Prevenciones Comunicaciones Iniciativas Proposiciones Actas Convocatorias Invitaciones
Avisos

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes de los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Comisión de Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos).

Suscrita por el diputado Alfredo Bejos Nicolás, PRI.

Expediente 1453.
LXIII Legislatura.
Sexta sección.

2. Comisión de Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de seguridad social y laboral policial).

Suscrita por el diputado Armando Luna Canales, PRI.

Expediente 1457.
LXIII Legislatura.
Sexta sección.

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2016.

Atentamente

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)

Presidente


De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 762.
LXIII Legislatura.
Primera sección.

2. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Presentada por la Cámara de Senadores.

Expediente 764.
LXIII Legislatura.
Segunda sección.

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2016.

Atentamente

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)

Presidente


Comunicaciones

Del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de mayo de 2016.

Senador Roberto Gil Zuarth

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Presente

El que suscribe, Juan Alberto Blanco Zaldívar, diputado federal con licencia por el estado de Chihuahua e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, de conformidad con la licencia que me fue concedida por el pleno en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2015, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, y de no haber inconveniente alguno, con fundamento en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados se realicen los trámites necesarios para mi reincorporación a las actividades legislativas de esta honorable Cámara a partir del miércoles 11 de mayo del año en curso.

Comunicó lo anterior para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica)

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite similar de la Consar con el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo enero-marzo de 2016

Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DOO/ 100/ 206/ 2016, el ciudadano Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo enero-marzo de 2016.

Por lo anterior les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como dos carpetas que contienen el citado informe y dos discos compactos, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos


Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016.

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación

Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito que sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., facción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo enero-marzo de 2016, tanto impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta comisión en la primera sesión extraordinaria de 2016 y que, de no haber inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar el 31 de mayo del año en curso.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para en enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Carlos Ramírez Fuentes (rúbrica)

Presidente

(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social. Mayo 18 de 2016.)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a abril de 2016

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2016.

Senador Roberto Gil Zuarth

Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a abril de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mismo mes de 2015.

Atentamente

Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica)

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo 18 de 2016.)

De la Secretaría de Educación Pública, con la cual remite información correspondiente al primer trimestre de 2016 de organismos descentralizados sujetos a fiscalización de la ASF

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2016.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

En alcance del oficio número 710.2016.20.3-3872, de fecha 25 de abril del presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluidos subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de éstos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, se remite disco compacto con información correspondiente al primer trimestre de 2016 de los siguientes organismos descentralizados, recibidos en esta dirección general mediante correo electrónico y el oficio número 0872, en forma extemporánea:

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica)

Director General de Presupuesto y Recursos Financieros


Ciudad de México, a 25 de abril, de 2016.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

En alcance del oficio número 710.2016.20.3-0637, de fecha 27 de enero del presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluidos subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de ellos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, se remite disco compacto con información correspondiente al primer trimestre de 2016 de los siguientes organismos descentralizados:

• Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (515).
• Universidad Nacional Metropolitana (A2M).
• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (L5X).
• Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q).

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica)

Director General de Presupuesto y Recursos Financieros

(Remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo 18 de 2016.)

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la cual remite el informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2016.

Senador Roberto Gil Zuarth

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

Me permito informarle que con esta fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, donde se formulan propuestas dirigidas a diversas autoridades, entre ellas al Congreso de la Unión. Lo anterior, a fin de dar respuesta a una de las problemáticas que ha identificado este organismo nacional en relación con las personas que se ven obligadas a desplazarse dentro del país. Se adjunta al presente memoria USB con el informe especial.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica)

(Remitida a las Comisiones de Derechos Humanos, y de Asuntos Migratorios. Mayo 18 de 2016.)

Del Servicio de Administración Tributaria

Asunto: Se rinde informe de bienes destinados en abril de 2016.

Ciudad de México, 16 de mayo de 2016.

Senador Roberto Gil Zuarth

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional mayo-agosto 2016

Presente

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo' párrafo de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante abril de 2016, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; animales vivos; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos farmacéuticos y material de curación, productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en abril de 2016 fue de 1 millón 109 mil 75 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, litro y kilogramo. Se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Verónica Díaz Oliveros Vallarino (rúbrica)

Administradora Central de Destino de Bienes


Iniciativas

Que modifica la fracción IX, y reforma y adiciona la fracción XI del artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recibida del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

El suscrito, diputado José Máximo García López, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral I, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 6, fracción I, numeral 1; 39, numeral 2, 62, numeral 2; 76, fracción IV y 79, numeral 1, fracción II y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 55, fracción II, 28, último párrafo y 30, fracción III, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción IX, reforma y adiciona una fracción XI todos del artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Exposición de Motivos

Las reformas a la Constitución General de la República que expidieron el nuevo sistema penal acusatorio priorizan la emisión de normas que observen una gama de acciones para las autoridades involucradas que aseguren a la población como prioridades ante existencia de un crimen, el ejercicio pleno de los derechos de la víctima para resarcir sus consecuencias, como se prevé dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014.

Sin duda, los avances en el tema son históricos al darse una reingeniería judicial penal que brindará con su gradual entrada en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016, las herramientas jurídicas necesarias e indispensables para obtener una justicia equilibrada en el binomio de víctimas y delincuentes.

La presente iniciativa tiene como objeto contribuir a enarbolar criterios jurídicos para que el juzgador fije en sentencia definitiva las bases para obtener efectos reparadores a los justiciables y la sociedad con motivo del dictamen de penas.

Es una tarea pendiente e impostergable, dar mayores insumos procesales en las normas que se conviertan en acciones concretas que ajusten la conducta del delincuente acorde a la norma social lo cual es el fin de establecer en sentencias cómo deberá ser la forma en que los delincuentes deberán ser llevados a lograr en favor de sociedad a ser parte de las soluciones que en proceso se buscan al establecerse el primer objetivo de los establecidos dentro del inciso c) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a las medidas de solución de controversias en juicios.

Los legisladores debemos hacer frente a las exigencias de todos, no solo para resolver las necesidades de hacer tangibles las sanciones penales, sino en atender las situaciones que seducen al delincuente a pretender en un futuro cometer nuevos delitos o dejar que su libre albedrío sea imponga por encima del interés común en prisión, evadiendo el cumplimiento de su deber de ser reeducado, en consonancia con el puntal respeto a los derechos humanos.

Sabido es que, para el Estado brindar a la población una estrategia puntual para alcanzar la tangible reinserción del delincuente no ha sido un quehacer con precedentes exitosos, con resultados tangibles de objetivo cumplido; por más que el artículo 18, párrafo segundo de la Ley Fundamental establezca ello como el derecho humano, al versar que durante la privación de la libertad el delincuente contará con la capacitación para el desempeñar un trabajo, desarrollará esta labor y recibirá una educación, con el fin de que desista del interés de cometer delitos una vez que sea liberado sea por cual fuere el medio procesal previsto en la ley, es prácticamente un fracaso que las autoridades alcancen la meta de logra la reinserción social del interno.

Son grandes los presupuestos económicos que se erogan y ejercen anualmente en el sostenimiento del sistema penitenciario, que van no sólo en plano de la habitación, alimentación, custodia o manutención de los centros, sino el capital humano responsable de ejercer las estrategias de capacitar, emplear, educar y dar atención medica al interior, por ser parte de una obligación del ejecutivo federal y los locales.

Es de destacar en dichas funciones la atención médica del interno, esta función en la realidad se realiza como acto complementario de la conservación de salud durante el tempo que dura el castigo, y que en suma forma parte de los lineamientos pertinentes para la reinserción social.

Sin embargo la atención médica no es solo es atender incidencias ocurridas tras la disminución de la salud, por el contrario, es también la atención de las necesidades del orden mental en el campo psicológico y psiquiátrico, como medidas futuras además de las que pondrán la base para orientar el destino de la función de brindar el acceso a aprender un oficio, contar con un trabajo y una educación; una vez que se halle en el campo de la competencia penitenciaria, que en suma determinan la efectividad de verdadera reinserción social.

Por lo anterior, es una encomienda que se debe asumir para una eficiente funcionalidad en la impartición de justicia, en esta iniciativa se propone todo esto incorporar para que la autoridad judicial afronte con base al criterio que emita el veredicto del jurado, atendiendo los elementos de prueba desahogados conforme al perfil, de manera tal que se oriente en la sentencia, cuál será el tratamiento que debe tener la persona en todos los aspectos y que deberán observar las autoridades penitenciarias en una práctica vinculatoria de corresponsabilidad.

La sentencia definitiva no solo es la actuación por la que se interpreta una norma, se aplica el derecho, pone fin al juicio, también es el acto jurídico procesal por el cual se debe aplicar el principio de in dubio pro reo, como rector para hacer que trasciendan los efectos de la función probatoria, porque es a través de ello donde se conoce el nivel de la gravedad del delito y culpabilidad que determinan el criterio de la demanda racional de la estructura psicosocial del procesado para reorientar su vida como parte de la atención a la salud que la Constitución le garantiza en prisión, porque no puede haber actividad productiva del interno si no se atiende el tipo de educación, salud mental, salud psicosocial, hábitos y costumbres que se requieren que presagien un destino futuro benéfico para la sociedad durante la temporalidad de la extinción de penas y es justo que en el campo del fallo definitivo donde se deben tomar las prevenciones sobre la clase de tratamientos en forma general de lo que debe observarse a la postre en prisión.

La reinserción social está subordinada a la obligatoriedad de observar el Estado legítimo cumplimiento de las sentencias, como se ordena en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consonancia con las encomiendas para una prevención generar mejores y más delincuentes peligrosos tras las rejas que solo al salir esperan dar vida a esa mentalidad que en la presente iniciativa vamos a contribuir para perfeccionar de forma efectiva, transparente, coordinada la labor de impartición de justicia con sus efectos, en un clima de certidumbre que de igual forma dará mejores resultados para el cumplimiento a los artículos 2,3, 6 fracción VI, 7, y 11 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Por ello resulta trascendental perfeccionar los ordenamientos aplicables para garantizar no sólo la igualdad jurídica sino también el respeto a la condición humana que contribuirán a fortalecer la práctica de la impartición de justicia con una práctica de certidumbre para que los juzgadores establezcan nuevos parámetros en sus fallos de verdadera practica de imparcialidad y aplicación del derecho.

Resolutivos

Único: Se modifica la fracción IX, se reforma la fracción X y se adiciona una fracción XI todos del artículo 403 del Código Nacional Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 403. ...

...

I. a VIII. ...

IX. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el Tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes;

X. Las medidas de reinserción social, y

XI. La firma del juez o de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento.

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La presente reforma entrará en vigor a los trescientos sesenta y cinco días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Dentro del término previsto en el transitorio segundo el Congreso de la Unión expedirá la ley general prevista en el presente decreto.

Dada en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deroga el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de publicidad gubernamental, recibida del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deroga el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de publicidad gubernamental, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La publicidad oficial es la que compran los gobiernos a los medios de comunicación para anunciar sus decisiones y acciones. La contratación de este tipo de espacios debe tener como fin informar de manera útil a la ciudadanía sobre programas o tramites de utilidad, así como comunicar de manera fidedigna las acciones realizadas por los gobiernos que tienen algún beneficio para la población.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 se asignaron 3 mil 537 millones 657 mil 936 pesos para Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Para 2015 se asignaron de recursos para este mismo concepto 4 mil 34 millones 77 mil 737 y para 2014 fue de 4 mil 11 millones 754 mil 512.1

En 2013 se destinó un monto de 4 mil 785 millones de pesos de publicidad oficial, y al termino del ejercicio contable para este mismo año se tuvo un gasto de 7 mil 119 millones; es decir, un sobreejercicio de 67.9 por ciento. En 2014, el monto sobre ejercido por concepto de comunicación fue de 6 mil 623 millones 451 mil 382 de pesos, es decir, 65 por ciento más de lo asignado.2 Estos datos muestran una deficiente disciplina presupuestal y una cuestionable orientación del gasto público, en un contexto de vulnerabilidad financiera por la que atraviesa el Estado mexicano.

El incremento de los gastos por publicidad gubernamental se ha incrementado de manera sostenida desde 2000. Durante el sexenio 2001-2006 el incremento del gasto en publicidad fue de 27 por ciento, mientras que durante 2006-2012 tuvo un aumento de 65 por ciento. De acuerdo con estimaciones, de continuar esa tendencia, para 2018 se gastarían aproximadamente 11 mil 676 millones de pesos, tan sólo en publicidad del gobierno federal.3

A nivel estatal también se reporta un exceso en el gasto publicitario, como lo es el caso de Chiapas cuyo gobernador en su primer informe de labores gastó más de 10 millones de dólares en publicidad durante 2013; esto, además de ser un exceso, resulta contradictorio, ya que la publicidad no sólo se enfocó en su estado sino también en el Distrito Federal, el estado de México, Puebla, Tlaxcala y otros lugares del país, dejando evidencia de una promoción personalizada de dicho servidor público. En 2012 el gobernador de Puebla gastó entre 42 millones y 56 millones de pesos en menos de un mes para anunciar su primer informe anual de gobierno.4

La utilización de la publicidad oficial a manera de propaganda está prohibida constitucionalmente; sin embargo, continúa manifestándose y carece de regulaciones específicas.

II. La asignación de contratos para este tipo de servicios denota una preferencia hacia ciertos medios de comunicación, además de que los convenios publicitarios se llevan a cabo sin justificación esclarecida, la distribución de los recursos recurrentemente se realiza con base a criterios políticos e intereses particulares.

La publicidad oficial se concentra en determinados proveedores. Por ejemplo, para 2014 sólo 10 de los mil 433 consignatarios que se adjudicaron algún contrato publicitario reunieron más de 41 por ciento de los recursos totales destinados para ese mismo año.

III. La falta de claridad en la asignación de los recursos en más de la mitad de los Estados de la republica prevalece, la opacidad que existe en la contratación publicitaria se está convirtiendo en un canal para la malversación de recursos, existe información incongruente, reservada y en muchos casos inexistente en materia de publicidad oficial, aunado a ello los datos proporcionados no poseen confiabilidad, pues no existe un sistema para la verificación de su autenticidad en tiempo y forma, aunado a ello la mayoría de los medios de comunicación entorpecen los mecanismos de transparencia, pues estos mantienen reservada la información acerca de las audiencias o circulaciones. En 2012, un estudio elaborado por la organización Fundar muestra que en más de 53 por ciento del gasto en publicidad oficial en 26 entidades federativas se desconoce su destino.

En este contexto, resulta fundamental generar mecanismos de control al gasto en materia de publicidad, así como establecer directrices sólidas de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Mediante la presente iniciativa se buscan tres objetivos fundamentales:

1. Lograr un drástico recorte al gasto en publicidad gubernamental, buscando con ello fortalecer las finanzas públicas, generar disciplina presupuestal y reorientar esos recursos que hoy se destinan a publicidad hacia rubros que le sirvan a los mexicanos.

2. Eliminar la publicidad personalizada que hoy realizan algunos titulares de los poderes Ejecutivos con recursos públicos. Para ello, se propone derogar las disposiciones correspondientes a la publicidad personalizada durante los periodos de informes de gobierno.

3. Diseñar un andamiaje de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a publicidad gubernamental, mediante la creación de un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, dirigido por ciudadanos con trayectoria reconocida y enfocado a fijar los lineamientos para el contenido de la publicidad gubernamental, las erogaciones en la materia, entre otras atribuciones.

Derivado de lo anterior someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deroga el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de publicidad gubernamental

Primero. Se reforma el octavo párrafo, y se adicionan los párrafos noveno, décimo y undécimo, recorriéndose y modificándose el párrafo que ocupaba la posición novena, al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Queda prohibida la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, exceptuando aquella en materia de salud, protección civil y turismo, la cual deberá ser de carácter informativo, o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones se crea el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, el cual es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la regulación y supervisión de los contenidos en materia de publicidad gubernamental, así como de las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y comunicación social.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental será independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir los lineamientos generales para todos los niveles de gobierno en materia de gasto, contenido y características de la publicidad gubernamental;

II. Vigilar el destino de los recursos asignados para Servicios de Comunicación Social y Publicidad;

III. Garantizar la máxima transparencia de la información sobre las erogaciones generadas por servicios de comunicación social y publicidad bajo los principios establecidos en la ley en la materia;

IV. Promover las sanciones correspondientes a los servidores públicos que hagan mal uso de la publicidad gubernamental o de los recursos públicos destinados a ella;

V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de Comunicación;

VI. Emitir los lineamientos generales para la asignación de contratos por servicios de comunicación social y publicidad;

VII. Dirigir a las instituciones públicas recomendaciones sobre los topes máximos de gasto en publicidad;

VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias ciudadanas que se presenten por el mal uso de la publicidad gubernamental; y

IX. Las demás que determine la ley.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental estará integrado por 5 consejeros ciudadanos designados por la Cámara de Diputados a partir de una convocatoria pública. Dichos consejeros deberán tener experiencia en el ámbito de la comunicación, ya sea en el académico, social o privado. El nombramiento de los consejeros deberá seguir un proceso de evaluación de conocimientos y audiencias públicas, conforme a la legislación en la materia.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los párrafos séptimo y octavo del presente artículo , incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Segundo. Se deroga el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 242.

1. a 4. [...]

5. Se deroga.

Tercero. Se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. La publicidad y propaganda relativa a los programas sociales deberá apegarse a los lineamientos que establezca el Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días contados a partir de la publicación del presente decreto, para emitir la Ley General de Publicidad Gubernamental.

Tercero. La Cámara de Diputados contará con un plazo de 90 días, a partir de la publicación del presente decreto, para emitir la convocatoria correspondiente a la selección de los Consejeros Ciudadanos del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.

Notas

1 Presupuesto de Egresos de la Federación, 2014, 2015 y 2016. Confróntese Transparencia Presupuestaria el Observatorio del Gasto, recuperado de

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Dat os_Abiertos

2 Ídem.

3 “El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014, Análisis de las cifras preliminares del Sistema de Comunicación Social”, junio de 2015, Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Recuperado de http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/PublicidadOficialGobiernoFederal201 4.pdf

4 “Comprando complacencia: Publicidad Oficial y censura Indirecta en México”, marzo de 2014, Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, recuperado de

http://es.scribd.com/doc/215095601/Comprando-complacenci a-Publicidad-oficial-y-censura-indirecta-en-Mexico

Sede de la Comisión Permanente, a 18 de mayo de 2016.

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, recibida del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

Alejandro González Murillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El juicio político es un procedimiento jurisdiccional donde interactúan un acusador, un acusado y un órgano de decisión que dirime la controversia.

El procedimiento da inicio a partir de una denuncia que puede formular cualquier ciudadano, la instrumentación del procedimiento jurisdiccional recae en el Poder Legislativo; sobre quien recae la responsabilidad de investigar las conductas denunciadas, contra los servidores públicos, a efecto de determinar la responsabilidad política de los mismos, y la sanción correspondiente. Al respecto, el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del gobierno del Distrito Federal, el fiscal general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves de esta Constitución y de las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

El objeto del juicio político es destituir de su cargo a los altos funcionarios públicos que hayan hecho mal ejercicio de su encomienda pública, para lo cual el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados se erige en el órgano investigador y acusador, mientras que el Senado se constituye en jurado de sentencia; así pues, el juicio político, es un acto administrativo revestido con la solemnidad de un juicio.

El Senado de la Republica al erigirse en jurado de sentencia realiza un acto meramente jurisdiccional, pues se encuentra obligado a guardar las formalidades y la solemnidad que exige cualquier procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, por el carácter de las sanciones que se imponen-destitución e inhabilitación- tiene un carácter puramente administrativo.

El título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece el procedimiento que se deberá seguir ante el Congreso de la Unión para el juicio político. Al respecto, los artículos 5o. y 6o. del mencionado ordenamiento establece los sujetos objeto de juicio político y los actos u omisiones por los que éste procederá, los cuales a la letra dicen:

Artículo 5o. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan.

Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Artículo 6o. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Los artículos 8o. y 9o. hacen referencia a la naturaleza de las sanciones previstas para el juicio político; además, de establecer, que cualquier ciudadano puede presentar la denuncia; al respecto, dichos ordenamientos, indican lo siguiente:

Artículo 8o. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

Artículo 9o. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta propia ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena.

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Subcomisión de Examen Previo, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes.

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

El artículo 10 de la ley establece las facultades que ambas Cámaras tendrán en el procedimiento del juicio político:

Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el capítulo II de esta ley.

Sobre el particular, resulta necesario la actualización del segundo párrafo del artículo 10 de la ley; toda vez, que actualmente ya no existe como tal la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales.

De igual forma, el artículo 12, en el inciso e), hace referencia a la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales:

Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar que se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

La Comisión de Gobernación es, con las Comisiones de Hacienda y de Defensa, la más antigua y de mayor duración en el Congreso mexicano; ahora bien a lo largo de su existencia su denominación ha variado y aumentando o disminuyendo los temas a su cargo; aunque nunca ha dejado de tener a su cargo, el análisis de la política interior de nuestro país; lo mismo ha ocurrido con la Comisión de Justicia, la cual no siempre ha conservado la misma designación.

Con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de septiembre de 1999; se separó la Comisión de Gobernación y de Puntos Constitucionales, dando paso a las Comisiones de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.

Pocos meses después, como resultado del Acuerdo para la subdivisión y creación de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, del 29 de septiembre de 2000, nuevamente se separó a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública en dos: Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Como consecuencia del grave deterioro que en materia de seguridad ha venido padecido nuestro país en los últimos años, se hizo necesario fortalecer el tema de la seguridad pública en el quehacer legislativo; derivado de lo anterior, se decidió dividir en dos la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Lo anterior fue posible gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Congreso, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003. Con dicha reforma se buscó dar especial atención al tema de seguridad pública y mantener la congruencia entre la organización de la administración pública federal y la estructura de comisiones en la Cámara de Diputados.

De igual manera, la nominación de la Comisión de Justicia, ha sido reformada en diversas ocasiones, todavía durante la LVIII Legislatura era la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Resulta necesario reformar los artículos 10 y 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer que las comisiones encargadas de la sustanciar el procedimiento de juicio político sean las comisiones encargadas de la política interior del país y la que se ocupa de las instituciones de procuración, administración de justicia y de los procesos jurisdiccionales.

Con ello se busca dar certeza y garantizar de manera muy puntual que serán esas comisiones, las que se encargaran de la sustanciación del juicio político, sea cual fuere el nombre que adopten éstas.

Decreto

Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 10 y el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las comisiones encargadas de las carteras de política interior del país y de procuración y administración de justicia y procedimientos jurisdiccionales; sea cual fuere el nombre que adopten las mismas, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el capítulo II de esta ley.

Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento:

e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida al pleno de las comisiones previstas en el artículo 10, para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de mayo de 2016.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma y adiciona la fracción II del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recibida del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

Cirilo Vázquez Parissi, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México viven 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, de los cuales 32.4 por ciento están en la primera infancia (0 a 5); 33.7 por ciento en edad escolar (6 a 11 años) y 33.9 por ciento son adolescentes (12 a 17 años).

Por su parte, UNICEF México reporta a través de indicadores del Coneval que 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraba en situación de pobreza; de los cuales, 4.6 millones estaba en pobreza extrema en 2014. Cuyas principales carencias , las constituyen la falta de acceso a la seguridad social (62.6 por ciento), seguida por la carencia a acceso a la alimentación (27.6 por ciento).

