, aprovechando que se encontraba en la reunión y que posteriormente se acordara una reunión especial.

La diputada Laura Barrera intervino para destacar la buena disposición de los diputados presentes para escuchar al antropólogo Alonso Cabrera, por lo que apoyó la propuesta de una intervención en general y programar una reunión futura.

El antropólogo Alonso Cabrera propuso dejar su presentación digitalizada para que fuera entregada a cada diputado y realizó una invitación para acudir al lago de Xochimilco.

El diputado Hugo Sandoval Martínez informó que él era presidente de la Comisión Especial ciudades patrimonio de la humanidad, y que proponía una asistencia conjunta de las dos comisiones a la zona de Xochimilco a finales de mayo.

Los diputados acordaron revisar la exposición que dejó el titular de la zona patrimonial de Xochimilco –que fue enviada a todos a los correos electrónicos de los diputados. Asimismo, se acordó programar una visita de los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal junto con los integrantes de la Comisión Especial ciudades patrimonio de la humanidad a la zona de Xochimilco, para finales de mayo.

La diputada Laura Barrera agradeció al antropólogo Alonso Cabrera su asistencia a la reunión y acto seguido pidió continuar con la orden del día que correspondía a los Informe de los nuevos asuntos turnados por la Mesa Directiva a la Comisión. Se informó de ellos y el Dip. Sotomayor solicitó un cuadro histórico del total de los asuntos turnados a la Comisión del D.F., el cual se le proporcionó en ese mismo acto por instrucciones de la Presidenta.

La diputada Laura Barrera comentó que existían 3 dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo, en el orden del día de la sesión ordinaria que se estaba efectuado en ese instante, en espera de ser desahogados por el pleno de la Cámara de Diputados. Estos asuntos son:

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del GDF, para que generen las medidas de infraestructura y garanticen el cumplimiento de las leyes y reglamentos que permitan a los ciudadanos transitar, caminar y montar en bicicleta con seguridad, así como para mejorar la calidad del transporte público y el acceso a éste, del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, Nueva Alianza.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pueda incorporar a las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Venustiano Carranza, en calidad de “Demarcaciones Prioritarias” en su Programa Nacional, del diputado Carlos Augusto Morales López, PRD.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF, a su secretario de Gobierno y al jefe delegacional en Venustiano Carranza, para que brinden apoyo a los locatarios por el incendio de la nave mayor del mercado de La Merced de la diputada Laura Barrera Fortoul (PRI).

La Presidencia siguió con el siguiente punto de la orden del día relacionado con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes:

a) Punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF, para que atienda la recomendación 19/2012 que emite la CDHDF, relativa al establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el área natural protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, presentado por la diputada Paloma Villaseñor Vargas, GPPRI. (El dictamen se aprobó en lo general, y se propuso modificar el texto del resolutivo con propuestas del diputado Hugo Sandoval).

Además se propuso por la diputada Karen Quiroga Anguiano, una reunión entre el secretario general de Gobierno del DF y la diputada Paloma Villaseñor.

b) Punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF, para que instale las alertas sísmicas restantes, objeto del contrato OM/DGA/DRMSG/CA-020-2010, presentado por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, PVEM. (Aprobado en términos del dictamen).

c) Punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a replantear los proyectos de las líneas de Metrobús para aplicar sistemas de cero emisiones de gases de efecto invernadero, diputada Cristina Olvera Barrios, Nueva Alianza. (Aprobado en términos del dictamen).

d) Punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a implantar un programa para colocar un escalón extra en el ascenso y el descenso del transporte público. (Se acordó consultar al promovente para efectos de modificar la redacción del dictamen)

Se pasó al siguiente punto de la orden del día que fue la situación de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal y al jefe delegacional en Benito Juárez, para que se prohíba la construcción de complejos habitacionales en la calle de Miami en dicha delegación; presentado por el diputado Jorge Sotomayor Chávez, del GPPAN y turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y del Distrito Federal.

La diputada Laura Barrera Fortoul pidió al secretario técnico, licenciado Edgard Delgado Aguilar que informara en 3 minutos acerca del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. El licenciado Delgado, explicó 3 inconsistencias que se alejaban del objetivo del exhorto del diputado proponente.

El diputado Sotomayor autor del punto de acuerdo, pidió a la comisión que se votará en favor o en contra los términos del dictamen que él personalmente apoyaba. Aprobado el dictamen enviado por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, restando solamente recabar las firmas de los diputados de la Comisión del Distrito Federal.

El siguiente punto del orden del día fue la presentación del informe del primer semestre de la Comisión del Distrito Federal, que abarca de noviembre de 2012 a abril de 2013, dicha presentación la realizó la Presidenta de la Comisión, informando que existía una copia incluida en cada una de las carpetas de los Diputados reunidos.

El secretario informó que se votó unánimemente por la aprobación del Informe presentado.

El último punto del orden del día que puso a la discusión la presidenta fueron los asuntos generales.

a) Se acordó enviar un oficio al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, diputado José Luis Muñoz Soria informándole que en esta ocasión, la Comisión del DF no emitirá ninguna opinión sobre los aspectos contenidos en el informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2011.

Lo anterior, toda vez que pese haberse hecho del conocimiento de los diputados la petición del presidente, ninguno envío comentario o propuesta.

b) Informar que se había enviado a las oficina de las los diputados, el proyecto de dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada Rosa Elba Pérez. Los asistentes acordaron analizarlo para emitir sus comentarios posteriormente, y en su caso, aprobarlo.

c) Solicitud de prórroga de iniciativas de los Diputados, Isidro Moreno y Rodríguez Doval, se aprobó solicitarla.

