Que reforma las Leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en materia del sistema único de salud, recibida del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de mayo de 2012

El suscrito ciudadano diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1o.; adiciona la fracción VIII al artículo 2o.; reforma la fracción II y II Bis del artículo 3o.; reforma la fracción I y adiciona la fracción VI Ter al artículo 6º; reforma los artículos 7o., 8o. 9o.; el segundo párrafo del artículo 10; reforma la fracción II, adiciona la fracción VI Bis y VII Ter al Aparatado A, reforma la fracción I y adiciona la fracción II Bis al Aparatado B del artículo 13; adiciona la fracción V Bis y VI Bis del artículo 17; reforma los artículos 25, 26, 28; adiciona el artículo 29 Bis; reforma los artículos 34, 35, 77 Bis 2; reforma la fracción I, VIII, X, XI, XII, XVI, XVII del Apartado A, la fracción III, IV y IX del Aparatado B del artículo 77 Bis 5; reforma los artículos 77 Bis 6, 77 Bis 9, 77 Bis 10, 77 Bis 11, 77 Bis 15, 77 Bis 16, 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, reforma los artículos 5, 8 y adiciona la fracción V del artículo 89 de la Ley del Seguro Social; reforma los artículos 27, 31 y 33 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El gran reto estructural que enfrentamos para seguir avanzando es la falta de integración entre los esquemas que cubren a diferentes grupos de la población. El país necesita transitar hacia la siguiente etapa de la seguridad social, que es la protección social universal, la esencia de la protección social es que el acceso a los beneficios deja de ser solamente un derecho laboral, lo cual necesariamente lo limita para convertirse en un derecho ciudadano lo cual lo vuelve universal. Un elemento vital de esta nueva fase de desarrollo debe ser la construcción del sistema único de salud de México, que represente un aseguramiento en salud de tipo universal. El despliegue pleno requerirá cambios institucionales que por fin garanticen a todas las personas independientemente de su condición laboral, el ejercicio efectivo y equitativo del derecho a la protección de la salud, evitando su fragmentación y marginación de los grupos más vulnerables.

Un aspecto que merece especial atención es la reforma financiera, que tiene como meta movilizar recursos adicionales para la salud y garantizar un financiamiento justo de la atención a la salud que evite los gastos excesivos de los hogares en esta materia. Asimismo, se busca ordenar las fuentes y fondos que conforman la estructura financiera del sistema para evitar duplicidades y optimizar el gasto público, es decir, instrumentar medidas que permitan un mejor uso de los recursos. Para ello se propone legislar la contribución social generalizada para la salud; separar el financiamiento de la atención médica del financiamiento de otras prestaciones de la seguridad social; separar el financiamiento y la prestación de los servicios de atención médica; consolidar un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos por servicios de alta especialidad; asegurar el financiamiento de los bienes públicos de la salud; institucionalizar un proceso justo y democrático para definir prioridades entre las intervenciones de salud; impulsar la participación público-privada en la inversión en salud, y asegurar el impacto del incremento de los niveles de salud en la competitividad del sistema productivo.

Desde 1983 el artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de todas las personas a la protección de la salud. Sin embargo, la fragmentación del sistema de salud no ha permitido el ejercicio universal e igualitario de este derecho. No obstante el éxito de ciertos programas de salud pública, persisten brechas en las condiciones de salud de la población, y la meta de alcanzar una cobertura universal parece inalcanzable mediante los esquemas tradicionales de la seguridad social.

Las nuevas propuestas para consolidar el avance en la reforma del sistema de salud deben centrarse en hacer efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud pero, a partir de una mayor precisión del concepto de protección de la salud y sus alcances en términos de las obligaciones y responsabilidades para los tres órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto. Con el fin de adaptar el Sistema Nacional de Salud a la nueva realidad demográfica, epidemiológica y política del país, se hace necesario el establecimiento de un nuevo contrato social para la protección de la salud, cuyo objetivo es diseñar e implantar una política pública de Estado que consolide, en una visión de largo plazo, el trabajo de varias generaciones de profesionales e instituciones de la salud.

En este sentido las acciones que protegen contra riesgos a la salud van más allá del ámbito de la atención médica o los servicios personales de salud. Existe un conjunto amplio de acciones comprendidas en el campo sanitario y preventivo que no sólo forman parte esencial de todo sistema de salud, sino que son también las intervenciones que más contribuyen a mejorar las condiciones de salud de la población a un costo razonable.

A pesar de su importante aporte para aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida de la población, las acciones sanitarias y de prevención desde el arranque del Sistema Nacional de Salud fueron desplazadas por la atención médica curativa. Hoy se hace imprescindible rescatar un balance adecuado entre la atención médica y la salud poblacional que contribuya al mejoramiento persistente de los niveles de salud. Para seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de salud de acuerdo con el ritmo observado en las últimas décadas, superar rezagos persistentes, atender necesidades de grupos vulnerables y con el fin de ayudar a contener los costos crecientes de la atención a la salud, es necesario colocar de nuevo a la salud poblacional en el centro de las políticas del Sistema Nacional de Salud.

Esto implica un esfuerzo para continuar y expandir políticas, programas y proyectos relacionados con intervenciones en poblaciones y reducir rezagos de enfermedades pre-transicionales, además de una mayor y mejor coordinación intra e intersectorial, y una mayor participación en los presupuestos federal y estatal asignados a la salud pública. Se trata de acciones sanitarias que benefician a todas las personas, independientemente de su condición económica, social, étnica o de cualquier índole, tales como la vacunación. Asimismo, se trata de promover políticas saludables –políticas efectuadas en otros sectores pero que tienen impacto importante en los principales determinantes de las condiciones de salud– como la disposición de agua potable y el manejo de desechos, entre otras.

La configuración actual del sistema de salud ya no responde a los retos demográficos y epidemiológicos, ni a los que plantea la realidad democrática y económica del México actual. La transformación integral del sistema debe comenzar con una respuesta de orden estructural en la forma en que se financia la salud.

La consolidación del componente financiero es la clave para desencadenar otros incentivos y las reformas subsecuentes que son indispensables para cambiar de fondo los alicientes a la equidad, a la calidad y a la eficiencia. El objetivo de esta reforma financiera es transformar la arquitectura del sistema de salud para garantizar el uso ordenado de los recursos disponibles y, de este modo, hacer efectiva la protección social en salud para toda la población. Esto requiere de la configuración de una sola administración financiera del sistema.

El sistema de salud en México cuenta hoy en día con tres pilares del aseguramiento en salud: el Seguro de Enfermedades y Maternidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para los trabajadores asalariados de las empresas privadas y sus familiares; el Fondo Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, para los empleados de las instituciones de la administración pública federal y sus familiares; y el Seguro Popular de Salud para los trabajadores no asalariados, los desempleados y sus familiares. Con ello se tiene un fundamento sólido para alcanzar la protección financiera universal, mediante la consolidación de un Sistema Único de Salud, a través de un Aseguramiento Universal de la Salud que garantice el acceso de todas las familias a los servicios médicos y que integre los pilares institucionales existentes: IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular de Salud.

El objetivo es contar con una estructura única para el componente del financiamiento de la protección social en salud (atención médica) (incluyendo la recaudación de fondos, la diversificación de riesgos y la asignación de recursos). Esto implicaría integrar el financiamiento de los tres pilares institucionales existentes en uno solo. La prestación de los servicios de atención médica sería plural –y siempre coordinada– y comprendería los servicios ambulatorios y hospitalarios del IMSS, del ISSSTE, de los Institutos Nacionales de Salud, así como los de los servicios estatales de salud y de los hospitales federales de referencia.