Más preocupante es la tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años de acuerdo a la Dirección General de Información en Salud de la Secretaria de Salud, para el 2013 fue de 5.7por cada mil nacidos vivo. Siendo la región sur del país, la zona geográfica que presenta elevadas cifras de mortalidad infantil por la falta de recursos y condiciones para garantizar a la niñez el acceso a servicios básicos, integrales y especializados de salud.

La población de 0 a 1 año de edad es el grupo con mayor incidencia de la carencia por acceso a los servicios de salud (23.3 por ciento), según el diagnóstico sobre pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2014, elaborado por el UNICEF y el Coneval. El informe estima que la primera infancia es una etapa crítica para el desarrollo, en la que un ejercicio pleno de todos los derechos es fundamental para garantizar un adecuado desarrollo físico y mental. Además, advierte que existen programas públicos de corte universal orientados directamente a la provisión de servicios de salud para esta población, por considera indispensable impulsar estrategias que refuercen el acceso a los servicios de salud.

Un esfuerzo plausible por brindar mejores oportunidades de desarrollo es la reciente iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para alcanzar la universalización del servicio de salud para estudiantes de educación media superior y superior, beneficiando a 7 millones de jóvenes. Sin embargo, aún sigue estando pendiente el fortalecer las acciones que garanticen el pleno goce de los derechos de la niñez como compromiso ineludible con las futuras generaciones de mexicanos.

El esa tesitura, el 4 de diciembre de 2014, se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre cuyos propósitos se pretende incidir positivamente en la integración de los más altos estándares internacionales en materia de protección y tutela del interés superior del menor.

La Ley en comento, en palabras de Isabel Crowley, Representante UNICEF en México, marca un hito en la historia del país al colocar a la niñez y adolescencia como un asunto prioritario en la agenda pública, a la cual esta Legislatura debe honrar, para invertir el tiempo y los recursos necesarios para capitalizar los cometidos de tan noble proyecto.

Uno de esos cometidos debe orientarse en garantizar el presente y futuro para cerca de 2.2 millones de niños y niñas que nacen al año en México, fomentando la equidad en el acceso y goce a los servicios de salud, impulsando iniciativas y políticas que tiendan a hacer realidad el derecho de todo niño y adolescente a la protección de su salud y a la seguridad social gratuita, no discriminatoria y de calidad.

El decreto 839 de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, es un vivo ejemplo de construcción normativa que garantiza la protección y la asistencia de los servicios de salud desde la primera edad, estableciendo medidas para salvaguardar el derecho a la vida, incluyendo la pronta atención médico-quirúrgica en los centros públicos y privados de salud, servicios que proveerá gratuitamente entre los que se enumera: de consultas, medicinas, exámenes, prótesis, la implementación de programas para la utilización terapéutica de órganos o tejidos humanos u otros elementos necesarios para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la niña, niño o adolescente.

El Estado de Carolina del Norte, en la Unión Americana, es otro ejemplo de acierto gubernamental en pro de atender las necesidades y rezagos que padece la población infantil, al garantizar mediante acciones programáticas que ningún niño se quede sin asistencia médica gratuita o a bajo costo, mediante el programa “HealthCheck (Medicaid) o NC Health Choice” .

Siguiendo este orden de ideas, desde 1946 la Organización Mundial de la Salud reconoció y definió el derecho a la salud como: “el Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objetivo social”. Derecho humano consagrado en el cuarto párrafo del facultativo 4o. constitucional, que si bien se entiende como una obligación del Estado hacer efectivo su cometido, hasta ahora su pleno goce se sujeta a la cláusula expresa de definir en leyes secundarias las bases y modalidades para el acceso a dicho servicio.

Ahora bien, el autor colombiano Rodolfo Arango1 nos dice que, si bien “el concepto de salud, en cierto grado, esta? culturalmente condicionado”, en la mayoría de las legislaciones como lo demuestra la evidencia empírica, la negación de un nivel mínimo de asistencia médica y de medicamentos puede ser contraria a la vida digna de un individuo.

Así, en México, el derecho de atención a la salud, como categoría subjetiva constitucional, comprende un marco de seguridad a la familia y la protección de la sociedad, que incluye el bienestar físico y mental del ser humano; la asistencia para el adecuado desarrollo desde antes del nacimiento, y el mejoramiento de su calidad de vida, que bien valdría la pena reconfigurar dentro del marco de derechos de las niñas, niños y adolescentes para garantizar su plenitud sin sujeción a reglas especiales que condiciones las modalidades que hasta ahora existen para el acceso a los servicios de salud, condicionando de forma excluyente la universalidad de la cobertura de atención a la niñez. Toda vez que, tal y como lo contempla nuestro ordenamiento constitucional, el Estado tiene la obligación de hacerlo realidad, ya sea de forma directa, o en coordinación con el sector público, o concurrentemente con los sectores social y privado; puntualizándose que el derecho constitucional a la protección de la salud encierra un principio integral en su cobertura; lo que quiere decir, que es universal y protege a todo ser humano por el hecho de serlo.

Los cambios en la atención a la salud no son procesos sencillos ni lineales. El transito del paradigma tradicional del Estado benefactor y de instituciones tutelares que intervenían para proteger a los menores ha pasado al diseño de un nuevo enfoque de instituciones garantes, que junto con la familia y la sociedad sean responsables de asegurar que niños y adolescentes ejerzan con plenitud sus derechos. Desde esta perspectiva y siguiendo al jurista Luigi Ferrajoli estimamos que las leyes en materia de servicios públicos, como es el servicio de salud, no sólo deben establecer contenidos y presupuestos de éste, sino que deben aspirar a la identificación de los sujetos de derecho público investidos de la correlativas obligaciones funcionales, en este caso los niños y adolescentes.

Finalmente vale la pena, retomar los comentarios vertidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, en el sentido de ponderar la necesidad de diseñar una política pública integral de desarrollo infantil temprano, que cuente con estándares comunes de aplicación nacional, cuyo impacto y resultado trascienda en el mejoramiento de sus condiciones de vida, y es la salud, junto con la educación y la alimentación, las variables que deben atenderse puntualmente dentro de las políticas de Estado para garantizar el bienestar y calidad de vida de la población infantil.

Bajo estos argumentos, presento esta iniciativa con el propósito de sentar las base de una nueva política integral de cuidado de la niñez y la adolescencia, que se inserte en prácticas internacionales tendientes a garantizar le pleno disfrute de los derechos humanos a la salud, entre cuyos contenidos se privilegie la asistencia médica y el acceso a los servicios de salud desde la temprana edad hasta alcanzar su cobertura universal.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado presento a consideración de esa Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 50 de la Ley de General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Único: Se reforma y adiciona un párrafo a la fracción II del Artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I...

II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria necesaria, haciendo hincapié en la atención primaria, para lo cual se garantizará el acceso de niñas, niños y adolescentes a hospitales y centros de salud públicos y privados, sin ninguna restricción.

El Estado debe garantizar este derecho mediante el desarrollo de políticas y programas transversales idóneos para asegurar su plena realización.

III a XVIII...

...

...

...

Artículo Transitorio. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Arango, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Prólogo de Robert Alexy. Universidad Nacional de Colombia- Legis. Bogotá?, 2005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México a, 2 de mayo de 2016.

Diputado Cirilo Vázquez Parissi (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley de la Policía Federal y 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibida de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley de la Policía Federal y el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de protección de los derechos humanos de los elementos de la Policía Federal, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

La evolución de nuestras instituciones de seguridad pública, en el ámbito federal, se ha acelerado de manera destacada en los últimos 18 años. Ello, ha permitido un desarrollo estructural y organizacional que ha proyectado a la Policía Federal de México como una de las instituciones policiales más importantes de Latinoamérica.1

Así, en los últimos diez años, según estimaciones públicas, casi cuadriplicó el número de efectivos;2 ha desarrollado un sistema de capacitación con recursos propios y con la participación de las instituciones policiales más prestigiadas del mundo;3 ha establecido diversos mecanismos para combatir delitos como el secuestro, obteniendo cifras de efectividad que han ubicado a los policías mexicanos como expertos a nivel mundial;4 ha desarrollado complejos esquemas de reclutamiento,5 y se ha ubicado como una de las fortalezas del Estado Mexicano para combatir a la delincuencia organizada.

Todo este avance, producto del esfuerzo institucional, responde a controles internos y externos y al esfuerzo de los policías que luchan y se esfuerzan cotidianamente, sacrificando vida personal y familia para servir a nuestro país, combatiendo a la delincuencia organizada y, en ocasiones, luchando contra compañeros suyos que lamentablemente han perdido el rumbo y se han corrompido.

En este sentido, las estructuras y dinámicas organizacionales de la Policía Federal tienen sus propios espacios y tiempos para procurar atender casos de indisciplina, posible corrupción, cambios de funciones, diferencias laborales, mal ejercicio de funciones, abusos de autoridad, problemas de capacitación y reclutamiento, entre otras. Ello, mediante instancias como el Consejo Federal cuyas atribuciones, funcionamiento e integración se definen en el capítulo IV de la Ley de la Policía Federal.

No obstante la existencia de instancias como el Consejo Federal, hay veces en que la información de medios de comunicación y los testimonios de elementos que han salido de la institución, nos permiten apreciar indicios de que los derechos de los policías, en este tipo de espacios, no son garantizados plenamente.

Al respecto, se ha estimado que hasta 2 mil elementos6 han sido cesados injustificadamente. No está en nuestra competencia conocer o averiguar si la totalidad estimada de los elementos cesados eran inocentes o si es conveniente a los intereses de la sociedad, reinstalar a un elemento que posiblemente guarda recelo a la institución. Lo que sí está en nuestras manos, es revalorar la posibilidad de que un diseño institucional deficiente esté colaborando al desprestigio de una institución o, peor aún, a retirar injustamente de sus cargos a personal en el que se ha invertido muchos recursos, que no se ha corrompido y que tiene la convicción de servir y proteger a la comunidad. Esta revaloración es una de las vías que la Policía Federal puede transitar para reiterar su compromiso con lo aquello en que las fuerzas políticas de oposición coincidimos con el Presidente de la República y que radica en reconocer “el imperativo moral” para que las instituciones de seguridad se conduzcan “con total apego a la ley”, y “con absoluto respeto a los derechos humanos”.7

En consecuencia, con la intención de fortalecer institucionalmente las herramientas para garantizar el ejercicio de derechos humanos de los policías y facilitar condiciones para que la institución proteja a quienes nos protegen, considero importante ampliar la perspectiva del Consejo Federal. Ello, involucrando directamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los trabajos del Consejo Federal con la intención de liberar a esta instancia de sospechas, al tiempo que se garantice el adecuado proceso en todos los casos para tener más herramientas que hagan viable el procesamiento de los malos elementos y la defensa de los policías comprometidos con la sociedad.

De esta manera, sin poner en riego a la institución, a través de esta iniciativa se integrará un nuevo protagonista en los controles internos de la policía, refrescando las dinámicas organizacionales, dando certidumbre a los buenos elementos quienes verán una herramienta para asegurar el respeto de sus derechos. Asimismo, esta propuesta implica reforzar al Consejo Federal para que sea un mecanismo que dé confianza a los ciudadanos y nos permita saber que cuando termine un proceso administrativo, contra un mal elemento, éste no quedará eximido de un proceso penal por una mala y arbitraria integración del proceso administrativo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley de la Policía Federal y el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de protección de los derechos humanos de los policías federales

Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley de la Policía Federal para quedar como sigue:

Artículo 28. El Consejo Federal se integrará de la siguiente manera:

I. a IV. ...

V. Un Consejero por cada área operativa;

VI. Un Consejero por el área jurídica de la Policía Federal, y

VII. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será designado por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conocerá todos los asuntos que trate el Consejo Federal y tendrá voz pero no voto.

El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos responderá directamente al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estará facultado para emitir informes ante solicitud de autoridades judiciales sobre el estatus que guarda la protección de los derechos humanos en casos específicos revisados por el Consejo Federal.

Los integrantes del Consejo Federal serán de carácter permanente, y se designará a un suplente, de conformidad con el Reglamento, salvo en el caso del representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien podrá ser relevado de esa posición por decisión del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:

Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. a X. ...

XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte;

XII. Nombrar y remover libremente al representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el Consejo Federal de la Policía Federal, y

XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Policía Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrán hasta 180 días para modificar sus disposiciones reglamentarias conforme a las disposiciones que marca el presente decreto.

Notas

1 Ejemplo de ello es el liderazgo que la Policía Federal de México ha tenido en instancias como la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) desde su fundación. AMERIPOL fue fundada en 2007, a iniciativa de México y Colombia; actualmente se integra por 30 instituciones policiales y fiscalías de 27 países del continente como miembros; también la integran 21 servicios policiales de Alemania, Francia, España e Italia, entre otros, en calidad de observadores; dos de las ocho cumbres que ha realizado se han desarrollado en México; en 2014, debido al liderazgo que junto con Colombia tiene en materia de Control de Confianza la Policía Federal impartió al resto de las policías el Primer Taller de Control de Confianza . La Policía Federal ha ocupado la Presidencia o la Secretaría Ejecutiva desde su fundación y desde febrero de 2016 tiene la Presidencia del organismo. Información Disponible en:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/27/1077559
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/ 2016/02/27/ameripol-impulsa-plan-para-capacitar-policias y
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/12/275.pdf

2 De acuerdo con información del IFAI, “En POLICÍA FEDERAL (PF) existe una negativa de acceso a la información cuyo rubro temático es ESTADO DE FUERZA, donde su sentido de la respuesta fue NEGATIVA POR SER RESERVADA O CONFIDENCIAL”, no obstante ello, el Comunicado de Prensa 394 del 5 de diciembre de 2013, menciona 7,800 mujeres como parte del estado de fuerza y la prensa maneja un estado de fuerza que ronda de 35 a 40 mil elementos. Asimismo, Jorge Carrillo Olea, uno de los impulsores del proyecto de Policía Federal en la década de 1990, en México en Riesgo, estima que la Policía Federal contaba al momento de la transición del año 2000 con entre 9 y 12 mil elementos. En este sentido, aceptando la información disponible podemos afirmar que hoy la Policía Federal cuenta con un Estado de Fuerza casi cuatro veces más numeroso que cuando fue formada. Véase:

http://www.cronica.com.mx/notas/2014/820231.html y
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/especial-mujeres- en-la-policia-federal.html

3 La Policía Federal cuenta con una academia de formación policial, ubicada en San Luis Potosí; asimismo con el Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL) y con mecanismos de cooperación internacional como los que permitieron la formación de la Gendarmería con asistencia de Francia, Italia, España y Chile. Ello, con fundamento en las atribuciones de la Secretaría General. Para mayor información véase: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c;jsessionid=yFd0XwmN3rfH6fxd148 ncfytNVlY0fnDn2FXDgpcnYhLQvNV1TLy!1654005622?__c=fe0 ;

http://cns.gob.mx/portalWebApp/portal/movil.portal;jsessionid=L2kPVgJPTBdZ0
xgghn32nJYZqxTYJNlQJqpnGGVDGDzdJfXhjvD0!-973085057?_nfpb=true&_windowLabel=
SalaDePrensaController_2&SalaDePrensaController_2_actionOverride=%2Fpageflows%2Fsspmovil%
2FsalaDePrensa%2Fdetallar&SalaDePrensaController_2identificador=1376110#wlp_SalaDePrensaController_2

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transp arencia/Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf

4 En 2013, la Policía Federal atendió 561 casos de secuestro, que permitieron la liberación de 538 víctimas;

Véase: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Primer_ Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf

5 Tan sólo en 2013 se realizaron más de 46 mil evaluaciones de control de confianza a personal de la Policía Federal. De acuerdo con inf Véase:

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf;
http://formato7.com/2015/10/01/uno-de-cada-100-aspirantes-a-la-policia-federal-logra-su-ingreso/

6 El Movimiento Nacional por la Dignificación de la Policía Federal en 2014 manejaba la cifra de 2 mil elementos http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/15/ex-agentes-de-pf-piden-a- onu-intervenir-por-despido-de-al-menos-2-mil-elementos-6369.html

7 Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de las actividades realizadas el 5 de mayo de 2016. Véase:

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-todo-momento-la- actuacion-de-nuestros-efectivos-militares-deber-ser-con-apego-a-la-ley- y-con-invariable-respeto-a-los-derechos-humanos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2016.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Mayo 18 de 2016.)

Que adiciona un inciso g), recorriendo el contenido del actual g) al h), del numeral 1 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, recibida de las diputadas Nora Liliana Oropeza Olguín y Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

Las suscritas, Nora Liliana Oropeza Olguín y Mariana Benítez Tiburcio, Diputadas Federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g), recorriéndose el contenido del inciso g) al inciso h) del numeral 1 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Planteamiento del problema

En el Poder Legislativo federal; sus integrantes como representantes del pueblo deben ser hombres y mujeres probos, con trayectoria política y socialmente incuestionable, que atiendan el interés de la nación, de la sociedad. Un reclamo que hace la comunidad; quiere a un legislador o legisladora que impulse acciones legislativas; y políticas públicas que generen mejores condiciones de vida para la población.

La desconfianza y alejamiento de los ciudadanos con respecto al Poder Legislativo se inscribe dentro de un complejo fenómeno de aversión hacia la política. El Poder Legislativo, registra el nivel más bajo de confianza y aprobación que el resto de las instituciones de gobierno. Mejorar su imagen pública, su credibilidad y la confianza de la ciudadanía es un reto de enorme importancia para fortalecer el papel que juega en el sistema político mexicano.

En México, tres de cada cuatro ciudadanos considera que a los partidos políticos, a los diputados federales y a los senadores, les interesa poco o nada lo que piensa la gente, además, un porcentaje significativo de ciudadanos se siente mínimamente identificado con sus representantes de elección popular. Así lo demuestran estudios de opinión pública que ha realizado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Un 74 por ciento de los ciudadanos consultados, dicen no sentirse representados por los partidos políticos, el porcentaje más alto en este rubro seguido de un 73 por ciento que señaló a los diputados locales y un 72 por ciento sienten lo mismo con relación a los senadores. El 70 por ciento aseguró no sentirse representados por los diputados federales; 69 por ciento no se ve reflejado en sus autoridades municipales.

Las opiniones anteriores indican y plantean lo urgente que resulta que quienes integran el Poder Legislativo del Estado mexicano, realicen lo necesario para revertir la tendencia negativa de imagen y percepción social, para recuperar la confianza de los ciudadanos.

De manera adicional, uno de cada tres considera que el gobierno debe combatir la corrupción e impunidad, por el costo que éste flagelo tiene para la sociedad en todos los aspectos. Razones que han llevado a la sociedad a desconfiar de los políticos y de los representantes populares en particular. Situaciones que deben provocar reflexiones, en los responsables de las instituciones que la combaten para que realicen su responsabilidad con más eficacia; y a su vez, a la sociedad para exigir que la ley se cumpla.

La percepción que se enfatiza se tiene por hechos de corrupción de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de administraciones encabezadas por distintos partidos políticos. Lo que ha acrecentado la desconfianza de la sociedad en los servidores públicos, y penosamente también en las instituciones.

Desconfianza que se traduce en frustración, máxime cuando observa que personas protagonistas de hechos de corrupción e impunidad, en lugar de ser castigadas son promovidas, por ejemplo, a puestos de representación popular. Asuntos de particulares que lamentablemente han impactado negativamente en la imagen social del Poder Legislativo federal.

La presente iniciativa, la motiva precisamente esta percepción social sobre las instituciones mexicanas.

Argumentación

Ante tales hechos, resulta importante que en el caso particular del Poder Legislativo, se garantice a la sociedad que la habrá de representar hombres y mujeres, como lo hemos señalado, probos, con trayectorias limpias y caracterizadas por sus convicciones sociales.

Para que esto suceda, el reto y compromiso debe ser asumido por los partidos políticos de salvaguardar las candidaturas a puestos de elección popular, y los ciudadanos que aspiren como independientes a estos cargos observar el cumplimiento de las disposiciones en la ley en la materia, mismas que con esta iniciativa se busca fortalecer al incorporar la carta de no antecedentes penales, como dato que deberán presentar los candidatos a puestos de elección popular para su registro ante la autoridad electoral. Documento que debe ser imprescindible ante las circunstancias que vive el país por el fenómeno multifactorial de la inseguridad, en la que se ha registrado lamentablemente el involucramiento de actores políticos.

La presentación de la carta de no antecedentes penales de los candidatos a puestos de elección popular fue un reclamo de la sociedad en la pasada elección federal, en algunos casos los partidos políticos y la propia autoridad electoral lo “subsanaron”, solicitando a los candidatos una carta en la que manifestaran bajo protesta de decir verdad de no tener antecedentes penales, con el argumento de que la ley en la materia no lo indicaba como requisito, postura correcta porque efectivamente la norma no lo establece. De ahí la pertinencia de la presente iniciativa.

La carta de no antecedentes penales, como requisito, ha generado controversia al considerarse que resulta inhumano, cruel, deshonroso o excesivo, que atenta contra la reputación o dignidad de la persona, que transgrede el artículo primero, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, que a la letra dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Sobre la transgresión al espíritu del citado párrafo tercero de la CPEUM, al respecto, en la Tesis: I.7o.A.361 A. Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, se señala que:

“...debe entenderse como el tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a individuos o grupos de personas, en algunos casos por simples condiciones fácticas, ajenas al control del sujeto discriminado, tales como su origen étnico, nacionalidad o condición social; derivadas de la naturaleza, como son el género, condiciones de salud, edad; y finalmente, aquellas adoptadas libremente por el individuo, como por ejemplo, religión, opiniones y preferencias. Las anteriores prohibiciones, enumeradas por la Carta Magna, son citadas ejemplificativamente, pues el numeral en estudio hace referencia a ‘cualquier otra’ que atente contra la dignidad humana. Tratándose de los antecedentes penales, éstos tienen el carácter de informativos; por tanto, no puede alegarse que sea discriminatoria...”

En cuanto a la exigencia de que se acompañe carta de no antecedentes penales a la solicitud de registro de candidato. En las jurisprudencias: P./J. 58/2005, 59/2005, 60/2005, 61/2005, 62/2005, 63/2005, 65/2005. Expediente: AI2/2002, la Corte sostuvo que:

“...el requisito impugnado, no transgrede los transcritos preceptos constitucionales, pues es evidente que la circunstancia de que los partidos políticos deban anexar a su solicitud de registro de candidatos, carta de antecedentes penales o de la inexistencia de ellos, de ninguna forma juzga a dichos candidatos, pues es evidente que no recaerá por ese motivo, en contra del candidato de que se trate, ninguna sentencia que le pueda sancionar de nueva cuenta, en caso de haber sido juzgado con anterioridad, por lo cual de ningún modo puede estimarse que se le sancione dos veces por el mismo delito, reitérase, en caso de haber sido juzgado con anterioridad y condenado por algún ilícito ...”.

“Además, cabe agregar que el artículo impugnado, es acorde con el sistema establecido en la Constitución Federal, concretamente en el artículo 38, donde se prevén los diversos supuestos por los que pueden suspenderse los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, entre los que se encuentran, por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la fecha del auto de formal prisión; por encontrarse prófugos de la justicia, o bien, por sentencia ejecutoria que imponga dicha suspensión”.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión concluyó lo siguiente: la exigencia de que se acompañe carta de no antecedentes penales a la solicitud de registro de candidato, no implica que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito o que se le condene de por vida, como se asevera, pues sólo constituye un auxiliar para la verificación de ese requisito, consistente en tener un modo honesto de vivir”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso g), recorriéndose el contenido del inciso g) al inciso h), del numeral 1 del artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue

Artículo 238. ...