No habiendo más puntos del orden del día que abordar, la presidenta, Laura Barrera Fortoul, finalizó la tercera sesión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a las diecinueve horas con 40 minutos del día veinticinco de abril de dos mil trece.

La Comisión del Distrito Federal

Diputados: Laura Barrera Fortoul (rúbrica), presidenta; Arnoldo Ochoa González (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Karen Quiroga Anguiano (rúbrica), Hugo Sandoval Martínez (rúbrica), José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), José Luis Cruz Flores Gómez (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Carlos Augusto Morales López (rúbrica), José Alberto Benavides Casteñada, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Adolfo Orive Bellinger.

De la Comisión Especial de programas sociales, atinente a la segunda reunión ordinaria, realizada el martes 9 de abril de 2013

A las 17:00 horas del martes 9 de abril de 2013, en el salón B del edificio G, primer piso, de la Cámara de Diputados, sita en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, México, Distrito Federal, se reunieron los integrantes de la Comisión Especial de programas sociales, de conformidad con la convocatoria de la presidencia de comisión de fecha 3 de abril del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia

Para desahogar el punto número uno del orden del día, se distribuyó una lista con los nombres de los integrantes, en la cual registraron su asistencia.

El presidente dio la bienvenida a los integrantes y solicitó al secretario Francisco Tomás Rodríguez Montera que lo auxiliara con la lista de asistencia.

Se verificó que el número de asistentes hasta ese momento era de ocho.

2. Declaratoria de quórum

El presidente consultó a la secretaría si existía quórum para celebrar la reunión. Se informó que sí lo había.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente, José Francisco Coronato Rodríguez, dio por iniciada la sesión.

3. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente solicitó al secretario Rodríguez Montero que leyera el orden del día.

El secretario procedió conforme a la solicitud y dio lectura. Por instrucciones de la presidencia, puso a consideración de los presentes el orden del día, y les solicitó votar su aprobación levantando la mano. Aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

El presidente sostuvo que se envió el acta para conocimiento y, en su caso, formular observaciones, sin que se recibiese alguna. Solicitó que no se leyera, a fin de abreviar.

El secretario preguntó a los presentes si era de obviarse la lectura del acta. Pidió que si aprobaban el contenido, levantasen la mano.

Informó al presidente que fue aprobada el acta.

El presidente solicitó a los presentes que asentasen su firma y les informó que, una vez aprobada el acta de la segunda reunión por el pleno, procederá a su remisión a la Mesa Directiva para efectos de publicación en la Gaceta Parlamentaria.

5. Discusión y aprobación del programa de trabajo: a) Programas sociales; y b) Procesos electorales

El presidente informó a los integrantes que se les había hecho llegar por correo el programa de trabajo a fin de que lo enriquecieran, y que no habían llegado observaciones. Por ello pidió a los integrantes que se pronunciasen.

Intervinieron los siguientes diputados:

Alma Marina Vitela Rodríguez. Agradeció que se pudiera revisar en su grupo parlamentario y se suma al equipo de trabajo que elaboró el programa y lo aprobará porque será transparente. Comentó que confía en que las instituciones que tomen esta responsabilidad cumplan lo que deben hacer. Señaló que todo esto permitirá ser una comisión activa y se buscará que los programas lleguen a los grupos vulnerables.

Héctor Hugo Roblero Gordillo. Manifestó que ve con buenos ojos la creación de la comisión, muy relevante por su naturaleza y porque es la primera vez que se instala. Comentó que los programas lleguen a quienes los necesitan y que se dará seguimiento a los programas, verificar su funcionamiento y si son aplicables. Expuso que con la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Partido del Trabajo ya señaló que se han quedado muchos municipios fuera, y tienen la voluntad política para que se cumpla el programa.

La comisión es relevante porque es la primera vez que se crea y es importante que se evalúen los programas, como dice el programa de trabajo, y ojalá funcionen sin ser utilizados para comprar votos.

Hay una gran responsabilidad, pero estamos dispuestos a colaborar para que salga adelante.

Petra Barrera Barrera. Comentó que hay personas que se quejan porque no aparecen en los padrones de los programas. Ojalá podamos investigar por qué no están esas personas y tengan la oportunidad de un programa que sí les llegue. Por ello la importancia de su verificación.

El presidente dio gracias a los diputados porque se han sumado al trabajo. Puntualizó que nunca había habido una comisión como ésta. Compartió que el fin de semana estuvo en una comunidad de Morelos, Milpillas, carente de agua y drenaje. Preguntó a los habitantes que si conocían los proyectos productivos; la respuesta fue que no conocen los programas ni qué apoyos pueden obtener.

Refirió que lo que más le pidieron fue trabajo. Por ello la importancia de hacer un padrón, un catálogo de programas. Ojalá las dependencias hagan su trabajo. Como ejemplo, mencionó una regla de operación de un programa que abrió ventanilla el 28 de febrero y cerró el 5 de abril.

Finalmente, el secretario Rodríguez Montero manifestó el gusto de crear por primera vez esta comisión y su importancia.

Una vez concluidas las intervenciones, el presidente solicitó al secretario si enunciativamente se aprueba el programa de trabajo en la parte correspondiente a programas sociales.

El secretario preguntó. La respuesta fue “Aprobado por unanimidad”.

El presidente solicitó al secretario que preguntase sobre la aprobación de la parte correspondiente a procesos electorales, la cual también fue aprobada por unanimidad.

6. Asuntos generales

El presidente preguntó si había asuntos generales.

La diputada Leonor Romero Sevilla dijo que le dio gusto que se aprobara el programa y planteó que la comisión pudiera ser tomada como ordinaria en la próxima legislatura.

