De la Comisión de Cultura, correspondiente a la vigésima octava reunión ordinaria, celebrada el miércoles 14 de marzo de 2012

La presidenta de la comisión, diputada Kenia López Rabadán, solicita al diputado Armando J. Báez Pinal que dé lectura de los diputados presentes para iniciar la vigésima octava reunión de la Comisión de Cultura.

El secretario de la comisión, diputado Armando J. Báez Pinal, da lectura a los nombres de los presentes.

Diputados: Kenia López Kenia, presidenta; Armando Jesús Báez Pinal, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Laura Margarita Suárez González, secretarios; Manuel Esteban de Esasarte Pesqueira, José Alberto González Morales, Paz Gutiérrez Cortina, Héctor Hernández Silva, David Hernández Vallín, Francisco Herrera, Óscar Lara Salazar, José Isabel Meza Elizondo, Jaime Oliva Ramírez, Ignacio Téllez González, Marcela Torres Peimbert, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Frida Celeste Rosas Peralta.

Siendo el total 16 integrantes presentes, la reunión tiene la asistencia necesaria para iniciar los trabajos.

Justificaciones:

De la diputada Josefina Rodarte, por compromisos encomendados por esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

La presidenta, diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputado. Le solicito amablemente que pueda dar lectura al orden del día.

El secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. Lista inicial de presentes y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

4. Presentación de iniciativas turnadas a la comisión:

a) Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, elabore un plan especial de apoyo al desarrollo cultural de la niñez y la juventud en Ciudad Juárez, Chihuahua

b) Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arquelógicos, Artísticos e Históricos.

5. proyecto de dictamen para discusión y votación:

a) De la Comisión de Cultura, por el que se desecha la iniciativa que pretendía adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

b) iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

c) Desecha la iniciativa que reforma los artículos 49 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

6. Asuntos generales.

La diputada Kenia López Rabadán pregunta si alguien quiere hacer algún comentario sobre el orden del día; no habiendo diputados y diputadas que hagan uso de la palabra, solicita al secretario Armando Báez Pinal que se someta a consideración de los presentes.

El diputado Armando Báez Pinal somete al pleno de la comisión el mismo, el cual es aprobado por unanimidad.

La presidenta: Muchas gracias, diputado Báez.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la vigésima séptima sesión

Dando continuidad al orden del día, la diputada Kenia López Rabadán solicita al secretario que someta a consideración si se dispensa la lectura del acta.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal pregunta al pleno si es de dispensarse la lectura, el cual es aprobado por mayoría.

A continuación la diputada Kenia López Rabadán solicita al secretario que someta a votación la referida acta siendo esta aprobada por unanimidad.

Presentación de iniciativas turnadas a la comisión:

La presidenta menciona las siguientes iniciativas como turnadas recientemente a la comisión:

a) Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a elaborar un plan especial de apoyo al desarrollo cultural de la niñez y la juventud en Ciudad Juárez, Chihuahua.

b) Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen que desecha la iniciativa que pretendía adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor

El diputado Armando Báez presenta para conocimiento y, en su caso, aprobación dictamen de la comisión que desecha la iniciativa que pretendía adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

I. Antecedentes

1. Con fecha 13 de octubre de 2011 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, por el diputado José Manuel Agüero, del Grupo Parlamentario del PRI.

2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Cultura mediante el expediente número 5688.

3. Esta Comisión de Cultura dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa en comento.

II. Descripción de la iniciativa

El diputad José Manuel Agüero Tovar comienza su exposición de motivos haciendo referencia los antecedentes de los derechos de autor remontándose a que la idea del derecho sobre las obras intelectuales surgió ante la necesidad de proteger las obras como fuentes de propiedad intelectual y no como objetos materiales.

Comenta el diputado iniciante que se sitúa el nacimiento del derecho de autor durante el siglo XVIII, aunque se considera que el primer autor en reclamar sus derechos en el mundo occidental fue Antonio de Nebrija, creador de la célebre Gramática castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV.

Por otro lado en la iniciativa de mérito se comenta que en Inglaterra en el siglo XVIII, los editores de obras argumentaban la existencia de un derecho a perpetuidad a controlar la copia de los libros que habían adquirido de los autores, por lo que tal derecho implicaba que nadie más podía imprimir copias de las obras sobre las cuales tuvieran el copyright.

En América fue Estados Unidos de América quien incorporó los principios sentados en Inglaterra sobre el copyright en la Constitución de 1787, artículo I, sección 8, cláusula 8 que reguló los “derechos sobre la propiedad creativa” por tiempo limitado.

Posteriormente, en 1790, el Congreso de Estados Unidos de América promulgó la primera Copyright Act creando un sistema federal de copyright y protegiéndolo por un plazo de catorce años renovable por igual término, si el autor estaba vivo a su vencimiento.

En Francia y Alemania se desarrolló el derecho de autor, bajo la idea de expresión única del autor, en el año 1777, el autor de la comedia El barbero de Sevilla fundó en Francia la primera organización para promover el reconocimiento de los derechos de autor y al final de la Revolución Francesa, que la asamblea Nacional aprobó la primera ley de derecho de autor en 1791.

Las obras protegidas por la Copyright Act de Estados Unidos eran sólo los mapas, cartas de navegación y libros y otorgaba al autor el derecho exclusivo a publicar las obras, por lo que sólo se violaba tal derecho si reimprimían sin el permiso del titular, este derecho no se extendía a las obras derivadas por lo que no impedía las traducciones o adaptaciones de dicho texto, sin embargo, con el paso del tiempo, el titular del copyright obtuvo el derecho exclusivo a controlar cualquier publicación de su obra; en 1831 el plazo inicial del copyright de 14 a 28 años y en 1909 extendió el plazo de renovación de 14 a 28 años, a partir de los años 50, comenzó a extender los plazos existentes en forma habitual.

