De la Comisión de Economía, sobre la reunión ordinaria que tuvo lugar entre el jueves 22 y el miércoles 28 de abril de 2010

A las 16:00 horas del jueves 22 de abril de 2010, en los salones de usos múltiples números 4 y 5 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los miembros de la Comisión de Economía, para iniciar la reunión ordinaria correspondiente.

En dicha reunión hicieron acto de presencia los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez Alonso-González, secretarios; José Antonio Arámbula López, Sergio Gama Dufour, Noé Fernando Garza Flores, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Gerardo Leyva González, Jorge Humberto López Portillo-Basave, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo, David Penchyna Grub, Martín Rico Jiménez, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, Carlos Torres Piña y José M. Torres Robledo, integrantes.

Se confirmó la existencia del quórum reglamentario y se procedió a dar lectura al orden del día.

Lectura del orden del día

1 Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 3. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen siguientes: Uno. Minuta proyecto de decreto que expide la Ley Para el Fomento a la Innovación y el Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica. Dos. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas exposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adiciona a la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Tres. Proposición con punto de acuerdo en el que se propone se exhorte al gobierno federal a elaborar suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las pequeñas y medianas empresas. Cuatro. Proposición con punto de acuerdo en el que se propone se exhorte a la Secretaría de Economía a rendir un informe detallado del programa de creación de empleos en zonas de marginación, sobre los recursos y el padrón de beneficiarios a fin de certificar que mediante este programa se incentive el empleo en dichas áreas. 4. Inicio de discusión y análisis para proceder en su momento a la dictaminación y aprobación de las iniciativas turnadas en la LX y LXI Legislaturas a la Comisión de Economía sobre la Ley Federal de Competencia Económica. 5. Asuntos generales. 6. Clausura de la sesión ordinaria.

El orden del día fue aprobado por las diputadas y los diputados miembros de la comisión.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen y puntos de acuerdo

El secretario Rodrigo Pérez-Alonso González, por solicitud del presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, procedió a dar inicio al análisis, la discusión y, en su caso, la aprobación de los proyectos de dictamen enunciados en el orden del día. Acto seguido, se dio inicio al proceso de discusión de la minuta proyecto de decreto que expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, a manera de comentario preliminar con referencia a la mencionada minuta, señaló que la cámara de origen de la misma había sido la de Diputados en la legislatura anterior, para después ser enviada al Senado de la República y regresar a la Cámara de Diputados. Asimismo indicó que durante el tiempo que supuso dicho proceso hubo cambios trascendentales a la ley, de manera que cuando se realizó el análisis de la minuta, la totalidad de sus propuestas habían sido plasmadas en el marco de acciones legislativas previas. En igual forma, el diputado Guajardo Villarreal señaló que el Senado de la República regresó la minuta con un dictamen negativo y que lo que se proponía al pleno de la comisión era ratificar dicho dictamen, en la comprensión de que los mencionados cambios correspondientes al marco legal habían sido confirmados por el secretariado técnico de la comisión. Dicho esto, el diputado Guajardo señaló que el dictamen estaba abierto a la discusión y a la emisión de comentarios y, en su caso, a aprobación.

El secretario Rodrigo Pérez-Alonso González, ante la ausencia de comentarios, procedió a someter a votación la mencionada minuta, tras lo cual fue aprobada de manera unánime, sin abstención alguna.

El presidente pidió al secretario diputado Rodrigo Pérez-Alonso González que se abordara la minuta proyecto de decreto por el que se reformaba y adicionaban diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que adicionaba la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente señaló que este era un dictamen sometido a consideración de la Comisión de Economía desde hacía meses, cuya dictaminación había sido frenada debido a una controversia respecto al artículo 134 Bis, sobre la responsabilidad de cobro de las multas, hasta que el Poder Ejecutivo finalmente resolvió recomendar su eliminación, con el fin de no asignar al Servicio de Administración Tributaria una responsabilidad adicional y de no someterlo a la imposibilidad de cobrar las multas referidas. El diputado Guajardo agregó que, en dicho dictamen, que le sería reenviado al Senado como cámara de origen, sólo había dos variaciones: la referida al artículo 134 Bis y una pequeña modificación en el artículo inicial, en el que de forma innecesaria se hacía referencia a sectores específicos, cuando el propósito de la ley era su aplicación en todos los sectores y todos los servicios. El diputado Guajardo señaló que el dictamen se sometía a la discusión de los miembros de la comisión, sin que hubiera algún comentario; ante lo cual pidió al secretario Pérez-Alonso que lo sometiera, con las mencionadas modificaciones, para ser regresado al Senado de la República.

El secretario Rodrigo Pérez-Alonso González hizo lo propio y consignó el resultado de la votación: 19 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones aprobado por mayoría. Indicó que el siguiente asunto en el orden del día era la proposición con punto de acuerdo en el que se proponía se exhortaba al gobierno federal elaborar suficientes programas de otorgamiento de micro créditos a las pequeñas y medianas empresas y a cuyo resolutivo diera lectura por petición del diputado presidente Guajardo, para luego ser sometido a la consideración del pleno de la comisión, sin que hubiera comentarios. Se sometió a votación, y resultó aprobado por unanimidad.

El presidente pidió al diputado secretario Pérez-Alonso González que continuara con el siguiente punto en el orden del día, de manera que éste procedió a leer el resolutivo de la proposición con punto de acuerdo en el que se proponía exhortar al Secretario de Economía que rindiera un informe detallado del Programa de Creación de Empleos en zonas de marginación y sobre los recursos y el padrón de beneficiarios, a fin de certificar que mediante este programa se incentive el empleo en dichas áreas. Al no haber comentario alguno sobre el resolutivo por parte de los miembros de la comisión, se procedió a votarlo, resultando aprobado por unanimidad.

El presidente compartió su punto de vista con los miembros de la comisión a propósito del procedimiento sugerido con el fin de avanzar en los trabajos de dictaminación de la Ley Federal de Competencia Económica. Al respecto apuntó que, como constaba, todos los dictámenes correspondientes a los distintos proyectos de iniciativas asociados a dicha ley, habían sido distribuidos con el debido tiempo para su consideración, junto con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo federal. El diputado Guajardo Villarreal solicitó que la comisión se declarara en permanente, en atención a la sugerencia formulada por algunos grupos parlamentarios, a fin de reanudar la reunión el lunes siguiente, a las seis de la tarde. Luego mencionó que en esa ocasión los acompañaba, en calidad de invitado, el diputado Mario di Costanzo, miembro del Partido del Trabajo –a quien dio la bienvenida–, autor de una de las iniciativas a ser consideradas con relación al dictamen, quien había solicitado comentar su iniciativa ante el pleno de la comisión.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta procedió a explicar lo que planteaba su iniciativa, denominada Ley de Precios Competitivos, como complemento del marco de regulación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), tras lo cual afirmó que hasta el momento la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), ha buscado regular y combatir los monopolios por fenómenos de origen, como los de dominancia en el mercado. Afirmó que en términos generales su iniciativa plantea el combate a los monopolios por su manifestación, es decir, por precios exagerados respecto a los de mercado, independientemente de la dominancia que pueda ejercer una empresa, para lo cual proponía la creación de una comisión de precios. Dicha comisión actuaría vía oficio o denuncia, según los casos, y buscaría que los precios fueran equivalentes o muy similares a los de nuestros principales socios comerciales. El diputado Di Costanzo agregó que cuando la Cofeco no pudiera combatir a las empresas monopólicas o los procesos para ello sean muy prolongados, como suele suceder, la Comisión de Precios Competitivos (Copreco) actuaría con relación a los precios exagerados mediante análisis basados en la comparación de precios a los que se estuvieran vendiendo bienes y servicios en el país, respecto a los de nuestros principales socios comerciales. En caso de que se determinara la exageración de precios, de acuerdo su iniciativa el Gobierno aplicaría una serie de medidas; entre otras posibles, una de ellas consistiría que una vez determinada la exageración de precios por parte de la empresa en cuestión, ésta no podría ser proveedora del gobierno y además se abriría el mercado nacional a otros productos que le hicieran la competencia. El diputado Di Costanzo agregó que esta iniciativa no pretende imponer un control de precios, sino constituirse en otra herramienta para combatir los monopolios, de manera que éstos estarían siendo combatidos por medio de la Cofeco y de la Copreco; esto es: desde el origen, por la dominancia en el mercado y, asimismo, con base en su manifestación, vía exageración de precios.

El presidente comentó al diputado Di Costanzo que el secretariado técnico de la comisión estaría en contacto con él, al tiempo de señalar que, por lo expuesto, su propuesta, más que incluir cambios en la Ley Federal de Competencia Económica, apelaría a la creación de una nueva ley. Al mismo tiempo aclaró que si el diputado Di Costanzo consideraba que su propuesta pudiera incorporarse como parte de las reformas a la LFCE, con gusto se le escucharía, con el propósito de vincularla a las reformas. Acto seguido, el diputado Guajardo Villarreal pidió al secretario Rodrigo Pérez-Alonso someter a consideración del pleno la propuesta de quedar en permanente, antes de continuar los asuntos generales en el orden del día. El secretario diputado hizo lo propio, siendo votada la propuesta en sentido positivo, de manera unánime. Acto seguido se procedió a abordar los asuntos generales.

El presidente comentó que el diputado Jorge Hernández Hernández planteó presentar en ese momento la propuesta de un punto de acuerdo, a la que se había comprometido, para exhortar al Ejecutivo federal a que no se forzara la inclusión de los sectores productivo en un tratado de libre comercio con Brasil. Enseguida, el diputado Guajardo procedió a conceder la palabra a la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández solicitó que al diputado Mario di Costanzo se concediera hacer una breve presentación de los puntos principales de su proyecto de ley, aprovechando su presencia. El diputado Guajardo Villarreal respondió que así se haría, tan luego agotara el tema de su intervención el diputado Hernández Hernández.

El diputado Jorge Hernández Hernández mencionó que en la anterior sesión ordinaria se autorizó un punto de acuerdo, en el que por iniciativa de la diputada secretaria Narcedalia Ramírez Pineda se exhortaba al Ejecutivo federal para que se revisara exhaustivamente el inminente tratado de libre comercio entre México y Brasil, respecto al sector agropecuario. El diputado Hernández agregó haber solicitado en ese momento que dicho exhorto se ampliara con relación a todos los sectores productivos del país y que en razón de ello e independientemente del exhorto propuesto por la diputada Ramírez Pineda había presentado a la Junta de Coordinación Política una proposición con punto de acuerdo en los términos anteriormente referidos. El diputado Hernández añadió que en su propuesta aportaba datos comparativos de carácter comercial, arancelario, económico y financiero entre las economías de Brasil y de México, durante el periodo 2007- 2009, a fin de sustentar la petición de que, en el marco de la posible suscripción del ya mencionado tratado, se realizaran foros y análisis con la participación de todos los sectores productivos nacionales, a fin de que, en coordinación con el gobierno federal y el Senado de la República y, de ser posible, con la participación de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se determinara qué sectores de la industria están en condiciones de ser incorporados al tratado comercial entre México y Brasil. Ello, al tiempo de que el diputado Hernández manifestara su apoyo a la suscripción del tratado entre ambos países, en tanto se defendieran los intereses de la planta productiva nacional. Expresó que deseaba someter a la votación del pleno de la comisión el punto de acuerdo por él presentado, con el fin de que contara con el respaldo del conjunto de sus miembros.

La diputada Indira Vizcaíno Silva, como parte de los comentarios solicitados por el diputado presidente Guajardo Villarreal, indicó que en el punto de acuerdo debía solicitarse al Ejecutivo federal explícitamente que se escuchara a todos los sectores productivos.