Como no hubo más participaciones, el presidente, José Francisco Coronato, secundo la intervención de la diputada Romero Sevilla y leyó el oficio número DGPL 62-II-3-630, de fecha 8 de abril de 2013, que remitió la secretaria de Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sobre la creación de una comisión especial para dar seguimiento a los procesos electorales de 2013, a propuesta de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, para analizar la propuesta.

El presidente comentó que en la Junta de Coordinación Política ya se aprobaron las comisiones especiales. Por ello pidió al secretario que preguntase a los integrantes si autorizaban la preparación de un documento para responder a la diputada promovente.

El secretario preguntó a los integrantes si autorizaban. La respuesta fue positiva.

Una vez agotado el orden del día se dio por terminada la sesión.

7. Clausura y cita para la siguiente reunión

El presidente dio por clausurada la segunda reunión ordinaria de la Comisión Especial de programas sociales de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión a las 17:45 horas del martes 9 de abril de 2013, y dijo que se citará para la próxima sesión una vez que se pongan de acuerdo los integrantes de la junta directiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 9 de abril de 2013.

La Comisión Especial de Programas Sociales

Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Claudia Delgadillo González, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Carol Antonio Altamirano (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Petra Barrera Barrera (rúbrica), Angelina Carreño Mijares, Juan Francisco Cáceres de la Fuente (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Jessica Salazar Trejo (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, Alma Marina Vitela Rodríguez, Alejandro Montano Guzmán (rúbrica).

Lista de asistencia
Segunda reunión ordinaria

Diputado Inicial Final

José Francisco Coronato Rodríguez             Rúbrica         Rúbrica
Presidente
Claudia Delgadillo González                           Rúbrica         Rúbrica
Secretaria
Francisco Tomás Rodríguez Montero          Rúbrica         Rúbrica
Secretario
Bárbara Gabriela Romo Fonseca
Secretaria

Carol Antonio Altamirano
Darío Badillo Ramírez                                        Rúbrica         Rúbrica
Petra Barrera Barrera                                         Rúbrica         Rúbrica
Juan Francisco Cáceres de la Fuente             Rúbrica         Rúbrica
Angelina Carreño Mijares                                Rúbrica         Rúbrica
Cristina Olvera Barrios                                      Rúbrica         Rúbrica
Héctor Hugo Roblero Gordillo                        Rúbrica         Rúbrica
Leonor Romero Sevilla                                     Rúbrica         Rúbrica
Jessica Salazar Trejo
Víctor Serralde Martínez
Alma Marina Vitela Rodríguez                         Rúbrica         Rúbrica

De la Comisión Especial de programas sociales, relativa a la tercera reunión ordinaria, celebrada el miércoles 24 de abril de 2013

A las 18:00 horas del miércoles 24 de de abril de 2013, en el salón F del edificio G, primer piso, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión Especial de programas sociales, de conformidad con la convocatoria de fecha 17 de abril del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia

Para desahogar el punto uno, se distribuyó una lista con los nombres de los diputados y las diputadas, en la cual registraron su asistencia.

El presidente dio la bienvenida a los integrantes y solicitó al secretario de la junta directiva, diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, que fuera tan amable de auxiliarlo con la lista de asistencia, verificando que el número de diputados asistentes hasta ese momento era de ocho.

2. Declaratoria de quórum

El presidente consultó a la secretaría, si existía quórum para celebrar la reunión, a lo cual informó que existía quórum para celebrar la sesión.

Acto seguido, en virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la presidencia, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, dio por iniciada la sesión.

3. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente solicitó al secretario dar lectura al orden del día.

El secretario procedió conforme con la solicitud y dio lectura al mismo. Asimismo, por instrucciones de la presidencia, puso a consideración de los integrantes el orden del día, solicitándoles votar su aprobación. Los presentes manifestaron su voluntad, levantando la mano, quedando aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

El presidente pregunto si podía no leerse el acta de la reunión anterior para abreviar tiempos, y solicitó al secretario someterlo a consideración.

El secretario procedió preguntar a los presentes si era de obviarse la lectura. El secretario informó al presidente que se aprobaba el acta de la tercera reunión ordinaria, por lo que el presidente solicitó asentar su firma e informó que, una vez aprobada el acta de la segunda reunión, procederá a su remisión a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

5. Se someten a consideración los oficios de presentación de los integrantes ante

a) Programas Sociales

• Secretarios de Estado

b) Procesos Electorales

• Secretario de Gobernación

• Procurador General de la República

• Gobernadores

• Institutos Electorales Estatales

• Congresos locales

• Procuradores estatales

El presidente expresó que con estos oficios nos presentaríamos institucionalmente ante las diversas autoridades, tanto a nivel federal como en los 14 estados donde habrá elecciones.

El presidente preguntó si consideraban necesario que se leyeran los oficios a las distintas autoridades, la respuesta fue inmediata y positiva.

El presidente solicitó al secretario que diera lectura al oficio dirigido al secretario de Gobernación, mientras tanto el equipo técnico proyecto el citado oficio.

El presidente mencionó la importancia de presentarse ante el secretario de Gobernación y ya que él coordina el gabinete, facilite las presentaciones ante los demás secretarios.

Acto seguido, el presidente se refirió a que los tiempos para las visitas a los estados en que habrá elecciones sean en mayo, comentando la conveniencia de que los integrantes libremente elijan a qué entidad asistir y que cuando menos sean 2 o 3 para entrevistarse con el gobernador y él pueda lograr una reunión con las demás autoridades. Asimismo, continuó el presidente, que los diputados puedan estar en cualquier lugar durante el proceso electoral.

El diputado Carol Antonio Altamirano solicitó la palabra para manifestar que, una vez aprobados los oficios citados, tomaría la palabra porque quería complementarios.

