Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de Coahuila, de Tabasco y de Tlaxcala.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura.
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política, en relación con los grupos de amistad.
Minutas
Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley del Registro Público Vehicular. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina. (Dispensa de trámites, discusión y votación)
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano General Brigadier DEM Gilberto Hernández Andreu para aceptar y usar la condecoración Legión al Mérito, que le confiere el Ejército de Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Capitán de Fragata CG DEM Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere dicha Junta. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Ejecutivo
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso de Baja California
Que reforma el párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al proceso presupuestal, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102 y adiciona un párrafo segundo a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
De Ley General para el Ejercicio de las Profesiones, Reglamentaria de los Artículos 5° y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción VI y adiciona la fracción VIII al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con objeto de que la Cofetel pueda sancionar directamente a quienes infrinjan la norma correspondiente, a cargo del diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
De Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el inciso e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 225 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y adiciona la fracción XV al artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que adiciona los artículos 201 Bis y 205 del Código Penal Federal, para incluir en los medios de comisión del ilícito tipificado como corrupción de menores e incapaces el uso de las redes de información electrónica abiertas y otros sucedáneos que se instrumenten al efecto, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un párrafo tercero al artículo 21 y un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73; y reforma el párrafo segundo del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción V del artículo 28; y deroga la fracción VII del artículo 111 y el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Francisco Javier Guízar Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma la Ley General de Educación, a fin de vincular los contenidos de la enseñanza con la educación para la salud y evitar la discriminación de los menores en el ámbito escolar, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 12 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natania Swirski Roldán para prestar servicios en los Consulados de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México; y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para que se practique una auditoría ambiental al complejo termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad, situado en el municipio de Tuxpan, Veracruz.
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo en relación con la proposición para que se exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a destinar un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas de investigación científica.
De las Comisiones Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al ayuntamiento de Tultitlán, México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación de cromato hexavalente en la región de Lechería.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue el asunto de discriminación racial que vienen sufriendo indígenas del estado de Hidalgo por el uso del parque Rubén Darío, en la colonia Providencia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que informe si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del diputado yucateco profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo y su asistente.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia de la entidad a cumplir la recomendación 18/2000, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso de Paulina Ramírez Jacinto.
Dictámenes negativos
De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma, adiciona y deroga los artículos 324, 325 y 333 de la Ley General de Salud.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, para el esclarecimiento del asesinato de la defensora de derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla Griselda Tirado Evangelio, a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que el Poder Ejecutivo federal retire las reservas al pacto de derechos económicos, sociales y culturales para que se respete el derecho a la libertad sindical en México, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto al buque chileno Esmeralda, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, que exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes, a la asociación Rafael Flores Canelo y a los miembros del Ballet Independiente a resolver los conflictos laborales, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer, en coordinación con los gobiernos estatales y los municipales de Quintana Roo y de Baja California, normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena (Rincodon typus), así como con objeto de crear acuerdos de coordinación en los tres niveles de gobierno para el manejo, la conservación y la protección de su hábitat, a cargo del diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a declarar zona de monumentos históricos y artísticos el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a instalar una mesa de trabajo que realice una revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Baja California, a cargo del diputado Narciso Agúndez Montaño, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Procuraduría General de la República a realizar, en coordinación con la Profepa, las acciones necesarias para reubicar los asentamientos irregulares de la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas; y a la Secretaría de Gobernación, a verificar y tomar medidas contra extranjeros que participen en actos ilícitos como la invasión de áreas naturales, dotando el Gobierno Federal de los recursos requeridos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas locales a agilizar la discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que amplía el segundo periodo ordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a exigir la aplicación irrestricta de la normatividad ambiental en las diversas instalaciones petroleras y el cumplimiento puntual de los compromisos asumidos por Pemex en el programa de auditorías ambientales, a cargo del diputado Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a eliminar de las ceremonias civiles matrimoniales la Epístola de Melchor Ocampo, ya que se atenta contra los derechos y la dignidad de las mujeres, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a reestructurar las tarifas en favor de los usuarios del estado de Chiapas, a cargo del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia, por separado, de los secretarios de Educación Pública, y de Salud, ante las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Salud, a efecto de conocer y responder respecto a las denuncias de padres de familia sobre la inducción para la medicación de drogas a menores que realizan algunos servidores públicos del sistema escolar, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al director general del IMSS a ratificar y respetar el acuerdo 773/2000, celebrado el 22 de noviembre de 2000 por el Consejo Técnico de esa institución, a cargo del diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la solicitud de Estados Unidos de América a fin de celebrar consultas con el gobierno mexicano en el órgano de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio respecto a las medidas fiscales de nuestro país referentes a refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal el cierre definitivo de la unidad administrativa de la Presidencia de la República denominada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para realizar los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla, a cargo de la diputada María Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales en beneficio de los damnificados por las lluvias registradas el 3 de abril de 2004 en Ciudad Acuña, Jiménez y Piedras Negras, Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para fijar tarifa especial 1F que considere las altas temperaturas que se registran durante el verano en el estado de Chihuahua y diversas regiones del país, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, referente a la invasión de extranjeros que ocurre en el estado de Chiapas, quienes violan la Ley General de Población, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias y arancelarias, así como de los juicios que se desprendan de éstos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindical, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un encargo público de elección popular, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con el proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en Chapantongo, Hidalgo, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinación para que rinda un informe ante la Comisión de Energía, presidentes municipales y miembros de la comunidad sobre el estado que guardan las acciones emprendidas a efecto de reparar el daño ocasionado en Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera, acaecidos el 5 de junio de 2003 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a evitar que las empresas importadoras sigan introduciendo todo tipo de contrabando en el país; y al Consejo de la Judicatura Federal, a supervisar la actuación de los jueces de distrito que otorgan amparos para importar mercancías mediante el denominado "contrabando técnico", a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Salud cite a comparecer al doctor José Ignacio Santos Preciado, director general del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús E. Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, en función de sus facultades y atribuciones, el secretario de Economía vuelva a incluir el azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marítimo-terrestre a los estados y los municipios, a cargo del diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, a solicitud del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Agenda política
Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre los resultados de la reunión de la Cepal que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral del estado, para la asignación de 50% de las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la construcción de la terminal norte de Toluca, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios en torno de la decisión del Gobierno de Canadá, sobre la matanza masiva de focas en su territorio, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Efeméride
Sobre el aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata,
a cargo del diputado Manuel García Corpus, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES SEIS DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos veintiséis diputadas y diputados, a las diez horas con veintiséis minutos del martes seis de abril de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Chihuahua, una; Colima, una; y Yucatán, dos, por las que informan de actividades propias de sus respectivas legislaturas. De enterado.
Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo por el que se propone a los diputados de la delegación que participará en la cuadragésima tercer Reunión Interparlamentaria México - Estados Unidos de América. Se aprueba en votación económica.
El Presidente informa de la recepción de una solicitud para incorporar en el orden dos iniciativas con proyectos de decreto. La Asamblea, en votación económica, admite la incorporación. En consecuencia, se concede la palabra al diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos veinticinco de la Ley General de Educación y trece de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro; reforma el artículo quince y adiciona el artículo cincuenta y tres del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro; y adiciona el artículo veinticinco de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. Asimismo, la Secretaría da lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite iniciativa del titular del Poder Ejecutivo con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:
José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos setenta y tres y setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ochocientos veintidós de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Amalín Yabur Elías, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y reforma y adiciona el artículo treinta y uno de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; reforma los artículos treinta y uno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y tercero de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y deroga el decreto que establece el Acuerdo que Autoriza el Ajuste, Modificación y Reestructuración a las Tarifas para Suministro y Venta de Energía Eléctrica y Disminuye el Subsidio a las Tarifas Domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha siete de febrero de dos mil dos.
Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
Gonzalo Alemán Migliolo, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo ochenta y seis G - uno a la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Carlos Mireles Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y tres, sesenta y uno, cien, cien - bis, ciento ocho y ciento diecinueve de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, ésta última a solicitud hecha desde su curul por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, y atendida por la Presidencia.
José Manuel Carrillo Rubio, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo treinta y uno bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma los artículos veinticinco, segundo párrafo; y cincuenta y cinco; y adiciona el artículo sesenta y cuatro del Código Penal Federal. Es de segunda lectura. La diputada Rebeca Godínez y Bravo, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia;
Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra
Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado Antonio Morales de la Peña
Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática; y Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional. En votación económica la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos treinta y tres votos en pro y ninguno en contra.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos veinticinco, segundo párrafo; y cincuenta y cinco; y adiciona el artículo sesenta y cuatro del Código Penal Federal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es de segunda lectura. La diputada Rebeca Godínez y Bravo, del Partido Revolucionario Institucional, fundamenta el dictamen a nombre de la Comisión. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia; Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática; y Francisco Javier Valdéz de Anda, del Partido Acción Nacional. La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en votación económica y la Secretaría recoge la votación correspondiente, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos treinta y nueve votos en pro, ninguno en contra y seis abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Transcurrido el tiempo acordado para la duración
de esta sesión, la Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima. El Presidente informa que la última votación
nominal servirá para el registro final de diputadas y diputados
y levanta la sesión a las catorce horas, citando para la que tendrá
lugar el martes trece de abril de dos mil cuatro, a las once horas.
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
En sesión celebrada hoy, 5 de abril de 2004, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre "inundaciones que se manifestaron en Villa de Fuente, del municipio de Piedras Negras, Coahuila", la cual fue planteada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Unidad Democrática de Coahuila, así como el diputado Ramón Díaz Avila, del Partido del Trabajo, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.
Al tratarse este asunto, el Pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:
Segundo. Que se haga lo pertinente para que se declare zona de emergencia la región norte del estado, a fin de que determinen y asignen de manera urgente recursos del Fonden, en apoyo de las familias damnificas.
Tercero. Requiérase a la Comisión de Desarrollo Social para que dé seguimiento a todas y cada una de las acciones diseñadas para proporcionar la ayuda necesaria a quienes resultaron afectados por los fenómenos naturales ocurridos en la región norte del estado.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 5 de abril de 2004.
Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Oficial Mayor del Congreso
Punto de acuerdo que presenta la LVI Legislatura del Congreso del estado sobre las inundaciones que se manifestaron en Villa de Fuente, del municipio de Piedras Negras, Coahuila
Los grupos parlamentarios integrantes de la LVI Legislatura del Congreso del estado y el diputado Ramón Díaz Avila, representante del Partido del Trabajo, se unen en estos momentos al dolor que embarga y enluta a las familias coahuilenses del norte del estado, en particular a los habitantes de Villa de Fuente, del municipio de Piedras Negras, quienes sufrieron la pérdida de algún ser querido, así como de bienes materiales, a consecuencia de la sorpresiva inundación causada por la tromba que azotó ayer, domingo 4 de abril, los municipios de Acuña, Jiménez, Zaragoza y Piedras Negras.
Las torrenciales aguas del río Escondido han cobrado al memento la vida de 15 ciudadanos, existiendo un reporte de más de 100 desaparecidos. Igualmente, los ríos Sabinas y Alamos han provocado inundaciones en Nueva Rosita y Sabinas, afortunadamente sin desgracias humanas.
La respuesta inmediata de la Dirección de Protección Civil, Servicios Aeroportuarios y Desarrollo Social, convocados por el Ejecutivo del estado, han prestado una pronta respuesta al clamor de auxilio. De igual manera lo viene realizando el Ejército Nacional, que ha implantado el Plan de Emergencia DN3 en coordinación con las autoridades municipales, y la solidaria presencia y ayuda del gobierno de Eagle Pass y Del Río, Texas. Todos ellos vienen emprendiendo exhaustivas tareas de rescate, prevención, equipamiento de albergues, atención médica y funeraria, vigilancia y salvaguarda de bienes, y las acciones pertinentes para hacer menos dolorosos estos mementos y evitar mayores tragedias.
En atención a lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 67, fracción XX, de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza y en el artículo 17, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Coahuila, presentamos los siguientes
Puntos de Acuerdo
1. El Congreso del estado apoya y aprueba todas las iniciativas que emprenda el licenciado Enrique Martínez, gobernador constitucional del estado, en favor de las familias damnificadas;
2. Solicítese a la Secretaría de Gobernación que declare zona de emergencia la región norte del estado para que determine de manera urgente recursos del Fonden en apoyo de las familias damnificadas por esos desastres naturales.
3. Requiérase a la Comisión de Desarrollo Social a fin de que dé seguimiento a todas y cada una de las acciones diseñadas para proporcionar la ayuda necesaria a quienes resultaron afectados por esos fenómenos naturales.
Saltillo, Coahuila, a 5 de abril de 2004.
Por el Grupo Parlamentario "Luis Donaldo Colosio Murrieta"
del Partido Revolucionario Institucional (rúbrica)
Por el Grupo Parlamentario "Luis Héctor Alvarez
Alvarez" del Partido Acción Nacional (rúbrica)
Por el Grupo Parlamentario "Heberto Castillo" del Partido
de la Revolución Democrática (rúbrica)
Por el Grupo Parlamentario "Evaristo Pérez Arreola"
de la Unidad Democrática de Coahuila
Y el diputado Ramón Díaz Avila (rúbrica),
representante del Partido del Trabajo
DEL CONGRESO DE TABASCO
Villahermosa, Tabasco, marzo 18 de 2004.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión
Ciudad de México, DF
El día 4 de marzo actual, la Quincuagésima Octava Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco emitió el decreto 005, por el cual se declara al presente año como "2004, Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano", por lo cual toda la correspondencia oficial del estado y municipios de Tabasco deberá contener al rubro o al calce dicha leyenda.
Dicho decreto fue publicado en el suplemento B al Periódico Oficial del Estado N° 6419, con fecha 13 de los corrientes.
Al respecto, en anexo se acompañan copia fiel del decreto 005, así como un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que fue publicado.
De acuerdo con el transitorio segundo del decreto 005, se le hace la presente comunicación para todos los efectos jurídicos a que haya lugar.
Sin otro particular, reciban de esta Legislatura estatal un cordial saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. José Alberto García González
(rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y considerando la siguiente:
Exposición de Motivos
El 12 de noviembre de 1853, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna, el Ministerio de Fomento, a cargo de Joaquín Velásquez de León, publicó una convocatoria para la creación de un Himno Nacional, que fue firmada por el Oficial Mayor, Miguel Lerdo de Tejada, en la que se ofrecía un premio "a la mejor composición poética que pueda servir de letra a un canto verdaderamente patriótico", y señalaba un perentorio plazo de veinte días para presentar el trabajo.
Francisco González Bocanegra no intentaba tomar la pluma para concursar, arguyendo que no era su estilo; que una cosa era escribir versos para la mujer amada y otra muy distinta tener la inspiración para escribir un himno a la patria. Pero Guadalupe González del Pino y Villalpando -prima suya en tercer grado- tenía una fe inmensa en la calidad poética de su novio. Como Francisco González Bocanegra se negaba a presentarse al certamen, a pesar de la insistencia de Guadalupe y sus amigas; ella, con un pretexto lo guió a una pieza aislada de su casa en la calle de Santa Clara (hoy Tacuba) número 6 de la Ciudad de México; lo encerró, y se negó a abrirle mientras no le pasara por debajo de la puerta la composición que iría al concurso.
Mucho le costó a González Bocanegra empezar a escribir su canto a la Patria. Tuvo que repasar mentalmente todas las vicisitudes que habían vivido México, los logros, los fracasos, los ideales... y, despertada la inspiración, fluyeron los versos casi sin corrección, casi sin dudas... Después de cuatro horas de trabajo, esos versos, nacidos del numen creador del poeta, detenidamente pensados y sentidos en cuanto a su contenido, pasaron por debajo de la puerta cerrada de la mano del poeta a la de su musa, y de la de ella a la historia.
El fallo del jurado, compuesto por hombres tan eminentes como José Bernardo Couto, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, fue ratificado de inmediato por la nación entera, y el entusiasmo suscitado por los versos de González Bocanegra fue tal que, como el concurso para elección de música se alargaba, el maestro Juan Bottessini, director de la Compañía de Opera Italiana que por entonces ocupaba el teatro Santa Anna, puso música a los versos e hizo ejecutar su composición el 17 de mayo de 1854. La interpretación estuvo a cargo de Enriqueta Sontang, soprano, y Gaspar Passolini, tenor.
En agosto de 1854 el jurado musical dio su fallo: la música premiada se debía a la inspiración de Jaime Nunó Roca, inspector de las bandas militares y español de nacimiento. El estreno oficial del Himno Nacional Mexicano se llevó a cabo el 16 de septiembre de ese mismo año, en el teatro Santa Anna, bajo la batuta de Jaime Nunó Roca, cantado por la soprano Balbina Steffenone y el tenor Lorenzo Salvi.
Hay quienes piensan en el himno como un canto sangriento. Nada más equivocado. El Himno Nacional mexicano alude a la legítima defensa de la patria y a la concordia entre los mexicanos. Siendo Francisco González Bocanegra hijo de un natural de Cádiz, es comprensible que nuestro himno nacional sea el único himno de Hispanoamérica que no respira odio contra España. Por lo demás no cabe duda que Amado Nervo tuvo mucha razón cuando escribió que: "El Himno Nacional Mexicano solamente tiene un émulo en la Marsellesa".
El 15 de septiembre de este año 2004 se cumplirán 150 años de que se interpretó, por vez primera, nuestro glorioso Himno Nacional: símbolo de la patria, canto de amor y esperanza de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y siendo facultad del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco expedir decretos para la mejor administración del estado, planeando su desarrollo social, conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 36 de la Constitución particular de nuestra entidad federativa, ha tenido a bien emitir el siguiente:
Decreto 005
Artículo Primero. Se declara al presente año como "2004, Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano".
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, con motivo de los 150 años de la composición del Himno Nacional, toda la correspondencia oficial del estado y municipios de Tabasco deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda:
"2004, Año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano."
Artículo Tercero. El estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y a través de las dependencias correspondientes, promoverán durante el año de 2004 actos cívicos para difundir, entre las y los ciudadanos, las biografías de don Francisco González Bocanegra y de don Jaime Nunó Roca, así como los hechos históricos relativos a la composición y devenir del Himno Nacional Mexicano.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2004.
Segundo. Comuníquese al honorable Congreso de la Unión y a todas las Legislaturas de la Federación mexicana, remitiendo copia del presente decreto y del Periódico Oficial del Estado en que fuere publicado.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Dora María Sscherrer Palomeque (rúbrica)
Presidenta
Dip. José Luis Sánchez López (rúbrica)
Secretario
Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2004.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión
Presente
El día de hoy, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco aprobó el punto de acuerdo 7, cuyo resolutivo a la letra expresa:
Artículo Unico. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura federal ordene a través de su órgano técnico, la entidad de fiscalización superior de la Federación, se audite el manejo y aplicación de los recursos ejercidos durante el año 2003 por la Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique y, una vez concluida la misma, comunique a esta Legislatura su resultado.
Al respecto y para cumplir el transitorio único de dicha resolución, en anexo se hace llegar a esa representación popular copia fiel del punto de acuerdo 7, para su conocimiento y trámite correspondiente.
Sin otro particular, reciban de esta Legislatura estatal un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Joel Alberto García González (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del estado de Tabasco, y
Considerando
Primero. Que el Plan Balancán-Tenosique se creó por decreto presidencial en 1971; sin embargo, las condiciones productivas de las 115 mil 668 hectáreas que forman el distrito de desarrollo rural 192 se han ido deteriorando, a tal grado que en pocos años esa región podría perder su vocación agropecuaria.
Segundo. Que pugnar por el mejoramiento de las condiciones productivas del Plan Balancán-Tenosique no debe ser bandera enarbolada únicamente por el diputado de Balancán o por la de Tenosique, ni siquiera por la totalidad de los integrantes de esta Legislatura, sino de todos los que tengan interés en nuestro estado y, particularmente, que esta región sea nuevamente atractiva, no sólo para sus 20 mil habitantes residentes, sino también para todas las personas, sobre todo jóvenes, que en los últimos años han emigrado hacia Estados Unidos de América por no encontrar en su lugar de origen condiciones para su desarrollo integral.
Tercero. Que en el plano institucional, la responsabilidad de la situación referida corresponde a la Federación y al gobierno del estado, y que los habitantes de la región que ocupa el Plan Balancán-Tenosique esperan que se cumpla el postulado 1 del artículo 3° de la Ley de Distritos de Desarrollo Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, en el sentido de "mejorar los niveles de vida de la población rural, procurándoles mínimos de bienestar en materia de alimentación, vivienda; salud y educación".
Cuarto. Que por lo que se refiere al municipio de Balancán, igual que sucede en el distrito de desarrollo número 192, su población es eminentemente rural, por lo que esa región basa su economía y su alimentación en las actividades productivas del campo.
Quinto. Que las características naturales de Balancán dan a este municipio un elevado potencial agrícola, pecuario, pesquero y forestal; sin embargo, esta condición no ha sido suficientemente aprovechada, aunque hace algunos años fue uno de los principales productores de carne y leche bovina, así como de maíz y sandía, entre otros cultivos.
Sexto. Que es necesario que el Plan Balancán-Tenosique se beneficie de lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito el pasado 28 de abril por el Ejecutivo federal y las organizaciones campesinas y de productores, en el sentido de que en esa región se haga efectivo el otorgamiento de costos de insumos, como el diesel y la energía eléctrica, respecto al que pagan países socios comerciales nuestros.
Séptimo. Que debe darse cabal cumplimiento a la solicitud que hace en dicho acuerdo el Ejecutivo federal a los gobiernos de las entidades federativas, en el sentido de considerar que los recursos que le sean transferidos, procedentes de los excedentes petroleros, se utilicen en los programas de inversión para la ampliación y el mantenimiento de la infraestructura rural básica y productiva.
Octavo. Que es necesario conocer la forma en que se vienen manejando y aplicando los recursos federales destinados al Plan Balancán-Tenosique, con objeto de verificar que se estén cumpliendo los objetivos contenidos en su programa de producción agropecuaria y con los postulados señalados en el considerando tercero.
Noveno. Que la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tiene a su cargo fiscalizar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rindan en términos que dispone la ley de la materia, pudiendo fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y los municipios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Décimo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tiene la facultad constitucional de coordinar el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 74 de nuestra Carta Magna.
Décimo Primero. Que es facultad de este Congreso estatal aprobar, en su caso, los puntos de acuerdo legislativos que los diputados propongan a la Legislatura para gestionar ante las instancias competentes el apoyo a la población y buscar el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del estado de Tabasco.
Por ello, se emite el siguiente
Punto de Acuerdo 7
Artículo Unico. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura federal ordene, a través de su órgano técnico, la entidad de fiscalización superior de la Federación, se audite el manejo y la aplicación de los recursos ejercidos durante el año 2003 por la Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán-Tenosique y, una vez concluida la misma, comunique a esta Legislatura su resultado.
Transitorio
Unico. Se instruye al oficial mayor del Congreso del estado de Tabasco para que haga llegar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión copia fiel de la presente resolución, para su conocimiento y trámite correspondiente.
Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los once días del mes de marzo del año dos mil cuatro.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Dora María Scherrer Palomeque (rúbrica)
Presidenta
Dip. José Luis Sánchez López (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DE TLAXCALA
CC. Diputados Secretarios del H. Congreso de la Unión
Presentes
Con fundamento en lo establecido por el artículo 96, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, me permito informarles que en sesión ordinaria pública celebrada el día 9 de marzo del año 2004, la LVII Legislatura del estado de Tlaxcala acordó hacer una atenta y respetuosa solicitud al Congreso de la Unión para que se respete el consenso absoluto de más de treinta mil trabajadores del sistema nacional de institutos tecnológicos, rechazando la descentralización de este nivel educativo. Se anexa el acuerdo de mérito.