En un segundo apartado, el diputado José Manuel Agüerro Tovar recuerda que el derecho de autor es “la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente las obras de su autoría, y ser reconocido siempre como autor con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento”.

Igualmente recuerda que el titular de los derechos de autor goza de derechos exclusivos respecto de:

• Reproducir la obra en copias o fonogramas.

• Preparar obras derivadas basadas en la obra.

• Distribuir copias o fonogramas de la obra al público vendiéndolas o haciendo otro tipo de transferencias de propiedad tales como alquilar, arrendar o prestar dichas copias.

• Presentar la obra públicamente en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas, películas y otras producciones audiovisuales.

• Mostrar la obra públicamente en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas coreográficas, pantomimas, obras pictóricas, gráficas y esculturales, incluyendo imágenes individuales de películas u otras producciones audiovisuales.

• En el caso de grabaciones sonoras, interpretar la obra públicamente a través de la transmisión audio digital.

En tal orden de ideas, menciona que a protección del derecho de autor existe desde que la obra es creada de una forma fija; el derecho de autor sobre una obra creada se convierte inmediatamente en propiedad del autor que creó dicha obra, en tal orden de ideas sólo el autor o aquellos cuyos derechos derivan del autor pueden reclamar propiedad.

Los autores de una obra colectiva son codueños del derecho de autor de dicha obra a menos que haya un acuerdo que indique lo contrario.

Enfatiza el diputado iniciante que con el surgimiento de cadenas importantes de música, los videos musicales han adquirido gran importancia y presencia en nuestras vidas, ya que hoy en día todos los artistas promocionan su música mediante los videos que demandan en la mayoría de los casos mucha producción y algunas veces sobrepasan en importancia a la canción en sí misma.

Asimismo, en Internet es posible visualizar canales de videos de música que están transmitiendo las 24 horas del día videos musicales junto con información sobre los artistas, reportajes, programas especiales y noticias variadas de grupos, bandas, recitales y mucho más.

Dado que los canales de televisión e Internet que transmiten videos musicales han dado realce importante a todos los géneros musicales, a tal grado que para que un artista se cotice mejor, este medio es imprescindible y que durante la reproducción del videoclip, en pantalla aparece únicamente el nombre del intérprete, el nombre de la canción y el nombre de la disquera lo que deja a un lado al autor y/o compositor, la presente iniciativa pretende dar un justo reconocimiento al creador de una canción, dado que su trabajo es la “materia prima” de los intérpretes, disqueras y canales de televisión que transmiten videos musicales.

Por lo anteriormente expuesto presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor:

“Artículo 17. Las obras protegidas por esta ley que se publiquen, deberán ostentar la expresión “Derechos Reservados”, o su abreviatura “D. R.”, seguida del símbolo ©; el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley.

Los medios de comunicación tendrán la obligación de verificar que todas las reproducciones audiovisuales, llámense películas, reportajes, cortometrajes y las demás contenidas en esta ley, presenten al final de cada emisión el nombre del autor.

Tratándose de canales donde se transmitan videos musicales, estarán obligados a que al final de la reproducción de cada uno de éstos, se especifique el autor de la canción.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

II. Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Cultura comprendemos las inquietudes del diputado Iniciante, en especial la situación de supuesta desventaja en la que se encuentran los autores y compositores de canciones que se transmiten en televisión con los intérpretes.

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial.

Estos derechos aplican a escritores, pintores, arquitectos, músicos, dramaturgos, intérpretes, compositores, diseñadores, caricaturistas, escultores, fotógrafos, coreógrafos, cineastas, artistas en general, programadores, radiodifusores, televisoras, publicaciones de páginas de internet, editores de periódicos y revistas, publicistas

El objeto de la protección del derecho de autor es la obra, para el derecho de autor, obra es la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida.

El artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor cataloga las clases de obras que son objeto de protección, en las que para efectos del presente dictamen deben resaltarse la Literaria, la Musical, con o sin letra, las Cinematográficas y demás obras audiovisuales, así como los Programas de radio y televisión.

Al respecto, resulta importante señalar que la Ley Federal del Derecho de Autor prevé cuales son las facultades inherentes al derecho moral, así como al derecho patrimonial que gozan los autores de obras literarias o artísticas, por lo que en todo caso, los autores tendrán la opción en todo momento de reclamar sus derechos cuando sufran de algún tipo de conducta ilícita.

El exigir el reconocimiento de la calidad de autor respecto de la obra creada es la potestad del autor a reclamar que se asocie su nombre a la obra cuando esta sea utilizada en todas sus formas y por todos los medios. Esta facultad considerada como un derecho moral se encuentra prevista en la fracción II del artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

“Artículo 21. Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

I. ...

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;

III. a VI. ...”

En virtud de lo antes expuesto, establecer de manera expresa en el artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor una obligación para la verificación del nombre de autor, resulta innecesario, ya que si hubiera alguna omisión al crédito autoral, el titular cuenta con la acción legal para reclamar su derecho moral de paternidad.

Por otra parte, la propuesta de adición al artículo 17 que nos ocupa, se puede apreciar el señalamiento exclusivo de las obras audiovisuales en sus distintas vertientes, como son las películas, reportajes y cortometrajes, excluyendo a las obras de las demás ramas objeto de protección, causando un tratamiento inequitativo a los autores de obras literarias o artísticas, por lo que la reforma propuesta afectaría el principio de igualdad en la protección de la creatividad.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Cultura no considera pertinente el dictamen positiva de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura proponen a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

III. Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Por instrucciones de la diputada presidenta el diputado Báez pregunta al pleno de la Comisión si hay oradores en contra, no existiendo oradores, pone a consideración para su aprobación el dictamen que desecha la iniciativa que pretendía adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, siendo éste aprobado por unanimidad.