El presidente solicitó a la secretaria preguntar a los diputados si existía algún comentario y, en su caso, si eran de aprobarse los oficios.

El secretario atendiendo la solicitud de la presidencia consultó a los diputados si existían comentarios, y si eran de aprobarse los referidos oficios. De aprobarse, les pidió manifestarlo levantando la mano.

El secretario informó a la presidencia que los oficios de presentación de la comisión fueron aprobados.

Una vez que se aprobaron los oficios y por tanto el punto correspondiente al orden del día, el presidente dio la palabra al diputado Carol Antonio.

El diputado Carol Antonio, en términos generales, pidió que se abordara el caso Veracruz, y que se convocara a una rueda de prensa. Entre otras cosas, manifestó que se trata de cuidar los programas sociales no importando sea un partido u otro, y dijo que se hace un gran daño al pueblo y a la democracia, por lo que solicitó una reunión especial para tratar el tema Veracruz.

Después de la intervención del diputado Carol Antonio pidieron la palabra, a fin de manifestar su posición ante el caso, los siguientes diputados:

El diputado José Alejandro Montano Guzmán señaló que el caso Veracruz está judicializado por lo que propuso que no se politizara, incluso menciono que se pudiera visitar el estado por parte de diputados de la comisión.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente manifestó que, sin que se politice, sí es importante tratarlo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo intervino señalando que la comisión cada vez toma mayor relevancia. Que es importante que se visite al secretario de Gobernación, inclusive tiene que ver con lo que el propio presidente de la República ha manifestado, como ejemplo se refirió a la Cruzada contra el Hambre comentando que la forma en que se están priorizando los 400 municipios confunde a la gente.

Finalmente el diputado Roblero pidió que en la comisión se analice el tema Veracruz y se haga un posicionamiento.

Una vez que concluyeron los cuatro diputados, el presidente informó que el 23 de abril solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara presentar un posicionamiento de la comisión sobre el caso Veracruz ante el pleno, pero no fue autorizado.

El presidente leyó el posicionamiento mencionado que, en general, coincidió con los comentarios vertidos e informaba al pleno de la Cámara que la comisión llevaría a cabo su tercera reunión ordinaria el 24 de abril, donde se abordaría lo que ha venido trabajando en torno a los programas sociales y los procesos electorales. Inclusive, pidió al equipo técnico proyectar el oficio dirigido al propio procurador general de la República y leyó la parte final del oficio en donde se señala que, ante la presunción de hechos delictivos, corresponde a la Procuraduría investigar y, en caso que corresponda, ejercitar acción penal.

Después de la intervención del presidente, hicieron uso de la palabra, a fin de abundar sobre el caso citado, los siguientes diputados:

La diputada Cristina Olvera Barrios comentó en general, que en Sedesol hay trabajadores que corrieron de su empleo por compromisos del actual gobierno. Que esta comisión no debe estar de acuerdo con que se lucre con los mexicanos y hay que luchar porque los programas sociales se lleven a quienes los necesitan.

El diputado Carol Antonio manifestó que el legislador, al crear esta comisión, quería que se trasparentaran los programas. Señalo que ningún partido estada en contra de esto y concluyó leyendo un punto de acuerdo que presentó el PRI en 2010 al pleno de la Cámara.

La diputada Leonor Romero Sevilla pidió que en los oficios estén considerados los delegados federales en los estados en dónde habrá elecciones.

El diputado Cáceres de la Fuente solicitó que el posicionamiento que leyó el presidente fuera suscrito por todos los integrantes.

Una vez que concluyeron los diputados, el presidente mencionó que el 25 del presente mes estaría listo el acuerdo para que fuera suscrito. Y en el mismo acto pidió al secretario someter a consideración el acuerdo de la comisión para entregarlo a la PGR, incluyendo la exhortación del diputado Cáceres de la Fuente en el sentido de que si hay delito la propia Procuraduría instruya a las autoridades a que actúen.

Acto seguido, el secretario sometió la adición del diputado Cáceres al oficio citado, comunicándole al presidente que se aprobó por unanimidad.

7. Se somete a consideración un calendario de visitas de integrantes a los 15 estados en los cuales se llevaran a cabo procesos electorales en julio de 2013. Las fechas serán entre el primero de mayo y el diez de junio del presente año

El presidente explico el fin de las visitas que de hecho ya había sido comentado en el punto anterior, y solicitó que indicarán con una tarjeta en que entidades llevarían a cabo acciones.

Continuando, pidió al secretario someter a consideración la elaboración del calendario a partir de las propuestas.

El secretario sometió a consideración la elaboración del calendario de visitas y la aprobación fue unánime, lo cual comunico al presidente.

7. Asuntos generales

El presidente preguntó si los diputados tenían asuntos generales. Los presentes manifestaron que no deseaban hacer uso de la palabra por lo que el presidente declaró que no había asuntos generales que tratar.

Una vez agotada el orden del día, se dio por terminada la sesión.

8. Clausura y cita para la siguiente reunión

El presidente dio por clausurada esta tercera reunión ordinaria a las 19:10 horas del 24 de abril de 2013, y se citó para la próxima reunión el martes 30 de abril del presente año.

La Junta Directiva de la Comisión Especial de Programas Sociales

Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Claudia Delgadillo González, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), secretarios.

De la Comisión Especial de programas sociales, referente a la cuarta reunión ordinaria, llevada a cabo el martes 30 de abril de 2013

A las 19:15 horas del día 30 del mes de abril de 2013, en el salón de protocolo del edificio A, primer piso, de la Cámara de Diputados, situado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, México, DF, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión Especial de programas sociales, de conformidad con la convocatoria de la presidencia de la comisión de fecha 24 de abril del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia

Para desahogar el punto número uno del orden del día, se distribuyó una lista con los nombres de los diputados y diputadas integrantes de la comisión, en la cual registraron su asistencia.

