Prevenciones Comunicaciones Iniciativas Actas Informes Convocatorias Invitaciones

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en materia de derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones).

Presentada por la diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco, PRI, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones., PRD.

Expediente 3997.
Séptima sección.

Ciudad de México, a 12 de junio de 2017.

Atentamente

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)

Presidenta


Comunicaciones

De la Mesa Directiva

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero

Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la solicitud de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para retirar la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, obsequia el trámite de conformidad con lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibido por la comisión que usted que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguiente trámite:

“Retírese de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y actualícense los registros parlamentarios”.

Ciudad de México, a 9 de junio de 2017.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Secretaria


Diputada Georgina Trujillo Zentella

Presidenta de la Comisión de Energía

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la solicitud del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para retirar la iniciativa que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, obsequia el trámite de conformidad con lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tienen dictamen recibido por la comisión que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguiente trámite:

“Retírese de la Comisión de Energía, y actualícense los registros parlamentarios”.

Ciudad de México, a 9 de junio de 2017.

Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)

Secretaria


Diputada Ana Andrea Cruz Blackledge

Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Edificio

Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la solicitud del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para retirar la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, obsequia el trámite de conformidad con lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibido por la comisión que usted preside.

La Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguiente trámite:

“Retírese de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y actualícense los registros parlamentarios.”

Ciudad de México, a 9 de junio de 2017.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Secretaria

Del diputado Moisés Guerra Mota

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del diputado Moisés Guerra Mota, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 5 de junio de 2017.

Atentamente

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica)

Vicepresidenta


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de junio de 2017.

Senador Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva

Comisión Permanente de la LXIII Legislatura

Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por este conducto le notifico, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, mi decisión de reincorporarme a mis funciones legislativas como diputado federal por la circunscripción 1, a partir de la fecha de este escrito. Asimismo solicito mi reintegración a las comisiones legislativas a las que pertenecía.

Lo anterior para los efectos a que tenga lugar.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, reciba un afectuoso saludo.

Atentamente

Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica)

De la Comisión Permanente, con la que remite acuerdo por el que se concede licencia al diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez para separarse de sus funciones legislativas

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Informo a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación de la diputada Ana María Boone Godoy, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio de 2017.

Atentamente

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica)

Vicepresidenta


Palacio Legislativo, a 6 de junio de 2017.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para comunicarle mi reincorporación al cargo de diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a partir del día 12 de junio del presente año.

Por lo anterior, le solicito instruir a quien corresponda con el fin de que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos, necesarios para los efectos conducentes.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Diputada Ana María Boone Godoy (rúbrica)

(De enterado; comuníquese. Junio 7 de 2107.)

De la Comisión Permanente, con la que envía similar de la diputada Ana María Boone Godoy por la que informa de su reincorporación a las funciones legislativas

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Para los efectos correspondientes, hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó el siguiente acuerdo

“Único. Se concede licencia al diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido.”

Atentamente

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica)

Vicepresidenta


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de mayo de 2017.

Senador Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral I, fracción XVI; 12 numeral 1, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar se me conceda licencia para separarme del cargo de Diputado Federal, con efectos a partir de la fecha en que se presenta esta solicitud y por tiempo indefinido.

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso legal que corresponda a mi petición.

Atentamente

Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez (rúbrica)

De la Comisión Permanente, con la que remite similar de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez por la que informa de su reincorporación a las funciones legislativas

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Informo a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 12 de junio de 2017.

Atentamente

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica)

Vicepresidenta


Palacio Legislativo a 6 de junio de 2017.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito dirigirme a usted para comunicarle mi reincorporación al cargo de diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión a partir del día 12 junio del presente año.

Por lo anterior, le solicito instruir a quien corresponda con el fin de que se realicen los trámites parlamentarios y administrativos necesarios para los efectos conducentes.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica)

(De enterado; comuníquese. Junio 7 de 2107.)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal de 2017

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número SNM/040/2017, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios, envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2017, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos


Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos

Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal que ésta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.

Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales así como el informe de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, ejercidos al segundo bimestre del año en curso, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Lo anterior con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica)

Subsecretario de Normatividad de Medios

De la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la que remite el informe periódico de México sobre la implementación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017.

Senador Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva

Senado de la República

Presente

Hago referencia al proceso de elaboración del XVIII-XXI informe periódico de México sobre la implementación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de conformidad con el artículo 9 de dicho instrumento.

Como es de su conocimiento, el documento abarca el periodo comprendido entre el año 2013 (año posterior a la entrega del último informe presentado) a la fecha y fue elaborado en seguimiento a las directrices emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD), a fin de reflejar los siguientes elementos:

a) Los progresos legislativos y de políticas públicas, destinados a garantizar el goce pleno y el respete a los derechos reconocidos en la convención;

b) La respuesta a las observaciones finales formuladas por el comité en marzo de 2012 y septiembre de 2014; y

c) La identificación de desafíos en la implementación de la convención en nuestro país.

Cabe destacar que el informe es producto de un extenso proceso de consultas con diversas instituciones de la administración pública federal, así como con organizaciones de la sociedad civil, que inicio en 2012 y finalizo en el segundo semestre del 2016. En este sentido, hago propicia esta oportunidad para agradecer las valiosas contribuciones y colaboración de esa soberanía para concretar con éxito este ejercicio.

Al respecto, tengo el agrado de hacerle llegar adjunto al presente [a versión final de dicho informe y sus respectivos anexos, el cual se remitirá al comité CERD durante la primera quincena de junio 2017. Esta versión procura reflejar [as valiosas aportaciones recibidas por las diferentes instancias que participaron, respetando el límite de palabras establecido por la ONU para este tipo de documentos.

En tal virtud, quedo a la espera de sus amables comentarios respecto al mismo, ele así considerarlo pertinente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica)

Director General de Coordinación Pública

(Remitida a la Comisión de Derechos Humanos. Junio 7 de 2017.)

                Informe

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el reporte de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único correspondiente al primer trimestre de 2017, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2017.

Maestro Pablo Escudero Morales

Presidente de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Hago referencia al último párrafo del artículo 42 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el cual establece que la Secretaría enviará un reporte sobre el Registro Público Único de acuerdo al artículo 56 de dicha Ley, para mayor referencia me permito transcribir el precepto aludido en su parte medular:

“...la Secretoria enviará un reporte un reporte a la comisión legislativa bicameral... igualmente, enviará un reporte sobre el Registro Público único de acuerdo al artículo 56 de la presente Ley”

Por su parte, el artículo 56 de la mencionada Ley prevé lo siguiente:

“El Registro Público Único se publicará a través de la página oficial de internet de la Secretaría y se actualizará diariamente. La publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: deudor u obligado, acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo contratado, recurso otorgado en garantía o fuente de pago, fecha de inspección y fecha de última modificación en el Registro Público Único. Asimismo, deberá incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa que incluya todos los costos relacionados con el financiamiento u obligación de acuerdo con la metodología que para tal efecto expida la Secretaría a través de lineamientos.

La Secretaría elaborará reportes de información específicos, mismos que tendrán como propósito difundir, cuando menos, lo siguiente información: identificación de los recursos otorgados en garantía o fuente de pago de cada entidad federativa o municipio, registro histórico y vigente de los financiamientos y obligaciones. Los reportes de información específicos deberán publicarse en la página oficinal de Internet de la Secretaría, debiendo actualizarse trimestralmente dentro de los 60 días posteriores al término de cada trimestre.”

En virtud de lo antes expuesto, me permito enviar, anexo a este oficio, el reporte de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondiente al primer trimestre de 2017, además de la información específica.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Contadora Pública Marcela Andrade Martínez (rúbrica)

Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas

(Remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 7 de 2017.)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas y sobre la evolución de la recaudación para abril de 2017

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2017.

Senador Pablo Escudero Morales

Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a abril de 2017.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con abril de 2016.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para abril de 2017.

Sin otro particular, reciba y un cordial saludo.

Atentamente

Vanessa Rubio Márquez (rúbrica)

Subsecretaria

(Remitida a la Comisión de Hacienda. Junio 7 de 2017.)

Del Banco de México, con la que informa sobre la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2017

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa comisión el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de dos mil diecisiete, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)

Gobernador

(Remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 7 de 2017.)

Del Coneval, con la que envía sus consideraciones acerca del proceso presupuestario de 2018

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2017.

María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Presidenta de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con el propósito de fortalecer la toma de decisiones en materia presupuestal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) elaboró el documento denominado: Consideraciones para el proceso presupuestario 2018, el cual contiene un análisis sobre las prioridades, hallazgos y recomendaciones en materia de desarrollo social del gobierno federal, así como similitudes entre programas, información de los programas y acciones federales de desarrollo social prioritarios, dicho documente puede ser relevante para la integración del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Esperando que le sea de utilidad para las importantes funciones que usted desempeña, me permito enviarle en archivo electrónico el documento en cuestión.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Gonzalo Hernández Licona (rúbrica)

Secretario Ejecutivo

(Remitida a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social. Junio 7 de 2017.)

Del IMSS, con la que envía el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2017.

Senador Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286-C de la Ley del Seguro Social, envío el informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al primer trimestre de 2017.

El referido informe fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS en su sesión ordinaria número 663.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mikel Andoni Arriola Peñalosa (rúbrica)

Director General

(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social. Junio 7 de 2017.)

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite respuesta del IMSS a la recomendación sobre casos de restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Distinguida presidenta:

Me permito informarle que el 31 de mayo de 2017, esta comisión nacional emitió la recomendación 23/2017, sobre casos de restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad, dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social: la cual se anexa al presente para su conocimiento, a efecto de que sirva para la revisión de los proyectos de reformas, en aras de fortalecer la protección a la maternidad en beneficio de las mujeres trabajadoras, el binomio materno infantil, así como las y los recién nacidos.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente
Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica)
Presidente

(Remitida a las Comisiones de Derechos Humanos , y Seguridad Social.)


Iniciativas

Del Congreso de Nuevo León, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos de la Ley de Amparo

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Presidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al honorable Congreso de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reforma por adición de una fracción V al artículo 17; modificación de la fracción III del artículo 30; fracción II del artículo 31; artículo 32; primer párrafo del artículo 50; articulo 65; y por adición de una fracción X al artículo 107 de la Ley de Amparo.

Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, aprobado en la Sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 784 que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 15 de mayo del 2017.


Diputada Laura Paola López Sánchez (rúbrica)

Primera Secretaria

Diputada Lilian Tijerina Cantú (rúbrica)

Segunda Secretaria


El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63, de la Constitución Política local, expide el siguiente:

Acuerdo Número 784

Artículo Primero. La Septuagésima Cuarta Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma por adición de una fracción V al artículo 17; modificación de la fracción III del artículo 30; fracción II del artículo 31; artículo 32; primer párrafo del artículo 50; artículo 65; y por adición de una fracción X al artículo 107, todos de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Articulo17. ...

I. a IV. ...

V. Cuando se encuentre la defensa a cargo de una institución pública, siempre que no se haya dictado auto de apertura de juicio oral.

Artículo 30.

I. y II. ...

III. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, sobre la falla en el sistema y comunicarse por cualquier otra vía, para informar al órgano jurisdiccional que corresponda, en virtud que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento de la falla en el sistema, se suspenderán el término legal otorgado por ley, únicamente por el tiempo de interrupción en el sistema.

Artículo 31. ...

I. ...

II. Los quejosos o terceros interesados, les surtirán efectos desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. Así mismo tratándose de aquellos usuarios que cuentan con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, y consecuentemente no se hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, y si la notificación se hiciere por actuario debiendo asentar la razón correspondiente.

Artículo 32. Serán nulas las notificaciones que no se hicieren en la forma y reglas que se establecen en las disposiciones precedentes de esta ley.

Artículo 50. Cuando las partes estimen a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito que conozca un juicio de amparo deberá tramitarse como directo, ocurrirá ante el tribunal colegiado de circuito que estime competente y deberá exhibir copia de la demandada y de las constancias conducentes.

El residente del tribunal colegiado pedirá informe al juez de distrito o tribunal unitario de circuito, que deberá rendirse en el plazo de veinticuatro horas, y resolverá dentro de las cuarenta y ochos horas siguientes .

...

Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo deberá decretarse cuando no exista duda de su actualización.

Artículo 107. ...

I. ...

a) a g)...

II. a III. ...

a) a b)...

IV. a IX. ...

X. Contra actos de tortura que se lleven a cabo dentro y fuera de las instalaciones del centro para adolescentes infractores cometidos por una autoridad judicial o administrativa.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales.

Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital a los quince días del mes de mayo de dos mil diecisiete.

Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica)

Presidente

Diputada Laura Paola López Sánchez (rúbrica)

Primera Secretaria

Diputada Lilian Tijerina Cantú (rúbrica)

Segunda Secretaria

(Turnada a la Comisión de Justicia. Junio 7 de 2018.)

Que reforma el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recibida del Congreso de Nuevo León en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez.

Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al honorable Congreso de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reforma por modificación del segundo párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, aprobado en la Sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 786 que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, NL, a 16 de mayo del 2017.


Diputada Laura Paola López Sánchez (rúbrica)

Primera Secretaria

Diputada Lilian Tijerina Cantú (rúbrica)

Segunda Secretaria


El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente

Acuerdo Número 786

Artículo Primero. La Septuagésima Cuarta Legislatura al Congreso de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al honorable Congreso de la Unión, el análisis y en su caso aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma por modificación del segundo párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151 .

I. a VII. ...

VIII. ...

Las personas que obtengan ingresos por conceptos de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, a que se refiere el Capítulo I del presente Título, podrán efectuar de manera adicional las siguientes deducciones, hasta por un total del 10 por ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para el cálculo del impuesto sobre la renta en el ejercicio, sin que dichas deducciones excedan del equivalente a 135 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente;

a) Por consumo de combustible del vehículo que sirva para el traslado al lugar donde presta el servicio personal subordinado;

b) Por mantenimiento de vehículo;

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al Congreso de la Unión el presente acuerdo, así como el expediente que dio origen para sus efectos constitucionales.

Por tanto, envíese al Ejecutivo del estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a dieciséis días de mayo de dos mil diecisiete.

Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica)

Presidente

Diputada Laura Paola López Sánchez (rúbrica)

Primera Secretaria

Diputada Lilian Tijerina Cantú (rúbrica)

Segunda Secretaria

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 7 de 2017.)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, recibida del Congreso de Zacatecas en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presente

Adjunto me permito remitir a usted un ejemplar del acuerdo número 63, aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura del estado, en sesión ordinaria de la misma fecha, mediante el cual en ejercicio de la facultad de iniciativa plasmado en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta legislatura presenta ante el Congreso de la Unión la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Me es grato reiterarle las seguridades de mi distinguida y especial consideración.