La diputada Norma Sánchez Romero, con relación a este mismo tema, solicitó a la presidencia de la comisión que se incluyera en el orden del día de la siguiente reunión ordinaria el punto de acuerdo presentada por ella en el pleno de la Cámara, que ya fuera turnado a la comisión. La diputada Sánchez Romero explicó que en dicho punto de acuerdo se exhortaba a la Secretaría de Economía para que fuera excluido del tratado de libre comercio con Brasil el sector cuero-calzado, en correspondencia con el apoyo que al respecto manifestaron todos los miembros de la comisión ante los representantes de dicho sector cuando éstos comparecieron ante ellos. Al respecto, el diputado Guajardo Villarreal comentó que sería votada la propuesta de la diputada Sánchez Romero, luego de la intervención del diputado David Penchyna Grub.

El diputado David Penchyna Grub señaló que para que el exhorto tuviera efecto real respecto al propósito perseguido era necesario solicitar al Poder Ejecutivo y al Senado de la República, a través de la Comisión de Economía, la realización de reuniones de trabajo con los sectores productivos del país en su conjunto, sin la exclusión de ninguno, para analizar y evaluar la pertinencia de realizar un tratado de libre comercio con Brasil. Al mismo tiempo señaló que si había temor en cuanto a la realización de un tratado de esta naturaleza ello se explicaba por la ineficacia de la política arancelaria de la Secretaría de Economía y debido a que Brasil ha impulsado acciones de competencia que no ha llevado a cabo México. Asimismo, el diputado Penchyna señaló que este exhorto y la medida a ser solicitada debieran tener lugar antes de pedir la exclusión de algún sector productivo en lo particular con relación al tratado, a fin de que la Secretaría de Economía lleve a cabo el trabajo a que está obligada.

El presidente, antes de ceder la palabra a la diputada Norma Sánchez Romero, señaló que, de acuerdo al propio diputado Hernández, el texto por él presentado podía ser enriquecido con base en lo expresado por los miembros de la comisión y, en tal caso, y antes de la siguiente reunión, podía presentar una nueva redacción de su propuesta, para ser sometida al pleno de la comisión. Por otra parte, el diputado Guajardo expresó que la petición planteada por la diputada Sánchez Romero sin duda era atendible, en el sentido de que en ese momento podía ser sometida a votación la posibilidad de modificar el orden del día, a fin de que, en la próxima sesión, el punto de acuerdo que había presentado ante el pleno de la Cámara y que sería turnado a la Comisión de Economía, fuera considerado como parte de la sesión que quedaría en permanente, sólo en caso de que así lo votaran los miembros de la comisión.

La diputada Norma Sánchez Romero señaló respecto a los comentarios vertidos por el diputado Penchyna Grub que en el caso del sector cuero-calzado, la Secretaría de Economía ya había recibido a sus representantes y había estado trabajando con ellos. La diputada Sánchez Romero indicó que de hecho el exhorto que llegaría al comisión ya había sido presentado ante el Senado de la República y había sido votado y respaldado en forma unánime. De manera que ahora se pretendía reforzar el propósito de dicho exhorto a través de la Cámara de Diputados.

El presidente pidió al diputado secretario Rodrigo Pérez-Alonso que sometiera a consideración del pleno la modificación del orden del día para que el lunes siguiente, en la continuación de esa reunión en sesión permanente, pudiera ser discutido el punto de acuerdo formulado por la diputada Sánchez Romero y ser enviado por la Mesa Directiva de la Cámara.

El secretario diputado Rodrigo Pérez-Alonso hizo lo propio y los miembros de la comisión votaron por unanimidad lo planteado por el diputado Guajardo Villarreal.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal indicó que el último asunto por tratar era la solicitud planteada por la diputada y maestra doña Ifigenia Martínez, en el sentido de que se abriera un espacio para que le fueran planteados algunos cuestionamientos al diputado Mario di Costanzo.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández señaló que los monopolios, en su calidad de grandes unidades productivas y de servicios, son empresas con ramificaciones internacionales en las que están presentes campañas de innovación y de investigación tecnológica, al tiempo de señalar que los monopolios son un fenómeno que sin duda merecen una mayor reflexión y estudio y que, en tal sentido y aprovechando la presencia del diputado Di Costanzo, solicitaba a éste explicara su punto de vista respecto al tema.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta de inicio manifestó su acuerdo con el diputado presidente Ildefonso Guajardo, en el sentido de que la propuesta de proyecto de ley que presentaba en realidad no era una propuesta de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Agregó que, sin embargo, quizá era posible que en el proceso de dictamen de las iniciativas respecto a esta última ley, se planteara que la Comisión de Precios que él proponía no fuera una entidad diferente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y que, en tal sentido, formara parte de su estructura, de manera que la Cofeco tuviera dos brazos: el de la dominancia de mercado y el del control de precios exagerados. Se dirigió a la diputada Ifigenia Martínez a fin de decirle que, en efecto, lo que él proponía formaría parte del combate a los monopolios, por sus manifestaciones, que no por su origen y por su dominancia.

El diputado José Antonio Arámbula López preguntó al diputado Di Costanzo Armenta en su propuesta quién nombraría a los miembros de la Comisión de Precios, al tiempo de observar que si ésta formara parte de la Cofeco seguramente sería necesario implementar cambios al respecto; asimismo preguntó qué otras medidas de apremio serían aplicadas a las empresas infractoras, además de que el gobierno no les comprara sus productos; por último preguntó si la Comisión de Precios propuesta sólo intervendría en el caso de los monopolios o también en general.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta respondió que en su propuesta de iniciativa los miembros de la Comisión de Precios (CP) serían propuestos por el Ejecutivo federal, considerando una serie de características a ser establecidas, y ratificados, en su caso, por el Senado de la República. Agregó que la CP actuaría bajo denuncia y por oficio, dependiendo de la circunstancia. Así, por ejemplo, en el caso de las comisiones bancarias actuaría por oficio, investigando y considerando inflación, tipo de cambio, costos, etcétera, y estableciendo comparaciones con los costos de los servicios bancarios de los principales socios comerciales de México, es decir, de Estados Unidos y Canadá, pero también de otros países. De determinarse la exageración de precios en el cobro de los bancos investigados, se haría una primera llamada para que redujeran sus comisiones; en caso de no ser atendida ésta, se permitiría la actividad de un mayor número de operadores bancarios en el país, que realmente pudieran competir contra los bancos infractores y, asimismo, se tomarían otras medidas. En referencia a otros ejemplos en otras áreas de la economía, el diputado Di Costanzo mencionó el caso de la industria del cemento y afirmó que un costal de este producto cuesta a los mexicanos más o menos el doble que lo que cuesta en Estados Unidos; en tal caso, agregó el diputado, la CP llevaría a cabo un estudio para determinar si hay una exageración de precios en el mercado nacional y en caso de que fuera así y no se atendiera el llamado de la autoridad para que el precio fuera reducido, se abrirían las fronteras a la importación de cemento. El diputado Di Costanzo señaló que en caso de que no se creara una comisión de precios, sino una dirección general de precios en la Cofeco, ello no daría lugar al nombramiento de comisionados, sino a que los propios comisionados de la Cofeco fueran quienes absorbieran las funciones que cumpliría dicha Dirección General. En este orden de ideas, respecto al área de telecomunicaciones, se refirió al caso de Televisa, empresa que, a decir suyo, tiene el 70 por ciento del mercado y a la que le resulta más barato pagar las multas que cesar sus prácticas monopólicas. El diputado Di Costanzo afirmó que en el caso de Televisa y con base a su propuesta de iniciativa de ley, se analizarían los costos, las tarifas y los precios de los servicios que proporciona la empresa, de manera que pudieran combatirse los precios de sus servicios y, aun cuando conservaran el referido porcentaje del mercado, se le impusiera límites a los precios de los servicios que proporciona a los consumidores, para así combatir los monopolios de dos maneras. Para terminar su intervención, el diputado Di Costanzo dijo que, independientemente de que una empresa ofrezca diversos productos, bienes y servicios, su propuesta se aplicaría al bien o al servicio que observara una exageración en su precio.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal agradeció la participación del invitado y de los miembros de la comisión y, al no haber otra pregunta, ratificó al pleno que la sesión quedaría en carácter de permanente, tal como habían votado los miembros de la comisión, y que se reanudaría el lunes 27 de ese mes.

Reunión del 27 de abril

Como prolongación de los efectos jurídicos emanados de la declaratoria de la reunión del día 22, en la que el pleno de los miembros de la comisión votó y declaró su condición de permanente, dicha reunión fue reanudada el día 27 de abril del año en curso.

El presidente, tras señalar la existencia de quórum poco después de las 9 de la mañana, hora de la convocatoria, procedió a comentar a los miembros de la comisión el proceso que había venido desarrollándose en los últimos tres días, para resolver el dictamen sobre el tema que había quedado pendiente en esa permanente. Asimismo comentó que se había llegado a una definición y, al mismo tiempo, solicitó el apoyo de los miembros de la comisión con el propósito de que, ese mismo día, se estableciera un horario de reunión hacia el final de la jornada, después de la plenaria. El diputado Guajardo se comprometió a que se viera el contenido del dictamen con cada grupo parlamentario, para contar con elementos de análisis, antes de presentarlo para su discusión y votación en el pleno de ese cuerpo colegiado. Puso a consideración de los miembros de la comisión proseguir la reunión ese mismo día a las 5 de la tarde, al tiempo de señalar que la ventaja de ello residía en dar tiempo a las comisiones de Justicia y de Hacienda a emitir su opinión sobre el dictamen, en la comprensión de que en el transcurso del día sesionaría la de Justicia y previsiblemente también lo haría la de Hacienda y así podría contar la de Economía con sus opiniones, como antecedentes para discutir y aprobar, en su caso, el dictamen en cuestión. Dicho esto, el diputado presidente Guajardo preguntó si había alguna observación y, como no la hubo, sometió a votación la hora y el día de la reunión, con el compromiso de que se les avisaría oportunamente el lugar a celebrarse dicha reunión.

Reunión del 28 de abril, a las 9 de la mañana

El presidente reanudó la reunión declarada en permanente señalando que, a esas alturas, los acuerdos técnicos de fondo se habían alcanzado, al mismo tiempo que en pláticas con diputadas y diputados de diferentes fracciones se estaban revisando los textos. Con todo, agregó que todavía no se estaba en condiciones de presentar formalmente el dictamen definitivo al pleno de la comisión, debido a que había dos puntos fundamentales cuya constitucionalidad estaba siendo revisada, lo cual implicaba un cierto freno al trabajo. El diputado Guajardo agregó que, sin embargo, el 95 por ciento del trabajo estaba realizado y, asimismo, reiteró a las diputadas y a los diputados miembros de la comisión estar cordialmente invitados a las oficinas de la presidencia para que revisaran, con la calma requerida, los textos desarrollados hasta ese momento. Agregó que, en su calidad de presidente de la comisión, no quería tomar la iniciativa de poner formalmente en la mesa un texto que en ese momento aún no reflejaba los acuerdos necesarios entre las fracciones parlamentarias. Al mismo tiempo expresó a los miembros de la comisión la conveniencia de avanzar en el trabajo pendiente; así, por ejemplo, con relación a algunos puntos de acuerdo respecto a los cuales se había pactado que, tras generar consensos en torno suyo, serían presentados para su aprobación. El diputado Guajardo señaló que era el caso de los puntos de acuerdo promovidos por la diputada Norma Sánchez Romero y el diputado Jorge Hernández Hernández. Por otra parte, propuso al diputado secretario Alejandro Cano Ricaud que sometiera a consideración de los miembros de la comisión la posible introducción, en el orden del día, de un punto de acuerdo muy importante solicitado por quienes están directamente relacionados con la proveeduría de insumos para la industria turística del país, en el que se plantearía la necesidad de desarrollarla en las franjas hoteleras y del turismo nacional mediante un mecanismo de promoción muy directo, pues en la zona de Cancún y del Pacífico hay un alto porcentaje de proveeduría extranjera de los insumos que requieren los hoteles. El diputado Guajardo Villarreal sometió a la consideración de los miembros de la comisión la aprobación de la inclusión en el orden del día de este tercer punto de acuerdo, para luego proceder a analizar y a discutir cada uno de ellos, en términos de sus contenidos. Dicho esto, el diputado Guajardo sometió a votación la inclusión del tercer acuerdo en el orden del día, que fue votada en sentido positivo. Y seguidamente, el secretario diputado Cano Ricaud procedió a abrir la discusión y el análisis de cada punto de acuerdo.