Aprovecho la presente para enviarles un cordial y respetuoso saludo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala de X., a 9 de marzo de 2004.
El Secretario Parlamentario del H. Congreso
Sergio Cuahutémoc Lima López (rúbrica)
Acuerdo
Primero. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala hace una atenta y respetuosa solicitud al Congreso de la Unión para que se respete el consenso absoluto de más de treinta mil trabajadores del sistema nacional de institutos tecnológicos, rechazando la descentralización de este nivel educativo.
Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo federal para que en la esfera de su competencia realice los acuerdos para tal fin.
Tercero. Envíese a las Legislaturas del país y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de solicitar su solidaria adhesión al mismo, y remitan, de estimarlo conveniente, similar resolutivo al Congreso de la Unión.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Táscala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cuatro.
Dip. José Antonio Rosas Lezama (rúbrica)
Presidente
Dip. Froylán Mendieta Cuapio (rúbrica)
Secretario
Dip. María de Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi
(rúbrica)
Secretaria
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA
Recinto Legislativo, a 1 de abril de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, fracción XXI, y 36, fracción V, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me dirijo a usted con el propósito de comunicarle que en la sesión del Pleno de este órgano legislativo, celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias a la propuesta con punto de acuerdo para solicitar al honorable Congreso de la Unión que modifique el artículo 11 constitucional para reconocer expresamente a hombres y a mujeres el derecho del libre tránsito, que en sus resolutivos establece:
Unico. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicite respetuosamente al H. Congreso de la Unión que inicie el procedimiento legislativo correspondiente a efecto de que sea reformado el artículo 11 constitucional para que se adicione la expresión "y mujer tienen", para quedar en los siguientes términos:
Artículo 11. Todo hombre y mujer tienen derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y alas de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Anexa al presente, me permito remitirle copia de la propuesta con punto de acuerdo en comento, para los efectos legislativos a que haya lugar.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Francisco Chiguil Figueroa (rúbrica)
Presidente
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal
A la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias fue turnado para su análisis y dictamen LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN MODIFIQUE EL ARTÍCULO 11 CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER EXPRESAMENTE A HOMBRES Y MUJERES EL DERECHO DEL LIBRE TRÁNSITO, presentada por el Diputado José Guadalupe Jiménez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción I, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 32, 31 y 34 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión se abocó al estudio de LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN MODIFIQUE EL ARTÍCULO 11 CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER EXPRESAMENTE A HOMBRES Y MUJERES EL DERECHO DEL LIBRE TRÁNSITO.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, somete al pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal el presente Dictamen, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria de la n Permanente de esta H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, celebrada el día 10 de marzo del año 2004, se presentó LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN MODIFIQUE EL ARTÍCULO 11 CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER EXPRESAMENTE A HOMBRES Y MUJERES EL DERECHO DEL LIBRE TRÁNSITO, presentada por el Diputado José Guadalupe Jiménez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2.- Por instrucción de la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura, fue turnada la propuesta con punto de acuerdo indicada a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, con fecha 10 de marzo del año 2004, recibida el día 12 de marzo del 2004, a fin de que con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se procediera a la elaboración del Dictamen correspondiente.
3.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, se reunió el 26 de marzo del 2004 para dictaminar la propuesta con punto de acuerdo presentada, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta H. Asamblea Legislativa bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que esta Comisión es competente para conocer LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN MODIFIQUE EL ARTICULO 11 CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER EXPRESAMENTE A HOMBRES Y MUJERES EL DERECHO DEL LIBRE TRÁNSITO, presentada por el Diputado José Guadalupe Jiménez Magaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69, 60 fracción II, 61, 62 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea legislativa del Distrito Federal y 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Que en México la libertad de tránsito es reconocida desde los inicios de nuestra vida independiente, habiéndose plasmado en el artículo 17 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En el régimen centralista de la Constitución de Siete Leyes de 1836 se establece con precisión la libertad de mudar de residencia al extranjero. La misma redacción se mantuvo con el proyecto de reforma constitucional de 1839 en su artículo 9 fracción XVI y de igual manera en las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843.
TERCERO.- Que la Constitución de 1917 en su artículo 11 consagra una de las libertades constitucionales de origen liberal, la libertad de tránsito, también conocida como libertad e movimiento o locomoción e incluye la libertad de residencia, mismas que tienen diversas connotaciones. La libertad de residencia se refiere a la facultad de todo individuo para establecer su residencia o morada permanente o transitoria, en cualquier parte del territorio nacional. La libertad de tránsito consagrada en el artículo se concreta en la facultad de que todo individuo se desplace por el territorio del país sin la necesidad de autorización o permiso previo de la autoridad, pasaporte o salvoconducto, carta de seguridad, o cualquier otro requisito de este tipo, así como la libertad para entrar y salir del país sin autorización permiso previo.
CUARTO.- Que la redacción de la al Constitución se refiere en términos de especie al referirse al hombre y no se ha reconocido a la figura femenina en términos genéricos. Por tanto resulta fundamental actualizar los supuestos normativos de la legislación vigente que contempla al hombre como especie y omite la distinción de género.
QUINTO.- Que en este sentido, el propósito de la propuesta con punto de acuerdo para modificar el artículo 11 constitucional es la de ofrecer respecto a la dignidad humana del hombre y la mujer, haciendo prevalecer la distinción de género.
En virtud de las razones antes expuestas, esta Dictaminadora considera que es de aprobarse el punto de acuerdo objeto del presente análisis, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 fracción segunda de la ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el artículo 28 párrafo segundo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y en términos del artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como con lo solicitado por LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN MODIFIQUE EL ARTÍCULO 11 CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER EXPRESAMENTE A HOMBRES Y MUJERES EL DERECHO DEL LIBRE TRÁNSITO, la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, considera que es de resolverse y se:
RESUELVE
SE APRUEBA LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN MODIFIQUE EL ARTÍCULO 11 CONSTITUCIONAL PARA RECONOCER EXPRESAMENTE A HOMBRES Y MUJERES EL DERECHO DEL LIBRE TRÁNSITO, para quedar en los siguientes términos:
ÚNICO.- Que esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicite respetuosamente al H. Congreso de la Unión inicie el procedimiento legislativo correspondiente a efecto de que sea reformado el artículo 11 constitucional para que se adicione la expresión "y mujer tienen" para quedar en los siguientes términos:
Artículo 11.- Todo hombre y mujer tienen derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país."
Por la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias
Diputados: Obdulio Avila Mayo (rúbrica),
Presidente; Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), vicepresidenta; Roberto
Carlos Reyes Gamiz, secretario; Jorge Alberto Lara Rivera (rúbrica,
abstención), José Guadalupe Jiménez Magaña
(rúbrica), Lorena Villavicencio Ayala, Héctor Mauricio López
Velázquez.
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2003.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara
de Diputados
Presente
Me permito comunicar a usted que, con oficio OASF/558/2004, de fecha 31 de marzo del año en curso, el Auditor Superior de la Federación entregó a esta Comisión de Vigilancia el informe del resultado derivado de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 2002, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 79, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 30, 32, 66, 67, fracciones I y III, y 74, fracción XV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, me permito remitir a usted el informe del resultado sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002.
Anexo se servirá encontrar el referido informe, contenido en 10 tomos, con un total de 20 volúmenes, y un CD-ROM.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
Atentamente
Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica)
Presidente
México, DF, a 1° de abril de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
En términos de lo dispuesto por los artículos 3, 14 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la entidad de fiscalización superior de la Federación efectuó la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2002.
Al efecto, con fundamento en los artículos 30 y 74, fracción XV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el 31 de marzo de 2004 se rindió a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2002.
Como resultado de dicha revisión y con fundamento en los artículos 74, fracciones I, XI, XII y XX, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; 5, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; y 48, fracción II, del Código Fiscal de la Federación de aplicación supletoria en términos del artículo 6 de la citada ley, se formulan las recomendaciones y, en su caso, las solicitudes de aclaración que se detallan en el anexo de este oficio, a efecto de que esa H. Cámara de Diputados adopte las medidas o ejerza las acciones que procedan y las haga del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación dentro del plazo de 45 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente; haciendo constar que en caso de no recibirse la información solicitada dentro del plazo concedido, se promoverá la instauración de los procedimientos administrativos correspondientes, con motivo del incumplimiento de este requerimiento.
Lo anterior con el fin de estar en posibilidad de informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del seguimiento de las referidas acciones, así como de la aplicación de las medidas correctivas procedentes.
Atentamente
CPC Arturo González de Aragón O. (rúbrica)
Auditor Superior de la Federación
Auditoría Superior de la Federación
Revisión de la Cuenta Pública del año
2002
Relación de observaciones y acciones promovidas
Anexo al oficio No. OASF-674/2004
Ente Público Auditado: 01100 Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión
Sector o Ramo: 01 Poder Legislativo
No. de Auditoría: 02-01100-2-189
Título: Egresos Presupuestales del Capítulo
3000 "Servicios Generales"
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General
de Auditoría al Gasto Público Federal
No. 3.1
OBSERVACIÓN
Con el análisis de los manuales de procedimientos de las direcciones generales de Servicios Médicos y de Recursos Materiales y Servicios, así como de la Coordinación General de Comunicación Social y los Lineamientos Generales para la Administración de Recursos, se constató que la autorización de éstos se efectuó durante los ejercicios de 1996, 1997 y 1999, respectivamente.
Asimismo, con la evaluación del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios Médicos y del Acuerdo para el uso de los Servicios Médicos, se determinó que no se establecen límites en los montos máximos y mínimos de los reembolsos por gastos médicos.
El Manual de Procedimientos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios no contempla los procedimientos de adjudicación que realiza la HCD por licitación pública nacional e internacional y los montos máximos autorizados para la adquisición de bienes y servicios no corresponden a los autorizados por la Comisión de Administración.
Respecto al Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Comunicación Social, se constató que no considera la elaboración de un programa anual de adquisiciones de los servicios de publicaciones.
Por último, se observó que en general esta normatividad interna establece la realización de los procedimientos conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obra Pública que fue abrogada en 2000.
Lo anterior contravino los artículos 51, párrafo primero, inciso b, y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-001 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para
que las direcciones generales de Servicios Médicos, y de Recursos
Materiales y Servicios emitan los Manuales de Procedimientos, así
como los Lineamientos Generales para la Administración de Recursos
y, en su caso, se incluya la información de los montos máximos
y mínimos para efectuar las compras, la realización de licitación
pública y la normativa actual para efectuar las adquisiciones de
bienes y/o servicios.
02-01100-2-189-01-002 Recomendación
Se recomienda que la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados instruya a la Coordinación General de Comunicación
Social a fin de que actualice el Manual de Procedimientos aplicable y realice
los trámites para su autorización y difusión.
No. 4.1
OBSERVACIÓN
Con evaluación del Procedimiento de Afectación Presupuestal de la H. Cámara de Diputados, se identificó que cuenta con la descripción de actividades que permiten la elaboración del presupuesto anual de la H: Cámara de Diputados y las adecuaciones presupuestales mediante las que se da suficiencia a las partidas de gasto autorizadas; sin embargo, éste fue aprobado para el ejercicio de 2000 y en consecuencia no se ha actualizado, respecto de incluir las acciones y formatos que debe realizar la DGPP a fin de llevar a cabo ampliaciones a partidas, conceptos y programas con cargo a los ingresos excedentes a que se refiere el artículo 21, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 y 10, 11 y 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002. Lo anterior, en infracción de lo dispuesto en el artículo 50, del numeral 4 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-003 Recomendación
Se recomienda que la Secretaría de Servicios Administrativos
y Financieros instruya a la Dirección General de Programación
y Presupuesto a fin de que se efectúe la actualización del
procedimiento de afectación presupuestal de la H. Cámara
de Diputados, respecto de los mecanismos que le permitan utilizar los ingresos
excedentes, en cumplimiento del Estatuto de la Organización Técnica
y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.
No. 6.1
OBSERVACIÓN
Se pudo observar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios no formuló el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por lo que no fue posible confirmar si los servicios contratados, en 2002, se programaron con base en las necesidades reales de la H. Cámara de Diputados, en infracción de los numerales 13, 20 y 21 de los Lineamientos Generales para la Administración de Recursos de la H. Cámara de Diputados.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-004 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios invariablemente
formule el Programa Anual de Adquisiciones, a efecto de que la programación
de las adquisiciones de bienes y servicios se realice de acuerdo con las
necesidades reales de la H. Cámara de Diputados, en cumplimiento
de los Lineamientos Generales para la Administración de Recursos
de la H. Cámara de Diputados.
No. 7.1
OBSERVACION
En relación con la Invitación a cuando menos cinco personas, se observó que la operación no se formalizó mediante la firma del acta de fallo correspondiente, únicamente se localizó el oficio núm. LVII/DA/1336/99 del 16 de diciembre de 1999 donde se le informa al prestador del servicio que resultó ganador (Transportación Artística, Ejecutiva y de Turismo). También se localizó el contrato núm. DGRMS/012/2000 de fecha 17 de enero de 2000, cuyo objeto es prestar el servicio de Renta de Transporte; asimismo, presentaron los convenios modificatorios que permiten ampliar la vigencia del contrato al 28 de febrero, 30 de junio y 31 de diciembre de 2001. Para efecto de las erogaciones correspondientes al ejercicio de 2002, no se localizó el contrato que amparara la vigencia de la prestación de los servicios con la misma empresa.
En el arrendamiento de vehículos, se observó que en dos ocasiones se efectuaron adjudicaciones directas, las cuales por el monto debieron realizar invitación a cuando menos cinco personas, toda vez que el monto máximo establecido por la Junta de Coordinación para efectuar la contratación directa corresponde a 50.0 miles de pesos; sin embargo, se localizaron dos operaciones de renta de vehículos para traslado de personal por la ruta Guanajuato-México-Guanajuato por 62.0 miles de pesos y para México-Veracruz-México por 72.0 miles de pesos.
Asimismo, se localizaron dos facturas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2001, por 42.2 miles de pesos, las cuales fueron pagadas con recursos presupuestales del ejercicio de 2002.
Con el análisis del registro presupuestal de las operaciones, se determinó que el gasto por 45.1 miles de pesos corresponde al arrendamiento de mobiliario y no de vehículos, por lo que su registro en la partida revisada fue incorrecto e infringió lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto 2002 de la H. Cámara de Diputados y el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Base de Registro".
Mediante la póliza de diario núm. 90 del 3-01-02, se efectuó la comprobación de un gasto, la cual se integró por un recibo, por 12.0 miles de pesos, que no cuenta con requisitos fiscales, el cual sustenta el pago de renta de dos camionetas para diputados en comisión en la sierra de Guerrero, por lo que se infringieron los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-005 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para
que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios desarrolle
los mecanismos de supervisión que garanticen que las adquisiciones
bienes y servicios se ajusten a los montos autorizados y se formulen los
pedidos o contratos en los que se formalice el acto.
02-01100-2-189-01-006 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para
que la Dirección General de Contabilidad implemente los mecanismos
de supervisión que garanticen que los gastos se registren en el
ejercicio y la partida que corresponden; asimismo, implemente controles
que impidan el pago de servicios que no cuenten con la documentación
justificativa y comprobatoria, así como con los requisitos fiscales
y normativos correspondientes.
No. 8.1
OBSERVACION
Se efectuaron pagos por 8,111.7 miles de pesos derivado de 58 contrataciones de servicios los cuales se adjudicaron de manera directa.
Por su monto individual, debieron adjudicarse mediante la invitación a cuando menos cinco personas, sin embargo, no se contó con autorización para hacerlo de manera directa por lo que se infringió el numeral 7 del Manual de Procedimientos para la Adquisición de Bienes y Servicios.
Por lo que se refiere a la documentación justificativa y comprobatoria del gasto que sustenta las erogaciones registradas con cargo en la partida revisada no se localizaron los contratos correspondientes a 101 servicios de asesoría (política, económica, en comunicación, a legisladores, a la iniciativa de reforma fiscal, al grupo del PAN, estrategia y concepto creativo, etc.), por los cuales se erogaron 11,795.3 miles de pesos; los comprobantes correspondientes al gasto por 20.2 miles de pesos no reúnen los requisitos fiscales que establece el Código Fiscal de la Federación (sin fecha, importe con letra, descripción del gasto); recibos por 56.5 miles de pesos corresponden a un ejercicio fiscal distinto al 2002 y comprobantes por 24.0 miles de pesos no ostentan vigencia para 2002. Lo anterior, se infringió los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-007 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios implemente
los mecanismos de supervisión que garanticen que los gastos que
se realizan por servicios de asesorías invariablemente se formalicen
mediante un contrato y, antes del pago se cuente con la documentación
que reúna los requisitos fiscales establecidos en el Código
Fiscal de la Federación.
No. 10.2
OBSERVACION
No se verificó adecuadamente la ejecución y cumplimiento del servicio de limpieza ya que el proveedor Progralim, S.A. de C.V., incumplió con el número de trabajadores estipulados en la cláusula octava del contrato DGRMS-025/2002.
Esto se debió a que algunas personas firmaron dos veces en un mismo turno, con la finalidad de registrar el total de elementos por turno estipulados en el contrato, lo que provocó que se efectuaran pagos en exceso correspondientes a un promedio de 108 inasistencias, que representan un total de 11.2 miles de pesos por servicios de limpieza no devengados.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-008 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos a fin de que la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios desarrolle los mecanismos de
supervisión que garanticen que los pagos por los servicios de limpieza
se efectúen de acuerdo con los servicios devengados; asimismo, que
inicie las gestiones correspondientes ante el prestador de los servicios
y se reintegren los 75.6 miles de pesos y 11.2 miles de pesos correspondientes
a pagos en exceso e inasistencias por servicios no devengados, en cumplimiento
a las cláusulas contractuales.
No. 11.1
OBSERVACION
Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria de gasto, se identificaron 17 casos por los que se pagaron 1,195.9 miles de pesos (revistas, informes semestrales, finiquito por reparación de un lote de 70 documentos para la colección del archivo histórico del Palacio Legislativo, catálogo de actividades, trípticos, diseño del informe Justicia y Seguridad, directorios oficiales, folletos, gafetes, reconocimientos, dípticos y quemado los CD, entre otros), en los que no se elaboraron las órdenes de servicio, ni los formatos de solicitud y recepción del servicio; asimismo, en 26 casos, por 1,835.9 miles de pesos (informes, ejemplares de obras, encuadernaciones, revistas, empastado), la orden de servicio no está firmada de aceptación por el proveedor; y en el caso 28 adjudicaciones directas, por 2,505.5 miles de pesos (informes, revistas, ejemplares de libros, encuadernados, acabados, directorios oficiales, trípticos, servicios de impresión), su importe individual superó el monto máximo autorizado para realizar este proceso.
Aunado a lo anterior, no fueron proporcionados los testigos correspondientes a encuadernados, informes, impresiones, libros, directorios y revistas, etc. Correspondientes a 83 pólizas mediante las que se efectuaron los pagos, por un importe de 5,769.8 miles de pesos.
Lo anterior infringió lo dispuesto en los numerales 1, 5, 7, 22 y 29 del Manual de Procedimientos para la Adquisición de Bienes y Servicios.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-009 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios informe
del destino de los testigos que evidencien la recepción del servicio
por 5,769.8 miles de pesos y justifique la falta de solicitudes y órdenes
de servicios, así como de autorización y aceptación
de los servicios.
No. 12.1
OBSERVACION
Los servicios de Propaganda Institucional, se adjudicaron indebidamente de manera directa, toda vez que de 230 pagos efectuados se observó que en 146 casos, por 21,198.4 miles de pesos, se rebasó el monto autorizado como límite para efectuar este procedimiento (50.0 miles de pesos). En fecha posterior a la realización del servicio se regularizó la autorización de su adjudicación, mediante el dictamen de la Sub-Junta de Adquisiciones de la Junta de Apoyo Administrativo.
Aunado a lo anterior, no fueron proporcionados los testigos correspondientes a carteles, calcomanías, informes de diputados, trípticos, folletos, revistas, etc., correspondientes a 111 pólizas por un importe de 16,530.0 miles de pesos.
Lo anterior infringió lo dispuesto en el numeral 21 del Manual de Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios y 4 del punto V.5 de comunicación social en los Lineamientos Generales para la Administración de Recursos.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-010 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios implemente
los mecanismos de supervisión que garanticen que las adquisiciones
de bienes y servicios se ajusten a los procedimientos establecidos en la
normatividad y a los montos máximos autorizados.
02-01100-2-189-01-011 Recomendación
Se recomienda que la Presidencia de la Mesa Directiva
instruya a la Coordinación General de Comunicación Social
para que se implementen los mecanismos de supervisión que garanticen
que los testigos de los eventos o actividades desarrolladas por los legisladores
se resguarden adecuadamente, a fin de permitir la comprobación de
los gastos realizados.
No. 13.1
OBSERVACION
Con la revisión de los servicios de traslado, por 138,992.5 miles de pesos, se comprobó que la H. Cámara de Diputados no contó con la documentación que evidencie el procedimiento mediante el cual adjudicó los servicios a las agencias de viaje.
Al respecto, únicamente se entregó el acta del 8 de junio de 1998, mediante la cual el Comité de Administración aprobó el proyecto de reordenación sobre adquisición, expedición y cobranza de pasajes aéreos.
Es importante señalar que el proyecto establece únicamente las políticas para el canje, dotaciones extraordinarias, adopción de la tarifa yanqui (para comisiones extraordinarias) y selección, por parte de los diputados, de la agencia con la que se desea hacer el canje de los cupones.
Tampoco se proporcionó el contrato que ampara los servicios, cuotas y especificaciones de pago que sustenta las erogaciones realizadas durante el ejercicio de 2002.
Lo anterior infringió lo dispuesto en los numerales 5 y 7 del Manual de Adquisiciones y Servicios; y el numeral 14-4 del apartado V.3 "De los Recursos Materiales y Servicios", de los Lineamientos Generales para la Administración de la H. Cámara de Diputados.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-012 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para
que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios invariablemente
adjudique los servicios de traslado mediante el procedimiento de licitación
pública o, en su caso, se presente el acuerdo de autorización
correspondiente; asimismo, que la contratación se formalice mediante
la emisión de un contrato.
No. 14.1
OBSERVACION
En consideración a la importancia relativa de los recursos erogados mediante el concepto 3800 "Servicios Oficiales", se conoció que la Contraloría Interna de la H. Cámara de Diputados efectuó revisiones al mismo, situación por la cual esta Auditoría Superior de la Federación no incluyó este concepto como parte del alcance de la auditoría.
No obstante, se realizaron reuniones de trabajo con los servidores públicos de ese órgano de control, derivado de lo cual se conoció que en materia de las erogaciones efectuadas por concepto de Asignaciones a los Grupos parlamentarios, éstas no se apegan a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Código Fiscal de la Federación, toda vez que son comprobadas mediante un recibo firmado por los representantes designados por las fracciones parlamentarias, en apego a las instrucciones emitidas por la Junta de Coordinación Política el 14 de marzo de 2001 (vigente para 2002), en los numerales Segundo y Tercero, que a la letra, respectivamente señalan lo siguiente:
"Instruya a la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que en las fechas previstas en la calendarización del año 2001, entregue las asignaciones o apoyos mensuales, a los CC. legisladores o a quienes ellos designen, así como también, a los Coordinadores Administrativos de los Grupos Parlamentarios y/o a sus equivalentes".