Atentamente

Zacatecas, Zacatecas, a 9 de mayo de 2017.

Diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval (rúbrica)

Presidente


Acuerdo número 63

Resultando Primero. En sesión ordinaria del pleno celebrada el 10 de enero de 2017 fue leída la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que presenta la diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del estado; y 45 y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.

Resultando Segundo. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, mediante el memorándum número 0312, para el estudio y dictamen correspondientes.

Considerando Primero. La proponente justificó su iniciativa en la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. En fecha 18 de noviembre de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en cuyo artículo 1o. se establecen entre otros ingresos por conceptos de recaudación, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas y el diésel para la combustión automotriz.

Con base en información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicada en su portal de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, en el rubro de ingresos presupuestarios del gobierno federal asociados al artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, se advierte que a noviembre de 2016, por concepto de IEPS a gasolina y diésel se habían recaudado 263 mil 545.6 millones de pesos, monto que cubría 126 por ciento de lo estimado a obtener durante todo el ejercicio fiscal de 2016, lo que significó un incremento de 29.3 por ciento de lo recaudado entre enero-noviembre de 2015 y enero-noviembre de 2016.

Ahora bien, según este informe, quedando aún diciembre pendiente por reportar para conocer el total recaudado vía impuesto IEPS a gasolinas y diésel para el ejercicio fiscal de 2016 ya se había recibido 26 por ciento más de lo presupuestado, por lo que se estima que en el ejercicio fiscal de 2016 los ingresos por cuotas de IEPS a las gasolinas y diésel registraron un excedente de aproximadamente 37 por ciento, que en términos reales y descontando la inflación reportada por el Banco de México para 2016 de 3.31 por ciento, equivaldría a una recaudación 33.7 por ciento real mayor que la presupuestada.

Segundo. El 18 de noviembre de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones, así como las derogaciones de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Específicamente, en el artículo cuarto del referido decreto se publicaron, entre otras, la reforma del artículo 2 fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, relativo al establecimiento de cuotas gravables por litro a los combustibles automotrices, quedando de la siguiente manera:

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

D) Combustibles automotrices

1. Combustibles fósiles unidad de medida Cuota

a. Gasolina menor de 92 octanos 4.16 pesos por litro.

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.52 pesos por litro.

c. Diésel.......................... 4.58 pesos por litro.

2. Combustibles no fósiles 3.52 pesos por litro.

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.

Las cantidades señaladas en el presente inciso se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde diciembre del penúltimo año hasta el diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante diciembre de cada año.

De igual forma, el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece una cuota adicional a la indicada en el artículo 2o., disponiendo, en la parte que interesa, lo siguiente:

Artículo 2o.-A. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos D) y H), en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio nacional se aplicarán las cuotas siguientes:

I. Gasolina menor de 92 octanos 36.68 centavos por litro.

II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 44.75 centavos por litro.

III. Diésel..................... 30.44 centavos por litro.

Los recursos que se recauden en términos de este artículo, se destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la distribución que corresponda a las entidades federativas durante los primeros diez días hábiles del mes inmediato posterior al mes en que los contribuyentes hayan realizado el pago.

El precio de la gasolina en el país de diciembre de 2012 a enero de 2017 se han incrementado en niveles estratosféricos, ya que el litro de gasolina Prémium era de 11.37 pesos; el de Magna, de 10.81 pesos y el del diésel de 11.17, y con el aumento de estos últimos días representó un incremento de 48 por ciento; ya que la gasolina Premium, ha pasado de un costo de 11.37 pesos por litro a un promedio de 17.79, que representa un incremento de 56 por ciento, el diésel pasó de 11.17 pesos por litro a un promedio de 17.05 representando un incremento del 56 por ciento, dando como resultado un promedio de incremento a los combustibles de 53 por ciento.

En contraparte, el salario mínimo diario únicamente ha aumentado 28 por ciento al pasar de 62.33 pesos diarios en 2012 a 80.04 para 2017.

Esto es relevante al considerar los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en donde se aprecia que, el porcentaje del gasto familiar que se dedica a transporte representa 18.8 por ciento de los ingresos totales por familia, monto mayor a lo que se destina a Educación que representa 14 por ciento de los ingresos.

Con base en los precios de las gasolinas en el mes de julio de 2016, se estimó que por cada litro de las gasolinas magna, Prémium, y del diésel que se consumieron en el país, cada usuario pago de impuestos incluido IEPS e IVA 44.3, 37.6 y 52.3 por ciento, respectivamente, de su precio total, esto sustentado en los datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.

Considerando entonces únicamente el IEPS, el porcentaje que en promedio representó este impuesto en el precio de cada litro de las gasolinas fue de aproximadamente 31.

Por ello, a raíz de la liberalización de los precios de la gasolina a partir del presente año, el precio de referencia internacional y los márgenes de comercialización incidirán en un menor o mayor porcentaje respecto del impacto que el IEPS represente en el precio final pagado por los consumidores, lo cierto es que, en promedio, más de la tercera parte de su precio lo constituyen impuestos.

En los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, los impuestos recaudados por consumo de las gasolinas aportaron importantes ingresos a la hacienda pública de la federación y de las entidades federativas.

Sin embargo, desde la perspectiva social, los incrementos a las gasolinas han encarecido los costos de transporte de las personas de nuestra sociedad en cuyo rubro, como ya se refirió, los hogares en México gastan más de 19 por ciento de sus ingresos, proporción que representa mayores recursos de lo que destinan a educación, esparcimiento y salud, que sumados representan 16.5 por ciento.

Dado lo anterior se desprende la necesidad de establecer un equilibrio entre la necesidad de fortalecer los ingresos de las familias mexicanas y los de las finanzas públicas, buscando reducir una de las tres variables que constituyen los conceptos grabables a las gasolinas y diésel, en aras de reducir o al menos no incrementar la proporción del gasto que los ciudadanos destinan a transporte, cuyo costo se relaciona directamente con el precio de las gasolinas, ello sin afectar significativamente los ingresos fiscales.

Atendiendo a lo anterior y con base en la Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2016, que resulta ser la fuente de tales aumentos se observa que, el monto total estimado a recaudar por concepto del IEPS a gasolinas y combustibles automotrices asciende a 284 mil 432.3 millones de pesos, de los cuales 257 mil 466 millones de pesos, representan 90.5 por ciento, se obtendrían vía el mencionado artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

De los conceptos gravables como el IVA e IEPS, por litro de gasolina, el de mayor efecto es el IEPS, pues genera un aumento en el precio que se establece aproximadamente de 26 por ciento del precio de cada litro de gasolina magna, 20 por ciento de gasolina Prémium y 27 por ciento del diésel.

De acuerdo con un análisis del ejercicio fiscal, el monto recaudado hasta noviembre de 2016, a través del artículo fracción I, inciso D), creció en términos reales 33.8 por ciento más respecto a lo recaudado en noviembre de 2015. Ello significa que a través de dicho impuesto ingresó en la hacienda pública más dinero del presupuestado.

Ahora bien, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 estima recaudar a través de la aplicación del artículo 2o., fracción I, inciso D), de la Ley del IEPS casi 257 mil 466 millones de pesos.

Una vez analizados estos datos, resulta imperativo posicionar el sentir ciudadano el cual tiene sin duda la finalidad de fortalecer la economía de las familias mexicanas, particularmente en el rubro de transportes al que como hemos mencionado destinan aproximadamente una quinta parte de sus ingresos es que se propone reducir el efecto que el IEPS representa en el precio final de cada litro de gasolina o diésel que se consume para vehículos automotrices.

Estamos convencidos de que al proponer reducir el efecto del IEPS a los consumidores podemos favorecer el precio final de las gasolinas mencionadas en favor de la economía familiar y fomentar la productividad de los ciudadanos zacatecanos y el de todos los habitantes de México.

Por tanto, el monto que se propone reducir en cada una de las cuotas establecidas en el artículo 2o., fracción 1, inciso D) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, quedaría de la siguiente manera:

Esta propuesta reduciría el precio de la gasolina Magna en 1.57 pesos por litro, 1.33 pesos por litro de gasolina Prémium, 1.73 pesos por litro de diésel, y 1.33 pesos por litro de combustible automotriz no fósil.

Representando 10 por ciento en el precio por litro de la gasolina Magna al bajar de 15.99 pesos a 14.42, una diminución de 7 por ciento en el precio por litro de la gasolina Prémium al bajar de 17.79 a 16.46 pesos, y una disminución de 10 por ciento en el precio del diésel al bajar de 17.05 a 15.32 pesos para 2017 permitiendo que la economía familiar se vean menos lacerada en este rubro.

La presente iniciativa es equilibrada y socialmente viable pues no constituye un subsidio sino una reducción al IEPS, disminuyendo la presión económica para las familias y en general para la economía mexicana cuyos costos de transporte, producción y comercialización se encuentran vinculados al costo de los combustibles y cuyos márgenes de utilidad nunca serán absorbidos por productores y prestadores de servicios, sino por los consumidores finales, es decir las personas en general a quienes se busca beneficiar con la presente iniciativa.

Considerando Segundo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 128, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, la Comisión de Puntos Constitucionales es competente para conocer sobre la pertinencia de presentar la citada iniciativa ante el Congreso de la Unión.

Considerando Tercero. En concordancia con lo previsto en la fracción I del artículo 9 del Reglamento General del Poder Legislativo de Zacatecas, es derecho de los diputados presentar iniciativas de ley o decreto en materia federal, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción III, de la Constitución federal, sean presentadas ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Considerando Cuarto. En el Diario Oficial, Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, correspondiente al lunes 5 de febrero de 1917, se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857, en cuyo artículo 71 se estableció lo siguiente:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete

I. Al presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

III. A las legislaturas de los estados.

Las iniciativas presentadas por el presidente (sic) de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

Es decir, desde la promulgación misma de la Constitución Federal en vigor, teniendo como marco el Pacto Federal recién instituido, el Constituyente consideró necesario conferir a las legislaturas locales la potestad de elevar iniciativas de leyes y decretos a conocimiento del Congreso de la Unión.

Dicho precepto ha sido objeto de tres reformas; la primera de ellas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 agosto 2011; la segunda el 9 agosto 2012 y la tercera de las mencionadas el 29 enero 2016, esta última en la cual se incluye a la Legislatura de la Ciudad de México dentro de los entes con derecho a iniciativa.

No obstante lo anterior, el espíritu de este numeral quedó incólume, lo cual consideramos acertado toda vez que las entidades federativas, a través de sus congresos, deben participar en los asuntos públicos que atañen a la nación.

Sobre el particular, el investigador Luis del Toro Calera, citando al Maestro Hans Kelsen, expresa lo siguiente:

Afirma el maestro de la Escuela de Viena, que “la Constitución en sentido material está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente, la creación de leyes”.

Sin embargo, este concepto se utiliza en la ciencia política en un sentido más amplio, pues abarca las “normas que regulan la creación y la competencia de los órganos ejecutivos y judiciales supremos”.

En cuanto a la Constitución en sentido formal “es cierto documento solemne, con conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante la observancia de prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de tales normas”.

De lo expuesto se concluye que los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución versan fundamentalmente sobre el tipo de resoluciones emanadas del Congreso de la Unión, así como la iniciativa y formación de las leyes, tales normas se ubican en el concepto de Constitución en su sentido material, pues este se refiere, precisamente, a los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales.1

Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que

... la iniciativa de ley constituye la vía para solicitar o proponer al órgano legislativo correspondiente, la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de normas generales.2

Considerando Quinto. Esta representación soberana considera que la finalidad de la iniciativa es pertinente, en cuanto que el Congreso la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, es competente para conocer de impuestos sobre producción y servicios, aplicado a las gasolinas y diésel para la combustión automotriz, a más que la iniciativa trae aparejado un beneficio a los contribuyentes de este impuesto, en especial para aquellos con baja o diversa capacidad contributiva, o bien, en desventaja económica.

De conformidad con lo anterior, con base en lo previsto en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponderá, en todo caso, al Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras, analizar y aprobar, en su caso, la iniciativa que la legislatura estatal somete a su consideración.

En este orden de reflexiones, el pleno autoriza enviar la iniciativa que nos ocupa al Congreso de la Unión, a fin de que sea sujeta al proceso legislativo correspondiente.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 105 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del estado, se acuerda:

Primero. La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de la facultad de iniciativa plasmado en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Congreso de la Unión la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, promovida por la diputada Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre.

Segundo. Se faculta a la Dirección de Apoyo Parlamentario de esta legislatura para que, en los términos de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado y su reglamento general, proceda a presentar el citado instrumento legislativo ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Tercero. Publíquese por una sola vez en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Segunda Legislatura del estado, a 9 de mayo de 2017.

Notas

1 En
http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/derlegm/capitulo%2010.pdf

2 Véase la tesis aislada con datos de localización y rubro siguientes: Época: Décima. Registro: 2006154. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, Tomo I. Materia: Constitucional. Tesis: P. XIV/2014 (10a.) Página 417. Acción de inconstitucionalidad. La facultad de los legisladores de presentar iniciativas de ley no constituye un medio de defensa o instancia que deban agotar previamente a la presentación de aquélla.

Diputados: Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, presidente; Carolina Dávila Ramírez, Patricia Mayela Hernández Vaca, secretarias (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 7 de 2017.)

Que modifica diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, recibida de los diputados del PVEM en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

Quienes suscriben, diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual solicitamos sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La producción mundial de residuos plásticos ha crecido exponencialmente en los últimos años. Se estima que los residuos de plástico representan un porcentaje del 60 al 80 por ciento de todos los desechos marinos, situación que pone en evidencia el acelerado crecimiento de esta problemática a nivel mundial.

Según la Global Ocean Commission, en el documento denominado Plastics, keeping them out of the ocean, entre 2002 y 2013 la producción global anual de plásticos aumentó casi un 50 por ciento, pasando de 204 millones de toneladas a 299 millones, esperando que la producción mundial de plásticos llegue a 500 millones de toneladas para 2020.

La situación en nuestro país no es diferente, ya que se estima un desecho de 10 mil toneladas de residuos plásticos al día, de las cuales un alto porcentaje termina en tiraderos de basura a cielo abierto, así como en cuencas de ríos, lagos, mares y los océanos, desplazándose por esta vía hacia todo el mundo.

El 90 por ciento de la contaminación flotante del océano está compuesta por plástico, sin embargo, sólo 10 por ciento subsiste en la superficie, mientras que el resto se hunde y permanece en el fondo del mar por tiempo indefinido; el impacto ambiental de esta contaminación es incuantificable.