El secretario diputado Alejandro Cano Ricaud leyó el primer punto de acuerdo, presentado por la diputada Norma Sánchez Romero, en los siguientes términos: “Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía de la administración pública federal, a excluir a la industria del calzado en la negociación de un eventual tratado de libre comercio con la República Federativa del Brasil, por las fuertes asimetrías que existen entre las representativas industrias y entre la calidad regulatoria, pues se causaría un impacto negativo a la industria del calzado nacional. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 28 de abril de 2010”.

El presidente sometió a consideración de los miembros de la comisión el punto de acuerdo para sus comentarios y, al no haberlos, el secretario diputado lo sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, antes de proceder con el siguiente punto de acuerdo, otorgó la palabra a Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández solicitó que se hiciera un resumen de las razones por las que se pedía la exclusión contenida en el referido punto de acuerdo, respecto al posible tratado de libre comercio entre México y Brasil y que se aclarara en qué sectores nuestro país no es competitivo.

El presidente, atendiendo a la solicitud de la diputada, comentó que sólo se concretaría a hacer un breve recuento del proceso de dicho acuerdo en el seno de la comisión, y en tal sentido recordó que en reunión de trabajo la comisión en su momento recibió a los representantes de la industria del calzado, misma en la que éstos hicieron una presentación pormenorizada sobre la problemática abordada y, en tal sentido, un recuento histórico de la relación bilateral, y de cómo, en el proceso de apertura comercial, en los hechos Brasil ha puesto trabas al ingreso del producto mexicano a aquel país, cuando, en cambio, la entrada y la captura del mercado mexicano por parte de los brasileños ha sido abrumadora. El diputado Guajardo Villarreal invitó a la diputada Norma Sánchez Romero, promovente del referido punto de acuerdo, a que hiciera sus comentarios al respecto.

La diputada Norma Sánchez Romero se refirió al hecho de que los representantes del sector cuero-calzado explican que la de Brasil es una industria cuatro veces mayor que la de México, de manera que el país sudamericano produce 808 millones de pares de calzado, mientras que México produce 244 millones. Asimismo, señaló la existencia de muchas asimetrías entre ambos países en cuanto al tamaño de la industria, la diversidad de mercados, diversidad de mercancías exportadas, penetración de mercados y otros aspectos. La diputada señaló que la entrada del calzado brasileño perjudicaría mucho al sector nacional de cuero-calzado, porque lo haría en volúmenes mucho mayores que los de México en sus exportaciones efectivas a Brasil. La diputada Sánchez Romero también señaló que asimismo existen diferencias en cuanto a las subvenciones gubernamentales de que gozan los brasileños en materia de exportaciones de calzado, lo que se traduce en diferencias de precios respecto a los del calzado mexicano. La legisladora asimismo comentó que los aranceles de ingreso de los productos mexicanos a Brasil son muy altos y que, en cambio, los productos brasileños gozan de grandes facilidades de ingreso a México. La diputada Sánchez Romero también comentó que Brasil tiene un historial que muestra que no respeta los acuerdos comerciales con otros países, independientemente de que no ha suscrito ningún tratado de libre comercio. Por último, la diputada Sánchez Romero señaló que el acuerdo por ella presentado también se presentó en el Senado de la República, en cuyo pleno fuera aprobado por unanimidad, lo que dio lugar a que se hiciera el exhorto correspondiente a la Secretaría de Economía.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández expresó que el punto de acuerdo podía abarcar otros productos brasileños, al tiempo de señalar que, según información con la que contaba, hay mexicanos que viajan a Brasil con el fin de comprar ropa, porque tiene mayor variedad y estilos y mejores precios que en Estados Unidos. De manera que, en su comprensión, ello indicaba que era necesario que México tuviera mucho cuidado con ese posible tratado de libre comercio con Brasil, al tiempo de señalar que no estaba en contra del punto de acuerdo de la diputada Sánchez Romero.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó a la diputada que justamente en uno de los puntos de acuerdo por tratar en la reunión se pide al Ejecutivo federal que todos los sectores productivos sean escuchados ante la posible firma del referido tratado. El diputado Guajardo mencionó que dicho punto de acuerdo, propuesto por el diputado Hernández Hernández, previsiblemente sería subido ese mismo día al pleno de la Cámara y asimismo planteó al diputado Hernández dos posibilidades: la primera, consistente en pedirle a los miembros de la comisión su preautorización, para que cuando el punto de acuerdo fuera entregado a la Mesa Directiva, automáticamente se recolectaran las firmas y fuera regresado; o si los miembros de la comisión estuvieran de acuerdo, el diputado Hernández intentara cambiar el trámite con el fin de que el punto de acuerdo se presentara ya, como propuesta de la comisión, para su urgente y obvia resolución. El diputado Guajardo invitó al diputado Hernández a leer el resolutivo del citado punto de acuerdo, que seguramente reflejaba los puntos de vista de otros miembros de la comisión, en términos de un consenso.

El diputado Jorge Hernández Hernández respondió al diputado Guajardo que optaba por la segunda posibilidad y, asimismo, mencionó que las sugerencias que en su momento hicieran la diputada Indira Vizcaíno y el diputado David Penchyna habían sido recogidas en la redacción del citado resolutivo, al tiempo de señalar que la Comisión de Economía, como parte del Poder Legislativo, podía acompañar a los sectores productivos en el proceso de análisis y debate en el marco del diálogo que en su momento sostuvieran los sectores productivos y el gobierno federal, respecto a la posibilidad de que fuera suscrito un tratado de libre comercio entre México y Brasil. El diputado Hernández indicó que en el resolutivo se exhortaba al Ejecutivo federal y al Senado de la República fueran escuchadas y consideradas las opiniones del sector industrial, comercial y de servicios del país, así como de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, con el propósito de integrarlas en el análisis de la negociación del Tratado de Libre Comercio México-Brasil, para evitar afectaciones posibles al sector productivo de México.

El presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal indicó que la propuesta de la presidencia era someter a la consideración de los miembros de la comisión que el punto de acuerdo fuera presentado, por ésta, en términos de urgente y obvia resolución, para que ese mismo día se hicieran las negociaciones del caso y, con el apoyo del diputado Hernández, la Mesa Directiva lo presentara en el sentido ya señalado. Acto seguido, el diputado Guajardo Villarreal pidió al secretario diputado Alejandro Cano Ricaud leyera el resolutivo del punto de acuerdo y lo sometiera a la consideración del pleno de la comisión, en los términos de su urgente y obvia resolución.

El secretario diputado Alejandro Cano Ricaud leyó el resolutivo, en los siguientes términos: “Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República escuchen y sean consideradas las opiniones del sector industrial, comercial y de servicios del país, y de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, con el propósito de integrarlas en el análisis de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México-Brasil para evitar afectaciones al sector productivo del país. Segundo. En el marco del análisis de las variables macroeconómicas para la celebración del Tratado de Libre Comercio México-Brasil, que éstas sean coordinadas en forma conjunta con las comisiones involucradas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010”.

El presidente sometió a consideración de los miembros de la comisión el resolutivo del punto de acuerdo y, al no haber comentarios, pidió al secretario diputado que lo sometiera a votación, tras lo cual fue aprobado por unanimidad. Luego el diputado Guajardo acordó con el diputado Hernández Hernández que, con el apoyo del secretariado técnico de la comisión, fuera él quien se hiciera cargo de los trámites necesarios ante la Mesa Directiva, a fin de que al punto de acuerdo se le diera trámite de urgente y obvia resolución para su votación en el pleno. El diputado Guajardo abordó el tercer y último punto de acuerdo, en el que la base de los trabajadores asociados al sector turismo pedía que se promoviera la proveeduría nacional de insumos para el sector hotelero. En seguida, el diputado Guajardo solicitó al secretario diputado Cano Ricaud que diera lectura al punto de acuerdo.

El secretario diputado Alejandro Cano Ricaud leyó en los siguientes términos: “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar actividades tendientes a enlazar a los proveedores nacionales de insumos y servicios con los productos de bienes y servicios finales, como vía generadora de empleos. Suscrito por el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional”.

El presidente preguntó a los miembros de la comisión si había algún comentario, sin que surgiera alguno, de manera que le pidió al secretario diputado que procediera a leer el resolutivo y, seguidamente, se sometiera a votación.

El diputado Jorge Humberto López Portillo-Basave señaló que era necesario tener cuidado respecto al sentido de la votación.

El secretario diputado Alejandro Cano Ricaud leyó el resolutivo del punto de acuerdo en los siguientes términos: “Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a organizar, a partir del 1 de mayo de 2010, los encuentros necesarios, como foros, encuentros, ferias o conferencias, para enlazar a los proveedores nacionales de los grupos empresariales pertenecientes a las distintas ramas industriales y de servicios, con los emprendedores y grupos empresariales de las actividades estratégicas, con el objeto de reactivar la economía interna del país, a partir del desarrollo de cadenas productivas capaces de generar empleos decentes, en cantidad suficiente, impulsando el desarrollo local y el regional de México. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de abril del presente año”.

El presidente cedió la palabra a la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández preguntó por qué, en el resolutivo, sólo se hacía mención de las actividades estratégicas con referencia a las productivas y de servicios y no a todas, puesto que las estratégicas en rigor son muy pocas.

El presidente coincidió en que el término estratégicas convertía en limitativo el planteamiento del punto de acuerdo, de manera que, pidiendo un voto de confianza a la diputada y al resto de los miembros de la comisión para que el secretariado técnico corrigiera el resolutivo, respetando el sentido de lo que se estaba aprobando, en la comprensión de que el enunciado discutido no fuera limitativo, dicho lo cual pidió al diputado secretario Cano Ricaud que se sometiera a votación.

El secretario diputado Alejandro Cano Ricaud indicó que se sometía a consideración de los miembros de la comisión el punto de acuerdo, de manera que, quienes estuvieran por la afirmativa, así lo manifestaran, quedando aprobado por unanimidad.

El presidente preguntó al diputado Jorge Humberto López Portillo-Basave si tenía algún comentario, a lo cual éste respondió que era necesario que los integrantes de la comisión formularan un exhorto con el fin de que el gobierno federal reaccionara ante la formulación e inminente aplicación de medidas que lesionarían los intereses de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, concretamente en Arizona, con la aprobación de la llamada Ley Arizona o Ley SB 1070, de carácter discriminatorio y racista. Dicho esto y en resonancia respecto de la intervención del diputado López Portillo, el diputado Guajardo afirmó que, en efecto, a veces en México se es demasiado cauteloso en las respuestas a las agresiones originadas en otras latitudes. El diputado Guajardo abundó afirmando que los boicots comerciales, cuyo éxito se ve determinado por las decisiones privadas de los ciudadanos, son esfuerzos que, por lo general, son más efectivos cuando se realizan por medio de campañas masivas, con base en redes sociales, en los recursos que ofrecen los twitters, etcétera. Asimismo indicó que existen otro tipo de acciones para responder a las agresiones referidas; así, y a título de ejemplo, el diputado Guajardo mencionó que le acababa de ser aprobado por unanimidad un punto de acuerdo en el pleno de la Cámara, por medio del cual se exhortó al gobierno federal, como respuesta al nuevo impuesto que se propuso aplicar a las transferencias de migrantes en Arkansas, a que las empresas paraestatales mexicanas no compren mercancías ni contraten servicios en ese estado. El diputado Guajardo propuso que, en caso de que el pleno de la comisión así se lo autorizara, en la siguiente reunión el secretariado técnico presentaría esa misma tarde la propuesta de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en el que se exhortara al gobierno federal a adoptar una medida drástica consistente en la no realización de compras gubernamentales al estado de Arizona, en respuesta a la aplicación de una ley contra los migrantes y los ciudadanos americanos de origen mexicano que, por sus características raciales, serían detenidos en la calle para preguntárseles si cuentan con la documentación correspondiente a su estancia legal en aquel país. El diputado Guajardo preguntó a las diputadas y a los diputados miembros de la comisión si estaban de acuerdo con la formulación de dicha propuesta de exhorto por parte del secretariado técnico, a ser presentada en el siguiente encuentro, prolongación de esa reunión en permanente, además de señalar que el secretariado técnico se reuniría a la brevedad con el diputado Jorge Humberto López Portillo-Basave, promovente del mencionado punto de acuerdo, para ser sometido a votación en el pleno de la comisión durante la tarde. En respuesta, los miembros de la comisión manifestaron estar de acuerdo. Y seguidamente el diputado Guajardo sometió a votación la propuesta de que la reunión se continuara a las 5 de la tarde de ese mismo día, con el fin de procesar la propuesta de iniciativa de la Ley Federal de Competencia Económica. Los miembros de la comisión manifestaron su acuerdo.