El presidente dio la bienvenida a los integrantes de la comisión y solicito al secretario de la junta directiva de la comisión, diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, que fuera tan amable de auxiliarlo con la lista de asistencia, verificando que el número de diputados asistentes hasta ese momento era de ocho.

2. Declaratoria de quórum

El presidente consultó a la secretaría, si existía quórum para celebrar la reunión, a lo cual la secretaría informo a la presidencia que existía quórum para celebrar la Sesión.

Acto seguido, en virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la presidencia de la comisión a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez dio por iniciada la sesión.

3. Lectura y aprobación del orden del día

El presidente solicitó al secretario de la comisión, diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, dar lectura al orden del día.

El secretario procedió conforme a la solicitud y dio lectura al mismo. Asimismo, por instrucciones de la presidencia, puso a consideración de los Integrantes presentes de la comisión el Orden del Día solicitándoles votar su aprobación. Los presentes manifestaron su voluntad, levantando la mano, quedando aprobado por unanimidad de los presentes.

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

El presidente pregunto si podía no leerse el acta de la reunión anterior para abreviar tiempos, y solicito al secretario someterlo a consideración.

El secretario procedió preguntar a los presentes si era de obviarse la lectura del acta correspondiente, y si aprueban el contenido, se sirvan manifestarlo levantando la mano.

El secretario informó al presidente que se aprobó el acta de la cuarta reunión ordinaria, por unanimidad de los presentes, por lo que el presidente solicito a los presentes asentar su firma y les informo que, una vez aprobada el acta de la segunda reunión por el pleno de la comisión, procederá a su remisión a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

5. Integración del calendario de visitas por parte de los diputados integrantes, a los 15 estados en los cuales se llevarán a cabo procesos electorales en julio de 2013.

El diputado presidente, antes de abordar directamente lo relativo a las visitas a los estados que tendrían procesos electorales en julio de 2015, por parte de los diputados integrantes de esta Comisión Especial de programas sociales, informó a los diputados asistentes que ya se había solicitado a los secretarios de la comisión suscribir los oficios de presentación, de los Integrantes de la comisión, ante la secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, los cuales ya se les había dado tramite.

Por otra parte, en el sentido de las posibles vinculaciones que pudieran hacerse, por parte de los diferentes diputados de la comisión, con las autoridades en los diferentes estados con proceso electoral el presente año comentó que, como parte de otra comisión, el mismo visitó Coahuila y que el martes 7 de mayo tentativamente del presente año tendrían una reunión con el Gobernador. Asimismo, informó algunas acciones sobre una visita al Gobernador de Puebla los días 13 y 14 de mayo próximos.

Acto seguido, retomando el punto de orden del día y, a manera de preámbulo para leer un oficio que le dirigió como presidente de la Comisión Especial de programas sociales la Junta de Coordinación Política, de ésta Cámara de Diputados en la cual reiteran su confianza a todos los integrantes de esta comisión, mencionó que la sesión anterior se aprobó que los diputados presentarían una tarjeta con sus propuestas para las visitas, y habló sobre la falta de recursos de la comisión y la libertad de cada diputado para asistir a cualquier estado.

Enseguida, el diputado presidente, Coronato Rodríguez, leyó el oficio número D.G.P.L. 62-118-1645 de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, dirigido a él como presidente de la comisión. A continuación, y a efecto de conservar la importante comunicación, se presenta dicho oficio escaneado:

Mesa Directiva

LXII Legislatura

Oficio número D.G.P.L. 62-II-8-1646

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez

Presidente de la Comisión Especial de Programas Sociales

Presente

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Junta de Coordinación política, expresa su apoyo total e incondicional a la Comisión Especial de programas sociales de la LXII Legislatura, a su presidente, miembros de la junta directiva e integrantes para que desempeñen sus trabajos de vigilancia, fiscalización Y control del uso y destino de los recursos públicos asignados a Programas Sociales en el marco de la celebración de los Procesos Electorales evitando cualquier uso indebido en apoyo a Partidos Políticos o candidatos. Segundo. El Pleno de la Cámara de Diputados expresa su total apoyo a la Comisión Especial de programas sociales para que realice los trabajos a que se refiere el punto anterior y, para ello, instruye a los órganos competentes de la Cámara de Diputados a efecto de que se hagan las asignaciones presupuestarias y de recursos humanos y materiales para el debido cumplimiento de sus tareas. Tercero. Se instruye a la Comisión Especial de programas sociales, para que presente un Programa de Trabajo a realizar, durante el desarrollo de los procesos electorales en curso. Cuarto. Se solicita a la Comisión Especial de programas sociales a que informe con oportunidad a la Junta de Coordinación Política sobre el resultado de sus tareas específicas a efecto de que ese órgano esté en aptitudes de formular la posición política que corresponda en términos de lo dispuesto en el inciso b), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto. Se exhorta a la secretaría de Desarrollo Social a que preste su colaboración Y apoyo para que la Comisión Especial de Programas Sociales de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados pueda desempeñar eficazmente las tareas específicas a que se refiere el presente acuerdo.”

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 29 de abril de 2013.

Diputado Javier Orozco Gómez (rúbrica)

Secretario

Una vez que, el diputado presidente, concluyó la lectura del citado oficio, expuso que el lunes 6 de mayo se pretende celebrar, la reunión con el secretario de Gobernación, Y se le podría pedir que sea el enlace con los miembros del Gabinete Federal y con los Delegados en las entidades donde habrá elecciones el presente año.