Se remite a instancias correspondientes para los trámites legales a que haya lugar.

El diputado Armando Báez presenta para conocimiento y en su caso aprobación dictamen de la Comisión que aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

I. Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 10 de diciembre de 2009, el diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen.

III. El 14 de diciembre de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Cultura, éste dictamen fue aprobado por el pleno de esta comisión.

II. Contenido de la iniciativa

1. El proponente establece en su exposición de motivos que las manifestaciones artísticas de la humanidad, así como parte de la cultura, se materializan en términos prácticos en las industrias protegidas por el derecho de autor (IPDA), por tanto, las IPDA, tales como trabajos literarios, obras musicales, entre muchos otros trabajos artísticos, tienen una doble naturaleza: la cultural y la económica, ya que contribuyen con una parte importante al PIB, además de tener un valor que reside en su aportación artística, cultural y social.

Señala el diputado que en el ámbito del derecho internacional hay antecedentes desde 1948, que establecen el derecho a la cultura y el derecho de autor, documentos que han sido suscritos por nuestro país, lo que nos compromete a proteger los derechos de autor, con lo que a su vez, se salvaguardan los bienes culturales que se derivan, y se protege a quienes lícitamente producen y explotan las obras, creando incentivos que promueven la creación y producción de ese tipo de bienes, lo que refuerza la identidad cultural de los pueblos. Así, el derecho de autor se concibe como un elemento fundamental para el desarrollo cultural nacional.

Cuando los derechos de autor no están adecuadamente protegidos, se corre el riesgo de frenar o inhibir la creación y la producción de las manifestaciones correspondientes, pues no sólo se dan afectaciones económicas, sino también de índole moral. La falta de protección y de mecanismos ágiles para hacer cumplir la ley, contribuye a generar un desánimo en la creación y en la inversión de nuevas obras, razón por la cual es de gran relevancia estimular mediante una adecuada regulación la protección de los productos de la creación artística.

2. El legislador expone que la industria cultural en México se enfrenta a retos relacionados con la falta de una adecuada y oportuna protección de los derechos de autor, tales como la llamada “piratería”. Por ello, resulta necesario dotar a la producción cultural en México de mecanismos efectivos que protejan la creación y la innovación.

La Ley Federal del Derecho de Autor vigente no contempla mecanismos ágiles y expeditos a favor de los titulares de los derechos de autor y conexos para hacerlos valer frente a los usuarios, específicamente, ante quienes los violan, lo que deja a la Ley como una disposición que no cumple con los objetivos que se perseguían cuando se expidió y que se limita a reconocer una serie de derechos, mientras que los medios para protegerlos son prácticamente nulos.

3. El Diputado Báez manifiesta que la Ley vigente adolece de precisión y carece de disposiciones esenciales que no se han incluido en la Ley pero sí en su Reglamento, lo que la hace jurídicamente improcedente.

Como ejemplos señala:

– La definición del concepto de regalías, el cual se halla en el artículo 8o. del Reglamento de la Ley, y no se define en el cuerpo de la ley, razón por la cual propone adicionar un segundo párrafo al artículo 24 de la ley en el que se señale expresamente que se considera parte del derecho patrimonial la percepción de regalías o cualquier remuneración, añadiendo además, la definición de regalías.

– En la ley, el Instituto Nacional del Derecho de Autor no tiene las facultades necesarias para llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos. Sin embargo, el Reglamento de la Ley le confiere dichas facultades en los artículos 161 y 163. Para evitar las impugnaciones ante los actos de autoridad, la iniciativa propone integrar dichas facultades en la fracción I del artículo 210 de la ley.

4. La misma exposición de motivos señala con precisión que existen contradicciones dentro de Ley Federal del Derecho de Autor. Caso concreto la contradicción que se suscita entre los artículos 131 Bis y 151, ya que mientras el artículo 131 Bis reconoce el derecho de los productores a percibir una remuneración por el uso o comunicación pública de sus fonogramas, cuando se persiga un fin de lucro directo e indirecto, el artículo 151 señala que no constituyen violaciones a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas u organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, únicamente cuando no se persiga un beneficio económico directo.

El legislador proponente señala acertadamente que el artículo 131 Bis fue adicionado a la Ley el 23 de julio de 2003, mientras que el texto del 151 corresponde al texto original cuando la Ley fue Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, razón por la cual debe prevalecer el texto del primero.

Añade que esta contradicción debe evitarse ya que el artículo 151 en su fracción I no refleja fielmente la disposición contenida en el artículo 15, numeral 1, inciso a), de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión “, la cual nuestro país ratificó en 1964 y cuyo texto, a la letra dice: “1. Cada uno de los Estados contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes: (a) cuando se trate de una utilización para uso privado”. Por ello, el diputado Báez considera necesario reformar la fracción I del artículo 151 de la Ley que nos ocupa, para ajustar su texto a lo plasmado en la citada Convención y hacerlo a su vez congruente con el texto del artículo 131 Bis de la propia ley.

5. La iniciativa enfatiza sobre algunas contradicciones que existen entre la Ley que se pretende modificar y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como sucede cuando una persona afectada tiene que iniciar procedimientos administrativos de infracción, ya sea ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor o bien ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según el caso, debiendo cubrir derechos por iniciar tales acciones, lo cual contraviene lo señalado en el artículo 17 constitucional, en el que se señala que la impartición de justicia será gratuita, pronta y expedita.