1. ...

a) a e) ...

f) Cargo para el que se les postule;

g) Carta de no antecedentes penales, y

h) Los candidatos a las Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos de las Entidades Federativas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en materia de reelección.

2. a 7. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de Mayo de 2016.

Diputadas: Nora Liliana Oropeza Olguín, Mariana Benítez Tiburcio (rúbricas)

(Tunada a la Comisión de Gobernación. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

El suscrito, Victoriano Wences Real, diputado federal de la LXIII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el artículo 122, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

En nuestro país existen 46.2 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 9.5 millones en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existiendo municipios de muy alta y alta marginación que tienen servidores públicos municipales como ediles cuyo remuneración o retribución es sumamente desproporcional a las actividades que desempeñan y a las condiciones sociales de la ciudad, además dicha retribución no está sujeta a comprobación, por lo que resulta de suma importancia moderar esta desigualdad social.

Es innegable que la pobreza en nuestro país es un asunto de suma importancia para los tres órdenes de gobierno, debemos de reconocer que se han implementado una serie de programas sociales que buscan como objetivo el reducir la pobreza, sin embargo no existe una planificación integral que tienda a reducirla, actualmente de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que en nuestro país existen 46.2 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 9.5 millones en pobreza extrema.

Por otra parte en muchos municipios de muy alta y alta marginación, se contrasta la pobreza de las y los mexicanos que apenas llegan a subsistir con el equivalente a 10 pesos diarios por familia con los sueldos de servidores públicos municipales que son exorbitantes, el cual no está sujeto a comprobación.

Es evidente que los servidores públicos municipales requieren muchas de las veces apoyos para atender las solicitudes de la ciudadanía, pero también es cierto que estos jugosos sueldos que reciben no son utilizados para dicho fin y mucho menos son comprobados.

Es indudable que el sueldo de los servidores públicos no debe de ser exorbitante, debe de ser inherente a las funciones que se realicen, sin embargo en nuestro país el ostentar un cargo de elección popular es sinónimo de derroche de recursos públicos, los altos sueldos no se justifican con la labor que realizan, existen ayuntamientos que incluso no celebran con normalidad las sesiones de cabildo, los ediles no atienden a la ciudanía ni mucho menos erogan gastos que tengan como finalidad el atender demandas sociales.

En México no podemos tener millones de personas en pobreza extrema y ediles de municipios de muy alta y alta marginación con sueldos exorbitantes, es tiempo de frenar estas enormes desigualdades sociales, los cargos de elección popular no deben de estar motivados por sus jugosos sueldos deben de estar motivados por el servicio a la sociedad, debe de privilegiarse la atención de las demandas sociales, en nuestra sociedad no se justifica estas diferencias sociales, no debe de existir ningún privilegio ni social ni económico ni político de los servidores públicos en relación con las y los mexicanos.

Es de tomarse en cuenta también que a muchos servidores públicos municipales se les otorga dieta que debe de ser destinada a las necesidades de la gestión social, sin que realmente exista la obligación de comprobar dichos recursos públicos, lo que indica que los servidores públicos no lo invierten en la sociedad, lo dejan para ellos, pero más aún cuando dichos remuneración o retribución no está sujeta a comprobación puede considerarse como parte de su sueldo, existiendo incluso la inmoralidad de algunos ediles de demandar a los ayuntamientos reclamando estas prestaciones como parte de su retribución o remuneración.

Es importante señalar que de acuerdo a los portales oficiales de algunos Ayuntamientos de la República Mexicana los sueldos que reciben los ediles son los siguientes:

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un segundo párrafo a la fracción I

Artículo Único. Se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un segundo a la fracción I, para quedar como sigue:

Artículo 127. (...)

(...)

I. (...)

Los servidores públicos municipales no podrán tener una remuneración o retribución económica mensual superior a seiscientas ni inferior a cien unidades de medida actualizada.

De la II a la VI. (...)

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 12 de mayo de 2016.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de 2016.)

Que modifica la fracción VII del artículo 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 65 de la Ley General de Educación, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

I. En el marco del análisis de las cuentas públicas de la federación, han sido recurrentes las observaciones e incluso sanciones respecto del gasto erogado a profesores comisionados, de los que no existe certeza de su labor, ni de su perfil respecto de las tareas a las que son encargados. En el caso extremo de este tipo de irregularidades se han suscitado casos como el pago de nómina a personal inexistente, o incluso ya fallecido.

Los gastos dispersados por concepto de maestros comisionados, –aunque suprimidos por la Secretaría de Educación Pública en enero de 2016– llegaron a convertirse en una práctica común. En 2011 por ejemplo, con recursos públicos se erogaron 403 millones 562 mil 115 pesos para el pago de 12 mil 467 maestros comisionados durante el primer trimestre, además de que se detectaron 29 mil 590 licencias, se encontraron 124 mil 521 comprobantes de pago con registro federal de causantes o clave única de registro de población incorrectos y 3 mil 576 docentes que tenían plazas en municipios o estados no colindantes. Por ejemplo, hay quien debería dar clases en Nuevo León y Quintana Roo al mismo tiempo.

De acuerdo con el estudio “Censo educativo: radiografía del dispendio presupuestal”, realizado en 2014 por la organización “México Evalúa” se encontraron hasta 10 por ciento de inconsistencias en el pago de nómina a los maestros de México, lo que significa que existen aviadores en la nómina, que se llevan parte del presupuesto de la educación en México, proveniente del pago de los impuestos de los mexicanos. El estudio destaca, además, que se desconocen las funciones y la ubicación de más de 591 mil 222 maestros que, sin embargo, están en la nómina del magisterio, lo que representa pérdidas anuales por 51 mil 487 millones de pesos.

II. De esta forma las irregularidades han representado graves daños al erario público, sobre todo en el marco de la dispersión de recursos a las entidades mediante el gasto federalizado. En el caso particular, destaca el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (conocido como FAEB) que creado desde 1998, como parte del Ramo 33 coordino la distribución de estos recursos.

En el margen de sus erogaciones, por ejemplo, datan las siguientes recuperaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación para las observaciones de las siguientes Cuentas Públicas:

A partir de esta relación se hace evidente que aunque el número de maestros comisionados ha ido disminuyendo progresivamente, el daño al erario en millones de pesos, no lo ha hecho, pues la reducción casi de dos tercios de los maestros comisionados a significado a penas una reducción menor a la mitad de los gastos por este concepto en el marco del FAEB, que tuvo como último año de ejercicio 2014.

Se tratan de erogaciones de miles de millones de pesos, que no contribuyen al mejoramiento de la educación en México, y que se diluyen entre la corrupción que caracteriza a algunos sindicatos.

III. Según el índice del Foro Económico Mundial de 2015, la falta de calidad en la educación dificulta el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, educada y productiva. Para el caso de México, éste se ubica en el sitio 102 de 124 en calidad de educación primaria, es decir, aquella que reciben los menores de 15 años. Para el grupo de entre 15 y 24 años de edad, la calidad del sistema de educación se ubica en el sitio 107, lo que deriva en que el país se ubique en el sitio 63 en las oportunidades para ese sector poblacional.

IV. Un análisis del gasto erogado en Educación para México, indica que el gobierno mexicano gasta 5.19 por ciento del producto interno bruto (PIB) en este rubro. La incongruencia en este gasto está reflejado en la calidad de la educación en México, pues Chile y Uruguay por ejemplo, gastan en promedio un 4.5 por ciento de su PIB en educación, y son mejor evaluados al respecto.

V. Considero muy importante dar un puntual seguimiento a la labor de los profesores en el margen de lo establecido por la reforma educativa. Para ello es necesaria no sólo la transparencia, y la rendición de cuentas, sino también la efectiva participación de los padres de familia en la vigilancia de la política pública de educación, lo que cruza estrictamente con supervisar que los recursos destinados al pago de maestros devengan en servicios concretos y al personal presente, no en gastos a comisionados.

El otorgar el pleno derecho a los padres de familia de conocer y verificar la plantilla oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la queestén inscritos sus hijos o pupilos, es una primera vía para promover si participación, y vigilancia en la calidad de la educación que reciben sus hijos e hijas, así mismo posibilitará que los padres de familia verifiquen que dicho personal realice las funciones y labores para las que fue contratado.

Por lo expuesto, es que someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se modifica la fracción VII, del artículo 65, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Capítulo VII
De la participación social en la educación

Sección 1. De los padres de familia

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. ...

...

...

...

...

...

VII. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos al inicio de cada ciclo escolar, que será proporcionada obligatoriamente por la autoridad escolar;

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de mayo de 2016.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 201, y primero del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, recibida de los diputados Nora Liliana Oropeza Olguín y José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

Los suscritos, Nora Liliana Oropeza Olguín y José Luis Orozco Sánchez Aldana, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 201, así como el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema

El artículo primero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su primer párrafo señala que en nuestro país todas las personas gozarán y podrán acceder a todos los derechos humanos y fundamentales inscritos en su texto y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección.

La Constitución es clara cuando señala que el ejercicio de derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

El propio artículo primero, en su párrafo quinto, señala que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El párrafo noveno, artículo 4o. de la Constitución Federal, establece que “los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, además de que “este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En otro orden de ideas, es de considerar que si bien la ley suprema mexicana establece reglas cardinales, sin embargo, los estereotipos y prejuicios están aún presentes y son problemas para la niñez mexicana que ve coartados sus derechos.

Ello es así que se limita la acción del padre en la inscripción de sus hijos en guarderías. En caso de que ambos padres trabajen, los hijos menores de edad no pueden acceder a una institución que les otorgue cuidados adecuados, lo cual redunda en perjuicio de la situación económica familiar ya que tendrán que buscar opciones.

De acuerdo con la -ONU Mujeres-, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, es necesario actuar, proteger y compensar a los grupos vulnerables de ser discriminados por factores definidos como estructurales, los cuales están fuertemente arraigados en el comportamiento y la organización de la sociedad y a menudo implican actos de discriminación indirecta o no cuestionada.

Y una consecuencia de esos factores estructurales de discriminación puede originarse y justificarse en normas legales, políticas o prácticas culturales predominantes que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros.

Es de observar que la igualdad en el acceso a derechos y oportunidades de los gobernados se sustenta en el derecho mexicano, en tratados y convenciones internacionales de los que México es parte, sin embargo, persisten procesos administrativos que fueron implementados para atender coyunturas específicas y pueden incurrir en omisiones, por ello, no debe soslayarse su revisión y replanteamiento, es un deber del Poder Legislativo.

A lo anterior, es de indicar que en el marco jurídico actual del sistema de guarderías infantiles, que depende del Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve responsabilidades inequitativas ya que contiene disposiciones que discriminan al padre y a la madre al impedir que inscriban a sus hijos, por el hecho de que los divorciados, viudos y los que judicialmente conserven la custodia del menor, contraigan nuevamente matrimonio o se una en concubinato.

Esta simplificación complica el escenario familiar: la obligación de los adultos de cumplir con los derechos de sus hijos. En este sentido el sistema de guarderías del país debe atender el interés superior de la infancia y custodiar sin discriminación a los padres la integridad del infante, en el entendido de que tanto el hombre como la mujer laboran, aún en los casos en los que la madre no se encuentre en un entorno laboral formal, para contribuir con los gastos propios del hogar.

Sobre el tema, las disposiciones en la inscripción al programa de guarderías deben ser sensibles a las necesidades de los trabajadores, evitar que sufran perjuicio en su salario, prestaciones y derechos y cambiar escenarios ante el proceso de transformación que se vive tanto en lo laboral como en lo personal, al negar servicios a los que tienen derecho las y los trabajadores, como el servicio de guardería.

En correlación con lo anterior es imprescindible hacer el esfuerzo y encontrar soluciones, mediante una fórmula de igualdad, en función de lo laboral y con las prestaciones que esta condición conlleva, para brindar un espacio de atención y cuidado para las niñas y niños de todo el país, cuyos progenitores trabajen.

Argumentación

La Convención sobre los Derechos del Niño, en el párrafo segundo del artículo tercero, señala que “los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”, y reconoce que para dicho propósito será necesario “tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley” con el fin de tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Mientras que en el párrafo segundo y tercero del artículo 18, de dicha Convención, deja en claro la responsabilidad de los Estados parte, como México, de prestar la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Adoptar todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social –ENESS– 2013, en ese año, poco más de 3.1 millones de niñas y niños menores de 6 años fueron cuidados por terceros, de este universo no se determina cuántos de ellos pudieron acceder al servicio de guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, si otro fuera el esquema de inscripción a este servicio.

De acuerdo con lo señalado en la ENESS, las familias que pagaban por el cuidado de sus hijas e hijos, invertían en promedio 987 pesos mensuales en guarderías y 866 pesos si una persona, con algún tipo de parentesco o conocida, los apoyaba.

Se estima pertinente mencionar que de lograr las presentes reformas al Texto de la Ley del Seguro Social, para eliminar la exigibilidad de pruebas discriminatorias para el ingreso a guarderías infantiles estaríamos contribuyendo al desarrollo de un estado de derecho donde la igualdad es tema prioritario para favorecer el desarrollo equitativo y pleno de oportunidades de todos los mexicanos.

En el entendido de que los servicios de guardería asisten al desarrollo de los menores beneficiados, permitiendo un espacio seguro y de atención integral en sus primeros años de vida, la iniciativa de reforma busca dotar de mecanismos ecuánimes, de armonización de las responsabilidades laborales con los familiares, actualmente no previsto en la ley, temas importantes para las madres y padres trabajadores.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su recomendación número 56 emitida en junio de 2015, recomienda que el Estado Mexicano, “Desarrolle y amplíe la educación de la primera infancia, desde el nacimiento, sobre la base de una política integral y holística para su atención y desarrollo”.

De acuerdo con la iniciativa 10 por la infancia, promovida por UNICEF, sobre la niñez dice que “un buen inicio en la vida es crítico para que las y los niños desarrollen su máximo potencial. Un niño o niña saludable, protegido, cuidado y estimulado tiene mayores probabilidades de convertirse en un adulto sano, con mejores capacidades, recursos y oportunidades. Es importante que todos los niños y niñas tengan igual acceso a servicios de cuidado de calidad y acorde a su etapa de desarrollo. En contraste, si el niño o niño no recibe este tipo de trato y cuidado en los primeros años de vida, el daño es irreparable para su desarrollo y bienestar”. Iniciativa, que entre sus objetivos destaca que los países adherentes, como México, deben contar con leyes en materia de prestación de servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Con su adhesión nuestro país reafirma su compromiso del Estado mexicano con la niñez y da un decidido impulso a privilegiar en la agenda nacional, los derechos de la infancia.

Por lo anterior, es ineludible actualizar el marco jurídico para garantizar el derecho tutelado de la seguridad social de los y las derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de atender sus demandas de servicios de guardería sin importar su estado civil.

Con ese propósito es fundamental reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, al considerar que su contenido actual resulta discriminatorio y transgrede los derechos de las y los trabajadores.

Por ejemplo, en el primer párrafo del artículo 205 de la citada ley señala que tendrán derecho al ramo de guarderías “Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato ”. Con la redacción actual no solo se conculcan los derechos de los trabajadores, sino también el derecho de los niños a su protección y cuidado para su bienestar. Impacta a las madres de tener un trabajo mejor remunerado.La propuesta de esta iniciativa es que tanto mujeres y hombres trabajadores, indistintamente de su estado civil, tengan derecho sus hijos al servicio de guardería. En el caso particular de la mujer el contar con este servicio aumentaría hasta en un dieciocho por ciento la probabilidad de contar con un empleo, de acuerdo a la evaluación al Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 201, así como el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social

Único. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 201, así como el primer párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías podrá proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia de la mujer trabajadora y del hombre trabajador , ya sea viudo o divorciado y de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

...

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino, a los cuales podrá tener acceso, a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador o trabajadora cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Las madres y padres asegurados, los viudos, divorciados o aquellas personas que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de mayo de 2016.

Diputada: Nora Liliana Oropeza Olguín, José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma diversos artículos de las Leyes Generales de Educación, y de Infraestructura Física Educativa, presentada por el diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

El que suscribe, Adolfo Mota Hernández, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación y de La ley General de Infraestructura Física Educativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con las reformas a los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en febrero de 2013, así como con la posterior aprobación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General de la Educación, se establecen las bases para la transformación, modernización y democratización del Sistema Educativo Nacional, el cual está integrado por más de 36 millones de alumnos, que son atendidos por 2 millones de docentes en 260 mil 297 escuelas en el país.

La Reforma busca convertir a la educación en la fuerza transformadora del país y fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, para que bajo el liderazgo de los directores, maestros y padres de familia, tengan una mejor organización para solucionar las necesidades escolares más apremiantes.

Un eje fundamental de esta transformación educativa es mejorar la infraestructura física en las escuelas, su equipamiento y los materiales educativos disponibles para los alumnos y docentes. Para lograrlo, el Gobierno Federal anunció que en los próximos tres años, se invertirán 50 mil millones de pesos para la mejora de las condiciones físicas de más de 33 mil planteles con lo que se beneficiará a más de 5 millones de alumnos y tan solo en 2016 se tiene previsto rehabilitar 16 mil 419 planteles educativos.

De nada servirán los recursos presupuestados, ni los programas educativos si no se logra un verdadero impacto en los alumnos, docentes y padres de familia que ven en los centros escolares una oportunidad para lograr una verdadera transformación social.

Una escuela de tiempo completo, en donde además de las clases regulares se sirvan alimentos nutritivos y se puedan realizar actividades físicas y practicar un deporte, serían sin duda espacios generadores de cambios profundos en nuestra sociedad.

Sin lugar a dudas, es necesario acompañar las decisiones de política pública con un andamiaje jurídico que brinde certidumbre legal a las acciones que hoy inician como programas públicos con grandes objetivos.

Si queremos lograr escuelas realmente de calidad, accesibles a todos los alumnos, sus maestros y sus familias; que sean un lugar en donde se pueda hacer ejercicio o practicar un deporte, es necesario alinear los contenidos de la Ley General de Educación y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa con esta nueva realidad que se construye cotidianamente en las los espacios educativos de nuestro país.

De esta manera, se hace necesario incluir en el marco legal educativo, la obligación del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y municipales, por asegurar el libre acceso a los centros educativos y dotarlos de las mejores condiciones para realizar actividades físicas y practicar deportes de una manera segura y en instalaciones dignas.

Por ello, se propone reformar la fracción II del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley General de Educación a fin de que el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, sean los encargados de regular que tanto los espacios educativos privados como públicos cuenten con condiciones de libre acceso para personas con discapacidad.

Nuestra Constitución con la reforma, en el año de 201, de los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y la adición de la fracción XXIX-P al artículo 73, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

De esta manera, queda garantizado el pleno derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, sin importar sus condiciones de discapacidad.

En materia reglamentaria, Ley General de Educación (LGE) en su reforma del 20 de mayo de 2014, estableció en su artículo 7, fracción IX, como uno de los fines de la educación estimular la educación física y la práctica del deporte. De la misma manera, el artículo 14, fracción IX, del mismo ordenamiento, establece como atribuciones concurrentes de la federación y las autoridades locales fomentar y difundir actividades físico-deportivas en todas sus manifestaciones. Sin embargo, no se toma en cuenta las barreras físicas a las que se enfrentan aquellos niños con alguna discapacidad.

El artículo 55 de este ordenamiento general, determina que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: I) con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; II) con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine; y III) con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

El párrafo segundo del artículo 59 de la LGE, prevé que en el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Por lo tanto, esta iniciativa propone las siguientes reformas a los artículos en comento:

Por otro lado, la presente iniciativa, propone reformar los artículos 6, 7, 11 y el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General de Infraestructura Educativa a fin de que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, considere la creación de espacios para la realización de actividades físicas y la práctica de deportes en los espacios educativos públicos, con la participación de las autoridades locales, estatales y federales.

Se ha demostrado que la práctica de una actividad física o de algún deporte, es primordial para la salud, el control de sobrepeso, la generación de solidaridad de grupo y el aumento en la autoestima de nuestros niños y jóvenes.

El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo así que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y se establece como obligaciones del Estado su promoción, fomento y estímulo.

Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, conforme cifras de la UNICEF. Además, según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta un sobrepeso y obesidad.

Resulta a todas luces necesario que los espacios educativos cuenten con espacios dignos que promuevan la actividad física y la práctica de algún deporte si es que queremos que nuestros centros escolares se transformen en verdaderos espacios de cambio.

Debemos construir el andamiaje jurídico que permita el sano desarrollo de los educandos, así como contar con instalaciones adecuadas para que puedan tener actividades físicas de ejercicio dentro de las escuelas.

El 1 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la cual norma los elementos que intervienen en el diagnóstico, la planeación y evaluación de los espacios educativos en términos de calidad y con una organización administrativa que a nivel nacional oriente y apoye las acciones de los distintos niveles de gobierno.

También se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo técnico cuya función está encaminada a formular el programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa en las entidades federativas, órgano que contribuirá a mejorar las condiciones de funcionalidad de la infraestructura física educativa del país en beneficio de los educandos.

Con la publicación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se abrogó la Ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 1944, organismo descentralizado del Gobierno Federal que tenía por objeto organizar, dirigir y llevar a cabo los programas federales de construcción, equipamiento y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación en general, ley que facultó a la Secretaría de Educación Pública para que llevara a cabo la construcción de escuelas en todo el territorio nacional mientras durara el estado de emergencia en que se encontraba el país.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, es el órgano asesor encargado de emitir la normatividad y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional.

Asimismo, tiene como funciones crear, actualizar y mantener de manera permanente, en coordinación con las autoridades locales, un sistema de información del estado físico de las instalaciones que conforman la infraestructura educativa y certifica en todo el país su la calidad.

El Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa debe ser un órgano articulador de los esfuerzos del Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales en esta materia, generando sinergias que permitan reconocer y atender necesidades resultantes de un desarrollo desequilibrado en nuestro país y en sus regiones.

Por su parte, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE), en el artículo 9, prevé el cumplimiento de diversos requisitos para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, como: las licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso, el certificado, que garantizan el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable.

Respecto de la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, mandata que se demuestre además el cumplimiento de las obligaciones en materia de infraestructura señaladas en los artículos 55, fracción II, y 59 de la Ley General de Educación.

El artículo 11 de la LGIFE, obliga a las autoridades responsables a que en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa se cumplan con las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas.

Asimismo, obliga a garantizar la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; y a asegurar la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes reformas:

Como puede observarse, tanto en la Ley General de Educación expedida en 1993, como la Ley General de la Infraestructura Física Educativa de 2008, no se encuentran alineadas transversalmente con otros ordenamientos generales que han otorgado derechos exigibles a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Resulta pertinente entonces, proponer reformas que contemplen en el marco jurídico educativo temas como el derecho a la actividad física y el deporte, y la creación de condiciones de libre acceso y uso de espacios educativos en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforman la fracción II del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley General de Educación; y los artículos 6, 11 y el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General De Infraestructura Educativa

Artículo Primero. Se reforman la fracción II del artículo 55 y el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas, accesibilidad para discapacitados, y para la activación física y la práctica del deporte que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III.

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y para la práctica del deporte que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, 11 y el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General de Infraestructura Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

...

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, y las leyes en la materia de las entidades federativas, especialmente respecto a garantizar accesibilidad universal a personas con discapacidad y realizar ajustes razonables a las barreras arquitectónicas que representen los espacios de la INFE. Asimismo, se garantizarán la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; y de un área destinada para la activación física y la práctica del deporte, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 16. ...

...