Reunión del 28 de abril, a las 6 de la tarde

El presidente reanudó la reunión declarada en permanente y, aun cuando como resultado de los efectos jurídicos que se desprendían de dicho estatus no era necesario contar con la renovación del quórum, ya que éste prevalecía en términos legales, el diputado Guajardo señaló que en ese momento se contaba in situ con el número de diputados que refrendaba dicho quórum. Acto seguido, pidió al secretariado técnico que se distribuyera el proyecto de dictamen sobre el proyecto de la iniciativa correspondiente a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) entre las diputadas y diputados integrantes de la comisión, tras lo cual procedió a plantear una serie de comentarios, antes de entrar propiamente en materia. Señaló que, en términos de los antecedentes del dictamen que en ese momento se proponía a consideración, desde que se instaló la Comisión de Economía en octubre de 2009, sus miembros establecieron en el programa de trabajo, aprobado por unanimidad, que el principal objetivo para el primer año legislativo sería impulsar las reformas integrales a la LFCE, como constaba en el informe del programa de trabajo y en el documento de evaluación entregado a la Cámara. El diputado Guajardo expresó que, a partir de ese momento, se procedió en congruencia con el objetivo establecido. A este propósito recordó que se llevó a cabo un foro muy importante sobre competencia económica, con la participación de expertos en el tema, académicos y funcionarios, en el que se recogieron diversos puntos de vista, entre ellos los del agente regulador y los de las entidades reguladas; asimismo, y como parte del mismo proceso, la Comisión de Economía (CE) tenía la responsabilidad de revisar un gran número de dictámenes sobre anteriores proyectos de iniciativas de ley sobre la materia, mismos que en su debido tiempo fueron distribuidos entre los miembros de la CE, para iniciar las consideraciones del proceso final de dictamen sobre la LFCE. El diputado Guajardo Villarreal agregó que, en forma responsable y a riesgo de no cumplir los términos propuestos en el programa de trabajo, la comisión esperó a que el Ejecutivo federal enviara su propuesta de iniciativa, en su calidad de responsable del agente regulador, propuesta que fuera enviada y recibida la primera semana de abril. A partir de ese momento se integró la evaluación de todas las iniciativas en la materia, con el fin de procesar y elaborar el predictamen que en ese momento se ponía a consideración de las diputadas y los diputados miembros de la comisión. El diputado Guajardo mencionó que el documento que se presentaba en ese momento contenía el inventario completo de las iniciativas que de alguna manera quedarían dictaminadas al finalizar la discusión, junto con el dictamen que se presentaba; asimismo, los antecedentes, a los cuales se había hecho referencia; un resumen breve del contenido de cada iniciativa; la exposición de motivos que fundamentaba y motivaba la acción legislativa emprendida; las consideraciones que resaltaban algunos de los cambios más importantes que se planteaban a la LFCE, de manera integral. Tras estas puntualizaciones, el diputado Guajardo Villarreal puso a consideración del pleno a partir de qué etapa se quería que se hiciera la lectura del documento que sería sometido a análisis y discusión, al grado de detalle que consideraran los miembros de la comisión, y para ello se proponía que, si así se decidía, se realizara a partir de los considerandos.

El diputado Luis Enrique Mercado opinó que, en efecto, la lectura debía realizarse a partir de los considerandos.

El presidente, sin que hubiera otro planteamiento, sometió dicha propuesta a la consideración del pleno, siendo votada en sentido positivo de manera unánime, tras lo cual pidió al diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez que iniciara la lectura del documento, que fuera culminada con la ayuda de las diputadas Susana Hurtado Vallejo y Norma Sánchez Romero.

El presidente, tras concluir la lectura, comentó que se abría la discusión del dictamen en lo general, y le pidió al diputado secretario Alejandro Cano Ricaud que tomara lista de las diputadas y los diputados que desearan participar en la discusión del dictamen, en lo general, para después proceder a discutir el documento en lo particular.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó que, después de escuchar la lectura del predictamen, le surgían algunas dudas, con relación a cuáles eran los parámetros a ser utilizados para definir cuándo una empresa estaría incurriendo en prácticas monopólicas, tanto absolutas como relativas. En tal sentido se refirió, como ejemplo, al caso de la telefonía celular, en la comprensión de que dicho mercado en México está cubierto por cinco empresas: Telcel, Iusacel, Movistar, Unefon y Nextel, lo cual daría pie a asumir, bajo cierto criterio, que no hay monopolio en el sector, pero si se considera que Telcel tiene 76 por ciento del mercado nacional y que Movistar, su más próximo competidor, apenas tiene 12, es preciso plantear cómo debe clasificarse esa competencia. La diputada Pérez Reyes asimismo hizo mención del ejemplo del mercado de la distribución del gas natural, al señalar que en Ciudad Juárez hay una empresa que actúa como monopolio desde hace 100 años en la distribución de gas natural sin que haya más competidores, pero sin que tampoco se haya promovido la inversión en dicha área, lo cual orilla a plantearse si la empresa mencionada es o no un monopolio. Y, por último, la diputada Pérez Reyes inquirió en qué beneficiaría el dictamen a los consumidores de la telefonía celular, por ejemplo en el caso de las prácticas de una empresa como Telcel.

El diputado Ramón Jiménez López indicó que deseaba exponer algunos argumentos de carácter general, elaborados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En tal sentido expuso que, con relación a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el argumento de que dicha comisión no puede ser juez y parte es una visión del sector empresarial, pues de hecho es todo el mundo la tendencia ha sido concentrar las facultades correspondientes en un solo órgano, lo que le permitiría a la Cofeco ser una instancia en plenitud de atribuciones y ejercicio, para disuadir la comisión de prácticas monopólicas. Sobre el Tribunal Fiscal el diputado Jiménez López señaló que la intención de que dicho tribunal conozca sobre temas de competencia favorecería la ineficiencia de inhibir las prácticas de concentración y dificultaría la aplicación de sanciones administrativas y multas que la Cofeco aplicara. En tal sentido, dijo que bastaría que se estableciera la posibilidad de que los agentes económicos acudieran a la propia Cofeco mediante el recurso de los juicios orales para revertir sus resoluciones y de no llegar a acuerdos acudieran directamente al Poder Judicial mediante el amparo. El diputado Jiménez López añadió que, en consecuencia, resulta grave la intención de que el Tribunal Fiscal conozca de esta materia, pues convertiría en interminable el mecanismo para concluir los procedimientos de los agentes. Por lo que respecta a las multas, señaló que debía mantenerse la propuesta de sancionar con 10 por ciento de sus ingresos acumulables a las empresas que incurrieran en prácticas monopólicas, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR) o, en su caso, respecto de los gastos gravables en los casos en que el agente económico se encuentre sujeto a un régimen preferente. En tal sentido, y a decir del diputado Jiménez López, el objeto de incrementar las multas no sólo es empatar la legislación mexicana con las prácticas internacionales, sino que además debía mantenerse la propuesta porque la idea de la autorregulación por parte de las empresas no ha servido en lo absoluto. El diputado agregó que en materia de medidas cautelares se debe establecer la facultad de que la Cofeco ordene y realice investigaciones respecto a prácticas que considere anticompetitivas, al tiempo de suspender los actos que constituyan prácticas monopólicas, de manera que se frene al agente económico durante el litigio y éste no apueste a continuar perjudicando al consumidor durante dicho lapso. Respecto a la propuesta de que la Secretaría Ejecutiva de la Cofeco fuera la encargada de realizar las investigaciones, el diputado afirmó que era fundamental, siempre y cuando se garantizara su independencia y solvencia. En igual forma indicó que actualmente la Cofeco cuenta, para el ejercicio fiscal de 2010, con un presupuesto de 155 millones y sólo alrededor de 150 funcionarios dedicados al combate de las prácticas monopólicas, por lo que dicha comisión debe gozar de autonomía administrativa y presupuestal y dejar de ser un órgano desconcentrado. El diputado Jiménez López indicó por último que la Cofeco debe contar con recursos humanos y financieros suficientes para que pueda cumplir sus obligaciones.