Lo mismo sucede cuando un titular de derechos de autor pretende hacerlos valer y respetar, pues actualmente, cuando se pretende iniciar una acción jurisdiccional en contra de los infractores, es necesario agotar previamente los procedimientos respectivos ante las autoridades administrativas. Esta acción implica someterse a un largo proceso administrativo que puede tardar meses, e inclusive años para que una autoridad administrativa declare que existe una infracción sujeta a multa. Sólo entonces se podrían ejercer las acciones correspondientes a daños y perjuicios ante el Poder Judicial. Evidentemente, este proceso es contrario al precepto Constitucional de justicia y es contrario al criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se ha pronunciado en el sentido que los procedimientos en materia de derechos de autor, en particular cuando se trata de infracciones en materia de comercio, requieren un tratamiento especializado, ágil y expedito.

6. Derivado de lo anterior, en la iniciativa se plantea que los conflictos entre particulares sean, en todos los estados, competencia del Poder Judicial, de manera que no sería necesario agotar un procedimiento previo para que el afectado inicie cualquier acción en defensa de sus derechos, razón por la cual, esta modificación propone que se establezca un juicio especial en materia de derechos de autor con características más específicas, tales como que los asuntos se ventilen y resuelvan a través de una vía especial en materia de derechos de autor y no por la vía civil o mercantil; que el procedimiento sea sumario; que tanto la demanda como la contestación incluyan todas las pruebas bajo el principio de preclusión; que la única excepción sea la de legitimación pudiendo interponer, por única vez, un escrito cada parte hasta la resolución en definitiva del asunto; que sólo se permitirían las pruebas confesional y testimonial para refrendar, ratificar o negar documentos; que la prueba superveniente se mantiene como una posibilidad; el resultado de visitas de inspección llevadas a cabo por el Indautor para constatar infracciones tendrán el carácter de prueba plena; que las asociaciones o sociedades de gestión colectiva se considerarán legítimas cuando la organización presente en juicio la certificación de la lista de socios inscritos ante el Registro Público del Derecho de Autor y el certificado de registro de sus catálogos; que la sentencia definitiva sólo puede impugnarse a través del juicio de amparo directo.

La iniciativa plantea que el objetivo de incluir una nueva vía especial es eliminar los procedimientos administrativos vinculados a las infracciones, pero manteniendo la posibilidad de imponer sanciones administrativas a través de los procedimientos usuales ante las autoridades fiscales correspondientes. Es importante señalar que la iniciativa no plantea la eliminación de los procedimientos administrativos relativos a la negativa de un registro, de una reserva o la caducidad o nulidad de oficio de ésta, considerando que en esos casos se trata de un conflicto entre un particular y el Estado a través del Indautor.

Para hacer posible lo anterior, el legislador propone mediante la iniciativa una reforma al artículo 213 de la ley, para señalar que los tribunales federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, para lo cual existirá la vía especial de derecho de autor. La aplicación de esta vía no requiere agotar ningún procedimiento previo como condición para el ejercicio de dichas acciones.

En consecuencia, se hace preciso otorgar competencia a los Tribunales Federales para conocer las controversias que se susciten por la impugnación y cancelación de constancias, anotaciones o inscripciones en el Registro, así como las derivadas de la nulidad y cancelación de las reservas de derechos al uso exclusivo, lo que se incluye en la reforma propuesta al artículo 214, en el cual también se establece que el Indautor será parte en esas controversias.

El establecimiento de la vía especial implica que las bases queden señaladas de manera general en el cuerpo de la ley, lo cual sentará las bases para que el Ejecutivo realice los cambios a las disposiciones que emanan de este ordenamiento. El establecimiento de estas bases es lo que conforma la adición de los artículos 214 Bis a 214 Bis 9.

7. Hace mención el diputado Báez, que de acuerdo con la Ley, el Indautor aplica una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quienes, habiendo sido citados a una junta de avenencia, no se presentan. Al respecto, la iniciativa propone establecer un rango para la multa señalada, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado porque el establecimiento de multas fijas en la legislación contraviene la Constitución, pues con ello se propician excesos autoritarios y un tratamiento desproporcionado a los particulares. Por ello propone reformar la fracción III del artículo 218 de la Ley para establecer un rango con límites mínimo y máximo para la aplicación de la multa dependiendo de cada caso en particular.

8. También con relación a las infracciones, la iniciativa establece una diferencia entre las que serán sancionadas por el Indautor de aquellas que propone que sancionen los Tribunales Federales, lo cual quedaría establecido claramente con la propuesta en el artículo 230. El Legislador propone un cambio para que las infracciones consideradas en las fracciones III, IV, V, VII, XI y XIII del Artículo 229 de la Ley, sean sancionadas por el Instituto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y por un monto igual el resto de las infracciones señaladas en el mismo Artículo 229, pero en este caso, el monto lo determinaría el Juez de Distrito al momento de emitir sentencia condenatoria, cuando la acción ejercitada por el actor cae dentro de esos supuestos de infracción, con posibilidad a aplicar una multa adicional diaria a quien persista en la infracción.

9. Con base en la experiencia, y que en lo sucesivo se evite la interpretación de la Ley, el diputado plantea especificar con claridad lo que constituyen infracciones en materia de comercio, para lo cual propone la modificación de las fracciones I y X de artículo 231 de la Ley. Para puntualizar expresamente a los fonogramas, videogramas, ediciones o emisiones de radiodifusión, y especifica todos los casos en que puede haber titulares de derechos patrimoniales en la fracción I. Asimismo, considera necesario agregar el concepto de escala comercial o industrial en la fracción X, en virtud de que no se menciona en la Ley con anterioridad y que corresponde a lo que establece el Código de Comercio como actos de comercio en el Artículo 75, fracciones I y II.

10. En la iniciativa se proponen las reformas a los artículos 232 y 235 a efecto de que las infracciones sean ahora sancionadas por el Juez de Distrito, y no por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En el primer caso, cuando se trate de infracciones en materia de comercio, puntualizando sobre las que se señalan en el artículo 231 del mismo ordenamiento; en el segundo, para que el juez quede facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera.