"Faculte a la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para que con la sola firma en el recibo correspondiente, del beneficiario o persona designada al efecto o con la ficha de depósito electrónica bancario, se tenga como la garantía suficiente para la comprobación respectiva".
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-013 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados evalúe
la conveniencia de establecer políticas y criterios que permitan
que la comprobación de los gastos por concepto de Asignaciones a
los Grupos Parlamentarios cumplan con la normativa en materia presupuestal
y fiscal.
No. 15.1
OBSERVACION
Se analizaron los 13 manuales de procedimientos proporcionados por la Dirección General de Finanzas, establecidos para el control de los recursos financieros de la H. Cámara de Diputados y se identificó que fueron autorizados para su aplicación en el ejercicio de 1999 y que el Manual de la Dirección de Control de Cheques data de 2001.
En relación con el Manual de Procedimientos del Fondo Fijo para Areas Administrativas no se precisan los montos máximos y mínimos que pueden otorgarse por este concepto, ni las unidades administrativas o grupos parlamentarios que pueden ser sujetas del otorgamiento del fondo fijo, por lo que la HCD informó que procederá a solicitar la emisión de los acuerdos correspondientes.
En el caso de los Manuales de Procedimientos, para el Pago a Proveedores por Contratación de Bienes, Servicios y Obras Públicas; por Adquisiciones de Bienes y Servicios; pago a Proveedores de Bienes de comunicación; pago a proveedores por servicio de Comedores; pago a proveedores por servicios de transportación aérea y el procedimiento de la Dirección de Control de Cheques, no se establece el mecanismo de pago mediante transferencias electrónicas (Speuas), que utiliza con regularidad la HCD, ni políticas para determinar la vigencia del derecho de cobro por parte del beneficiario, vencido el cual, se puede proceder a la cancelación del cheque. Lo anterior contravino el artículo 50, numeral 4 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados y el Manual de Contabilidad para los Poderes Legislativo y Judicial.
En relación con los pagos realizados mediante transferencias electrónicas, no se proporcionaron los manuales, lineamientos o políticas establecidos para la HCD, que le permitan regular y controlar el ejercicio de los recursos. Al Respecto, la HCD informó que el procedimiento correspondiente se encuentra en elaboración.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-014 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de que la Dirección General de Finanzas emita y/o actualice los
manuales necesarios para el control de los recursos financieros de la H.
Cámara de Diputados, asimismo, aquellos que se relacionen con las
operaciones de pago mediante transferencias electrónicas.
No. 15.2
OBSERVACION
Respecto de la cuenta núm. 11336097-0 de BBVA Bancomer, S.A., con saldo al 31 de diciembre de 2002 por 8,174.0 miles de pesos, según estado de cuenta, se pudo observar que la Dirección General de Finanzas registró partidas en conciliación correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002 por 69.3 miles de pesos.
Al respecto, la Directora de Control de Cheques informó que corresponden a depósitos de diputados por pago de préstamos, los cuales no se han logrado identificar.
Asimismo, se identificaron 1,732 cheques en tránsito, por 93,102.1 miles de pesos con fecha de emisión de mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, correspondientes a sueldos, honorarios asimilados, retiros voluntarios, honorarios profesionales, aguinaldo, pago a proveedores por servicios y adquisiciones, apoyo sindical a trabajadores de base (gastos de anteojos), gastos por comprobar, impuestos, cuotas sindicales, entre otros. De ellos, se cancelaron 136 cheques durante el ejercicio de 2003 por 2,274.4 miles de pesos, que no fueron reintegrados a la TESOFE.
Con el análisis de los movimientos bancarios según los estados de cuenta correspondientes al ejercicio de 2002, se detectó que en este ejercicio se cancelaron 1,512 cheques, de los cuales, 1,220 se expidieron y cancelaron el mismo año; sin embargo, de los 292 restantes, por 3,693.6 miles de pesos, 1 se expidió en 1999, 1 en 2000 y 290 en 2001, sin que éste importe se hubiera reintegrado a la TESOFE.
Adicionalmente, en la conciliación bancaria al 31 de agosto de 2003 elaborada por la Dirección General de Finanzas, se encontraban en tránsito 19 cheques expedidos con fecha 31 de diciembre de 2002, los cuales ascendían a un importe de 2,293.3 miles de pesos. Al respecto, se detectó que sólo se entregaron 11 cheques a los beneficiarios en el mes de septiembre de 2003, por 1,560.8 miles de pesos. Los restantes 8 cheques, por 732.5 miles de pesos, quedaron en poder de la Dirección General de Finanzas, y presuntamente no han sido entregados en virtud de que los contratistas no han concluido los trabajos solicitados.
Después de la confronta la HCD señaló que al cierre del ejercicio de 2003, sólo quedaron en poder de la Dirección de Control de Cheques cinco documentos por 450.4 miles de pesos, que no fueron entregados a los proveedores por lo que se tiene previsto rectificar las cifras de ejercicios anteriores, y reintegrarlos a la TESOFE.
La Dirección General de Finanzas expidió cheques sin contar con la documentación comprobatoria o documento que ampara la autenticidad de la operación. Al respecto, se considera que esta política es inadecuada, toda vez que provoca que los recursos se reporten como ejercidos cuando los fondos se encuentran disponibles en las cuentas bancarias y los cheques permanecen en poder de la Dirección de Control de Cheques.
Por lo anterior, se infringieron los artículos 40, párrafo 2°, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1999; 38, párrafo 2°, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000; 33, párrafo 2°, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001; y 23, párrafo 4°, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-015 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de que las direcciones generales de Finanzas y la de Programación
y Presupuesto efectúen las acciones necesarias para reintegrar a
la TESOFE los recursos por 2,274.4 miles de pesos, 3,693.6 miles de pesos
y 732.5 miles de pesos en cheques, que no fueron pagados en su oportunidad.
No. 15.3
OBSERVACION
Del Análisis de la cuenta bancaria núm. 500067 de Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de inversión en dólares, se localizó un saldo al 31 de diciembre de 2002 por 5,775.39 dólares (53.9 miles de pesos) que no fue reintegrado a la TESOFE.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-016 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputaos instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de que la Dirección General de Finanzas reintegre a la TESOFE el
saldo de la cuenta bancaria de inversión en dólares número
500067 de Interacciones Casa de Bolsa, S.A.
No. 15.4
OBSERVACION
La cuenta bancaria núm. 182271729 de BBVA Bancomer, S.A., arrojó un saldo, al 31 de diciembre de 2002, de 80.3 miles de pesos que corresponden a recursos depositados en una cuenta bancaria especial para integrar un fondo de retiro de legisladores, sin embargo, dicho saldo no tuvo movimientos durante el ejercicio 2002. Asimismo, se comprobó que el importe corresponde a un Diputado que realizó sus aportaciones al fondo y, al término de la legislatura, decidió no cobrar su ahorro. No obstante lo anterior, la HCD no canceló, ni se ha efectuado el trámite para que se defina el uso y destino de los recursos.
ACCIÓN PROMOVIDA
02-01100-2-189-01-017 Recomendación
Se recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya
a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a fin
de que la Dirección General de Finanzas realice los trámites
necesarios y se defina el uso y destino de los recursos de la cuenta número
182271729 de BBVA Bancomer.
México, DF, a 5 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se ajusta el nombre de la ley; se reforman, el artículo 2, el artículo 4, el primer párrafo y la fracción I del artículo 5, el artículo12, el primer párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 13, el artículo 23; primer párrafo y la fracción III del artículo 25; el primer párrafo del artículo 67 y el artículo 69, se adiciona el artículo 23 bis y se derogan las fracciones IV y V del artículo 13 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal para quedar como sigue:
EL NOMBRE DE LA LEY SERÁ: "LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES"
ARTICULO 2
Las leyes que regulen en cada estado y en el Distrito Federal los campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinaran cuales son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.
ARTICULO 4
Los ejecutivos locales expedirán los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones, escuchando, cuando lo considere conveniente a la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Dirección General de Profesiones y a los Colegios de profesionistas y de las comisiones técnicas que se organicen para cada profesión.
ARTICULO 5
Para el ejercicio de una o varias profesiones y especialidades en la República Mexicana, se requiere autorización expedida por el órgano, entidad o dependencia competente de cada entidad federativa y el Distrito Federal, debiendo comprobarse previamente:
II. ...
Los títulos profesionales expedidos por las instituciones educativas legalmente autorizadas, serán registrados, por la autoridad educativa de cada entidad federativa y el Distrito Federal a través de sus respectivas áreas competentes, siempre que su otorgamiento se haya sujetado a sus leyes respectivas, de conformidad con la fracción V del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 13
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, celebrará convenios con los gobiernos de los estados relativos a la unificación del registro profesional, para:
II. Establecer los requisitos que deberán cumplir las entidades federativas y el Distrito Federal para expedir las cédulas profesionales con efectos de patente para el ejercicio profesional, y
III. ...
IV. ...
V. ...
La Dirección General de Profesiones, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
II. Emitir los acuerdos y celebrar convenios con las entidades federativas y el Distrito Federal, relativos a la implementación de criterios normativos para la unificación del registro profesional en toda la República;
III. Emitir el formato único y las normas técnicas mínimas y de seguridad que deberán cumplir las cedulas profesionales que expidan las entidades federativas y el Distrito Federal.
IV. Llevar y sistematizar el registro nacional de profesionistas, actualizándolo en forma mensual con la información y documentos que al efecto deberán remitir las entidades federativas a través de la dependencia competente;
V. Corroborar, en los casos en que lo considere necesario, la autenticidad de datos y documentos relativos al registro profesional y autorizaciones que expidan los estados;
VI. Llevar el registro de los datos relativos a las universidades o escuelas profesionales extranjeras que permitan conocer con precisión aquellos casos en que los estudios que ofrecen son similares o equivalentes a los nacionales ;
VII. Registrar los títulos y expedir en los casos en que proceda la autorización para ejercer la profesión a personas que hayan realizado estudios profesionales en el extranjero;
VIII. Registrar a los colegios de profesionistas que agrupen a miembros pertenecientes a dos o mas entidades federativas, así como a las federaciones de colegios de profesionistas, y
IX. Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.
Son facultades y obligaciones de las autoridades competentes en los estados y el Distrito Federal:
II. Llevar la hoja de servicios de cada profesionista, cuyo titulo registre, y anotar en el propio expediente, las sanciones que se impongan al profesionista en el desempeño de algún cargo o que impliquen la suspensión del ejercicio profesional;
III. Autorizar para el ejercicio de una especialización;
IV. Expedir al interesado la cedula personal correspondiente, con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales;
V. Llevar la lista de los profesionistas que declaren no ejercer la profesión;
VI. Publicar en los periódicos de mayor circulación todas las resoluciones de registro y denegatorias de registro de títulos;
VII. Cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación;
VIII. Determinar, de acuerdo con los colegios de profesionistas, la sede y forma como estos desean cumplir con el servicio social;
IX. Sugerir la distribución de los profesionistas conforme a las necesidades y exigencias de cada localidad;
X. Llevar un archivo con los datos relativos a la enseñanza preparatoria, normal y profesional que se imparta en cada uno de los planteles educativos;
XI. Anotar los datos relativos a las Universidades o Escuelas Profesionales extranjeras;
XII. Publicar, en el mes de enero de cada año, la lista de los profesionistas titulados en los planteles de preparación profesional durante el año anterior;
XIII. Proporcionar a los interesados informes en asuntos de su competencia, y
XIV. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos.
Para ejercer en el Distrito Federal y en las entidades federativas cualquiera de las profesiones a que se refieren los artículos 2°. Y 3°., se requiere:
II. ...
III. Contar con patente de ejercicio expedida por la Dirección General de Profesiones, o en su caso, por la dependencia estatal competente.
La Dirección General de Profesiones podrá extender autorización a los pasantes de las diversas profesiones que hayan realizado sus estudios en el Distrito Federal, para ejercer la práctica respectiva por un término no mayor de tres años.
...
...
ARTICULO 67
La Dirección General de Profesiones, a solicitud y previa audiencia de parte interesada en sus respectivos casos cancelará las inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas o demás actos que conforme a su competencia haya registrado, por las causas siguientes:
ARTICULO 69
Se exceptúan de las sanciones previstas en este Capítulo a las personas que sin tener título profesional, ejerzan actividades que requieran el mismo, siempre que hayan sido autorizadas por la Dirección General de Profesiones, o por la autoridad estatal competente, en los casos a que se refiere esta ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Las Entidades Federativas que no se encuentren en posibilidad de registrar los títulos profesionales y expedir las cédulas profesionales con efectos de patente para ejercer la profesión, celebrarán convenio con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Publica, para que ésta asuma temporalmente tal función, hasta en tanto la entidad respectiva implementa los mecanismos necesarios para prestar tal función por sí misma. Para atender estos casos, la Secretaría de Educación Pública establecerá un mecanismo de coordinación que permita dar seguimiento a los avances de cada entidad para dar cumplimiento a esta reforma.
TERCERO. Los registros y cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, tendrán plena validez legal. A la entrada en vigor del mismo, sólo podrá registrar títulos profesionales que hayan sido expedidos por Instituciones Educativas legalmente autorizadas y asentadas en el Distrito Federal, así como los de las Entidades Federativas con las que se celebre el convenio a que se refiere el artículo anterior, expidiendo al efecto cuando sea procedente, las cédulas profesionales que correspondan.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 5 de abril de 2004.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Lidia Madero García (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR
México, DF, a 6 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Registro Público Vehicular.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA PROYECTO DE
DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR.
Artículo Único.- Se expide la Ley del Registro Público Vehicular para quedar como sigue:
LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.
El Registro Público Vehicular es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos.
La aplicación de esta Ley y la coordinación que de ella se derive se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
II. Comercializadoras: las personas físicas o morales dedicadas a la compra, venta o importación de vehículos nuevos o usados;
III. Consejo Nacional de Seguridad Pública: la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
IV. Distribuidoras: las personas físicas o morales que se dediquen a la venta de primera mano de vehículos que provengan de las ensambladoras; así como quienes importen vehículos nuevos para su venta en territorio nacional;
V. Ensambladoras: las personas físicas o morales que se dediquen a la fabricación, ensamblaje o importación para comercializar vehículos nuevos;
VI. Entidades Federativas: los Estados de la República y el Distrito Federal;
VII. Procuradurías: la Procuraduría General de la República y las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados y del Gobierno del Distrito Federal;
VIII. Registro: el Registro Público Vehicular;
IX. Secretariado Ejecutivo: el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y
X. Vehículos: los automotores, remolques y semirremolques terrestres, excepto los ferrocarriles, los militares y aquellos que por su naturaleza sólo pueden ser destinados a usos agrícolas e industriales.
II. Operar, regular y mantener el Registro, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno;
III. Integrar la información que le proporcionen las autoridades federales en el Registro, así como la que le suministren las Entidades Federativas relativa a sus padrones vehiculares;
IV. Validar la información que debe incorporarse al Registro, conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto;
V. Vigilar y verificar el cumplimiento de esta Ley y, en el ámbito de su competencia, imponer las sanciones que la misma establece;
VI. Realizar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las actividades de cooperación con otros países, para el intercambio de información relacionada con el Registro; y
VII. Las demás que disponga esta Ley.
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo podrá tomar en cuenta las opiniones de las organizaciones de ensambladoras, carroceros, distribuidoras y comercializadoras, así como de instituciones de seguros, instituciones de fianzas, organizaciones auxiliares del crédito y demás que establezca el Reglamento de esta Ley.
Artículo 5. En lo no previsto expresamente en esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
TITULO SEGUNDO
DEL REGISTRO
CAPITULO I
DE SU OBJETO E INTEGRACIÓN
Artículo 6. El Registro Público Vehicular tiene por objeto la identificación y control vehicular; en la que consten las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como brindar servicios de información al público.
La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus competencias, utilizarán el Registro con el fin de compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos y hechos jurídicos y, en general, cualquier operación relacionada con los vehículos mencionados.
La inscripción de vehículos, la presentación de avisos y las consultas en el Registro serán gratuitos.
Los trámites que se realicen antelas Entidades Federativas se sujetarán a lo que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 7. El Registro estará conformado por una base de datos integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades federales, las Entidades Federativas y los sujetos obligados a realizar las inscripciones y a presentar los avisos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Para mantener, actualizado el Registro, las autoridades federales y las de las Entidades Federativas, de conformidad con sus atribuciones, suministrarán la información relativa a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones, pago de tenencias y contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datos con los que cuenten.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo, mediante los instrumentos de información nacional sobre seguridad pública que correspondan, incorporará al Registro la información que le proporcionen las Procuradurías, relativa a robos, recuperaciones y destrucción de vehículos.
Artículo 8. El Registro contendrá, sobre cada vehículo, la información siguiente:
IV. La que suministren las autoridades federales y las
Entidades Federativas, de conformidad con esta Ley, y
V. Los avisos que actualicen la información a
que se refiere este artículo.
Artículo 10. Las autoridades federales y las de las Entidades Federativas que proporcionen la información de sus respectivos padrones vehiculares al Registro, tendrán acceso ala información contenida en el mismo, de conformidad con los procedimientos y mecanismos de información que se establezcan en términos de la fracción I del artículo 3 de esta Ley.
Artículo 11. Cualquier persona podrá consultar la información contenida en el Registro, conforme al procedimiento, niveles de acceso y otros requisitos que se determinen en el Reglamento de esta Ley.
El Registro no podrá proporcionar información sobre datos personales, salvo a quien aparezca como propietario del vehículo o a quien acredite algún interés jurídico y haya sido autorizado por éste.
Artículo 12. La inscripción de un vehículo en el Registro presume la existencia del mismo, su pertenencia a la persona que aparece en aquél como propietario, la validez de los actos jurídicos que se relacionan con el mismo y que obran en el Registro salvo prueba en contrario, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
CAPITULO II
DE LA INSCRIPCIÓN
Artículo 13. Quienes fabriquen o ensamblen vehículos en el territorio nacional deberán asignar a éstos un número de identificación vehicular, que será un elemento de identificación en el Registro, el cual estará integrado de conformidad con la norma oficial mexicana respectiva.
Los vehículos importados deberán ser identificados conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o, en su caso, con el número de identificación asignado por la ensambladora o el carrocero de origen.
En importaciones temporales o en franquicias se estará a lo dispuesto en las leyes aplicables y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Artículo 14. Cuando en algún documento público o privado se relacione algo acerca de vehículos, éstos deberán ser identificados por el número de identificación vehicular a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 15. La inscripción de los vehículos en el Registro es obligatoria: La inscripción definitiva se realizará una sola vez y será obligatoria por quienes fabriquen o ensamblen vehículos en territorio nacional, destinados al mercado nacional o quienes importen vehículos destinados a permanecer definitivamente en éste.
Igualmente realizarán obligatoriamente la inscripción provisional, quienes importen temporalmente vehículos o importen vehículos en franquicia.
Artículo 16. El Secretariado Ejecutivo deberá expedir las constancias de inscripción dentro de los diez días naturales siguientes ala fecha en que se realice la inscripción.
Artículo 17. En las enajenaciones de los vehículos a que se refiere esta Ley, deberá trasmitirse la constancia de inscripción en el Registro. En los casos de extravío, robo o pérdida de la constancia de inscripción, se podrá solicitar reposición, conforme a lo que se establezca en el Reglamento de esta Ley.
Artículo 18. Las autoridades federales y de las Entidades Federativas podrán coordinarse para establecer políticas y criterios que les permitan verificar la inscripción de un vehículo en el Registro cuando se efectúe cualquier trámite relacionado con el mismo.
Artículo 19. Estarán exceptuados de acreditar la inscripción en el Registro quienes realicen trámites inmediatos de ingreso respecto de la importación de un vehículo extranjero, el cual invariablemente deberá cumplir con el pago de los impuestos correspondientes y demás requisitos legales.
Artículo 20. Las comercializadoras, arrendadoras, instituciones de crédito, de seguros, de fianzas y las organizaciones auxiliares del crédito que celebren actos jurídicos relacionados con vehículos, deberán exigir respecto del mismo la acreditación de su inscripción en el Registro.
Artículo 21. Las autoridades fiscales exigirán la inscripción en el Registro como requisito previo para cualquier trámite relativo al pago de los impuestos federales relacionados con vehículos. Para tal efecto, en los convenios que las Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebren con la Federación, se establecerán los mecanismos que garanticen que en la recaudación de dicho impuesto federal será requisito, entre otros, la inscripción de los vehículos en el Registro.
Artículo 22. La acreditación de la inscripción de un vehículo en el Registro podrá hacerse mediante la presentación de la constancia de inscripción o, en caso de que el trámite se realice por medios electrónicos u otros de similar naturaleza, se hará especificando el número de la constancia de inscripción respectiva.
CAPITULO III
DE LOS AVISOS
Artículo 23. Deberán presentar al Registro los avisos correspondientes, los siguientes:
III. Las instituciones de seguros, los relativos a:
a. Expedición o cancelación de póliza
de seguro del vehículo, mismo que incluirá su número,
nombre de la institución y los datos de identificación del
vehículo,
b. Robo, recuperación, destrucción o pérdida
total del vehículo, y
c. Enajenación de vehículos que serán
utilizados para la venta de sus componentes, en su caso;
IV. Las instituciones de fianzas, los relativos a:
a. Expedición y número de fianza, tratándose
de importación temporal de vehículos, incluyendo el nombre
de la institución, y
b. Cancelación de la fianza y causa de la misma;
V. Las instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y demás entidades financieras y comercializadoras, cuando los créditos que otorguen sean garantizados con vehículos, el aviso de gravamen o cancelación del mismo. Los avisos a que se refiere esta fracción y los previstos sobre gravámenes, se harán sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación mercantil en vigor;
VI. Las arrendadoras financieras, por los arrendamientos financieros de vehículos que realicen;
VII. Las autoridades judiciales y administrativas federales,
los relativos a:
a. Embargos, decomisos o aseguramientos; y
b. El levantamiento de gravámenes; y
VIII. La Secretaría de Relaciones Exteriores, respectó de todos los vehículos con placas diplomáticas asignadas a embajadas, consulados, organismos internacionales y a todo el personal diplomático, consular y técnico administrativo, acreditado ante el Gobierno de México, de conformidad con los convenios internacionales aplicables.
En caso de que el aviso contenga datos equívocos o incongruentes con los asientos que obren en el Registro, el Secretariado Ejecutivo prevendrá a quien haya presentado el aviso para que realice las aclaraciones respectivas, de conformidad con el Reglamento de esta Ley.
TITULO TERCERO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 25. Los sujetos obligados por la presente Ley, incurrirán en las infracciones siguientes:
II. No inscribir el vehículo en el Registro, conforme lo establece el artículo 15 de esta Ley;
III. No presentarlos avisos a que se refiere el artículo 23 de esta Ley;
IV. Hacer uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación, relacionados con la inscripción de vehículos;
V. Alterar, omitir, simular o permitir registros o avisos en forma. ilícita, registrar datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o terceros que no tengan derecho, acceder sin autorización a la información del Registro o no denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo; y
VI. Hacer uso de la información, documentos o comprobantes del Registro, para obtener un lucro indebido, directamente o por interpósita persona.
II. De 500 a 1,000 salarios mínimos, a las referidas en las fracciones II y III
III. De 2,000 a 4,000 salarios mínimos, a la prevista en la fracción IV;
IV. De 10,000 a 15,000 salarios mínimos, a la señalada en la fracción V; y
V. De dos a tres veces el lucro indebido obtenido para la comprendida en la fracción VI.
Artículo 27. La aplicación de las sanciones a que se refiere este título, se hará considerando las circunstancias en que se cometió la infracción, así como la capacidad económica del infractor. Dichas sanciones no lo liberan del cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley, y se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que le resulte.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de, la Federación.