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, preguntó si había algún otro comentario como parte de la discusión del dictamen en lo general. Señaló que, como responsable de la presidencia y en razón del trabajo realizado con relación al dictamen, haría unos comentarios respecto a los planteados por los diputados que participaron en la discusión en lo general. Señaló, con relación a lo expuesto por el diputado Ramón Jiménez López que, en su comprensión, éste había expresado su acuerdo con el esquema establecido para las multas, con las medidas cautelares y respecto a relativo a investigación en el caso del secretario ejecutivo de la Cofeco; al mismo tiempo, a consideración del diputado Guajardo, el diputado Jiménez López había hecho dos comentarios en lo general, en el sentido de que el dictamen pudo haber tomado un curso diferente en ciertos aspectos. Señaló que uno de estos comentarios del diputado Jiménez hacía referencia al recurso de reconsideración de una determinación por parte de la Cofeco, tema largamente debatido en su momento, al tiempo de señalar que en la actualidad la LFCE establece que si un agente económico no está de acuerdo con la resolución de la comisión, puede dirimirlo por dos vías. La primera de ellas, sustantiva y de fondo, radica en que el agente económico infraccionado recurra a los mismos individuos y a los mismos agentes que le impusieron la sanción la primera vez. A decir del diputado Guajardo Villarreal el problema de ese mecanismo estriba en saber con qué claridad y con qué ojos puede analizar por segunda vez el mismo caso un individuo que posiblemente se haya contaminado en un proceso de toma decisiones, incluso si su decisión ha sido acertada. Asimismo señaló que, a consideración suya, no se trataba de un debate sobre la fortaleza o debilidad del órgano público regulador, sino sobre un debido proceso para los ciudadanos y, en tal sentido se trataba, a decir suyo, de un debate sobre la posibilidad de contar con una alternativa por medio de la cual un órgano diferente y con visión renovada pudiera analizar la sustancia de los casos, por lo que se proponía la creación de una sala especializada en materia de competencia en el Tribunal Fiscal de la Federación. El diputado Guajardo Villarreal señaló que sin duda el modelo ideal de equilibrio de poderes debería haber llevado a una definición del problema en el ámbito del Poder Judicial, al tiempo de señalar que para que ello hubiera sido posible, a decir de muchos juristas, se hubiera requerido una reforma constitucional, y que, en tal sentido, a veces lo deseable se contraponía con lo posible. El diputado Guajardo agregó que, desde la perspectiva de la presidencia de la comisión, se estaba procediendo en términos de lo deseable, lo cual representaba un gran avance, aunque ello no fuera en un grado total. En igual forma el diputado Guajardo hizo referencia a la autonomía presupuestal de la Cofeco y comentó al diputado Jiménez López que de alguna manera dicho tema fue parte del proceso final de análisis que en mucho retrasó las deliberaciones, ya que, en efecto, había quien piensa en los diferentes términos posibles del fortalecimiento de la institución con la transformación de su figura jurídica. El diputado Guajardo comentó que el debate al respecto comprendía diversas posiciones, desde tratar de crear un órgano autónomo de Estado, hasta la posibilidad intermedia de un órgano con autonomía presupuestal, pero inscrito en el ámbito de influencia del Ejecutivo federal; seguidamente agregó que el dictamen se presentaba en términos en los que la Cofeco no se transformaba en una figura autónoma de Estado, debido a que se había considerado que los órganos autónomos están reservados para temas que involucran derechos fundamentales de los ciudadanos que requieren un estricto balance de poderes, como en el caso del Instituto Federal Electoral o de los órganos de defensa de los derechos humanos, en los que el control por parte del Poder Ejecutivo los convertiría en juez y parte. El diputado Guajardo Villarreal agregó que, al mismo tiempo, se coincidía con el punto de vista del diputado Jiménez López, en el sentido de que la Cofeco conserve su estatus de órgano desconcentrado bajo la tutela y dirección del Poder Ejecutivo federal en su calidad de responsable y, asimismo, supeditado a que su presupuesto sea autorizado como parte del presupuesto del sector Economía del gobierno federal. Al respecto, el diputado Guajardo subrayó que, en su opinión, la Comisión de Economía debía velar por el fortalecimiento de los recursos de la Cofeco en el siguiente ejercicio presupuestal. Como conclusión, el diputado Guajardo Villarreal señaló que esos eran sus comentarios al posicionamiento del diputado Ramón Jiménez López. Dicho esto, manifestó su deseo de subrayar la intervención de la diputada María Antonieta Pérez Reyes y de comentar que en su calidad de presidente de la comisión había realizado un gran esfuerzo con el fin de ser lo suficientemente cauto para dejar claro, ante la opinión pública, que las reformas a la LFCE no llevaba dedicatorias, sino que buscaba definir parámetros fundamentales, aplicables y transparentes para que los actores económicos se ajustaran a reglas que establecieran el balance fundamental entre los jugadores en el ámbito económico, de manera que nadie goce de privilegios ni controle los mercados. El diputado Guajardo Villarreal comentó que en el apartado a que había hecho referencia la diputada Pérez Reyes, la ley definiría específicamente las condiciones de competencia y la obligación de la Cofeco de establecer parámetros concretos sobre los temas a que se había hecho referencia, entre ellos las prácticas monopólicas. Con relación al hecho de que en debates de dicha naturaleza con frecuencia se señala que de qué sirve la aprobación de un dictamen que no define con claridad qué es un mercado relevante o qué una práctica monopólica, el diputado Guajardo señaló que no hay una sola ley de estándar internacional que defina a detalle estos elementos y que precisamente por ello se crea una comisión de expertos a los cuales se les confiere la responsabilidad y la obligación de publicar dichos criterios en el debido tiempo, sujetos a una consulta pública, en forma transparente. El diputado Guajardo agregó que ése es un nuevo elemento que se establece en la LFCE para su aplicación, de manera que los agentes económicos cuenten con la certidumbre jurídica de saber a qué se enfrentan. El diputado Guajardo concluyó sus comentarios invitando a los miembros de la comisión a ejercer su derecho de réplica.

El diputado Ramón Jiménez López agregó que había aspectos que aplaudir en la iniciativa de la LFCE, entre ellos el hecho de que se concede más herramientas de sanción a la Cofeco, al mismo tiempo que, sin embargo, no se había hecho lo suficiente, porque lo ideal hubiera sido haber creado, a partir de dicha comisión, una fiscalía o una procuraduría y un tribunal especializados en delitos económicos. Expuso que a pesar de que las multas cambiaron su modalidad, un elemento fundamental hubiera sido la incorporación de la figura, por ejemplo, de reparación de daño al mercado, o un sistema de compensaciones para minimizar el efecto perverso de una estructura anticompetitiva; es decir, para atacar el efecto y el origen del problema, aspecto que la Comisión de Economía podría recomendar que sea incluido en el reglamento correspondiente. El diputado Jiménez López asimismo consideró que, en un mundo globalizado en el que México posee empresas transnacionales, es fundamental aplicar la multa sobre los ingresos, pues al tener un mercado monopolizado en un país, muchas empresas usan sus ganancias extraordinarias para penetrar otros mercados, con relación a lo cual el diputado adelantó que en su momento haría una propuesta muy concreta. Respecto a las sanciones el legislador expresó que en el caso de sanciones a terceros involucrados por dar información falsa en una investigación, éstos debieran ser sancionados con un porcentaje fijado respecto a la sanción que se acredite al monopolista de que se trate. Asimismo, señaló que con relación a la propuesta que hiciera el Partido del Trabajo en una sesión anterior, relativa a la necesidad de asegurar precios competitivos, y sin menoscabo de que no se trataba de un tema sencillo, dicha propuesta debió haber sido incluida con relación a las prácticas no competitivas que se examinaron en el dictamen y que atacaban directamente el efecto de las prácticas monopólicas, pero no sus causas. Para concluir esa intervención, el diputado Jiménez López señaló que, si bien tenía algunas objeciones que serían formuladas en el momento en la discusión en lo particular, en lo general votaría favorablemente el dictamen.

El presidente cedió la palabra a la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández expuso que consideraba que en razón de la extrema complejidad del tema abordado era preciso definir los objetivos del Sistema Nacional de Producción y partir del hecho de que la economía nacional es operada por empresas privadas y por unidades productivas del sector público, mismas que obedecen a criterios que no son necesariamente los del mercado. La diputada Martínez y Hernández agregó que, en la medida en que las del sector público son grandes unidades, éstas podían clasificarse como monopolios; asimismo señaló que no era posible abstraerse del hecho de que una gran parte de la producción y de la economía de los países más avanzados, como en el caso de Estados Unidos, no está sometida a las reglas del libre mercado y de competencia económica, de manera que su manejo se decidía de acuerdo a objetivos nacionales. La diputada agregó que la LFCE sólo se referiría, por razones conocidas por todos, a una parte de la economía nacional, si bien muy grande, y que, al mismo tiempo, había productos de gran importancia que no obedecían a esa ley, como la energía. En el mismo sentido indicó que era necesario ser muy cautos respecto a qué parte de la economía nacional le sería aplicado el criterio de competencia económica, además de que, en términos de dificultades, la economía cada vez en mayor grado estaba dominada por grandes unidades de producción, con sus propias unidades de investigación científica y tecnológica, con una producción a escala mundial. La diputada Martínez y Hernández puntualizó que la Ley Federal de Competencia Económica resultaba un tanto anticuada frente a la realidad y a la existencia de grandes unidades de producción de nivel nacional e internacional. En igual forma señaló que, con relación a ello, era necesario mantener tal enfoque y era preciso hacer una revisión de la LFCE, considerando que hay campos y áreas de la economía en que no se aplica la competencia económica. Por último, la diputada Martínez y Hernández propuso que dicha tarea se dejara pendiente con el fin de iniciarla durante el segundo periodo de sesiones, en la comprensión de que ella respaldaría el acuerdo que se tomara en la comisión.

El presidente, en atención de la intervención de la diputada Martínez y Hernández, comentó que gran parte de la economía, sobre todo de la nacional, está resguardada por el artículo 28 constitucional, en el que se establecen las actividades reservadas al Estado. Asimismo puntualizó que en el texto del dictamen había un avance muy interesante, independientemente de que no tocara en absoluto la potestad que ejerce el Estado en las ramas de actividades a él reservadas, en el sentido de impulsar medidas alentadoras de la competencia; así, por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, responsable de la distribución del fluido eléctrico, habría que preguntarse, a manera de ejemplo, de qué manera decide la asignación correspondiente para que en sus postes se instale el cable de las empresas de televisión de paga, si se hace al mejor postor y en forma transparente, ya que el Estado no tiene el derecho de asignar discrecionalmente las concesiones en estos caso. Al respecto, el diputado Guajardo afirmó que las reformas a la LFCE obligarán a todos los servidores públicos a transparentar sus procesos, incluso en las áreas reservadas al Estado en virtud del artículo 28 constitucional, y que los obligará a ser transparentes y a observar prácticas competitivas en el momento en que su infraestructura sea utilizada para apoyar a los mercados privados, lo cual se traduce en un avance significativo.

El diputado Sergio Gama Dufour señaló un error en las consideraciones, concretamente en la XXII, donde dice “Artículo 1o. Se reforman los artículos 11, 13, primer párrafo, fracciones I, IV, V y VI, que debía consignarse con números romanos y no con arábigos, lo mismo que en caso del artículo 25, en el último párrafo, donde dice “Corresponde al pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones IV, IV Bis, V, VI, VIII, X, XII, XIII Bis, XVI, XVIII Bis”, en el que se utilizan números romanos y en los que, en cambio, debían utilizarse números arábigos.

El presidente pidió al secretariado técnico tomar nota y corregir los errores señalados por el diputado Gama Dufour y seguidamente y de nueva cuenta preguntó a los miembros de la comisión si había algún otro comentario u observación en lo general.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González aclaró que en términos procedimentales y de oportunidad quizás no fuera el momento para hacer una referencia al titular del Poder Ejecutivo federal. Criticó que éste hubiera declarado ese día que el dictamen ya estaba aprobado por el pleno de esa comisión, cuando en esos mismos momentos aún se estaba discutiendo en la comisión, vulnerando con ello la división de poderes. Por ello, el diputado Pérez-Alonso propuso que se hiciera un extrañamiento al titular del Ejecutivo federal.

El presidente comentó, con relación al mismo asunto, que la presidencia a su cargo iba a hacer lo propio en el momento de la clausura de la sesión y, por otra parte, asimismo dijo al diputado Pérez-Alonso que estaba en todo su derecho de hacer la referida observación en cualquier momento. El diputado Guajardo Villarreal dijo también que, con la anuencia de los miembros de la comisión, en la presentación del dictamen que se haría al día siguiente en el pleno de la tribuna, formularía un extrañamiento al titular del Ejecutivo federal por hacer declaraciones públicas respecto a supuestos hechos aún no ocurridos. El diputado Guajardo Villarreal pidió al diputado secretario Cano Ricaud que tomara lista de las reservas de los artículos que los integrantes de la comisión quisieran hacer para su discusión en lo particular y éste procedió a hacer lo propio y a mencionarlas.

El presidente, con relación a una duda a propósito de si, en términos de técnica legislativa, debía ser considerada la petición formulada por el diputado Jorge Humberto López Portillo-Basave, en el sentido de reservar el artículo 23 de la LFCE con el fin de corregir el nombre de la Secretaría de Economía que aún aparecía en la ley con el de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, afirmó que, en efecto, sí debía ser considerada como parte de las reservas en lo particular a ser analizadas y discutidas. Ello en razón de que el tema de discusión de la elaboración del predictamen era una iniciativa que sí formaba parte del análisis del documento. Asimismo, el diputado Guajardo Villarreal se comprometió con el diputado López Portillo- Basave a que la comisión volvería a considerar el tema hacia el final de la sesión.

El diputado Jorge Humberto López Portillo-Basave señaló que el nombre incorrecto con el que se seguía consignando en la ley el de la Secretaría de Economía había prevalecido a lo largo de nueve años, lo cual, a consideración suya, evidenciaba un gran descuido y requería un cambio de obvia y urgente resolución.

El presidente pidió al secretario diputado Alejandro Cano Ricaud que, con exclusión de los artículos reservados para su discusión en lo particular, se procediera a someter a la consideración de los miembros de la comisión el dictamen en lo general. El secretario diputado así lo hizo y el resultado de la votación fue de 20 votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención. El presidente planteó que se procediese a analizar las reservas en lo particular, en el orden en que lo plantearon los respectivos ponentes.