11. Como consecuencia de la adición de los artículos 214 Bis a 214 Bis 9, la iniciativa considera que el artículo 187 debe derogarse, al tiempo que el 234, al eliminar la competencia del IMPI para sancionar infracciones en materia de comercio.

12. Finalmente, la iniciativa propone insertar cuatro artículos transitorios al decreto: la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; la derogación de una serie de artículos del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; la instrucción al Ejecutivo federal para que modifique en lo conducente el Reglamento de la Ley; y por último, que las controversias en trámite ante el Indautor o el IMPI, continuarán hasta su conclusión, excepto en aquellos casos en que el promovente decida reponerlos ante los tribunales federales.

II. Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados y con los elementos de información disponibles, la Comisión se abocó a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Se consideraron los antecedentes sobre derechos de autor en México. El primer ordenamiento mexicano en la materia del 3 de diciembre de 1846, decreto sobre Propiedad Literaria, es cuando la publicación de las obras se consideró un privilegio, que era extensivo a los herederos hasta por 30 años. Casi cuarenta años después, en el Código Civil de 1884 se reconocieron en nuestro país las reservas de derechos exclusivos, reconociéndose además la propiedad industrial del derecho de autor.

Ya en el texto original de la Constitución Política de 1917, el artículo 28 establece con claridad que no habrá prohibiciones a la protección a la industria, a excepción de “...los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...”

En el Código Civil de 1928, promulgado por Plutarco Elías Calles, quedó plasmada la regulación del derecho de autor, a través de sus disposiciones. Derivado de ello, surge la primera Ley Federal sobre el Derecho de Autor en 1947.

Con la firma del Convenio de Berna, México adopta la regulación para la presunción de autoría y se reconocen los derechos de autor sin necesidad de registrar una obra. Éste y otros documentos internacionales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma), el Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus fonogramas, o el Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, dan sustento a una Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, en cuyo Artículo Segundo transitorio se abroga la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.

La Reforma Constitucional del 29 de abril del 2009, en la que se faculta al Congreso para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma, da pleno sustento constitucional a la iniciativa presentada por el diputado Armando Báez Pinal el 10 de diciembre de 2009.

Segunda. La iniciativa propone una adición al artículo 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor porque se argumenta que el texto vigente adolece de precisión y considera relevante que se especifique que parte del derecho patrimonial es la percepción de regalías o cualesquier remuneración y que se requiere definir el concepto que, hasta la fecha, se contempla únicamente en el Reglamento.

El legislador propone un segundo párrafo al artículo 24 que señale:

Artículo 24. ...

Se considera parte del derecho patrimonial la percepción de regalías o cualquier remuneración económica. Para efectos de esta ley, se entiende por regalías a la remuneración económica generada por el uso o explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones en cualquier forma o modo.

Esta Comisión de Cultura considera que no es procedente la precisión, ya que el concepto de derecho patrimonial a que se refiere el capítulo III del título segundo de la Ley Federal del Derecho de Autor es más amplio y definirlo puede perjudicar a los autores intelectuales de las obras que protege este ordenamiento;

Tercera. Propone el legislador una reforma al artículo 210 en virtud de que en el Reglamento de la Ley, el Indautor está facultado para realizar visitas de inspección pero la ley no las otorga, lo cual, señala el diputado, hace fácilmente impugnable los actos de autoridad. Además, si el mismo artículo faculta al Instituto para realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, no puede realizarlas si no lo faculta en la ley para llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos.

Por lo anterior, la Comisión de Cultura considera procedente la propuesta para reformar la fracción primera del artículo 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor en los términos propuestos para quedar como sigue:

Artículo 210. El Instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos;

II. Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección;

III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos;

IV. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes; y

V. Las demás que le correspondan en los términos de la presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Cuarta. La iniciativa propone la modificación del artículo 151 porque, según se argumenta, existe una contradicción entre éste, asentado en el texto original de la Ley de 1996, y el 131 Bis adicionado en el 2003. La comisión analizó esta reforma y considera que, no existe tal contradicción toda vez que el artículo 131 Bis se refiere a los derechos que el autor puede ejercer con respecto a una obra propia, lo cual puede reclamar si él considera que se trata de un uso con fines de lucro directo o indirecto, y el artículo 151 se refiere a la interpretación que tiene la autoridad competente para no sancionar cuando no se persiga un beneficio económico directo.

Por lo antes expuesto, esta comisión considera que no es procedente la propuesta del diputado Báez.

Quinta. A partir de una reflexión que hace el diputado sobre el mandato constitucional, en el que se señala que la impartición de justicia será gratuita, pronta y expedita, la iniciativa plantea reformar sustancialmente el título XI de la ley, materia del presente dictamen.

El diputado Báez propone reformar los dos párrafos del artículo 213. Sin embargo, considerando el dictamen que en su momento dio sustento a la modificación de este artículo en la minuta que se recibió del Senado de la República en abril de 2003, esta comisión considera prudente conservar el sentido del artículo vigente que establece la jurisdicción concurrente; es decir, que sean los tribunales locales o los federales los que conozcan de los asuntos en los que se ventilen controversias entre particulares, manteniendo la facultad de decisión del titular del derecho a elegir qué acción tomar en defensa de sus intereses, pero eximiéndolo de agotar dichos procedimientos para poder acceder a otras alternativas de procedimiento que la legislación contempla, por ejemplo, acudir ante los juzgados civiles.

En virtud de lo anterior, esta comisión considera que es procedente la precisión para que en las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no sea necesario agotar ningún procedimiento previo, a fin de cumplir con el mandato constitucional en su artículo 17. Sin embargo, la Comisión de Cultura propone que los dos párrafos del artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor queden tal como está el artículo reformado en el 2003, y se haga la precisión que plantea el legislador promovente adicionando un tercer párrafo al mismo artículo para quedar de la siguiente manera:

Artículo 213. Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal.