Esta configuración (que no es exclusiva y se puede extrapolar a otras prestaciones de la seguridad social) sería más equitativa en términos de las reglas de financiamiento y la prestación de los servicios, ya que eliminaría la problemática de la portabilidad de beneficios entre instituciones, al concentrar en un solo rubro todo lo relacionado con el tema de salud, sin discriminar por grupo de población, y al operar de manera independiente de otros beneficios de la protección social, sobre todo de aquellos asociados más estrechamente con la nómina.

La mejor estrategia para lograr estas previsiones es la implantación de reformas graduales que vayan preparando el camino hacia la consolidación de instituciones, en particular en lo relativo a las prestaciones para población no asalariada. El modelo objetivo entraña diseños institucionales muy distintos a los actuales con implicaciones jurídicas, laborales, financieras y operativas complejas, y que demandan un alto grado de consenso político. El camino hacia la visión objetivo invariablemente enfrentará resistencias importantes y la velocidad de la reforma deberá evaluarse a la luz del capital político de las nuevas administraciones.

Para avanzar en este sentido, se requeriría desarrollar instrumentos financieros que le darían precisamente un carácter universal al sistema y lo prepararían para la transición hacia el modelo horizontal. Entre los que podemos considerar se encuentra: fondo único de aseguramiento, que permitiría diversificar riesgos en salud a escala nacional, de manera solidaria y eficiente; tarjeta universal de salud, que garantizaría que las personas puedan reclamar sus beneficios a las instituciones prestadoras, así como una mayor claridad en el pago de las aportaciones del gobierno federal por beneficiario; tabuladores unificados de intervenciones, que garantizarían optimizar la oferta mediante la utilización y facturación cruzada de servicios entre instituciones públicas, sociales y privadas; plan obligatorio de servicios, que establecería y homologaría de manera explícita el conjunto de beneficios a que tiene derecho la población. Lo anterior de la mano con la portabilidad tecnológica y el expediente clínico electrónico teniendo como base un archivo nacional de salud.

Uno de los elementos fundamentales para anclar la construcción del sistema único de salud, con el aseguramiento universal, es la redefinición de los mecanismos de financiamiento. La transición hacia un nuevo modelo del sistema de salud requiere de una serie de propuestas puntuales que logren, por un lado, consolidar los pilares actuales de la seguridad social y, simultáneamente, migrar hacia la universalización e integración del sistema. Parte de la propuesta es separar el financiamiento de la atención médica del financiamiento de otras prestaciones de la seguridad social.

En este sentido la separación de las distintas prestaciones de la seguridad social tienen también diferentes lógicas de cómo financiarse, lo cual explica que algunas puedan financiarse vía la nómina y otras requieran reservas actuariales para suavizar en el tiempo las contingencias financieras de los cambios demográficos. Así por ejemplo, las prestaciones en dinero (pensiones y subsidios) deben mantener un régimen de reservas financieras y los beneficios deben estar vinculados a las contribuciones para facilitar la auto fiscalización por parte del trabajador. En la atención médica la lógica de recaudación y acceso a los beneficios es distinta y la principal preocupación financiera es buscar la diversificación más amplia posible de los riesgos de salud que enfrenta la población.

La reforma integral del financiamiento requiere evitar que las contingencias financieras de un ramo de seguro, como las pensiones, afecten los servicios de salud, y viceversa. Para ello es necesario considerar: el desarrollo de estrategias y efectuar cambios en la estructura corporativa de las instituciones de la seguridad social con vistas a separar en dimensiones operativas independientes los distintos ramos de seguros; la evaluación de aquellas prestaciones susceptibles de ser consolidadas en el corto plazo por funciones y por tipo de prestación, lo que permitiría avanzar hacia la visión deseable del sistema, y la utilización de los ahorros asociados a economías de escala y reducción de duplicidades para financiar estructuras administrativas más capacitadas y eficientes.

La instrumentación y la efectividad de las políticas en el sector dependen del desarrollo institucional y organizacional del sistema. Asimismo, es necesario contar con instrumentos y cauces que permitan por un lado dar seguimiento a las acciones realizadas y por otro alimentar la definición de políticas con base en las percepciones de la población. El sistema de salud no puede operar sin un marco rector claro, así como tampoco al margen de su desempeño o al margen de la población que atiende. En ese sentido, cada vez es más necesario precisar la figura y funciones de rectoría del sistema. La rectoría es una función necesaria para conducir y velar el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud.

Las propuestas presentadas en las secciones previas requieren del fortalecimiento de la Secretaría de Salud como entidad rectora del Sistema Nacional de Salud y de una mejor coordinación interinstitucional entre ella y el IMSS y el ISSSTE. Una rectoría unificada bajo una sola dependencia lograría no sólo mayor congruencia de las políticas en materia de salud sino también la reducción significativa de costos administrativos y de traslapes en las coberturas de servicios, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

La Preservación de la salud popular, demanda mayor participación de la población. Además de su participación en aspectos de autocuidado de la salud, deben existir mecanismos que permitan incorporar sus expectativas y demandas como parte del diseño de políticas y de la forma de prestar los servicios. En esa medida, el sistema de salud contará con mayores elementos para responder a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Conocer los problemas y preocupaciones de la ciudadanía es una manera también de hacer más efectivas las políticas de conducción de la atención a la salud. En el caso específico de la relación médico-paciente, es importante la existencia de instancias que cooperen para prevenir y resolver los problemas derivados del error médico.

Para blindar la propuesta a partir de la participación ciudadana en materia de salud se integraría de manera organizada la participación de grupos de apoyo y defensa de los pacientes en los procesos de definición de intervenciones prioritarias y de los cuadros básicos, así como de evaluación de nuevas tecnologías e intervenciones, por medio del Consejo de Salubridad General; incorporar como parte de los consejos directivos de hospitales a representantes ciudadanos o miembros destacados de la comunidad, con objeto de incorporar en el ámbito operativo las necesidades y expectativas de los usuarios y con ello mejorar la calidad de los servicios en su dimensión interpersonal, y consolidar las instancias existentes para la conciliación y arbitraje médico en los niveles federal y estatal que permitan proteger los derechos de los usuarios y desmotivar el ejercicio de prácticas clínicas defensivas.

México es un mosaico de enormes contrastes y desigualdades. En el escenario de la salud, las transiciones demográfica y epidemiológica, la económica e incluso la social, no han impedido la reproducción de las grandes brechas entre los diferentes grupos de población que componen a la sociedad mexicana (rural-urbano, pobres y no pobres, género, grupos de edad, etcétera). En algunos aspectos, incluso, podría decirse que estas transiciones han contribuido al incremento en las inequidades en nuestra sociedad y nuestro sistema de salud. De esta forma, es fácil encontrar casos de avances impresionantes y simultáneamente de situaciones de rezago inaceptable.

La salud en México ha mejorado en el último medio siglo, hecho que se refleja de manera muy clara en la esperanza de vida al nacimiento: entre 1950 y 2005 el país ganó 27 años en este indicador. Hoy las mujeres mexicanas pueden esperar vivir casi 78 años y los hombres casi 75. El perfil demográfico es causa y consecuencia del perfil epidemiológico del país. La estructura por edad muestra una población que envejece paulatinamente, con el desplazamiento ascendente de la edad mediana, una menor participación de la población infantil, y un crecimiento de los grupos de edad medios, en edad productiva, así como el incremento acelerado de la población mayor de 65 años. También se observa un tránsito persistente de la población rural hacia el medio urbano y la migración hacia el extranjero ha cambiado el perfil demográfico de comunidades, incluso de entidades federativas.