El diputado Ramón Jiménez López, con relación a la reserva planteada por él, del artículo 35, fracción XIII, párrafo segundo, procedió a leer la referida fracción, en los siguientes términos: “Los ingresos señalados en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII y XIII serán los acumulables excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables, si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente para los efectos del impuesto sobre la renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible se utilizará la base de cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior.” Acto seguido indicó que la propuesta que planteaba radicaba en que se excluyera la parte en que textualmente se dice”...excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero”, para que en su lugar se dijera: “ingresos totales tanto en México como en el extranjero”. El diputado Jiménez López adujo que la razón de ello radicaba en el hecho de hay empresas trasnacionales en México, entre ellas, por ejemplo, Bimbo, Cemex, Grumsa, Femsa, Carso y otras, y, asimismo, señaló que si las empresas transnacionales en México utilizan prácticas monopólicas que afectan a los consumidores, los ingresos obtenidos por causa de dichas prácticas son muy grandes, de manera que si sólo se sancionan los ingresos obtenidos en el país, ello no representaría una medida significativa respecto a las enormes utilidades que obtienen. El diputado Jiménez López agregó que era preciso multar a las empresas infractoras con base en sus ingresos totales, aun cuando una parte de ellos fueran obtenidos en otro país, en la medida en que se trataba de empresas unitarias y de que el objetivo debía ser inhibir al máximo las prácticas monopólicas. El diputado concluyó afirmando que de establecerse así se trataría de un avance contundente.

El presidente, tras indicar que el diputado Jiménez López ya había fundamentado su solicitud de modificar la redacción del referido artículo, procedió a abrir la discusión al respecto, entre los miembros de la comisión.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez afirmó que la propuesta del diputado Jiménez López era loable, pero que había un elemento muy claro a considerar, en el sentido de que el dictamen y la ley no deben estar dirigidos a ninguna empresa en particular y, en tal sentido, cuando se afirma que es necesario que se incluyan los ingresos de las empresas trasnacionales mexicanas porque hay nueve o catorce o veinticinco de ellas, se está incurriendo en una dedicatoria. En el mismo sentido, el diputado Mercado indicó que la mayoría de las prácticas monopólicas en el país son cometidas por muchas empresas que no necesariamente tienen subsedes en el extranjero. De manera que se pronunció porque el artículo quedara como se presentaba en el predictamen y que la multa no se aplicara con relación a los ingresos obtenidos en el extranjero, a fin de que la aplicación de la ley fuera general.

El diputado José Luis Velasco Lino afirmó que la postura del diputado Jiménez López era respetable y que, asimismo, cuando se habla de mercado en términos teóricos, en realidad se está haciendo referencia al mercado local que comprende el territorio nacional y que ése es el ámbito de aplicación de la ley. El diputado Velasco Lino agregó que por esa razón sólo debían gravarse los ingresos de las empresas en el territorio nacional y no abarcar los probablemente obtenidos en otros países. Asimismo agregó, respecto al presupuesto planteado por diputado Jiménez López, en el sentido de que probablemente los ingresos en el exterior fueran mayores a los ingresos de estas empresas en territorio nacional, que la mayoría de las empresas por él mencionadas obtenían la mayor parte de sus ingresos en el país, con alguna probable excepción, y que, obviamente, estas empresas debían sujetarse a las legislaciones locales en el extranjero.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes se sumó a la apreciación de que las leyes no deben llevar ninguna dedicatoria y que aplicar lo que proponía el diputado Jiménez López, en el sentido de afectar los ingresos de las empresas infractoras obtenidos en otros países, sería tanto como pretender influir en prácticas comerciales de otros. La diputada Jiménez López al mismo tiempo afirmó rescatar lo dicho por el diputado Jiménez López en el sentido de que inhibir las prácticas monopólicas en el país, por lo que sería interesante que, más adelante, se introdujera en la ley el concepto de reparación de daño del mercado. Y la diputada Pérez Reyes cerró su comentario afirmando que también se manifestaba porque el artículo quedara como estaba.

El diputado Noé Fernando Garza Flores afirmó que estaba de acuerdo con el planteamiento del diputado Velasco Lino en su planteamiento y en tal sentido agregó que si México está inserto en la globalización, los mexicanos deben tener empresas en el mundo, de manera que si se limitan las posibilidades de invertir en el extranjero, se estaría apostando por un contrasentido. De esta manera el diputado Garza se pronunció porque el artículo no se modificara.

La diputada Susana Hurtado Vallejo expresó que también se pronunciaba porque no se modificara el artículo citado, ya que no deben hacerse excepciones en la medida en que la ley debe ser general, para todos y sin particularidades. Asimismo agregó que al referirse a prácticas monopólicas, no se puede hablar de que las empresas extranjeras se contemplen en un articulado diferente al que se está manejando.

El diputado Ramón Jiménez López, respecto a la aseveración formulada por la diputada Hurtado Vallejo, precisó que él se refería a empresas nacionales y a empresas extranjeras que en México ejercieran prácticas monopólicas. Añadió que la forma en que se trataba en el dictamen el tema de las multas representaba una avance y que para inhibir aún más y realmente las prácticas monopólicas era necesario considerar los ingresos de las empresas mexicanas en el territorio mexicano y en el extranjero. Respecto a las empresas que el propio diputado Jiménez López mencionó por su nombre, aclaró que su ánimo no era particularizar y que en tal sentido se refería a cualquier empresa, pero que, a manera de ejemplo, las por él mencionadas estaban incluidas en la lista enviada por el Servicio de Administración Tributaria a la Cámara de Diputados, información sobre el llamado régimen de consolidación fiscal que asentaba que, en conjunto, las empresas comprendidas bajo ese régimen dejaban de pagar alrededor de 500 millones de pesos de impuestos y que en promedio pagaban el 1.7 por ciento por el mismo concepto. De ahí que, a decir del diputado Jiménez López, ese momento representaba para la comisión la oportunidad de frenar las prácticas monopólicas que pudieran realizar esas empresas.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal señaló que, como responsable de la presidencia de la comisión, tenía la obligación de establecer la fundamentación de la redacción específica del predictamen. En tal sentido, el diputado Guajardo expresó que el artículo 35 tiene como motivación definir los máximos aplicables en términos de multas. A este propósito comentó, en términos de un parámetro comparativo de las mejores prácticas internacionales, que en el caso de la ley estadounidense el máximo es de 100 millones de dólares y en el europeo del 10 por ciento de los ingresos acumulables. En tal sentido, el predictamen presenta una fundamentación de base ingresos para el establecimiento de multas máximas, con la exclusión de los ingresos generados en el extranjero, ya que el propósito es determinar la definición máxima de una multa para desincentivar la comisión de delitos en materia de competencia económica, se trate de prácticas monopólicas absolutas o de prácticas relativas. El diputado Guajardo Villarreal puntualizó que los ingresos de las subsidiarias en el extranjero de una empresa mexicana no forman parte de la estimación del volumen del mercado que se pretende regular y que hay que considerar que el artículo 36 de la ley es el que ofrece los criterios que deben considerarse para que la Cofeco establezca la multa específica, esto es, tamaño de la empresa, gravedad de la práctica monopólica y otros elementos a considerar. Asimismo expresó que la Constitución establece que la pena o la sanción a ser aplicada debe guardar una relación con la infracción, principio que la ley trata de mantener.

El diputado Ramón Jiménez López, a fin de reforzar sus argumentos, mencionó que en el caso hipotético de que una empresa tuviera su sede central en Chiapas y decidiera monopolizar el mercado de todo Centroamérica hasta Colombia, no necesitaría incursionar en el norte del país. El diputado Jiménez López afirmó que el nuestro es un mundo globalizado que desafortunadamente ha perjudicado mucho a la mayoría de los habitantes del planeta y que por ello es preciso evitar los monopolios nacionales y extranjeros, de manera que no podría afirmarse que inhibe de igual manera multar sólo con base en los ingresos que una empresa obtuviera en el país que por los ingresos que además pudiera obtener en el extranjero. El diputado concluyó su comentario afirmando que se debía ser más incisivo, para no quedar rezagados incluso respecto a la iniciativa enviada por el propio Ejecutivo federal respecto al tema de las multas.

El presidente, habiendo sido suficientemente discutido el tema abordado, pidió al secretario diputado someter a consideración del pleno la rectificación, la validación o aprobación de los referidos artículo y fracción en los términos en que aparecían en el dictamen.

El secretario diputado Alejandro Cano Ricaud hizo lo propio y la votación correspondiente arrojó un resultado de 16 votos a favor, 2 votos en contra y ninguna abstención, de manera que el mencionado artículo quedó aprobado tal y como aparecía en el dictamen.

El presidente pidió al secretario diputado se procediera a atender las reservas planteadas por el diputado Rodrigo Pérez-Alonso, respecto a los artículos 24, fracción IV Bis, y 24, fracción XVII Bis, así como a la fracción XVIII Bis F.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González expresó, respecto al artículo 24, fracción XVIII Bis, que en dicho artículo se establece que los criterios técnicos emitidos por la Comisión Federal de Competencia deben publicarse por lo menos cada 5 años y que al respecto le surgía la duda de por qué precisamente se establecía ese plazo y no uno menor. Para efectos de claridad y de mayor certidumbre en beneficio de los agentes económicos, el diputado Pérez Alonso afirmó que sería mucho más factible que se redujera el plazo de cinco años a un plazo de un año para que se revisaran dichos criterios técnicos y se publicaran en ese plazo.

El presidente señaló que antes de iniciar la discusión de la reserva sería deseable que uno de los abogados expertos que asesoraron a la comisión en la elaboración del predictamen expresara su punto de vista al respecto, en referencia a los mejores parámetros internacionales y en la comprensión de que revisar los criterios técnicos en determinado plazo no necesariamente se traduce en un cambio de los mismos, pues ello depende de las dinámicas de cada caso. Ello, a fin de saber si el plazo de cinco años sería el adecuado.

El licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores expresó que, en efecto, el estándar internacional en el caso de la Unión Europea es de cinco años y asimismo lo es en el de Inglaterra.

El presidente, a fin de establecer la motivación de la presidencia, comentó que, con relación al tema, la comisión tomó en consideración las mejores prácticas internacionales y al respecto recordó que el despacho De la Calle, Madrazo, Mancera, fue contratado para contar con un comparativo de las mejores prácticas internacionales, lo que se reflejaba en los contenidos del predictamen. Acto seguido, el diputado presidente Guajardo dejó abierta la discusión sobre el tema.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez se pronunció porque el plazo que aparecía en el predictamen permaneciera tal cual, no sólo por remitir a una práctica internacional, sino además porque someter a revisión los criterios técnicos cada dos años o uno, provocaría en los agentes económicos un efecto de poca estabilidad y seguridad jurídica, ello respecto a inversiones que pudieran realzar dichos agentes cada tres o cuatro años. En cambio, a decir del diputado Mercado Sánchez, revisar los criterios técnicos cada cinco años, plazo en el que no se cambiarían los criterios de concentración, representa un plazo adecuado para conferir a los agentes económicos un horizonte de certeza y de seguridad jurídica.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González dijo coincidir con la posición del diputado Mercado y, al mismo tiempo, aseguró que dichos criterios se consultan con las partes interesadas o con diversos órganos, de acuerdo a su interpretación del predictamen.

El presidente comentó al diputado Pérez-Alonso que dichos criterios no se consultan con la parte interesada, sino que apelan a la realización de una consulta pública.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González asumió que, en efecto, para ello se establece la realización de una audiencia pública, que no es vinculatoria u obligatoria y que, sin embargo, ello representaba una muy buena posibilidad para que los agentes económicos estuvieran en posibilidad de manifestar sus inquietudes sobre los criterios técnicos. Afirmó que el plazo de cinco años era muy holgado, porque en un lapso tal la situación del mercado y la manera en que se definen los términos establecidos en el propio artículo pueden ser muy cambiantes. Agregó que las mejores prácticas internacionales y los criterios que se vayan adoptando de acuerdo a las teorías de competencia económica pueden cambiar en forma recurrente y muy rápida, ya que con mucha frecuencia el mercado es mucho más dinámico que la propia regulación. Por ello, el plazo de cinco años incluso pudiera ser perjudicial para los agentes económicos respecto a los criterios que se aplicaran a propósito de concentraciones, inicios de investigaciones, etcétera.