El diputado presidente continuó con el planteamiento de que la primera reunión pudiera ser con la Secretaria de Desarrollo Social para dar seguimiento al blindaje electoral, y concluyó, entre otras cosas, puntualizando que la comisión es plural y abierta.

Al término de la Intervención del diputado presidente fueron haciendo uso de la palabra, con el fin de hacer propuestas y comentarios específicos respecto de las visitas a los Estados con elecciones, los siguientes diputados y Diputadas.

Diputado José Alejandro Montano Guzmán:

• ¿De cuántos diputados se conformará un grupo de trabajo?

• Tener la guía de las reuniones con las distintas autoridades en los Estados con elecciones para que cada diputado tenga el guion.

• Dentro del equipo contar con quién elabore el reporte de la visita.

• Que en las entrevistas con las autoridades los diputados hablen por la comisión.

• Contar con la logística: transporte, alimentos y que los diputados tengan un buen trato en los estados.

• Que los diputados puedan tener eficiencia y autonomía de acuerdo a la tarea encomendada de seguimiento a los procesos electorales.

Concluyó con el señalamiento de que la dinámica de la comisión es interesante, por lo que propuso que el secretario Técnico de la comisión le dé seguimiento a las visitas, a través de los informes respectivos y haga un resumen en cada reunión de la comisión.

Diputada Ruth Zavaleta:

• Que los secretarios de la comisión coordinen, cada uno, varios estados como responsables de un grupo de trabajo.

El diputado presidente, como respuesta a las intervenciones de los diputados Montano y la diputada Ruth Zavaleta, propuso:

• Que los oficios de presentación ante las distintas autoridades, en los estados donde habrá elecciones, se harán llegar a las oficinas de los secretarios de la comisión.

• Llevar un relator.

• Le parece oportuno que haya una corresponsabilidad por parte de los secretarios de la comisión.

• Que, a efecto de dar seguimiento a las denuncias, se elabore un volante que contenga teléfonos y correos para que la Cámara les dé seguimiento y sea un vínculo con los miembros de la sociedad.

• Que se pueda elaborar un spot.

Después de la Intervención del diputado presidente, se verificó un intercambio de opiniones entre los diputados, Diputadas y el propio presidente, en el sentido de ir definiendo actividades, criterios, cómo participarían los diputados, y cómo lograr los objetivos en forma concreta y sin dispersión de acciones.

Diputada Ruth Zavaleta:

• Preguntó ¿Quién repartirá los volantes?

Diputado presidente:

• Pueden ser las instituciones en cada entidad e inclusive organizaciones de la sociedad civil.

• Se trabajara sobre lineamientos Y cada diputado puede ir además de la visita como comisión en forma independiente.

• Con el fin de que se vea la imparcialidad y de acuerdo con el oficio leído con anterioridad, que la Cámara absorba los gastos de las visitas.

• Recordó a los diputados presentes que se ida también con los secretarios de Estado.

Diputada Ruth Zavaleta:

• Le llama la atención la dispersión con que pudiera trabajar la comisión.

• En la visita a los 3 poderes, en primera instancia, llegar con los blindajes con que cuenten las autoridades, y definir qué haremos al ir con el gobernador con el Congreso, con los Partidos Políticos.

• Me parece que pudieran ir los diputados como observadores.

• Al dispersarse los diputados pueden no alcanzar se los objetivos/ por eso propongo los grupos.

Diputado presidente:

• Leyó el punto uno del oficio que ya se había leído con anterioridad, y preguntó qué recursos se asignan y a quién.

Diputado José Alejandro Montano Guzmán:

• Comentó, en respuesta al planteamiento del diputado presidente, en la semana se puede definir.

Como un primer momento de acuerdo ante los planteamientos anteriores, el diputado presidente Coronato Rodríguez preguntó si se divide en tres grupos.

Como respuesta nuevamente hubo una serie de intervenciones de los diputados y Diputadas:

Diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero:

• Que cada diputado escoja un estado y después se hagan los ajustes.

Diputada Cristina Olvera Barrios:

• Que se formen las comisiones/ estarían más coordinados los diputados y más respaldados.

• En cuanto al volante, también se puede usar el internet y dar el correo de la Cámara.

Diputada Ruth Zavaleta:

• Que cada diputado escoja un Estado y con base en eso se defina cada grupo. Después se divida el trabajo entre los secretarios de la comisión.

Al término de las intervenciones del diputado Rodríguez Montera y las Diputadas Olvera Barrios y Zavaleta Salgada, el diputado presidente preguntó que sí había acuerdo. Por lo que pidió al secretario Rodríguez Montera sometiera a los Integrantes el hecho de que la junta directiva de la comisión calendarice las visitas.

Acto seguido, por instrucciones del diputado presidente, el secretario Rodríguez Montera sometió a consideración que la junta directiva proponga la calendarización, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Una vez que los intercambios de opiniones entre los diputados participantes coincidieron, nuevamente se hizo uso de la palabra reiterando algunos de los planteamientos anteriores y en el sentido de ampliar aspectos que no se habían tratado como son:

Diputado presidente:

• No olvidar que los procesos electorales van vinculados a los programas sociales para revisar las reglas de operación.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado:

• Además del secretario de Gobernación solicitar a los diputados federales que nos auxilien.

Diputada Angelina Carreño Mijares, y diputado presidente Francisco Coronato Rodríguez:

• Que se considere también el auxilio de los diputados locales.

Diputado José Alejandro Montano Guzmán:

• Que se considere la prensa.

6. Asuntos generales

El presidente preguntó si los diputados y diputadas tenían asuntos generales. Los presentes manifestaron que no deseaban hacer uso de la palabra por lo que el presidente declaró que no había asuntos generales que tratar.