Además, se debe señalar que algunos de estos plásticos al degradarse liberan agentes tóxicos como el Bisphenol A (BPA), lo cual provoca alteraciones hormonales que pueden derivar en infertilidad tanto en animales como en el ser humano, ya que no se debe perder de vista que algunas de las especies marinas afectadas por estos residuos son destinadas al consumo humano.

Sin duda, cualquier objeto ajeno a la composición natural de los ecosistemas en sí mismo representa una alteración e impacto negativo para su conservación; sin embargo, existen diversos grados de contaminación, dependiendo del tipo de residuo del cual se trate.

En el caso que nos ocupa, los plásticos son uno de los componentes más utilizados en la actualidad, su alta demanda lleva en consecuencia al aumento en la generación de residuos, de los cuales poco se sabe sobre su disposición final.

Al respecto, uno de los casos más alarmantes son los popotes, ya que están hechos de un derivado del petróleo llamado propileno (plástico #5), por lo cual su proceso de degradación es prácticamente nulo, persistiendo casi infinitamente en miles de pequeños pedazos que ocasionan severos daños ecológicos, principalmente a los animales que los ingieren confundiéndolos con alimento.

La mayoría de los materiales plásticos pueden reciclarse o transformarse en otros materiales, pero no es tan fácil hacer esto con los popotes. “El problema principal es que son muy pequeños, se pierden en los tiraderos y es muy difícil recolectarlos”, señala Sergio Palacios, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El 95 por ciento de los popotes que se utilizan no son reciclables y tienen una vida útil muy corta ya que sólo son utilizados por única ocasión.

Resulta complicado conocer la cifra exacta de contaminación por popotes, sin embargo, según un reporte de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), alrededor del 12 por ciento de la basura en México es plástico. Esto equivale aproximadamente a 10 mil 350 toneladas diarias de las 86 mil 343 del total de basura que producimos.

Se estima que un restaurante desecha aproximadamente 45 mil popotes al año y que una persona podría llegar a consumir alrededor de 38 mil popotes durante su vida, mismos que al no ser biodegradables permanecen durante años en depósitos e incluso, en los mares y océanos. Al respecto, la organización no gubernamental The Ocean Conservancy, la cual realiza una campaña anual de limpia de playas a nivel mundial, reportó haber encontrado en el año 2015 un aproximado de 439 mil 570 popotes en las arenas de varios continentes.

Precisamente, son los mares, los ecosistemas que más sufren con la presencia de dichos residuos, pues se estima que el 90 por ciento de aves marinas, ballenas, delfines y algunas especies de tortugas han ingerido algún tipo de plástico durante su vida, incluyendo, por supuesto, los popotes.

Existe una falsa idea que hasta hace poco era muy popular, según la cual se podría utilizar la inmensidad de los océanos para verter basura y sustancias químicas en cantidades ilimitadas sin que esto tuviera consecuencias importantes. Los partidarios de esta creencia afirman que la solución a la contaminación es la dilución, sin tomar en cuenta que aproximadamente 1.5 millones de aves, peces, ballenas y tortugas mueren cada año por desechos plásticos en el mar.

Ejemplo icónico de las afectaciones a los ecosistemas marinos, es el de un ejemplar de tortuga golfina encontrada por un grupo de biólogos en aguas de Costa Rica con un trozo de plástico insertado en la fosa nasal que le causaba un dolor indescriptible, el cual al serie retirado resultó ser un popote de al menos 8 centímetros de largo.

Dicha situación no puede continuar sin atención; a nivel internacional existen diversos esfuerzos que han venido a definir directrices sólidas para combatir y reducir la contaminación en los mares y océanos, las cuales debemos armonizar e implementar en nuestra realidad.

Desde 2011, Milo Cress, un niño de entonces nueve años de edad, lidera la organización no gubernamental Eco Cycle, la cual inició en Estados Unidos el proyecto Be Straw Free (vive libre de popotes) y convenció a la Asociación Nacional de Restaurantes de ese país de eliminar la práctica de introducir los popotes en las bebidas cuando son servidas a los clientes.

Nuestro país no es ajeno a estas acciones, la iniciativa privada ha tomado la estafeta respecto de iniciativas que inhiban el consumo de popotes, una de ellas es la que ha implementado Grupo CMR, a través de su Dirección de Responsabilidad Social, que en sus más de 130 unidades implementó un plan integral para eliminar más de 43 mil vasos y 30 mil contenedores de unicel desde el año 2014, intercambiados por productos elaborados con fécula de maíz.

Asimismo, desde del año 2015 iniciaron la campaña para evitar el uso de popotes por parte de sus comensales con resultados positivos tanto social como financieramente, por lo que han demostrado que el ser responsable y respetuoso con el medio ambiente también otorga beneficios económicos a quienes lo intentan.

Atendiendo a la experiencia tanto internacional como nacional, debemos sumamos a las acciones que buscan erradicar el uso de un utensilio que resulta prescindible para casi todas las personas. Estamos conscientes de que existen casos de excepción, es por ello que proponemos que la fabricación de dichos productos continúe pero que se haga usando materiales más amigables con el medio ambiente.

Una de las principales preocupaciones para el Partido Verde dentro del tema ambiental es la reducción del impacto que causan los residuos sólidos en nuestro país, en específico el plástico; por ello, proponemos modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a fin de establecer dentro de sus objetivos la regulación el manejo integral de residuos plásticos generados en los establecimientos comerciales o de servicios, con especial atención a los popotes como un residuo de alto impacto ambiental, así establecer la prohibición de la entrega de popotes de plástico dentro de las leyes de las Entidades Federativas.

En virtud de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Control de los Residuos

Único. Se adiciona una fracción XIV al artículo 1; se modifica la fracción XVII del artículo 7; se adiciona una fracción XXI, recorriéndose las demás en su orden subsecuente, al artículo 9; y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los demás en su orden subsecuente, al artículo 100, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Leyes reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

[...]

I. a XIII. [...]

XIV. Regular el manejo integral de residuos plásticos generados en los establecimientos comerciales o de servicios, con especial atención a los popotes como un residuo de alto impacto ambiental; entendiéndose por popote al tubo utilizado para sorber líquidos.

Artículo 7. Son facultades de la Federación:

I. a XVI. [...]

XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes, en el que se incluya el fomento a la no utilización de materiales plásticos no indispensables y altamente contaminantes;

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

I. a XX. [...]

XXI. Regular y establecer las bases para que se prohíba la entrega de popotes de plástico en los establecimientos comerciales o de servicios.

XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

[...]

[...]

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I. a III. [...]

[...]

Igualmente, dicha legislación deberá prohibir la entrega de popotes de plástico en los establecimientos comerciales o de servicios.

[... ]

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal realizará la actualización y armonización de Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, los gobiernos de las entidades federativas deberán emitir la regulación y bases correspondientes, así como la actualización y armonización de su legislación local en materia de residuos sólidos, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto.

Cuarto. Los efectos presupuesta les que, en su caso, pudiera generar el presente decreto, deberán ser cubiertos con la suficiencia presupuestal asignada a cada dependencia anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de junio de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Junio 7 de 2017.)

Que modifica el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, recibida de diputados del Grupo Parlamentario del PVEM en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

Quienes suscriben, diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual solicitamos sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el paso de los años hemos logrado adoptar una postura mucho más responsable y respetuosa con nuestro medio ambiente, sin embargo, los animales como elemento fundamental de éste siguen siendo uno de los elementos más vulnerables ante la intervención del hombre; por un lado, encontramos a un sector de la sociedad que ha logrado hacer conciencia sobre la importancia y fragilidad de los mismos, asumiendo el compromiso de actuar con estricto respeto a las necesidades básicas para su subsistencia; no obstante, existe otro gran grupo de la población que continua siendo indiferente ante los avances de la ciencia que nos ha demostrado que los animales son capaces de sentir dolor; esta apatía y desinformación da origen al maltrato animal.

Pese a lo contradictorio que puede ser, los animales domésticos o de compañía (cuya finalidad es la relación estrecha con los seres humanos) son los que con frecuencia experimentan un mayor grado de maltrato por parte de sus propietarios, quienes precisamente los eligieron para convivir y cuidar de ellos.

Es evidente que en la actualidad crece el porcentaje de hogares que cuentan con una mascota; desafortunadamente el aumento en la demanda de animales de compañía casi siempre trae consigo la ejecución de prácticas que atentan contra el bienestar de los mismos.

Resulta complicado tener una cifra oficial respecto al número de animales vendidos fuera del comercio legal y en consecuencia tampoco existe precisión en la cifra real de éstos en los hogares. Sin embargo, según cifras obtenidas de la consulta México: las mascotas en nuestro hogares ,1 realizada por Consulta Mitofsky, hasta el año 2014, 54.9 por ciento de las viviendas en México reportaron la existencia de al menos una mascota.

El documento citado refiere además que la presencia de una mascota no se relaciona con el nivel socioeconómico de la vivienda y que la región con mayor porcentaje de presencia de éstas, es la zona centro del país, con 59 por ciento, mientras que el noreste de la región es donde se presentan menos mascotas en las casas, con 46 por ciento.

De la referida consulta resalta también que el animal que tiene mayor presencia en las casas es el perro, con 87 por ciento, seguido de los gatos, con 23 por ciento. Al respecto, se tiene conocimiento que para 2015, en México había más de 23 millones de perros y gatos, de los cuales 30 por ciento son de hogar y el restante 70 por ciento estaba en situación de calle; de éstos últimos, 10 millones no estaban esterilizados.2

Pese a los avances que se han alcanzado en la regulación para su trato digno y respetuoso, existen rubros no atendidos en las legislaciones de los diferentes niveles de gobierno, tal es el caso de la comercialización de las mascotas.

No se puede soslayar que actualmente contamos con directrices para la venta de animales, dirigido primordialmente a los establecimientos comerciales o aquellos puntos de venta legalmente constituidos, sin embargo, seguimos siendo testigos de la comercialización de animales en plena vía pública, mercados, tianguis, bazares o cualquier otro punto de venta, que además de ilegal, no cumple con el mínimo requerimiento para dar atención a los ejemplares en venta.

Constantemente se sabe de quejas y denuncias sobre la venta de animales en deplorables condiciones, el contacto directo y permanente con las personas sin ningún tipo de higiene, el manejo de los animales por parte de personal sin conocimientos en materia veterinaria, la exhibición de los ejemplares mientras duermen amontonados en pequeñas jaulas (la mayor parte del tiempo entre sus propios excrementos) y por supuesto, el origen desde criaderos clandestinos en los que las hembras se reproducen sin control ni cuidados a su salud o la de sus crías; lo cual sin duda les provoca graves lesiones e incluso enfermedades que frecuentemente los llevan a la muerte en edades tempranas.

Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han emprendido una batalla constante para erradicar la venta de animales en dichas condiciones, ejemplo de ello es el reciente exhorto que se le hizo al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a través de la plataforma Change.org, para que se prohíba definitivamente la venta de animales en el bazar de Pericoapa, sitio icónico de la venta ilegal de animales de compañía, en donde su “calidad” radica en la “garantía de sustitución de animales” en caso de que el animal adquirido, –que dicho sea de paso, es tratado como mercancía– tenga alguna enfermedad incurable o simplemente muera por las pésimas condiciones en las que pasa sus primeros días de vida.

No se puede prorrogar más el establecimiento de acciones estrictas para proteger a los animales de nuestro país, el Partido Verde Ecologista de México insiste y confirma su compromiso para legislar en beneficio de la protección animal.

Creemos que lo más importante es seguir ponderando la generación de conciencia entre las personas para lograr una efectiva protección de los animales, sin embargo, ante la evidencia del dolo de algunas personas quienes buscan lucrar con la vida de un animal, nos vemos en la necesidad de establecer prohibiciones expresas que abonen a desincentivar la comisión de acciones que atentan contra los animales.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone la presente iniciativa por la que se modifica el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que, en el marco de sus atribuciones, los gobiernos de los estados prohíban la comercialización de animales en la vía pública o cualquier otro sitio que no se encuentre regulado por la legislación nacional, determinando las sanciones correspondientes para quien lo incumpla.

Estamos convencidos que debemos fortalecer el marco jurídico de modo tal que no exista vacío alguno que permita la ilegalidad y, en consecuencia, represente un salvoconducto para quienes actúan de manera dolosa en contra de los animales y su bienestar.

En virtud de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se modifica el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose los demás en su orden subsecuente, al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base en los siguientes principios básicos:

I. a V. [...]

Asimismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar peleas de perros; así como la prohibición de comercializar animales de compañía o mascotas en la vía pública, mercados, tianguis, puestos semifijos, puestos permanentes temporales o ambulantes , determinando las sanciones correspondientes.

Se entenderá por animal de compañía o mascota, el ejemplar de cualquier especie de fauna que, por su comportamiento o conducta natural, puedan convivir con el hombre en un ambiente doméstico bajo cuidado del mismo y no representen riesgos físicos, sanitarios, ni de seguridad para sus propietarios, poseedores o cualquier persona u otros animales. Se excluye de esta definición a las especies exóticas invasoras y las destinadas al consumo.

[...]

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto se expidan o modifican las leyes u ordenamientos jurídicos locales, de manera enunciativa y no limitativa, las entidades federativas a la entrada en vigor del presente decreto adoptarán las previsiones y medidas necesarias para prohibir y sancionar la comercialización de animales que se pretendan comercializar en la vía pública o cualquier otro sitio que no se encuentre regulado por la legislación nacional.

Notas

1 Véase file://C/Users/Usuario/Downloads/2014 NA Mascota.pdf

2 Véase http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/ Febrero/23/5146 En Mexico-esta-en-situacion-de-calle-el-70-por-ciento-de-los-mas-de-23-mil lones-de-perros-y-gatos

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lia Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Junio 7 de 2017.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, recibida del senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

El que suscribe, Aarón Irízar López, senador de la República por el estado de Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por las LXII y LXIII Legislaturas del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, tengo a bien someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos años, nuestro país ha incrementado de manera considerable la demanda de plásticos, principalmente por el aumento en el consumo de refrescos y aguas embotelladas.

En ese sentido, cabe destacar que el principal uso que se le da al PET (polietileno-tereftalato) es para la elaboración de botellas de refresco, que representa el 50 por ciento de lo que se produce, mientras que las botellas de agua embotellada representan un 17 por ciento.1 Dicha situación ha generado que México ocupe el segundo lugar a nivel mundial en el consumo de botellas de PET.2

Anualmente cada mexicano desecha a la basura poco más de 7 kilogramos de botellas vacías de PET, lo que significa que la población en su conjunto genera más de 780 mil toneladas. Esta situación representa un serio problema ambiental, en virtud de que el PET puede tardar más de cien años en degradarse.3

Las estimaciones sobre la cantidad de PET que se logra reciclar, varían significativamente, sin embargo, es una realidad que la mayor parte de estos desechos terminan en las calles, tiraderos, playas y áreas verdes.

Además de derivar en un problema ambiental, el consumo excesivo de bebidas embotelladas, está asociado a prácticas que son nocivas para la salud, tales como la ingesta de bebidas azucaradas, consideradas como una de las principales causas de sobrepeso y obesidad.

En 2014, la población mexicana ocupó el primer lugar en el consumo de agua embotellada a nivel mundial, con un consumo per cápita de 234 litros por persona, provocando que se usaran poco más de 9 mil millones de botellas.4 Dicha situación, no sólo afecta al ambiente, también existe la posibilidad de tener repercusiones para la salud. El consumo excesivo de productos envasados en recipientes de este material, a largo plazo puede ocasionar problemas en el sistema respiratorio y en la piel por acción de los compuestos químicos que se agregan para hacer el plástico más flexible y duradero.5

Ante este problemática, resulta apremiante establecer las medidas que desincentiven el uso de envases de PET, a fin de prevenir las consecuencias ambientales yola salud, derivadas del uso indiscriminado de este producto.

Experiencias internacionales

San Francisco

El 4 marzo de 2014, en la ciudad de San Francisco, los legisladores aprobaron una ley para prohibir la venta y distribución de agua embotellada en propiedades públicas. La legislación aplica para botellas iguales o menores a medio litro. Se exenta de esta disposición a eventos deportivos a fin de garantizar la seguridad pública y la salud. Con esta medida se busca reducir el uso de botellas de plástico desechables.

Ecuador

En la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, se establecieron una serie de impuestos ambientales con el objetivo de reducir la contaminación vehicular y la generada por el uso de botellas de plástico.

En el Capítulo II, de dicha ley, se establece un Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, con el objeto disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje.

El impuesto deriva del hecho de embotellar bebidas en botellas plásticas no retorna bies, utilizadas para contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas yagua.

La tarifa que se aplicará por cada botella plástica será de hasta dos centavos de dólar, misma que será devuelta a quien recolecte, entregue y retorne las botellas.

Europa

Desde el año 2002, Alemania cuenta con un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), en el cual los ciudadanos acuden a una sala especial con varias máquinas para devolver envases vacíos de cerveza, aguó, refrescos y al introducirlos en las máquinas reciben un ticket que pueden canjear por dinero en caja: por cada envase devuelto, recuperan 0.25 euros.6

Este modelo de tributación no constituye un costo adicional del producto y sólo representa una carga fiscal para aquellos que no devuelven el material; es decir, solamente pagan los que no reciclan. Actualmente, la tasa de reciclaje de Alemania es de 98.5 por ciento.7 otros países de Europa que han instrumentado este tipo de políticas son: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza.

Los fines extrafiscales en la recaudación de impuestos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las contribuciones fiscales siempre tienen un fin fiscal, que no es otro que el de la recaudación; no obstante, adicionalmente pueden tener otros objetivos extrafiscales.

Los aspectos fiscales de la recaudación corresponden exclusivamente a algunos de los medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos; mientras que los ingresos derivados de estas medidas se encuentran indisolublemente destinados a fines delimitados en la política económica estatal, cuya naturaleza será siempre extrafiscal.8

El máximo orden jurisdiccional, considera que-los fines extrafiscales de la política recaudatoria pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos.9

Cuando los órganos legislativos impulsen políticas tributarias con fines extrafiscales, tienen que justificar expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines que persiguen las contribuciones con su imposición.10

Los casos de los países europeos donde cuentan con un SDDR o el caso de Ecuador, son ejemplos de políticas recaudatorias con un fin extrafiscal, que tienen por objetivo reducir los daños ambientales derivados del desecho de bebidas embotelladas.

A finales del año 2013, en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, el ejecutivo federal propuso el establecimiento de impuestos ecológicos y de impuestos al consumo de bienes nocivos para la salud.

En dicha medida se compaginaron los objetivos fiscales, que corresponde al incremento de la recaudación, y los objetivos extrafiscales, que busca mejorar la calidad de vida de la población al inhibir las actividades que dañan al medio ambiente yola salud de las personas.

En el caso de la presente iniciativa, los fines perseguidos y que justifican la incorporación de la tributación que más adelante se propone, es desincentivar el uso de botellas .de PET, debido a los graves daños que tienen para el ambiente y que actualmente representan un problema público ante el cual las instituciones del Estado mexicano no pueden ser omisos.

Con base en lo expuesto y fundado, mediante la presente iniciativa se propone adicionar un el inciso K), a la fracción I del artículo 2o. de la Ley del impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para imponer un impuesto de un 50 centavos a las botellas polietileno-tereftalato en presentaciones menores a 1,000 mililitros con el objeto de desincentivar el uso de botellas de polietileno-tereftalato.

Además, se propone un artículo transitorio, para que los recursos recaudados por este impuesto sean destinados a la instalación de bebederos públicos en las principales plazas públicas del país, dando prioridad a aquellas comunidades que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considere prioritarias.

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se adiciona el inciso K) a la fracción I del artículo 2o. de la Ley del impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

A) ...

B) ...

C) ...

D) ...

E) ...

F) ...

G) ...

H) ...

I) ...

J) ...

K) Envases de bebidas hidratantes de Polietileno-Tereftalato en presentaciones menores a 1,000 mililitros.

La cuota aplicable será de $.050 por cada botella no retornable de polietileno-tereftalato.

II. ...

A) ...

B) ...

C) ...

III. ...

...

...

Transitorios

Primero. Los recursos recaudados por lo que está dispuesto en el inciso K) del artículo 2 de la presente Ley, serán destinados a la instalación de bebederos públicos en las principales plazas públicas del país, dando prioridad a aquellas comunidades que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considere prioritarias.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Edith Escalón, “Botellas desechables, problemas permanentes”, Universidad Veracruzana,
https://www.uv.mx/cienciauv/blog/botellas_reciclables/
Consultado el 19 de abril de 2017.

2 “México, segundo lugar en consumo de PET a nivel mundial”. Dinero en Imagen.
www.dineroenimagen.com/2014-05-15/37257
Consultado el 19 de abril de 2017.

3 Edith Escalón, Op. Cit.

4 “Mexicanos toman 7 veces más refresco que resto del mundo”, La Jornada,
http://www.jornada.unom.mx/ultimas/2016/09/08/mexicanos-toman-7 -veces-mas-refresco-que-resto-del-mundo
Consultada el 19 de abril de 2017,

5 Edith Escalón, Op. Cit.

6 “¿Hay que importar el sistema de recogida de envases de Alemania?”, El País,
http://blogs,elpais.com/eco-lab/20 l0/l2/hay-que-importar-el-sistema-de-recogida-de-envases-de-alemania.html
Consultado el 19 de abril de 2017.

7 “Experiencias de éxito, Retorno,
http://www.retorna.org/es/elsddr/experiencias.html
Consultado el 19 de abril de 2017.

8 Tesis de Jurisprudencia 1a./J.l 07/2011, 9a. Época; 1a. Sala; S,J.F. y su Gaceta; XXXIV, Septiembre de 2011; pág. 506.

9 Tesis de Jurisprudencia. P./J. 18/91. 80. Época: Pleno: S.J.F.; VII. Junio de 1991: pág. 52

10 Tesis de Jurisprudencia 1a.J.46/2005. 90. Época: 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXI. Mayo de 2005; pág. 157

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 31 días del mes de mayo de 2017.

Senador Aarón Irízar López (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 7 de 2017.)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN, e integrantes de la Comisión de Transportes en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

Quienes suscriben, integrantes de la Comisión de Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad vial, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad vial es una prioridad de salud pública. Durante el último año a nivel mundial, 1.25 millones de personas perdieron la vida a causa de accidentes de tránsito, a lo cual hay que sumarle las que sufrieron lesiones graves, que las incapacitarán por el resto de su vida. La Organización Mundial de la Salud, ha advertido los riegos que esto representa y ha exhortado a los tomadores de decisiones a crear regulaciones y ejecutar políticas públicas para volver más seguros vehículos, vías y que permitan promover una cultura vial eficiente.

También se ha advertido de los grandes riesgos que produce la acelerada motorización que se ha presentado en economías emergentes como la nacional, durante las últimas décadas, debido a la falta de infraestructura adecuada y de cultura vial. A pesar de que sólo 54 por ciento del parque vehicular a escala mundial se encuentra en países en vías de desarrollo, 90 por ciento de los accidentes fatales ocurre en ellos.

Por ello resulta impostergable que el Congreso de la Unión expida una ley general de seguridad vial para que la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, creen mecanismos que garanticen el desplazamiento seguro de los individuos en las vías de comunicación, para lo cual previamente es necesario otorgarle la facultad al Congreso para legislar en dicha materia.

Planteamiento del problema

En México circulan actualmente más de 35 millones de vehículos, lo cual lo ubica como uno de los países con mayor parque vehicular en América Latina. De acuerdo con el Informe sobre la situación de la seguridad vial México 2015, emitido por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, las lesiones causadas por incidentes de tránsito se colocan como una de las primeras causas de muerte en el país. Tan sólo en 2014 se registraron 396 mil 254 accidentes, en los que 134 mil 815 personas resultaron heridas y 15 mil 886 perdieron la vida.

La seguridad vial es un tema de salud pública, por lo que debe atenderse como tal. Entre los propósitos de la Ley General de Salud destaca la prevención de accidentes, entendiendo a estos como un “hecho súbito que ocasione daños a la salud, y que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles”.1

Contrariamente a lo que podría pensarse, la seguridad vial no atañe solamente a automovilistas, por el contrario, quienes sufren mayores percances por hechos de tránsito, son los denominados usuarios vulnerables, categoría que comprende a peatones, ciclistas y motociclistas. Éstos al no contar con estructuras rígidas que los protejan durante sus traslados, reciben el impacto directamente con su cuerpo, con lo cual el peligro a que se encuentran expuestos es más grave.

Durante 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución con una serie de medidas para alcanzar el denominado Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Este tiene por objetivo que durante el periodo 2011-2020, los Estados Miembros implementen acciones en materia de seguridad vial, entre las que destacan “fortalecer en los ámbitos respectivos, la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes”.2 Todo ello, a fin de reducir significativamente los heridos y las victimas mortales en accidentes de tránsito.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, en México se han promovido diversas tareas, particularmente a nivel federal. Entre estos esfuerzos destaca el realizado a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, unidad administrativa de la Secretaría de Salud.

Dicho organismo dirige la política nacional en materia de prevención de accidentes y las lesiones y muertes generadas por estos. Además, deberá realizar gestiones ante instancias públicas, privadas y sociales en las 32 entidades federativas que permitan implementar estrategias para la prevención de accidentes.

También es importante remarcar el papel de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, un programa multisectorial en el que participan el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los gobiernos estatales y organizaciones civiles.

Las medidas promovidas por este programa se basan en cuatro pilares, que son la capacitación y generación de conciencia en usuarios, particularmente en conductores de vehículos jóvenes ya que en este grupo se encuentra el mayor sector de riesgo; la vigilancia y control policial a través de operativos en los cuales se verifique el uso de sistemas de seguridad, tales como con cinturón, sistemas de retención infantil, casco, entre otros; la implantación del Programa Nacional de Alcoholimetría, mediante el cual se realicen revisiones en puntos aleatorios a conductores para verificar que no conduzcan bajo los efectos del alcohol y; la realización de auditorías de seguridad vial, con las cuales se identifican los factores de riesgo en las vías y se promueve la realización de ajustes para corregirlos.

Pese a los notables esfuerzos de los organismos señalados, es necesario mencionar que al no existir legislación propiamente en materia de seguridad vial, su funcionamiento se encuentra bastante acotado. Actualmente, se pueden encontrar esbozos o acercamientos a la regulación de esta materia en los ámbitos federal, estatal y municipal, sin embargo, dicha normatividad no atiende el tema de manera integral, limitándose en la mayoría de los casos a referirse a asuntos de tránsito y vialidad.

Tal es el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que en diversos artículos refiere a la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de infraestructura vial, tránsito, transporte y movilidad. Sin embargo, al ser el objetivo de la ley en comento, planear, ordenar y regular el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país, así como la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población, entre otros aspectos, como definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los centros de población, lo cual dista mucho de promover como tal medidas para la procuración de seguridad vial.

Por esto se debe expedir una ley general en materia de seguridad vial, con el propósito de que haya un ordenamiento nacional que aborde el tema de manera integral y que establezca claramente cuáles serán las atribuciones de la federación, las entidades federativas y los municipios de acuerdo a sus respectivas competencias.

Para atender las facultades concurrentes en las que participarían todos los ámbitos de gobierno, es necesaria la creación de una Ley General, en la cual el Congreso de la Unión puede establecer las competencias que realizarán sobre una misma materia la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios. Existen numerosos ejemplos de leyes similares, y sobre ello y su viabilidad, ya se ha pronunciado el Poder Judicial:

Si bien el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”, el órgano reformador de la Constitución determinó en diversos preceptos la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la federación, las entidades federativas y los municipios e, incluso, el Distrito Federal, en materias como la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los municipios y la federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine. La forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.3

Para que el Congreso pueda expedir la Ley General en materia de Seguridad Vial que se propone es necesario que previamente el Congreso esté facultado para legislar en dicha materia, por lo cual mediante ésta iniciativa se propone reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y añadir la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad vial.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifican las fracciones XXIX-Z y XXX, y se adiciona la XXXI al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

...

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante;

XXX. Para expedir la ley general de seguridad vial, que establezca la concurrencia en la materia entre la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias; y

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la ley general en materia de seguridad vial a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 de esta Constitución.

Tercero. La ley general en materia de seguridad vial a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 de esta Constitución deberá considerar, al menos, la creación de un sistema nacional de seguridad vial, el cual se entenderá como un conjunto de normas, instancias, estructuras y elementos cuyo fin sea el de garantizar el desplazamiento seguro de los individuos en las vialidades. También deberá contemplar aspectos como la vigilancia y control policial para la prevención de accidentes, los mecanismos para que la legislación vigente converja con ella, la homologación del sistema de acreditación de conductores y vehículos, normas para el desarrollo e integración de infraestructura urbana, participación y promoción social, y la creación de bases de información y datos.

Referencias de consulta

Organización Panamericana de la Salud, Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas .

Secretaría de Salud, Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2015 .

Asamblea General de las Naciones Unidas, Decenio de acción para la seguridad vial.

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, consultado el 15 de abril de 2017, disponible en
http://conapra.salud.gob.mx/

Notas

1 Ley General de Salud, artículo 162.

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, Decenio de Acción para la Seguridad Vial .

3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, enero de 2002 Tesis: P./J. 142/2001.

Sede de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017.

Diputados: Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Jonadab Martínez García, Daniel Torres Cantú, José Erandi Bermúdez Méndez, María Cristina Teresa García Bravo, Lillian Zepahua García, Jorge López Martín, Arturo Santana Alfaro, Alejandra Gutiérrez Campos, Juan Manuel Celis Aguirre, Cynthia Gissel García Soberanes, José Lorenzo Rivera Sosa, Omar Noé Bernardino Vargas, Tania Arguijo Herrera (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 7 de 2017.)

Que adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley General de Turismo, recibida del diputado Mario Machuca Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

Quienes suscriben, diputado Mario Machuca Sánchez y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo genera un aumento de la actividad económica debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse, es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual.

En 2016 México recibió 19,570.8 millones de dólares por concepto de divisas turísticas y 34,960,811 turistas internacionales, lo que representó incrementos de 10.4 y 8.9 por ciento, respectivamente en comparación con años anteriores, de acuerdo con datos del Banco de México. La actividad turística contribuye con el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, generando aproximadamente 7.5 millones de empleos, participan de esta actividad más de 43 mil empresas.

El turismo se ha vuelto un factor determinante en el diseño de políticas económicas y sociales en México, tanto que ha quedado plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su objetivo 4.11 “Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país”. Una de las principales razones por la que el gobierno apoya y promueve el turismo es porque éste tiene un impacto positivo sobre el crecimiento y desarrollo de nuestro país.

El Plan Nacional de Desarrollo señala que “para la implementación de una política turística efectiva es fundamental modificar los instrumentos institucionales del sector”, ello con el propósito de contar con herramientas gubernamentales que respondan a las exigencias que imponen las nuevas demandas turísticas. Es fundamental que el sector retome su posición de liderazgo y conducción de la política turística y para ello se impulsa la modernización del marco normativo e institucional turístico, así como el diseño de nuevos mecanismos que contribuyan a atender los requerimientos del sector.

Igualmente, deben mejorarse y fortalecerse los instrumentos de política con que cuenta el sector con el propósito de elevar la efectividad de la intervención pública en la actividad turística; transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico; aprovechar el potencial turístico del país requiere de la acción coordinada de todos los actores involucrados. Para lograr lo anterior, se debe promover activamente la armonización del marco jurídico y la articulación de los programas y acciones en materia turística con las entidades federativas y los municipios, así como con la academia, el sector privado y el sector social. Debemos establecer mecanismos idóneos para promover y orientar las aportaciones que cada uno de estos actores real icen en un contexto de colaboración, corresponsabilidad, racionalidad y transparencia. Con este fin, y para alcanzar los objetivos de la Política Nacional Turística, es indispensable avanzar en la transformación del sector e impulsar la actualización del marco jurídico con una visión moderna, incluyente y de largo plazo”.1

El Plan Nacional de Desarrollo habla de una visión moderna e incluyente; por lo tanto, el concepto actual de turismo suele identificarse con una connotación que deja fuera diferentes aspectos que son relevantes; emergen nuevas formas alternativas de turismo, nuevas tendencias y nuevos destinos. Entre ellas una de las modalidades que ha protagonizado un resurgimiento es el turismo de salud.

Actualmente son cada vez más personas las que se interesan en destinos que no solo favorezcan su distracción si no que ayuden de manera directa a la prevención en salud, no solo física, sino mental y espiritual. Es así que el turismo de salud va más allá de centros termales, spas u otros, este concepto se ha ampliado incorporando técnicas y disciplinas como la aromaterapia, diversos tipos de masajes, meditación, yoga, reiki, entre otros. A su vez, también encontramos el aprovechamiento de adelantos tecnológicos en materia de medicina, intervenciones quirúrgicas, tratamientos de alta complejidad, así como cirugías estéticas, es así que se conjunta el turismo de bienestar y el turismo médico y ambos integran el turismo de salud.

Es imprescindible tener claridad acerca del significado de cada uno de estos sectores socioeconómicos y lo que ocurre como resultado de la interacción de ambos. En la actualidad, la Organización Mundial de Turismo define al turismo como el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solo la ausencia de afecciones y de enfermedades. Así, queda claro que más allá de patologías, la salud abarca diversos factores que intervienen en la calidad de vida delas personas. Una persona sana, por tanto, sería aquella que disfruta de una vida plena y feliz en todos los ámbitos.

La salud puede ser un motivo importante para realizar un desplazamiento de una ciudad a otra y pasar allí una estancia determinada. La salud es uno de los pilares más importantes en la vida de una persona y el cuidado de uno mismo también puede estar vinculado con la importancia de hacer un viaje como muestra el turismo de salud. Como resultado de la globalización y el acceso a la información cada vez es más común que pacientes con necesidades de servicios de salud se trasladen a otros países para realizarse procedimientos no disponibles en sus países de origen o servicios de calidad a menores costos. Estos servicios de salud incluyen intervenciones quirúrgicas, tratamientos preventivos, diagnósticos, rehabilitación, terapias, entre otros.

El turismo de salud abarca a todas las formas en los cuales los pacientes viajan a otros lugares en la búsqueda de una mejoría a la salud. Es así que el Turismo de salud se define como el proceso en el cual una persona viaja fuera de su lugar de su residencia con el objetivo de recibir servicios de salud o de bienestar. El cual se divide en dos grupos:

• Turismo médico: consiste en procedimientos quirúrgicos y tratamientos con medicamentos; procesos de orden ambulatorio (dentales, oftalmológicos y algunos cosméticos).

• Turismo de bienestar: consiste en actividades orientadas al relajamiento, cambios de estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas de la tercera edad, entre otros.

El turismo médico y de bienestar se han acrecentado con los años y en las últimas décadas países como Emiratos Árabes, Cuba, Colombia, Turquía y Tailandia encabezan la lista de destinos calificados debido a su amplia oferta de propuestas, pero México se ha posicionado como el segundo mayor mercado del mundo en turismo de salud; así, en los últimos años los ingresos por esta actividad se han duplicado.

El origen de este tipo de turismo es de vieja data y existen registros de que, en culturas como la griega y egipcia se recurría frecuentemente a estas prácticas en busca de una mejora para la salud.

En los últimos años se ha visto que este ha respondido a una demanda de servicios de salud de alta calidad y seguridad con costo-efectividad y atención inmediata pero no existe un fortalecimiento del andamiaje jurídico que garantice el desarrollo constante de productos turísticos, por ser materia compartida entre dependencias federales.

El turismo de salud es una oportunidad de desarrollo para México, pero es necesario que se impulse una estrategia gubernamental y privada para aprovechar la derrama económica que genera, ya que existen Estados con gran oportunidad en la materia, es el caso de Tijuana que es uno de 20 estados integrantes a este sector que existen actualmente, al recibir al año más de 500 mil extranjeros.

El Estado de Quintana Roo tiene una estrategia de turismo de salud enfocada en turismo de bienestar ya que es la entidad que posee mayor número de spas, más de 350 en Cancún y en la Rivera Maya; con la creación de la Asociación de Turismo Médico Med Travel, México ha impulsado a nivel nacional e internacional a Cancún, Playa del Carmen y Cozumel como destinos que cuentan con la infraestructura necesaria para atender a pacientes extranjeros, cabe destacar que, con un hospital certificado y con un costo entre 50 por ciento y 80 por ciento más bajo, Cancún atrajo a un gran número de turistas de Canadá y Estados Unidos.

Aunado a lo anterior encontramos otros destinos como la Ciudad de México, León, Coahuila, Sonora, Puerto Vallarta y San Luis Potosí que están promoviendo el turismo de salud. En los últimos años la Secretaría de Salud federal ha certificado a 105 hospitales, 98 de los cuales están homologados con estándares internacionales. Esto se debe a una vasta diversidad de tratamientos que pueden ser aplicados, como son cardiología, cirugía cosmética y reconstructiva, salud reproductiva y fertilidad, oftalmología, oncología, ortopedia, odontología, gastrocirugía, traumatología, cirugía de columna y cirugía bariátrica, así como servicios de bienestar, por ejemplo, las terapias alternativas yoga, spas, retiros espirituales y actividades de relajamiento, entre otras.

Se habla de una derrama económica de más de 200 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Turismo. A pesar de lo anterior, México se enfrenta a retos en infraestructura y políticas públicas para consolidarse como un destino para este tipo de viajeros, sabemos que es una actividad en crecimiento que requiere de un reconocimiento en la Ley General de Turismo y de políticas públicas que incentiven a este sector.

Como se ha señalado el turismo en México es uno de los sectores económicos más importantes por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, así como la contribución al desarrollo regional y nacional, por ello el gobierno ha buscado fortalecer a este sector, pero esto no ha sido suficiente. Así mismo, nuestro país posee características naturales que, sumadas a una rica historia y a una proliferación de paisajes naturales de enorme belleza, así como aguas termales, climas que permiten el descanso y recuperación, le dan la fuerza al turismo de salud para ser un sector que fortalezca la economía mexicana.

México busca posicionarse a nivel mundial, por ello deben de implementarse estrategias que permitan mejorar la reputación y el posicionamiento del país, en específico promoviendo sus principales fortalezas, entre ellas, como ya se señaló, encontramos el turismo de salud.

La industria del turismo de salud crece de manera exponencial y de ella se benefician hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, spas, médicos, terapeutas, farmacias, hoteles, camaristas, meseros, maleteros, agencias de viajes, líneas aéreas, taxis, prestadores de servicios, renta de autos y restaurantes, por ello debe ser reconocida en la Ley General de Turismo.

Se requiere de una modernización del marco legal existente, la creación de un marco regulatorio del turismo de salud, para poder contar con reglas claras, normas, protocolos, así como incentivos especiales para el desarrollo de esta actividad que hoy día es parte de nuestra realidad y que vendría a complementar y fortalecer el desarrollo de ese sector, por lo anterior debe de ser incorporado en la Ley General de Turismo, ya que no basta que esté enmarcado en la Ley General de Salud y demás normativas.

En definitiva, estamos ante una gran oportunidad para el país que tiene potencial de favorecer la diversificación de la cartera de turismo, crear empleos, captar divisas, fortalecer los indicadores de salud de la nación y nuestra imagen internacional, por lo que el turismo de salud debe ser una actividad de prioridad nacional y contar con alianzas público-privadas y normativas que garanticen su planificación, crecimiento y sostenibilidad; como se ha señalado, para que esto suceda debe de estar incorporado con sus vertientes en la Ley General de Turismo, además de lo señalado por ser una materia compartida entre dependencias federales requiere de una andamiaje jurídico que garantice su desarrollo.

La carencia de medidas precisas para los viajeros que asisten algún tratamiento quirúrgico, de rehabilitación, estético entre muchos más deja fuera a un gran número de personas que requieren realizar este tipo de viajes, existe una falta de datos de instituciones de medición.

México cuenta con grandes profesionales de la salud, servicios de salud de calidad a menor precio y atractivos destinos turísticos no disponibles en otros países, esta combinación es muy favorable para el desarrollo del turismo de salud y sus vertientes. México ha evolucionado de ser un destino famoso por sus servicios de odontología, oftalmología y cirugía cosmética en las ciudades fronterizas a ser un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece una gama completa de especialidades y procedimientos que compiten directamente con los ofrecidos en países desarrollados.

Por tanto, incorporar el turismo de salud con sus vertientes (turismo médico y turismo de bienestar) en la legislación simplemente contribuirá a fortalecer un andamiaje jurídico que garantice el desarrollo constante de productos turísticos únicos. La introducción de los términos en el ordenamiento es aceptar de manera formal lo que es una realidad. La aceptación del término “turismo de salud y sus vertientes permitirá poner las bases para promover la concientización planeada y adecuada a diferentes niveles de gobierno.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley General de Turismo

Único. Se adiciona una nueva fracción XIX, recorriéndose las demás en el orden subsecuente, al artículo 3 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3.-Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XVIII. ( ... )

XIX. Turismo de salud: Aquel en el cual una persona viaja fuera de su lugar de su residencia con el objetivo de recibir servicios de salud o de bienestar, éste engloba dos vertientes:

a) Turismo médico, consistente en procedimientos quirúrgicos y tratamientos con medicamentos; así como procesos de orden ambulatorio (dentales, oftalmológicos y algunos cosméticos);

b) Turismo de bienestar, consistente en actividades orientadas al relajamiento, cambios de estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas de la tercera edad, entre otros.

XX. Turismo sustentable (...)

XXI. Turistas (...

XXII. Zonas de desarrollo turístico sustentable (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá adecuar el Reglamento de la Ley General de Turismo al presente decreto en un plazo de 90 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Las entidades federativas deberán adecuar sus leyes y reglamentos locales al presente decreto en un plazo de 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 pnd.gob.mx/wp-contentluploads/2013/05/PND.pdf

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 7 días del mes de junio de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

(Turnada a la Comisión de Turismo. Junio 7 de 2017.)

Que reforma los artículos 109 de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibida de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

La que suscribe, María Eloísa Talavera Hernández, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, “la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”.

En México, la seguridad social constituye un derecho contemplado y protegido tanto por nuestros ordenamientos jurídicos internos como por los instrumentos internacionales de los que México forma parte.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, consagra el derecho a la seguridad social a toda persona que posea una relación laboral formal.

En el ámbito internacional, el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales mandata el derecho de toda persona a la seguridad social.

El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Uno de los grandes beneficios que brinda la seguridad social a la mayoría de los ciudadanos, es el poder tener acceso a los servicios de salud, la cual se define como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad” de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Encuesta Intercensal de 2015,1 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que las instituciones de seguridad social se encargan de dar protección en salud a 40.6 por ciento de la población nacional: 39.2 por ciento mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 7.7 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No obstante lo anterior, dicho beneficio a la protección de la salud por las instituciones de seguridad social del IMSS y del ISSSTE se afecta cuando el trabajador queda privado del empleo.

Si bien por una parte la Ley del Seguro Social establece en el artículo 109 que por un lapso de ocho semanas posteriores a la privación del empleo del trabajador, él y su sus beneficiarios tendrán el derecho a recibir exclusivamente los beneficios de la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria.

Mientras, la Ley del ISSSTE fija en el artículo 43 la conservación de los derechos a recibir los beneficios del seguro de salud por un lapso dos meses siguientes a la baja del trabajador, para él y sus beneficiarios.

Sin embargo, dichos ordenamientos no precisan qué sucedería cuando el trabajador y sus beneficiarios acudan a recibir atención de alguno de los servicios de salud dentro del plazo de conservación de los dos meses tanto para el IMSS e ISSSTE y la misma se extienda por un periodo mayor.

Con el supuesto anterior el trabajador y sus beneficiarios corren el riesgo de no recibir la atención requerida, no obstante que ésta fuera necesaria y por ende la salud se vería vulnerada.

Derivado de lo anterior resulta indispensable el que ambas leyes garanticen la atención a los servicios de salud cuando sucedan este tipo de supuestos. Por lo que la presente propuesta tiene por objetivo garantizar dicha atención cuando esta se prolongue por un periodo mayor, en aras de preservar el derecho a la salud.

La presente propuesta se encuentra fundamentada en la interpretación del Poder Judicial de la Federación, en los criterios judiciales que a continuación se transcriben:

Época: Décima.
Registro: 200 1188.
Instancia: Tribunales colegiados de circuito.
Tipo de Tesis: Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro X, julio de 2012, tomo III.
Materias: Constitucional y laboral.
Tesis I.4o.A.6 A (10a.).
Página 2056.

Si el asegurado o sus beneficiarios acuden a solicitar atención médica dentro de las ocho semanas posteriores a que quedó privado de su trabajo y aquélla se prolonga por un periodo mayor, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en aras de preservar el derecho a la salud (interpretación del artículo 109 de la ley de la materia).

El artículo 109 de la Ley del Seguro Social dispone, sustancialmente, que cuando un trabajador quede privado de trabajo remunerado, pero haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará, durante las ocho semanas posteriores a su baja, el derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, derecho del que también gozarán sus beneficiarios. Así, el derecho a la salud que establece el indicado precepto debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquel que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentren totalmente recuperados el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que solicitaron sus servicios. En estas condiciones, si alguno de los sujetos señalados acude a solicitar atención médica en los términos planteados dentro de las ocho semanas posteriores a la privación del trabajo remunerado y ésta se prolonga por un periodo mayor, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador –instrumentos internacionales de los que México forma parte–, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo directo 601/2011. Gerardo Raúl Reynoso Solís. 19 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria Indira Martínez Fernández.

Resulta fundamental garantizar la protección de la salud, considerando que “la salud es uno de los principales objetivos del desarrollo. Constituye un bien preciado en sí mismo y una condición indispensable para la igualdad de oportunidades. Además se le ha reconocido como un insumo esencial de la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático”.2

La presente iniciativa toma relevancia si se considera que la tasa de desempleo para diciembre de 2016 fue de 3.6 por ciento de la población económicamente activa de acuerdo con la a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi.

Además, de acuerdo con las Perspectivas Económicas Globales de abril de 2017 del Fondo Monetario Internacional se pronostica que la tasa de desocupación al finalizar el año será de 4.4 por ciento para el país.

Lo anterior se suma a que la mayoría de los mexicanos tardan alrededor de 3 meses para encontrar un nuevo empleo de acuerdo con cifras del Inegi en 2014, aunque otros estudios como la encuesta “Motivaciones del Mexicano en el Trabajo 2010”, elaborada por la compañía Randstad, señalan que la mayoría de la población tarda alrededor de 6 meses en encontrar un nuevo empleo.

Derivado de lo anterior resulta oportuno tomar medidas que salvaguarden y protejan el derecho a la salud en todo momento.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de conservación de los derechos del trabajador

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social, recorriendo el actual segundo y los subsecuentes en su orden, para quedar como sigue:

Artículo 109. ...

Cuando el asegurado o sus beneficiarios soliciten atención dentro del plazo de conservación a que se refiere el párrafo anterior y la misma se extienda por un periodo mayor, no se le podrán negar los servicios de salud y se les brindara la atención por el tiempo que sea necesario.

...

...

...

Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 43. ...

Cuando el asegurado o sus familiares derechohabientes soliciten atención dentro del plazo de conservación a que se refiere el párrafo anterior y la misma se extienda por un periodo mayor, no se le podrán negar los servicios de salud y se les brindará la atención por el tiempo que sea necesario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Encuesta Intercensal de 2105 del Inegi, disponible en
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/ Consultada el 9 de mayo de 2017.

2 Frenk, Julio; y Gómez Dantés, Octavio. Para entender el sistema de salud. Nostra Ediciones, México-España, 2008, página 15.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de junio de 2017.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Junio 7 de 2017.)

Que adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, recibida de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de junio de 2017

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente propuesta está relacionada a la iniciativa que adiciona la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, en materia de hostigamiento y acoso sexual, presentado por una servidora el 20 de julio del 2016.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el trabajo, es el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía”. El trabajo además de generar un ingreso, facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades.1

El trabajo en nuestro país constituye un derecho protegido y contemplado tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por leyes secundarias, cuyos preceptos exigen respeto a la dignidad, a los derechos y libertades de las personas en el desempeño de sus funciones o actividades, independientemente de la edad, situación económica, género, preferencia sexual, origen étnico, discapacidades, religión, condiciones de salud, estado civil o cualquier otra.

Además dichos preceptos establecen condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas en el ámbito laboral sean reales y efectivas.

En el marco internacional existen instrumentos jurídicos, ratificados por México, que protegen el trabajo digno como un derecho fundamental, los cuales no solo protegen la prerrogativa de contar con un empleo, sino que éste se desarrolle en condiciones adecuadas de no discriminación y no violencia física o psicológica, tales como, el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), OIT, 1958. Mismo que alude al principio de que todas las personas, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades.

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966. Establece que los Estados Parte deberán asegurar a las mujeres y a los hombres iguales derechos al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias en cuanto a: salario, seguridad e higiene, oportunidades de ascenso, descansos, vacaciones y remuneración de días festivos, entre otras.

No obstante de contar con un marco jurídico en la materia, diversas estadísticas señalan que la mayoría de las personas que han estado en una relación laboral, han sufrido diferentes tipos de violencia laboral, lo que trae como consecuencia graves repercusiones en la salud física y emocional, así como repercusiones en lo laboral, familiar, económico e institucional.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece dentro de sus artículos 10 y 11 por violencia laboral:

...Aquella conducta que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u omisión, en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad, incluidos el acoso o el hostigamiento sexuales...

... Asimismo, constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género...

Dentro de la violencia laboral, se encuentran conductas antijurídicas y antisociales que se presentan con mayor abundancia, como lo son, el hostigamiento y el acoso sexual. Este tipo de conductas atentan contra el ejercicio y disfrute de varios derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y moral, la libertad sexual, el derecho al trabajo, a la salud integral, lo que llega a provocar el abandono de su trabajo; al respecto la Ley Federal del Trabajo señala por estas conductas en su art. 3 Bis:

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:

...a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y...

...b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos...

Si bien los hombres también sufren casos de hostigamiento y acoso sexual en los lugares de trabajo, la realidad es que son las mujeres quienes mayormente se constituyen en víctimas de este tipo de agresiones, por la razón de que los nuevos roles adquiridos por las mujeres hacen de estos espacios los nuevos lugares en donde realizan sus actividades.

A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que 12 millones de mujeres sufren acoso sexual, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En México, Según datos de la ENDIREH 2011, los espacios laborales son el tercer ámbito donde las mujeres son violentadas en sus derechos humanos; 26 de cada 100 asalariadas que trabajaron enfrentaron actos de discriminación laboral.

En 2011, 19.3 por ciento de las mexicanas fueron víctimas de acoso y 91.3 por ciento de discriminación, de éstas últimas 53.4 por ciento declaró tener menos oportunidades que un hombre para ascender de nivel o puesto, 52.1 por ciento mencionó que le pagaron menos que a un hombre por el mismo trabajo o puesto, y 27.9 por ciento dijo que le exigieron una prueba de embarazo.

Por otra parte, según datos del estudio del Colegio Jurista en 2012 indican que 1.4 millones de mujeres padecen acoso sexual en el trabajo, esto es, el 10 por ciento de la población económicamente activa. Además, el mismo estudio señala que el 99.7 por ciento de los casos no se denuncia.

Este tipo de conductas siguen siendo propensas, debido a que en la mayoría de las dependencias no cuentan con herramientas para registrar una conducta inapropiada, es decir, no incluyen estrategias de prevención, actuación, sanción y seguimiento estas conductas.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas la violencia contra las mujeres es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”; además, afirma que esta violencia se caracteriza por tres rasgos:

1) Su “invisibilidad”, producto de las pautas culturales que aún priman en nuestras sociedades, en las que la violencia intrafamiliar o de pareja y los abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos, son concebidos ya sea como eventos del ámbito privado donde los demás, incluso las autoridades, no deben inmiscuirse.

2) Su “normalidad” es otro de los rasgos que la acompañan. La cultura que justifica la potestad de cualquier varón para intervenir o controlar la vida de las mujeres o usar distintos tipos de violencia contra una mujer que “desafía” o transgrede las fronteras culturales del género.

3) Su “impunidad”, que es consecuencia de todo lo anterior, ya que si la violencia entre parejas o intrafamiliar es justificada como “natural” o como “asunto privado”, no puede ser juzgada como violación a ningún derecho y, por lo tanto, no es sancionable.

La violencia en contra de la mujer tiene muchas manifestaciones, incluyendo las formas físicas y sexuales, esta violencia ocurre en variados escenarios tanto públicos como privados de los centros de trabajo o las instituciones manejadas por el Estado. En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que las conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual forman parte de la violencia laboral y docente y las define en su artículo 13 como:

...Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva...

...El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos...

La misma Ley, en su artículo 46 Bis, fracción IV; establece como obligación para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; así como a diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo; dentro de la misma ley esta obligación se vuelve correlativa para el Instituto Nacional de las Mujeres, y a través del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se puntualizan las atribuciones del Inmujeres para la implementación de los modelos, programas, medidas y estrategias, así como las normas técnicas respectivas en torno a la violencia de género y la coadyuvancia con las instancias respectivas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y difundir los Derechos Humanos de las Mujeres. (Art. 60 Fracciones III y V del Reglamento de la LGAMVLV).

A través de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia antes descritas, resulta evidente la obligación de las dependencias e instituciones públicas el diseño y difusión de acciones que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, sin embargo el problema actual radica en que no existe en la Ley alguna disposición expresa que obligue a implementar este tipo de acciones en los centros de trabajo, a los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, de la Ciudad de México, de las Instituciones de los otros organismos descentralizados o similares.

Derivado de lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto agregar una fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a fin de establecer como obligación de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley, a Implementar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y hostigamiento sexual en los centro de trabajo, con el objetivo de establecer las medidas apropiadas en favor de las y los trabajadores para garantizarles un ambiente armónico que propicie el desarrollo personal y profesional, libre de conductas como lo son el hostigamiento y acoso sexual.

Es importante reconocer la imperante necesidad de plantear soluciones para eliminar las prácticas discriminatorias y de violencia, para transformarlas en espacios laborales en los que imperen los principios de democracia, equidad, tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta ley:

1. a X. ...

XI. Implementar medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo.

Para los efectos de esta fracción, se entenderá por hostigamiento y acoso sexual, lo señalado en los incisos a) y b) del el artículo 3o. Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Un Vistazo a la OIT, disponible en el sitio web.-
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang—es/index.htm; consultado el día 20 de mayo de 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de junio del 2017.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Junio 7 de 2017.)


Actas

De la Comisión de Vivienda, correspondiente a la undécima reunión ordinaria, efectuada el jueves 30 de marzo de 2017

Presidencia de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria.

Secretaría a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos.

Inicio: 9:25 horas.
Término: 9:55 horas.

Asistencia

Inicial: 24 diputados.
Final: 24 diputados.

A las 9:25 horas del jueves 30 de marzo de 2017, en el patio sur del edificio B, situado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Vivienda, de conformidad con la convocatoria de fecha 23 de marzo de 2017, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Se da cuenta del registro de lista de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Alma Carolina Viggiano Austria (presidenta); José Luis Sáenz Soto, Pedro Alberto Salazar Muciño, Fernando Uriarte Zazueta, Daniel Torres Cantú, Ricardo del Rivero Martínez, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Érik Juárez Blanquet, Norberto Antonio Martínez Soto, Francisco Alberto Torres Rivas, Abdies Pineda Morín, Gabriela Ramírez Ramos, secretarios; Modesta Fuentes Alonso, Karen Hurtado Arana, Roberto Guzmán Jacobo, Juan Corral Mier, Eloísa Chavarrias Barajas, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Nadia Haydee Vega Olivas, Otniel García Navarro, Edith Yolanda López Velasco, Maricela Serrano Hernández, José Alfredo Torres Huitrón, Rafael Yerena Zambrano.

En virtud de contarse con el quórum reglamentario, la presidenta de la comisión, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, declaró iniciada la reunión.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

Acto seguido, la presidenta de la comisión sometió a consideración de los diputados el orden del día, mismo que resultó aprobado por unanimidad.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décima reunión ordinaria, llevada a cabo el 9 de febrero de 2017

A continuación, la presidenta de la comisión solicitó a la secretaría someter a consideración de las y los diputados el proyecto de acta de la décima reunión ordinaria de la comisión, y recoger, en caso de no existir observaciones, la votación económica para su aprobación. Fue aprobada por unanimidad el acta de la décima reunión ordinaria de la Comisión de Vivienda llevada a cabo el 9 de febrero de 2017. La presidenta manifestó que será enviada a la Mesa Directiva para conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda (expediente 4951)

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria sometió a consideración el dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, resaltando que el sentido del dictamen fue positivo; la presidenta solicitó a la secretaría si es de dispensarse la lectura en virtud de que fue turnada con anterioridad, la asamblea se manifestó por la afirmativa por lo que se procedió a su discusión y no habiendo quién hiciera uso de la voz, se consideró suficientemente discutido por lo que se procedió a su votación, quedando aprobada por mayoría. La presidenta informó que sería turnado a la Mesa Directiva para efectos del proceso legislativo.

Votación:

Alma Carolina Viggiano Austria: A favor
José Luis Sáenz Soto: A favor
Pedro Alberto Salazar Muciño: A favor
Fernando Uriarte Zazueta: A favor
Daniel Torres Cantú: A favor
Ricardo del Rivero Martínez: A favor
Francisco Ricardo Sheffield Padilla: A favor
Érik Juárez Blanquet: A favor
Norberto Antonio Martínez Soto: A favor
Francisco Alberto Torres Rivas: A favor
Abdies Pineda Morín: A favor
Gabriela Ramírez Ramos: A favor
Modesta Fuentes Alonso: A favor
Karen Hurtado Arana: A favor
Roberto Guzmán Jacobo: A favor
Nadia Haydee Vega Olivas: A favor
Otniel García Navarro: A favor
Edith Yolanda López Velasco: A favor
Maricela Serrano Hernández: A favor
José Alfredo Torres Huitrón: A favor
Rafael Yerena Zambrano: A favor
Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: A favor

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tercer informe semestral de la Comisión de Vivienda, correspondiente al periodo septiembre de 2016-febrero de 2017

Acto seguido, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria sometió a consideración el tercer informe semestral de la Comisión de Vivienda, por lo que solicita a la secretaría si es de dispensarse la lectura en virtud de que fue turnada con anterioridad, la asamblea se manifiesta por la afirmativa por lo que se procede a su discusión y no habiendo quién haga uso de la voz se considera suficientemente discutido por lo que se procede a su votación, quedando aprobada por unanimidad. La presidenta informó que será turnado a la Mesa Directiva.

6. Asuntos generales

Se informa a la asamblea que se recibieron las siguientes comunicaciones:

• Con fecha 21 de febrero de 2017, se recibió oficio de la Mesa Directiva por el que se informa el retiro de la iniciativa que reforma los artículos 110 de la Ley Federal del Trabajo y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por la diputada Leticia Amparano Gámez (PAN).

7. Clausura y cita para la próxima reunión

A continuación, agotado el orden del día y a las 9:30 horas del jueves 30 de marzo de 2017, la presidenta de la comisión, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, da por clausurada la undécima reunión ordinaria.

La Junta Directiva de la Comisión de Vivienda

Diputados: Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), presidenta; José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica), Lucía Virginia Meza Guzmán, Francisco Alberto Torres Rivas, Abdies Pineda Morín (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Daniel Torres Cantú (rúbrica), secretarios.


Informes

Del diputado Arturo Santana Alfaro, correspondiente al encuentro del Parlatino, sobre el combate y prevención al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, celebrado el viernes 12 y sábado 13 de mayo de 2017 y al foro acerca de trata y tráfico de personas, en Ciudad Panamá

Por este conducto, me permito enviarle el informe de actividades correspondiente al encuentro del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), celebrado los días viernes 12 y sábado 13 de mayo del año en curso, en la ciudad de Panamá, teniendo como sede el edificio del Parlatino. A la que acudí en calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado.

La presente reunión tuvo como finalidad revisar y analizar las propuestas hechas por los diversos parlamentarios en la reunión pasada, a la nueva Ley Modelo contra la Trata y Tráfico de Personas en el Marco de la Seguridad Ciudadana y de la Protección de los Derechos Humanos”, para proceder a su aprobación. Siendo que no se dieron las circunstancias para la aprobación de la ley en comento, debido a que la diputada María Gabriela Burgos representante de los diputados de la República Argentina, presentó nuevas observaciones a la propuesta de ley por considerar que no contemplaba todas las formas de trata de personas en el mundo, además de que no era correcto equiparar víctimas de trata con víctimas de tráfico; ya que la primera tiene como objeto la explotación de la persona y la segunda es el traslado ilegal de migrantes. Por otra parte, no estaba preciso lo concerniente a la pornografía infantil y forzada. Además de que si se aprobaba la ley en ese momento se hubieran dejado diversas lagunas en la legislación.

Es preciso que todos los países miembros del Parlatino tendrán la tarea de crear las leyes en la materia que se adecuen a las necesidades de su país, pero es necesario que la ley base abarque todos los frentes, para que de esta forma podamos combatir este flagelo que daña a miles de personas en el mundo, trasgrediendo en todo momento los derechos humanos de las víctimas de este delito, que lamentablemente son consideradas por grupos delictivos organizados como cualquier objeto o mercancía que pueden ser explotados y comercializados para lucrar con ellos sin importar el daño que les provocan. Siendo este un negocio sumamente lucrativo para ellos.

Acordándose que la aprobación de la ley se bajaría del orden del día, pidiéndonos a los presentes hiciéramos llegar nuevas observaciones si las tuviéramos. De igual forma se planteó se analizarán las propuestas presentadas por los diputados de Argentina y que se citaría a la brevedad para reanudar los trabajos del Parlatino, para aprobar la ley en comento.

Para que de esta forma podamos combatir en todo el mundo la trata de personas y se castigue de manera severa a todas aquellas personas que cometen el delito en mención.

Asimismo participé en el Foro Regional de América Latina sobre Armas Pequeñas y Ligeras, impartido por Amado Philip de Andrés representante regional de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para Centroamérica y el Caribe.

El objeto del foro fue hacer conciencia de los parlamentarios de la necesidad de contar con la legislación necesaria para el comercio de armas (TCA) y el Programa de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el programa de acción es un instrumento internacional políticamente vinculante con la finalidad de frenar la proliferación de armas pequeñas y ligeras. El programa de referencia prevé responsabilidades políticas y medidas concretas de carácter nacional, regional y mundial de diversa índole.

Asimismo la ONU, señala que el uso y trafico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras agravaba las distintas formas de violencia, entre ella la violencia contra las mujeres y las niñas, a lo que habría que añadir también la violencia ejercida con armas legales, fruto del comercio convencional, y para lo que el tratado sobre el comercio de armas establece una serie de medidas de mitigación.

Además de dejar miles de víctimas, muchas mujeres y niñas viven amenazadas por la presencia de armas pequeñas en las calles y en los hogares. Mientras que los hombres suelen ser asesinados por otros hombres con los que pueden o no tener relación, las mujeres y las niñas recibe el mayor número de agresiones de parte de personas conocidas como sus parejas, ex parejas y otros miembros masculinos de su familia.

Es por ello, que debemos de poner un freno al uso y comercio ilegal de armas que hay en el mundo, para que de esta forma las autoridades puedan tener un mayor control de las personas que poseen o portan armas y se pueda disminuir el número de muertos por esta causa.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano su apreciable atención.

Atentamente

Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica)

De la diputada Marcela González Salas y Petricioli, concerniente al encuentro Global Legislative Openness Conference, celebrado el viernes 19 y el sábado 20 de mayo de 2017 en Kiev, Ucrania

Palacio Legislativo, a 7 de junio de 2017.

En cumplimiento del artículo 277 del Reglamento de la Cámara de Diputados, remito el informe de actividades que llevé a cabo durante el encuentro Global Legislative Openness Conference, celebrado el viernes 19 y el sábado 20 de mayo de 2017 en Kiev, Ucrania.

Antecedentes

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Goverment Partnership), quien organizó el encuentro Global Legislative Openness Conference, desarrollado en Kiev, Ucrania, es una iniciativa multilateral, en donde los gobiernos miembros, se asocian con la sociedad civil para promover la transparencia, empoderar a sus ciudadanos, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza en su país.

La Asociación de Gobierno Abierto se instauró formalmente el 20 de septiembre de 2011, cuando los ocho gobiernos fundadores, Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, respaldaron la Declaración de Gobierno Abierto y anunciaron en su respectivo país el plan de acción que llevarían a cabo.

A fin de que un país forme parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, debe cumplir ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran éstos:

• Cumplir lineamientos en cuadro áreas: transparencia fiscal, acceso a la información, declaración patrimonial de funcionarios y participación ciudadana.

• Se debe enviar una carta de intención a los copresidentes del Comité Directivo, la cual debe estar firmada por un funcionario de alto nivel y definir el compromiso del gobierno con los principios de la Declaración de Gobierno Abierto.

• Se debe determinar la secretaría de Estado que será la encargada ante la alianza e iniciar el desarrollo del plan de acción.

• Los gobiernos deben aceptar el proceso del mecanismo de revisión independiente.

No hay un método de selección para la integración de las organizaciones de la sociedad civil, las personas y las organizaciones pueden participar emprendiendo acciones como

• Si su país aún no forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, deben impulsar acciones para que sea elegible.

• Crear planes de acción en colaboración con su gobierno, dichos planes deben tener el potencial de lograr cambios positivos en la vida de los ciudadanos.

• Apoyar en la implantación de los planes de acción, compartiendo sus conocimientos con los funcionarios del gobierno.

• Contribuir en el proceso de revisión de los planes implementados y apoyar la autoevaluación, elaborando sus informes.

• Trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil y con los gobiernos de la red global de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Al formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, los países se comprometen a cumplir los objetivos de la declaración de la alianza, entre los que se encuentran éstos:

• Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales.

• Apoyar la participación ciudadana.

• Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos.

• Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.

En el desarrollo de sus actividades, la Alianza para el Gobierno Abierto en colaboración con el grupo de trabajo para transparencia legislativa de la Alianza para Gobierno Transparente y la Iniciativa para el Gobierno Transparente de Ucrania, organizaron el encuentro Global Legislative Opennes Conference, cuyo tema rector fue “Construyendo confianza ciudadana a través de la apertura y el compromiso”. La sede principal fue el Verkhovna Rada (Parlamento) de Ucrania.

Verkhovna Rada de Ucrania, junio 2017.

Participación

El encuentro convocado por la Alianza para el Gobierno Abierto, se llevó a cabo los días 19 y 20 de mayo del 2017 en las instalaciones del Verkhovna Rada de Ucrania. El evento reunió a funcionarios públicos, políticos, empresarios, activistas y miembros de la sociedad civil, de varias partes del mundo, como Indonesia, Nueva Zelanda, Argentina, Israel, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, México, Italia, Chile, Brasil, Pakistán, entre otros, quienes enriquecieron el intercambio de ideas al relatar la experiencia de su país en la implantación de los planes de acción adoptados y los retos que estos presentan en su coyuntura social.

Los temas de las presentaciones fueron los siguientes:

• “Imaginando un futuro democrático”, a cargo del ex ministro de gabinete del gobierno británico Francis Maude.

• “Parlamentos, confianza ciudadana y apertura”, desarrollado por María Baron, periodista integrante del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

• “Parlamentos y la Alianza para el Gobierno Abierto”, a cargo de Mukelani Dimba, abogado sudafricano, miembro del comité directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

• “Tecnología, desinformación y noticias falsas”, expuesto por Margo Gontar, periodista ucraniana; y Scott Goodstein, directivo de la consultora “Revolution Messaging”.

• “Trabajando en colaboración para avanzar en la apertura”, conferencia que estuvo a cargo de Guillermo Ávila, investigador mexicano de la organización no gubernamental Fundar, centro de análisis e investigación. También participaron Giorgio Pagliari, senador italiano; y Cristian Ferri Daria, miembro de la Cámara de Diputados de Brasil.

• “Transparencia parlamentaria y transformación democratica”, tema desarrollado por el ex presidente del parlamento europeo, Hon. Pat Cox.

• “Apertura e innovación pública”, cuya expositora fue Sheba Najmi, activista pakistaní, fundadora de la organización Code for Pakistán.

• “Datos abiertos: oportunidades y mejores prácticas en el parlamento”, a cargo de Veronica Cretu, presidenta de la organización civil Open Government Institute, de Mark Cridge, quien fue el responsable de la campaña digital durante la campaña electoral del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asimismo, participó Carlo Marchetti, jefe del departamento de desarrollo de sistemas de la información del senado italiano.

• “Situación actual de los países”, donde participó Mauricio Lizcano, presidente del Senado de Colombia, Martha Wanjira, miembro del Senado de Kenia, Karu Jayasuriya, presidente del parlamento de Sri Lanka y Svetislava Bulajic, quien es secretaria general de la asamblea nacional de la República de Serbia.

• “Regulación del cabildeo y ética parlamentaria”, contó con la participación de Patricio Vallespin, diputado del congreso de Chile, Sarah Myers-Mutschall, miembro del comité de ética del congreso de Estados Unidos y de Olena Sotnyk, integrante del Verkhovna Rada de Ucrania.

• “Presuspuestos abiertos: el papel de la legislatura”, expuesto por Jean Noé Landry, director ejecutivo de la asociación Open North; y Sujala Pant, asesora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

• “El futuro del parlamento”, desarrollado por Smári McCarthy, miembro del Parlamento de Islandia.

Objetivos y resultados obtenidos

La Alianza para el Gobierno Abierto, al organizar este tipo de conferencias, busca que los países miembros, coadyuven en el cumplimiento de sus respectivos programas de acción, esto se hizo a través del intercambio de ideas, de la relatoría de las experiencias propias de la coyuntura nacional de cada participante, de la exposición de temas que servirán para que cada país pueda cumplir cabalmente con sus objetivos específicos, siempre encaminados a la transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas y el fomento de la participación ciudadana.

A través del gobierno abierto se logrará que los ciudadanos confíen en sus instituciones democráticas, hoy en día, el mayor reto de la democracia es lograr que la ciudadanía participe activamente en la toma de decisiones de interés general y que se involucre en la política de su país. Las y los parlamentarios, como representantes de las y los ciudadanos, tenemos la labor fundamental de crear mecanismos que consoliden la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, ya que la democracia es la vía idónea para fortalecer a los países.

Podemos lograr lo anterior con el manejo e implementación de las nuevas tecnologías, no podemos obviar que la tecnología está cambiando el funcionamiento tradicional de los parlamentos y de los gobiernos en general, debemos utilizarla de manera responsable y consciente, buscando la rendición de cuentas y el acceso a la información pública gubernamental, siempre analizando las fuentes y objetividad de nuestra información.

La ética parlamentaria debe ser el conducto esencial por el cual la ciudadanía vuelva a confiar en los políticos, por ello, es imperativo que los parlamentarios adoptemos mecanismos que logren la finalidad planteada. Durante el desarrollo de la mesa de trabajo “Revisando los compromisos parlamentarios”, como representante de México, presenté el Código de Ética de la Cámara de Diputados, asimismo, di a conocer la implantación en nuestro país del Sistema Nacional Anticorrupción, esto para remarcar las acciones que hemos desarrollado en cumplimiento de los objetivos propuestos.

La Alianza para el Gobierno Abierto, al organizar este encuentro, coadyuva para que los países podamos alcanzar las metas planteadas y así lograr que nuestra ciudadanía tenga un mejor desarrollo en el consolidamiento de la democracia.

Acuerdo

Los participantes hemos acordado junto con la Alianza para el Gobierno Abierto, continuar instaurando acciones para que en nuestro país se pondere la participación ciudadana, el gobierno abierto, la rendición de cuentas y la transparencia.

Atentamente

Diputada Marcela González Salas y Petricioli

De la diputada María Elena Orantes López, relativo a la Plataforma global 2017 para la reducción de riesgos de desastres, realizada del lunes 22 al viernes 26 de mayo de 2017 en Cancún, Quintana Roo

22 de mayo

Arribo a la ciudad de Cancún

Asistencia a las mesas de registro de plataforma global para obtener el gafete correspondiente.

Instalación del stand de la comisión de protección civil mismo que permaneció hasta la clausura del 26 de mayo.

23 de mayo

Inicio del foro parlamentario

Fue moderado por la que suscribe (diputada María Elena Orantes) y la senadora Angélica Araujo Lara.

Aquí se contó con la participación de parlamentarios de todo el mundo, entre ellos de Hungría, Ecuador, Rusia, Guatemala, etcétera. Al igual que autoridades de diversas instituciones vinculadas a la reducción de riesgos de desastres.

En el evento inaugural se contó con la intervención del señor Robert Glasser, representante especial del secretario general para la Reducción de Riesgos de Desastres de la ONU y el coordinador nacional de Protección Civil, el licenciado Luis Felipe Puente Espinoza.

En el foro se realizaron las siguientes actividades:

1. inauguración

2. Diálogo parlamentario (participan todos los asistentes)

3. Inicio de paneles legislativos:

- Experiencias internacionales para la implementación del marco de Sendai

- Iniciativas para reducir el impacto económico de los desastres

4. Herramientas para facilitar el trabajo legislativo

• Diálogos intersectoriales

• Conclusiones

24 de mayo

Acto protocolario de la plataforma global para la reducción de riesgos de desastres por autoridades de la ONU y la presencia del presidente Enrique Peña Nieto.

Asistencia al foro de líderes con participación de jefes de estado y representantes de 180 países

Realicé las reuniones de trabajo con

• El embajador de Panamá en México, Manuel Ricardo Pérez González

• Zita Gurmai, miembro del Parlamento Europeo

• Doctor Vladimir V. Kuvshinov, secretario general de la Organización Internacional de Protección Civil.

Regresé a la Ciudad de México por motivos de agenda.

Atentamente

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

De la Comisión de Relaciones Exteriores, relativo a la quincuagésima tercera Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, celebrada el lunes 5 de junio de 2017 en la Ciudad de México

Declaración conjunta de las delegaciones mexicana y estadounidense

Ciudad de México, a 5 de junio de 2017.

Los integrantes de la delegación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de México y de la delegación del Congreso de Estados Unidos de América ante la LIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, en cumplimiento con lo acordado el 5 de junio de 2017, en la Ciudad de México, convinieron la siguiente

Declaración conjunta

1. Convencidos de la importancia de la relación bilateral entre nuestros países, y de los estrechos vínculos históricos, económicos y culturales consolidados durante los 192 años de relación, nos congratulamos por la celebración de la quincuagésima tercera reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. También consideramos que la celebración constante de estas reuniones es una muestra de entendimiento, respeto y cooperación, así como de la disposición de ambas naciones para dialogar en busca del beneficio mutuo.

2. Reconociendo que la interdependencia económica, política y social entre ambos exige la formulación de una agenda integral, amplia y renovada que siente las bases para el desarrollo sostenible de la región, las delegaciones celebramos la disposición de los dos órganos legislativos de continuar trabajando en el desarrollo de una política bilateral acorde a las necesidades de cada nación y con un espíritu de respeto mutuo.

3. Los representantes de ambos congresos reafirmamos que el respeto a la soberanía, la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos deben ser los pilares sobre los que se construya la relación bilateral y sobre los que se genere la cooperación.

Migración y seguridad humana

4. Convencidos de que la migración es un fenómeno que conlleva efectos positivos como el aumento de la competitividad, la generación de ingresos, mejoras económicas y un mayor entendimiento cultural, ambas representaciones afirman que es necesario impulsar medidas que fortalezcan la complementariedad de los mercados laborales de América del Norte.

5. Ambas partes están convencidas de que la migración es un fenómeno global y se pronuncian en favor de que, de manera constructiva, se busquen soluciones y se impulsen estrategias regionales que promuevan el desarrollo como un medio para disminuir los impactos negativos de los flujos migratorios.

6. Ambas delegaciones enfatizan su compromiso para generar mecanismos conjuntos que permitan gestionar, de manera ordenada, protegiendo el patrimonio de los individuos y con pleno respeto a los derechos humanos, la creciente ola de flujos migratorios y de desplazados, originada por factores múltiples, como la inestabilidad política, la creciente desigualdad económica, la escasez de recursos naturales, entre otros.

7. Las delegaciones mexicana y estadounidense manifiestan su interés en que se respeten los derechos humanos de los migrantes, particularmente durante los procesos de detención y repatriación.

Relaciones Económicas y Comerciales entre México y Estados Unidos

8. Tomando en consideración la intensa relación económica y comercial que mantienen ambos países, las cadenas productivas que se comparten y las sinergias intrarregionales que se han generado, ambas partes coinciden en la conveniencia de elevar los niveles de cooperación para impulsar acciones que faciliten la coordinación de actores involucrados en materia de comercio, logística y transporte.

9. Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar las condiciones económicas de la región, los representantes de ambos países reafirman su voluntad para avanzar en la armonización de las reglas que fortalezcan los lazos de complementación económica, la seguridad del comercio y la creación de empleos en ambos países.

10. Por ello, ambas delegaciones hacen votos para que los posibles cambios que se hagan al TLCAN –incluyendo la modernización del acuerdo– sean ejemplo del robustecimiento de una zona comercial que involucre nuevos rubros estratégicos como todas las formas de energía, incluyendo las energías limpias y el comercio electrónico y que, al mismo tiempo, sea benéfico para los trabajadores y promueva la protección del ambiente con el objetivo de generar un desarrollo sostenible. También expresan la disposición de las partes para que el proceso de hacer cambios al TLCAN sea una oportunidad para combatir el comercio desleal y las prácticas que generen la distorsión del comercio.

Cooperación en materia de seguridad

11. Ambas partes reconocen el carácter multidimensional de los problemas de seguridad, así como su transversalidad, que obliga a intensificar el entendimiento mutuo, el intercambio de información y la colaboración institucional en materia de salud, combate a la pobreza, a la desigualdad y a la corrupción para fortalecer los mecanismos de cooperación existentes en dicha materia, respetando en todo momento el estado de derecho.

12. Ambas delegaciones manifiestan su convencimiento de que la seguridad nacional de cada uno de los países se encuentra íntima y mutuamente vinculada y manifiestan su convicción para abordar los temas de combate al crimen organizado desde sus orígenes, especialmente contra el tráfico y consumo de drogas, el comercio ilegal de armas, el tráfico y la trata de personas, así como la lucha contra el terrorismo, con un enfoque de corresponsabilidad.

13. Tomando en cuenta los retos comunes en materia de seguridad, que implican una amenaza para la estabilidad de la región, ambas delegaciones reafirman su compromiso de continuar y fortalecer la coordinación para combatir estos fenómenos que lastiman a las sociedades, y generar los marcos legales que propicien una cooperación eficaz, faciliten el intercambio de información, promuevan la paz, y protejan el patrimonio y la vida de los individuos.

Frontera para el Siglo XXI

14. Ambas partes manifiestan su convencimiento de que nuestra extensa frontera es un elemento prioritario en la relación bilateral, por lo que reafirman su compromiso con el fortalecimiento de mecanismos que permitan consolidar este espacio como una zona de encuentro que potencie la interconexión, la competitividad y la seguridad mutua.

15. Conscientes del gran flujo de personas y bienes que cruzan diariamente por la frontera, ambas partes recomiendan mantener una intensa cooperación que mejore la infraestructura fronteriza en aspectos como cruces aduaneros, vías férreas, puentes y carreteras, así como agilizar los procedimientos de certificación e inspección en las aduanas para mejorar la operatividad, la seguridad y la capacidad de esta zona, con el objetivo de impulsar la competitividad y fortalecer las cadenas productivas regionales.

16. Las delegaciones de ambos países coinciden en que la frontera es, además de una zona de encuentros económicos, un ecosistema indivisible; por lo tanto, ambas partes se comprometen a garantizar el cumplimento de los derechos ambientales, la protección y conservación de la biodiversidad y los espacios naturales protegidos de la región, con base en las disposiciones legales de cada país y los instrumentos jurídicos internacionales.

17. Ambas delegaciones acuerdan el establecimiento de un grupo de trabajo bilateral, designado por las mismas, que dé seguimiento a los acuerdos y asegure la continuidad de los trabajos durante los cambios de legislaturas. Al efecto, se propone como fecha de reunión de este grupo de trabajo en el próximo mes de agosto del año en curso.

Ambas delegaciones acuerdan que la siguiente reunión interparlamentaria tenga lugar en Estados Unidos, durante 2018.

Firmado en la Ciudad de México, a 5 de junio de 2017.

Diputado Víctor Giorgana Jiménez (rúbrica)

Presidente de la Delegación Mexicana


Diputada Cristina Jiménez Márquez (rúbrica)

Vicepresidenta de la Delegación Mexicana


Representante Michael McCaul (rúbrica)

Presidente de la Delegación Estadounidense


Representante Linda Sánchez (rúbrica)

Vicepresidenta de la Delegación Estadounidense


Convocatorias

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A la reunión con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que se llevará a cabo el martes 13 de junio, a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.

Atentamente

Diputado Arturo Álvarez Angli

Presidente

De la Comisión de Transportes

A la vigésima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 13 de junio, a las 13:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes actas:

I. De la decimoséptima reunión ordinaria, celebrada el 15 de marzo de 2017.

II. De la decimoctava reunión ordinaria, celebrada el 26 de abril de 2017.

III. De la decimonovena reunión ordinaria, celebrada el 9 de mayo de 2017.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley Aviación Civil, remitida por el Senado de la República a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes de iniciativas que a continuación se enumeran:

I. Dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, presentada por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

II. Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

III. Iniciativa que reforma el artículo 42 de Ley de Aviación Civil, presentada el diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

6. Presentación del predictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de regulación del transporte terrestre desde y hacia aeropuertos.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila

Presidente

De la Comisión Especial para el patrimonio cultural de México

A la quinta sesión de junta directiva, que tendrá lugar el martes 13 de junio, a las 13:00 horas, en la sala de reuniones de la convocante, situada en el edificio C, primer piso.

Orden del Día

1. Desayuno.

2. Palabras de bienvenida del licenciado Avelino Méndez Rangel, delegado de Xochimilco.

3. Palabras de bienvenida y agradecimiento de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, presidenta de la comisión.

4. Propuesta de recuperación para la zona chinampera, por las autoridades de la delegación.

5. Exhorto por integrantes de la comisión para la recuperación de la zona chinampera, ante la Comisión Permanente.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez

Presidenta

De la Comisión de Desarrollo Rural

A la decimoquinta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 13 de junio, a las 17:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Propuesta de proyectos de dictamen para su discusión y en su caso votación.

I. A la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

II. A la iniciativa que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

III. A la iniciativa que reforma los artículos 15, 154 y 163 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

IV. A la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

V: A la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

4. Asuntos generales.

5. Clausura.

Atentamente

Diputado José Erandi Bermúdez Méndez

Presidente

De la Comisión Especial para el patrimonio cultural de México

A la quinta reunión ordinaria, por efectuarse el miércoles 14 de junio, a las 9:00 horas, en el embarcadero de Cuemanco, delegación Xochimilco.

Orden Del Día

1. Desayuno.

2. Palabras de bienvenida del delegado de Xochimilco, licenciado Avelino Méndez Rangel.

3. Palabras de bienvenida y agradecimiento de la presidenta de la comisión.

4. Propuesta de recuperación para la zona chinampera por las autoridades delegacionales.

5. Exhorto por integrantes de la comisión para recuperar la zona chinampera ante la Comisión Permanente.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez

Presidenta

De la Comisión de Marina

A la vigésima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 20 de junio, a las 14:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Aprobación del informe del viaje a los puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan, Veracruz

5. Aprobación de la opinión de la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de los Códigos de Justicia Militar, Militar de Procedimientos Penales, y Penal Federal, y de la Ley para conservar la Neutralidad del País.

6. Asuntos generales.

Atentamente

Diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez

Presidente

De la Comisión de Economía

A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 21 de junio, a las 10:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente

Diputado Jorge Dávila Flores

Presidente

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

A participar en el séptimo Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

Se otorgarán

• 150 mil pesos al primer lugar.

• 75 mil pesos al segundo lugar.

• 50 mil pesos al tercer lugar.

Informes al teléfono 5036 0000, extensiones 58232 y 51299, así como en el sitio

http://www.diputados.gob.mx/cesop

Atentamente

Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General


Invitaciones

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

A la exposición Diputados constituyentes de 1916-1917 en el centenario de la Constitución, que permanecerá hasta el viernes 16 de junio en la Biblioteca Legislativa, situada en el edificio C, segundo piso.

Atentamente

Doctor Sadot Sánchez Carreño

Director General

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

A la conferencia magistral Un nuevo mundo, ¿una nueva estrategia de desarrollo?, que el doctor Dani Rodrik, profesor de economía internacional de la Universidad de Harvard, impartirá el martes 20 de junio, a las 9:00 horas, en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios, sito en el edificio E, planta baja.

Atentamente

Maestro Alberto Mayorga Ríos

Director General

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

En coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral–, a los cursos en línea que se realizarán de julio de 2017 a abril de 2018, de acuerdo con el siguiente programa:

El modelo de comunicación política en México

Duración: 4 semanas

Periodo: 3 al 28 de julio

Fecha límite de inscripción: 14 junio

Violencia política contra las mujeres

Duración: 3 semanas

Periodo: 31 de julio-18 de agosto

Fecha límite de inscripción: 30 de junio

Sistema de nulidades en materia electoral

Duración: 4 semanas

Periodo: 21 de agosto-15 de septiembre

Fecha límite de inscripción: 28 de julio

Interpretación y argumentación jurídicas

Duración: 6 semanas

Periodo: 18 de septiembre-27 de octubre

Fecha límite de inscripción: 18 de agosto

El modelo de financiamiento y fiscalización en México

Duración: 6 semanas

Periodo: 30 de octubre-1 de diciembre

Fecha límite de inscripción: 29 de septiembre

Diplomado en derecho electoral

Duración: 6 meses

(Admisión sujeta a examen)

Periodo: Inicia el 2 de octubre

Fecha límite de inscripción: 14 de junio

Requisitos

• Constancia que acredite relación laboral con Cámara de Diputados o, en su caso, copia simple de credencial de empleado.

• Llenar formato de inscripción, el cual podrá obtenerse en el edificio I, segundo piso, de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 18:30 horas, Dirección de Estudios Legislativos.

Para mayores informes, puede comunicarse al 5036 0000, extensiones 55277 y 55094.

Atentamente

Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al tercer coloquio internacional Las paradojas de la megalópolis: gobernar la incertidumbre, que se llevará a cabo el miércoles 9 y el jueves 10 de agosto, de las 10:00 a las 19:00 horas y de las 10:00 a las 17:00, respectivamente, en el salón Legisladores de la República (edificio A).

Atentamente

Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Al diplomado Análisis político y campañas electorales que, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se efectuará los lunes, miércoles y viernes comprendidos del 10 de julio al 17 de noviembre, de las 8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Atentamente

Diputado Jorge Triana Tena

Presidente