El instituto estará encargado de emitir la normatividad y los lineamientos técnicos relacionada a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan los organismos que para este fin se encuentren establecidos en los gobiernos de las entidades federativas.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública contará con 180 días hábiles para la publicación de los lineamientos en materia de áreas destinadas a la práctica de algún deporte.

Tercero. Las instituciones educativas del estado, sus organismos descentralizados y los particulares que impartan educación inicial, tendrán un plazo de 360 días hábiles, para que sus instalaciones cuenten con áreas destinadas a la práctica de algún deporte.

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Mayo 18 de 2016.)

Que reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo y previsión social, recibida de las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

Las suscritas, Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción V, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hombres, con la finalidad de llegar a incidir en la arraigada percepción de los roles de género, particularmente en aquellos que se desarrollan en torno al cuidado del hogar y de los hijos.

De igual forma un tercer factor al que se pretende alcanzar, es incidir en una de las grandes barreras que definen la propia contratación de mujeres y el crecimiento laboral que pueden llegar a tener dentro del ámbito profesional, siendo únicamente su calidad de mujer la causa que define ambas circunstancias.

El escenario laboral al que las mujeres deben de enfrentarse se encuentra marcado por una evidente desigualdad, ya que las oportunidades reales de trabajo para una mujer se ven por debajo de las que pueden llegar a tener los hombres, incluidas las fuentes de trabajo, calidad de empleo, y en la retribución económica así como de prestaciones. Todo lo anterior a pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., primer párrafo, se encuentra claramente establecido que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley.”

Incluso donde la igualdad de género se encuentra plenamente respaldada por un gran marco jurídico especializado internacional, como es el caso de los tratados internacionales de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Declaración de Beijing, la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, así como aquellos convenios y recomendaciones con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades entre trabajadoras y trabajadores.

Si en verdad se anhela con una sociedad donde exista una igualdad entre hombres y mujeres, debe ser fundamental identificar, atender y corregir y aquellas políticas que se han instalado en el colectivo social a causa de estereotipos “naturales” y roles de género.

Por lo que es necesario ir construyendo un mejor escenario para las mujeres, el cual debemos reconocer ha sido un proceso de grandes logros, aunque también lamentablemente se ha caracterizado por un desarrollo no tan acelerado como la igualdad de género lo requiere, ya que las condiciones de igualdad entre mujeres y hombre todavía se encuentran marcadas por una brecha socioeconómica.

Actualmente pueden ser distinguidos “cuatro principales brechas o condicionamientos socioeconómicos que requieren alcanzar igualdad sustantiva de género: I) los ingresos y las pensiones; II) el empleo y la ocupación; II) los estándares de seguridad social, y IV) toda otra forma de discriminación socioeconómica en diferentes niveles: individual (en la esfera de lo privado), así como, municipal, estatal y nacional en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (en la esfera de lo público)”1

Por otro lado la nueva conformación y concepción de la familia hace inminente una mayor participación de los hombres en las labores del hogar y del cuidado de los hijos, por lo que será esencial “involucrar a los hombres en la fórmula de colectivización de las labores del hogar y del cuidado de los dependientes- siendo ellos quienes- se verán directamente beneficiados con políticas fuertes de flexibilización de horarios, licencias de paternidad, guarderías y valorización del trabajo doméstico”2

Segundo. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la OIT a mediados del año 2000, tuvo como objeto velar por las condiciones de vida e igualdad de las mujeres, en particular de aquellas que se encuentren como parte de la fuerza laboral de los Estados Miembro.

En dicha conferencia fue revisado y reafirmado el convenio sobre la protección a la maternidad (C183), instrumento que además de establecer los principios y derechos sobre protección de la salud, prestaciones, de protección del empleo y no discriminación, también menciona respecto a la licencia de maternidad, ya que en su artículo 4 primer párrafo señala que el tiempo que debe ser otorgado no debe ser menor al de 14 semanas.3

Realizando una simple comparación, respecto al tiempo que se encuentra constitucionalmente establecido como licencia de maternidad en nuestro país, podemos concluir que existe una diferencia de dos semanas menos a la recomendación hecha por la Organización Internacional del Trabajo, ya que el artículo 123 fracción V del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que las mujeres “gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo”.4

Tercero. Precisamente una de las razones que han permitido que las mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad laboral, y que puede ser corroborado con la falta de oportunidades dignas de trabajo, así como los salarios que se encuentran rezagados en comparación con lo que perciben los hombres, es la constante aplicación de roles y estereotipos que tradicionalmente se le han asignado a la mujer y a los hombres, específicamente aquellos relacionados con el cuidado y atención del hogar y de los hijos.

“En México se incumple la garantía relativa a que a trabajos iguales, corresponden salarios iguales. El caso más notorio es el relativo a los directivos de todos los sectores, entre quienes el promedio salarial por hora trabajada alcanza los 95.2 pesos, frente a 81.2 pesos para las mujeres.”5

La vulnerabilidad anteriormente mencionada se convierte en algo impensable cuando actualmente las mujeres que se encuentran dentro de la población económicamente activa representan una mayor escolaridad que la que tienen los hombres (10 grados frente a 9,4 grados de escolaridad) 6 pero esta condición de ventaja no se mantiene cuando son jefas de hogar ya que sus grados de estudio disminuyen considerablemente.

Aunado a lo anterior habría que considerar que una tercera parte de los hogares en México tienen como jefe de hogar a una mujer. Inegi revela que hemos llegado a 32.27 millones de hogares de los cuales, 8.53 millones tienen como jefa a una mujer, y de estos 1.31 millones labora en la informalidad,7 situación que coloca a las mujeres en una evidente vulnerabilidad.

Cuarto. El departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad y el de Servicio de Género, Igualdad y Diversidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), llevó a cabo la investigación denominada “La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, 2014”, donde de 185 países y territorios que fueron estudiados respecto a la licencia de maternidad, se encontró que: “el 53 por ciento (98 países) cumple con la norma de la OIT de la licencia de 14 semanas como mínimo; 42 países cumplen o superan la licencia propuesta de 18 semanas; 60 países conceden una licencia de entre 12 y 13 semanas, inferior a la duración prevista en el Convenio núm. 183 pero en consonancia con los Convenios anteriores; solo el 15 por ciento (27 países) concede menos de 12 semanas”.8

Respecto a la licencia de paternidad y licencia parental se desprenden los siguientes elementos fundamentales:

“Las disposiciones relativas a la licencia de paternidad son cada vez más habituales y reflejan la evolución de la visión de la paternidad. El derecho obligatorio a la licencia de paternidad rige en 78 de los 167 países sobre los que se disponía de información. En la mayoría de ellos (70), la licencia es remunerada; ello pone de manifiesto la tendencia a una mayor participación de los padres en torno al nacimiento.

En 66 de los 169 países estudiados, había disposiciones relativas a la licencia parental; sobre todo, en las Economías Desarrolladas, Europa Oriental y Asia Central y muy rara vez en otras regiones.

Lo habitual es que la licencia parental se ofrezca como derecho compartido, y son las mujeres quienes principalmente hacen uso de la misma. El índice de utilización de la licencia por parte de los hombres es bajo, en especial si la licencia no es remunerada.”9

Quinto. A manera de ilustrar la situación en que se encuentran las mujeres y que claramente las coloca al frente del cuidado del hogar y de los hijos, se presentas los siguientes datos que resultan relevantes al respecto, la publicación “Los Invisibles 2014. Las niñas y los niños de 0 a 6”, resalta un panorama no muy alentador para las madres en México ya que 8 de cada 1010 casos la mamá es la única responsable del cuidado infantil; esto aunado a que gran parte de las mamás son niñas el 12% de las mujeres entre 15 y 19 ya tienen un hijo; y donde el nivel educativo del 50% de las madres con hijos recién nacidos se coloca por debajo de la secundaria.

Sexto. A pesar de existir un incremento tanto de la presencia de las mujeres en la fuerza laboral así como de los derechos y prestaciones a las que pueden acceder laboralmente, esta tendencia global puede ser únicamente observable de manera clara en países que presentan un gran desarrollo económico, mientras que en los Estados en vías de desarrollo requieren de un nuevo marco y disposiciones jurídicas, donde estos puedas ser eficientemente aplicados, y permitan mejorar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hombres.

Para llevar a cabo lo anterior, la propia Organización Internacional del Trabajo ha llegado a recomendar la necesidad de diseñar y aplicar instrumentos que protejan la maternidad, a través de una “conciliación” entre el trabajo y la familia, donde los Estados miembro deben de “adoptar y aplicar leyes y políticas incluyentes, para lograr la protección efectiva, [...] prevenir y eliminar la discriminación contra las mujeres y los hombres con responsabilidades familiares, [...] diseñar políticas de protección de la maternidad y de conciliación de la vida laboral y familiar, para lograr la igualdad de género sustantiva” así como “abordar la maternidad, la paternidad y el cuidado como responsabilidades colectivas”11

De forma particular el reporte anteriormente citado propone promover una distribución equitativa de las responsabilidades familiares a lo interno de los hogares, entre mujeres y hombres, así como dos elementos claves: hacer de la maternidad y la paternidad elementos fundamentales en los programas de protección social y, crear una cultura favorable en el lugar de trabajo. Este último se refiere a que la calidad de maternidad y paternidad que adopten las mujeres o los hombres, sea considerada por la sociedad de forma natural, permitiendo mejorar la relación y condición laboral de las personas con la propia familia.

De forma similar el informe “Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las Economías para Realizar los Derechos” por parte de ONU Mujeres, propone en uno de sus ejes centrales el reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, colocando sobre este eje la propuesta de alcanzar una igualdad sustantiva para las mujeres por medio de un sistema integral de licencias remuneradas de maternidad, paternidad y parentales, siendo fundamental que los padres asuman el papel que les corresponde en las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, actividades que principalmente no son remuneradas.12

Séptimo. Es fundamental hacer énfasis en que la licencia de paternidad no debe ser concebida como un simple periodo de descanso vacacional, o de una etapa parental enfocada a crear un vínculo más cercano entre padre e hijo,13 sino que el objetivo principal de este tipo de licencias y que se ha tratado de dar a conocer en la presente iniciativa es, redistribuir las actividades no remuneradas que se realizan tanto en el cuidado de los hijos como en las del hogar, así como eliminar grandes barreras laborales a las que deben enfrentarse las mujeres.

“El hecho de consagrar en la legislación nacional un derecho legal a la licencia de paternidad sería un indicador del valor que la sociedad atribuye al trabajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y propiciaría la igualdad de género.”14

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Por el que se reforma la fracción V, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y ocho semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

Los hombres gozarán de un descanso obligatorio otorgado por los patrones por el nacimiento de sus hijos de al menos cinco días anteriores, y veinte días posteriores al parto.

Las modalidades de la licencia de maternidad y paternidad estarán establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente decreto.

Notas

1 ¿Igualdad sustantiva de género en México? Parte I, Animal Político, Carmina Borja, diciembre 25, 2014, www.animalpolitico.com

2 El matrimonio igualitario y la(s) agenda(s) feminista(s), DSYR CIDE Inter(sex)iones, Luz Helena Orozco, julio 7 de 2015, www.animalpolitico.com

3 C183- Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre la protección dela maternidad (revisado) 1952 (Entrada en vigor: 07 febrero 2002) www.ilo.org

4 Es de mencionar que en acuerdos y convenios anteriores de la OIT se encontraba contemplado el número de 12 semanas como tiempo mínimo para la licencia de maternidad, pero el desarrollo por mejorar las condiciones de igualdad así como laborales de las mujeres, se ha dado una serie de recomendaciones donde señalan el incremento a 14 semanas incluso a una ampliación mínima de 18 semanas véase la R191- Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 191).

5 La inequidad y el mundo laboral, México Social, 1º enero 2016, www.mexicosocial.org

6 Ibídem. Con datos de la ENOE, I Trimestre 2015, indicadores por género www.inegi.gob.mx

7 La inequidad y el mundo laboral, México Social, 1º enero 2016, www.mexicosocial.org

8 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org

9 Ibídem.

10 Los Invisibles 2014. Las niñas y los niños de 0 a 6, Mexicanos Primero.

11 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org

12 El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las Economías para Realizar los Derechos, 2015 ONU Mujeres, www.progress.unwomen.org

13 Sobre este tema la constitucionalista y especialista en temas de derechos fundamentales y equidad de género, Geraldina González de la Vega, hace un gran reflexión al respecto en uno de sus artículos publicados respecto a licencias de paternidad donde se comparte la opinión respecto que “la licencia no es una vacación para ver al recién nacido, la licencia tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos” “#Reforma Laboral: La licencia de paternidad, un tema importante” Animal Político, 28 de septiembre 2012, www.animalpolitico.com

14 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT, 2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de mayo de 2016.

Diputadas: Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo García (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de 2016.)

Que deroga la fracción XXVII Bis del artículo 132, modifica el nombre del título quinto, se derogan las fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170, se reforma el artículo 172, se adiciona el capítulo I al título quinto y se recorren los artículos subsecuentes de la Ley Federal del Trabajo, recibida de las diputadas Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

Las suscritas, Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo García, Diputadas Federales integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXVII Bis del artículo 132, modifica el nombre del Título Quinto, se derogan las fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170, se reforma el artículo 172, se adiciona el Capítulo I al Título Quinto y se recorren los artículos subsecuentes, de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Las políticas orientadas a la corresponsabilidad y a la distribución igualitaria de las tareas de cuidado son un eje fundamental para avanzar hacia sociedades con mayor igualdad de género. Sin embargo, dichas políticas no son suficientes.

II. La licencia de maternidad y paternidad son dos políticas públicas útiles en la conciliación de la vida laboral y la doméstica de hombres y mujeres. Estas medidas se han adoptado buscando no solamente subsanar las brechas de género provocadas por una cultura que ha privilegiado el espacio público para los hombres, mientras que el privado –con sus consecuentes responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos- ha sido asignado desde las sociedades tradicionales y patriarcales, a las mujeres. El Estado ha sentado en las últimas décadas las bases para institucionalizar ambas políticas con el fin de -eventualmente- provocar cambios culturales en la sociedad que se traduzcan en nuevos esquemas de corresponsabilidad y ejercicio de los derechos para los hombres y las mujeres.

III. La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hombres, con la finalidad de llegar a incidir en la arraigada percepción de los roles de género, particularmente en aquellos que se desarrollan en torno al cuidado del hogar y de los hijos. De igual forma incidir en una de las grandes barreras que definen la propia contratación de mujeres y el crecimiento laboral que pueden llegar a tener dentro del ámbito profesional, siendo únicamente su calidad de mujer la causa que define ambas circunstancias.

IV. Es fundamental hacer énfasis en que la licencia de paternidad no debe ser concebida como un simple periodo de descanso vacacional, o de una etapa parental enfocada a crear un vínculo más cercano entre padre e hijo,1 sino que el objetivo principal de este tipo de licencias y que se ha tratado de dar a conocer en la presente iniciativa es, redistribuir las actividades no remuneradas que se realizan tanto en el cuidado de los hijos como en las del hogar, así como eliminar grandes barreras laborales a las que deben enfrentarse las mujeres. “El hecho de consagrar en la legislación nacional un derecho legal a la licencia de paternidad sería un indicador del valor que la sociedad atribuye al trabajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y propiciaría la igualdad de género.”2

V. En México, como en todo el mundo, se han establecido legislaciones que tienen por objeto proteger a las mujeres y hombres en los ámbitos laborales. Sin embargo, la brecha entre géneros es en extremo visible en la materia.3 Nos referimos a salarios asimétricos, dobles o triples jornadas, acoso sexual, entre otras cosas las que tienen que soportar las mujeres en los trabajos, sino que también el hecho de que su calidad de mujeres sea la razón de esa discriminación.

El derecho laboral vigente en México, sin embargo, no ha podido reflejar la realidad social del país, lo que hasta la fecha imposibilita la protección y garantía del ejercicio de la maternidad y paternidad, toda vez que las medidas tendientes a otorgar y garantizar el goce de estos derechos no son funcionales a la luz de las dinámicas sociales modernas, por lo que como políticas públicas han fallado en reflejar las necesidades de su población objetivo.4

Esto último se ha hecho evidente en dos hechos principalmente, la baja tasa de lactancia materna en México, que duramente supera al 14 por ciento del total de mujeres en condiciones de amamantar,5 y los altos índices de discriminación laboral hacia las mujeres por encontrarse embarazadas,6 que según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) colocan a la maternidad como el principal motivo de discriminación para las mujeres en el ámbito laboral, ya sea para ingresar a un empleo o de permanecer en éste.7

VI. Las mujeres son soporte fundamental de la familia, contribuyen con sus actividades al bienestar de la misma y al desarrollo de la sociedad, por lo que la maternidad y el papel que éstas realizan en la procreación de los hijos no deben ser causa de su discriminación. La Observación General número 18 del Comité DESC, en el marco de las Naciones Unidas señala que “los embarazos no deben constituir un obstáculo para el empleo ni una justificación para la pérdida del mismo”.8 y 9

VII. El empleo representa para cualquier persona una fuente de desarrollo en el ámbito individual, cultural, social y económico, lo que implica por lo tanto, un medio de realización personal. El Banco Mundial señala que el empleo, representa una transformación, al menos, en tres dimensiones: a) nivel de vida, b) productividad, y c) cohesión social.10

VIII. La violencia laboral que viven las mujeres en México vulnera su situación económica y con ello la de las personas que dependen de su ingreso. Las afectaciones se incrustan en un esquema de discriminación interseccional, en el que confluyen otros elementos como pobreza, nulo acceso a oportunidades de desarrollo profesional y personal, entre otros; mismos que contribuyen negativamente en el acceso a garantías como lo son servicios de salud pública y gratuita, y que por ende propician condiciones de mayor vulnerabilidad a las mujeres durante el parto y puerperio.11

IX. Las prestaciones laborales más importantes para las madres trabajadoras en México se reducen a la protección de la salud de la madre y su hijo durante la gestación; un periodo pre y posparto de doce semanas con goce de sueldo; el periodo posparto sin goce de sueldo (desde las seis semanas después del parto hasta el cumplimiento del primer año de vida del infante), así como a la no discriminación por embarazo, la cual incluye la prohibición expresa de exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Estos derechos nacieron como resultado de la lucha feminista y debido a la incorporación de las mujeres al campo laboral; sin embargo, en la actualidad, en las sociedades desarrolladas estos derechos se han expandido hacia el derecho que le asiste a los varones como resultado del ejercicio de su paternidad y en muchos casos se han transformado en derechos laborales para las familias y no ligados a las mujeres.”12

X. La desigualdad entre los permisos de padres y madres para la atención infantil (llámense de paternidad, de maternidad o parentales) es una pieza clave en todo el engranaje que consolida las desigualdades entre hombres y mujeres. Esta importancia se deriva de que los permisos inciden en ese momento crucial en el que se instalan los roles de género en el seno de la pareja, se conforman (o no) las relaciones de apego con un recién nacido y se ofrece un determinado modelo al resto de los niños/as de la familia y del entorno.

XI. La Organización Internacional del Trabajo señala sobre las licencias de paternidad, que las investigaciones indican una relación entre la licencia del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares, y el desarrollo infantil. Los padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de interactuar con sus hijos/as pequeños/as.13

Diversos estudios señalan que la licencia para los padres es más habitual en las Economías Desarrolladas, África y Europa Oriental, y Asia Central, lo que sitúa a América lejos de los estándares de protección y goce de la paternidad.14

XII. “Los 10 países con mayor igualdad de género son Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Nicaragua -único país de Latinoamérica y el Caribe- Ruanda -único país de África y recién incorporado en 2014-, Irlanda, Filipinas y Bélgica. A lo largo de 9 años en los que el Foro Económico Mundial ha hecho la medición de las brechas de oportunidades entre hombres y mujeres en los distintos países del mundo, algunos han permanecido entre los 10 mejores lugares y otros se han movido de manera sorprendente, como es el caso de Nicaragua que en 2006 se encontraba en el lugar 62 -incluso llegó a estar en el lugar 90 en 2007- hasta ocupar el sexto lugar en 2014. Por otro lado, los países que se han mantenido dentro de los 10 mejores lugares a lo largo de los 9 años de medición son los nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Esto se debe a que dichos países tienen una larga tradición en el fomento de la igualdad de género.”15

Consideraciones

I. Que con la reforma constitucional de 2011, la discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil quedó expresamente prohibida en todo México. Asimismo, es de destacar que el artículo 4o. de la Carta Magna garantiza la igualdad entre mujeres y hombres.

II. Que la igualdad laboral está fundamentada en el artículo 5o. constitucional, donde señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode” y debe entenderse en tres modalidades principales, las oportunidades, el trato y el pago.

III. Que desde un enfoque de derechos humanos la negación del trabajo a una mujer por encontrarse embarazada atenta contra su derecho al trabajo y a no ser discriminada, ya que dicha condición forma parte de la identidad femenina y no puede ser motivo de diferenciación en perjuicio de sus derechos laborales.

IV. Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, toda distinción por condición de embarazo que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas es un acto discriminatorio.

V. Que la igualdad de oportunidades es el derecho de hombres y mujeres a exigir trabajo bajo condiciones equitativas, sin menoscabo de su clase social, edad, estado civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y siempre dignificando su calidad de persona.

VI. Que el artículo 2, párrafo 2, de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajo digno es “aquel en el que (...) no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil”. El mismo artículo señala en los párrafos 4 y 5 que la igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabajadores frente al patrón, y que ésta se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, que supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.

VII. Que en el ámbito internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que México suscribió y ratificó, señala en el artículo 11, numeral 1: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular”. El inciso f, numeral 2, del mismo artículo indica: “A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para...Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales”.

El artículo 12 de la citada convención señala en el numeral 2: “Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto...”.

VIII. Que el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social, ratificado por México establece que “la obligación de brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora debe cubrir cualquier contingencia, cualquiera que fuere su causa, durante el embarazo”, y que la asistencia médica deberá comprender por lo menos:

a) La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

IX. Que México tienen pendiente como Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, adherirse al Convenio 183 de ésta, por el que establece medidas de avanzada en la protección de las mujeres embarazadas en sus trabajos.16 En este se establece un mínimo de 14 semanas de prestaciones de maternidad· para las mujeres a las que se aplica el instrumento.17

El convenio dispone que los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo, y establece la protección contra la discriminación basada en la maternidad.

La norma prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia.

Se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

Si México reforma desde ahora sus ordenamientos legales, una vez que el Convenio sea ratificado, no será necesaria una nueva discusión sobre el tema.

X. Que el pasado 15 de diciembre de 2015, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura en un ejemplo de solidaridad con la mejora y perfeccionamiento de un marco jurídico que garantice la protección de las mujeres durante la maternidad, aprobó un Punto de Acuerdo suscrito por la Diputada Federal Claudia Sofía Corichi García por el que se asentaron los siguientes resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. Así mismo, esta Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República, para que una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.

XI. Que durante la reunión de líderes globales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, encabezada por los cuatro países sede de las Conferencias Internacionales de la Mujer (México, Dinamarca, Kenia y China), junto con ONU-Mujeres, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, compartió que se haría promoción a una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres para mejorar la distribución de la carga del trabajo en el hogar; y se intensificarían las acciones para prevenir la violencia en contra de las mujeres, el embarazo en adolescentes y la mortalidad materna; por lo que este anuncio refuerza el compromiso de México con garantizar el goce de plenos derechos a las mujeres.

XII. Que durante la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, se adoptó el Consenso de Quito , en cuyo numeral 25, inciso xiii) se acordó: “Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean condiciones propicias para la participación política de la mujer en toda su diversidad.