En consecuencia, las causas principales de muerte también se han modificado. Las infecciones comunes y los padecimientos ligados a la desnutrición y a la reproducción, que ocupaban los primeros sitios entre las causas de muerte, fueron desplazados por las enfermedades no transmisibles (enfermedades cardio y cerebro-vasculares, diabetes, cáncer, enfermedades mentales y adicciones) y las lesiones accidentales e intencionales. Entre 1950 y 2004 las diarreas pasaron de producir 14 por ciento de las muertes en el país a menos de 1 por ciento. En contraste, las enfermedades no transmisibles pasaron de concentrar 44 por ciento de las muertes en 1950 a 74 por ciento en el año 2004. El porcentaje atribuible a las lesiones, sea por violencia o por accidentes, pasó de 6 a casi 11 por ciento en ese mismo periodo. Los padecimientos no transmisibles y las lesiones requieren tratamientos más complejos, prolongados y costosos que los exigidos por las infecciones comunes y los problemas relacionados con la desnutrición y la reproducción.

No obstante los avances en el combate a la pobreza, muchos grupos poblacionales persisten por debajo de la línea de la pobreza extrema y se encuentran todavía frente a riesgos de salud ante la falta de oportunidades y de servicios que requieren. Los indicadores nacionales esconden todavía grandes inequidades en el acceso a los servicios de salud y en su financiamiento, lo que redunda en marcadas diferencias en el nivel de salud entre estados, localidades y grupos poblacionales.

El sistema mexicano de salud no cuenta con recursos suficientes para enfrentar el nuevo perfil de enfermedades que se presenta en la población. En el año 2000 México dedicaba apenas 5.8 por ciento del PIB a la salud. Otros países latinoamericanos con condiciones de desarrollo similares como Argentina, Colombia y Uruguay dedicaban más de 8 por ciento de su ingreso a este aspecto primordial del desarrollo social.

Estas dos situaciones –la importancia creciente de las enfermedades no transmisibles y la inversión insuficiente en salud–, junto con la necesidad de ordenar y redistribuir el gasto público en salud, motivaron una reforma a la Ley General de Salud en 2003, que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud y a su brazo operativo, el Seguro Popular de Salud. A este seguro se están incorporando paulatinamente más de 50 millones de mexicanos que en 2003 no contaban con la protección de la seguridad social. Se proyecta que para fines del 2012 se alcance la verdadera cobertura universal, de modo que todos los mexicanos cuenten con algún seguro público de salud: el Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS, el Fondo Médico del ISSSTE o el Seguro Popular de Salud.

La reforma también ha permitido movilizar recursos adicionales para la salud. En 2005, el gasto en salud como porcentaje del PIB se incrementó a 6.6 por ciento gracias, sobre todo, al aumento del gasto público. Se prevé que a fines del 2012, mediante esta movilización de recursos, el gasto en salud llegue a representar el 7 por ciento del PIB. Aunque se trata de un incremento importante, esta cifra todavía se ubicará apenas en el promedio latinoamericano –y muy por debajo del nivel de gasto de otros países de ingresos medios de la región. Para alcanzar el nivel de inversión que permita atender las necesidades de salud de nuestra población se requerirán recursos que tendrán que movilizarse por medio de estrategias innovadoras y sustentables de ampliación y redistribución del gasto público. La atención adecuada de estas necesidades exigirá también la implantación de diversas medidas que garanticen mayor salud por el dinero invertido, lo que supone una oferta de servicios oportunos, seguros y efectivos.

Durante los últimos años, se han registrado en el mundo importantes adelantos en materia de salud y México no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello en el país es la aplicación universal de vacunas. Otros ejemplos son la disminución en los índices de desnutrición, la reducción de enfermedades infecciosas y el aumento en la cobertura de los servicios públicos de salud. Para el caso de la mortalidad por deficiencias nutricionales en niños menores de cinco años ha caído de casi 25 por cada 100 mil niños en 1995 a tan sólo ocho en 2006. La mortalidad infantil, de poco más de 27 por cada mil nacimientos estimados en 1995, se ha reducido a 18 por el mismo número de nacimientos estimados en 2006.

Sin embargo, existen importantes desafíos por superar derivados principalmente de la transición demográfica y de la desigualdad económica. Las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida –como la diabetes y la hipertensión–, así como las lesiones por accidentes o violencia, representan hoy el 85 por ciento de todas las muertes que se registran en México. Estos padecimientos son complejos y de tratamiento costoso.

El otro 15 por ciento corresponde a las muertes por enfermedades asociadas con la pobreza, como las infecciosas, la desnutrición y las que tienen que ver con la reproducción, mismas que hace 50 años eran las más frecuentes en el conjunto de la población y que ahora afectan sobre todo a quienes viven en situaciones precarias. Las personas más pobres tienen mayor riesgo de morir a edades más tempranas que el resto de la población. Como puede apreciarse, la salud de la sociedad mexicana refleja las desigualdades sociales y económicas del país.

Esta desigualdad, expresada en la dimensión de la salud de las personas, puede observarse también entre regiones. Por ejemplo, en 2006 la tasa de mortalidad infantil en Nuevo León fue de 10.2 fallecimientos por cada mil niños nacidos, mientras que en Guerrero fue cercana a 25. En 2005, el porcentaje de muertes en menores de cinco años causadas por enfermedades infecciosas fue de 5.1 por ciento en Aguascalientes, mientras que llegó a representar 24 por ciento en Chiapas durante el mismo año.

En los sectores más rezagados socialmente conviven al mismo tiempo las llamadas enfermedades del subdesarrollo y las del desarrollo, lo que complica todavía más las soluciones. Sencillamente, la infraestructura para el tratamiento de las enfermedades asociadas a comunidades económicamente desfavorecidas es muy distinta a la que atendería enfermedades características de personas con niveles de vida apreciables.

Tomar en cuenta la dimensión demográfica de la sociedad mexicana es importante para comprender las necesidades más importantes en materia de salud. Para empezar, hay que considerar que la estructura de la población por edades ha variado mucho en las últimas décadas, lo cual plantea desafíos adicionales al sistema de salud, es decir, que no estaban necesariamente previstos por la oferta presente de servicios de salud. Destacadamente, cada vez hay menos niños y más adultos. En 1970, de cada 100 mexicanos 19 eran niños de cinco años o menos. Ahora son solamente 9 de cada 100. Por contraste, la población en edad de trabajar se triplicó entre 1960 y 2000. Actualmente ésta representa el 65 por ciento de toda la población mexicana. Este dato distingue justamente nuestra transición demográfica, pues prácticamente dos terceras partes de la población son muy probablemente perceptores de ingresos por ubicarse en edades productivas.

Pero es necesario advertir que, por otra parte, la población de adultos mayores crece considerablemente y con ello poco a poco disminuye la base social de personas que aportan recursos al conjunto social. En otras palabras, el bono demográfico que representa un segmento mayoritario de la población en edad productiva se irá disminuyendo, indefectiblemente, con el tiempo. Se augura que en menos de 25 años el sector de adultos mayores pasará de 6 a 15.6 millones de personas, de manera que para el año 2030 representará 12 por ciento de la población nacional. Los problemas de salud de adultos y adultos mayores serán, por lo tanto, el componente que más atención demande.

En promedio, la esperanza de vida aumentó de 51.7 a 75.7 años en cinco décadas. Ello representa un logro importante del sistema nacional de salud. No obstante, la desigualdad que presenta la esperanza de vida entre las regiones y entre los sectores de población es dramática. Existen marcadas diferencias en los servicios de salud públicos entre los estados de la República. Mientras que el Distrito Federal cuenta con tres médicos y cinco enfermeras por cada mil habitantes, el estado de México, Chiapas y Puebla tienen menos de un médico y una enfermera por cada mil.