El presidente, tras ser considerado suficientemente discutido el tema, pidió al secretario diputado Cano Ricaud someter a la consideración del pleno el artículo reservado por el diputado Pérez-Alonso: el 24, fracción XVIII Bis. El secretario diputado así lo hizo y el resultado de la votación fue de 16 votos a favor, un voto en contra y una abstención, de manera que, por decisión de la mayoría, el artículo permaneció como aparecía en el predictamen. El diputado Guajardo Villarreal señaló que, de acuerdo al orden establecido, se debía discutir otra de las reservas planteadas por el diputado Rodrigo Pérez Alonso González: la fracción XVIII Bis f del artículo 24.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, respecto a dicha fracción y remitiéndose a lo expuesto por él, a propósito de que los criterios técnicos pueden ser muy cambiantes, expresó que deseaba saber de qué manera se definiría el mercado relevante o si se definiría en la propia ley, porque dependiendo de ello se establecen las sanciones que pudieran imponérseles a los agentes económicos. Consideró importante definir el concepto de mercado relevante, de manera que la propuesta sería que se eliminara el término de mercado relevante o bien introducirlo en la ley o en un reglamento que emitiera el Ejecutivo federal.

El presidente indicó que la comisión no estaría en condiciones de procesar dicha propuesta por no contar con un elemento que permitiera emprender una acción legislativa, a menos de que sólo se tratara de eliminar el concepto de mercado relevante o de que el diputado Pérez-Alonso hubiera elaborado su propuesta al respecto, para entregarla a la comisión, a fin de que fuera incluida en algún artículo específico. El diputado Guajardo, en consideración de que el propio diputado Pérez-Alonso manifestara abrigar dudas y a que de acuerdo a lo comentado por la propia presidencia, en el sentido de que, según prácticas internacionales, los referidos criterios son definidos por las comisiones de regulación y no necesariamente se hace en las leyes, planteó al diputado Pérez-Alonso si estaría dispuesto a retirar esa reserva.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González aceptó retirarla, al tiempo de comentar que ya había reservado el artículo en general.

El presidente pidió que se continuara con la siguiente reserva, respecto a la cual el secretario diputado indicó que se trataba del artículo 28, planteada por el propio diputado Rodrigo Pérez-Alonso.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González expuso, respecto a este artículo, que en éste se señalaba que el presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) será designado por el titular del Ejecutivo federal por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ser nombrado una sola vez por otro periodo igual, al término del cual cumpliría, en su caso, su periodo restante como comisionado. El diputado Pérez-Alonso también comentó que en el dictamen se establecía que el titular del Ejecutivo federal podrá considerar a cualquiera de los comisionados en funciones para ocupar la titularidad del organismo regulador. Puntualizó que, para efectos de la autonomía que debe prevaler en la Cofeco, designar por cuatro años al titular de esa comisión podría ser un incentivo perverso, pues en la medida en que la Cofeco será un órgano desconcentrado, el Ejecutivo federal puede querer ejercer control sobre el presidente de la comisión, al tiempo que éste podría hacer una labor de cabildeo a lo largo de cuatro años para ser reelegido otros cuatro. El diputado Pérez-Alonso propuso que, con el fin de otorgarle mayor autonomía al órgano regulador, los cuatro años asentados en el dictamen se convirtieran en seis, y el titular de la Cofeco pudiera ser reelegido por otros cuatro, en su caso, de manera que el titular de la comisión no dependa de las ideas políticas o del control del titular del Poder Ejecutivo federal.

El presidente invitó a los miembros de la comisión a que plantearan sus comentarios.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez manifestó que el hecho de que el titular de la Cofeco pudiera permanecer como tal hasta por dos periodos de cuatro años es muy importante, porque implica una lógica transexenal, de manera que el presidente de la República que inicia funciones recibiría a un titular del órgano regulador nombrado por un presidente anterior, al tiempo que a su vez podría escoger durante su gobierno a otro que sería recibido por el siguiente titular del Ejecutivo federal. En cambio, a decir del propio diputado Mercado Sánchez, al ampliar el primer periodo a seis años, se politizaría el puesto de titular de la Cofeco, de manera que se pronunció porque el artículo quedara como aparecía en el predictamen.

El presidente pidió al secretario Cano Ricaud someter a la consideración del pleno este artículo, en los términos del dictamen. El secretario procedió a hacerlo, tras lo cual fue votado por los miembros de la comisión, con un resultado de 17 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, de manera que por mayoría el artículo 28 fue aprobado para permanecer tal como aparecía en el predictamen.

El presidente solicitó al secretario diputado Cano Ricaud proceder con la siguiente reserva a ser discutida en lo particular, dicho lo cual éste procedió a hacer lo solicitado con relación a la reserva planteada por el diputado Rodrigo Pérez-Alonso, respecto al artículo 35 Bis.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González comentó, con relación al artículo 35 Bis, que en éste se establecían sanciones pecuniarias a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas absolutas y relativas, del 10 y del cinco por ciento, en términos generales. El diputado Pérez-Alonso señaló que, sin embargo, el artículo 35 Bis hace referencia a que “en el caso de aquellos agentes económicos que por cualquier causa no declaren o no se les haya determinado ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, se le aplicarán las multas siguientes...”, para luego mencionar “las multas en salario mínimo general”. El diputado Pérez-Alonso señaló que el artículo podría resultar inconstitucional, ya que para las mismas conductas se estaban imponiendo dos tipos de sanciones para agentes económicos con conductas similares, además de que no puede existir una pena sin una ley adecuada. De tal suerte, el diputado propuso eliminar el artículo 35 Bis.

El presidente planteó una reflexión, en el sentido de que el 35 Bis estaba redactado como un artículo de excepción, al formular: “En el caso de los agentes económicos que por cualquier causa no declaren o no se les haya determinado ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta, se les aplicarán las multas siguientes...”; excepción que a decir del diputado Guajardo estaba fundamentada en el hecho de que, por ejemplo, los agentes económicos sujetos a un régimen simplificado no están obligados a presentar una declaración fiscal o a hacerlo en un momento determinado. En tal sentido se refirió al hecho de que generalmente se considera que estas leyes se aplicarán a las grandes empresas, cuando también es cierto que se aplican, por ejemplo, a asociaciones de taxistas en los aeropuertos que se coluden con las autoridades locales e impiden la libre competencia, de manera que los viajeros deben pagar tarifas excesivas para ser transportados a sus casas. Con referencia a ello, el diputado Guajardo puntualizó que la redacción del artículo 35 Bis estaba diseñada para que pueda aplicárseles la ley a aquellos actores económicos que no tienen la obligación de presentar una declaración fiscal.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González expresó que su duda radicaba en si las sanciones son iguales o, más aún, desiguales para los iguales, de manera que si los actores económicos están incurriendo en prácticas monopólicas absolutas o relativas, debería aplicárseles el mismo tipo de sanción, lo que correspondería determinar a la propia Cofeco. Adujo que en el artículo 35 se hace referencia a las causales o penalidades que se establecen por diferente tipo de conductas, que serían las mismas que se estarían regulando en el artículo 35 Bis, con base en salarios mínimos, lo cual podría resultar una medida incluso inconstitucional para efectos de sanción y dar pie a litigios.

El presidente, con relación a lo expuesto por el diputado Pérez Alonso, pidió a los abogados que apoyaron a la comisión que, en los términos legales del dictamen, emitieran su opinión respecto a las dudas del diputado en relación a la posible inconstitucionalidad del 35 Bis.

El licenciado Andrés Pérez Frías afirmó que aplicar la ley sólo a quienes sí presentan declaraciones fiscales, excluiría a todos los demás que no la presentan, lo que implicaría un rasgo de inconstitucionalidad.

El presidente preguntó seguidamente si había algún otro comentario y, al no haberlo, pidió al secretario diputado se presentara al pleno la reserva del diputado Rodrigo Pérez-Alonso respecto al referido artículo, para que fuera votada, sosteniendo los términos del dictamen.

El secretario Alejandro Cano Ricaud puso a consideración de los miembros de la comisión el artículo 35 Bis para decidir si debía permanecer como estaba formulado en el predictamen, tras lo cual la votación arrojó como resultado que el artículo 35 Bis debía quedar como se presentaba, por diecisiete votos a favor, un voto en contra y una abstención.

El presidente indicó que el diputado Carlos Torres Piña, del Partido de la Revolución Democrática, había pedido la palabra para hacer un comentario sobre sus reservas, al tiempo que la presidencia le solicitó dejar una sola reserva entre las que había presentado y que la presentara a nombre de la propia presidencia. El diputado Guajardo señaló que el diputado Torres Piña había reservado los artículos 24, fracción XVIII Bis-2, 35 y 39.

El secretario diputado Carlos Torres Piña señaló que, en efecto, había retirado las tres propuestas referidas, pero que en atención al planteamiento formulado por la presidencia presentaba la propuesta del artículo 24, fracción 18 Bis-dos, en el sentido de validar una modificación al párrafo correspondiente por medio de un añadido, de manera que el texto quedara de los términos siguientes: “Realizar estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberación, de regulación o modificaciones normativas cuando detecten riesgos de dañar al proceso de competencia y libre concurrencia, o cuando identifiquen niveles de precio que puedan indicar un problema de competencia o acciones que resulten en un aumento significativo de precio o cuando así lo notifiquen otras autoridades”.

El presidente indicó que se trataba de un añadido, de una sugerencia de cambio del dictamen avalada por la Mesa Directiva, sujeto a la consideración del pleno de la comisión, de manera que pidió al secretario diputado Alejandro Cano Ricaud proponer al pleno adoptar la recomendación que en nombre de la presidencia hacía el diputado Carlos Torres Piña.

El secretario sometió a consideración de los miembros de la comisión la adopción del mencionado añadido al artículo 24, fracción 18 Bis-2, tras lo cual la votación arrojó como resultado 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

El presidente indicó que procedía procesar las reservas planteadas por el diputado Juraidini Rumilla.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla comentó haber reservado cuatro artículos y procedió a abordar el caso del artículo 31, fracción quinta, en su penúltimo párrafo, respecto al cual señaló una inconsistencia. Al respecto indicó que esa redacción suponía el riesgo de no considerar otros giros industriales o comerciales, con la posibilidad de que ello diera lugar a amparos, de manera que propuso que las visitas de verificación no limitaran la capacidad de producción, distribución y comercialización, así como la venta de bienes y servicios del agente económico investigado. El diputado Juraidini enseguida hizo referencia a la reserva hecha por él del artículo 34-Bis, que a decir suyo presentaba un caso similar. Luego hizo mención del riesgo que supondría no considerar ciertos ámbitos económicos, en caso de que sólo se hiciera referencia al de la producción. Seguidamente, leyó el párrafo de referencia, con el añadido propuesto, en los siguientes términos: “Las visitas de verificación no podrán limitar la capacidad de producción, distribución, comercialización o venta de bienes o servicios del agente económico investigado”.

El presidente dijo entender la preocupación del diputado Juraidini al tiempo de solicitar la opinión del resto de los miembros de la comisión.

El diputado Martín Rico Jiménez pidió que se añadiera los términos de distribución y comercialización, al tiempo que el diputado Jorge Alberto Juraidini acordó eliminar el término de venta, conceptualmente ya comprendido en el de comercialización.

El presidente señaló que ya se había tomado nota de los cambios y pidió al secretario Cano Ricaud que los sometiera a consideración del pleno de la comisión.