XIII. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, establece los requisitos para obtener la certificación y el emblema que comprueban que las prácticas laborales de las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales entre mujeres y hombres.

La norma incluye indicadores, prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; asimismo, busca la igualdad y la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado con capacitación, con seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres. Uno de los reactivos que contiene dicha norma es “Contar con el esquema de licencia de paternidad” y entre las evidencias de dicho reactivo está la: creación de estrategias, difusión y promoción de la participación masculina en el cuidado y educación de los hijos.

Lejos de las medidas unilaterales adoptadas por algunos gobiernos locales y estatales,18 en México las licencias de maternidad y paternidad permanecen muy por debajo de los estándares internacionales y de derecho comparado. La Cámara de Diputados en el marco de su compromiso con la igualdad de género y por la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos debe promover cambios positivos en la materia que coadyuven a materializar ésta ampliación y garantía del goce de derechos para padres y madres. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado sometemos a consideración del pleno de esta H. Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Por el que se deroga la fracción XXVII Bis del artículo 132, modifica el nombre del Título Quinto, se derogan las fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170, se reforma el Artículo 172, se adiciona el capítulo I al Título Quinto y se recorren los Artículos subsecuentes, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. ...

...

XXVII Bis. Se deroga

Titulo Quinto
Protección en la Maternidad

Artículo 170. ...

...

II. Se deroga

II Bis. Se deroga

III. Se deroga

...

V. Se deroga

VI. Se deroga

VII. Se deroga

Artículo 172.En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener el mobiliario necesario, en condiciones óptimas y a disponibilidad, para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres trabajadoras durante la gestación o lactancia.

Capítulo I
Licencias de maternidad y paternidad

Artículo 173. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito establecer los lineamientos sobre los que las mujeres u hombres trabajadores podrán acceder a las licencias de maternidad o paternidad.

Artículo 174. La licencia de maternidad comprenderá de un descanso obligatorio otorgado por los patrones a las mujeres trabajadoras embarazadas de al menos catorce semanas.

I. Se deberán tomar al menos, cuatro semanas anteriores y seis posteriores del parto. En caso de que la trabajadora no haya gozado de las catorce semanas obligatorias, al término de las seis posteriores al parto, podrá optar por solicitar el goce de las semanas restantes hasta cuatro meses después del alumbramiento.

Los períodos de descanso a que se refiere esta Fracción se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que las trabajadoras se encuentren imposibilitadas para laborar a causa del embarazo o del parto.

II. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta doce semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Posterior a las seis semanas obligatorias podrá por solicitar el goce de las semanas restantes hasta seis meses después del alumbramiento.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora y del hijo.

II Bis. En caso de fallecimiento del hijo, la trabajadora podrá gozar de las seis semanas de descanso a las que se refiere la Fracción I de este Artículo.

III. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de ocho semanas con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban.

IV. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción I, las trabajadoras percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción II, tendrán derecho al ochenta por ciento de su salario en los términos que establece este Artículo.

V. Las trabajadoras tendrán derecho a regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y

VI. A que se computen en su antigüedad el tiempo que dure la licencia de maternidad.

Artículo 175. La licencia de paternidad comprenderá de un descanso obligatorio otorgado por los patrones a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos, de al menos cinco días anteriores y veinte días posteriores al parto.

I. Los trabajadores tendrán al menos diez días consecutivos de descanso posteriores al parto. Los días restantes de descanso deberán ser otorgados a los trabajadores a solicitud de éstos dentro de los primeros cuatros meses de vida del recién nacido, y no podrán superar los cuatro días por mes. Los trabajadores deberán haber gozado de los veinticinco días que señala este artículo al cumplirse los primeros cuatros meses de vida del recién nacido.

II. En caso de que no haya gozado de los cinco días anteriores al parto, podrá solicitar el goce de los mismos hasta cuatro meses después del alumbramiento.

III. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta seis semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente, dentro de los cuatro primeros meses después del alumbramiento.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la madre y del hijo.

III Bis. En caso de fallecimiento del hijo, el trabajador podrá gozar de los veinte días de descanso a los que se refiere este Artículo.

IV. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de hasta veinticinco días con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban.

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere este Artículo los trabajadores percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción II, tendrán derecho al ochenta por ciento de su salario en los términos que establece este Artículo.

VI. Los trabajadores tienen derecho a que se computen en su antigüedad el tiempo que dure la licencia de paternidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de mayo del 2016.

Diputadas Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo García (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de 2016.)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias a fin de desahogar el dictamen de la Sección Instructora relativo al requerimiento para la declaración de procedencia contra Lucero Sánchez López, presentada por Omar Ortega Álvarez, en nombre propio y de Francisco Martínez Nery, diputados del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII legislatura, con fundamento en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como decimotercero del acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al segundo receso del primer año de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Diputados a sesiones extraordinarias, para desahogar el dictamen de la Sección Instructora relativo al requerimiento para la declaración de procedencia, en contra de la ciudadana Lucero Sánchez López, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Poder Legislativo es el órgano del Estado que ostenta la máxima representación popular. Además de generar las normas con rango de ley, ejerce funciones de control y fiscalización del gobierno, así como facultades jurisdiccionales en el caso de las responsabilidades de los servidores públicos. En el caso de la Cámara de Diputados, tiene a su cargo funciones exclusivas, como la señalada en el artículo 74, fracción V, que es la de declarar si ha o no lugar, a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito, en los términos del artículo 111 de la Carta Magna.

La declaración de procedencia es la instancia que se sigue ante la Cámara de Diputados por la que se determina si el servidor público que goza de inmunidad procesal, es presunto responsable de la comisión de un delito y como tal, se le debe retirar esa prerrogativa para poderlo someter a la jurisdicción y competencia de un juez a fin de que le imponga la pena que en derecho le corresponda.

El 1 de marzo, la Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados la realización de un juicio de procedencia para retirar el fuero a la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, por la falsificación de documentos oficiales y su posible participación y nexo con la delincuencia organizada.

Según el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en este caso, por imputarse un delito federal, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público federal o del órgano jurisdiccional respectivo.

El 10 de marzo, en sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora, que está facultada para resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, juicio político y declaración de procedencia a servidores públicos.

La Sección Instructora tiene a su cargo las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de querella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Con base en estos elementos la Sección Instructora debe emitir un dictamen que presenta al pleno de la Cámara de Diputados para su votación.

El dictamen respectivo se aprobó por unanimidad en reunión de la Sección Instructora, el 11 de mayo pasado. Ese mismo día fue entregado a la Mesa Directiva.

De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus artículos 25, 26 y 27, se debe convocar a la Cámara de Diputados para que se erija en jurado de procedencia y sea sometido dicho dictamen a discusión y votación en el pleno.

Al no estar reunida la Cámara de Diputados, por estar en curso el segundo receso de este primer año legislativo, se abre la posibilidad de que dicha Cámara sea convocada a un período de sesiones extraordinarias para votar dicho dictamen.

Esto significa que de manera inminente se debe solicitar a la Comisión Permanente a convocar a dicha sesión. La convocatoria debe señalar el objeto de las sesiones, y no podrá abordarse ningún otro, como dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 67 y 78.

Como se señaló, el juicio de procedencia (desafuero) sólo compete a la Cámara de Diputados, por lo que la convocatoria sólo sería a esta soberanía.

Es importante señalar que la convocatoria a este período extraordinario debe sujetarse a los términos marcados por la ley. A diferencia de otras propuestas u otras temáticas, en el caso en comento ya se cuenta con un dictamen entregado a la Mesa Directiva.

El procedimiento legal indica que una vez entregado el dictamen de la Sección Instructora a la Mesa Directiva (el miércoles 11 de mayo pasado), el presidente de la Cámara anunciará que ésta debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber a la inculpada y a su defensor, así como al Ministerio Público (artículo 26).

La ley remite en el artículo 27 al procedimiento que marca el artículo 20, que a su vez nos remite al 18, en donde se indica que “la Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes” (énfasis propio) a la entrega del dictamen.

El término a que se refiere el párrafo anterior ya se cumplió, y la única posposición que podría aceptarse sería esperar a que esta Comisión Permanente acuerde hacer la convocatoria al período extraordinario en cuestión.

La ley es clara cuando dice que “en ningún caso podrá dispensarse un trámite” de los establecidos en el procedimiento (artículo 32).

Esto implica que a los argumentos legales no se pueden anteponer intereses o situaciones particulares, sean políticas o de partido, al cumplimiento de la ley.

A los retrasos que se han tenido en la aprobación de otros temas, como los relativos a la legislación secundaria en materia del sistema nacional anticorrupción, no podemos añadir la posposición de una tarea jurisdiccional depositada en la Cámara de Diputados, cuyo cumplimiento no está sujeto a condicionamientos de ninguna naturaleza.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 4o., párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda convocar a la Cámara de Diputados para la celebración de sesiones extraordinarias, a efecto de que se aboque a la resolución del asunto urgente que se enuncia en el presente acuerdo.

Segundo. El periodo de sesiones extraordinarias iniciará el jueves 19 de mayo del presente año y concluirá una vez que se hayan resuelto los asuntos legislativos que establezca la convocatoria.

Tercero. La convocatoria que emita la Presidencia de la Mesa Directiva contemplará como asunto a resolver durante el periodo de sesiones extraordinarias, el dictamen de la Sección Instructora relativo al requerimiento para la declaración de procedencia, en contra de la ciudadana Lucero Sánchez López.

Cuarto. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias a fin de atender los asuntos previstos en el artículo tercero de este decreto.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.

Diputados: Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez (rúbricas)

(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Mayo 18 de 2016.)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Bicamaral de Seguimiento a las Acciones en Materia de Atención a la Violencia hacia las Mujeres, recibida de la senadora Martha Angélica Tagle Martínez en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016

La suscrita senadora Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 1 de febrero de 2007, gracias a la lucha de muchas mujeres y a su mayor presencia en el Congreso, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en la que se define la violencia contra las mujeres “como una respuesta al contexto de violencia que prevalecía en ese momento y a otros factores como la falta de información sistemática debido a que los criterios de registro son diversos sobre la misma y a que no había homogeneidad en la consideración sobre la violencia contra las mujeres... hechos flagrantemente violentos en contra de mujeres son desechados como tales por diversas instancias con el argumento de que podrían haberle ocurrido a cualquier persona mujer u hombre, sin distinción ni especificidad genérica, o se desechan esgrimiendo la edad, el oficio, la actividad o la calidad moral de la víctima o del agresor”.1

La LGAMVLV surgió de la inadmisible y grave prevalencia de diversas formas de violencia contra las mujeres y sentó las bases para que las entidades federativas legislaran en la materia.

Dada la complejidad de la problemática de la violencia su prevención, atención sanción y erradicación la LAMVLV es marco para definir políticas de carácter integral, multidisciplinario e interinstitucional, en particular cuando hablamos del nivel de atención, al respecto, en concordancia con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer que señalan la obligación de los Estados parte de “otorgar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de la creación de refugios o casas de acogida en donde se pueda brindar atención integral y servicios especializados para las víctimas”.

Además de armonizar instrumentos internacionales la LAMVLV fue de avanzada pues preveía la asignación de presupuestos necesarios para la operación del Sistema.

A casi 10 años de la publicación de la LGAMVLV surge la necesidad de revisar y replantear los mecanismos y medidas que establece.

Sobre todo ante el panorama de incremento de violencia contra las mujeres que se vive en el país.

El Observatorio Ciudadano de Violencia Feminicida ha documentado entre 2012 y 2013 a 3,892 asesinatos de mujeres.2 De estos casos, sólo 613 fueron investigados como feminicidios.3 60 de cada 100 mujeres declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, si hablamos de violencia económica , de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, dos de cada 10 mujeres en México han sufrido violencia económica; y el 3.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más violencia patrimonial ; las mujeres casadas o que alguna vez lo fueron son quienes más han sufrido este tipo de violencia (7.9 por ciento) . 4

En 2013 las tasas de defunciones por homicidio más altas se ubicaron entre 6 y 13 por cada 100 mil mujeres en Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos y Durango.

Las mujeres de 30 a 39 años están más expuestas a la violencia: 68 por ciento ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80 por ciento y el Estado de México 78 por ciento, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos un vínculo de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o más reciente pareja durante la relación.

De 2011 a 2015, “se registraron 7,060 mujeres desaparecidas o extraviadas... De estas mujeres, 1,170 desaparecieron en Tamaulipas, 1.007 en el Estado de México, 579 en Baja California, 549 en Nuevo León, 412 en Coahuila, 367 en Guanajuato, 333 en Puebla, 323 en Jalisco, 281 en Distrito Federal, 224 en Chihuahua, 218 en Michoacán, 206 en Sinaloa, 173 en Sonora, 154 en Guerrero, 148 en Hidalgo, 143 en Veracruz, 124 en Aguascalientes, 111 en Tabasco, 100 en Oaxaca, 99 en Querétaro, 72 en Quintana Roo, 54 en Campeche, 42 en Durango, 42 en Zacatecas, 40 en Morelos, 24 en Yucatán, 21 en Colima, 19 en Chiapas, 12 en San Luis Potosí, 7 en Tlaxcala y 2 en Baja California Sur”.5

Datos del INEGI, registran un mayor porcentaje de mujeres víctimas (respecto a hombres) de violación simple (82 por ciento), trata de personas (81 por ciento), abuso sexual (79 por ciento), violencia familiar (79 por ciento), violación equiparada (71 por ciento), otros delitos contra la familia (56 por ciento), y otros delitos contra la libertad y seguridad sexual (83 por ciento).6

Los feminicidios, la máxima expresión de violencia contra las mujeres, no son prevenidos, ni investigados, no hay acceso a la justicia para las víctimas, menos aún, se atienden las causas y consecuencias de esta violencia brutal en el tejido social y en la vida y seguridad de las mujeres y niñas.

El Sistema coordina diversas medidas y mecanismos de atención a la violencia entre ellos:

Vida sin Violencia a cargo de la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM te ofrece los servicios de la línea 01800 Háblalo (01 800 422 5256), cuenta con un chat de atención directa en tiempo real, en el Twitter @01800HABLALO o en el correo electrónico 01800hablalo@segob.gob.mx.

Los Centros de Justicia para las Mujeres CJM, se crean de conformidad con el Acuerdo 10/XXXI/11 de la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 31 de octubre de 2011, actualmente existen veintisiete centros en veinte estados de la República, el pasado 2 de mayo SEGOB anunció que por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a más a tardar en agosto de 2017, todas las entidades federativas deberán contar con por lo menos un Centro de Justicia para las Mujeres, la SEGOB ha asignado más de 790 millones de pesos del 2013 al2016 para su creación de los cuales 659 millones de pesos han sido destinados por el Secretariado Ejecutivo y 140 millones por la CONAVIM.7

Los CJM brindan atención psicológica, legal y médica, entre otras, en un proceso integral que comprende fases de prevención, atención, seguimiento y empoderamiento. Los Centros forman parte de una estrategia de seguridad ciudadana y derechos humanos que busca atender la problemática de la violencia de género y familiar. Se está trabajando en unificar y adecuar un Modelo único para la atención integral a las usuarias en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Los Refugios para mujeres violentadas y sus hijos e hijas, actualmente operan 72 de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. De ese universo, 44 refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR), una organización de la sociedad civil que desempeña un papel representante de los intereses de los refugios a nivel nacional, prevé espacios para el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y perspectiva de género.8

Como medida extrema para enfrentar y erradicar la violencia feminicida la LGAMVLV contempla la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), que contempla acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios, hasta el momento se han recibido 9 solicitudes de AVG, aunque solo se ha declarado en tres estados; para 11 Municipios de Estado de México, en 8 de Morelos y en el Municipio de Cajeme Sonora.

De abril de 2008 a 2015, la sociedad civil ha promovido 13 solicitudes de Alerta para 10 entidades del país (Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California); de 2008 a 2015 se han destinado entre 32 y 34 millones de pesos de las arcas públicas para la operación de la AVG.9

Pese a la diversidad de medidas no existe un mecanismo que les dé puntual seguimiento y permita la evaluación y monitoreo, no hay una verdadera coordinación, a nivel presupuestal intervienen diversas secretarías desde Salud, hasta Gobernación.

Las autoridades no han cumplido con todas sus obligaciones establecidas en las leyes. Se desconocen los resultados del ejercicio presupuestal de las dependencias encargadas de atender, prevenir y garantizar una vida sin violencias, principalmente de las instancias de justicia y seguridad pública, así como del poder judicial.

Desde el Legislativo como representación de los intereses de la ciudadanía tenemos la obligación de hacer todo lo que esté dentro de nuestro ámbito de acción para vigilar y garantizar que las mujeres vivan en un ambiente libre de violencias, para que exista una verdadera democracia.

En razón de lo anterior, y a 10 años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se considera necesaria la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Acciones en materia de Atención a la Violencia, que realice un balance y evaluación de la implementación de las medidas y mecanismos contemplados en la LGAMVLV, el ejercicio presupuestal, en suma el impacto que han tenido estas acciones en la vida de las mujeres, de manera que se cuente con información que permite generar propuestas para mejorar la Ley y garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo anteriormente expuesto, y en fundamento al numeral 3 del artículo 114 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para que en el marco de los 10 años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libres de Violencia, determine la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Acciones en materia de Atención a la Violencia contra las Mujeres.

La Comisión Bicameral tendrá entre otros los siguientes objetivos:

• La revisión del marco jurídico nacional relacionado con la violencia de género.

• La evaluación, revisión del cumplimiento de Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, contrastando resultados comprobables de los recursos asignados para prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres; de los recursos contra la pobreza, el hambre y la atención a salud sexual y reproductiva, con los impactos en la vida de las mujeres y las niñas.

• La vinculación, relación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos y otras instituciones especializadas en la temática, para analizar, difundir y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

• Promover la investigación, elaboración de estudios, foros y documentos que coadyuven a fortalecer la política de atención a la violencia.

• Dar seguimiento a la aplicación de las alertas de género, de las sentencias por feminicidios y de las sanciones a las autoridades responsables.

• Impulsar campañas sistemáticas y masivas para informar a las mujeres de sus derechos y publicitar los servicios disponibles para su atención.

Notas

1 Lagarde y de los Ríos, Marcela, “Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en línea] 2007, XLIX (Mayo-Agosto): [Fecha de consulta: 10 de mayo de 2016] Disponible en: ISSN 0185-1918

2 Demandan organizaciones declaratoria de alerta de género. Amnistía Internacional, En URL:

http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/04/29/organismos-de-la -sociedad-civil-exigen-al-estado-frenar-la-violencia-feminicida/

3 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

4 ¿Qué es violencia económica y cuántas mujeres la sufren en México?, EL Universal, 8 de marzo de 2016, en URL: http://www.dineroenimagen.com/2016-03-08/69839, fecha de consulta: 8 de marzo de 2016.

5 Informe sobre la situación de derechos humanos en México, CIDH, Marzo de 2016. En URL: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf página consultada 07 de marzo de 2016.

6 Ibídem.

7 Boletín No. 227/16 http://www.gob.mx/segob/prensa/a-traves-del-sesnsp-y-la-conavim-se-trab aja-en-un-modelo-unico-que-mejore-la-atencion-en-los-centros-de-justici a-para-las-mujeres-del-pais

8 Cecilia Toledo Escobar Cécile Lachenal, Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, documento PDF.

9 Sin ejercer más de la mitad del presupuesto para alerta de género.

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/07/05/
sin-ejercer-mas-de-la-mitad-del-presupuesto-para-alerta-de-genero/

Dado en la honorable Cámara de Senadores el 11 de mayo de 2016.

Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)


Actas

De la Comisión de Desarrollo Social, relativa a la reunión de junta directiva celebrada el miércoles 2 de marzo de 2016

A las 14:57 horas del 2 de marzo de 2016, en el salón F del edificio G, ubicado en la Cámara de Diputados con domicilio en avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza; se reunieron los diputados integrantes de la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Social; el diputado Javier Guerrero García, presidente de la comisión, solicitó se le informara del resultado del cómputo de asistencia, y al confirmar catorce integrantes de la comisión presentes; declaró el quórum correspondiente; acto seguido el presidente dio lectura al contenido del orden del día, la sometió a consideración de la asamblea y fue aprobada por unanimidad.

A continuación, y siguiendo el orden del día, el diputado Javier Guerrero García solicitó a las diputadas y los diputados si se omitía la lectura y si era de aprobarse el acta de la reunión celebrada el 10 de febrero de 2016; como resultado fue aprobada por la mayoría; en cuanto al desahogo del punto cuatro y cinco del orden del día, informó el diputado Javier Guerrero García que para la reunión ordinaria por celebrarse ese mismo día, 2 de marzo del presente año, se tendría la exposición con la ingeniera Paula Hernández Olmos, quien es coordinadora general de Prospera y el licenciado Jorge de Jesús Diez Sollano Elcoro, coordinador general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes); además comentó que se reprogramaría la reunión con la directora de Inaes, dejando a consideración de las diputadas y los diputados la fecha que consideren pertinente; para concluir el orden del día, en el punto de asuntos generales mencionó que existen dos temas importantes que plantearía en la reunión ordinaria:

1. El calendario de reuniones con los funcionarios; a lo cual puntualizó que sólo se llevaría a cabo la reunión con la licenciada Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional; ya que por el momento en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano aún no se ha designado a un titular; estando de acuerdo las diputadas y los diputados en que dicha reunión se lleve a cabo el 10 de marzo del presente año; en cuanto a Diconsa y Liconsa comunicó que la reunión sigue en pie, salvo que las diputadas y los diputados señalaran lo contrario.

2. El tema de los dictámenes, a lo que el diputado Javier Guerrero García, señaló que en la pasada reunión se votaron y reservaron tres dictámenes, con el fin de obtener una propuesta de agenda y calendario; haciendo mención en que ahí lo importante es con la diputada Gabriela Ramírez Ramos, puesto que se considera un posible calendario para realizar las reuniones de análisis, discusión y estudio de las iniciativas, estableciendo fechas de dictamen; una de las iniciativas pertenece al diputado Waldo Fernández del PRD, que vence el 30 de marzo de 2016, la cual informó que se tendría que dictaminar antes y en caso de fuerza mayor se solicite prorroga; asimismo consultó a la diputada Gabriela Ramírez Ramos, si se habían reunido como subcomisión o si ya contaban con alguna propuesta por parte de los diputados ponentes para procesos de trabajo; al respecto la diputada Gabriela Ramírez Ramos, comentó que es un tema en el cual por primera ocasión habrá paneles; en el caso de la diputada María del Rosario Rodríguez del PAN vienen tres; la primera seria para el 9 de marzo de 2016 y para el 16 de marzo del mismo año, sería la del diputado de Morena, Jesús Emiliano Álvarez; además puntualizó que allí en las reuniones con la subcomisión, se vote a favor o en contra.

Asimismo mencionó que expondrían dos personas; una pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otra al Sistema de Focalización de Desarrollo con el fin de poder ver si es factible o no la iniciativa; acto seguido el diputado Javier Guerrero García manifestó que la idea de abrir el proceso de análisis fue porque se reservaron las iniciativas ya que no quisiera recurrir al expediente del mayoriteo en el plenario de la comisión; por otra parte indicó que los especialistas que vengan a exponer en aquellas iniciativas que se consideren importantes deberá ser una decisión que debe tomar la comisión en su conjunto; proponiendo en que si había algunas reservas se recalendarizaran para no votar en el pleno y sobre todo en negativo.

Asimismo mencionó que existen tres temas que están involucrados en las iniciativas que se reservaron; el primero tiene que ver con el tema del padrón único, el segundo con las reglas de operación y el tercero con los polígonos; por lo que señaló que una reserva se tiene por parte de la diputada María del Rosario Rodríguez del PAN, la otra es el diputado de Morena, Jesús Emiliano Álvarez y la última pertenece al diputado Daniel Torres, del PRI; en el caso de la diputada María del Rosario del PAN se tiene una propuesta de escuchar a especialistas con el tema de padrón único, quien propuso a que se invite en el seno de esta comisión a la politóloga e investigadora Edna Jaime, directora general de México Evalúa; al licenciado en sociología Rogelio Gómez Hermosillo; posteriormente el presidente consultó a las diputadas y los diputados, si estaban de acuerdo en que sean esos especialistas o se propone a alguien más; lo que al respecto informó que esta iniciativa se tiene que codictaminar con la Comisión de Transparencia a la que se le ha enviado una propuesta de predictamen o un proyecto de dictamen, obteniendo una respuesta negativa debido a la excesiva carga de trabajo y por lo tanto la iniciativa no es prioritaria en este momento; acto seguido el diputado Javier Guerrero García externó su preocupación en el sentido de que la Comisión de Desarrollo Social genere un proceso de dictamen y que no se pueda empatar con la Comisión de Transparencia para trabajar conjuntamente.

Asimismo, la diputada Araceli Damián González preguntó qué sucede con los dictámenes que se tienen que elaborar cuando se ven involucradas las comisiones, que por su carga de trabajo y su naturaleza no podrán ir a la par. Por otra parte comentó que se tienen que reformar de alguna manera la normatividad que los está rigiendo en los tiempos legislativos; por tanto propuso se invite a las diputadas y los diputados que retiren las iniciativas, no con la intención de que se desechen, sino que en algún momento más propicio vuelvan a presentarla.

Posteriormente, el diputado Javier Guerrero García informó que se tienen tiempos fatales por ello no le gustaría solicitar prórroga y en el caso de que de los tres dictámenes reservados se genere un proceso de análisis y diálogo con los diputados, viendo si se consigue que la puedan replantear o retirar para después volver a presentarla, haciendo todo esto antes de programar una reunión con especialistas y de ser así la próxima semana ver un calendario de reuniones; implicando la obligación y la responsabilidad de asistir a las reuniones de trabajo, ya que si viene un especialista y se queda solo con el diputado proponente no sería lo correcto. Asimismo, la diputada Gabriela Ramírez Ramos manifestó que es a lo que no quisieran llegar, porque en las subcomisiones no asisten los diputados sino envían a sus asesores.

Acto seguido, la diputada Araceli Damián González expresó que las prórrogas no son malas y que existen iniciativas que por la misma naturaleza del trabajo legislativo no dan tiempo de analizar, por lo cual solicitó al presidente no lo dijera muy categóricamente como que no quisiera pedir prórroga.

Dicho lo anterior el diputado Javier Guerrero García aclaró que se dará prórroga cuando realmente se justifique, más no como método de trabajo en la comisión; asimismo la diputada Araceli Damián González externó no haberlo entendido de esa manera y puntualizó que como comisión se tienen dos puntos importantes que son subsanar y señalar cuáles son las deficiencias para solicitar una mayor fundamentación jurídica y un estudio de presupuesto.

La diputada Ximena Tamariz García destacó que las prórrogas y dictámenes no tienen un precedente para que sea el procedimiento habitual hacia todas las iniciativas que vayan en sentido negativo, en el entendido de que los proponentes y grupos parlamentarios que realmente están convencidos, apoyen las propuestas; sin embargo argumentó que la propuesta que hizo el presidente sobre las expectativas que se crearon de la reunión pasada para los proponentes se verán afectadas con lo ya expuesto; acto seguido el diputado Javier Guerrero García comentó que la diputada María del Rosario Rodríguez propuso una reunión con especialistas para ver el tema de su iniciativa el miércoles 9 de marzo del año en curso, con el fin de ver el tema jurídico.

La diputada Araceli Damián González externó estar confundida, ya que a fin de cuentas no sabe si se acepta un dictamen negativo o se van a hacer reuniones con especialistas a petición del afectado o afectada; asimismo el diputado Javier Guerrero García manifestó que el proyecto de la subcomisión venía en sentido negativo y hubo diputados que se reservaron proponiendo que se recalendarizaran sesiones con el fin de analizar en el sentido de la reserva y esos dictámenes se votaran, aclarando que esto no necesariamente se haría en todas las reservas; a lo que la diputada Araceli Damián González agregó que si la iniciativa está mal fundamentada y no cuenta con el respaldo jurídico desde la opinión del predictamen, no se podría hacer un análisis del tema.

El diputado Miguel Ángel Huepa Pérez comentó que se trata de un tema de sentido común, en un aspecto técnico; ya que consideró que deberían reunirse los técnicos con los abogados aterrizando la idea para poder analizarla y después presentarla al pleno de la comisión y si es una buena iniciativa abría que impulsarla independientemente de quién venga.

Posteriormente el diputado Ángel García Yáñez comunicó que se vería un poco afectado con su iniciativa ya que su intención ha sido buscar la manera de convencer sin traer especialistas; por otra parte coincidió con el comentario del diputado Miguel Ángel Huepa Pérez, el no estar en contra de un partido, un color o un diputado, sino simplemente que es una iniciativa que favorece a los ciudadanos.

Por su parte el diputado Javier Guerrero García manifestó que independientemente del método que se siga en la subcomisión para analizar el dictamen o el anteproyecto de dictamen, se tendría que establecer una fecha; en otro tema informó a la junta directiva que se tendría que presentar el informe semestral; al respectó el secretario técnico, licenciado Roberto Garza Méndez, informó que ya se cuenta con el informe semestral y que a la brevedad se les enviaría a las diputadas y los diputados, teniendo como fecha límite el 31 de marzo de 2016, teniendo que ser validado por la junta directiva; posteriormente el diputado Javier Guerrero García comunicó que se redactará el informe, se presentara a la junta directiva, llevándose a cabo de manera económica; posteriormente mencionó que se dictaminará el 13 de abril del presente año.

La diputada Araceli Damián González, consultó en el sentido de la opinión de la comisión si se daría algo a la Auditoría, puesto que ya se tiene el informe y está en el entendido de que se entregue en un mes; al respecto la asesora legislativa, maestra Anabell Avendaño Salazar, explicó que es un acuerdo que establece la Comisión de Vigilancia, que las comisiones ordinarias puedan emitir opinión si así lo estiman conveniente, siendo una reunión programada para explicar el análisis del sector de desarrollo social, sin embargo, no han oficializado en la Comisión de Vigilancia un oficio para solicitar esa opinión, externando que no se tiene una fecha para presentarla.

Por otra parte el diputado Javier Guerrero García explicó que se debe formar una línea de trabajo que tendría que desarrollarse del 2 de marzo de 2016 al mes de abril, independientemente de que nos manden formato o no, teniendo la disposición y la capacidad en la Comisión de Desarrollo Social de analizar, como materia de trabajo, el informe del auditor respecto de los programas sociales.

Posteriormente la diputada Araceli Damián González informó a la junta directiva que presentó un punto de acuerdo, respecto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque se han identificado desvíos de recursos en materia de la Cruzada contra el Hambre a través de las universidades; por tal motivo manifestó que se debe estar muy al pendiente ya que las universidades no están sujetas a la misma normatividad que los entes públicos en materia de cómo se asignan los contratos, externando que lo pueden hacer directamente.

Por su parte, el diputado Javier Guerrero García comentó al respecto que desconoce si es su facultad intervenir en el tema del ejercicio de la acción penal de la Procuraduría General de la República (PGR). En cambio se tendría una responsabilidad por parte de las diputadas y los diputados de la comisión en incorporar algún tipo de reflexión o de comentario en las observaciones de la ASF en materia de fiscalización.

Acto seguido, el licenciado Roberto Garza Méndez, secretario técnico de esta comisión, mencionó que se les enviará el informe semestral a las diputadas y los diputados, para que realizaran aportaciones y observaciones pertinentes; al respecto el diputado Javier Guerrero García comunicó que se tiene que presentar en el mes de marzo del presente año y si estaba de acuerdo la junta directiva, en que se envíe de manera económica, se enriquezca y se presente para validarlo.

Sin más asuntos por tratar, el diputado Javier Guerrero García dio por concluida la reunión de la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Social, a las 15:55 horas del miércoles 2 de marzo de 2016, citándose para la siguiente reunión previa convocatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2016. Damos fe.

La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier, David López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián González, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, secretarios.

De la Comisión de Desarrollo Social, relativa a la reunión ordinaria celebrada el miércoles 2 de marzo de 2016

A las 16:09 horas del miércoles 2 de marzo de 2016, en la zona C del edificio G, ubicado en la Cámara de Diputados con domicilio en avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza; se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social; el diputado Javier Guerrero García, presidente de la comisión, solicitó respetuosamente a la secretaría informará sobre el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados, presentes; acto seguido la diputada Gabriela Ramírez Ramos, secretaria de la comisión, informó de la asistencia de diecisiete integrantes de la comisión presentes; en consecuencia, el presidente declaró el quórum correspondiente

A continuación el diputado Javier Guerrero García, solicitó a la secretaria diera lectura al orden del día y se consultara si era de aprobarse; por consiguiente la diputada Gabriela Ramírez Ramos dio lectura al contenido del orden del día y sometió a votación para su autorización, resultando ser aprobado por unanimidad.

Como parte del tercer punto del orden del día, el diputado Javier Guerrero García solicitó a la secretaria se consultara si se omitía la lectura del acta de la reunión anterior del 10 de febrero de 2016, tomando en consideración que ha sido previamente enviada a cada uno de los diputados, para sus observaciones y comentarios; por lo cual la diputada Gabriela Ramírez Ramos consultó si se omitía la lectura y si era de aprobarse el acta de la reunión celebrada el día 10 de febrero de 2016, fue aprobada por mayoría.

Acto seguido el diputado Javier Guerrero García mencionó que para el desahogo de los dos siguientes puntos del orden del día, expondrían en seguida: la ingeniera Paula Hernández Olmos, quien es coordinadora general de Prospera y el licenciado Jorge de Jesús Diez Sollano Elcoro, coordinador general de planeación y evaluación del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes); al mismo tiempo, cedió el uso de la palabra a la ingeniera Paula Hernández, no sin antes dar la bienvenida, agradeciendo su presencia.

La ingeniera Paula Hernández Olmos, en uso de la palabra, agradeció la invitación que le hizo la Comisión de Desarrollo Social y sobre todo el diputado Javier Guerrero García; acto seguido procedió a dar inicio al tema principal relativo a la evolución de Prospera; como primer tema mencionó el cambio que se le dio al programa de Oportunidades a Prospera. Oportunidades fue un programa exitoso en mejorar las condiciones de educación, salud y nutrición entre sus beneficiarios; en cumplimiento al compromiso que adquiere el presidente Enrique Peña Nieto, donde estipula que el programa crecería, fortalecería y evolucionaría de Oportunidades a Prospera, retornando los componentes básicos del programa desde hace 18 años de Progresa, como son: educación, salud y alimentación; en el caso de Educación se otorgan becas de educación básica y media superior, se brinda apoyo monetario para útiles escolares, el cual se otorga dos veces al año; uno en el primer mes del año con el fin de suplir un poco los útiles y el otro al inicio del ciclo escolar; en el caso de los Jóvenes con Prospera, está orientado a que concluyan la educación media superior, con motivo de incentivar su inscripción en la educación superior; además se incorpora como parte del programa el otorgamiento de becas de educación superior y técnico superior, en modalidades no escolarizadas; haciendo hincapié en que a través de la vinculación Prospera en los comités estatales participa en la discusión del otorgamiento de las becas.

La Secretaría de Educación Pública autorizó hacer un piloto en cuatro entidades del país, donde no se estaría solamente sujeto a la discusión de un comité estatal, sino ya sería la garantía de todo joven Prospera, obtener una beca federal, donde Prospera, la Coordinación Nacional de Becas estarían otorgando recursos con la garantía de que todo Joven Prospera que tiene la educación media superior y que se ha inscrito en un instituto de educación superior pública, reciba una beca.

Además se otorgan becas para personas con discapacidad, que la limitantes es que tiene que estar inscritos en la Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral, siendo este una modalidad muy pequeña; asimismo comentó que en el tema de salud, se cuenta con un paquete básico, garantizado 13 intervenciones, donde las familias saben que tienen que acudir a su centro de salud, ya que en las citas médicas reciben su corresponsabilidad y que esa información a su vez es capturada por las delegaciones estatales y la coordinación nacional, siendo así como se otorga el apoyo alimentario monetario a estas familias; por lo cual, en 2014 se logró ampliar con la Comisión Nacional de Protección en Salud de 13 a 27 intervenciones, así como un nuevo acuerdo recientemente donde se estipula que toda persona que sea familia Prospera, sea incorporada al Seguro Popular, puesto que ya no solamente van a recibir 27 intervenciones, sino que estarían recibiendo las 285, más el Fondo Catastrófico que maneja el Seguro Popular; también mencionó que se están llevando acciones de prevención de embarazo adolescente y planificación familiar; al respecto mencionó que se ha firmado un convenio con el Consejo Nacional de Población (Conapo), para fortalecer los talleres del auto cuidado y sobre todo orientación a jóvenes en materia de prevención de embarazo adolescente; en el caso de la alimentación, se concede el apoyo alimentario, adicionando que las familias Prospera puedan comprar leche Liconsa; además brinda nuevos suplementos alimenticios para mujeres embarazadas y mamás en estado de lactancia, en el caso de niños menores de cinco años estos suplementos se otorgan a través de los centros de salud; la estrategia va acompañada de una consejería especializada en nutrición y además del equipamiento de unidades médicas para medir tallas y peso; llevando este año evaluaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo; además señaló que se han incorporado nuevos elementos al programa Prospera, como la recomendación que realizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era incorporar el derecho de auditoría, significando que ningún beneficiario puede dejar de recibir el programa si no antes es notificado, teniendo la oportunidad de acudir a la delegación en un periodo establecido, presentar la información que considere necesaria y en todo caso pueden suceder varias alternativas como: solicitar una nueva encuesta, permanecer en el programa; otro componente que sea incorporado es la Inclusión Financiera; también señaló que se trabajó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el diseñó de un esquema de apoyos financieros específicos para mujeres, que incluye: ahorro, crédito, seguros, educación financiera y otros servicios, el cual se llevan a cabo con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi); ya que se busca que a través de su propio talento y trabajo puedan generar proyectos que les generen mayores ingresos, estando convencido en que la manera en que se supera la pobreza es cuando se tienen estos ingresos adicionales, no solamente a través de la transferencia monetaria, sino poder agregar inclusión financiera, laboral y productiva para las familias beneficiarias de Prospera; también puntualizó que el programa actualmente cuenta con un padrón de 6.1 millones de familias, más los que son de la tarjeta Sin Hambre y el programa Alimentario, siendo 7 millones de familias las que reciben esta transferencia monetaria; a lo cual informó al respecto que la tarjeta Sin Hambre por ahora las transferencias están cerradas, de tal manera que las señoras por ahora no reciben recursos; lo que reciben son productos que intercambia en la tienda Diconsa, que son productos de la canasta básica definida por un grupo de expertos, que para ser exactos son 19 productos que reciben bimestralmente.

Asimismo la ingeniero Paula Hernández comentó que estos serían los programas que se tiene a cargo de la coordinación nacional, por último agregó que este año se ha definido como el año de las evaluaciones en Prospera, queriendo evaluar la salud de medio término, la sobremuestra de lo que es la población de Prospera para ver el impacto en materia de alimentación y nutrición; generando ya lo que va a ser la evaluación en materia de educación para saber cómo nuestros niños siguen cerrando la brecha de desigualdad con otros niños, cómo han mejorado, cómo transita, cómo permanecen en la escuela; reiterando estar a la orden de las diputadas y los diputados y agradeciendo nuevamente la oportunidad.

A continuación diputado Javier Guerrero García sometió a consideración de las diputadas y los diputados se llevara a cabo, cuando menos tres rondas de cinco intervenciones, para después dar oportunidad a la coordinadora general, que comente al término de cada ronda.

Posteriormente, el diputado Ángel García Yáñez, formuló que uno de los temas que aqueja mucho a los beneficiarios es el retraso de los pagos, sobre todo en adultos mayores, ejemplificando que en el estado de Morelos se han quejado mucho, ya que vienen atrasados los pagos y que los representantes de los municipios lo único que dicen es que el dinero no llega a tiempo ni en forma; otra cuestión es ver cómo aumentar y hacer llegar el apoyo de Prospera, puesto que hay personas que se encuentran fuera del padrón y sobre todo la gente que se encuentra alejada de las cabeceras de los municipios o entidades muy marginadas que no cuentan con luz, drenaje, ni pavimentación.

Asimismo la diputada Dora Elena Real Salinas reconoció el trabajo realizado por Prospera, sin embargo pide se analice un problema muy fuerte, donde las madres con hijos discapacitados no han sido incluidas en este programa porque no asisten a la escuela normal, no están en sistema escolarizado, enfatizando que finalmente hay una necesidad que se tiene que resolver, a lo cual solicitó a la ingeniera Paula Hernández su orientación al respecto; por otra parte el municipio de Temoaya, que es de etnia Otomí, se tiene un rezago importante, por lo cual solicitó se brinde apoyo, ya que hay madres solteras que no están del todo incluidas por no tener a sus hijos en edad escolarizada; asimismo reconoció que se ha obtenido frutos, sobre todo en las etnias Mazahua y Otomí, por lo cual se ha visto a mujeres empoderadas, reduciendo la pobreza, por tal razón pide incrementar un poco más el padrón del estado de México, sobre todo en el distrito nueve.

A continuación el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín consultó cuáles han sido los cambios que tenía Oportunidades en comparación con Prospera; y otra cuestión es cómo se articula Prospera con la Cruzada contra el Hambre.

La diputada Araceli Damián González puntualizó que el programa Oportunidades, Prospera es y ha sido un fracaso en términos de la superación de la pobreza, siendo que se tiene una reducción en pobreza de 1.3 millones de personas, a lo cual mencionó que es muy poco para lo grande que es el programa; en términos de salud, consideró que no se está haciendo lo necesario, ya que realmente los servicios no llegan a la población, puesto que hay clínicas que no cuentan con las herramientas necesarias, doctores suficientes, carencia de medicamento o instalaciones en malas condiciones. En el tema de la educación, puntualizó que en ocasiones no se tiene a los profesores suficientes, no se cuenta con agua en los baños, no hay electricidad, estando en condiciones inapropiadas para aprender; la otra cuestión, es que se brinde una inclusión financiera, pero finalmente en las comunidades no se tienen los recursos para que estas personas realmente puedan llevar una actividad económica, ya que se considera que con cuatro mil quinientos pesos, va a salir adelante y la realidad es que no es así; señalando que no existe una política económica, no hay un mejoramiento real de los servicios, no se están generando empleos; en cuanto a la evaluación, señaló que probablemente le corresponda al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) llevarla a cabo, ya que consideró no se puede ser juez y parte; asimismo comentó que el programa cumple 20 años, por lo cual es muy importante la evaluación y se debe tener una supervisión muy de cerca y ver qué es lo que se va a medir para poder así combatir los factores que en realidad importan.

Posteriormente la diputada Natalia Karina Barón Ortiz consultó cuáles serían las medidas necesarias para evitar que se haga uso político de estos programas, y qué medidas se están tomando para evitar que las coordinadoras este programa sean las principales protagonistas, movilizadoras de los mítines políticos de ciertos partidos.

El diputado Javier Guerrero García cedió la palabra a la ingeniera Paula Hernández: el programa de Adultos Mayores depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en el caso de Prospera se entrega “un inicio al inicio del año”, en el cual se les detalla el día y el lugar de pago, tratando de ser lo más preciso posible; ahora puede presentarse que el pagador de Bansefi no llegó a tiempo o que la terminal se caliente y tengan que esperar a que se enfrié, señalando que sería asunto de Bansefi; de los comentarios de la diputada Dora Elena, al respecto comentó que no se ha podido llegar a más en materia de niños con discapacidad, más que aquellos que permitan tener una corresponsabilidad en una institución, por su parte consideró como alternativa implementar el programa Sin Hambre o el alimentario y quizá allí poder apoyarlos, porque no es con corresponsabilidad y el otro sí; y si se haría, se estaría incurriendo en falta, en el sentido del propio programa que son las transferencias monetarias condicionadas.

El diputado Jorge Carballo destacó que se tiene en Veracruz proyectos productivos, como es el caso de la stevia, ya que se sigue peleando donde se pueda colocar, teniendo la noción de que se compren productos de familias Prospera y lograr que generen sus propios ingresos.

La diputada Araceli Damián expuso que si se refiere a que el programa es un éxito es porque hay evaluaciones que lo demuestran, ya que al día de hoy se tiene un mayor grado de salud y educación; en cuanto hablar de beneficiarios, la palabra está mal empleada, siendo lo correcto, sujetos de derechos; por otra parte la inclusión financiera, queda claro que ni con los dos mil o los cuatro mil quinientos pesos los sacarán de pobres, además existe la posibilidad de poder acceder a un crédito, con una tasa de 9.9 por ciento y poder generar un historial crediticio; asimismo se refirió a que las evaluaciones las hace Coneval, por ello Prospera está obligado a presentar su programa de evaluaciones a una dirección en Sedesol y poco después a Coneval para su aprobación.

La diputada Karina señaló que la principal herramienta que permite hoy blindar el programa es el derecho de auditoría, significando que ya nadie puede amenazar o condicionar el programa; la otra son los padrones públicos, que se entregan de manera bimestral para que se publiquen en la página oficial de Sedesol; puntualizando que tanto el año pasado como este, se brindará la capacitación de blindaje, haciendo grupos de vocales antes de que inicien los periodos de blindaje.

El diputado Javier Guerrero García procedió a dar inició a la siguiente ronda de preguntas.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal solicitó a la ingeniera Paula Hernández, si fuera posible, mejorar las instalaciones de atención en el municipio de Escárcega, ya que es uno de los municipios que más beneficiarios Prospera tiene, en el estado de Campeche; asimismo solicitó que se brinde apoyo al municipio con mayor población indígena que es Calkiní, donde ya se han efectuado levantamientos pero que aún se están esperando las incorporaciones; asimismo planteó que a través del vínculo que se tiene con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero, los jóvenes puedan adquirir un crédito a través de las becas de Prospera, con el fin de poder adquirir un equipo de cómputo para sus cursos escolares.

La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín mencionó que en términos de política pública la ingeniera Paula Hernández Olmos pudiera ser portavoz de las observaciones que han hecho algunos legisladores, con el fin de que se puedan incluir; asimismo comentó que el diseño de la Cruzada contra el Hambre desde la visión de atención a zonas prioritaria en términos de combate a la pobreza, es más bien, zonas de atención relacionadas con procesos electorales; por otra parte expreso que sea visitado el estado de Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala, donde se han encontrado situaciones muy claras en donde los derechohabientes se les obliga a consumir en tiendas Liconsa; otra de las preocupaciones fundamentales es que se invierte una gran cantidad de recursos para estar observando, supervisando, revisando donde se ubican los pobres, por lo cual consideró disminuir estas brechas de desigualdad desde un diseño universal no focalizado.