Estas disparidades entre regiones en materia de salud son inaceptables bajo un criterio elemental de justicia y son expresión de inequidad en desarrollo humano En Oaxaca, Guerrero y Chiapas la esperanza de vida es casi 10 años más baja que en Baja California Sur, Nuevo León o el Distrito Federal. Asimismo, en las zonas con menos de 5 por ciento de población indígena, la esperanza de vida promedia 78 años, y donde esta proporción es superior a 75 por ciento, se reduce a 66 años. En el año 2000, por vez primera el número de adultos mayores superó a la población infantil en el mundo, toda la historia de la humanidad había más niños que gente mayor, en el año 2000 se dio esto a nivel mundial y México va a llegar a este punto de inflexión el año próximo; en 2007 la población urbana del planeta superó a la rural, un fenómeno inédito que nuestro país vive desde 1980.

Las acciones de combate a la pobreza han contribuido a disminuir la desnutrición y, con ella, la baja talla de los niños al nacer. Sin embargo, el número absoluto de estos niños, más de 1.2 millones, sigue siendo de una magnitud muy preocupante. Sencillamente, esta desventaja a una edad tan temprana resulta inaceptable, debido a sus efectos negativos en el desarrollo de esos mexicanos. En México, el cuadro más frecuente de enfermedades contagiosas sigue siendo expresión de la falta de una cultura elemental de la salud en muchas de nuestras comunidades. Los padecimientos transmisibles más frecuentes en nuestro país son, en orden de importancia, infecciones respiratorias, diarrea, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.

En 2003 la fecundidad en el mundo alcanzó lo que se conoce como nivel de reemplazo, es decir un promedio de los 2.1 hijos por mujer, esto significa que hoy en el mundo una mujer promedio tiene apenas suficientes hijos a lo largo de su vida, para reemplazarla a ella y su pareja en la siguiente generación. En México la fecundidad llegó a nivel de reemplazo hace dos años, es decir un descenso marcadísimo si recordamos que apenas en 1970 cada mujer Mexicana tenía en promedio 6 hijos. Esa disminución de 6 a 2.1 no permite exagerar la trascendencia de estos cambios en la dinámica de la población, la sobrevivencia de personas a mayores edades y sobre todo el rápido descenso de la fecundidad han desencadenado un dramático proceso de envejecimiento de la población es decir un aumento en la proporción de personas de mayor edad.

El incremento en la demanda por servicios de salud, propiciado por el crecimiento poblacional, el cual va acompañado por un proceso de envejecimiento acelerado de la población; la transición demográfica y el incremento acelerado en la afiliación de la población a los diferentes subsistemas de salud, y específicamente el Seguro Popular de Salud, conlleva a un conjunto de presiones hacia el Sistema de Salud que requieren de atención inmediata y oportuna para la generación del Sistema Único de Salud a través del Aseguramiento Universal de la Salud.

Los avances en materia de salud han generado nuevos retos, la equidad es el más apremiante, el progreso en las instituciones de salud no se ha distribuido de manera homogénea ni entre los países ni al interior de ellos. Debido a la desigualdad social México al igual que el resto de las naciones en desarrollo enfrenta una triple carga de la enfermedad. En primer lugar, está la agenda inconclusa, representada por las infecciones comunes, la mortalidad materna y la desnutrición, en México la patología del rezago sigue presente en las poblaciones de menores recursos, sobre todo en las comunidades indígenas, sin haber resuelto todo este rezago, enfrentamos ya los retos emergentes representados por las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades del corazón, el cáncer y las enfermedades de salud mental, así como por las lesiones debidas ya sea a accidentes o a violencia.

Sin embargo, es justo reconocer que persisten grandes desigualdades en la calidad de los servicios de salud de que disfrutan los mexicanos. La desigualdad se observa también entre instituciones. Pemex, por ejemplo, tiene un promedio de tres médicos por cada mil derechohabientes, mientras que la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE tienen menos de dos. Ello refleja que existen diferencias entre los servicios de salud que reciben derechohabientes del sector paraestatal.

El esfuerzo del Estado mexicano por hacer accesibles los servicios de salud a más personas, si bien se ha reflejado en una infraestructura hospitalaria y de servicios médicos de grandes dimensiones, se enfrenta al doble desafío de atender las llamadas enfermedades del subdesarrollo, como son la desnutrición y las infecciones que afectan principalmente a la población marginada, y padecimientos propios de países desarrollados, como el cáncer, la obesidad, las cardiopatías y la diabetes.

Hacer frente a esta doble problemática representa un reto muy complejo, que para ser atendido adecuadamente requiere de la unión de recursos y compromisos entre la sociedad y los tres órdenes de gobierno. Esta suma de esfuerzos resulta indispensable para moderar las inequidades y acelerar el camino hacia la igualdad de oportunidades para los mexicanos, lo que es esencial para un progreso y una prosperidad compartidos.

Según las cifras más recientes, al Seguro Popular se han afiliado casi 50 millones de personas. Si sumamos los derechohabientes de las instituciones de seguridad social, esto significa que hoy en México casi 100 millones de personas ya cuentan con algún tipo de seguro en materia de salud. Este logro es producto del esfuerzo de varias generaciones de trabajadores de la salud y es una expresión más de las políticas de estado que han contado con el apoyo de todos los niveles de gobierno y de casi todas las fuerzas políticas.

Los avances en el sector han sido singulares debido, entre otras cosas, a la Reforma del Sistema de Salud de 2003 que generó el Sistema de Protección Social en Salud, lo cual permitió incrementar la cobertura de casi 45 por ciento de los hogares en el año 2004 a cerca de 70 por ciento en 2008. Aunado a ello, se ha logrado abatir, en 13 por ciento, la probabilidad de que los hogares incurrieran en gastos catastróficos en salud, generando mejores oportunidades de inversión en capital humano para los hogares y para la economía en general. A raíz de este aumento en el aseguramiento y la protección financiera, además de los avances en las transiciones demográficas y epidemiológicas, y a sólo un año de completar el periodo de transición que la ley establece para cumplir con la tarea de asegurar a todos los hogares, México se encuentra ante la necesidad de garantizar el acceso universal a los servicios y avanzar en reformas innovadoras en cuanto a la prestación de servicios.

Asimismo, otras instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran ante otro tipo de presiones derivadas de las transiciones social y económica que lo ponen al borde del colapso, ocasionando con ello que los recursos destinados a la atención de la salud de su población cubierta sean cada vez más insuficientes, y que la probabilidad de que los derechohabientes tengan que buscar servicios en otras instituciones sea también cada vez mayor.

Ante este panorama, México se encuentra ante un momento propicio para dar un paso decisivo hacía la universalidad de los servicios de salud y con ello reducir las desigualdades hasta ahora existentes en nuestro sistema de salud.

El primer paso para esta transformación es contar con la inversión suficiente para hacer frente a los nuevos retos, uno de los efectos de México de la reforma que estableció el seguro popular es que permitió legislar un incremento sostenido del gasto público en salud, además la reforma dirigió la inmensa mayoría de su incremento presupuestal a las entidades federativas, se estima que el gasto total en salud, como porcentaje del PIB creció en un punto porcentual, para alcanzar 6 por ciento en 2009, gracias sobre todo al aumento del gasto público asociado al seguro Popular. Si bien este incremento de cinco a seis por ciento del PIB a representado un esfuerzo muy importante, esta cifra, todavía se ubica por debajo del promedio latinoamericano, de 7 por ciento y es el segundo más bajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE.

Hoy las propuestas de mejora de nuestro sistema de salud deben enmarcarse dentro de una estrategia integral de desarrollo social, se trata de un concepto integrador pues captura la responsabilidad esencial del Estado. Por ello, es común hablar de protección física, protección civil, protección ambiental, protección jurídica, protección económica, una concepción integral debe abarcar también la protección social como una dimensión más de la responsabilidad esencial del Estado, en esta dimensión el principal desafío que enfrenta nuestro país es el desarrollo de la protección social universal, cuya base son ahora los derechos ciudadanos y no solamente los derechos laborales.