Una vez agotada el orden del día, se dio por terminada la sesión.

7. Clausura y cita para la siguiente reunión

El presidente dio por clausurada esta cuarta reunión ordinaria de la Comisión Especial de programas sociales de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión a las 20:10 horas del día 30 del mes de abril del año 2013, y se citó para la próxima reunión el lunes 6 de mayo del presente año a las 12:00 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 30 de abril de 2013. México, DF.

La Junta Directiva de la Comisión Especial de Programas Sociales

Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), secretarios.

Indicadores

Indicadores del Sistema Financiero en México. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados

Resumen Ejecutivo Indicadores Relevantes

Convocatorias

De la Comisión de Infraestructura

A la octava reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 14 de mayo, a las 10:45 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del Día

1. Bienvenida.

2. Registro de asistencia y declaración de quórum.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

5. Informe de actividades realizadas durante la visita al puerto Pichilingue, en Baja California Sur.

6. Información relativa a los foros regionales.

7. Asuntos generales.

8. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Alberto Curi Naime

Presidente

De las Comisiones Unidas de Infraestructura, y de Transportes

A la reunión que sostendrán el martes 14 de mayo, a las 11:30 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del Día

1. Bienvenida.

2. Presentación por los grupos aeroportuarios.

3. Participación de integrantes de las comisiones.

4. Conclusiones.

5. Clausura.

Atentamente

Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez

Presidente de la Comisión de Transportes

Diputado Alberto Curi Naime

Presidente de la Comisión de Infraestructura

De la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México

A la segunda reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 14 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Aprobación del acta correspondiente a la reunión ordinaria anterior.

4. Propuesta de foro nacional, con objeto de establecer en todas las entidades de la república la tipificación del delito de feminicidio de los códigos penales estatales homologados al Código Penal Federal.

5. Propuesta de visita a las entidades del país para establecer acuerdos y convenios con las instancias de mujeres, gobiernos estatales, comisiones legislativas de congresos locales y organizaciones sociales en el tema de feminicidios.

6. Opinión sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a integrar una averiguación previa sólida y contundente que permita hacer justicia en el caso del feminicidio de Darcy Losada, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

7. Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el artículo 4, fracción I, inciso c), subinciso d), a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del PRD.

8. Asuntos generales.

9. Clausura y cita.

Atentamente

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar

Presidenta

De la Comisión de Transportes

A la octava reunión ordinaria, que tendrá verificativo el martes 14 de mayo, a las 12:30 horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior.

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de las siguientes

Minutas

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el senador Eloy Cantú Segovia, del PRI. Expediente 364.

• Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado Adolfo Rojo Montoya, del PAN. Expediente 7155.

• Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 32 Bis y se reforma la fracción XIII del 17 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, promovida por integrantes del PRI y remitida por la Cámara de Senadores. Expediente 7140.

• Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley de Aeropuertos, promovida por integrantes del PVEM y remitida por la Cámara de Senadores. Expediente 7143.

Iniciativas

• Que reforma los artículos 7 y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el diputado José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano. Expediente 1711.

• Que reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Reglamentaria del Servicio Ferroviario, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentadas por el diputado Abel Guerra Garza, del PRI. Expedientes 1411 y 1522.

5. Asuntos generales:

• Comisiones Unidas de Medio Ambiente, y de Transportes, dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Expediente 6924.

Atentamente

Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez

Presidente

De la Comisión de Igualdad de Género

A la octava reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el martes 14 de mayo, a las 16:30 horas, en las oficinas de la convocante, situadas en el edificio D, segundo piso.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación de las siguientes actas:

3.a. De la quinta reunión, celebrada el 19 de marzo de 2013.

3.b. De la sexta reunión, realizada el 9 de abril de 2013.

4. Análisis de los siguientes asuntos turnados para dictamen y opinión:

4.a. Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Proponentes: Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano).

4.b. Opinión sobre la iniciativa que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Proponente: Diputada Jessica Salazar Trejo (PRD).

4.c. Opinión sobre la iniciativa que expide el Código Penal Único. Proponente: Diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano).

4.d. Opinión sobre la iniciativa que expide el Código de Procedimientos Penales Único. Proponente: Diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano).

4.e. Opinión sobre la iniciativa que reforma los artículos 416 del Código civil Federal y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Proponente: Diputada Karina Labastida Sotelo (PAN).

5. Propuesta de primer informe de actividades.

6. Propuesta de los siguientes acuerdos de la junta directiva:

6.a. Entrega de los proyectos del plan de trabajo anual a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Administración.

6.b. Solicitud de información a las autoridades encargadas del cumplimiento de los resolutivos de la sentencia Campo Algodonero.

6.c. Solicitud de información a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

7. Presentación de los proyectos enviados a la Comisión de Equidad y Género.

8. Presentación de la iniciativa de reforma integral de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

9. Seguimiento a la firma del convenio con el Sistema de Naciones Unidas.

10. Reunión informativa sobre los centros de justicia para las mujeres.

11. Asuntos generales:

11.a. Realización del seminario Política pública y presupuestos con perspectiva de género .

11.b. Reunión con las titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, los presidentes de las Comisiones de Equidad y Género de los congresos locales y con la Asamblea del Distrito Federal.

11.c. Reunión con las consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres (23 de mayo de 2013).

11.d. Agendar la reunión para la entrega de reconocimiento al Tribunal Superior Electoral por la sentencia 12624.

12. Clausura y convocatoria para la siguiente reunión junta directiva.

Atentamente

Diputada Martha Lucía Mícher Camarena

Presidenta

De la Comisión de Cultura y Cinematografía

A la octava reunión de junta directiva, por efectuarse el miércoles 15 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón D del edificio G.

Atentamente

Diputada Margarita Saldaña Hernández

Presidenta

De la Comisión Especial de lucha contra la trata de personas

A la segunda reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 16 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Discusión y, en su caso, aprobación del orden de día.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

5. Intervención del licenciado Samuel González.

6. Opinión sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

7. Opinión sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso del Estado de Chihuahua para que discuta y, en su caso, apruebe la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del Estado de Chihuahua.

8. Foro de análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

9. Asuntos generales.

10. Clausura y cita.

Atentamente

Diputada Leticia López Landero

Presidenta

De la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte

A la séptima reunión ordinaria, por celebrarse el viernes 17 de mayo, a las 9:00 horas, en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Norte, situadas en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, kilómetro 18.5, San Antonio del Mar, 22560, Tijuana, Baja California.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Presentación de los temas, los investigadores y las autoridades del Colef, por el presiente de éste, doctor Tonatiuh Guillén López.

5. Escenario de seguridad y desarrollo social, por el doctor César Mario Fuentes Flores, investigador de los Departamentos de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, y de Administración Pública del Colef.

6. Infraestructura de puertos fronterizos y proyecto El Chaparral, por el doctor Noé Aarón Fuentes Flores, director del Departamento de Estudios Económicos del Colef; y el arquitecto Carlos Morales Tayavas, subadministrador de Infraestructura del SAT.

7. Escenario presupuestal de los estados del norte de México, por el doctor Eliseo Díaz González, investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colef.

8. Participación de invitados especiales.

9. Participación de los integrantes de la comisión.

10. Asuntos generales.

Atentamente

Diputado Jaime Bonilla Valdez

Presidente

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

A la cuarta reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 21 de mayo, a las 11:00 horas en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe semestral de la comisión.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, de la iniciativa presentada por la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

5. Presentación de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo en nombre de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social por someterse a la consideración de la Comisión Permanente:

a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Civil en materia de responsabilidad por hecho ilícito, a cargo de la diputada María del Rosario Merlín García.

b) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social en materia de régimen bipartito, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo.

c) Punto de acuerdo para que el gobierno federal realice compras a las sociedades cooperativas a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas.

6. Asuntos generales:

a) Entrega de los videos del foro nacional Hacia una agenda legislativa de la economía social y solidaria.

b) Aprobación de la agenda de trabajo para el periodo de receso mayo-agosto de 2013.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo

Presidenta

De la Comisión de Turismo

A la quinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 21 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación de las actas de reuniones anteriores.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las propuestas de dictamen a los asuntos turnados por la Mesa Directiva.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente

Diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán

Presidente

De la Comisión de Asuntos Indígenas

A la séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 22 de mayo, a las 11:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sexta reunión ordinaria, llevada a cabo el martes 30 de abril de 2013.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputada Eufrosina Cruz Mendoza

Presidenta

De la Comisión de Desarrollo Social

A la reunión que se llevará a cabo el miércoles 22 de mayo, a las 11:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente

Diputado Fernando Charleston Hernández

Presidente

De la Comisión de Cultura y Cinematografía

A la octava reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 22 de mayo, a las 18:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente

Diputada Margarita Saldaña Hernández

Presidenta

De la Comisión de Competitividad

A la segunda reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el jueves 23 de mayo, a las 11:30 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión del 25 de abril de 2013.

4. Informe del grupo de trabajo en el ámbito impositivo para las industrias del tabaco, la vitivinícola y demás relacionadas, integrado por los diputados Fernando Charleston Hernández, Armando Contreras Ceballos, Elizabeth Vargas Martín del Campo y Purificación Carpinteyro Calderón.

5. Presentación y discusión del proyecto de ejes rectores de la Ley Reglamentaria de los Artículos 25 y 26 Constitucionales en materia de Competitividad.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputado Adolfo Orive Bellinger

Presidente

Del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria

A la segunda reunión ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 24 de mayo, a las 10:30 horas, en el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, situado en el Callejón de las Flores número 8, San Luis Huexotla, Texcoco.

Orden del Día

1. Pase de lista de asistencia.

2. Declaración de quórum legal.

3. Lectura del acta correspondiente a la reunión anterior y aprobación, en su caso.

4. Aprobación del plan de trabajo relativo al periodo abril-septiembre.

5. Reunión con comisiones y comités del campo.

6. Asuntos generales.

Atentamente

Diputado Marco Antonio González Valdez

Presidente

De la Comisión del Distrito Federal

A la cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 28 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón B del edificio G.

Atentamente

Diputada Laura Barrera Fortoul

Presidenta

Invitaciones

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

A la conferencia Construcción de políticas públicas para el desarrollo, que impartirá la doctora María Cristina Cacciamali, de la Universidad de São Paulo, el martes 14 de mayo, a las 10:00 horas, en el salón C del edificio G.

Atentamente

Licenciado Raúl Mejía González

Director General

Avisos

De la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad

A legisladores y servidores públicos de la Cámara de Diputados obligados a presentar declaración de situación de modificación patrimonial 2013, se les informa que en el vestíbulo principal (ala norte, edificio A), de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 18:30 horas, estarán instalados, funcionando y brindando atención, los siguientes módulos de la Auditoría Superior de la Federación:

1. De asesoría y orientación sobre declaraciones de modificación patrimonial 2013, a partir del lunes 22 de abril al viernes 31 de mayo. Más información a la extensión 55048.

2. Para la recepción de declaraciones de modificación patrimonial 2013, a partir del miércoles 1 al viernes 31 de mayo. Más información a la extensión 56088.

Atentamente

Doctor Alejandro Somuano Ventura

Director General