Artículo Segundo. Se abroga la Ley del Registro Nacional de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de 1998.
En tanto se expidan el Reglamento de esta Ley y demás ordenamientos aplicables, seguirán aplicándose los vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley, en lo que no se opongan a ésta.
Artículo Tercero. Las inscripciones, avisos y demás actos que se hayan realizado bajo la vigencia de la Ley que se abroga conservarán plena validez y vigencia.
Artículo Cuarto. Las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público deberán proporcionar al Secretariado Ejecutivo, en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la publicación de la presente Ley, la información histórica relativa a los números de identificación que tuviesen asignados los vehículos y de la cual dispusieran a la entrada en vigor de este ordenamiento, a efecto de integrar la base de datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.
Asimismo, las ensambladoras, carroceros, distribuidoras, comercializadoras o importadores de vehículos que no hayan cumplido con la obligación de presentar los informes respectivos al Registro Nacional de Vehículos, en términos de la Ley que se abroga conforme al artículo segundo transitorio, deberán suministrar al Secretariado Ejecutivo la información a que se refiere el párrafo anterior, en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la publicación de la presente ley.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, México, DF, a 6 de abril de 2004.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR LA MEDALLA AGRICOLA QUE LE CONFIERE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION
México, DF, a 6 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Atentamente
Sen Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara
de Senadores.- México, DF, a 6 de abril de 2004.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO CARLOS PASCUAL MONSIVAIS PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION DE LA ORDEN DE MAYO AL MERITO, EN GRADO DE COMENDADOR, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA
México, DF, a 6 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA PROYECTO DE
DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Mayo al Mérito en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara
de Senadores.- México, DF, a 6 de abril de 2004.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO GENERAL BRIGADIER DEM GILBERTO HERNANDEZ ANDREU PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION LEGION AL MERITO, QUE LE CONFIERE EL EJERCITO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
México, DF, a 6 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano General Brigadier DEM Gilberto Hernández Andreu, para aceptar y usar la condecoración Legión al Mérito, que le confiere el Ejército de Estados Unidos de América.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA PROYECTO DE
DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier DEM. Gilberto Hernández Andreu, para aceptar y usar la Condecoración Legión al Mérito, que le confiere el Ejército de los Estados Unidos de América.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara
de Senadores.- México, DF, a 6 de abril de 2004.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO CAPITAN DE FRAGATA CG DEM MIGUEL IDELFONSO AMEZAGA RAMIREZ PARA ACEPTAR Y USAR LA MEDALLA ESPECIAL Y LA CINTA DE LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA, QUE LE CONFIERE DICHA JUNTA
México, DF, a 6 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Cap. Frag. CG DEM Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, para aceptar y usar la "Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le confiere dicha Junta.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA PROYECTO DE
DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Cap. Frag. C.G. DEM. Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, para aceptar y usar la "Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le confiere dicha Junta.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara
de Senadores.- México, DF, a 6 de abril de 2004.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Yolanda E. González Hernández (rúbrica)
Secretaria
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 5 de abril del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos doctor Luis Ernesto Derbez Bautista e ingeniero Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz; y de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que les confieren los Gobiernos de Perú y del Reino de España, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ing. Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de abril de 2004.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu
Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica),
secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo
Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica),
José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz
Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica),
Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales,
José González Morfín (rúbrica), Jesús
González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez
de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán
Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez
Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista
(rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha
Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García
(rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO
Abril 5, 2004
HONORABLE ASAMBLEA
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la consideración de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que fue turnada el 1 de abril del presente año a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
Esta Comisión procedió a su análisis y estudio, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Para ello, también realizó reuniones de
trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco
de México y la Asociación de Bancos de México, con
base en lo cual los miembros de esta Comisión elaboraron y presentan
a esa Honorable Asamblea el siguiente
DICTAMEN
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
El 4 de junio de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual se efectuaron diversas modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, así como a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Ello para fortalecer la organización y funcionamiento tanto de las instituciones de banca múltiple como de los grupos financieros y así promover su competitividad y capitalización a través de la inclusión de mecanismos preventivos, en aras de un mejor servicio.
La referida reforma, faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para emitir la regulación que establezca medidas correctivas complementarias a las previstas en la propia Ley de Instituciones de Crédito y medidas correctivas que, de manera obligatoria, deben aplicar las instituciones de crédito al encontrarse por debajo del índice de capitalización que establece la ley y demás disposiciones aplicables.
No obstante lo anterior, debe tenerse presente que en los últimos años el sistema financiero mexicano ha vivido inmerso en un proceso de transformación, el cual debe darse en forma gradual y ordenada.
La globalización económica y financiera mundial impacta desde luego en el Estado mexicano y motiva la actualización del marco normativo que regula la materia bancaria, a fin de adecuarla con las sanas prácticas financieras nacionales e internacionales y así, lograr mayores niveles de seguridad para el público ahorrador y para el inversionista.
En este orden de ideas, si bien la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2001 proporcionó un marco legal para el ejercicio de la acción preventiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual en sí representó un gran avance en materia de transparencia de la acción gubernamental, se estima conveniente realizar algunos ajustes en aras de incrementar la seguridad jurídica en el mercado, asegurar la oportunidad de acción de la propia Comisión mediante el establecimiento de regulación prudencial, en protección de los intereses del público ahorrador.
Por un lado, el régimen hoy en día vigente dota a la Comisión de facultades que pueden resultar muy amplias cuando una institución se encuentre por encima de los requerimientos de capitalización exigidos conforme a las disposiciones aplicables; mientras, que por el otro, establece la obligación de implementar medidas correctivas que no necesariamente se adecuan a la realidad de las instituciones y del mercado en su conjunto, cuando estén por debajo de los referidos requerimientos de capitalización.
Las reformas y adiciones a la Ley de Instituciones de Crédito que se propone, buscan establecer parámetros objetivos y determinados en la propia Ley, a fin de normar la actuación preventiva y correctiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando una institución se encuentre por arriba o por abajo de los requerimientos de capitalización exigidos por la Ley, previniendo con ello un ejercicio discrecional de estas facultades. De esta forma, se establecen medidas correctivas mínimas que la Comisión deberá aplicar ante ciertas circunstancias que reflejen debilidad en la suficiencia de capital de una institución, aún cuando esté por arriba de los requerimientos de capital, pero siempre en el entendido de que no se aplicará medida alguna cuando exista un margen razonable y previsto en la propia Ley, respecto del índice de capitalización requerido.
En resumen, se busca:
Detectar y resolver de manera preventiva posibles deterioros en la estabilidad financiera de las instituciones de banca múltiple.
Regular la actuación preventiva y correctiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con relación al índice de capitalización de una institución de banca múltiple, previniendo con ello el ejercicio discrecional de facultades.
Subsanar lagunas y deficiencias en la legislación vigente.
Por otro lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podría ordenar medidas correctivas especiales adicionales. No obstante, no se aplicarían medidas correctivas mínimas ni especiales adicionales, cuando las instituciones mantengan un índice de capitalización superior en un 25 por ciento al mínimo requerido.
Consecuentemente, la iniciativa propone asignar a la autoridad la obligación de aplicar medidas correctivas, incluso en aquellas instituciones que cumplan con los requerimientos de capitalización.
Adicionalmente, se propone incluir una nueva causal de revocación de la autorización para constituirse y operar como institución de banca múltiple, relacionada con el incumplimiento de las acciones correctivas, así como, por su importancia, un régimen de sanciones específico.
Además, la iniciativa propone el marco de colaboración entre las autoridades financieras, concretamente entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
CONSIDERACIONES DE LA COMISION
Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que la Iniciativa de Ley que se dictamina incorpora a la Ley de Instituciones de Crédito nuevos instrumentos que fortalecen la acción correctiva de las autoridades financieras en el supuesto de que alguna institución se encuentre por debajo de los requerimientos de capitalización que exige la Ley.
La que dictamina, considera que la experiencia del pasado reciente en materia bancaria y sus amargas consecuencias, ha señalado la necesidad de incluir en la legislación bancaria, medidas tanto preventivas como correctivas que permitan hacer frente con eficacia y oportunidad, a cualquier posible afectación en el capital de las instituciones de banca múltiple, en beneficio del público ahorrador.
La Comisión coincide con la Iniciativa en la imperiosa necesidad de establecer un mecanismo de prevención, que permita una clasificación más precisa de las instituciones de banca múltiple, tomando como base el índice de capitalización, cuyo nivel mínimo requerido actualmente es del 8 por ciento, lo cual es coincidente con el Acuerdo de Basilea. En este sentido, esta Dictaminadora reconoce la necesidad de establecer medidas correctivas mínimas, así como la posibilidad de facultar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar mediante reglas de carácter general medidas correctivas especiales adicionales.
Esta Dictaminadora está de acuerdo en que los planes de restauración de capital constituyen uno de los aspectos fundamentales para restaurar la salud financiera de las instituciones. Así, se reconoce la necesidad de que la iniciativa contemple como una de las medidas mínimas obligatorias, la presentación de un plan que puede contener un programa que racionalice la operación de la institución de que se trate, disminuya sus riesgos y aumente su rentabilidad, contando para tal propósito con un plazo no mayor a 9 meses. Es importante destacar que esta Dictaminadora ha considerado establecer un plazo perentorio de hasta sesenta días naturales para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores resuelva sobre el plan de restauración de capital que, en su caso, le haya sido presentado.
En adición debe subrayarse el acierto que plantea la iniciativa en el sentido de intervenir, de ser necesario, en el otorgamiento de compensaciones adicionales a los altos funcionarios, con respeto estricto de los derechos laborales.
La iniciativa de ley que hoy se dictamina busca establecer parámetros objetivos y determinados en ley, a fin de normar la actuación preventiva de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando una institución se aleje de los requerimientos de capitalización exigidos por la ley.
Por ello, la que dictamina considera que de aprobarse las propuestas de reforma descritas, se contará con mayores herramientas para regular y supervisar a las instituciones financieras.
La iniciativa contiene un supuesto especial para sanciones económicas por el incumplimiento a las acciones correctivas, pudiendo incluso revocarse la autorización para operar como institución de banca múltiple, por su falta de atención.
Una detección temprana de deterioros en el índice de capitalización, permite su corrección oportuna y la redunda en importantes beneficios para los usuarios y el Estado.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expresado, esta Dictaminadora considera oportuno modificar la iniciativa en algunos aspectos específicos, a fin de que el alcance de las obligaciones en ella contenidas resulte más claro y comprensible, a saber:
Con la finalidad de otorgar una mayor claridad a la redacción del artículo 28, fracción X, se propone modificar la redacción del artículo en comento y se elimina la última parte de dicha fracción, contemplando su contenido en el artículo 134 Bis, en los términos siguientes:
I. y II. .........
III. Si la institución arroja pérdidas que afecten su capital mínimo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un plazo que no será menor de quince días para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la institución dentro de los límites legales.
Para efectos de lo previsto en esta fracción, no resultarán aplicables los plazos para llevar a cabo las convocatorias para las asambleas generales de accionistas, señalados en la Ley General de Sociedades Mercantiles;
IV. a VII. .........
VIII. Si la institución transgrede en forma grave o reiterada las disposiciones legales o administrativas que le son aplicables;
IX. Cuando la institución no cubra al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario las cuotas establecidas en la ley que regula a dicho Instituto, en los términos por ella previstos, y
X. Si la institución de banca múltiple no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas; no cumple con más de una medida correctiva especial adicional, o bien incumple de manera reiterada una medida correctiva especial adicional."
Para efectos de la clasificación a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer diversas categorías, dependiendo si las instituciones de banca múltiple mantienen un índice de capitalización superior o inferior al requerido de conformidad con las disposiciones que las rijan.
Las reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer las medidas correctivas mínimas y especiales adicionales que las instituciones de banca múltiple deberán cumplir de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas.
Para la expedición de las reglas de carácter general, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá observar lo dispuesto en el artículo 134 Bis 1.
Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los problemas que las instituciones de banca múltiple presenten, derivados de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad financiera o solvencia.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá notificar por escrito a las instituciones de banca múltiple las medidas correctivas que deban observar en términos de este Capítulo, así como verificar su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento. En la notificación a que se refiere este párrafo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá definir los términos y plazos para el cumplimiento de las medidas correctivas a que hacen referencia el presente artículo y el 134 Bis 1 siguiente.
Lo dispuesto en este artículo, así como en los artículos 134 Bis 1 y 134 Bis 2, se aplicará sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la implementación de las medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso, les resulten aplicables.
La adopción de cualquiera de las medidas correctivas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en este precepto y en el artículo 134 Bis 1, así como en las reglas que deriven de ellos, y, en su caso, las sanciones o procedimientos de revocación que deriven de su incumplimiento, se considerarán de orden público e interés social, por lo que no procederá en su contra medida suspensional alguna, ello en protección de los intereses del público ahorrador."
Las modificaciones a la fracción tercera de este artículo tienen por objeto: i) Otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mayores elementos para una adecuada motivación en la determinación de medidas correctivas especiales adicionales; ii) Hacer extensiva la medida de sustituir funcionarios a los comisarios y auditores externos de la institución; iii) Establecer que las medidas especiales adicionales que defina la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en reglas, deberán considerar, en su caso, las sanas prácticas bancarias y financieras, y iv) Señalar una fracción general relativas a las medidas especiales adicionales que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer.
Por último, se propone que el texto de la fracción IV se presente como un último párrafo del artículo, a fin de aclarar que no se impondrá medida alguna, cuando una institución presente un índice de capitalización superior en un 25 por ciento al mínimo establecido.
En atención a las razones antes manifestadas, se presentan las modificaciones siguientes:
I. Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley y en las disposiciones que de ese precepto emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) En un plazo no mayor a 20 días, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan de restauración de capital que tenga como resultado un incremento en su índice de capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la institución de banca múltiple de que se trate pueda realizar en cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital deberá ser aprobado por el consejo de administración de la institución de que se trate antes de ser presentado a la propia Comisión.
La institución de banca múltiple de que se trate deberá determinar en el plan de restauración de capital que, conforme a este inciso, deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el cual el capital de dicha institución obtendrá el nivel de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que, en su caso, le haya sido presentado, en un plazo máximo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación del plan de que se trate.
Las instituciones de banca múltiple a las que resulte aplicable lo previsto en este inciso, deberán cumplir con el plan de restauración de capital dentro del plazo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días naturales contados a partir del día siguiente al que se notifique a la institución de banca múltiple, la aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del plan de restauración, la Comisión deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre ubicada la institución, su situación financiera, así como las condiciones que en general prevalezcan en los mercados financieros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá prorrogar por única vez este plazo por un periodo que no excederá de 90 días naturales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan de restauración de capital, sin perjuicio de la procedencia de otras medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasificada la institución de banca múltiple de que se trate;
c) Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. En caso de que la institución de que se trate pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, así como a las entidades financieras o sociedades que formen parte de dicho grupo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose del pago de dividendos que efectúen las entidades financieras o sociedades integrantes del grupo distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando el referido pago se aplique a la capitalización de la institución de banca múltiple;
d) Suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social de la institución de banca múltiple de que se trate y, en caso de pertenecer a un grupo financiero, también los de la sociedad controladora de dicho grupo;
e) Diferir el pago de intereses y, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diferir el pago de principal o convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital. Esta medida correctiva será aplicable a aquellas obligaciones subordinadas que, en términos de lo previsto en las disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 50 de esta Ley, computen como parte del capital neto de las instituciones de banca múltiple.
Las instituciones de banca múltiple que emitan obligaciones subordinadas de las referidas en el párrafo inmediato anterior, deberán incluir en los títulos de crédito correspondientes, en el acta de emisión, en el prospecto informativo, así como en cualquier otro instrumento que documente la emisión, la posibilidad de que sea procedente la implementación de esta medida cuando se actualicen las causales correspondientes conforme a las reglas a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley, sin que sea causal de incumplimiento por parte de la institución emisora;
f) Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director general y funcionarios, hasta en tanto la institución de banca múltiple cumpla con los niveles de capitalización requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que regulen las condiciones de trabajo.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los funcionarios de la institución.
La medida prevista en este artículo es sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos a favor de las personas que conforme a la misma puedan resultar afectadas;
g) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas consideradas como relacionadas en términos del artículo 73 de esta Ley, y
h) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
II. Cuando una institución de banca múltiple cumpla con el índice mínimo de capitalización requerido de acuerdo con el artículo 50 de esta Ley y las disposiciones que de ella emanen, será clasificada en la categoría que incluya a dicho mínimo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) Abstenerse de celebrar operaciones cuya realización genere que su índice de capitalización se ubique por debajo del requerido conforme a las disposiciones aplicables, y
c) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
III. Independientemente del índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la aplicación de medidas correctivas especiales adicionales.
Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberán cumplir las instituciones de banca múltiple serán las siguientes:
a) Definir las acciones concretas que llevará a cabo la institución de que se trate para no deteriorar su índice de capitalización;
b) Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas;
c) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los empleados o funcionarios de la institución;
d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando la propia institución a las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previstas en el artículo 25 de esta Ley para determinar la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, o
e) Las demás que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con base en el resultado de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas bancarias y financieras.
Para la aplicación de las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá considerar, entre otros elementos, la categoría en que la institución de banca múltiple haya sido clasificada, su situación financiera integral, el cumplimiento al marco regulatorio, la tendencia del índice de capitalización de la institución y de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia, la calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega de dicha información.
IV. Cuando las instituciones de banca múltiple mantengan un índice de capitalización superior en un veinticinco por ciento o más, al requerido de conformidad con las disposiciones aplicables, no se aplicarán medidas correctivas mínimas ni medidas correctivas adicionales."
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones III, VIII y IX del artículo 28; el artículo 134 Bis y el artículo 134 Bis 1, y se ADICIONAN una fracción X al artículo 28; un último párrafo al artículo 108, y un artículo 134 Bis 2, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 28.- ...
I. y II. ...
III. Si la institución arroja pérdidas que afecten su capital mínimo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un plazo que no será menor de quince días para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la institución dentro de los límites legales.
Para efectos de lo previsto en esta fracción, no resultarán aplicables los plazos para llevar a cabo las convocatorias para las asambleas generales de accionistas, señalados en la Ley General de Sociedades Mercantiles;
IV. a VII. ...
VIII. Si la institución transgrede en forma grave o reiterada las disposiciones legales o administrativas que le son aplicables;
IX. Cuando la institución no cubra al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario las cuotas establecidas en la ley que regula a dicho Instituto, en los términos por ella previstos, y
X. Si la institución de banca múltiple no cumple cualquiera de las medidas correctivas mínimas; no cumple con más de una medida correctiva especial adicional, o bien incumple de manera reiterada una medida correctiva especial adicional.
...
Artículo 108.- ...
...
El incumplimiento por parte de las instituciones de banca múltiple de cualquiera de las medidas correctivas a que se refieren los artículos 134 Bis y 134 Bis 1 de esta Ley, así como de las establecidas en las reglas de carácter general que de ellos emanen, será sancionado por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa equivalente de veinte mil a doscientas mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revocar la autorización otorgada para organizarse como institución de banca múltiple y operar con tal carácter, cuando se ubique en el supuesto previsto en la fracción X del artículo 28 de esta Ley.
Artículo 134 Bis.- En ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante las reglas de carácter general que al efecto apruebe su Junta de Gobierno, clasificará a las instituciones de banca múltiple en categorías, tomando como base el índice de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 50 de esta Ley.
Para efectos de la clasificación a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer diversas categorías, dependiendo si las instituciones de banca múltiple mantienen un índice de capitalización superior o inferior al requerido de conformidad con las disposiciones que las rijan.
Las reglas que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberán establecer las medidas correctivas mínimas y especiales adicionales que las instituciones de banca múltiple deberán cumplir de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas
Para la expedición de las reglas de carácter general, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá observar lo dispuesto en el artículo 134 Bis 1.
Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los problemas que las instituciones de banca múltiple presenten, derivados de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad financiera o solvencia.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá notificar por escrito a las instituciones de banca múltiple las medidas correctivas que deban observar en términos de este Capítulo, así como verificar su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento. En la notificación a que se refiere este párrafo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá definir los términos y plazos para el cumplimiento de las medidas correctivas a que hacen referencia el presente artículo y el 134 Bis 1 siguiente.
Lo dispuesto en este artículo, así como en los artículos 134 Bis 1 y 134 Bis 2, se aplicará sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Las instituciones de banca múltiple deberán prever lo relativo a la implementación de las medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso, les resulten aplicables.
La adopción de cualquiera de las medidas correctivas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en este precepto y en el artículo 134 Bis 1, así como en las reglas que deriven de ellos, y, en su caso, las sanciones o procedimientos de revocación que deriven de su incumplimiento, se considerarán de orden público e interés social, por lo que no procederá en su contra medida suspensional alguna, ello en protección de los intereses del público ahorrador.
Artículo 134 Bis 1.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 134 Bis anterior, se estará a lo siguiente:
I. Cuando las instituciones de banca múltiple no cumplan con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley y en las disposiciones que de ese precepto emanen, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) En un plazo no mayor a 20 días, presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, un plan de restauración de capital que tenga como resultado un incremento en su índice de capitalización, el cual podrá contemplar un programa de mejora en eficiencia operativa, racionalización de gastos e incremento en la rentabilidad, la realización de aportaciones al capital social y límites a las operaciones que la institución de banca múltiple de que se trate pueda realizar en cumplimiento de su objeto social, o a los riesgos derivados de dichas operaciones. El plan de restauración de capital deberá ser aprobado por el consejo de administración de la institución de que se trate antes de ser presentado a la propia Comisión.
La institución de banca múltiple de que se trate deberá determinar en el plan de restauración de capital que, conforme a este inciso, deba presentar, metas periódicas, así como el plazo en el cual el capital de dicha institución obtendrá el nivel de capitalización requerido conforme a las disposiciones aplicables.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá resolver lo que corresponda sobre el plan de restauración de capital que, en su caso, le haya sido presentado, en un plazo máximo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación del plan de que se trate.
Las instituciones de banca múltiple a las que resulte aplicable lo previsto en este inciso, deberán cumplir con el plan de restauración de capital dentro del plazo que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el cual en ningún caso podrá exceder de 270 días naturales contados a partir del día siguiente al que se notifique a la institución de banca múltiple, la aprobación respectiva. Para la determinación del plazo para el cumplimiento del plan de restauración, la Comisión deberá tomar en consideración la categoría en que se encuentre ubicada la institución, su situación financiera, así como las condiciones que en general prevalezcan en los mercados financieros. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá prorrogar por única vez este plazo por un periodo que no excederá de 90 días naturales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará seguimiento y verificará el cumplimiento del plan de restauración de capital, sin perjuicio de la procedencia de otras medidas correctivas dependiendo de la categoría en que se encuentre clasificada la institución de banca múltiple de que se trate;
c) Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la institución, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. En caso de que la institución de que se trate pertenezca a un grupo financiero, la medida prevista en este inciso será aplicable a la sociedad controladora del grupo al que pertenezca, así como a las entidades financieras o sociedades que formen parte de dicho grupo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose del pago de dividendos que efectúen las entidades financieras o sociedades integrantes del grupo distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando el referido pago se aplique a la capitalización de la institución de banca múltiple;
d) Suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social de la institución de banca múltiple de que se trate y, en caso de pertenecer a un grupo financiero, también los de la sociedad controladora de dicho grupo;
e) Diferir el pago de intereses y, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diferir el pago de principal o convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital. Esta medida correctiva será aplicable a aquellas obligaciones subordinadas que, en términos de lo previsto en las disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 50 de esta Ley, computen como parte del capital neto de las instituciones de banca múltiple.
Las instituciones de banca múltiple que emitan obligaciones subordinadas de las referidas en el párrafo inmediato anterior, deberán incluir en los títulos de crédito correspondientes, en el acta de emisión, en el prospecto informativo, así como en cualquier otro instrumento que documente la emisión, la posibilidad de que sea procedente la implementación de esta medida cuando se actualicen las causales correspondientes conforme a las reglas a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley, sin que sea causal de incumplimiento por parte de la institución emisora;
f) Suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones en el futuro para el director general y funcionarios, hasta en tanto la institución de banca múltiple cumpla con los niveles de capitalización requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. Esta previsión deberá contenerse en los contratos y demás documentación que regulen las condiciones de trabajo.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los funcionarios de la institución.
La medida prevista en este artículo es sin perjuicio de los derechos laborales adquiridos a favor de las personas que conforme a la misma puedan resultar afectadas;
g) Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas consideradas como relacionadas en términos del artículo 73 de esta Ley, y
h) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
II. Cuando una institución de banca múltiple cumpla con el índice mínimo de capitalización requerido de acuerdo con el artículo 50 de esta Ley y las disposiciones que de ella emanen, será clasificada en la categoría que incluya a dicho mínimo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:
a) Informar a su consejo de administración su clasificación, así como las causas que la motivaron, para lo cual deberán presentar un informe detallado de evaluación integral sobre su situación financiera, que señale el cumplimiento al marco regulatorio e incluya la expresión de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de la institución, así como las observaciones que, en su caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, le hayan dirigido.
En caso de que la institución de que se trate forme parte de un grupo financiero, deberá informar por escrito su situación al director general y al presidente del consejo de administración de la sociedad controladora;
b) Abstenerse de celebrar operaciones cuya realización genere que su índice de capitalización se ubique por debajo del requerido conforme a las disposiciones aplicables, y
c) Las demás medidas correctivas mínimas que, en su caso, establezcan las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley;
III. Independientemente del índice de capitalización de las instituciones de banca múltiple, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar la aplicación de medidas correctivas especiales adicionales.
Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberán cumplir las instituciones de banca múltiple serán las siguientes:
a) Definir las acciones concretas que llevará a cabo la institución de que se trate para no deteriorar su índice de capitalización;
b) Contratar los servicios de auditores externos u otros terceros especializados para la realización de auditorías especiales sobre cuestiones específicas;
c) Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados en general, exceptuando las revisiones salariales convenidas y respetando en todo momento los derechos laborales adquiridos.
Lo previsto en el presente inciso también será aplicable respecto de pagos que se realicen a personas morales distintas a la institución de banca múltiple de que se trate, cuando dichas personas morales efectúen los pagos a los empleados o funcionarios de la institución;
d) Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos, nombrando la propia institución a las personas que ocuparán los cargos respectivos. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores previstas en el artículo 25 de esta Ley para determinar la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y demás funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, o
e) Las demás que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con base en el resultado de sus funciones de inspección y vigilancia, así como en las sanas prácticas bancarias y financieras.
Para la aplicación de las medidas a que se refiere esta fracción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá considerar, entre otros elementos, la categoría en que la institución de banca múltiple haya sido clasificada, su situación financiera integral, el cumplimiento al marco regulatorio, la tendencia del índice de capitalización de la institución y de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia, la calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega de dicha información, y
IV. Cuando las instituciones de banca múltiple mantengan un índice de capitalización superior en un veinticinco por ciento o más, al requerido de conformidad con las disposiciones aplicables, no se aplicarán medidas correctivas mínimas ni medidas correctivas adicionales.
Artículo 134 Bis 2.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá dar aviso al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario sobre la situación financiera de la institución de banca múltiple de que se trate, cuando ésta no cumpla con los requerimientos de capitalización, de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionándole para tales efectos la información que resulte necesaria para que dicho Instituto tome conocimiento de esta situación.
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario podrá solicitar a las instituciones de banca múltiple información relevante sobre las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6o de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, cuando lo considere necesario.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las facultades conferidas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las instituciones de banca múltiple deberán prever en los contratos que celebren a partir de la entrada en vigor de este Decreto, así como en la demás documentación relativa, las restricciones señaladas en el inciso f) de la fracción I y en el inciso c) de la fracción III, ambas del artículo 134 Bis 1, que en su caso resulten aplicables.
ARTÍCULO TERCERO.- Las instituciones de banca múltiple contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto para modificar sus estatutos sociales conforme a lo previsto en el presente Decreto y someterlos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTÍCULO CUARTO.- Para efectos de lo previsto en el inciso e) de la fracción I del artículo 134 Bis 1 de esta Ley, las emisiones de obligaciones subordinadas que las instituciones de banca múltiple hayan emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su emisión.
ARTÍCULO QUINTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de este Decreto, para emitir las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 134 Bis de esta Ley.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 5 de abril del 2004.
Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica),
Presidente; Francisco Suárez y Dávila (rúbrica), Juan
Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe
Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón
de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Oscar González
Yáñez, Jesús Emilio Martínez Alvarez, secretarios;
José Alarcón Hernández (rúbrica), José
Arturo Alcántara Rojas, Angel Buendía Tirado, Marko Antonio
Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo,
José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco
Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón
(rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo
Murat Macías (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica),
María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas
(rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica),
Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), Javier Salinas Narváez
(rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño
(rúbrica), Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), José
Trejo Reyes (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Jesús
Vizcarra Calderón (rúbrica), Emilio Zebadúa González.
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN LOS CONSULADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, Y EN MONTERREY, NUEVO LEON
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 15 de marzo de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Juan Pablo Santana Valdez y Alicia Margarita de la Fuente Cruz, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 23 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Juan Pablo Santana Valdez para prestar servicios como asistente cultural en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Alicia Margarita de la Fuente Cruz para prestar servicios como empleada del departamento de ciudadanía en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de marzo de 2004.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández
Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica),
Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino
Alejandro Fernández Avila, secretarios; José Porfirio Alarcón
Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica),
Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica),
Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones
Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica),
Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández
García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José
González Morfín (rúbrica), Jesús González
Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la
Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica),
Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo
Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica),
Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández
(rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica),
María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez
Díaz, Wintilo Vega Murillo (rúbrica), Sergio Vázquez
García (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN LOS CONSULADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN HERMOSILLO, SONORA, Y EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS; EN EL CONSULADO Y EN LA EMBAJADA DE CANADA, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, Y EN MEXICO; Y EN LA EMBAJADA DE AUSTRALIA EN MEXICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luz Marina Frock Castillo, Juan Pablo Nieto Villarreal, Marina Martínez Benítez, Sihomara Zúñiga León, Jacqueline Itzel Solís González y Natania Swirski Roldán, puedan prestar servicios de carácter administrativo en los Consulados de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y en el Consulado y en la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México, y en la Embajada de Australia en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 30 de marzo del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los Consulados de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en el Consulado y la Embajada de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco, y en México, y la Embajada de Australia, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Luz Marina Frock Castillo para prestar servicios como secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Juan Pablo Nieto Villarreal para prestar servicios como empleado de la Sección de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Marina Martínez Benítez, para prestar servicios como empleada de la Sección de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Sihomara Zúñiga León, para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Canadá en Puerto Vallarta, Jalisco.
Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Jacqueline Itzel Solís González, para prestar servicios como asistente del administrador de bienes en la Embajada de Canadá, en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Natania Swirski Roldán para prestar servicios como oficial de Visas en la Embajada de Australia, en México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 31 de marzo de 2004.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández
Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica),
Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino
Alejandro Fernández Avila (rúbrica), secretarios; José
Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez
Monje (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio
Fabio Beltrones Rivera, José Luis Briones Briceño (rúbrica),
Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez
(rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño
Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica),
Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto
Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López
Núñez (rúbrica), Germán Martínez Cázares
(rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén
Mendoza Ayala (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José
Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara
Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Sergio
Vázquez García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LUIS CARLOS ASTIAZARAN ORCI PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 15 de marzo del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día 23 de marzo, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República de Finlandia serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de marzo de 2004.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández
Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica),
Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino
Alejandro Fernández Avila, secretarios; José Porfirio Alarcón
Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica),
Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica),
Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones
Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica),
Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández
García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José
González Morfín (rúbrica), Jesús González
Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la
Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica),
Germán Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo
Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica),
Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández
(rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica),
María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez
Díaz, Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo
(rúbrica).
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA QUE SE PRACTIQUE UNA AUDITORIA AMBIENTAL AL COMPLEJO TERMOELECTRICO PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que "la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la Auditoría Ambiental al Complejo Termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos" de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el Municipio de Tuxpan Veracruz", presentada por el Diputado Alfonso Sánchez Hernández, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 14 de octubre de 2003, el Diputado Alfonso Sánchez Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, para que "la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la Auditoría Ambiental al Complejo Termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos", de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el Municipio de Tuxpan, Veracruz".
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a esta Comisión.
ANTECEDENTES DEL CASO
El Complejo Termoeléctrico "Adolfo López Mateos" se localiza a 6 kilómetros de la desembocadura del Río Tuxpan y a 18 km. de la Ciudad de Tuxpan Veracruz. Su actividad generadora de electricidad es en base a la formación de vapor por incineración de combustoleo (3,7 millones de metros cúbicos por año) y diesel (aproximadamente 1700 metros cúbicos por año).
Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero de 2000, se destinó al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, las superficies de 15,694.98 m2 de Zona Federal Marítimo Terrestre ZFMT; 1,468.45 m2 también de ZFMT, correspondiente a la Laguna de Tampamachoco; 54,827.23 m2 de terrenos ganados al mar y 70,584.84 m2 de terrenos ganados a la laguna de Tampamachoco.
La población de los alrededores se ha visto seriamente afectada con los numerosos accidentes de este complejo además de la contaminación que se genera diariamente por la misma, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha difundido públicamente a través de los medios electrónicos mediante su Gerencia de Protección Ambiental, el compromiso de proteger al medioambiente como un asunto de alta prioridad yendo mas allá de mero cumplimiento de las normas ecológicas vigentes, manifestando que la termoeléctrica "Adolfo López Mateos", ha cumplido con la norma ISO 1400, sin embargo, dicha termoeléctrica no aparece certificada como una industria limpia por la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Veracruz.
Por otro lado, en diversos medios informativos, se ha reportado con frecuencia, la contaminación térmica, así como la afectación por cadmio y plomo vertidos a la laguna, con el correspondiente daño al ecosistema afectando la calidad del agua y cadenas alimenticias. Los pescadores de la zona han realizado protestas e incluso han bloqueado el acceso a la termoeléctrica, a fin de que sean escuchadas sus denuncias.
El Gobierno del Estado de Veracruz, preocupado por las continuas reclamaciones, solicitó la elaboración de un estudio (con carácter de confidencial) al Instituto Politécnico Nacional (Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional Unidad Querétaro), el cual atendiendo a dicha solicitud, elaboró el trabajo titulado: "Causas de la baja producción pesquera en la Laguna de Tampamachoco, Veracruz, y la zona de Majahual".
En el estudio antes mencionado realizado por el Doctor Arturo Ortega Soto, se destaca que la termoeléctrica Adolfo López Mateos de la Comisión Federal de Electricidad, es la principal causante de la contaminación en la zona, sobre todo de la laguna, la cual presenta un estado lamentable en su ecosistema. El documento detalla que un análisis de metales pesados en organismos acuáticos detectó concentraciones de cadmio por arriba del límite permitido por la NOM-001-ECOL-1996. "El camarón tiene 0.5860 miligramos de cadmio por cada kilogramo, cuando el límite es no mayor a 0.2". Además, informa que se descubrieron concentraciones extras de cobre, plomo y zinc en organismos como camarón, ostión, jaiba, robalo y sargo.
También en este año se reportó la muerte de 2,400 árboles de mangle (cuyas raíces tienen como característica la capacidad de absorción de contaminantes) ubicados a 200 metros de la termoeléctrica.
En este mismo trabajo también se concluye que: "durante el desarrollo del trabajo de campo, al realizar la colecta de organismos, encontramos una cantidad importante de organismos con cambios fenotípicos los cuales son el resultado de severos eventos de mutaciones en el genoma".
Lo anterior no es desconocido por la CFE, ya que en 1993, pronosticó en su estudio de impacto ambiental, en su modalidad intermedia tomo II: "La calidad del aire que se proyecta a futuro en la región será afectada de forma importante por la emisión continua de contaminantes. Este detrimento en la calidad será provocado por la presencia de partículas suspendidas, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido y bióxido de carbono, resultantes de la combustión del combustoleo que se emplea en la operación del generador de energía eléctrica". En el mismo documento se expresa que el bióxido de azufre se combina con el vapor de agua y provoca "lluvia ácida", factor definitivo del deterioro de bosques.
Además de las denuncias ya mencionadas, la Cooperativa de Producción Pesquera del Puerto de Tuxpan, de bienes y servicios, S. C. L. de C. V, puntualizó la problemática pesquera en la laguna de Tampamachoco, Veracruz. de la siguiente manera: La planta Termoeléctrica Adolfo López Mateos ubicada entre la playa de Tuxpan y la laguna de Tampamachoco, genera lluvia ácida, derrame de combustoleo y residuos industriales; desalojo continuo de agua caliente, asolvamiento de bancos ostrícolas y mortandad de organismos durante la succión diaria de agua de mar. La industria citada ha provocado la pérdida de 600,000 kilogramos de productos pesqueros y 15 millones de pesos en los últimos 10 años.
Desafortunadamente el problema sigue acentuándose, ya que en el puerto de Tuxpan se han puesto en operación, además de la termoeléctrica "Adolfo López Mateos", otras termoeléctricas de ciclo combinado, concesionadas a empresa particulares con permisos otorgados como empresas productoras independientes de energía para instalación de centrales termoeléctricas como son los casos de la compañía Mitsubishi que constituyó la compañía subsidiaria denominada "Electricidad Aguila de Tuxpan, S. de R.L. de C.V", con permiso NÚM. E/139/PIE/99 otorgado mediante resolución res/107/99 que en su momento instaló y actualmente opera la termoeléctrica "Tuxpan II". La compañía española UNION FENOSA DESARROLLO Y ACCIÓN, constituyó la compañía subsidiaria "Fuerza y Energía de Tuxpan, S.A. de C.V." con permiso NUM. E/181/PIE/2000 otorgado mediante resolución res/240/2000 para instalar y operar la planta termoeléctrica "Tuxpan III y IV" y están en proceso de instalación la termoeléctrica "Tuxpan V" y en licitación la termoeléctrica "Tuxpan VI".
Por último, se considera prioritario remarcar que la contaminación térmica es una forma importante de contaminación en sistemas acuáticos ya que el agua es el regulador de temperatura más abundante y barato que la industria y plantas generadoras utilizan. Esto ocurre, cuando el agua utilizada para el enfriamiento de las plantas generadoras de energía, es devuelta al medio ambiente con un incremento en la temperatura entre 9 y 20 °C arriba de la que se encontraba naturalmente. El agua, una vez empleada algunas veces adquiere elementos tóxicos como metales pesados y compuestos orgánicos que finalmente pasarán a los sistemas naturales provocando efectos tóxicos a la flora y fauna. El uso del agua como refrigerante industrial es la principal fuente de calor al medio natural.
Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
2. Que el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental en su artículo 9°, establece en el procedimiento para la evaluación del impacto ambiental que los promoventes del proyecto deberán presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental,
3. Que de acuerdo al Artículo 159 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que las autoridades, denegarían la entrega de información sí se tratara de información reservada, relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución; como no existe tal situación, a los afectados no se le puede denegar dicha información.
4. La proposición con Punto de Acuerdo señala que; desde hace 18 años el Estado de Veracruz, se vio favorecido con la instalación del complejo termoeléctrico en cuestión; que desgraciadamente la población aledaña se ha visto dañada en sus actividades de: pesca, agricultura, ganadería, citricultura, y en su salud, con diferentes enfermedades de orden gastrointestinal, dermatológico etc., y que por diferentes medios se ha dado a conocer que esta aseveración es real.
5. Que es necesario evitar la desatención a esta problemática ya que dicho complejo no ha sido cuidadoso para respetar los principios de un desarrollo sustentable eficiente, ni ha hecho el mínimo esfuerzo para subsanar las lesiones provocadas a la sociedad, lo cual ha provocado graves contingencias sociales, como han sido bloqueos a los accesos de dichas instalaciones por la comunidad afectada.
6. Que las fechas de inicio de operación de las unidades de la termoeléctrica son: unidades 1 y 2 el 30 de junio de 1991, unidades 3 y 4 el 18 de julio de 1994, unidades 5 y 6 el 27 de mayo de 1996, y existen estudios ambientales anteriores, por lo que un estudio actual podría dar una visión científica clara de las afectaciones de la diversidad y abundancia del ecosistema, base de la economía y salud de los pescadores y población local.
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con base a las atribuciones que le otorgan los artículos 4 y 5 fracción XVIII y 6° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, emita la recomendación para que una institución académica de prestigio practique la auditoría ambiental al Complejo Termoeléctrico "Presidente Adolfo López Mateos" de la Comisión Federal de Electricidad, situada en el Municipio de Tuxpan, Veracruz (se sugiere que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional realicen el estudio, toda vez que son las instituciones más representativas y calificadas) independientemente que una institución del Estado de Veracruz lo realice de manera paralela y que por lo tanto sus resultados sean cotejables y se determine en definitiva, las afectaciones al medio ambiente que desde su construcción en 1985, ha provocado, según denuncias públicas de los habitantes y vecinos afectados que residen en los diferentes municipios aledaños a este complejo industrial eléctrico.
Segundo.- Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga llegar los resultados de la auditoría a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los afectados así como a la Comisión Federal de Electricidad y se realicen las acciones correspondientes de restauración del ambiente; y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realice acciones para que sean resarcidas las afectaciones resultantes y se apliquen las sanciones correspondientes informando de ello de la misma forma.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán
(rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica),
secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario;
Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José
Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra,
Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda
(rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María
G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel
Suárez, Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera
(rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca
Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica),
Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Humberto
Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López, Ernesto
Alarcón Trujillo, Francisco A. Jiménez Merino, Adrián
Chávez Ruiz, Maximino Alejandro Fernández Avila, Pascual
Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica),
María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas
Sánchez.
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROPOSICION PARA QUE SE EXHORTE AL CONSEJO GENERAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO A DESTINAR UN MAYOR PORCENTAJE A LA CREACION E INSTRUMENTACION DE NUEVAS PLAZAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Ciencia y Tecnología le fue turnada para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo para que esta Soberanía exhorte al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico presentado por el Diputado Jorge Legorreta Ordorica a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1 y 3, 44 numeral 4, y 45 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58,59 y 60 párrafo primero, 87, 89 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolló su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la proposición y de los trabajos previos de las Comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión mencionada expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.
IV. Era lo que respecta al RESOLUTIVO DEL DICTAMEN, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del pleno de la Asamblea de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 28 de Octubre de 2004, el Dip. Jorge Legorreta Ordorica, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al "Comité Intersecretarial de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología a que destine mayor monto de recursos a la creación de plazas de trabajo en el Sistema Nacional de Investigadores al momento de integrar su presupuesto para el próximo año, con la finalidad de que científicos mexicanos puedan ejercer la investigación y aportar sus conocimientos para el desarrollo del país".
SEGUNDO.- En esa misma fecha el C. Presidente de la Mesa Directiva turnó el Proyecto con Punto de Acuerdo en comento a la Comisión de Ciencia y Tecnología para su estudio y dictamen.
TERCERO.- Con fecha 12 de Diciembre de 2003 se envió una fé de erratas por parte de Dirección General de Proceso Legislativo, del punto de acuerdo en comento para hacer precisiones al mismo, para quedar como sigue: Se exhorta al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología, destine un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
CUARTO.- El día 31 de marzo de 2004, el pleno de la Comisión de Ciencia y Tecnología se reunió para realizar el estudio, análisis y dictamen de dicha minuta.
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.
La proposición con punto de acuerdo contiene un solo resolutivo:
Único: Se exhorta al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología destine un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
CONSIDERACIONES
2. Exponen también que los países que centran sus esfuerzos en la actividad científica obtienen recursos económicos importantes para el crecimiento del Producto Interno Bruto.
3. Que dada la limitación existente de recursos es fundamental que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico evalúe la conveniencia de ampliar el número de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
4. Que la ausencia de nuevas plazas en México, está ocasionando un repunte en la fuga de cerebros, lo que ocasiona que la inversión previa en recursos humanos altamente capacitados se desperdicie.
5. Que el número de científicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores es insuficiente para las necesidades y retos de la ciencia y la tecnología en México.
6. Que el número de investigadores en México por población económicamente activa se encuentra muy distante de los estándares internacionales. En cifras de la OCDE, México cuenta con 7 investigadores por cada 10,000 trabajadores, mientras nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, cuentan con 80 y 140 respectivamente.
7. Que la Ley de Ciencia y Tecnología dispone en su artículo 5 la creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, como órgano de política y coordinación en materia de políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica que apoyen el desarrollo nacional.
8. Que el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico tiene facultad para definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología.
9. Que el país requiere un mayor número de plazas de investigación científica, ya que la mayoría de los investigadores en universidades, institutos y centros de investigación no pueden realizar a plenitud sus programas de expansión o consolidación de líneas de trabajo por falta de recursos humanos altamente calificados. Tal como se expuso claramente por los investigadores que participaron en el proceso de planeación estratégica de esta Comisión.
10. Que el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2000-2006 estableció una meta de formar 20,000 investigadores por año para que la demanda de soluciones en tecnología aplicada e investigaciones pudiera ser satisfecha.
PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se exhorta al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para que, en uso de las facultades que le confiere el artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología al momento de definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia y tecnología, canalice un mayor porcentaje a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2004.
Diputados: Julio César Córdova Martínez
(rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Omar Ortega Alvarez (rúbrica), María Eloísa
Talavera Hernández (rúbrica), secretarios; Humberto Filizola
Haces, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica),
Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Roger David Alcocer
García (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita,
Abdallán Guzmán Cruz, Salvador Martínez Della Rocca
(rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Consuelo
Camarena Gómez (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés
(rúbrica), José Angel Córdova Villalobos (rúbrica),
Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Lucio Galileo Lastra
Martín (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino,
Moisés Jiménez Sánchez, Alfonso Nava Díaz,
José Rangel Espinosa, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
María Esther Scherman Leaño, Jorge Utrilla Robles, Martín
Vidaña Pérez, Rosa María Avilés Nájera,
Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Rubén
Torres Zavala (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica),
Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN, MEXICO, A EFECTO DE QUE SE INSTALE UN MODULO DE SERVICIOS MEDICOS Y QUIMICOS CLINICOS PARA QUE DIAGNOSTIQUEN, TRATEN, PREVENGAN Y CANALICEN A LOS HABITANTES EXPUESTOS A LA CONTAMINACION DE CROMATO HEXAVALENTE EN LA REGION DE LECHERIA
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen Punto de Acuerdo por el que se solicita "se exhorte a la a la Secretaria de Salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y de químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente en la región de Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México", a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados, son competentes para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II.- En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", LA Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.
I. ANTECEDENTES
1.- Con fecha 21 de enero del año 2004, el Diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó durante la Sesión de la Comisión Permanente, el Punto de Acuerdo por el que se solicita "se exhorte a la a la Secretaría de salud y al Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a efecto de que se instale un módulo de servicios médicos y de químicos clínicos para que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación del cromato hexavalente en la región de Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México". Con la misma fecha la Mesa Directiva, turno a las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de esta LIX Legislatura.
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción "f", de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a Comisiones Unidas.
3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, Comisiones Unidas se abocaron al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
II.- CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
En la exposición de motivos que presentó el Diputado Santiago Cortés Sandoval, expresa que La empresa Cromatos de México, se constituyó en 1958, en la colonia Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México. De 1970 a 1975
Refiere el Diputado que En el año de 1982, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; confirman mediante un estudió muestra en 160 adultos y niños, los altos niveles de cromo en pelo y orina.
En 1983 la empresa Cromatos de México, construye un contenedor de concreto sobre 16,000 m2, para cubrir 120,000 toneladas de cromo hexavalente, y fue a partir de 1999 cuando el contenedor sufrió fisuras en su estructura, dejando escapar el contaminante en forma aeróbica, permitiendo que en el suelo y subsuelo se filtraran por las lluvias los contaminantes precipitados, que dañan mantos acuíferos y afectan zonas urbanas, agrícolas e industriales.
Refiere el Diputado que se constituyo una Comisión tripartita para la rehabilitación de la afectación por la contaminación de cromato hexavalente, Integrándose con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el gobierno del estado de México y el gobierno municipal de Tultitlán; la cual por convocatoria pública licitó la participación de laboratorios especializados para que cotizaran la rehabilitación de la zona. Y a la fecha únicamente dos empresas extranjeras han presupuestado sus estudios de diagnóstico preliminar
III.- CONSIDERACIONES
Comisiones Unidas, abocadas al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis ala legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala.
El cromo hexavalente (Cr +6) es un metal que se encuentra espontáneamente en el agua, el suelo y las rocas. También se encuentra en los cultivos y como elemento remanente en los suelos agrícolas. Además, hay niveles traza de cromo en el medio ambiente, el cual proviene de la actividad industrial.
El cromo y sus compuestos, se utilizan como colorantes en la fabricación de vidrio verde, en la industria de la galvanización, en la química para plaguicida, así como en la textil, y la automotriz; en esta última se emplea para dar mayor resistencia a los metales contra la corrosión.
El cromo +3 es un nutriente esencial, necesario para el metabolismo de los azúcares y para muchas reacciones enzimáticas, es decir que es un nutriente indispensable en el metabolismo de carbohidratos y lípidos. También es un mineral considerado como un nutrimento indispensable en humanos y en animales y se requiere para el funcionamiento normal del metabolismo de los ácidos nucleicos según Mertz y Schwarz, quienes identificaron a este elemento como un componente activo del factor de tolerancia a la glucosa (GTF). Posteriormente, se postuló que el cromo actúa como cofactor en los sistemas donde interviene la insulina, facilitando la unión con sus receptores y amplificando todos los efectos conocidos de esta última (Schwars K, Mertz W, 1959).
Si bien la forma trivalente representa muy baja toxicidad, estudios científicos han determinado que el cromo hexavalente es un compuesto cancerígeno y debido a las propiedades carcinógenas se ha establecido que el agua potable no debe contener más de 50 microgramos de cromo por litro. Los efectos potenciales de este elemento sobre la salud, dependen de una diversidad de factores, tales como la forma química en que se presenta, la cantidad, el tiempo de exposición, así como la forma de incorporación de este al organismo (ingestión, inhalación o absorción a través de la piel). Las reacciones y sus efectos potenciales también dependen en gran medida de factores tales como la edad, el sexo, el peso corporal y el estado de salud del individuo.
Se sabe que el cromo IV es cancerígeno por inhalación; los riesgos potenciales de este en la actividad industrial, han sido ampliamente documentados. Muchos estudios han revelado altas tasas de cáncer de pulmón en operarios expuestos a la inhalación del mismo, así como un incremento de la tasa de cáncer del tracto gastrointestinal. Los análisis de laboratorio también han arrojado evidencias contundentes de que el cromo hexavalente, puede dañar el ADN e inducir mutaciones genéticas. Por otra parte, se sabe con certeza que probablemente es mucho más tóxico por inhalación que por ingestión.
De acuerdo a los datos que presenta el Diputado proponente, se ha detectado la presencia de cromo hexavalente en el subsuelo, lo cual puede dañar severamente los mantos friáticos incluyendo en tierras de propiedad privada en donde se extrae el agua potable de pozos
La utilización industrial que el hombre ha dado a los compuestos de cromo, ha generado un aumento de la contaminación en la atmósfera, el agua y los alimentos, especialmente aquellas industrias relacionadas con procesos metalúrgicos, galvanizados, textiles, material fotográfico y con la fabricación de, pinturas, cerámicas, vidrios y curtido de pieles.
Como ya se mencionó, este elemento en cantidades óptimas, es esencial en los mamíferos para mantener el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas (Riales et al, 1981); sin embargo, en altas concentraciones es tóxico.
Por otro lado, el Cr (VI) es 30 veces más tóxico que el Cr (III) y se considera como un agente mutagénico y carcinógeno según Anderson RA, et al en sus publicaciones de 1985, 1987 y 1993.
La forma en que el tóxico puede ingresar al organismo del ser humano, es por exposición accidental o por exposición permanente con el agente causal; generalmente secundaria a una exposición ocupacional y las vías de ingreso al organismo pueden ser respiratorias, digestivas y cutáneas incluyendo mucosas.
La exposición constante de cromo hexavalente, se encuentra en cantidades superiores, se acumula en hígado y bazo, principalmente, con daños gastrointestinales e insuficiencia hepato-renal.
En el caso de exposiciones prolongadas, se pueden presentar efectos nocivos en las vías aéreas, desde la cavidad nasal, senos paranasales, alvéolos y pulmón, iniciando con sintomatologías simples que se confunden con una rinitis alérgica, lo cual puede conducir a un cáncer pulmonar.
Tomando en cuenta La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala en su; Artículo 4°, párrafo quinto:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar
Y en su Artículo 25 párrafo sexto que establece:
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos cuidando su conservación y el medio ambiente.
Se considera como urgente el que se tomen medidas de remediación a corto plazo, ya que se tiene conocimiento de 1017 personas afectadas registradas de 1979 al 2001, y desafortunadamente, algunos casos han concluido en decesos. Por otro lado, es importante remarcar que se cuenta con estudios realizados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los que se determina que existe contaminación química en los mantos friáticos de Lechería en el Municipio de Tultitlán.
Debido a las patologías presentadas por los habitantes del área consecuencia de la contaminación por cromo hexavalente, se considera conveniente designarlo como Zona de Emergencia Ambiental.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que el cromo hexavalente, localizado en Lechería Municipio de Tultitlán Estado de México, es un residuo peligroso, el cual en función de sus características de toxicidad, puede presentar riesgo a la salud pública o causar efectos adversos al ambiente, los integrantes de Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura, con las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emiten el siguiente
RESOLUTIVO:
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Ejecutivo del Estado de México y al H. Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México; para que se apeguen o en su caso adecuen los ordenamientos necesarios a efecto de que se instale coordinada y permanentemente personal médico, ingenieros químicos y clínicos con equipos especializados en cada área, para que diagnostiquen, otorguen tratamiento y realicen programas preventivos, y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación y personas afectadas por el tóxico de cromato hexavalente de la región de Lechería, Municipio de Tultitlán, Estado de México.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que formulen, gestionen y expidan las circulares necesarias en que se declare a la región de Lechería, municipio de Tultitlán, Estado de México como "zona de emergencia ambiental".
Tercero.- En un plazo de 90 días Naturales, la Secretaria de Salud del Gobierno Estatal, deberá dar un informe por escrito al Honorable Congreso de la Unión, del estado que guarda la salud de la población, de Lechería, conforme al punto primero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 veinticinco días del mes de marzo de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Salud:
Diputados: José Angel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), secretaria; José Javier Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), secretario; Jesús Aguilar Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo Quintana, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo, Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio Vidaña Pérez, Julio Boltivinik Kalinka, Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica).
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán
(rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica),
secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario;
Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José
Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra
(rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl
R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica),
Mario E. Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut, María
G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel
Suárez, Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Oscar Rodríguez
Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel
Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres
(rúbrica), Oscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua
Alejo, Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez
López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica),
Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez
(rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica),
Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Carlos Silva Valdés
(rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica),
Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica).
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE INVESTIGUE EL ASUNTO DE DISCRIMINACION RACIAL QUE VIENEN SUFRIENDO INDIGENAS DEL ESTADO DE HIDALGO POR EL USO DEL PARQUE RUBEN DARIO, EN LA COLONIA PROVIDENCIA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO
Con fecha 23 de octubre de 2003 el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Federal Quintín Vázquez García, del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a este Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Que la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco, emprendió acciones injustas en contra de más de treinta indígenas del Estado de Hidalgo, cuando se encontraban en el parque "Ruben Darío", ubicado en la colonia Residencial Providencia, que se consideran violatorias de los Derechos Humanos. Al respecto, la policía manifestó que las detenciones se realizaron porque se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.
Que los detenidos manifestaron que sólo concurren al parque referido, para convivir en los días de descanso. De la conducta policial se deduce, que su actuación se debió, a que las personas detenidas utilizaron para su esparcimiento un parque de una colonia residencial.
En este sentido actuar de tal forma por utilizar un parque público, que se ubica en una zona residencial, se considera como un asunto de discriminación racial, ya que, conforme a nuestra Constitución General de la República, existe libertad de permanecer y transitar en cualquier parte del territorio nacional, sin distinción de raza o credo. Por lo tanto, todos los mexicanos tienen el derecho de disfrutar de los lugares públicos, sin tener más restricciones que las que las normas señalan, sobre todo cuando se trata de un lugar de esparcimiento para los ciudadanos.
Con motivo de estos hechos algunos ciudadanos se manifestaron por la conducta asumida por la Policía Municipal de Guadalajara, Jalisco. El Vocal Presidente de la Junta Local del IFE, también reprobó la violación de las garantías individuales de las trabajadoras domésticas y personal de servicio, a quienes se detiene sólo por el hecho de ser indígenas y de pasear en el parque.
Con base en todo lo anterior, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emite el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Respetuosamente se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que investigue, si lo considera de su competencia, el asunto de discriminación racial que vienen sufriendo indígenas del Estado de Hidalgo por el uso del parque Ruben Darío, ubicado en la colonia Providencia de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, por parte de la Policía Municipal, así como del Presidente Municipal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos:
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica),
Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria;
Fidel René Meza Cabrera, secretario; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica),
secretario; Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), secretario;
Gilberto Ensástiga Santiago, secretario; Félix Adrián
Fuentes Villalobos (rúbrica), secretario; Mario Carlos Culebro Velasco
(rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela Ma. de
Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José Rangel Espinosa (rúbrica),
Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa
(rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega
Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo
Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez
(rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos
García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena
(rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica),
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica de
la Peña Gómez, Juan García Costilla, Víctor
Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE INFORME SI TIENE BAJO SU CARGO Y RESPONSABILIDAD LAS INVESTIGACIONES MINISTERIALES RELACIONADAS CON EL HOMICIDIO DEL DIPUTADO YUCATECO PROFESOR PANFILO NOVELO MARTIN, SU HIJO Y SU ASISTENTE
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Con fecha 9 de octubre de 2003, el Diputado Roger Alcocer García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó al Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de la República informe si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del Diputado Yucateco Profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo Miguel Ángel Novelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech, así como el estado que guardan.
SEGUNDO.- En sesión celebrada con fecha 9 de octubre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos", lo cual se hizo del conocimiento a la Presidencia de esta Comisión mediante el oficio número DGPL59-II-5-60.
CONSIDERANDO
ÚNICO.- Que del análisis de la Proposición del Punto de Acuerdo en comento se desprende que es procedente solicitar la información requerida. Esta Comisión emite el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO:- Solicítese, con absoluto respeto al principio constitucional de división de poderes, al Procurador General de la República, informe a esta Soberanía si tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del Diputado Yucateco Profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo Miguel Ángel Novelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech, y de ser posible jurídicamente, informe el estado en que se encuentran dichas investigaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica),
Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René
Meza Cabrera, Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier
Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga Santiago,
Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios;
Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), José
Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica),
Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco
(rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Angel Yunes
Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán
Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica),
Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol
Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del
Campo (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara,
Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla,
Víctor Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla
(rúbrica).
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD A CUMPLIR LA RECOMENDACION 18/2000, EMITIDA POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL CASO DE PAULINA RAMIREZ JACINTO
Con fecha 9 de septiembre de 2003, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por diputados federales del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a este Pleno Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Con fecha 9 de septiembre de 2003, un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la H. Cámara de Diputados, una proposición con Punto de Acuerdo, para que se solicite al Gobierno del Estado de Baja California y a la Procuraduría General de Justicia de la Entidad, cumpla con la recomendación 18/2000, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, procedió a realizar el estudio correspondiente para determinar en tal caso, la procedencia de la Proposición con Punto de Acuerdo solicitado, con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
En julio de 1999, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, de 13 años de edad, fue violada en presencia de su madre y quedó embarazada por dicho motivo. Ante tal situación, ella y su madre, solicitaron la interrupción del embarazo con base en lo establecido en la Ley, para aquellas mujeres que se encuentren en dichas circunstancias.
Sin embargo, un hospital del sistema de salud pública no procedió a la interrupción del embarazo, aduciendo problemas de conciencia. Como Paulina y la madre de la menor siguieron solicitando que se le realizará la operación. Ante esta situación, intervino la Procuraduría de Justicia del Estado, quien pretendió que un sacerdote las convenciera y desistieran de sus deseos de propiciar el aborto. En este asunto, intervinieron hasta representantes de la organización Provida, también para tratar de convencer a la menor y a su madre, pero no lograron sus objetivos, puesto que ellas seguían sosteniendo la postura inicial.
Bajo esta situación transcurrió el tiempo y la menor cumplió los tres meses de embarazo, que hicieron imposible la intervención quirúrgica, lo que originó que Paulina Ramírez Jacinto, se viera obligada a tener un niño a los 14 años de edad.
Nacido el bebé, y debido a las presiones que ejercieron grupos civiles y el gobierno, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana emitió la Recomendación 2/2000 al Gobierno del Estado de Baja California donde solicitaba la destitución del Director de Hospital General de Mexicali, por su comportamiento tendencioso y poco profesional
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación 18/2000, que en su oportunidad fue enviada al Gobernador de Baja California, Alejandro González Alcocer, en la cual "consideró que en el caso de la menor Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, existieron violaciones a sus Derechos Humanos de salud, información, libertad, dignidad, intimidad, confidencialidad, legalidad, fundamentación y competencia.
Tomando en cuenta lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se crea la Subcomisión Especial para hacer el seguimiento al presente caso, la cual estará integrada por representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios y que son los siguientes:
Dip. Angélica de la Peña Gómez PRD
Dip. Miguel Ángel Llera Bello PAN
Dip. Mayela Ma. de Lourdes Quiroga Tamez PRI
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticuatro de marzo de dos mil cuatro.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica),
Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René
Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Angel Llera Bello (rúbrica),
Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga
Santiago (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos,
secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Consuelo Muro
Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica),
José Rangel Espinosa (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón
(rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo
Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica),
Miguel Angel Yunes Linares (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre
(rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez
(rúbrica: No estoy de acuerdo con las consideraciones de este punto
de acuerdo), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García
(rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo, Marisol Vargas Bárcena
(rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica:
No estoy de acuerdo con las consideraciones de este punto de acuerdo),
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica),
Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla,
Víctor Manuel Camacho Solís, Jaime Miguel Moreno Garavilla
(rúbrica).
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la creación de partidos políticos.
Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos c), e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES:
l.- Con fecha 30 de septiembre de 2003, el Diputado Luis Antonio González Roldán de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a nombre de los integrantes de su grupo parlamentario, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.
3.- El 15 de marzo de 2004, se presentó al Pleno de la Comisión de Gobernación el anteproyecto de dictamen sobre el particular habiendo sido aprobado en la misma fecha.
Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1. Que la iniciativa que se dictamina tiene como objetivo fundamental modificar los requisitos de ley para otorgar el registro a una organización como partido político nacional, a través de los siguientes mecanismos:
b) Aumenta el número mínimo de distritos electorales uninominales en los que una organización política deba tener afiliados, de los 100 requeridos actualmente a 150.
c) Propone aumentar el número de asambleas necesarias de 10 a 15, tratándose de entidades federativas y de 100 a 150, tratándose de distritos electorales. Exige que los afiliados que asistan cuenten con credencial para votar con fotografía correspondiente a la entidad donde se realicen las asambleas.
d) Propone disminuir el financiamiento de los partidos políticos de nueva creación para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes del 2% al 1%, del monto que por financiamiento total les corresponde a todos los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
3. Que en esa misma fecha, el dictamen de referencia fue aprobado en lo general por el Pleno por 426 votos en pro, 21 en contra y 3 abstenciones.
4. Que dicho proyecto se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que con fecha 31 de diciembre de 2003, el Decreto de referencia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
6. Que la iniciativa presentada por el Dip. González Roldán y el Dictamen aprobado por el Pleno versan sobre el mismo tema.
7. Que el dictamen aprobado es producto del estudio, análisis y consensos sobre el particular y que en definitiva resuelve el fondo de las propuestas en materia de requisitos para otorgar el registro como partido político nacional.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
ARTÍCULO PRIMERO.- No es de aprobarse la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el Dip. Luis Antonio González Roldán el 30 de septiembre de 2003, por haber quedado sin materia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los quince días del mes de marzo de dos mil cuatro.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Francisco Cuauhtémoc Frías
Castro (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica),
secretaria; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Miguelángel
García-Domínguez, secretario; Maximino Alejandro Fernández
Avila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández
(rúbrica), Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán
Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio
Fabio Beltrones Rivera, José Luis Briones Briseño (rúbrica),
Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez
(rúbrica), Fernando Fernández García, Patricia Garduño
Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica),
Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor
Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez
(rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica),
Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza
Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez
Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz
Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica),
Wintilo Vega Murillo (rúbrica).
DE LA COMISION DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE TRASPLANTES
A la Comisión de Salud, fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de trasplantes, presentada por la Diputada Adela del Carmen Granel Campos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión de Salud, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a esta Comisión dictaminar la iniciativa en comento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto, a partir de la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
En al capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
ANTECEDENTES
En sesión celebrada el 25 de Marzo de 2003 por la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Diputada Adela del Carmen Granel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presento ante el pleno, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes.
En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa de reforma a la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura, para su estudio y dictamen.
Para dar cumplimiento al Punto Segundo del Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a los Dictámenes de proyectos de ley o Decreto normativo, que no alcanzó a conocer el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura; La Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, presenta el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 314, 333, 343 y 344 de la Ley General de Salud.
A su vez, ésta Comisión, responsable de la emisión del dictamen, analizó la facultad del Congreso para legislar en la materia, de esto se desprendió que nuestra Carta Magna en el artículo 73, fracción XVI, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, asimismo nuestra Constitución Política en su artículo cuarto, párrafo tercero garantiza el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
En su exposición de Motivos, la Diputada manifiesta que en nuestro país existe una enorme demanda trasplantes, debido a los avances científicos en la materia.
Señala que en los últimos 5 años, en promedio se han realizado 3,500 trasplantes, sin embargo a la demanda se suman miles de personas.
Expresa que debido a la falta de información en este tema, las personas se encuentran reacias hacia el mismo, por lo que argumenta que debe existir una difusión sobre la legislación, procedimientos, infraestructura y trámites para la realización de un trasplante.
Hace una comparación entre España y México con relación a la donación de órganos, en la que afirma que en aquel país se llevan a cabo 50 procedimientos de esta índole, por cada millón de habitantes, mientras que en México, la cifra sólo es de 1 por cada millón.
Resalta la importancia de que la donación se haga de manera expresa ya que es un elemento esencial para efectuar una donación de órganos, sangre o tejidos.
Explica que los trasplantes son una intervención quirúrgica mediante la cual se logra integrar a un cuerpo vivo, ciertos órganos o tejidos de otra persona.
Manifiesta que el objetivo de la iniciativa es reforzar la legislación vigente en materia de trasplantes de órganos, y facilitar la donación, para que quienes requieran de un órgano puedan tener una esperanza de vida.
Refiere que la reforma va encaminada a promover la donación entre personas que no sean familiares, así como redefinir el concepto de muerte cerebral, reformando los artículos 333, 343 y 344
Por otra parte propone que se modifique el articulo 345, para que sea suficiente el consentimiento de los familiares para evitar el mantener a una persona siga viviendo por medios artificiales cuando se presenta la muerte cerebral.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 numeral 6, inciso f; esta Comisión, realizó el correspondiente estudio, del cual se desprenden las siguientes.
CONSIDERACIONES
Para ser más específicos, es conveniente recordar la definición de trasplante que se establece en el artículo 314 fracción XIV de la Ley General de Salud que a la letra dice: " la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integren al organismo"
Coincidimos con la diputada en su afirmación, cuando señala que los trasplantes son la única oportunidad de vida de millones de personas.
La donación de un órgano o tejido, constituye un acto altruista de enorme generosidad, en este sentido estamos de acuerdo con la promoción de la donación de órganos.
Si bien es cierto que el proceso legal de donación y trasplante debe cumplir diversas fases para garantizar la higiene y la sanidad de la operación, la legislación actual establece algunas limitantes que perjudicaban al fomento y facilidad de prácticas de donación en México.
Es por esta razón que en la Sesión celebrada con fecha 4 de Diciembre de 2003 fue aprobado por el plano de la H. Cámara de Diputados de la LIX el dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 333 de la Ley General de Salud.
De este modo, con la reforma aprobada el Articulo 333 quedó de la siguiente forma:
"Artículo 333.-
Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:
I. a V. ....
VI. Tener parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o ser cónyuge, concubina o concubinario del receptor. Cuando se trate del trasplante de médula ósea no será necesario este requisito.
En ausencia de donador relacionado por vínculo de parentesco o por impedimento médico o por falta de voluntad de algún pariente, se aceptará la donación de la persona emocionalmente relacionada previa manifestación, ante la Secretaría de Salud o ante quien ésta designe, de la ausencia de ánimo de lucro o interés comercial y su ánimo de altruismo y solidaridad."
* Por otra parte, la propuesta de la diputada para reformar los artículos 314, 343, 344 y 345 de la ley en comento, ha sido recogida por otra iniciativa que define los casos en los que se presenta la muerte encefálica, así como el concepto de cadáver.
* Dicha reforma fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 11 de Diciembre de 2003 se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos mencionados, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 314.- Para efectos de este título se entiende por:
I..........
II Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida
ARTÍCULO 343.- La pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible.
La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos:
I) Ausencia completa y permanente de conciencia,
II) Ausencia permanente de respiración espontánea, y
III) Ausencia de los reflejos del tallo cerebral , manifestando por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos.
Se deberán descartar que dichos signos sean producto de intoxicación, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.
ARTICULO 344.- Los signos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:
I.- Angiografía encefálica bilateral que demuestra ausencia de circulación encefálica, o
II.- Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica, corroborado por un médico especialista
III.- Ultrasonido de cuello con Doppler
ARTICULO 345.- No existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme al orden expresado, se prescinda de los medios artificiales que evitan que en quien se presenta la muerte encefálica comprobada se manifiesten los demás signos
De este modo, consideramos que la inquietud de la diputada ha quedado manifestada en la ley, por lo que creemos que se debe desechar la iniciativa, ya que la intención de la diputada ha sido suficientemente cumplida por las reformas citadas.
RESOLUTIVO
ÚNICO. Se desecha la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 314, 33, 343, 344 y 345 de la Ley General de Salud, debido a que el espíritu de la misma, ha sido contemplado en recientes reformas al ordenamiento mencionado, las cuales han sido aprobadas por el pleno de la H. Cámara de Diputados, publicadas en la Gaceta Parlamentaria y se encuentran en proceso legislativo.
Salón de Sesiones de la Comisión de Salud, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2004.
Diputados: José Angel Córdova Villalobos,
José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera
(rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael
García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva
(rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra
Marín, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo
(rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica),
Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica),
Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías
Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez
(rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne
Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández,
María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio
Boltvinik Kalinka (rúbrica), Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa
Romero (rúbrica), José Luis Naranjo Quintana (rúbrica),
Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez
Luna.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONOMIA PARA QUE INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS Y ARANCELARIAS, ASI COMO DE LOS JUICIOS QUE SE DESPRENDAN DE ESTOS, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO AREVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Honorable Cámara de Diputados, el suscrito Gonzalo Moreno Arévalo diputado de la Nación, integrante de la quincuagésima novena legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, se cite al Secretario de Economía para que rinda informe de la situación actual que guardan los procedimientos administrativos, por concepto de cuotas compensatorias y arancelarias, así como juicios que deriven de estos procedimientos conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
2.- El 27 de enero de 1997, emite resolución final que confirma todos los puntos.
3.- El 14 de febrero de 2002, convocó a los productores nacionales para presentar solicitud de examen de cuotas compensatoria.
4.- El 15 de Noviembre del 2002, comparecen la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, y su representación en los Estados de Guanajuato y Jalisco.
5.- El 9 de diciembre de 2002, se publica el aviso de la presentación de solicitudes.
6.- El 28 de julio de 2003 se declara el inicio del examen, de las mercancías clasificadas.
7.- El 7 de Octubre del 2003, el Juez Noveno en materia Administrativa en el Distrito Federal, dicto sentencia del juicio de amparo a favor de Nike de México S.A de C.V., en contra de los actos reclamados de la Secretaria de Economía.
8.- El 2 de Febrero del 2004, determina la Secretaría se proceda a devolver a Nike de México, S.A. de C.V., los intereses correspondientes, a las cantidades que a partir del 31 de diciembre del 2002, se hubieran enterado por concepto de cuotas compensatorias y, en su caso, a devolver las fianzas entregadas para garantizar dicho pago.
9.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público devolverá más de 30 mil dólares a la empresa Nike de México, S.A. de C.V., con esta resolución obtiene la empresa la exención hasta finales del año 2007.
10.- Con lo anteriormente expuesto, ha demostrado el titular de la Secretaría de Economía, la poca capacidad al frente de la misma, por actos tan irresponsables como los planteados, quedando en la suspicacia que guardar este tipo de simulaciones jurídicas cometidas en prejuicio de la sociedad, con la venia de su titular.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la omisión jurídica por parte de la Secretaría de Economía, así como el marco normativo y legislación actual, sentó precedente en materia de cuotas compensatoria.
SEGUNDO Que la Secretaria de Economía a través de la resolución, de conformidad con la fracción V, del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3, 5, 4, 26 fracciones I y V del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, causo un grave deterioro a los productores nacionales demostrando la irresponsabilidad del titular de la Secretario de Economía.
SEGUNDO.- En consecuencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se vera afectado en el rubro de ingresos y egresos al devolver a Nike de México, S.A. de C.V., los intereses correspondientes, a partir del 31 de diciembre del 2002.
Por lo expuesto con anterioridad, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Comparezca el Secretario de Economía, para que informe oportunamente a esta Honorable Legislatura el estado actual que guarda los procedimientos administrativos, y juicios derivados por concepto de cuotas compensatoria, impuesta a las importaciones de calzado y sus partes.
SEGUNDO.- Solicito en los términos del primer párrafo, parte final del artículo 60 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que dice textualmente: sólo podrá dispensarse del requisito de que las iniciativas de ley sean turnadas a comisiones, cuando los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificara de urgente o de obvia resolución.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DEL PAIS, MEDIANTE SUS RESPECTIVAS FEDERACIONES O CONFEDERACIONES REGISTRADAS ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, A EFECTO DE QUE, CON ABSOLUTO RESPETO DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA SINDICAL, SE ABSTENGAN DE INCIDIR U OBLIGAR A QUE SUS AGREMIADOS SE AFILIEN A DETERMINADO PARTIDO POLITICO O VOTEN EN FAVOR DE CIERTO CANDIDATO A UN ENCARGO PUBLICO DE ELECCION POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO TOMAS ANTONIO TRUEBA GRACIAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Tomás Trueba Gracián, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la H. asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas formalmente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindical que debe imperar en toda organización sindical, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un en cargo público de elección popular, bajo las siguientes
Consideraciones
Hoy día, el sindicalismo tiene enorme trascendencia en el ámbito de la transformación de instituciones en nuestro país, precisamente porque las organizaciones sindicales son lugares comunes de promoción y defensa de los intereses de los trabajadores; es decir, constituyen el lugar idóneo para incidir en la dignificación permanente de la persona humana que trabaja en el presente y futuro de su familia y de la nación.
Por ello, Acción Nacional, un partido que guía sus acciones con principios y doctrina propios, tiene como centro de toda intervención garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana, que privilegie el producto del trabajo sobre la persona misma que lo realiza, pues el primer fundamento del valor del trabajo es la persona como tal.
En tal contexto, los legisladores de Acción Nacional consideramos que el derecho al trabajo constituye una prerrogativa de todos los hombres porque, en última instancia, se funda en el derecho a la vida y a la libertad. De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto por el sindicato ni por el patrón a la imposición de criterios ideológicos o políticos, debiéndose garantizar en todo momento que los trabajadores puedan determinar libremente el ser y quehacer de sus organizaciones, gozando de un sindicalismo auténtico, democrático, participativo que represente genuinamente sus intereses, aspiraciones y valores.
Pese a estos importantes postulados, que giran en torno de un verdadero y pleno sindicalismo, cabe señalar que infortunadamente en nuestro país un número importante de dirigentes sindicales, utilizando su poder y ámbito de influencia sobre los agremiados, han desvirtuado el objetivo y los propósitos perseguidos por el sindicato a que representan, consistente en el estudio, mejoramiento, promoción y defensa de los derechos de sus trabajadores sindicalizados, llegando a convertirse en medios de control político sobre sus agremiados, situación que ha generado la proliferación de una cantidad enorme de funcionarios que, al margen de toda ley, tienen un poder político superior al de muchos otros funcionarios, y éstos son los llamados líderes sindicales que, en recompensa por el número de personas sindicalizadas de que disponen como instrumento electoral en favor de un determinado partido político, se ven favorecidos por éste en el reparto de en cargos públicos a los cuales el partido político beneficiado tiene acceso.
En tal sentido, se considera "antidemocrática y desvirtúa la naturaleza del sindicato la utilización del movimiento sindical y de los recursos y sanciones sindicales para imponer la afiliación individual o colectiva de los trabajadores a un partido político"1
En efecto, el empleo de los sindicatos para fines de constreñimiento político sobre sus miembros, tal y como infortunadamente sucede con frecuencia en nuestro país, constituye un acto antidemocrático, que se traduce en un fraude contra los miembros del sindicato mismo.
En tal virtud, es preciso el establecimiento real de la democracia en las organizaciones sindicales para que los trabajadores puedan manejar sus asuntos a través de dirigentes comprometidos en buscar las condiciones requeridas que garanticen el bienestar de todo agremiado, siendo necesario excluir de toda organización sindical a todo tipo de líder que ha utilizado su poder o ámbito de influencia en ese tipo de organizaciones para desvirtuar el objeto mismo de esta importante forma de organización sindical, al grado de llegar a utilizarla como un mero instrumento electoral en favor de determinado partido político, mediante mecanismos coactivos o de presión para sus agremiados.
Por tal motivo, surge la imperiosa necesidad de que los distintos órganos del Estado, incluido el Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias, velen por el absoluto respeto y democratización de nuestras instituciones sindicales, encargadas de la representación de los intereses de los trabajadores, así como por la observancia de los derechos de los trabajadores en forma individual, motivo por el cual se hace necesario garantizar que este tipo de organizaciones funcionen con verdadera democracia interna y garanticen la eliminación absoluta de todas las formas de coacción contra los trabajadores, que tengan por objeto incidir, restringir o mermar el derecho a la libre afiliación partidaria, así como a la libre expresión de la voluntad ciudadana individual en materia política, que se realiza a través del derecho al voto, el cual deber ser universal, individual, secreto, honesto y, sobre todo, secreto.
A mayor abundamiento, la naturaleza jurídica de los sindicatos, así como los objetivos y los fines que animan su existencia, nos permite afirmar que el funcionamiento y la permanencia de las organizaciones sindicales no deben fundarse en la presión y coacción que éstos ejerzan sobre sus agremiados, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente dirigido a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus miembros, toda vez que no debemos olvidar que la naturaleza y dignidad del trabajo exigen determinadas características de la organización sindical, cuando los trabajadores, en ejercicio de un derecho indiscutible, se unen para el estudio, la promoción, la representación y la defensa de sus intereses, teniendo el deber de evitar toda forma de desviación sindical.
Finalmente, reconocemos que el sindicato no sólo tiene el derecho, sino que está obligado a actuar en la vida pública en favor de sus agremiados. Sin embargo, resulta innegable -y estamos convencidos de ello- que ningún sindicato puede forzar a sus miembros a afiliarse a un partido político, ni obligarlos a votar en favor de una determinada candidatura; en caso contrario, esta situación implicaría violar o atentar contra su dignidad de hombres.
En tal sentido, Acción Nacional considera necesaria la proscripción de la utilización fraudulenta de las organizaciones de trabajo y de los anhelos de reforma social como instrumento de medro personal o político, siendo necesario el reproche de los sindicatos que participan como tales en actividades políticas, debiéndose -en contraparte- otorgar a los sindicalizados las garantías necesarias para actuar en política libremente y sin perjuicio sindicales y de trabajo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas el abajo firmante, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la H. Cámara de Diputados exhorte a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindical que debe imperar en toda organización sindical, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un en cargo público de elección popular.
Nota:
1 Proyección de Principios de Doctrina, 1995, I.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de abril de 2004.
Dip. Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION CON EL PROYECTO DE PLANTA DE RECICLAJE Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN CHAPANTONGO, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE LUIS CABRERA PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día 16 de diciembre del 2003 fue emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una resolución donde se autoriza de manera condicionada en materia de impacto y riesgo ambiental la ejecución de las obras y/o actividades del "Proyecto de Tecnología Aplicada", promovido por la empresa Promotora Mexicana de Reciclaje, SA de CV.
El proyecto autorizado consiste en la instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo, en una superficie de 110-35-66.31 hectáreas, el tiempo de vida útil será de 30 años para la planta de reciclaje y de 15 años para la operación de celdas de confinamiento.
Esta autorización se ha encontrado con la oposición de un gran número de ciudadanos que residen en el área cercana a la ubicación del proyecto. Como consta en diversos comunicados que se hicieron llegar a la propia DGIRA.
La oposición se debe fundamentalmente como lo cita textualmente la resolución entre otros temas a:
"a) Posible contaminación de manantiales de los cuales se abastecen para su consumo 17 comunidades y contaminación del entorno ecológico de la zona?"
"b) El sitio seleccionado para la realización del confinamiento no cumple con los requisitos de distancias a centro de cauce de cualquier corriente superficial, ya sea permanente o intermitente?"
"c) Esta establecido que "La distancia del límite del centro de población debe ser como mínimo de 25 kilómetros para poblaciones mayores de 10,000 habitantes con proyección al año 2010" estando cuatro poblados mayores de 10,000 habitantes en el radio de los 25 kilómetros al sitio del proyecto.
d) Posible impacto del acuífero que suministra de agua potable a una región de la parte alta del río Alfajayucan por lo que se hace la consideración de solicitar se amplíen y profundicen los estudios correspondientes para conocer el grado de impacto del establecimiento de la empresa.
e) Las afectaciones ocasionadas por accidentes carreteros del transporte de los residuos peligrosos, en el cruce con poblaciones cercanas que pudieran derivar en derrames y el probable daño a sus habitantes."
A estos cuestionamientos se agregan en el mismo texto resolutivo, opiniones que señalan deficiencias, omisiones de información, y recomendaciones de tipo técnico, y que concluyen que no es viable el proyecto por parte de las siguientes instituciones académicas y públicas: la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Hidalgo; la Subgerencia General Técnica de la Comisión Nacional del Agua; la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo; el Instituto de Geología de la UNAM y el Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla.
A favor del mencionado proyecto, el texto resolutivo solo menciona expresamente a la Dirección General del Consejo Estatal de Ecología, del Gobierno del estado de Hidalgo, quien considera viable y prioritario el desarrollo de dicho proyecto.
La DGIRA explica en los considerandos del texto resolutivo, que la promovente del proyecto ha realizado modificaciones al proyecto, éstos se han realizado con apoyo y aval técnico del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Por lo anterior concluye que las obras y/o actividades del proyecto son factibles de desarrollar en el sitio propuesto de manera condicionada.
Sin embargo, ciudadanos del área siguen manifestando su oposición e inconformidad a la realización del proyecto de instalar una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos. No queda claro tampoco si las instituciones académicas y públicas, que en un principio manifestaron su opinión de no procedencia, llegan a la misma conclusión que la DGIRA, de que el proyecto es viable.
La participación social en la práctica ha tenido poco efecto en la toma de decisiones de la autoridad. Da la impresión que los mecanismos de participación social, de instituciones públicas y académicas, no han garantizado la participación real y efectiva en las decisiones ambientales, en especial de los habitantes del área donde se realizará el proyecto.
Se concluye, que por muy completas que pretenden ser las normas ambientales, no están dando cuenta de la complejidad de la problemática involucrada. Es notorio que han quedado asuntos por resolver. Pues es evidente, que no sé esta tomado en cuenta dentro de la evaluación de impacto ambiental, el impacto social, económico y cultural. Por ello, no es posible prevenir el conflicto y por tanto tener los consensos que se requieren para un proyecto de inversión de tal magnitud. Esto significa, que el proyecto puede estar autorizado por la DGIRA, sin embargo se esta convirtiendo en inviable por carecer de los consensos técnicos y sociales.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Que la Semarnat nulifique o revoque la autorización otorgada, lo anterior basados en el principio de prevención y el precautorio, pues conforme a las opiniones expresadas por los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto e instituciones citadas en las consideraciones, pueden llegar a existir riesgos al equilibrio ecológico con la realización del proyecto de instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo.
Segundo. Que la Semarnat informe a esta soberanía como valoraron y evaluaron las recomendaciones y observaciones de los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto, las instituciones académicas de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México, citadas en las consideraciones, y la Comisión Nacional del Agua, institución del propio sector de la Semarnat. Presentando para ello, la información de detalle correspondiente, como es, si cuentan con nuevas opiniones de los antes citados, que los lleven a concluir que avalan la viabilidad del proyecto de instalación de una planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, estado de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2004.
Dip. José Luis Cabrera Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE CITE A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX-REFINACION PARA QUE RINDA UN INFORME ANTE LA COMISION DE ENERGIA, PRESIDENTES MUNICIPALES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS A EFECTO DE REPARAR EL DAÑO OCASIONADO EN NOGALES, CIUDAD MENDOZA Y RIO BLANCO POR LA RUPTURA DE DUCTOS Y LA EXPLOSION EN EL POBLADO DE BALASTRERA, ACAECIDOS EL 5 DE JUNIO DE 2003 EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la 3ª Circunscripción de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta honorable Cámara: proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes y consideraciones
El día 5 de junio de 2003, en la congregación de Cecilio Terán (poblado de Balastrera) ubicado en el municipio de Nogales, Veracruz una barrancada del río Chiquito provocó la explosión de 2 ductos de Petróleos Mexicanos, ocasionando diversos daños a los habitantes de la región así como a sus propiedades, semovientes, aves de corral y demás pertenencias.
La población de los municipios de Mendoza y Río Blanco también registraron deterioros en sus propiedades por corrientes de agua contaminada con hidrocarburos por las rupturas de un oleoducto, gasoducto y poliducto.
Las afectaciones por el siniestro fueron 88 personas lesionadas por quemaduras, 6 fallecimientos, daños en 40 casas habitación, 14 locales comerciales, 60 solares, 4 parcelas ejidales y 11 animales (semovientes y aves de corral).
Como respuesta a los siniestros acaecidos el día 5 de junio del 2003, Pemex se comprometió a brindar apoyos a las comunidades afectadas, consistentes en el retiro de lodos, entrega de paquetes de enseres, retiros de escombro, lodos y basura, limpieza de canales de riego, atención a las personas con quemaduras y lesiones, indemnizaciones a productores agrícolas y apoyos de servicios médicos.
Sin embargo, a la fecha en que se presenta esta proposición, no se ha dado cumplimiento cabal a las acciones e indemnizaciones que Petróleos Mexicanos se comprometió para resarcir los daños ocasionados por el siniestro.
En un documento proporcionado por la dirección general de Pemex-Refinación por conducto del licenciado Juan Bueno Torio, con fecha de 24 de noviembre de 2003, se manifiesta que de un total de 212 productores agrícolas se han indemnizado 160, quedando pendientes 52 productores por indemnizar.
Según el documento remitido por Pemex-Refinación, al 14 de noviembre de 2003 el monto de las erogaciones por concepto de responsabilidad civil por daños ascienden a la cantidad de 69,910,619.00 pesos cantidad inferior a la comprometida por Pemex-Refinación en el orden de 150 millones de pesos ofrecidos por el director general de Pemex-Refinación según sus propias declaraciones ante diversos medios de comunicación, para atender los daños, de los cuales se aplicarían 100 millones de pesos para atender a la población y 50 millones para la reparación de los ductos, además, que el documento no especifica si el monto de los recursos ejercidos satisface cabalmente en relación al monto ofertado inicialmente para el resarcimiento de los daños ocasionados la explosión y ruptura de ductos.
Cabe señalar, que en el multicitado documento se establecen recomendaciones para evitar este tipo de siniestros, sin indicar puntualmente en qué fecha o tiempo se llevarán a cabo las medidas apuntadas por la subsidiaria.
Ante el temor fundado, la falta de respuestas y acciones efectivas emprendidas por Pemex-Refinación para evitar contingencias de esta naturaleza, los habitantes de los municipios afectados por el siniestro, en una carta dirigida al Presidente Vicente Fox con fecha de 22 de marzo de 2004, señalan la omisión de Pemex en las labores de prevención o en su caso, la realización de trabajos inadecuados por no haber sido concluidos, en el mismo documento denuncian el silencio de Petróleos Mexicanos a los oficios turnados manifestando diversas inquietudes relacionadas con la prevención y la falta de apoyos ofrecidos por la paraestatal.
En el mismo sentido, el alcalde de Nogales Veracruz, dirige oficio Nº. 0388 al director general de Pemex, externándole su preocupación dado que al primer trimestre del presente año no se han concretado los compromisos asumidos por la paraestatal, detallando en el mismo documento los compromisos a los que no ha dado pronta solución tales como indemnizaciones para lesionados para la comunidad La Joyita en Balastrera, pago por afectaciones a tierras dedicadas a actividades agropecuarias, estudios para especificar de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua los tramos que representan mayor riesgo en caso de barrancadas de los ríos Chiquito y Carbonera, así como protección o reubicación de ductos por citar algunos.
Por lo expuesto, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se solicite la comparecencia del director general de Pemex-Refinación ante la comisión de Energía de esta H. Cámara, alcaldes y miembros de las comunidades de los municipios de Cd. Mendoza, Río Blanco y Nogales con el objeto de dar cuenta del estado que guardan las acciones ofrecidas por Pemex-Refinación para reparar los daños ocasionados por la ruptura de ductos en el tramo Mendoza-Maltrata.
Segundo.- Que en dicha comparecencia el director de Pemex-Refinación informe las acciones realizadas, planes y proyectos para garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas, medidas para la reubicación de los ductos con el objeto de evitar definitivamente los impactos colaterales en las poblaciones por desastres naturales.
Tercero.- Que Pemex-Refinación establezca un programa en colaboración con las autoridades de protección civil para resolver contigencias que puedan afectar la seguridad de la población.
Cuarto.- Que el director de Pemex-Refinación informe mensualmente a los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, así como a los alcaldes de los municipios de Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza los avances y resultados del programa hasta la total conclusión del conflicto.
Es cuanto.
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y DE ECONOMIA A EVITAR QUE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS SIGAN INTRODUCIENDO TODO TIPO DE CONTRABANDO EN EL PAIS; Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A SUPERVISAR LA ACTUACION DE LOS JUECES DE DISTRITO QUE OTORGAN AMPAROS PARA IMPORTAR MERCANCIAS MEDIANTE EL DENOMINADO "CONTRABANDO TECNICO", A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZAN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Omar Bazán Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
La planta productiva nacional ha sido golpeada en los últimos dos años por el incremento del llamado contrabando legal, o técnico, que de acuerdo con las autoridades ya supera el contrabando tradicional. Las empresas importadoras introducen a nuestro país todo tipo de mercancías afectando los sectores textil, el de vidrio, del acero y el de agroalimentos ya que algunos jueces de distrito emiten amparos contra el pago de cuotas o aranceles no respetando las reglas de los tratados, para establecer una forma de garantizar, que si el fallo es en contra de las empresas importadoras, ésta pague por completo los impuestos. Dichos amparos son otorgados en un término de horas. Empresas importadoras falsifican el precio del producto, el origen de la mercancía, el tipo de producto, la cantidad del bien importado o el uso que se le va a dar a la materia prima en nuestro país. La administración general de aduanas, tiene conocimiento de la forma discrecional de la que los juzgados de distrito emiten estos amparos existiendo un registro en aduanas de aproximadamente 6 mil amparos; Aunado a estos recursos jurídicos, un gran número de empresas se aprovechan de las facilidades que ofrecen los programas de importación temporal para producir artículos de exportación (PITEX) para introducir y comercializar artículos en el mercado mexicano que no pagan impuestos.
Simplemente, la afectación en el sector agrícola es devastadora, ejemplo de ésto es la problemática del azúcar; En lo que va del 2004, solo las importaciones amparadas han evadido el pago de más de 20 millones de dólares en impuestos, ahorrándose cerca de 400 dólares por tonelada importada. Otro ejemplo de esto es la desventaja que ponen a los ganaderos y agricultores del estado de Chihuahua ya que el 85 % de las manzanas importadas durante el 2003 fueron a través del contrabando técnico, amparándose contra la cuota compensatoria del 46.58%, decretada desde 1996, datos que constan en la Unión agrícola de fruticultores de Chihuahua; En cuanto al frijol se calcula que en el 2003 entraron amparadas 150 mil toneladas siendo que el cupo de importación era de 60 mil toneladas.
Esto sin duda, deja en desventaja a nuestros productores al no poder competir con los costos de producción, pero va mas allá de un sector ya que nuestra economía deja de percibir millones de pesos en impuestos.
Quienes integramos la LIX Legislatura del Congreso de la Unión tenemos el compromiso de prevenir y sancionar aquellas acciones que vulneren a nuestras comunidades.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía con fundamento en el artículo 144 fracción XXXII de la ley aduanera, así como del artículo 5 fracción XII de la ley de Comercio Exterior. Para auditar a las empresas importadoras con amparo y si es necesario modificar los Programas de Importación Temporal para producir Artículos De Exportación PITEX, para que hagan una correcta aplicación de los productos sensibles que se importan temporalmente a nuestro país.
Segundo.- Exigir a la Dirección General De Aduanas, establecer los parámetros de las fracciones arancelarias en exportaciones de los productos sensibles ya manufacturados en su retorno
Tercero,. Exhortar al Consejo de la Judicatura Federal, para que supervisé a fondo la actuación del algunos Jueces de distrito quienes otorgan amparos muy a la ligera para importar mercancías.
Dado en la ciudad de México, salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los seis días del mes de Abril, segundo periodo de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LIX Legislatura.
Atentamente
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION DE SALUD CITE A COMPARECER AL DOCTOR JOSE IGNACIO SANTOS PRECIADO, DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ", A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
El cáncer es una de las tres primeras causas de mortalidad infantil. Los niños sufren de diferentes tipos de cáncer, como leucemia linfoblástica aguda y crónica, leucemia mieloblástica aguda o tumor de Willms. Los tumores representan la cuarta causa de muerte en los adolescentes de entre 10 y 19 años de edad en la última década.
Según estadísticas del propio Hospital Infantil de México "Federico Gómez" y del Registro Nacional de Trasplantes, la cantidad de niños con esos padecimientos se ha elevado notablemente: hace 10 años se diagnosticaban cerca de 300 casos al año; actualmente se diagnostican 3 mil nuevos casos cada año a escala nacional.
Por otro lado, el servicio de oncología de dicho hospital cuenta con un total de 15 camas para dar servicio aproximadamente a 25 pacientes por día, quienes requieren hospitalización al menos tres días continuos, con lo cual se genera un déficit considerable de camas, lo que ocasiona un retraso en el tratamiento y, a corto o mediano plazo, recaída dentro del mismo, lo cual a su vez los convertirá en muy posibles prospectos para trasplante de médula ósea. Así se va formando un circulo vicioso donde el servicio y la atención para esos pacientes no son suficientes y oportunos como la enfermedad lo requiere.
También es necesario advertir que tanto los esfuerzos del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" como los de las autoridades de salud son rebasados por la creciente demanda derivada de esa enfermedad.
Compañeras y compañeros legisladores: lo que me trae hoy a esta tribuna es ser la portavoz de muchos niños integrantes de familias mexicanas que sufren de esta lamentable enfermedad y que se encuentran en la desesperanza al haber sido informados de que el programa de trasplante de médula ósea ha sido suspendido este año, por lo que esos niños, adolescentes y familias mexicanas necesitan nuestro apoyo para que el problema sea revisado y analizado con todo detenimiento y darles así nuevamente una esperanza de vida.
Por lo antes expuesto, propongo al Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Solicito que se cite a comparecer ante la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias y la Comisión de Salud al director general del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", doctor José Ignacio Santos Preciado, para que exponga los alcances y las limitaciones en el tratamiento de esa enfermedad.
Segundo. Se solicita al secretario de Salud que evalúe, con las organizaciones no gubernamentales y las instituciones que apoyan la lucha contra el cáncer, los programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes padecen esa enfermedad y a evitar la suspensión de los mismos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE SE REDUZCAN LAS TARIFAS ELECTRICAS EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en base a las facultades que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:
Consideraciones
II. La población de los distintos estados de la República se han manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.
III. En el caso concreto del estado de Guerrero los habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, la prepotencia y extorsión de que son objeto por parte de los empleados de la misma.
IV. La población sobre todo de escasos recursos requiere de mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa, ya que afirman que les llegan recibos de hasta 8 mil pesos, los cuales están imposibilitados de pagar.
V. No existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía, exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.
VI. Se manifiestan a favor de una condonación en los pagos de las personas de la tercera edad.
VII. En las comunidades rurales del municipio de Acapulco, los recibos llegan con una tarifa de hasta 2000 pesos, y para la población de escasos recursos representa el salario de hasta 6 meses de trabajo.
VIII. Según el Censo General de Población del año 2000 realizado por el INEGI, Guerrero contaba con una población de 3 079649, representando un 48.4% a los hombres y un 51.6% a las mujeres. Para el 2003, solamente un 40.7% era el porcentaje de trabajadores asalariados.
IX. Por lo tanto como legisladores y como representantes populares es necesario tener sensibilidad ante situaciones de injusticia con los más desprotegidos.
X. Considero necesario emitir un exhorto al Ejecutivo Federal a fin de que las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Guerrero sean más justas.
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal a fin de que instruya a los secretarios de Hacienda, Energía y Economía para que de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad ajusten las tarifas eléctricas del estado de Guerrero según la zona y las condiciones económicas de los sectores poblacionales; que redunde en el beneficio de los sectores de escasos recursos y el cobro sea de forma justa según el consumo y la capacidad de pago.
Palacio Legislativo, a 1 de abril de 2004.
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ENERGIA QUE ENTREGUE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE PETROLEOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JESUS E. MARTINEZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado federal Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003, sobre la base de la siguiente
Exposición de Motivos
La importancia de Petróleos Mexicanos en la vida del país es indiscutible. No obstante, esta soberanía no ha tenido acceso a una información integral y contextualizada que permita una visión general de la empresa y un acercamiento puntual a sus aspectos medulares.
Cuando el Secretario de Energía ha comparecido ante la Cámara de Diputados para referirse a Pemex, lo que ha presentado ha sido una información muy general sobre la situación actual de la paraestatal. A lo sumo, se ha referido a los puntos críticos de la empresa, como, por ejemplo, a su insuficiencia de recursos o a la paradoja de que aun cuando nuestro país tiene gran cantidad de gas natural, tenemos que importarlo.
Generalmente, el Ejecutivo señala que la alternativa de solución de los problemas que aquejan a Pemex son los "contratos múltiples", mediante los cuales los particulares realizan obras para la paraestatal y, desde luego, posteriormente las cobran.
Estos contratos, en los que los particulares cuentan con una garantía absoluta para el pago de sus facturas, vienen a ser una inversión financiada vía proyectos de infraestructura productiva con impacto diferido en el gasto. Independientemente de que los términos de los contratos son violatorios de lo establecido en la Constitución General de la República, representan además una grave carga al pasivo de Pemex debido a las altas tasas de interés.
En síntesis, parece ser que la visión del Gobierno Federal es que, o los particulares manejan Pemex, o el organismo no tiene viabilidad alguna.
Sin embargo, esta visión se nos impone a los mexicanos sin antes darnos a conocer un diagnóstico preciso. ¿Cómo evaluar con seriedad la procedencia o improcedencia de las soluciones que se nos ofrecen si carecemos de información puntual sobre los problemas que enfrenta la mayor paraestatal de México?
Es cierto que parte de esa información ha sido remitida a la Auditoría Superior de la Federación, pero sin contexto y en cantidad y calidad insuficientes, por lo que es imposible obtener de ella un diagnóstico integral y claro.
Es facultad y obligación de esta soberanía contar con la información esencial acerca de la situación económica, financiera y operativa de Petróleos Mexicanos. Sin esta información, cualquier autorización o análisis que realice esta Cámara respecto de Pemex carece de sentido.
Por lo anterior, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Solicitar a la Secretaría de Energía un diagnóstico integral sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003, que nos permita contar con la información suficiente para que los legisladores tengamos la posibilidad de poder proponer medidas y acciones particulares a problemas específicos, en el marco de nuestras atribuciones como legisladores y como partidos políticos.
Pemex debe informar:
Las reservas de crudo y de gas probadas y probables.
El análisis de la demanda de productos y de las perspectivas para el consumo interno y para el mercado de exportación, y en consecuencia la producción necesaria de crudos y gas, así como la capacidad que debe sostenerse en refinerías, plantas de petroquímica, servicios de distribución y transporte.
Los trabajos que ha realizado para la conservación de campos y plataformas y para el mejoramiento de los métodos de producción.
Los trabajos de perforación realizados para mantener la producción dentro de un margen de seguridad razonable, teniendo en cuenta el nivel de explotación y las perspectivas sobre consumo interno y sobre exportaciones.
El programa de explotación y de pruebas de estructuras exploradas, y si se cumple el fin de mantener una reserva potencial segura, bien definida y renovable.
Las actividades de refinerías y plantas petroquímicas, expresando los volúmenes de crudo y gas procesados y de los productos de petroquímica elaborados; su comparación con los programas anuales aprobados y con los datos relativos a ejercicios anteriores, así como con las necesidades de consumo interno.
Estadísticas acerca de la elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, así como la situación respecto del almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos y sus derivados.
Cifras acerca del procesamiento del gas natural, líquidos de gas natural y gas artificial, así como la situación que guarda el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de estos hidrocarburos y de sus derivados, que sean susceptibles de servir como materiales primas industriales básicas.
Situación actual de los procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como su almacenamiento, distribución y comercialización.
El monto de las ventas interiores y de exportación de todos los productos derivados del petróleo.
Convenios, contratos y títulos de crédito suscritos por Petróleos Mexicanos y sus organismos descentralizados.
Contratos de servicios múltiples que ha firmado la paraestatal y cuántos de éstos están vigentes.
Montos que se erogan anualmente por concepto de intereses para el pago de Pidiregas y contratos de servicios múltiples.
Patrimonio de Petróleos Mexicanos y el de cada uno de los organismos subsidiarios que, como la ley establece, está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que hayan adquirido o que se les asignen o adjudiquen; los que adquieran por cualquier título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se les otorguen; los rendimientos que se obtengan por virtud de sus operaciones y los ingresos que reciban por cualquier otro concepto.
Proyectos de organización, creación, liquidación, enajenación o fusión de empresas subsidiarias o filiales, así como la enajenación de instalaciones industriales.
Estadísticas acerca de la adscripción de los trabajadores sindicalizados y de confianza a los organismos y a 1a estructura corporativa de Pemex.
Modificaciones a los contratos colectivos de trabajo.
Los nuevos puestos transitorios, sindicalizados y de confianza, creados por el director general, y cuántos son ya definitivos o permanecen como temporales.
La cancelación de adeudos a cargo de terceros y a favor del organismo cuyos procedimientos legales de cobro se hayan agotado.
La emisión de bonos u obligaciones de cualquier naturaleza para su colocación en la República o en el extranjero.
La transmisión de la propiedad de bienes inmuebles o la constitución de gravámenes reales sobre ellos.
La adquisición de inmuebles o derechos reales sobre ellos.
Los contratos de arrendamiento o explotación de refinerías o plantas de petroquímica en el extranjero.
El otorgamiento de donativos, subsidios, gratificaciones, ayudas sociales u operaciones semejantes que afecten el patrimonio del organismo.
Conservación y ampliación, en su caso, de los sistemas de transporte y almacenamiento, con la tendencia a proporcionarles mayor flexibilidad para un menor costo de operación.
Conservación, ampliación y modernización, en su caso, de las instalaciones con el objeto de satisfacer óptimamente las necesidades del país y asegurar un mercado exterior, a base de productos determinados.
Medidas administrativas dirigidas tanto a elevar la productividad en sus diversos aspectos como a mejorar la distribución de productos en el interior del país.
Informe sobre el avance de las obras en construcción.
Análisis de las condiciones financieras del organismo.
Dip. Jesús E. Martínez Alvarez
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE, EN FUNCION DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EL SECRETARIO DE ECONOMIA VUELVA A INCLUIR EL AZUCAR EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS, DEVOLVIENDOLE ASI LA CARACTERISTICA DE PRODUCTO SENSIBLE, COADYUVANDO AL FORTALECIMIENTO DE ESTA CADENA PRODUCTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 55 fracción II y 58 fracciones I, II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículos 34 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente resolución con punto de acuerdo.
Como es sabido por todos ustedes, la Agroindustria de la Caña de Azúcar es de estratégica importancia para nuestro país, representa para México casi el 0.5% de nuestro PIB Nacional y genera alrededor de dos millones y medio de empleos directos e indirectos. En nuestro campo, dedicamos más de 700 mil hectáreas para su cultivo, cuya producción se procesa en 58 ingenios azucareros. El valor de la producción asciende a 3 mil millones de dólares.
Dada la importancia social y económica que representa para nuestro país la actividad cañera y azucarera, esta agroindustria se considera como de Interés Público. Por lo anterior y por las particulares características del comercio mundial del azúcar, por muchos años, el azúcar se venía considerando como un producto sensible, dentro de la política comercial mexicana.
Los Productos Sensibles son aquellos a los que, a juicio del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, se les establecen requisitos específicos para su internación temporal a territorio nacional.
El 13 de Junio de 2001, la Secretaría de Economía publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, en consideración a que se detectaron casos en los que mercancías específicas se internan con el carácter de temporal a nuestro país y no se efectúa su posterior retorno al extranjero; así mismo, que productos, como es el caso del azúcar, que por su fácil distribución y comercialización, así como por ser productos fungibles de fácil sustitución y por el desarrollo que amerita la industria, hace indispensable implementarles mecanismos de control.
La propia Secretaria de Economía considera: "Que dada la importancia que revisten en el país los productos agropecuarios, se requieren para ellos controles adicionales que comprueben el uso adecuado de los que se importan temporalmente y se evite su desvío a territorio nacional, con el consecuente daño a la economía e industria nacional"1
Sorpresivamente, la Secretaría de Economía, el día 30 de Octubre de 2003, publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, que abroga el publicado el 23 de octubre de 2002.
Este nuevo acuerdo deja de considerar al azúcar como producto sensible y lo sujeta a regulación ex-post, ampliando el plazo de permanencia de 6 a 9 meses. Planteando un supuesto monitoreo a partir de un cuestionario, que a 5 meses de publicado el Acuerdo no ha sido presentado por las empresas en los Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación.
Esta medida ha traído como consecuencia la imposibilidad de un verdadero control de las importaciones que realizan las empresas inscritas en los programas de PITEX.
Solo como un ejemplo, el caso de una empresa que hasta hoy no ha podido comprobar a la propia Secretaría de Economía por un periodo de dos años consecutivos de operación la exportación de doce mil toneladas de Azúcar comprada a ingenios mexicanos bajo el esquema PITEX de los ciclos 2001/2002 y 2002/2003, sin embargo acaba de recibir autorización para importar 27 mil toneladas, según versiones de la Cámara de la Industria Azucarera.
Esta misma empresa, que esta importando azúcar bajo el programa PITEX, en un lapso de 45 días importó 37 mil 570 toneladas, cantidad equivalente a 30 veces su requerimiento promedio mensual histórico.
No es admisible que un Acuerdo, que pretende desarrollar nuestra planta productiva y el empleo, muestre inconsistencias de ese tamaño, fallando en el control, que es su principal cometido.
Estas inconsistencias promueven prácticas de comercio desleal y disimulan operaciones irregulares, que pudieran tipificarse como delictivas. Por todo esto es de extrema importancia que el Ejecutivo Federal atienda lo aquí expuesto.
Estos breves antecedentes pretenden mostrar el grado de riesgo a que ha quedado expuesto uno de los mas importantes sectores de nuestro agro, que ha sido y es motor del desarrollo en amplias regiones del medio rural mexicano.
Con base en lo expuesto anteriormente, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN FUNCION DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA VUELVA A INCLUIR AL AZUCAR EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS, DEVOLVIENDOLE ASÍ LA CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO SENSIBLE, COADYUVANDO AL FORTALECIMIENTO DE ESTA CADENA PRODUCTIVA.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de abril de 2004.
Notas:
1 Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre
de 2002.
Atentamente
Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL SECTOR DE COMUNICACIONES A FIJAR LAS TARIFAS DE TELEFONIA CELULAR DE ACUERDO CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES QUE RIGEN LA TELEFONIA MOVIL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS NOEL TISCAREÑO RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Considerando que las empresas de telefonía celular prestan notables servicios y beneficios para los usuarios, tanto en el rubro de comunicación directa entre particulares, así como un instrumento de apoyo para el desarrollo de sus actividades. Las cuotas por minuto en la telefonía celular, son las tarifas máximas autorizadas o registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y sus niveles serán los máximos aplicables. A partir de ellas, las empresas podrán estructurar promociones y otorgar descuentos a los usuarios en igualdad de circunstancias de manera equitativa y no discriminatoria, atendiendo las necesidades de los usuarios.
En los antiguos textos de la economía básica, el sector de telecomunicaciones era utilizado como ejemplo típico de monopolio natural, donde las economías de escala conducían a que una sola empresa prestara el servicio a un menor costo que un conjunto de compañías. En estos casos, el Estado debía regular este monopolio para garantizar que no cobrara tarifas excesivas, que cumplieran sus metas de expansión y que proporcionara un servicio de calidad a los usuarios.
Compañeros Legisladores, es pertinente mencionar que el servicio telefónico celular se inicio en 1990, con la asignación de 18 concesiones a 10 empresas, de forma tal que cada una de las 9 regiones en que se dividió el país, existieran dos operadores. Durante los primeros años el servicio creció a un ritmo moderado, y en diciembre de 1994 se tenían únicamente 572 mil usuarios.
En 1996 se introdujo el uso de la tarjeta de prepago, y en 1997, los esquemas de descuentos a las llamadas entrantes. A partir de mayo de 1999, con base a lo establecido en la regla vigésima tercera de las Reglas del Servicio Local y de conformidad con la resolución emitida por la Cofetel en noviembre de 1998, en la que se establecieron las condiciones de interconexión que no fueron convenidas entre los operadores celulares y Telmex, se introdujo una nueva modalidad de cobro denominada "El que llama paga". Estas nuevas opciones permitieron un acelerado crecimiento en el número de usuarios y en el tráfico celular.
A partir del inicio de la modalidad "El que llama paga", el 1 de mayo de 1999, el número de usuarios de servicios de telefonía móvil ha crecido a tasas superiores a las observadas con anterioridad a la introducción de dicho esquema. Desde la implementación de dicha modalidad, el número de usuarios a nivel nacional creció de aproximadamente 4.2 millones a 11.3 millones a julio del 2000, lo que, sin duda, ha contribuido en forma importante al incremento de la teledensidad en nuestro país.
Debido a este acelerado crecimiento, la calidad del servicio de las redes celulares se deterioró notablemente. Asimismo, la Cofetel exhortó a las empresas a invertir lo necesario para mejorar la calidad de servicio en sus redes, así como para prevenir futuras degradaciones del servicio, provocadas entre otras cosas por el incremento del número de usuarios de telefonía móvil, que durante los últimos meses ha sido superior al 100%.
Como ejemplo de los estándares internacionales, hacemos referencia a que el regulador venezolano de telecomunicaciones, prepublicó en diciembre del 2000 un "informe sobre el estudio de comparación internacional para los cargos de interconexión", en el cual se proponía un cargo de interconexión de US $15.70 centavos por minuto a partir de junio de 2002. Chile, Sudáfrica, Suecia, Perú, México y Grecia fueron los países seleccionados para el estudio. Por su parte el regulador Peruano de telecomunicaciones, estableció un cargo de interconexión por las llamadas de teléfono fijo a móvil de US $18.6 centavos por minuto tasado al segundo sobre la base de un estudio comparativo internacional.
Un reciente estudio comparativo del costo de interconexión por minuto, sin impuestos, muestra que Brasil, en un promedio nacional cobra 11.6, siendo el único país en Latinoamérica que otorga el costo más bajo por minuto en telefonía móvil, ya que a comparación de México, el costo por minuto oscila en 19.9, comparando con países del Continente Europeo, Dinamarca tiene el costo de 15.5, Italia, con 14.4; Reino Unido, con 19.5, el costo por minuto, por mencionar algunas naciones.
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al director de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como a las dependencias responsables del sector de la comunicación, a que revaloren las tarifas de telefonía móvil con respecto al costo del minuto, que actualmente se encuentra vigente.
Segundo.- Se exhorta al Director de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a que elabore y entregue un informe detallado acerca de los costos por minuto, que actualmente aplican las empresas de telefonía móvil.
Dado en el Salón de Sesiones, Palacio Legislativo, a 13 de abril de 2004.
Dip. Carlos Noel Tiscareño Rodríguez
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A IMPULSAR UN PROCESO QUE PERMITA DESCENTRALIZAR LOS TRAMITES RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE A LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Bienes Nacionales establece en su capítulo IV "De la Zona Federal Marítimo Terrestre y de los Terrenos Ganados al Mar" diversos conceptos con relación a la administración, conservación y vigilancia de dichos bienes.
Conforme a la citada Ley en su artículo 49, cuando la costa presente playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de estos en el mar, hasta 100 metros río arriba.
La Ley General de Bienes Nacionales, fue reformada en su artículo 50 y se le adicionó el artículo 50 Bis el 31 de diciembre del 2001. En su artículo 50 establece que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos de los estados y los municipios, en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes. El artículo 50 Bis presenta las bases a las que deberán sujetarse los gobiernos de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios para celebrar estos convenios o acuerdos de coordinación.
A la fecha no se tiene conocimiento de que se tengan realizados convenios o acuerdos de coordinación con estados y los municipios para dicho fin. Lo anterior, esta ocasionando consecuencias graves. En especial, con relación a los trámites que se requieren realizar para el uso y goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar. Sobre todo, en aquellos trámites que tiene que ver con la expedición de concesiones, permisos o autorizaciones, además de sus prórrogas y modificaciones.
De 15 trámites al respecto, sólo tres pueden ser realizados por las delegaciones federales de la Semarnat, el de permiso de comercio ambulante, además de su prórroga y modificaciones a sus condiciones; sin embargo para su expedición legal dependen de la emisión de criterios por parte de la Secretaría de Turismo, como la señala el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar en sus artículos 11 y 12. En la práctica, no funciona este esquema, en virtud de que la Secretaría de Turismo no ha emitido dichos criterios. Por tanto las delegaciones federales de la Semarnat no pueden otorgar permisos de comercio ambulante. Las consecuencias son invasiones, desorden y anarquía en las playas y Zona Federal Marítimo Terrestre de los principales sitios turísticos del país.
Los otros 12 trámites restantes corresponden a básicamente a la ocupación en Zona Federal Marítimo Terrestre, es decir concesiones, permisos y autorizaciones. Los 12 trámites en su totalidad, son resueltos de manera central por la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat. Dicha dirección por diversos problemas se enfrenta a un alto rezago en la resolución de sus expedientes. Por ejemplo, en el caso del estado de Guerrero, se estima un rezago de más de 800 expedientes. Lo anterior tiene como principales consecuencias en la Zona Federal Marítimo Terrestre, la inseguridad jurídica de las ocupaciones, baja recaudación por pago de derechos de uso y goce, así como problemas por invasión.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que impulse decididamente la celebración de acuerdos o convenios de coordinación para el uso y aprovechamiento sustentable de la Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, con el objeto de que los gobiernos de los estados y los municipios en su caso, administren, conserven y vigilen dichos bienes. Para ello, deberá informar en un plazo no mayor a seis meses a esta soberanía sobre las acciones que este llevando a cabo al respecto.
Segundo. Se solicite a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un plazo no mayor a tres meses, un informe sobre el estado del rezago que guardan los trámites relacionados con los expedientes en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, así como sus propuestas para acabar con dicho rezago.
Tercero. Se exhorte a la Secretaría de Turismo para que a la brevedad posible conforme al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar emita los criterios, con los que podrán otorgar en su caso y ordenadamente permisos para ejercer el comercio ambulante en las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de abril de 2004.
Dip. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (rúbrica)
DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL
REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE
LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA
DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESION ORDINARIA DEL 6 DE ABRIL DE
2004
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
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Listado de Asistencia día 6 de abril de 2004 doc
Listado de Inasistencias día 6 de abril
de 2004 doc
Nota: Las diferencias que
existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden
variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días se publicarán las inasistencias
justificadas respecto a la presente lista.