La protección social en salud incluye la protección de la población contra los riesgos sanitarios mediante la vigilancia, la prevención, el fomento y la regulación y que además incluye también el acceso universal a servicios integrales de salud de alta calidad. Este concepto de protección social responde a la letra y el espíritu de la constitución, pues el artículo cuarto habla precisamente del derecho a la protección de la salud, ese es el concepto constitucional. Para darle sentido concreto y exigirle a este derecho social el vehículo de la protección social en materia de salud debe ser el sistema único de salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

Derecho social que es exigible en forma igualitaria, es decir, que ya no hay un grupo de derechohabientes de la seguridad social y un grupo de derecho carecientes que no tienen mecanismos de protección financiera, sino es universal en el sentido que abarca todos y abarca el derecho en una forma que se exige y se ejecuta, ejerce en la misma forma con beneficios similares, accesibles regularmente y con el mismo nivel de calidad de protección financiera. De aquí que el sistema único de salud además debe integrar funcionalmente los 3 pilares institucionales con los que cuenta el Sistema Mexicano de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el seguro popular.

El concepto clave es el de la integración funcional que permite establecer elementos que homologan las reglas de financiamiento y garantizan la portabilidad de las prestaciones. Para ello se necesita una nueva generación de reformas del sistema de salud, una nueva generación que comprende una reforma legal, una reforma financiera, una reforma gerencial y una reforma institucional. La reforma legal incluye todas las modificaciones necesarias para convertir a la protección social en salud que sigue siendo en muchos sentidos un derecho laboral en un derecho ciudadano cuyo ejercicio debe además ser legalmente exigible.

La reforma financiera comprende cambios en diversos ámbitos, y aquí el deber es legislar una contribución social generalizada que sustituya los actuales sistemas fragmentados de financiamiento de la atención a la salud, proveniente ya sea de fondos generales o de cuotas obrero patronales, esta contribución social generalizada deberá hacerse utilizando los esquemas fiscales más progresivos posibles.

No basta con incrementar el financiamiento, es necesario también romper esta ineficiente segmentación de los riesgos y por ello se requiere de la creación de un fondo único de aseguramiento. Más allá de los servicios de alta complejidad y de alto costo habría que diseñar un paquete común de beneficios al que todo mexicano tendría derecho bajo cualquier esquema de aseguramiento público en salud con independencia de quien sea el prestador de servicios. Otra reforma es la gerencial cuyo propósito es llevar los procesos mismos de reforma a los espacios donde se produce el encuentro entre los prestadores y los usuarios de servicios.

Se requiere entonces culminar la separación de las funciones de financiamiento y prestación de servicios en todas las unidades operativas del sector público. Esta separación garantizaría una prestación plural de servicios sensible a las preferencias de los usuarios, lo cual permitiría premiar el buen desempeño y la calidad de la atención, además rompería con la fragmentación institucional que ha dado lugar al deterioro de la calidad de la atención y la frecuente duplicación de la infraestructura, además de la separación del financiamiento y la prestación es indispensable fortalecer las capacidades gerenciales en todos los niveles del sistema y desarrollar instrumentos gerenciales muy concretos para lograr la universalidad. Por una parte determinar la demanda por servicios de salud en México y establecer los requerimientos de oferta de servicios y recursos financieros para cubrir dicha demanda, como parte del diagnóstico base y por otra analizar propuestas y estrategias graduales de separación entre el financiamiento y la prestación de los servicios de salud, así mismo, orientar la propuesta para la consolidación de un Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud.

Lo anterior conlleva a considerar dentro de la misma reforma los mecanismos que consideren la portabilidad de beneficios entre instituciones y un tabulador unificado de intervenciones que permita la utilización y la facturación cruzada de servicios entre proveedores. Finalmente la reforma institucional se refiere a la relaciones entre los actores del sistema de salud, incluyendo los poderes de la unión, los tres poderes de gobierno y los sindicatos, agrupaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Para poder garantizar la atención a la salud es necesario superar diez grandes obstáculos, siete de ellos identificados en el estudio de Economía y Salud y que aún están presentes en el sistema de salud: inequidad, inseguridad, insuficiencia, inflación, inadecuada calidad, insatisfacción, ineficiencia, inadecuada información, inercia e intereses creados.

La inequidad se refiere a un acceso diferencial a los recursos –financieros, materiales y humanos– y servicios para la salud entre distintos grupos poblacionales y entre entidades federativas, que se refleja en diferencias en las condiciones de salud. Las poblaciones no aseguradas del país tienden a recibir menores recursos públicos per cápita para la salud que las poblaciones aseguradas (1,560 pesos versus 3,240 pesos, respectivamente en 2005). Las entidades del norte del país reciben más recursos públicos que los estados del sur. El gasto público per cápita en salud de la población no asegurada de Baja California Sur ascendió en 2005 a 2,128 pesos, mientras que en Guerrero fue de 773 pesos.

En este rubro el Seguro Popular de Salud también ha ayudado a cerrar las brechas, pero todavía hay un importante rezago que combatir, sobre todo en lo que se refiere a las poblaciones indígenas, que presentan aún los valores más bajos del país en los indicadores de gasto en salud, acceso a recursos humanos (médicos y enfermeras) y materiales (camas y quirófanos), cobertura de servicios (atención prenatal, atención institucional del parto) y condiciones de salud. En este último rubro destaca la persistencia en estas poblaciones de problemas de salud (diarreas, infecciones respiratorias y problemas relacionados con la desnutrición y la reproducción) para los cuales se cuenta con intervenciones efectivas y poco costosas.

La inseguridad se refleja en el alto porcentaje de hogares mexicanos que sufren por gastos catastróficos o empobrecedores al atender sus necesidades de salud. Hasta diciembre de 2005 la implantación del Seguro Popular de Salud había permitido extender la protección social en salud a cerca de doce millones de mexicanos que en 2003 no gozaban de los beneficios de la seguridad social, lo que se refleja en una mayor protección financiera, sobre todo de los hogares más pobres. Este esfuerzo, sin embargo, debe ampliarse para alcanzar a todos los mexicanos, de tal manera que se tiene considerado cerrar el 2012 con 50 millones de afiliados.

La insuficiencia se relaciona de manera muy estrecha con el nuevo perfil epidemiológico del país, el cual obliga a movilizar mayores recursos financieros con el fin de atender problemas de salud más complejos, más prolongados y más costosos.

La inflación en salud es consecuencia, sobre todo, de las continuas innovaciones tecnológicas en el sector, las cuales han hecho que los precios de los productos y los servicios para la salud se incrementen a un ritmo mayor que el índice general de precios. Esto obliga al sistema de salud a un uso más eficiente y racional de sus siempre limitados recursos.

La inadecuada calidad se manifiesta tanto en los componentes técnicos como en los interpersonales de la atención a la salud. Lo mismo en el sector público que en el privado existe una enorme variación en la calidad con la que operan los servicios. Hay unidades públicas y privadas de salud de excelencia, pero también centros de atención ambulatoria y hospitales que ofrecen servicios de baja efectividad y son inseguros.

La insatisfacción es un reflejo de la calidad heterogénea de los servicios. Se han hecho progresos importantes en la atención pronta, en el trato digno a los usuarios y en el abasto de medicamentos, pero estos progresos deberán extenderse a todo el sistema para mejorar el nivel general de satisfacción de los usuarios con los servicios. Todavía en algunas instituciones de seguridad social el nivel de satisfacción con la atención pronta es apenas de 60 por ciento, según datos de la última Encuesta Nacional de Satisfacción y Trato Adecuado.

La ineficiencia se refleja en una baja productividad de los recursos en algunas instituciones (médicos, consultorios y quirófanos), mientras que en otras el problema es de una sobre utilización de los recursos asociada a un exceso en la demanda que pone en riesgo la calidad de la atención. Otro indicador de los problemas de eficiencia del sistema son los altos gastos administrativos de algunas instituciones públicas: 23 por ciento en los servicios estatales de salud y 17 por ciento en las instituciones de seguridad social, según la OCDE.

La inadecuada información y la brecha en materia de tecnología de la información impiden la documentación objetiva de los problemas y el apoyo al diseño, implantación y evaluación de los programas y políticas de salud. En algunas entidades federativas, por ejemplo, todavía hay problemas de subregistro de las defunciones infantiles y maternas. Esto ha influido en la falta de transparencia y ha impedido el establecimiento de procesos institucionalizados de rendición de cuentas.

La inercia genera resistencias al cambio en todos los niveles del sistema, las cuales sólo pueden combatirse con la formación de una nueva cultura institucional que incorpore incentivos generadores de comportamientos eficientes y comprometidos con el objetivo último del Sistema Nacional de Salud: mejorar las condiciones de salud de la población.

Finalmente, los intereses creados, reflejados, entre otras cosas, en la apropiación corporativista de las políticas sociales y las instituciones públicas, han dificultado la implantación de las reformas financiera y organizacional que el sistema de salud requiere para adaptarse a los cambios demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y políticos que vive el país.

Durante las últimas décadas México ha generado y recibido los beneficios de una mejoría notable en las condiciones de salud. El mejor reflejo de ello se observa en la esperanza de vida al nacimiento: en la segunda mitad del siglo XX este indicador tuvo un incremento de 27 años: de 48 años en 1950 a 75 en 2005. También se manifiesta en la mejora de indicadores de salud poblacional como el descenso de la mortalidad infantil y la erradicación de algunas enfermedades prevenibles por vacunación. Las principales causas de muerte también se han modificado. Las infecciones comunes y los problemas que tienen vínculos con la desnutrición y la reproducción han sido desplazados por las enfermedades no transmisibles y las lesiones, que hoy concentran más de 85 por ciento de las causas de muerte en el país. Si bien estos avances han sido, en buena medida, producto de una mejoría en las condiciones generales de vida, no podrían explicarse cabalmente sin tomar en cuenta el consistente esfuerzo de las instituciones de salud en México.

En ese contexto, los padecimientos no transmisibles y las lesiones requieren ahora de tratamientos más complejos y prolongados que los de otra índole; por lo mismo, su manejo es más costoso y significan una mayor carga económica para la sociedad que las infecciones comunes y los problemas relacionados con la desnutrición y la reproducción. El sistema mexicano de salud no cuenta con los recursos suficientes y los arreglos organizacionales convenientes para enfrentar este nuevo perfil de enfermedades. Hacer frente a este nuevo perfil y a nuevos riesgos a la salud requiere de una respuesta sistémica que considere riesgos emergentes, los aspectos financieros y estructurales del sistema, los recursos esenciales necesarios para la prestación de los servicios, mejorar la eficiencia en la atención médica y avanzar en la rectoría del sistema para hacer crecientemente efectivo el derecho a la protección de la salud de los mexicanos.

Las reformas a la Ley General de Salud en relación con el Sistema de Protección Social en Salud han permitido movilizar recursos adicionales para la salud. De hecho, se prevé que, gracias a ellas, el gasto en salud se incremente de 5.8 por ciento del PIB en 2000 a cerca de 7.0 por ciento en 2010. Aunque se trata de un aumento importante, esta cifra se ubicará, todavía, por debajo del promedio latinoamericano.

Para alcanzar el nivel de inversión que permita atender las necesidades de salud de los mexicanos, se requerirán recursos crecientes que tendrán que movilizarse mediante estrategias innovadoras y sustentables de ampliación y redistribución del gasto público en salud. La cuidadosa atención de estas necesidades exige de diversas medidas que garanticen mayor salud por el dinero invertido, lo que supone una oferta de servicios oportunos, seguros y efectivos. Para garantizar la atención a la salud que esperan los mexicanos, será necesario superar diez grandes obstáculos, siete de ellos identificados en el estudio de Economía y Salud de 1993, y que aún subsisten: inequidad, inseguridad, insuficiencia, inflación, inadecuada calidad, insatisfacción, ineficiencia, inadecuada información, inercia e intereses creados.

A fin de adaptar el Sistema Nacional de Salud a la nueva realidad demográfica, epidemiológica y política del país, resulta de gran importancia avanzar hacia el objetivo de diseñar e implantar una política pública de Estado que consolide, en una visión de largo plazo, el trabajo de varias generaciones de profesionales e instituciones de la salud, y cuyo eje central se ubica en el fortalecimiento de la rectoría del Sistema Nacional de Salud. Un gran reto estructural que enfrentamos para seguir avanzando es la falta de integración entre los esquemas que cubren a diferentes grupos de la población. El país necesita transitar hacia el siguiente estadio de la seguridad social, que es la Protección Social Universal, la esencia de la protección social es que el acceso a los beneficios deja de ser solamente un derecho laboral, lo cual necesariamente lo limita para convertirse en un derecho ciudadano lo cual lo vuelve universal.

Las propuestas en materia de reforma financiera para alcanzar el acceso universal a la protección financiera y ordenar el financiamiento del sistema, tienen como meta movilizar recursos adicionales para la salud y garantizar un financiamiento justo de la atención a la salud que evite los gastos excesivos de los hogares en esta materia. Asimismo, se busca ordenar las fuentes y fondos que conforman la estructura financiera del sistema para evitar duplicidades y optimizar el gasto público, es decir, instrumentar medidas que permitan un mejor uso de los recursos. Para ello se propone legislar la contribución social generalizada para la salud; separar el financiamiento de la atención médica del financiamiento de otras prestaciones de la seguridad social; separar el financiamiento y la prestación de los servicios de atención médica; consolidar un fondo sectorial de protección contra gastos catastróficos por servicios de alta especialidad; asegurar el financiamiento de los bienes públicos de la salud; institucionalizar un proceso justo y democrático para definir prioridades entre las intervenciones de salud; impulsar la participación público-privada en la inversión en salud, y asegurar el impacto del incremento de los niveles de salud en la competitividad del sistema productivo.

Un elemento vital de esta nueva fase de desarrollo debe ser la construcción del Sistema Nacional de Aseguramiento en Salud. El despliegue pleno requerirá cambios institucionales que por fin garanticen a todas las personas independientemente de su condición laboral, el ejercicio efectivo y equitativo del derecho a la protección de la salud, evitando su fragmentación y marginación de los grupos más vulnerables, para lo cual es indispensable considerar los siguientes ámbitos de reforma:

• Una reforma en materia de salud de las poblaciones para dar prioridad a la promoción de la salud y a la prevención del riesgo a la salud.

• Una reforma financiera para alcanzar el acceso universal a la protección de la salud y ordenar su financiamiento a partir de la separación entre el financiamiento y la prestación de los servicios de salud, así mismo, orientar la propuesta para la consolidación de un Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud, como única administración financiera del sistema.

• Se requiere entonces culminar la separación de las funciones de financiamiento y prestación de servicios en todas las unidades operativas del sector público. Con la consiguiente definición de tabuladores unificados de intervenciones, que garantizarían optimizar la oferta mediante la utilización y facturación cruzada de servicios entre instituciones públicas, sociales y privadas;

• Una reforma sobre los recursos esenciales para impulsar la calidad de los servicios.

• Una reforma en la prestación de servicios para lograr mayor eficiencia en la atención médica, que garantice que las personas puedan reclamar sus beneficios a las instituciones prestadoras, así como una mayor claridad en el pago de las aportaciones del gobierno federal por beneficiario, y

• Una reforma enfocada en el fortalecimiento de la rectoría del sistema para sustentar de mejor manera su conducción y buen desempeño.

La protección de la salud debe comprenderse como una política social de Estado, un derecho social crecientemente efectivo, un instrumento estratégico para el combate a la pobreza, un componente esencial de la democracia, una divisa de participación de la sociedad civil organizada, una estrategia fundamental para el desarrollo económico y una responsabilidad de todos. La salud tiene además una virtud particular: es un tema que unifica, un anhelo de todas las sociedades, un compromiso de todos los sectores y, en esa medida, un valor que fortalece el entramado social, desde una perspectiva de equidad y justicia.

El proceso de consolidación de la democracia que se vive en México gira en torno a garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos; el acceso universal a la atención de la salud constituye una punta de lanza del fortalecimiento de la ciudadanía que encuentra su momento culminante con el ejercicio universal pleno de los derechos sociales, entre ellos, en forma destacada, el de la protección de la salud, por medio de esta propuesta del Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de

Decreto que reforma el artículo 1o.; adiciona la fracción VIII al artículo 2o.; reforma la fracción II y II Bis del artículo 3o.; reforma la fracción I y adiciona la fracción VI Ter al artículo 6o.; reforma los artículos 7o., 8o. 9o.; el segundo párrafo del artículo 10; reforma la fracción II, adiciona la fracción VI Bis y VII Ter al Aparatado A, reforma la fracción I y adiciona la fracción II Bis al Aparatado B del artículo 13; adiciona la fracción V Bis y VI Bis del artículo 17; reforma los artículos 25, 26, 28; adiciona el artículo 29 Bis; reforma los artículos 34, 35, 77 Bis 2; reforma la fracción I, VIII, X, XI, XII, XVI, XVII del Apartado A, la fracción III, IV y IX del Aparatado B del artículo 77 Bis 5; reforma los artículos 77 Bis 6, 77 Bis 9, 77 Bis 10, 77 Bis 11, 77 Bis 15, 77 Bis 16, 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, reforma los artículos 5, 8 y adiciona la fracción V del artículo 89 de la Ley del Seguro Social; reforma los artículos 27, 31 y 33 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Artículo Primero. Se reforma el artículo 1o.; adiciona la fracción VIII al artículo 2o.; reforma la fracción II y II Bis del artículo 3o.; reforma la fracción I y adiciona la fracción VI Ter al artículo 6º; reforma los artículos 7o., 8o. 9o.; el segundo párrafo del artículo 10; reforma la fracción II, adiciona la fracción VI Bis y VII Ter al Aparatado A, reforma la fracción I y adiciona la fracción II Bis al Aparatado B del artículo 13; adiciona la fracción V Bis y VI Bis del artículo 17; reforma los artículos 25, 26, 28; adiciona el artículo 29 Bis; reforma los artículos 34, 35, 77 Bis 2; reforma la fracción I, VIII, X, XI, XII, XVI, XVII del apartado A, la fracción III, IV y IX del Aparatado B del artículo 77 Bis 5; reforma los artículos 77 Bis 6, 77 Bis 9, 77 Bis 10, 77 Bis 11, 77 Bis 15, 77 Bis 16, 77 Bis 31 y 77 Bis 32 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley Reglamenta el Derecho a la Protección de la Salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general a partir de la existencia del sistema único de salud de México a través del aseguramiento universal de la salud. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. a VII. ...

VIII. Brindar la atención por medio del Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. ...

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables incluidos en el Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

II Bis. La protección social en salud, en el marco del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

III. a XXVIII. ...

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población, y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones de prevención del riesgo a la salud;

II. a VI. ...

VI Bis. ...

VI Ter. Impulsar un Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud, como única administración financiera del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

VII. a VIII. ...

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo federal;

II. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud;

II Bis. Impulsar y consolidar un Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud;

III. Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector salud, con sujeción a las leyes que regulen a las entidades participantes;

IV. Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que requieran los programas de salud, a partir de los criterios administrativos del Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud;

V. Coadyuvar con las dependencias competentes a la regulación y control de la transferencia de tecnología en el área de salud;

VI. Asegurar la portabilidad financiera como parte de la facturación cruzada.

VII. Promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud;

VIII. Promover un sistema de costeo que asegure la estandarización de los costos por servicio y atención a usuarios de las diferentes dependencias que conforman el Sistema Nacional de Salud;

IX. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud; así como la participación social en la definición de líneas de trabajo en lo referente a salud colectiva.

Artículo 8o. Con propósitos de complemento y de apoyo recíproco, se delimitarán los universos de usuarios de acuerdo al Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud y las instituciones involucradas podrán llevar a cabo acciones de subrogación de servicios y facturación cruzada.

Artículo 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud, delimitando las coberturas a partir del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

...

Artículo 10. ...

Asimismo, fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos, de acuerdo a los reglamentos de la administración financiera del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. ...

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, II Bis V, VI, XVII Bis, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, del artículo 3o. de esta ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a VI. ...

VI Bis. Promover y programar el alcance y las modalidades Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento.

VII. y VII Bis. ...

VII Ter. Coordinar el Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud;

VIII. a X. ...

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXVIII Bis y XXX del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. ...

II Bis. Promover y participar en las modalidades estatales del Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento.

III. a VII. ...

C. ...

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General:

I. a V. ...

V Bis. Elaborar el catálogo de costos de servicios y atención a usuarios del Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud;

VI...

VI Bis. Participar en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Aseguramiento en Salud.

VII. a IX. ...

Artículo 25. Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, garantizando la protección universal en salud por medio del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

Artículo 26. Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán de acuerdo al Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud, los criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización y de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de cobertura.

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica; un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, así como un catálogo de costos que homogenice el costeo en las instituciones que brindan servicios de salud en el sector salud elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

Artículo 29 Bis. Del Catálogo de Intervenciones y Servicios del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de éstas, coordinando la participación de las instituciones de seguridad social y propondrá las reglas para la facturación cruzada.

Artículo 34.- Para los efectos de esta ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en:

I. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios;

II. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y

III. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.

Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en los principios del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

...

Artículo 77 Bis 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por Sistema de Protección Social en Salud a las acciones que en esta materia provean los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y el Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

La Secretaría de Salud coordinará las acciones de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud, los cuales contarán con la participación subsidiaria y coordinada de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en este título.

...

Artículo 77 Bis 5. La competencia entre la federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases para la regulación de los regímenes estatales de protección social en salud, en el marco del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud, para lo cual formulará el plan estratégico de desarrollo del Sistema y aplicará, en su caso, las medidas correctivas que sean necesarias, tomando en consideración la opinión de los estados y el Distrito Federal, a través del Consejo a que se refiere el artículo 77 Bis 33 de esta ley;

II. a VII. ...

VIII. Definir el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y en su caso, municipal, desde una perspectiva incluyente de las instituciones que brinda la seguridad social en el país;

IX. ...

X. Establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y validar su correcta integración con el de otras instituciones encargadas de la protección social en salud;

XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica; para contar con un registro fidedigno y transparente para el Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

XII. Establecer la forma y términos de los convenios que suscriban los estados y el Distrito Federal entre sí y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir la prestación de servicios, por medio del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

XIII. a XV. ...

XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, el Distrito Federal, instituciones y establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de prestación de servicios de salud, a partir de los lineamientos del Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud y

XVII. Evaluar el desempeño de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud para coadyuvar en la fiscalización de los fondos que los sustenten, incluyendo aquellos destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento.

B) Corresponde a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

I. y II. ...

III. Aplicar de manera transparente y oportuna los recursos que sean transferidos por la Federación y las aportaciones propias, para la ejecución de las acciones de protección social en salud, en función de los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren con el Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud;

IV. a V. ...

VI. Realizar el seguimiento operativo de las acciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en su entidad y la evaluación de su impacto, desde los lineamientos del Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud proveyendo a la Federación la información que para el efecto le solicite;

VII. a VIII. ...

IX. Promover la participación de los municipios en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud y sus aportaciones económicas mediante la suscripción de convenios, de conformidad con la legislación estatal aplicable, desde los lineamientos del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

Artículo 77 Bis 6. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y los gobiernos de los estados y el Distrito Federal celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. Para esos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, en los cuales se determinarán, entre otros, desde el marco del Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud los conceptos de gasto, el destino de los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación, facturación cruzada, portabilidad y los términos de la evaluación integral del Sistema.

Artículo 77 Bis 9. ...

La Secretaría de Salud, los estados y el Distrito Federal, en el marco del Sistema Único de Salud de México a través del mpromoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, que se incorporen al Sistema de Protección Social en Salud provean como mínimo los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo al nivel de atención, y acrediten previamente su calidad.

La acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar, al menos, los aspectos siguientes:

I. a VIII. ...

Artículo 77 Bis 10. ...

Con la finalidad de fortalecer el mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a partir de las transferencias que reciban en los términos de este Título, deberán destinar los recursos necesarios para la inversión en infraestructura médica, de conformidad con el plan maestro que para el efecto elabore la Secretaría de Salud y en cumplimiento de los criterios que norme el Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud;

Artículo 77 Bis 11. El Sistema de Protección Social en Salud será financiado de manera solidaria por la federación, los estados, el Distrito Federal y los beneficiarios en los términos de este Capítulo y el Capítulo V, a partir del Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud, mismo que financia a las instituciones responsables de otorgar atención de seguridad social.

Artículo 77 Bis 15. El gobierno federal transferirá por medio del Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal los recursos que por concepto de cuota social y de aportación solidaria le correspondan, con base en los padrones de familias incorporadas, que no gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social consideradas en el Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud, y validados por la Secretaría de Salud.

Artículo 77 Bis 16. ...

Dichos recursos se administrarán y ejercerán por los gobiernos de los estados y el Distrito Federal conforme a sus propias leyes y con base en los acuerdos de coordinación que se celebren para el efecto de acuerdo a normas y lineamientos que señale el Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud. Los gobiernos de los estados deberán registrar estos recursos como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos en el presente Título. El control y supervisión del manejo de los recursos a que se refiere este Capítulo se realizará conforme a los términos establecidos en el Capítulo VII de este Título.

Artículo 77 Bis 31. Considerando el financiamiento solidario del Sistema de Protección Social en Salud, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y desde las normas que señala el Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables en materia de acceso y transparencia a la información pública gubernamental.

Para estos efectos, tanto la federación como los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, a través de los servicios estatales de salud, difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así como del manejo financiero del Sistema de Protección Social en Salud, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño del Sistema y rendir cuentas al propio Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud.

...

Artículo 77 Bis 32. El control y supervisión del manejo de los recursos federales a que se refiere este Título, incluyendo los recursos manejados en su totalidad por el Fondo Universal para el Financiamiento de los Servicios de Salud quedará a cargo de las autoridades siguientes, en las etapas que se indican:

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a los estados y al Distrito Federal, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II. Recibidos los recursos federales por los estados y el Distrito Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de los estados. La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos recursos.

III. La fiscalización de las cuentas públicas de los estados y el Distrito Federal, será efectuada por el Congreso local que corresponda, por conducto de su órgano de fiscalización conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias y entidades del Ejecutivo Local aplicaron dichos recursos para los fines previstos en esta Ley, y

IV. La Auditoría Superior de la Federación al fiscalizar la Cuenta Pública Federal, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales, y por lo que hace a la ejecución de los recursos a que se refiere este Título, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Cuando las autoridades estatales que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los recursos federales señalados no han sido aplicados a los fines que señala la ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata.

Por su parte, cuando el órgano de fiscalización de un Congreso local detecte que los recursos federales señalados no se han destinado a los fines establecidos en esta ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven de afectaciones a la hacienda pública federal, a las aportaciones estatales y del núcleo familiar en que, en su caso, incurran las autoridades locales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos para fines distintos a los previstos en esta ley, serán sancionadas en los términos de la legislación federal, por las autoridades federales, en tanto que en los demás casos dichas responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus propias leyes.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 5, 8 y se adiciona la fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo y que está integrado al Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.

Para tal efecto el instituto expedirá a todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la ley les confiere, según el caso. Para que puedan así estar registrados en el padrón que garantiza su atención en cualquiera de las dependencias que conforma el Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud. Esta mecánica garantiza la atención ya sea de los derechohabientes del instituto en la propia institución o bien de los afilados en otras instituciones de protección en salud conforme a los acuerdos y convenios existentes.

Artículo 89. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas:

I. a IV. ...

V. Mediante los convenios que emanen de la integración del propio Instituto al Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud, bajo las características que esto requiera en materia de portabilidad y facturación cruzada.

...

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 27, 31 y 33 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 27. El instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental. La atención en este rubro que otorga el Instituto podrá ser empleado por quienes se encuentran incluidos en el padrón único de derechohabientes integrados en el Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud.

Artículo 31. Los servicios médicos que tiene encomendados el Instituto en los términos de los capítulos relativos a los seguros de salud y de riesgos del trabajo, los prestará directamente o por medio de convenios que celebre con quienes presten dichos servicios, de conformidad con el reglamento respectivo. Los convenios se celebrarán preferentemente con instituciones públicas del sector salud. Aplica de igual manera para las dependencias que integran el Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud con doble propósito, de atender en dependencias varias a sus derechohabientes y atender en el Instituto a quienes así lo requieran, siempre y cuando estén incluidos en dicho padrón.

En tales casos, las instituciones que hubiesen suscrito esos convenios, estarán obligadas a responder directamente de los servicios y a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les solicite, sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia establecidas por el mismo instituto y a la inversa alimentar con información de los pacientes que demanden la atención y cuando estos sean derechohabientes de otra institución.

El instituto, previo análisis de la oferta y la demanda y de su capacidad resolutiva, y una vez garantizada la prestación a sus Derechohabientes, podrá ofrecer a las instituciones del sector salud la capacidad excedente de sus unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con el reglamento respectivo.

En estos casos, el instituto determinará los costos de recuperación que le garanticen el equilibrio financiero, previamente pactados en el seno del Fondo Universalpara el Financiamientode los Servicios de Salud.

Artículo 33. El Instituto proporcionará servicios de atención médica preventiva tendientes a proteger la salud de los Derechohabientes, de cualquiera de las instituciones integradas en el Sistema Único de Salud de México a través del Aseguramiento Universal de la Salud.

Artículo Cuarto. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 19 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

...

...

Esta afiliación que se integra al padrón único de derechohabientes del Sistema Único de Salud de México a través del aseguramiento universal de la salud, garantiza la atención en cualquiera de las dependencias que conforman dicho sistema, de igual forma el instituto otorgará la atención a quien busque la asistencia aún siendo de otra Institución en la que se encuentra afiliado. Lo anterior conforme a los acuerdos y convenios específicos que garanticen una relación funcional en materia de protección social en salud.

Artículos Transitorios

Primero. Se otorga un plazo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las modificaciones a los reglamentos y los lineamientos conducentes, de las instituciones del sector salud.

Segundo. Asimismo se otorga un plazo de 90 días para conformar el padrón del Sistema Único de Salud y, en su caso, expedir el reglamento necesario.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 9 de mayo de 2012.

Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)

(Turnado a la Comisión de Salud. Mayo 9 de 2012.)