Acto seguido, el diputado Alejandro Armenta Mier, manifestó estar de acuerdo con el diputado Miguel Ángel Sulub, porque quienes conocen el programa de fondo saben que nace no como política pública y que en ocasiones los que hacen política se confunden, teniendo el error de no distinguir la política pública de la política de estado; diferenciando en que la política pública obedece a la moda sexenal o gubernamental, en el caso del programa ha podido transcender su evolución de niños de solidaridad a programa de Progresa, Oportunidades y Prospera, de tal forma que se les regresó el componente productivo dando empoderamiento a las familias; por otra parte la política de estado combate exitosamente la pobreza y la marginación siendo aquellas que empoderan a la familia, mujeres, niños y jóvenes; en uso de la palabra la diputada Araceli Saucedo Reyes, extendió una cordial invitación a la ingeniera Paula Hernández Olmos a que visitara el estado de Michoacán, con el fin de poder atender los municipios que se encuentran en zonas de muy alta marginación; segundo, respecto al tema de fomento productivo donde se habla justamente de los programas, cómo ayudan en el tema de la formulación, el seguimiento y la implementación; además consultó cuáles son las acciones que se siguen para integrarlos al mercado, si existe alguna acción en torno a ello y cuánto recurso se aplica en este sentido o se va a aplicar en este ejercicio 2016.

La diputada Adriana Terrazas Porras señaló que haría una propuesta y una consulta; la propuesta es con base en que se promuevan los proyectos productivos sujetos al beneficio de recibir subsidios del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), y que puedan gozar de una mayor calificación cuando sus proyectos contemplen la incorporación laboral de los miembros de la familia; la consulta es respecto al apoyo a embarazos adolescentes, ya que desafortunadamente es una realidad el crecimiento desmedido y alarmante que hay de adolescentes embarazadas y por lo mismo externo no conocer lo que hace Prospera al respecto

Hecho lo anterior, el diputado Javier Guerrero García agradeció a la diputada Terrazas su participación, cediendo la palabra a la ingeniera Paula Hernández, ésta procedió a dar respuesta a los comentarios, comenzando por el diputado Miguel Sulub; respecto a los espacios que Prospera utiliza para las reuniones y para las unidades de atención regional, son espacios casi en su totalidad de los municipios, ya que Prospera no cuenta con un presupuesto habilitado para sus propios espacios; informando que al inicio de la administración se dictó un decálogo en el que se estableció el trato digno como una de las más altas prioridades, por lo cual se ha buscado que estos espacios por lo menos tuvieran techos, acceso a un baño, teniendo ciertas condiciones mínimas en las que una persona Prospera pudiera estar; y en cuanto al caso de Escárcega se revisará, para ver si se puede hacer algo con el municipio y mejorar sus condiciones; en cuanto a las incorporaciones al programa se darán mediante se vayan dando algunas bajas; ahora de ser posible un mayor presupuesto, brindaría una mayor incorporación al programa al igual que las graduaciones se vayan incrementando, teniendo más espacios conforme las familias tengan y mejoren sus condiciones socioeconómicas se podrán ir incorporando; en cuanto a los jóvenes con crédito consideró que es una buena iniciativa, ya que a través de las tarjetas se les hacen transferencias y quizá seguramente se pueda implementar la inclusión financiera; asimismo agradeció al diputado Javier Guerrero García porque ha sido una pieza importante para lograr esta beca de los jóvenes Prospera en educación superior; respecto al cuestionamiento que realizó la diputada Norma Xóchitl, comentó que en el caso de brechas de desigualdad que al paso de los años ha ido incrementado y lo que busca este programa es precisamente disminuir esta brecha, por lo cual en lo que se está trabajando es que los apoyos sean transversales y que estas familias sean el foco de atención; al inicio de la cruzada se definieron los municipios a través de la acreditación de evaluación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, demostrando que la pobreza donde se incrementó fue en zonas urbanas; dando como resultado al inicio 400 municipios, donde poco después se amplió a mil buscando atender a todas las familias; en el caso de Prospera siendo un programa que llega a todos los municipios incide en las líneas de bienestar de todas las familias; en cuanto a la obligación de adquirir productos en tiendas Liconsa no deben existir, ya que se ha difundido a las familias Prospera que no se está obligada a adquirir productos en ninguna tienda, salvo en la tarjeta Sin Hambre; señalando que en el caso de adquirir productos de mujeres Prospera y no de alguna otra marca, se estaría garantizando un mercado; puesto que se ha trabajado una marca Manos que Mueven a México, donde productos hechos por señoras Prospera tengan este distintivo; en el caso de la medición del hambre, en agosto del presente año arranca la medición del ENIG sabiendo que son seis carencias las que se miden junto con la línea de ingreso; en el caso de la carencia alimentaria se sabe que Coneval junto con el ENIG estará preguntando: si han sufrido hambre, dejado de comer o desayunar por falta de recursos; que de alguna manera habrá forma de discutir el modelo de medición para 2018, de la Ley General de Desarrollo Social, donde se verá que la desnutrición es el tema importante, siendo capaces de medir anemia, talla, peso, físicamente de nuestros niños, mujeres embarazadas y ponerlo más que en la percepción de si se tiene hambre, será aún mucho mejor ejercicio, ya que preguntar si se come sano, variado y suficiente será muy difícil saberlo.

El diputado Alejandro Armenta Mier señaló que existe un análisis de J-Pal Poverty Action Lab, donde investigadores han determinado que el mejor modelo para poder superar la pobreza es aquel que acompaña a la transferencia monetaria con la capacitación e inclusión financiera con un activo productivo, concluyendo en que este modelo es el viable; asimismo comentó a la diputada Araceli Damián González, que con gusto visitaría al estado de Michoacán, verificando en que se ha estado saliendo permanentemente a todo el país visitando a las delegaciones, a estar con las señoras; en el caso productivo, se han hecho proyectos a través de contratos con FIRA, FAO y hasta con la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT), haciendo también modelos de vinculación; por otra parte el presupuesto que se tiene en opciones productivas es de casi 80 por ciento; en cuanto a las dependencias que otorgarán presupuesto se encuentran: Inaes y Sagarpa, pero lo que en realidad importa es que conforme se vayan entregando proyectos, se irán obteniendo recursos; respecto a los comentarios de la diputada Adriana Terrazas Porras, manifestó estar de acuerdo y en el caso de brindar un apoyo en cuestiones del Inadem, que sea acompañado de manos de beneficiarios de familias Prospera ya que si se puede ir vinculando a que la empresa sea socialmente responsable dará como resultado que las familias Prospera se vayan incorporando a una actividad productiva formal

Acto seguido el diputado Javier Guerrero García dio inicio a la tercera ronda de preguntas y que al finalizar, hará uso de la palabra el coordinador general de Planeación y Evaluación; asimismo cedió la palabra a la diputada María Elida Castelán:

La diputada María Elida Castelán Mondragón sugirió que cuando van y realizan el estudio socio-económico, por lo menos en el estado de México, llegan con mucha prepotencia a realizar el estudio, por lo cual consideró ir mejorando ese tipo de situaciones; asimismo consultó cuáles serán los criterio que se utilizan para aprobar y dar de baja a personas del programa Prospera.

La diputada Érika Irazema Briones Pérez consultó en relación al tema de discapacidad; qué se puede hacer en cuanto a comunidades rurales ya que Sedesol no ha previsto esa parte, el cómo apoyar a las personas con discapacidad y de lo que se habla es que a lo mejor se incluirían en el programa Sin Hambre; por otra parte consultó cuáles son los criterios para determinar el derecho de auditoría y cuando hay alguna baja respecto a los beneficiarios; acto seguido la diputada Ximena Tamariz García consultó qué pasa y qué se tiene contemplado hacer con respecto a las personas que por ciertos criterios, aun a pesar de que se encuentran en zonas muy marginadas no entran al programa; en cuanto al tema de salud, propuso que se incluyera el tema de la lactancia materna así como se incorpore la asesoría para favorecer la lactancia materna en México; asimismo la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, consultó si se ha considerado una evaluación del Coneval propio del padrón, dado que es uno de los grandes temas que se tiene a saber si los beneficiarios son los correctos, sabiendo que es un tema también de presupuesto, porque cada reactivo y cada revisión representa un gasto; y por otro lado propuso realizar una serie de trabajos y propuestas respecto a la profesionalización de los vocales, además de que se busque un esquema de profesionalización de quienes realizan las revisiones médicas.

El diputado Javier Guerrero García mencionó que Prospera es un programa muy importante de la política social, no solamente por su recurso que incorpora, sino por la serie de retos y de reflexiones que ha enfrentado; además habría que evaluar no solamente lo que se ha avanzado sino también lo que ha contenido en términos de retroceso que se ha tenido en algunas zonas y regiones; por lo cual preguntó ¿Cuáles son los retos que plantea y qué visualiza la Coordinación General de Prospera en esta perspectiva en materia productiva y en materia de lo social, incluso en términos de educación y de salud? En esa circunstancia de territorialidad de contexto social, ¿cuáles son los retos en materia productiva? ¿Qué se tiene que hacer para generar esos puentes que permitan que una familia en condiciones de pobreza extrema pueda salir adelante y romper este ciclo intergeneracional? Al término de su participación el presidente concedió el uso de la palabra a la ingeniera Paula Hernández Olmos con el fin de dar respuesta a los cuestionamientos que los compañeros legisladores han realizado; posteriormente la coordinadora general comenzó por dar respuesta:

En el caso de la diputada María Elida Castelán, mencionó que en cuanto la calidad de los promotores se ha invertido en el tema de la capacitación, así como lo es para toda la estructura operativa que se está desarrollando con Flacso; además se están capacitando con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) a 160 promotores bilingües con el propósito de que no sólo sean traductores sino que comprendan el programa para poderlo explicar en todas las comunidades de lenguaje indígena; en cuanto a que se necesita para ser una familia Prospera; existe una línea de bienestar mínimo definida por Coneval; más o menos son 500 pesos en el caso de zonas urbanas; 750 pesos en el caso de zonas rurales; esto es per cápita; la familia que esté por debajo de esta línea, pero además haya niños o mujeres en edad reproductiva, son beneficiarias de este programa; poniendo en control a mujeres que están embarazadas y por supuesto en el caso, también cuando están en periodo de lactancia; ahora el instrumento que se utiliza para la incorporación es la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (Encaseh), la encuesta que se realiza en los domicilios; siendo 160 reactivos que no solamente es lo que contesta la señora, sino además hay reactivos que el promotor va contestando, como son: si el hogar es un piso, dos pisos, si vive en hacinamiento, qué tipo de piso, número de focos, si la casa es propia o rentada y dependiendo de la carencia sería una familia a la que se le brindará prioridad; en cuanto al proceso para dar bajas es la recertificación, buscando encontrar aquellas familias que han mejorado su condición socioeconómica, se les aplica la encuesta y vuelve a evaluar cuál es el ingreso de la familia, cual es la condición que vive la familia y con esto determinar si la familia está ya susceptible de poder abandonar el programa, pero además de todo va acompañado del derecho de audiencia, ya que no se elimina en automático a la familia; en cuanto a los criterios para el derecho de audiencia se aplica la misma encuesta y el notificador hace ciertas preguntas de la encuesta y si existen variaciones, es motivo suficiente para volver a enviar la encuesta.

En el tema de discapacidad, se encuentra Sedesol, en cuanto a Prospera otorga transferencias monetarias condicionadas, y si no tiene que ser otro programa el que atienda la necesidad.

Respecto a la pregunta de la diputada Ximena Tamariz García, comentó que la gente que no entra al programa se encontraría en el padrón base, ya que se hacen encuestas, teniendo un padrón que se va sumando a la incorporación, considerando que actualmente cualquier persona puede consultar si es incorporada o no, hasta el por qué, si es el caso; argumentando quizá en algunas situaciones se vean limitadas por el internet pero también existe esta línea 01 800 550 50, a la cual también se puede hacer la consulta; ahora sobre otras cuestiones como ¿estoy en padrón base? ¿Por qué no salí calificada? Porque la encuesta de Encaseh, es un algoritmo que nos permite identificar cuál es la condición de la familia y no solamente guiarse con la declaración que puede hacer la persona que está contestando lo que viene siendo nuestra encuesta; la cobertura del programa es tan grande que pareciera que los espacios de actuación son cada vez menores, pero desafortunadamente esto no sucede; en el caso de la lactancia, se promueve en el caso de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (Esian), la estrategia de nutrición y alimentación se promueve la lactancia exclusiva de cero a seis meses, llevándose a cabo con talleres, en las citas médicas.

La diputada Edith Anabel Alvarado, respecto a su pregunta, la evaluación del padrón; apenas en el 2014, Transparencia Mexicana con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evaluaron a Prospera para ver qué tan asertivo era el esquema de focalización y salió muy favorable; en el caso de la profesionalización de las vocales; se tienen vocales de educación, nutrición, educación para adultos, de salud, de contraloría social; cada una de ellas tiene acciones específicas, teniendo que ayudarlas a saber cuál es su compromiso, su tramo de competencia para que cada día ayuden más a la gente alrededor.

Al diputado Javier Guerrero García, externó en el caso de la reflexión y los retos que enfrenta el programa, son retos en materia productiva, ya que se pueden seguir generando proyectos productivos que no tengan mercado, en el entendido que si no hay mercado no tiene caso entonces el proyecto productivo; uno de los retos que Prospera enfrenta es encontrar estos nichos de mercado para que la productividad que generen las familias Prospera tengan esta alternativa de comercialización; otro de los grandes retos de Prospera, es la vinculación con lo laboral, cómo hacemos que las familias, que los jóvenes, sobre todo acudan a los programas de Bécate; se tiene un piloto de 50 mil jóvenes que se está dando a ellos la beca; queriendo saber cómo piensan para que se mantengan en curso, Bécate de la Secretaría del Trabajo, con el fin de poder hacer más efectiva esta vinculación; es cuanto presidente.

Al ser la última participación, se reiteró el orden de las diputadas y los diputados, para que juntos sigan construyendo y tomen las mejores decisiones en beneficio de los casi siete millones de familias que son parte de los que reciben esta transferencia monetaria; acto seguido el diputado Javier Guerrero García agradeció a la ingeniera Paula Hernández y reconoció que la intención de la comisión es que se pueda generar una agenda de trabajo, de reflexión y que en el marco de las facultades y responsabilidad de las diputadas y los diputados, se pueda coadyuvar a que en la política social y particularmente el programa puedan realmente consolidarse en términos de éxito y de la propia realidad que exige; gracias; asimismo agregó que la siguiente presentación estaría a cargo del coordinador general de Inaes, el licenciado Jorge de Jesús Diez Sollano, a quien al instante cedió la palabra:

El licenciado Jorge de Jesús Diez Sollano Elcoro, coordinador general de Planeación y Evaluación del Inaes hizo uso de la palabra agradeciendo a la Comisión de Desarrollo Social por haberle permitido hacer acto de presencia; acto seguido planteó el tema central El Instituto Nacional de la Economía Social en la Estrategia de Inclusión Social ; a lo cual informó que en un dictamen del 2015, se tomó la decisión de impulsar el cambio del Instituto Nacional de la Economía Social en cuanto a dependencias, de la Secretaría de Economía a la Secretaría de Desarrollo Social; posteriormente mencionó que el objetivo del instituto es instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, significando la posibilidad de que por parte del Inaes se impulse capacitaciones, investigaciones, participaciones, difusiones y apoyo a proyectos productivos teniendo que trabajar con las diputadas y los diputados el cómo fortalecer al instituto para impulsar políticas de fomento; que en el caso de la comisión junto con la Comisión de Fomento Cooperativo, se construyan elementos de un ecosistema propio, es decir, cómo generar la posibilidad de que haya emprendedores; en el entendido de que el Inaes tiene que ver los elementos de incubación, capacitación, organización, asistencia técnica y acompañamiento; en cuanto al tema de comercialización, se tiene que asociar la idea de los proyectos, apoyar a partir el mercado y a partir de eso, entonces poder construir capacidades; existe otro tema importante que es ¿cómo quedaron las reglas de operación? Ya que la discusión central es: se apoyan a personas o/a organismos del sector social; lo que parece importante, parte de la Ley de Economía Social y Solidaria, obligando al Inaes apoye a organismos del sector social, que en algunos casos pueden ser integrados por personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar; en cuanto al monto del apoyo, la única diferencia es que si eres un organismo al sector social constituido y tienes mayores montos, también tendrás mayores montos para acceder; ahora se tienen que diseñar toda una política de proyectos productivos y empresas sociales para zonas urbanas, ya que eso hace falta; en cuanto a los proyectos estratégicos y cadenas de valores, se busca como empezar a trabajar proyectos estratégicos, en cambio el tema de cadena de valores, lo que se busca es hacer alianzas con otros grupos que tienen el mercado, no para atarlos solamente a ellos, sino para fortalecer la capacidad productiva y garantizar el mercado mientras se vuelve a garantizar la producción; otro de los elementos que se está priorizando es el corredor biológico mesoamericano; como son las zonas de Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, siendo parte de todo el corredor biológico que es la zona de biodiversidad más importante que tiene México; en el cual se hicieron alianzas con la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) para fortalecer este tipo de proyectos; otro elemento es la atención a organizaciones campesinas; lo que se quiere lograr es trabajar con esas organizaciones campesinas a que sean proyectos reales, viables y rentables; en cuanto a los poyos se están brindado conforme se estableció en el Presupuesto de Egresos de la Federación, atendiendo a jóvenes, mujeres, pueblos indígenas con jóvenes; por otra parte faltaría la experiencia en hacer trabajo con jóvenes, mencionando que es un proceso de la estrategia de inclusión social; por otra parte dentro de la Cruzada, Sagarpa y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se busca una estrategia donde se trabaje conjuntamente en el tema de las carencias, garantizando a los beneficiarios de los proyectos productivos de Inaes puedan empezar a acceder a los diferentes programas; en cuanto hacer proyectos productivos, fortalece el tejido social, generando la capacidad de incorporación; es decir, se tiene que construir una política pública de lo productivo social basado en esta idea territorial, pero también con los principios de la economía social que implica solidaridad, ayuda mutua, que el beneficio sea para la colectividad, porque claro que hay beneficio pero es para los miembros del proyecto y eso es importante; asimismo señaló que en julio del 2015 se publicó el programa de Fomento a la Economía Social, teniendo cinco objetivos los cuales son: uno, el sector social; no se reconoce como sector social, se habla de ejidos, de comunidades que son dueño de la mitad del territorio nacional, cooperativas, de sociedades de producción rural o sociedades de solidaridad social, que lo que se pretende es que se reconozca; existe una página de internet que es el observatorio del sector social que es: osse.org.mx, que la idea es que sea un foro de los organismos del sector social; dos, el tema central del programa es el desarrollo de capacidades; es decir, desarrollo de capacidades empresariales implica gerenciales, administrativas, fiscales, que muchas veces, una serie de asuntos mata a los proyectos por no tener esta experiencia; tres, financiemos los proyectos; ahí falta información, experiencia y en cuanto se obtenga, ahora sí ya con la capacidad, entonces sí te financio, te brindo el apoyo; cuatro, la banca social, implica la posibilidad de pensar en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos; cinco, es la necesidad de adecuar el marco jurídico, se tiene un problema serio de la arquitectura jurídica y normativa para el sector social; a veces es más conveniente ser sociedad anónima que ser ejido o ser comunidad indígenas, en términos de negocios; la economía social es un instrumento fundamental dentro de la política social, no como asistencialismo, sino como el impulso de lo productivo organizado en economía social; sería todo, gracias.

Acto seguido, el diputado Javier Guerrero García comentó al respecto que se tiene una serie de temas derivados de esto, teniendo que ver con la necesidad de que el fomento cooperativo tenga una agenda común con la Comisión de Desarrollo Social que permite poner una serie de decisiones del Congreso, que impulsen una política que ha demostrado ser ya a estas alturas una política suficiente madura; en abril del presente año se recibirá el primer escenario de Criterios de Política Económica y una de las problemáticas es que nunca se verá esto como un proceso, sino como eventos o actos; en el caso de la agenda que se pueda construir con organismos como Inaes y Fomento Cooperativo, pudiera ser una agenda que de alguna manera permita que cuando se llegue a la discusión del Presupuesto se cuente con los argumentos suficientes para impulsar las prioridades que eventualmente se tengan identificadas como las más importantes; ya que no existen estas libertades, pero no se puede condicionar 70, 50 o 60 por ciento de los recursos de Inaes a distribución por cúpulas o por organizaciones nacionales, porque entonces pierde mucha de la riqueza regional que tiene esta política pública en su conjunto.

En cuanto a la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, no representa esas organizaciones nacionales porque existe un proceso regional de trabajo demostrado pero sí es una distorsión que eventualmente además del flujo de recursos y de monto presupuestal, le mete muchas camisas de fuerza al Inaes en su operación.

Posteriormente la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, comentó que ha estado de la mano el trabajo con la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social; puntualizando que el artículo 25 de la Constitución indica los tres pilares de la economía en México, que son el sector privado, público y social, los cuales se encuentran totalmente olvidados; en cuanto a la disposición para elaborar agendas conjuntas y peso específico en términos de desarrollo económico, ha sido una de las grandes brechas para que se tenga un desarrollo social adecuado, el cual tiene que ver con esa brecha económica, que no sólo tiene que ver con el asunto del ingreso, porque la economía social incluso tiene formas tan distintas; entonces es fundamental que se vea la economía social como un pilar de la economía nacional.

Con esta parte de miras en proyectos estratégicos; la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, mencionó que uno de los programas que mayor demanda tiene es Inaes y de ahí se puede ver la oferta institucional de lo que puede acceder a las comunidades o los municipios semiurbanos; por lo cual comentó que este próximo mes de septiembre, noviembre, del presente año, se comenzará a discutir y fortalecer el tema presupuestal, con el fin de apoyar a las personas que habitan en zonas urbanas; en cuanto al programa de Impulso Productivo existen varios criterios que aplican los técnicos a la hora de estar recibiendo los proyectos y que en ocasiones son las mismas reglas de operación uno de los obstáculos para acceder al programa; ahora el tema del plazo para subsanar algún requisito consideró que se brinde el poder para subsanar algunas deficiencias mas no eliminar a los que se pueden equivocar; otra cuestión es que se deben poner oficinas regionalizadas, ya que en algunos casos resulta verdaderamente costoso que los solicitantes puedan acudir a la oficina central.

Asimismo la diputada Angélica Moya Marín, manifestó que se debería reflexionar ya que si Inaes se complica en el tema de la economía social se tendrían consecuencias negativas al cambiarlo de la Secretaría de Economía a la de Desarrollo Social; en consecuencia externó estar de acuerdo en apoyar absolutamente al sector social como un sector de la economía.

La diputada María Elida Castelán Mondragón, manifestó estar de acuerdo con la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, en el aspecto de que se abren las ventanillas y se cierran al siguiente día; por lo cual solicitó que se amplié el espacio para que puedan acceder a este programa todas las personas interesadas; asimismo la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, comentó en cuanto a las reglas de operación que existen fallas por parte de los técnicos, que en algunos casos engañan a la gente o les exigen pagos por adelantado, sin decir cuál fue el resultado; por lo cual señaló es un tema delicado, habiendo que checar cómo se selecciona a los técnicos o, en su caso, brindarles una capacitación de conciencia social.

Posteriormente el diputado Javier Guerrero García planteó una propuesta a la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, si así lo considera, nos brinden una relación de los proyectos estratégicos con lo que trabaja Inaes.

En el caso de la diputada Angélica Moya Marín, planteó que el tema de presupuesto, como se hace no tiene sentido ni resultado, si no se genera como un proceso que permita llegar a las comisiones y al debate, como un posicionamiento desde las propias comisiones; señalando además insistir a las diputadas y los diputados se inscriban para conocer el proyecto, siendo esto una forma muy práctica de empezar un esquema de colaboración y de trabajo.

Posteriormente el presidente pasó al siguiente punto del orden del día, asuntos generales. Por lo cual informó que en la reunión de junta directiva se acordó presentar el proyecto de informe semestral, cuyo requisito implica el aval de la junta directiva, y que a los integrantes de la comisión se les brindará dicho informe, esperando hagan sus comentarios, enriqueciendo el mismo; otro tema son las reuniones que se tienen con los funcionarios en Sedesol, sería el jueves 10 de marzo de 2016, con la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Vanessa Rubio Márquez, invitando a un grupo de especialistas que la diputada María del Rosario Rodríguez está proponiendo, abordando el tema de padrón único; el marte 15, se tendría la cita con el director de Liconsa y Diconsa y el martes 29 de marzo, con el abogado general y responsable de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social; quedando pendiente la reunión con la Subsecretaría de Desarrollo Humano.

Por otra parte, en cuanto a la directora de Inaes, Narcedalia Ramírez, con mucha disposición, se agendaría una reunión, llevándose a cabo en las instalaciones de Inaes o Cámara de Diputados; otro de los temas es que se estableció que en la próxima reunión ordinaria, 13 de abril, se vería exclusivamente la aprobación de los dictámenes; en cuanto a la subcomisión de dictamen estableciera un proceso previo de trabajo dentro de la subcomisión, para llegar a esa reunión con los anteproyectos ya trabajados y consensar para que se pueda dar esto.

Otro de los temas es que se va a trabajar en generar una opinión de la comisión en torno al informe de la Auditoría Superior de la Federación y se estaría socializando con los diputados integrantes para que nos proporcionen sus comentarios; por otra parte se tiene una baja del diputado José Antonio Arévalo González, como integrante de la comisión y se da de alta al diputado José de Jesús Galindo Rosas, del PVEM; y finalmente el otro tema es que el diputado David López, del PRI, solicitó ser sustituido como coordinador de la Comisión de Vinculación y se está proponiendo al diputado Miguel Ángel Sulub Caamal. Por último, el diputado Javier Guerrero García manifestó que sería todo en cuanto asuntos generales y no habiendo algún otro tema de parte de los diputados; dio por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social a las 19:27 horas; citándose para la siguiente reunión de la comisión con previa convocatoria, que para tal efecto se realice. Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de marzo de 2016, Damos Fe.

La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier, David López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián González, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, secretarios.

De la Comisión de Desarrollo Social, atinente a la reunión de junta directiva efectuada el miércoles 13 de abril de 2016

A las nueve horas con treinta minutos, del miércoles 13 de abril de 2016, en el salón A del edificio G, en la honorable Cámara de Diputados con domicilio en avenida Congreso de la Unión Número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, se reunieron las legisladoras y los legisladores integrantes de la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Social.

El presidente, Javier Guerrero García, solicitó a la secretaria que informara sobre el resultado del cómputo de asistencia. La secretaria Gabriela Ramírez Ramos informó de la asistencia de catorce integrantes de la junta directiva presentes.

En consecuencia el presidente declaró el quórum correspondiente y solicitó a la secretaria diera lectura al orden del día, y consultase si era de aprobarse. En uso de la palabra la secretaria dio lectura al orden del día. La sometió a consideración de los integrantes y fue aprobada por mayoría.

A continuación, el presidente puso a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes y solicitó a los diputados que si existieran iniciativas a reservar, lo expresaran. A la solicitud planteada se reservaron los siguientes dictámenes:

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X y un último párrafo al artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, presentada por el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

c) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;

d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y

e) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a ampliar el programa social de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y para vigilar el adecuado cumplimiento de las reglas de operación del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras.

En cuanto a la iniciativa presentada por 1a diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, la diputada Ximena Tamariz García manifestó su interés de conocer la opinión emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica sobre el impacto presupuestal, a lo que el Diputado Presidente respondió que dicha iniciativa no se discutiera en virtud de que debía analizarse en conjunto con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, comisión que no había respondido a la solicitud de convocatoria para su discusión.

Referente a la iniciativa del diputado Waldo Fernández, la diputada Érika Irazema Briones Pérez manifestó que dicha iniciativa iba a ser retirada en los próximos días por el proponente y que a través de la mesa directiva se iba a informar a la Comisión de Desarrollo Social.

En relación con la iniciativa presentada por el diputado Ángel García Yáñez, e1 proponente solicitó se realizara una prórroga para la discusión del dictamen a lo que el presidente manifestó que el tema era darle cause a la iniciativas, además, que está ya contaba con prórroga y sugirió su retiro a fin de fortalecerla.

El diputado García Yáñez comentó que la retiraría y se informaría a la comisión a través de la Mesa Directiva. Posteriormente la diputada Araceli Damián González manifestó que en relación con el dictamen de la iniciativa del diputado Julio Saldaña Morán, fuera solicitada prórroga para realizar un análisis profundo, dada la relevancia de tiempo destinado al cuidado de los niños y ancianos.

Al respecto, el presidente informó que dicha iniciativa había sido retirada y solicitó a la diputada Araceli Damián González ofreciera una exposición sobre el tema que se aborda en la iniciativa, ya que era poco conocido pero muy importante y en la cual ella era experta al publicar un libro sobre el citado tema.

Finalmente, la diputada Araceli Damián González se refirió al punto de acuerdo presentado por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín indicando que había sido retirado. Posteriormente, el presidente dio cuenta de los dictámenes de iniciativas y puntos de acuerdo que se iban a poner a consideración para su discusión en la reunión ordinaria:

a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional;

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3o. y un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

c) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que haga del conocimiento público las acciones concretas que llevará a cabo para prevenir el mal uso de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral, durante los comicios a celebrarse en diversas entidades federativas en 2016, presentado por el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;

d) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y el Distrito Federal para que actualice y homologue sus ordenamientos en materia de desarrollo social, tomando como referencia la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, conceptualizando la pobreza bajo un enfoque integral y multidimensional con pleno respeto al ejercicio de los derecho humanos, presentado por el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

e) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados y a los sistemas DIF de las entidades federativas a convenir la compra directa de leche a la empresa Liconsa, SA de CV, para dotación de los distintos programas de desarrollo social, presentada por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; y

f) Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que elabore y haga pública una estrategia para dar respuesta a las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2014, presentada por el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional.

Como parte del último punto del orden del día referente a asuntos generales, el presidente concedió el uso de la palabra al licenciado Guillermo Gazanini, asesor de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz para informar sobre el foro-taller Criterios de Medición de la Pobreza, conformación de polígonos y padrones sociales, que llevaría a cabo la Subcomisión de Padrones de los Programas Sociales en conjunto con la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social el 20 de abril del presente año.

En seguida el presidente comentó la pertinencia de celebrar un acuerdo de colaboración para el programa de Parlamento Abierto entre la Comisión de Desarrollo Social y diversas organizaciones de la sociedad civil, academia, gobierno y expertos en tecnología cívica e inclusión digital con el objeto de elevar los estándares de transparencia y apertura en el trabajo legislativo, mismo que se firmaría el día en que se celebraría el foro-taller.

Por otro lado, comunicó a los integrantes de la junta directiva la incorporación como secretaria de la comisión de la diputada Ana Laura Rodela Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución de la diputada Adriana Terrazas Porras.

Por último y en uso de la palabra la diputada María Elida Castelán Mondragón solicitó fuera programada una reunión con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y la congregación Mariana Trinitaria. En respuesta, el presidente planteó como propuesta que la exposición de la diputada Araceli Damián González sobre su libro y la presentación por parte de la congregación Mariana Trinitaria se llevara a cabo el mismo día y comentó que se sostuvo una plática con Narcedalia Ramírez Pineda, directora del Instituto Nacional de Economía Social para programar una reunión en fecha próxima.

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, el presidente dio por concluida la reunión de la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Social, a las 10 horas con 36 minutos del miércoles 13 de abril de 2016.

La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier, David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Ana Laura Rodela Soto, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián González, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, secretarios.


Convocatorias

De la Comisión de Salud

A la séptima reunión de junta directiva, que se efectuará el lunes 23 de mayo, a las 10:00 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sexta reunión de junta directiva.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 2 proyectos de dictamen en sentido positivo de minutas.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 4 proyectos de dictamen de 5 iniciativas en sentido positivo.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 6 proyectos de dictamen de 6 iniciativas en sentido negativo.

7. Asuntos generales:

a) Solicitudes de prórroga para diversos dictámenes.

8. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía

Presidente

De la Comisión de Salud

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el lunes 23 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 2 proyectos de dictamen en sentido positivo de minutas.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 4 proyectos de dictamen de 5 iniciativas en sentido positivo.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 6 proyectos de dictamen de 6 iniciativas en sentido negativo.

7. Asuntos generales.

8. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía

Presidente

De la Comisión de Economía

A la séptima reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 25 de mayo, a las 12:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente

Diputado Jorge Enrique Dávila Flores

Presidente

De la Comisión de Turismo

A la quinta reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 25 de mayo, a las 12:00 horas, en zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta reunión ordinaria.

4. Presentación del programa Mejora tu Hotel, a cargo de los licenciados Rubén Gerardo Corona González, subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo federal, y Fernando Hoyo Oliver, director general adjunto de Fomento Bancomext.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputada Gretel Culin Jaime

Presidenta

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

A la reunión plenaria que se llevará a cabo el martes 14 de junio, de las 17:00 a las 19:00 horas, en la zona C del edificio G.

En la sesión se presentará el informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Atentamente

Diputada Hortensia Aragón Castillo

Presidenta


Invitaciones

Del diputado Juan Romero Tenorio

Al foro Diálogo con congresistas mexicanos: que las transnacionales paguen lo justo, por celebrarse el martes 24 de mayo, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el auditorio norte del edificio A.

Atentamente

Diputado Juan Romero Tenorio

De los diputados Juan Romero Tenorio y Araceli Damián González

Al foro Las continuas violaciones a los derechos humanos en México: de la guerra sucia a Iguala, que se llevará a cabo el martes 24 de mayo, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el salón Legisladores de la República.

Atentamente

Diputado Juan Romero Tenorio

Diputada Araceli Damián González

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al seminario nacional La planeación del desarrollo urbano y regional en México, a cuatro décadas de la Ley General de Asentamientos Humanos que, con el Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo del miércoles 25 al viernes 27 de mayo, de las 9:00 a las 18:00 horas.

• Miércoles 25, Instituto de Investigaciones Económicas.

• Jueves 26, Facultad de Arquitectura.

• Viernes 27, zona C del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Atentamente

Maestro Ernesto Cavero Pérez

Subdirector de Opinión Pública

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

A la suscripción de la carta de intención entre el CEDIP y el Congreso de Baja California Sur, que tendrá lugar el jueves 26 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón B del edificio G.

El enlace para la coordinación del acto es Francisco Ramírez Vigil, extensiones 58147 y 58135, así como correo electrónico dracordero@hotmail.com

Atentamente

Doctor Sadot Sánchez Carreño

Director General

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al foro Redes sociales y la agenda pública que, en coordinación con la Universidad Iberoamericana, se llevará a cabo el martes 31 de mayo, de las 8:30 a las 15:00 horas, en el auditorio Crescencio Ballesteros Ibarra de la universidad, situado en el edificio F, planta baja, con dirección prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, CP 01219, Ciudad de México.

Facebook: www.facebook.com/cesop01

Twitter: @CesopMx

Atentamente

Maestro Ernesto Cavero Pérez

Subdirector de Opinión Pública

De la Comisión de Ciencia y Tecnología

Al curso Forjando innovadores protegidos, que se llevará a cabo el miércoles 8 de junio, a las 9:00 horas, en los salones C y D del edificio G.

Módulo introductorio

Sesiones: 1

Duración: 1 hora

Objetivo del módulo: Introducir a los asistentes al sistema de propiedad industrial y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI.

Tema: Concepto de Propiedad Intelectual.

Descripción del contenido: Definición de propiedad intelectual según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.

Tema: División de la propiedad industrial en México.

Subtema: Derechos de autor y variedades vegetales.

Descripción del contenido: Derechos de autor y sus características.

Tema: División de la propiedad industrial en México.

Subtema: Propiedad intelectual.

Descripción del contenido: La propiedad industrial y mencionar brevemente las figuras jurídicas que se protegen.

Tema: División de la propiedad industrial en México.

Subtema: Variedades vegetales.

Descripción del contenido: Exponer brevemente este tipo de protección y mencionar al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Sagarpa) como la autoridad responsable.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Antecedentes.

Descripción del contenido: Mencionar a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Creación.

Descripción del contenido: Mencionar la fecha de creación y definición jurídica del IMPI.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Objetivos.

Descripción del contenido: Mencionar los objetivos del instituto.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Organización.

Descripción del contenido: Mencionar de manera general la forma en que se constituye el IMPI.

Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Subtema: Oficinas centrales y regionales.

Descripción del contenido: Mencionar la ubicación y área de atención de las oficinas centrales y regionales del IMPI.

Tema: La propiedad industrial y sus beneficios.

Descripción del contenido: Como los títulos de propiedad industrial al ser activos intangibles adquieren valor, lo cual es un beneficio para la empresa y las personas físicas titulares de éstos.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas que deberán formular conclusiones.

Horario: 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Módulo 1. Signos distintivos

Sesiones: 1

Duración: 2 horas.

Objetivo del módulo: Los asistentes identificarán los diversos signos distintivos que pueden utilizar, así como el mecanismo de registro.

Tema: Marcas.

Subtema: Tipos de marcas.

Descripción del Contenido: Definir los tipos de marcas que existen: nominativa, innominada, mixta y tridimensional.

Tema: Marcas.

Subtema: Marcas colectivas.

Descripción del contenido: Definir el concepto de marca colectiva, quiénes y cómo se puede utilizar.

Tema: Marcas.

Subtema: Impedimentos legales.

Descripción del contenido: Describir los impedimentos legales de acuerdo con los artículos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Tema: Avisos comerciales.

Descripción del contenido: Definir los avisos comerciales.

Tema: Nombres comerciales.

Descripción del contenido: Definir los avisos comerciales.

Tema: Denominaciones de origen.

Descripción del contenido: Definir qué son, para qué sirven y cuáles son las denominaciones de origen mexicanas.

Tema: Ventajas del registro marcario.

Descripción del contenido: Explicar a los asistentes cuál es la ventaja que se obtiene al realizar el registro de signos distintivos.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Herramientas informáticas en el trámite de signos distintivos.

Descripción del contenido: Explicar el uso de la Clasificación de Niza; Marcanet y el llenado de solicitud a través de Marca en Línea.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Presentación de la solicitud.

Descripción del contenido: Explicar cómo y dónde se presenta la solicitud, los documentos anexos que se requieren y tarifas correspondientes.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas.

Horario: Una hora 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Módulo 2. Invenciones

Sesiones: 1

Duración: Una hora con 30 minutos.

Objetivo del módulo: Los asistentes distinguirán las diversas figuras jurídicas que pueden utilizar para la protección de invenciones, así como el mecanismo de registro de éstas.

Tema: Patente.

Subtema: Conceptos básicos.

Descripción del contenido: Explicar brevemente qué es una patente, y las partes que conforman el documento de información técnica.

Tema: Patente.

Subtema: Requisitos de patentabilidad.

Descripción del contenido: Definir los conceptos de novedad, estado de la técnica, actividad inventiva y aplicación industrial.

Tema: Modelo de utilidad.

Subtema: Conceptos básicos.

Descripción del contenido: Qué es un modelo de utilidad y sus características.

Tema: Diseño industrial.

Subtema: Dibujo industrial.

Descripción del contenido: Explicar la figura de dibujo industrial y sus características.

Tema: Diseño industrial.

Subtema: Modelo industrial.

Descripción del contenido: Describir el modelo industrial y las características que debe poseer.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Búsqueda de información tecnológica.

Descripción del contenido: Mencionar la importancia de la búsqueda de información tecnológica como un paso previo al trámite, haciendo énfasis en el análisis del estado de la técnica.

Tema: Procedimiento administrativo para el registro.

Subtema: Llenado y presentación de la solicitud.

Descripción del contenido: Exponer cómo hacer el llenado de la solicitud, especificando la diferencia entre cada una de las diferentes figuras jurídicas de protección, asimismo explicar cómo y dónde se presenta la solicitud, además de las tarifas correspondientes.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas.

Horario: Una hora 15 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Módulo 3. Servicios de información tecnológica

Sesiones: 1

Duración: 1 hora, con 30 minutos.

Objetivo del módulo: Los asistentes identificarán qué es para qué sirve la información tecnológica.

Tema: La información tecnológica de patentes.

Subtema: Conceptos básicos sobre información tecnológica de patentes.

Descripción del contenido: Definir la importancia de la información tecnológica de patentes.

Tema: Uso de la información tecnológica al interior de la empresa.

Subtema: El aprovechamiento de la información tecnológica de patentes por parte de las empresas.

Descripción del contenido: Explicar cómo la información tecnológica puede contribuir al aumento de la competitividad de las empresas.

Tema: Formas de acceder a la información.

Subtema: Acceso electrónico.

Descripción del contenido: Mostrar el acceso a las distintas bases de datos.

Tema: Formas de acceder a la información.

Subtema: Presencial.

Descripción del contenido: Describir el Centro de Información Tecnológica y sus servicios, así como los costos de éstos.

Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada tema en forma dinámica y con carácter aplicable. Discusión y debate, posteriormente a la exposición se realiza una sesión de preguntas y respuestas.

Horario: Una hora 15 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas y respuestas.

Atentamente

Diputado José Bernardo Quezada Salas

Presidente

De la Comisión de Reforma Agraria

Al diplomado Políticas públicas para el desarrollo rural: evaluación y estrategia que, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizará los viernes y sábados, hasta el 18 de junio, de las 16:00 a las 21:00 horas y de las 9:00 a las 14:00, respectivamente.

Atentamente

Diputado Jesús Serrano Lora

Presidente

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

Al Diplomado en derecho electoral , que en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, se impartirá hasta el jueves 4 de agosto.

Módulos

I. Democracia como régimen político

1. Regímenes políticos

1.1. Regímenes no democráticos

1.2. Regímenes democráticos

2. Democracia: tipos y calidad de democracia

2.1. Cómo definir la democracia

2.2. Tipos de democracia

2.3. La calidad de la democracia

3. Desarrollo democrático en México

3.1. La época del partido hegemónico

3.2. Reformas electorales y transición

3.3. Componentes importantes de la democracia mexicana

3.4. Evaluación de la democracia mexicana

II. Derecho electoral sustantivo

1. Elecciones, soberanía y representación

1.1. La soberanía y la representación en su relación con las elecciones y el voto

1.2. Elecciones y democracia

1.3. México y sus elecciones: marco constitucional y legal

2. Partidos políticos como sujetos de derecho electoral

2.1. Concepto y evolución de los partidos políticos

2.2. Tipos de partidos políticos

2.3. Funciones de los partidos políticos

2.4. El sistema de partidos en México

2.5. Régimen vigente de los partidos políticos en México

3. Participación política de los ciudadanos

3.1. Mecanismos de participación ciudadana

3.2. Mecanismos de participación en México

III. Sistemas electorales y de partidos

1. Sistemas electorales

1.1. Elementos de los sistemas electorales

1.2. Clasificación por familias de los sistemas electorales

2. Sistemas de partidos

2.1. Clasificación de los sistemas de partidos

2.2. Interacciones en los sistemas de partidos

2.3. Sistema electoral y de partidos en México

2.4. Interacciones entre los sistemas electorales y de partidos

3. Elementos constitutivos de los congresos mexicanos

3.1. Conformación del Congreso federal

3.2. Conformación de los congresos locales

IV. Autoridades electorales

1. Autoridades y gobernanza electoral

1.1. Introducción a las autoridades electorales

1.2. Las autoridades electorales en México

2. Autoridades administrativas

2.1. El Instituto Nacional Electoral

2.2. Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples)

3. Autoridades jurisdiccionales y en materia penal

3.1. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

3.2. Suprema Corte de Justicia de la Nación

3.3. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

V. Proceso electoral federal

1. Definiciones, principios y actos previos al proceso electoral

1.1. Definiciones y principios del proceso electoral federal

1.2. Geografía electoral

1.3. Registro de partidos políticos

1.4. Registro de agrupaciones políticas nacionales

1.5. Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar con fotografía

2. Etapas del proceso electoral federal (Parte 1): Preparación de la elección I

2.1. Observadores electorales

2.2. Mesas directivas de casilla

2.3. Encuestas

2.4. Aprobación de documentación y materiales electorales, definiciones y características

2.5. Integración de los consejos locales y distritales

3. Etapas del proceso electoral federal (parte 2): Preparación de la elección II

3.1. Listas nominales

3.2. Candidatos

3.3. Registro de coaliciones

3.4. Precampañas electorales

3.5. Campañas electorales

3.6. Fiscalización

4. Etapas del proceso electoral federal (parte 3): jornada electoral

4.1. Instalación de casillas

4.2. Recepción de la votación

4.3. Escrutinio y cómputo en las casillas

4.4. Clausura de casilla y remisión del expediente electoral

5. Etapas del proceso electoral federal (Parte 4): Resultados y declaración de validez

5.1. Recepción, depósito y salvaguarda de los expedientes electorales

5.2. Programa de Resultados Electorales y Preliminares (PREP)

5.3. Cómputos distritales y recuento de votos

5.4. Declaración de validez

5.5. Dictamen y declaración de validez de la elección presidencial

5.6. Consecuencias del proceso: Pérdida del registro y liquidación de los partidos políticos

VI. Derecho sancionador

1. Derecho sancionador y el procedimiento ordinario sancionador

1.1. Antecedentes y principios del derecho sancionador

1.2. Procedimiento ordinario sancionador (POS)

2. Procedimiento especial sancionador y la individualización de la sanción

2.1. Procedimiento especial sancionador (PES)

2.2. Individualización de la sanción

VII. Medios de impugnación y nulidades

1. Sistema de medios de impugnación (Parte 1)

1.1. Marco constitucional y legal

1.2. Principios procesales de los medios de impugnación

1.3. Reglas generales

2. Sistema de medios de impugnación (Parte 2)

2.1. RVV, RAP, REP

2.2. JDC, JRC, JIN, REC

2.3. JLI y CLT

3. Nulidades en materia electoral (parte 1)

3.1. Principios del sistema de nulidades

3.2. Nulidad de la votación recibida en casilla

4. Nulidades en materia electoral (parte 2)

4.1. Nulidad de la elección

Atentamente

Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al sexto Premio nacional de investigación social y de opinión pública.

La fecha límite para recibir trabajos es el 31 de agosto de 2016.

• Primer lugar: 150 mil pesos.

• Segundo lugar: 75 mil pesos.

• Tercer lugar: 50 mil pesos.

Informes al teléfono 5036 0000, extensiones 58232 y 51299.

http://www5.diputados.gob.mx/cesop

Atentamente

Maestro Ernesto Cavero Pérez

Subdirector de Opinión Pública


Avisos

De la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, relativo a la instalación del módulo de atención de la ASF

Se recuerda a los legisladores y los servidores públicos de la Cámara de Diputados obligados a presentar declaración de modificación patrimonial que un módulo de la Auditoría Superior de la Federación prestará atención hasta el martes 31 de mayo, de las 9:30 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 18:30, en el vestíbulo principal (ala norte del edificio A).

Mayores informes en la extensión 67254.

Atentamente

Licenciado José Aldo García Valdés

Director General