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común.

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

Sexta. Consecuencia de lo anterior y para precisar la competencia de los tribunales federales, la iniciativa propone una reforma al artículo 214 quedando en dos párrafos, el segundo de los cuales estaba contenido en el texto original. La Comisión de Cultura considera que la reforma no procede en los términos que propone el legislador, toda vez que el párrafo adicionado se aplicaría tanto en el artículo 213, como en cualquier otro supuesto, como es el caso del artículo 214.

Séptima. Derivado de lo anterior, y considerando que el autor o el titular de los derechos tiene la libertad de acudir directamente a la autoridad judicial sin la obligación de agotar previamente un procedimiento administrativo, esta Comisión considera que no procede la adición de diez artículos al título XI de la ley, señalados por el proponente como 214 Bis al 214 Bis 9.

Octava. En cuanto a las sanciones, el diputado Báez propone en la iniciativa que para el procedimiento administrativo de avenencia señalado en el artículo 218, se modifique la fracción segunda para no establecer un solo monto en caso de que las partes o alguna de ellas no asistan, sino que se establezca un rango para que la autoridad determine una cantidad específica dependiendo de las circunstancias. Al respecto, la comisión considera que la reforma a la fracción segunda mencionada procede para quedar de la siguiente manera:

Artículo 218. ...

I. ...

II. ...

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

Novena. Con relación a la propuesta para señalar los montos de las infracciones en el artículo 230, propuesto por el diputado Armando Jesús Báez Pinal, la comisión consideró que la redacción de la ley vigente es adecuada, por lo que se estima innecesario la modificación señalada en la iniciativa.

Décima. Al estudiar la propuesta del Legislador para definir con claridad en qué casos se constituyen infracciones en materia de comercio, se evaluó la redacción y la comisión optó por desechar la propuesta para modificar la redacción de la fracción I del artículo 231 considerando que hace referencias a conceptos que se prevén en otras fracciones del mismo artículo, por lo que ante el riesgo de duplicidad en las fracciones, esta Comisión de Cultura considera. Dejar la fracción del artículo 231 tal como se encuentra en la ley vigente.

En el caso de la reforma a la fracción X del mismo artículo, la comisión consideró que no es procedente la propuesta el diputado, por tanto el artículo 231 queda sin modificaciones

Undécima. El legislador propone en su iniciativa que las infracciones sean ahora sancionadas por el Juez de Distrito y no por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, la Comisión considera que esta medida puede crear controversia con la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se dictamina que el primer párrafo del artículo 232 no se modifique y quede tal y como está en la ley vigente, para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conserve las facultades que le confiere la ley.

Duodécima. Al hacer el análisis respectivo se consideró que las multas aplicables en las fracciones I y II del artículo 232 sí deben incrementarse debido a la diversificación de los recursos tecnológicos y el daño patrimonial que le causa a los autores y titulares de los derechos conexos. Sin embargo, la propuesta para la modificación de este artículo queda sin materia toda vez que el pasado 27 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a este artículo estableciendo ya un incremento a las infracciones en materia de comercio.

Decimotercera. La iniciativa que presenta el diputado Armando Báez Pinal propone una reforma al artículo 235 señalando que en materia de comercio, un Juez de Distrito queda facultado para emitir resoluciones. Esta comisión determinó que, no es procedente establecer en la Ley Federal del Derecho de Autor la vía especial para atender los procedimientos que violen los derechos autorales, no se puede soslayar la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en lo que se refiere a las infracciones en materia de comercio, por lo que a fin de que se contemple la competencia del Juez, pero se respete la que tiene el IMPI de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, esta comisión determinó que el artículo 235 quede en delante de la siguiente manera:

Artículo 235. Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Esta redacción, en donde se presume la competencia de dos instancias, implica que en el artículo 234 especifique que el IMPI, además de aplicar las medidas precautorias establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, podría adoptar las provistas en la Ley Federal del Derecho de Autor. Por esa razón no procede la propuesta del Legislador para derogar el Artículo como lo propone, por lo que, esta comisión considera que no se reforme el artículo 234.

Decimocuarta. El análisis de la iniciativa del diputado toma en cuenta que, como consecuencia de la adición de los artículos 214 bis a 214 bis 9, la iniciativa planteaba derogar el artículo 187 de la Ley, lo cual esta comisión considera improcedente, pues los procedimientos que señala el artículo aún vigente no serán suplidos toda vez que no se consideró la pertinencia por el procedimiento especial en derecho de autor que el diputado propuso.

Decimoquinta. Para concluir las consideraciones que esta Comisión de Cultura hace sobre la iniciativa de Ley que presentó el diputado Báez, se consideran los transitorios.

El primer transitorio procede en los términos propuestos.

El artículo segundo transitorio no procede porque es facultad del Ejecutivo federal emitir, reformar o derogar artículos de los reglamentos. Asimismo no procede el artículo tercero, pues la reforma no contempla modificaciones a procedimiento alguno que impliquen la adecuación reglamentaria.

En cuanto al artículo cuarto transitorio, en el presente dictamen queda como segundo, incluyendo sólo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y se mantiene el sentido del Transitorio segundo del Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2009 cuando se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. En el que se señala que Todos los actos jurídicos emitidos y fundamentados en las leyes anteriores y en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, tales como registros de obras y contratos, reservas de derechos otorgadas, resoluciones a procedimientos entre otros, así como los celebrados entre particulares, contratos, convenios, sucesiones testamentarias, conservarán su validez, y se considera procedente añadir el derecho del promoverte para señalar la excepción en aquellos casos en que él mismo decida reponer los procedimientos ante los tribunales federales.

Por lo que los transitorios quedarían, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Cultura, de la siguiente manera:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las controversias que se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el instituto Nacional del Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este decreto, continuarán hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento de su inicio.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor de acuerdo con el siguiente

Dictamen

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del artículo 210, la fracción III del artículo 218, las fracciones I y II del artículo 232 y el artículo 235, todos ellos de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 210. El Instituto tiene facultades para:

I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, llevar a cabo visitas de inspección y requerir informes y datos;

Artículo 218. El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto conforme a lo siguiente:

I. ...

II. ...

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

...

Artículo 235. Los Tribunales Federales en cualquier caso y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tratándose de infracciones en materia de comercio, quedan facultados para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 213. Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los estados y del Distrito Federal.

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común.

Para el ejercicio de las acciones derivadas de la presente Ley y su Reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las controversias que se encuentren en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor al momento de la entrada en vigor de este decreto, continuarán hasta su conclusión conforme a los ordenamientos en vigor existentes al momento de su inicio.

Por instrucciones de la diputada presidenta el diputado Báez pregunta al pleno de la comisión si hay oradores en contra, no existiendo oradores, pone a consideración para su aprobación el dictamen que aprueba la iniciativa que decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, siendo éste aprobado por unanimidad.

Se remite a instancias correspondientes para los trámites legales a que haya lugar.

El diputado Armando Báez presenta para conocimiento y en su caso aprobación dictamen de la Comisión que Desecha la iniciativa que reforma los artículos 49 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.

I. Antecedentes

1. Con fecha 6 de diciembre de 2011 fue presentada por el diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de aumento de sanciones.

2. En esa misma fecha, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibo a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, mediante el expediente número 5283.

3. Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura dieron trámite de recibo e iniciaron el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

El diputado Luis Carlos Campos Villegas comienza las consideraciones de su iniciativa haciendo referencia a la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula el patrimonio histórico, arqueológico y antropológico de nuestro país, en razón del dinamismo de la investigación, conservación, protección y difusión de éste.

El legislador reconoce los esfuerzos de las autoridades para impedir el saqueo, el robo y el comercio ilegal en menoscabo de los bienes que conforman el patrimonio cultural y la riqueza histórica de la nación; sin embargo observa que a pesar del estricto cuidado y resguardo de los bienes arqueológicos, éstos, en los últimos años, han sido presa codiciada de la delincuencia organizada afectando de manera alarmante a dichos bienes nacionales en perjuicio del interés general de los mexicanos.

En este orden de ideas, considera imperante la actualización de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con la finalidad de poner al día las sanciones administrativas y penales para aquellos ciudadanos que de manera ilícita, llevan a cabo actos de traslación de dominio de piezas arqueológicas, así como su comercialización, transporte y exhibición; de ésta manera, asegura que se evitará la comercialización ilegal y delictiva y el saqueo de nuestro patrimonio arqueológico, artístico e histórico.

En el mismo sentido, el Iniciante deja ver su preocupación respecto de no existe “temor alguno a las penas y sanciones económicas” que pueden ser aplicadas a los posibles infractores, debido a que las penalidades vigentes contempladas “son mínimas” y “las sanciones económicas son irrisorias” para los casos de robo, comercio, transporte, exhibición, reproducción, saqueo, o actos traslativos de dominio de un monumento arqueológico mueble y de piezas arqueológicas o de valor artístico o histórico.

De esta manera, el diputado concluye que es necesario reformar los artículos 49 y 53 de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; para que sean congruentes con los tiempos actuales y se responda a la exigencia del interés general del pueblo de México, estableciendo penas privativas de libertad mayores y sanciones económicas más elevadas, con la finalidad de que haya una mayor efectividad en la protección, preservación y cuidado de todos los bienes que constituyen el patrimonio arqueológico, histórico y artístico mexicano; y respalda la procedencia constitucional de su propuesta con el texto del artículo 22 de la Carta Magna que sostiene la proporcionalidad de la pena al delito que se sanciona y al bien jurídico afectado.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones expuestas por el diputado Luis Carlos Campos Villegas, la iniciativa contiene el proyecto de decreto que reforma los artículos 49 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él, y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de cuatro a catorce años, y multa de cincuenta mil a doscientos mil pesos.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del instituto competente, se le impondrá prisión de cuatro a catorce años y multa de cincuenta mil a doscientos mil pesos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones generales

Los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura comprendemos las inquietudes del diputado Luis Carlos Campos Villegas y coincidimos, como lo hemos mencionado en análisis previos, en la necesidad de actualizar las multas establecidas en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En ambas comisiones dictaminadoras, estamos convencidos de que el Patrimonio Cultural de México representa la herencia colectiva y el capital social no renovable del país, y reconocemos que su conservación es responsabilidad tanto de autoridades como de los ciudadanos, buscando mediante esta coordinación asegurar el disfrute de los sitios patrimoniales por las futuras generaciones.

El patrimonio de la sociedad mexicana se constituye por sus bienes inmateriales y materiales, los primeros de vigencia atemporal y de significado particular para la sociedad mexicana desde el punto de vista de sus creencias, su tradición y su identidad; los bienes materiales por su parte, gozan de un valor arqueológico, histórico o artístico, que los hace merecedores de protección y conservación. Si bien comprendemos que la preservación del patrimonio cultural no presupone únicamente disposiciones jurídicas legislativas, consideramos que éstas influyen en la persuasión al cuidado del patrimonio cultural y desincentivan la comisión de los delitos que refieren a la materia.

Es por esto que coincidimos con el iniciante en que el marco jurídico que salvaguarda el patrimonio cultural de México debe sujetarse a actualización, y ser de carácter abarcador y comprensivo, incluyente de las obras y testimonios de todas las épocas de nuestra historia, además de las creaciones y los vestigios humanos que revisten un interés científico, y contribuyen al conocimiento de la historia de México.

Asimismo, reconocemos que la actualización del marco legal no constituye únicamente una demanda de la sociedad mexicana y un interés de los legisladores, sino que es también una de las Recomendaciones emitidas por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por las que el Estado mexicano se obligó a prevenir y combatir, mediante los instrumentos que considere adecuados, la falsificación de bienes culturales para combatir los robos, las excavaciones ilícitas, los actos de vandalismo y el empleo de falsificaciones.

De igual forma, somos consientes de que la materia de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es de naturaleza cambiante, y en virtud de que dicha Ley fue creada en 1972 y su modificación más reciente ocurrió en 1986, reconocemos que es imperante reformar la normatividad en materia de sanciones a los delitos cometidos contra los bienes protegidos por el ordenamiento.

Por otra parte, no sólo los diputados que integramos que estas comisiones nos expresamos preocupados por el tema, sino que a lo largo de la actual legislatura, diferentes diputados han presentado propuestas de reforma a la ley en comento para efecto de que se adecúen las penas, económicas y privativas de libertad, a los posibles delitos que se cometan en contra de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

Actualmente, el capítulo VI de la Ley, denominado “De las sanciones” establece en sus nueve artículos, diferentes delitos que pueden ser cometidos en contra del patrimonio cultural de México, así como sus posibles variantes y actores involucrados, de esta manera, y preocupados por que se lleven a cabo las reformas pertinente, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura hemos aprobado una modificación integral al Capítulo, en el tenor siguiente:

Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos materiales de exploración arqueológica, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa de cien a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Si los delitos previstos en esta ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble, que comercie con él, o que lo trasporte, exhiba o reproduzca, sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

La sanción establecida en el párrafo anterior se impondrá igualmente, tratándose de obras protegidas por esta ley, a quién conociendo de la falsificación de una obra, la comercialice o certifique como original y a quién atribuya dolosamente la autoría de una obra a un artista o creador distinto.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico sin el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Artículo 51. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento histórico o artístico mueble o sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá prisión de tres a ocho años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Artículo 52. Al que por cualquier medio, dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de cinco a doce años, multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparación del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Artículo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 53 Bis. Al que falsifique o altere obra declarada monumento artístico, se le impondrá prisión de cinco a quince años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que conociendo de la falsificación o alteración de obra declarada monumento artístico, realice actos tendientes a dictaminarlos como originales o a la comercialización de las falsificaciones o alteraciones, se le impondrá prisión de cinco a quince años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice, financie o prepare los actos descritos en los dos párrafos anteriores, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

La misma sanción se aplicará a quien con ánimo de obtener un beneficio, le atribuya a un bien el carácter de monumento arqueológico.

Artículo 53 Ter. Al que conociendo que un bien no es de la autoría de un artista cuya obra se encuentra declarada monumento artístico, realice actos tendientes a dictaminarlos como si fueran de la creación del artista o le atribuya la autoría al artista o a la comercialización de la obra, se le impondrá prisión de cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Al que ordene, induzca, dirija, organice, financie o prepare los actos descritos en el párrafo inmediato anterior, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 53 Quáter. Al que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que cuenten con el permiso correspondiente por parte de las autoridades competentes del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

El bien de que se trate será incautado y se pondrá a disposición del país de origen

Artículo 55. Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Los principales objetivos del proyecto de decreto aprobado por estas comisiones unidas son los que a continuación se sintetizan:

• Se contemplan aumentos tanto a las sanciones pecuniarias como las privativas de libertad respecto de infracciones que ya se encuentran contenidas en el texto vigente de la ley.

• Se sustituyen, en todos los casos, las multas pecuniarias en pesos, por días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

• Se sanciona a los actores intelectuales de las infracciones señaladas en los artículos 47 y 53.

• Se sanciona la falsificación de obras objeto de tutela de la ley.

• Se sanciona la introducción al país de bienes objeto de tutela de la ley sin el permiso de las autoridades del Estado de origen.

De esta manera, consideramos que el proyecto de decreto aprobado por estas comisiones unidas refleja el interés de conservación del patrimonio cultural del país, resuelve las inquietudes del diputado Campos Villegas y contempla además la reforma a todos los otros artículos en que se establecen sanciones por violaciones a la ley, por lo que consideramos que la propuesta del Iniciante no es de aprobarse al haber sido ya atendida.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura proponen a esta honorable asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma los artículos 49 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 49 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Por instrucciones de la presidenta, el diputado Báez pregunta al pleno de la comisión si hay oradores en contra, no existiendo oradores, pone a consideración para su aprobación el dictamen que desecha la iniciativa que reforma los artículos 49 y 53 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, siendo éste aprobado por unanimidad.

Se remite a instancias correspondientes para los trámites legales a que haya lugar.

Asuntos generales

La presidenta pregunta si hay algún tema que se quiera tratar en este punto, al no haber diputados y diputadas que hagan uso de la palabra, agradece la partlcipac!6n de todos y cada uno de los diputados integrantes y da por terminada la sesión correspondiente a la vigésima octava reunión ordinaria de la Comisión de Cultura con los siguientes diputados y diputadas presentes:

Diputados: Kenia López Kenia, presidenta; Armando Jesús Báez Pinal, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Laura Margarita Suárez González, secretarios; Manuel Esteban de Esasarte Pesqueira, José Alberto González Morales, Paz Gutiérrez Cortina, Héctor Hernández Silva, David Hernández Vallín, Francisco Herrera, Óscar Lara Salazar, José Isabel Meza Elizondo, Jaime Oliva Ramírez, Ignacio Téllez González, Marcela Torres Peimbert, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Frida Celeste Rosas Peralta.