El secretario Alejandro Cano Ricaud hizo lo solicitado con relación al artículo 31, fracción V, penúltimo párrafo, y los cambios fueron respaldados por todas las fracciones parlamentarias, con la abstención de la fracción del PRD.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla hizo referencia a otra reserva planteada por él, la relativa al artículo 34 Bis 4, página 30, penúltimo párrafo, y seguidamente dio lectura textual al párrafo de referencia, en los siguientes términos: “La suspensión a la que hace referencia este artículo, no podrá tener como objeto limitar la capacidad de producción de bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al momento del inicio de la investigación y tampoco podrá dañar de manera irreversible los procesos de comercialización o venta de dicho agente”. El diputado Juraidini señaló que en dicho párrafo se omitía el ámbito de la producción, lo cual daría pie a un fenómeno de iniquidad.

El presidente solicitó una lectura textual de la propuesta de modificación planteada por el diputado Juraidini Rumilla y respaldada por los miembros legisladores del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez procedió a leer de manera textual el párrafo de referencia, con la modificación mencionada, en los siguientes términos: “La suspensión a la que se hace referencia en este artículo, no podrá tener como objeto limitar la capacidad de producción de bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al momento o al inicio de la investigación. Tampoco podrá dañar de manera irreversible los procesos de producción, distribución y comercialización de dicho agente”. Como resultado de una serie de observaciones planteadas en el contexto de un intercambio de puntos de vista entre los diputados Jorge Alberto Juraidini y Luis Enrique Mercado, el presidente diputado Ildefonso Guajardo Villarreal intervino planteando una puntualización.

El presidente comentó a los diputados Jorge Alberto Juraidini y Luis Enrique Mercado que, con el fin de que las dos oraciones que componían el párrafo de referencia fueran consistentes en su vinculación, ambas debían reflejar los conceptos de producción, distribución y comercialización de bienes o prestación de servicios. Luego los diputados Mercado y Juraidini intercambiaron puntos de vista al respecto, hasta alcanzar pleno acuerdo en cuanto a las modificaciones propuestas.

El presidente solicitó al secretario diputado Cano Ricaud proponer al pleno de la comisión las modificaciones del artículo 34 Bis planteadas por el diputado Juraidini, en los términos en que fueran leídas por el diputado Luis Enrique Mercado.

El secretario Alejandro Cano Ricaud atendió la solicitud del diputado Guajardo Villarreal y la modificación del artículo 34 Bis 4, penúltimo párrafo, de acuerdo a la lectura hecha por el diputado Mercado, fue aprobada en forma unánime por 19 votos a favor, sin ningún voto en contra y sin abstención alguna.

El presidente señaló que debía procederse a atender una reserva solicitada por el diputado Jorge Alberto Juraidini.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla se refirió al hecho de que al final de la fracción XIII se hace mención de que los ingresos señalados en diversas fracciones serán acumulables, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables, si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente, para los efectos del impuesto sobre la renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. El diputado Juraidini señaló que al final del mencionado párrafo se agregara la expresión “del agente económico directamente involucrado”.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez opinó que agregar dicha expresión sería contraproducente, ya que se anularía el efecto de la multa, pues se correría el riesgo de que, al ser investigada una empresa por prácticas monopólicas, ésta, en virtud de una acción de planeación corporativa, se dividiera, con el fin de que la multa se aplicara sólo a una parte de ella que, como efecto de la modificación propuesta, pudiera ser considerada como el agente económico, cuando en realidad la multa debe ser aplicada sobre los ingresos de la empresa y no a una planta específica que hubiera sido investigad por la autoridad. Tras plantear estos argumentos, el diputado Mercado Sánchez se pronunció por no modificar el párrafo en cuestión.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, en alusión a lo expuesto por el diputado Mercado, preguntó qué pasaría en el caso de empresas multiproductos, elaborados en diversos sectores, o en de holdings empresariales.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez afirmó que lo lógico es que la multa se aplique a la conducta de las empresas, pues de otra manera éstas pudieran aducir que la infracción habría sido cometida en una de sus divisiones

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla solicitó al presidente Ildefonso Guajardo la intervención de los abogados de la comisión para precisar el punto abordado.

El presidente comentó que, en interlocución con todos los actores interesados, esa discusión había tenido lugar en la presidencia de la comisión mientras se preparaba el predictamen. Señaló que había una preocupación válida de lo que ocurre en el ambiente corporativo cuando los holdings son propietarios de diferentes áreas de actividad empresarial y, al mismo tiempo, respecto a la manera en que puede evadirse el efecto de las multas a través de velos corporativos. Asimismo agregó que de primera instancia se consideró en hacer referencia al artículo 3, en el que se define al agente económico, pero hubo consenso en las fuentes consultadas en cuando a que el remedio propuesto sin duda sería más contraproducente. El diputado Guajardo señaló que adoptar una propuesta como la planteada por el diputado Juraidini que hiciera referencia a la definición de agente económico presente en el artículo 3 sería todavía más difícil y jurídicamente complicado, de manera que sería mejor conservar la redacción del párrafo en cuestión. El diputado Guajardo Villarreal señaló que hasta ese momento la disyuntiva se planteaba en términos de dejar el párrafo como aparecía en el predictamen o atender la propuesta del diputado Juraidini, al tiempo de puntualizar que si alguien deseaba plantear otra propuesta, había toda la disposición de escucharla.

El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla aseguró que ya no era necesario introducir el cambio, pues en el siguiente párrafo se hacía mención de los agentes económicos.

El presidente señaló que, sin embargo, el problema seguía siendo la persistencia de una indefinición y que, para resolverla sin precipitaciones, proponía proceder a la votación, con relación a la cual la presidencia se inclinaba por conservar el párrafo de referencia como aparecía en el predictamen. Ello, sin limitar al diputado Juraidini para que, en uso de su capacidad de interlocución con el Poder Ejecutivo federal, con el sector privado, con los legisladores y con la propia entidad reguladora, al día siguiente y antes de iniciar el pleno, sin que la comisión se reuniera de manera formal, presentara una reserva como resultado del consenso que hubiera logrado, misma que sería escuchada con plena disposición por la comisión.

El diputado Guajardo agregó que, mientras tanto, y en acuerdo con el diputado Juraidini, pedía que se votara la ratificación del texto del artículo, como aparecía en el predictamen.

El secretario Alejandro Cano Ricaud, atendiendo a la solicitud del diputado Guajardo hizo lo conducente y puso a la consideración de las diputadas y de los diputados miembros de la comisión el artículo número 34 Bis, fracción IV, en los términos del dictamen, lo que se tradujo en una votación de 16 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones.

El presidente comentó que sólo restaba procesar la reserva presentada por el diputado Jorge Humberto López Portillo-Basave, respecto a la actualización del nombre de la Secretaría de Economía.

El diputado Jorge Humberto López Portillo-Basave explicó que la reserva por él planteada radicaba en actualizar el nombre de la Secretaría de Economía que en el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica aparecía con el nombre anterior de Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. El diputado López Portillo adujo que si bien se trataba de un cambio pequeño el propuesto por él, no carecía de importancia, sobre todo si se pensaba que durante nueve años y cuatro legislaturas nadie, lo mismo en el Poder Ejecutivo que en el Legislativo, había promovido dicha actualización, cuya omisión podría incluso causar un extrañamiento a éste último y una mala percepción en la ciudadanía.

La diputada Norma Sánchez Romero, en su comentario relativo a dicha reserva y a lo expuesto por el diputado López Portillo-Basave, señaló que el cambio de denominación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el de Secretaría de Economía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, de manera que ya se le había dado trámite oficialmente.

El presidente comentó al diputado López Portillo que en el artículo 2 de hecho se hacía referencia a la Secretaría de Economía, si bien es cierto que en el caso del artículo 23 seguía apareciendo la antigua denominación de la Secretaría. El diputado Guajardo añadió que si bien era cierto que el cambio propuesto por el diputado López Portillo era mínimo y debiera establecerse, incluir el artículo 23 en el dictamen abriría una discusión sobre el tema de la personalidad jurídica de la organización, misma que pudiera retomarse en el pleno de la Cámara.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave en correspondencia con los argumentos planteados, manifestó su decisión de presentar su reserva ante el pleno.

El presidente, tras agradecer al diputado López Portillo-Basave su decisión, señaló que había terminado el procesamiento de todas las reservas del dictamen en lo particular y que, por tanto, aprobados todos los cambios debatidos, la presidencia declaraba aprobado el dictamen en lo general y en lo particular por el pleno de la Comisión de Economía.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez pidió a los miembros de la comisión hacer un reconocimiento a la Presidencia de la misma en razón del trabajo realizado para procesar el dictamen más importante que se hubiera aprobado en esa legislatura. El diputado Mercado asimismo expreso, en lo personal, su reconocimiento al trabajo de la Presidencia, su capacidad de apertura, así como de escuchar y conciliar los distintos puntos de vista planteados, en cuya ausencia no hubiera sido posible sacar el dictamen. Asimismo, pidió a los miembros de la comisión que se extendiera el reconocimiento al secretariado técnico de la comisión.

Asuntos generales

El presidente felicitó a los miembros de la comisión y al secretariado técnico, y reconoció el esfuerzo de todos para que el país contara con un nuevo marco de referencia a fin de establecer mejores prácticas en materia de competencia económica. Ya en asuntos generales, el diputado Guajardo procedió a pedir la autorización del pleno de la comisión para que, en el contexto del posicionamiento que al día siguiente haría en su calidad de presidente de la misma a fin de establecer la fundamentación del dictamen, pudiera hacer un extrañamiento al presidente de la República por haberse anticipado a los tiempos legislativos y haber declarado públicamente que el dictamen de las reformas de la Ley Federal de Competencia Económica ya había sido aprobadas, cuando todavía se estaban procesando por el Legislativo. Pidió al secretario Cano Ricaud que sometiera a votación su solicitud.

El secretario Alejandro Cano Ricaud así lo hizo. El resultado fue de 12 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

El presidente planteó, como último asunto por tratar, el punto de acuerdo formulado por el diputado López Portillo-Basave con relación a la Ley SB 1070, o Ley Arizona, a fin de ser sometido a la aprobación del pleno.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave se refirió a la inminente aprobación de la Ley SB 1070 en Arizona, Estados Unidos, discriminatoria de los derechos de los migrantes mexicanos, y cómo en ese país varias entidades de gobierno estaban manifestando su rechazo a dicha ley. El diputado López Portillo hizo referencia al hecho de que esa mañana los miembros de la comisión convinieron en que en México debía asumirse una actitud enérgica ante ello, porque era el colmo que las propias autoridades estadounidenses en San Francisco y en Sacramento, California, estuvieran planteando sanciones económicas a Arizona y en México no se hubiera reaccionado aún. En ese sentido, el diputado López Portillo-Basave dijo que era preciso exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo, a los poderes federal, estatales y municipales del país, a la sociedad mexicana y a sus organizaciones para que impulsaran un conjunto de medidas en protesta por la promulgación y la aplicación de la referida ley, que convertía en delito la inmigración indocumentada y constituía una flagrante transgresión de los derechos de los mexicanos e hispano-parlantes en aquel estado del vecino país. Indicó que era necesario exhortar al Ejecutivo federal para informar a esa soberanía si existían relaciones contractuales gubernamentales con empresas en ese estado del país vecino y, en consecuencia, se analizara su posible rescisión, de la misma manera que lo había pedido ya el Senado de California. Ello, además de promover que los mexicanos se abstuvieran de viajar a Arizona, así como que los gobiernos federales, estatales y municipales y los particulares se abstuvieran de realizar acciones comerciales o contractuales con personas de dicho estado.

El presidente indicó que el punto de acuerdo propuesto por el diputado López Portillo estaba sujeto a la consideración y a los comentarios del pleno. Al no haber comentarios se sometió a la aprobación de los miembros de la comisión, a fin de que fuera presentado por el diputado López Portillo al día siguiente ante el pleno de la Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución y con el apoyo de la Comisión de Economía. El punto de acuerdo fue sometido a votación y resultó unánimemente respaldado por los presentes.

Clausura de la sesión ordinaria

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, con la anuencia de los miembros de la comisión, y sin que hubiera temas por abordar, dio por clausurada la sesión.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 28 de abril de 2010.

La Mesa Directiva de la Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios.