Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3122-I, jueves 21 de octubre de 2010


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Comunicaciones

De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 193 aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González para el próximo miércoles 27 de octubre, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Guadalupe Lozada León

Coordinadora



Oficios

De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos, presentada por Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Agundis Arias, Javier Orozco Gómez, Ludivina Menchaca Castellanos y Jorge Legorreta Ordorica presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Los suscritos, senadores de la república de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los principales problemas que han afectado los ecosistemas marino-costeros del país es el crecimiento descontrolado de desarrollos inmobiliarios al margen de la zona federal marítimo terrestre, los cuales no cuentan, en la mayor parte de los casos, con un programa integral de conservación y manejo que permita la continuidad de los procesos ecológicos de ecosistemas frágiles como los humedales, matorrales costeros y zonas de anidación de aves playeras y tortugas marinas.

En la actualidad grandes porciones de zona federal marítimo terrestre (ZFMT) han sido concesionadas a desarrolladores, hoteleros, restaurantes y empresas de acuacultura con objeto de generar “uso preferente” de playas y algunos humedales, muchos de las cuales son ecosistemas prioritarios para gran número de especies. Estas empresas cuentan con los recursos económicos que permiten cubrir los altos costos que significan el pago de derechos por la concesión.

Por lo anterior, en 1996 se presentó una iniciativa de modificación a la Ley Federal de Derechos con objeto de que organizaciones civiles sin fines de lucro que tuvieran concesiones de zona federal y zona federal marítimo terrestre con el objeto de conservar y restaurar ecosistemas les fuera aplicada una exención para el pago de derechos por considerar la conservación del medio ambiente causa de utilidad pública.

La propuesta fue integrada en la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos; sin embargo, su redacción no fue muy afortunada y ha dejado en grave riesgo el ejercicio de acciones ciudadanas que han venido realizándose con mucho esfuerzo en el norte del país.

El texto actual:

“Para los efectos de los artículos 232 y 232-C, se estará a lo siguiente:

I. (...)

IV. No pagarán las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que tengan concesión o permiso para el uso de las playas, la zona federal marítima terrestre o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua y que realicen acciones encaminadas a conservar y restaurar el medio ambiente a través de la reforestación con especies nativas o la cobertura vegetal como manglares, vegetación de marismas, bosques de coníferas, selvas, arbustos y matorrales xerófilos inundables, pantanos salobres, riparios, mesófilos y vegetación hidrófila.”

En el texto de referencia se confunden una serie de conceptos de naturaleza distinta que desafortunadamente fueron ligados y han dado fundamento al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a negar las exenciones de pago de derechos a un gran número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) preocupadas por la degradación de las costas y humedales del país.

En primer lugar se confunden los conceptos de conservación y restauración, ya que la última parte del párrafo en comento se refiere a que estás acciones deberán darse “a través de la reforestación con especies nativas o la cobertura vegetal como manglares, vegetación de marismas”, las cuales únicamente se refieren a actividades de restauración y no de conservación o preservación.

Conservar o preservar implica la realización de un conjunto de medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat (fracción XXIV del artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, LGEEPA). En otras palabras, conservar implica el manejo de hábitat naturales y no la reforestación, la cual es un componente de la restauración de ecosistemas, tal y como lo establece la fracción XXXIII del mismo artículo de la LGEEPA y que se refiere a la restauración como el “conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales”.

Asimismo, es igual de grave la unión conceptual de lo que significa una zona federal y una zona federal marítimo terrestre, ya que las condiciones naturales de esta última impiden que se realicen acciones de reforestación, toda vez que se encuentra formada, en la mayor parte de los casos, por dunas de arena y matorrales costeros y no por manglares, vegetación de marismas, bosques de coníferas, selvas, arbustos y matorrales xerófilos inundables, pantanos salobres, riparios, mesófilos y vegetación hidrófila, los cuales son propios de la vegetación del margen de ríos y de otros cuerpos de agua insulares que constituyen la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua.

El SAT ha negado la exención del pago del derecho de concesiones de ZFMT a más de 22 solicitudes efectuadas por organizaciones de la sociedad civil en los estados de Baja California Sur y Baja California, argumentando que al no realizar acciones de reforestación no se encuentran en el supuesto que establece la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos.

Es importante mencionar que México cuenta con un vigoroso y creciente número de personas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el bienestar social, cuyas acciones deben ser fomentadas por el estado, reconociendo la experiencia y capacidad filantrópica que dichas organizaciones han adquirido durante años de trabajo.

En este sentido, debemos fortalecer el papel de las personas físicas y las organizaciones de la sociedad civil en el bienestar colectivo mediante incentivos fiscales que permitan expandir la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales que éstos proveen, tales como la captura de carbono, la recarga del acuífero, la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la belleza paisajística.

Mediante la presente iniciativa se busca impulsar las actividades de conservación, protección o restauración de la zona federal marítima terrestre o cualquier otro depósito de aguas marítimas, que sean promovidas por personas físicas u organizaciones de la sociedad civil; asimismo, se busca el mantenimiento de la morfología costera del país, fundamental para el sostenimiento de los ecosistemas costeros y su productividad.

En este sentido y por todo lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar la presente iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos, a efecto de que se integre a la discusión actual del paquete presupuestal para 2011, aclarándose el problema conceptual y que se permita que opere la exención del pago de derechos para las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro, que tengan concesión o permiso para el uso de las playas, la zona federal marítima terrestre o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, en los términos en los que fue originalmente planteada la reforma referida en la presente iniciativa.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 233 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 233 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Articulo 233. Para los efectos de los artículos 232 y 232-C, se estará a lo siguiente:

I. (...)

IV. No pagarán las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que tengan concesión o permiso para el uso de las playas, la zona federal marítima terrestre o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua y que realicen acciones encaminadas a conservar o restaurar el medio ambiente, en términos de lo que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

V. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Senadores: Arturo Escobar y Vega, coordinador; Francisco Agundis Arias (rúbrica), Manuel Velasco Coello, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).

De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos y adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Guillermo Tamborrel Suárez, José Guadarrama Márquez, José Luis García Zalvidea, Julio César Aguirre Méndez y Francisco Arroyo Vieyra, de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PAN y del PRI

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Guillermo Tamborrel Suárez, José Guadarrama Márquez, José Luis García Zalvidea, Julio César Aguirre Méndez y el suscrito, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Los suscritos, legisladores a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, con la siguiente

Exposición de Motivos

Las regiones y comunidades mineras han contribuido por siglos al desarrollo de México. Los minerales extraídos de sus entrañas, han impulsado e impulsan nuestra riqueza, nuestro comercio, el crecimiento y mejoramiento urbano y el avance de la industria.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la minería aportó en el segundo trimestre de 2010 el 9.3 por ciento del producto interno bruto nacional. En julio de este año, la producción de oro se incrementó 45.7 por ciento, respecto al mismo mes de 2009, al obtener 5 mil 850 kilogramos, y la de plata alcanzó 289 mil 541 kilogramos, con una variación anual de 11.7 por ciento.

Incluso, algunas entidades federativas ocupan los primeros lugares mundiales en producción de algunos metales. Tal es el caso de Zacatecas, que está a punto de recuperar, para México, el primer lugar mundial en producción de plata al superar a Perú. Esto no es casualidad, en Zacatecas se encuentra la mina más grande de plata del mundo, “Fresnillo”, con reservas probadas para 100 años de producción de acuerdo con información de la Cámara Minera de México.

Nuestro país también es un importante productor de oro. Durante julio de 2010 Sonora aportó el 29.8 por ciento del total nacional, Zacatecas el 18.6 por ciento, Chihuahua el 18.3 por ciento, Durango el 12.6 por ciento y Guerrero el 10.9 por ciento; en tanto que Guanajuato, estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y otras entidades produjeron en forma conjunta 9.8 por ciento.

Lamentablemente, las regiones, municipios y comunidades mineras han sufrido, también por siglos, un trato injusto. A pesar de que sus tierras son ricas en minerales, se encuentran entre las más pobres del país y la mayoría de sus habitantes padecen los índices de desarrollo humano más bajos, incluso comparables con las regiones más atrasadas del mundo.

Basta decir que Zacatecas se encuentra entre las 10 entidades con mayor porcentaje de pobreza alimentaria, pues 20.9 por ciento de sus habitantes no ganan lo suficiente para comer. Dicho porcentaje se encuentra por encima de la media nacional que es de 18 por ciento. De igual forma, el 53.6 por ciento de los zacatecanos sufren pobreza patrimonial, es decir no ganan lo suficiente para adquirir la canasta alimentaria y realizar gastos básicos en salud, vestido, vivienda, transporte y educación aunque la totalidad de los ingresos familiares fueran utilizados exclusivamente para ello.

Durango y Guerrero que, como hemos visto, ocupan los primeros lugares nacionales en producción de oro, son al mismo tiempo las entidades federativas más pobres del país, junto con Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Lo peor es que nuestro modelo actual de exploración y explotación minera tampoco reporta beneficios a México. Gran parte de nuestra riqueza mineral es aprovechada por empresas trasnacionales, principalmente canadienses y estadounidenses, que se han fortalecido gracias a las minas mexicanas. Las empresas mineras canadienses, por ejemplo, representan en promedio 76 por ciento de la minería en México, de acuerdo con cifras calculadas por vía de denuncios mineros y exploración. Pero no sólo eso, también concentran los proyectos más rentables: la minera canadiense Goldcorp Inc concentra una tercera parte de la producción total de oro en México. Es importante recordar que Los Filos, una mina de Goldcorp Inc, ubicada en Guerrero inició operaciones en 2008 y produjo 239 mil onzas de oro el año pasado y se espera que cierre 2010 con 300 mil onzas. Mientras tanto se calcula que Peñasquito, otra mina de la empresa, ubicada en Zacatecas produzca este año 170 mil onzas de oro y que en 2011 alcance una producción anual promedio de 500 mil onzas de oro.

La realidad es que hasta la fecha no existe un andamiaje legal que permita a nuestro país un aprovechamiento racional de su riqueza minera. Tampoco existen mecanismos que reintegren a las regiones, municipios y comunidades mineras parte de lo mucho que aportan.

Cuando las actividades extractivas y de procesamiento de las empresas terminan, es común que los pueblos mineros se encuentren sumidos en una situación de profunda miseria y abandono. De pronto, se ven sin recursos para atender los problemas de deforestación, sobreexplotación de mantos acuíferos, manejo de desechos de tierra y mineral pulverizado y rehabilitación de caminos y equipamiento urbano, que deja tras de sí la industria minera. No debemos olvidar, por ejemplo, que los procesos productivos de minerales como el oro, la plata o el cobre pueden consumir más de 30 mil toneladas de agua por 100 mil toneladas de material extraído.

Sin duda esta situación debe cambiar radicalmente. Como hemos señalado en otras ocasiones, la explotación minera tiene ya más de 500 años en México y es hora de que redunde en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se realizan estas actividades. Por ello, hemos presentado diversas iniciativas y propuestas en esta materia.

Las propuestas contenidas en esta iniciativa van en ese sentido y aportan elementos novedosos. Ante todo, buscan construir una política del Estado mexicano que garantice el aprovechamiento racional y justo de los recursos mineros, así como el desarrollo sustentable de las entidades federativas, municipios y comunidades que tienen yacimientos.

Es importante señalar que el tipo de mecanismos retributivos que proponemos ya se dan a través de la Ley de Coordinación Fiscal para los Estados productores de petróleo, particularmente en el caso de aquellos que tienen en su territorio puentes internacionales y con administraciones portuarias.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforman los artículos 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 262. Están obligadas a pagar los derechos sobre minería que establece este capítulo las personas que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera, las personas físicas o morales, titulares de concesiones y asignaciones otorgadas por el Estado para la explotación y obtención de sustancias y minerales sujetas a las disposiciones de la Ley Minera y su Reglamento.

Artículo 263. El objeto del derecho sobre minería, es la producción u obtención por cualquier medio de las sustancias o minerales a que hace mención el artículo precedente.

Artículo 264. La base del derecho sobre minería se determinará por cada sujeto obligado en forma mensual.

Para calcular el pago de este derecho, se tomará en cuenta el volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos, de cada mes calendario, al precio de realización.

A los montos anteriores así determinados, se aplicará la tasa señalada en el artículo 265 de esta ley.

Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que al amparo de dichas concesiones y asignaciones exploten sales y los subproductos que se obtengan de salinas formadas por aguas provenientes de mares actuales, superficiales o subterráneos, de modo natural o artificial, estarán a lo dispuesto en el artículo 265.

Artículo 265. El derecho sobre minería se calculará aplicando a los valores que se obtengan por el volumen de ventas totales de los recursos descritos en el artículo anterior, la tasa que corresponda según la vigencia de las concesiones o asignaciones de que se trate, de conformidad con lo siguiente:

I. Durante el primer y segundo año de vigencia.. 0.22%

II. Durante el tercero y cuarto año de vigencia... 0.34%

III. Durante el quinto y sexto año de vigencia.... 0.71%

IV. Durante el séptimo y octavo año de vigencia.... 1.42%

V. Durante el noveno y décimo año de vigencia 2.84%

VI. A partir del décimo primer año de vigencia 5%

Artículo 266. Los contribuyentes efectuarán el pago de este derecho mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

Artículo 267. Si un contribuyente tuviera varios centros o unidades de producción de sustancias o minerales, presentará por todos ellos una sola declaración de pago en las oficinas autorizadas correspondientes a su domicilio fiscal.

Artículo 268. Los contribuyentes del derecho sobre minería, están obligados a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la declaración de pago, la siguiente información:

I. Nombre y domicilio fiscal del contribuyente;

II. Periodo de producción afecto al pago del derecho sobre minería;

III. Tipo de sustancias o minerales extraídos y, en el caso de instalaciones de beneficio, productos o subproductos obtenidos;

IV. Entidad federativa y municipio origen de la producción;

V. Volumen, precio unitario y valor total de la producción, base para el pago del derecho sobre minería.

Esta información también se entregará a las autoridades fiscales de las entidades federativas correspondientes.

Artículo 269. La cancelación de una concesión o asignación minera por incumplimiento en el pago de los derechos sobre minería establecidos en esta Ley o por cualquiera otra de las causas previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por incumplimiento en el pago de estos, de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Artículo 270. Los Estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos del derecho sobre minería en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se adiciona un artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4-C. El Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros estará conformado con el 80 por ciento del importe obtenido por el derecho sobre minería, en términos de lo previsto en el artículo 265 de la Ley Federal de Derechos.

El fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre las entidades federativas mineras, en proporción directa al volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos, producidos en su territorio, de acuerdo a la formula siguiente:

En donde FMIN se refiere al Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros.

VVMi es el volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos en la entidad federativa.

i VVM es la sumatoria del volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos de cada una de las entidades federativas con producción minera.

Los municipios donde se asienten los terrenos sujetos a concesiones o asignaciones mineras recibirán cuando menos el 80 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas.

Las entidades federativas y los Municipios deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe trimestral detallado sobre la aplicación y avance de gestión del ejercicio de los recursos establecidos en este artículo a más tardar 15 días naturales después de terminado el trimestre.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 19 días del mes de octubre de 2010.

Senadores: Tomás Torres Mercado (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), José Guadarrama Márquez (rúbrica), José Luis García Zalvidea, Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).

De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos adicionales al mejoramiento integral en infraestructura para desarrollo económico, educación, campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud del estado y del municipio de Durango, presentada por Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asigne presupuesto adicional para el mejoramiento integral en infraestructura para el desarrollo económico, educación, el campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud para el estado de Durango y el municipio de Durango.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Proposición que presenta el senador Alejandro González Yáñez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se asigne presupuesto adicional superior al 2010 para el desarrollo integral en infraestructura para el desarrollo económico y el empleo, educación, el campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud para el estado de Durango y el municipio de Durango

Consideraciones

El estado de Durango es, entre las entidades de la región norte del país, de los que se encuentran con mayores rezagos de todo tipo, económico, social, educativo, en salud y en comunicaciones, a pesar de que tiene un enorme potencial de desarrollo ya que cuenta con innumerables y muy diversos recursos naturales, pues posee una extensión territorial que lo ubica en el cuarto lugar a nivel nacional.

En combinación con su agreste orografía, cuenta con siete regiones hidrológicas que conforman una fuente hidráulica primordial para ampliar actividades agropecuarias, agroindustriales y forestales, así como la posibilidad de promover la acuacultura; existen yacimientos de minerales diversos como oro y plata; así como de fierro, mercurio y mármol. Produce 2 millones de hectáreas bajo manejo forestal, contribuye con más de la cuarta parte de la producción maderera nacional; entre muchos otros recursos; sin dejar de mencionar que gracias a su riqueza en sus paisajes, durante muchos años Durango ha sido escenario de muchas cintas cinematográficas a nivel nacional e internacional.

A pesar de lo anterior, al medir el nivel de vida de los duranguenses; los resultados no corresponden al potencial que su extensión y sus recursos naturales; le ocurre lo mismo que a otros estados de la federación que cuentan también con tantos recursos naturales, ya que el ochenta por ciento de sus 39 municipios han observado un decremento en su población; tiene el cuarto lugar en pobreza patrimonial y registra salarios de los más bajos en el país, sin dejar de lado el grave problema de migración interna y externa, en donde ocupa ya el quinto lugar como estado expulsor, así como el aislamiento de sus pobladores y mercados y la falta de infraestructura que detone el desarrollo industrial y comercial; la inseguridad de los últimos anos agudizada en esta entidad; por mencionar solamente algunos de los problemas más fuertes. Es, de las entidades “norteñas”, una de las más pobres; cabe mencionar que en Durango se encuentra la zona indígena más pobre; por tamaño, es la economía numero 23 y la 18 en competitividad, lo que ha provocado que muchos duranguenses emigren año con año, es decir, por la falta de oportunidades para mejorar el bienestar de las familias.

Debido a su extenso territorio, Durango presenta un déficit importante en comunicaciones terrestres, pues ocupa el lugar 27 en carreteras pavimentadas, con lo que se ubica como una de las entidades más aisladas del país, hay que destacar que de sus 6009 localidades, en 83 por ciento habitan menos de cien personas.

Mejorar y modernizar las comunicaciones en general, sobre todo terrestres, se ha convertido en el parteaguas que hace la diferencia entre estar cerca del desarrollo o mantenerse en el olvido; esto es, han adquirido un papel fundamental para el impulso económico, político y cultural de los pueblos. Es claro que las comunidades alejadas e incomunicadas están condenadas a permanecer en el abandono total, ya que viven en la pobreza y en la marginación, pero sobre todo en el aislamiento. Un país bien comunicado brinda a sus habitantes la posibilidad de ampliar sus capacidades productivas, sociales, educativas y culturales, ya que permite la movilidad de personas, de los bienes y de los servicios con mayor fluidez.

No olvidar que Durango y su capital, por su ubicación geográfica, se encuentran en zonas de paso en la comunicación del centro con el norte y el noroeste del país, debido a ello se hace aún más necesario aumentar y modernizar las vías de comunicación.

La educación es una materia que debe estar entre las prioridades de todos los pueblos y una buena educación pasa por incrementar la inversión en todos sus niveles, desde el maternal hasta el superior y posgrado, y en todas las actividades profesionales, sobre todo de aquellas que apoyan directamente a la producción tanto nacional como local. A la fecha, Durango es uno de los estados con un analfabetismo muy alto: 6.3 por ciento, dando por resultado un nivel muy bajo en productividad de su mano de obra y compromete a sus jóvenes y adolescentes a optar por la vida fácil de la delincuencia.

La seguridad pública se ha convertido en foco de atención en los últimos años, Durango no escapa a ello, dado el elevado índice de criminalidad se hace necesario proveer de mayores recursos financieros.

El estado de Durango al igual que muchas otras entidades del país, año con año se ven en la necesidad de solicitar mayores recursos debido a que los porcentajes del presupuesto asignado no le permiten alcanzar un desarrollo integral y equilibrado, lo cual a todas luces es preocupante, por lo que es urgente detonar el desarrollo y la inversión, porque sin presupuesto o con presupuesto limitado difícilmente se logrará que el bienestar de sus habitantes se vea mejorado.

Los planteamientos generales del gobierno del estado pretenden, entre otras cosas, que se fortalezca la seguridad, al solicitar que se incremente el Fondo de Aportaciones Federales para Seguridad Publica; que se establezcan blindajes para que los recursos públicos se protejan de intereses partidarios y estableciendo candados para impedir su uso con fines electorales.

Existen obras de gran importancia, proyectadas, presupuestadas y en ejecución para el siguiente Ejercicio Fiscal y de no contar con el presupuesto necesario serán detenidas, atrasando aún más el desarrollo sustentable de Durango.

No podemos omitir que es finalmente a través de los estados y municipios que la gente encuentra el beneficio más evidente y cercano, por eso debemos privilegiar hoy los presupuestos a las entidades en aras de fortalecimiento del federalismo nacional.

No contar con los recursos económicos suficientes limita la acción gubernamental y por tanto el beneficio social, que es lo que tanto se ha buscado en los últimos sexenios.

Por su parte, la capital. Durango que es uno de los municipios más extensos del país con 8 por ciento de la superficie del estado, concentra a la tercera parte de la población duranguense Ahora bien, en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio del año 2011, el Ejecutivo federal ha establecido como línea de acción, entre otras, la de continuar con la construcción de obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo regional, al crecimiento de la economía y a la generación de empleos, aunque todavía de manera insuficiente.

Necesitamos un presupuesto que detone un avance acelerado de las obras públicas que actualmente se despliegan y en las que se tienen proyectadas para el 2011, pero además que sea suficiente para el desarrollo de la infraestructura carretera, hidráulica, productiva, de salud, educativa, deportiva, cultural, turística, desarrollo social, seguridad pública, medio ambiente y modernización ferroviaria, por mencionar algunos, que se tiene contemplada.

En tal virtud, debemos pugnar por lograr un incremento al presupuesto de Durango para el año entrante evitando así el retroceso en el desarrollo del estado y no aceptar que los beneficios, planes y programas de desarrollo sigan esperando. De ahí que invocamos a la unidad y sensibilidad de los legisladores federales de cada uno de los grupos parlamentarios, que integran el Congreso para llegar a un reajuste del presupuesto para que se supere el presupuesto de este año y se siga adelante en la programación del desarrollo local.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se asigne presupuesto adicional superior al 2010 para el desarrollo integral en infraestructura para el desarrollo económico y el empleo, educación, campo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano, alimentación y salud para el estado Durango y el municipio de Durango.

Salón de sesiones, a 19 de octubre de 2010.

Senadores: Alejandro González Yáñez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Rosario Ibarra de la Garza (rúbrica), Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica).

De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna, presentada por Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos de 2011.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Las suscritas, Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, senadoras de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) plantea el reto de mejorar la salud materna. Esto pasa en primer lugar por reducir la tasa de mortalidad materna y aumentar el porcentaje de partos asistidos por personal sanitario especializado.

Es decir, el quinto de los ocho objetivos que componen los OMD busca reducir en 75 por ciento dicha tasa de mortalidad para 2015.

La Declaración del Milenio en 2000 representó un hito en cuanto a cooperación internacional, pues inspiró objetivos de desarrollo que han mejorado las vidas de cientos de millones de personas en todo el mundo. Los Objetivos representan las necesidades humanas y los derechos básicos de que todos los individuos del planeta deberían disfrutar.

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días después de la terminación del embarazo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o fortuitas”. La tasa de mortalidad materna equivale al número de muertes maternas por cada 100 mil nacimientos.

De acuerdo con el informe 2010 de Naciones Unidas respecto a los OMD, las principales causas de mortalidad materna en las regiones en vías de desarrollo son hemorragia e hipertensión, que en conjunto son responsables de la mitad de las muertes de embarazadas y de madres primerizas. Las causas indirectas, como malaria, VIH/sida y enfermedades cardiacas, corresponden a 18 por ciento de las muertes maternas. Otras causas directas, como obstrucciones en el parto, complicaciones por anestesia, cesárea y embarazo, representan 11 por ciento de las muertes en el embarazo o el parto.

Además, continúa, la mayoría de esas muertes es evitable. Las hemorragias, por ejemplo, responsables de más de un tercio de las muertes maternas, pueden evitarse o controlarse a través de diversas intervenciones administradas por un profesional de la salud bien capacitado y con equipos y suministros adecuados.

El Programa de Acción Especifico 2007-2012 Arranque Parejo en la Vida, menciona que en México la mortalidad materna ha descendido paulatinamente desde hace varias décadas. Entre 1955 y 2006 se registró una reducción en la razón de mortalidad materna de 70.6 por ciento: se pasó de 204.4 a 60.0 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos vivos. Sin embargo, es probable que el descenso de la mortalidad materna en ese periodo haya sido mayor, pues durante ese lapso, pero sobre todo durante los últimos años, se han hecho esfuerzos inéditos por mejorar la calidad del dato, lo que incide en la aparente desaceleración del ritmo de descenso a partir de 1990.

La disminución de la mortalidad materna se ha dado a un ritmo más lento que el requerido para alcanzar esa meta, al registrar, por ejemplo, durante el primer cuatrienio del siglo XXI un descenso promedio anual de la razón de mortalidad materna ligeramente menor de 4 por ciento, cuando se requiere al menos una disminución sostenida de 5 por ciento anual, en promedio, en ese indicador. Ante este escenario, resulta imperioso redoblar esfuerzos y dar un renovado impulso al fortalecimiento de los servicios, mejorando su organización, cobertura y calidad, a fin de avanzar más rápidamente en el logro de las metas, satisfacer de manera más equitativa las necesidades de salud materno-infantil de la población de México y reducir las disparidades sociales que persisten en la materia.

Sin embargo, debe mencionarse que mucha de la prevención y, por tanto, de la reducción de estas cifras depende directamente de la cobertura y calidad de los servicios de salud.

Ahora bien, en el marco del Día Internacional de la Salud de la Mujer, en mayo de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó la Estrategia Nacional para Disminuir la Mortalidad Materna, cuyo objetivo es brindar atención universal en complicaciones del embarazo y promover una cultura de prevención de riesgos y de autocuidado de la salud entre las embarazadas.

Ese día, los titulares de la Secretaria de Salud, del IMSS y del ISSSTE firmaron un convenio interinstitucional para la atención universal de las urgencias obstétricas.

Se han realizado avances significativos en la disminución de la mortalidad materna. No obstante, en zonas de mayor marginación, rurales e indígenas es difícil el acceso de los servicios de salud y, por tanto, las cifras de mortalidad materna son mayores.

Ante ello, es necesario contar con un presupuesto adecuado que permita ampliar la cobertura de los servicios de salud a cien por ciento para que las mujeres no sigan falleciendo por causas que se pueden prevenir, por lo que se solicita aumentar el monto actual asignado al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes al Programa de Reducción de la Mortalidad Materna en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

Senadoras: Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo, Beatriz Zavala Peniche (rúbricas).

De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice una nueva encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, presentada por Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lázara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice una nueva encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores

Presente

Las suscritas, Blanca Judith Díaz Delgado, Minerva Hernández Ramos, María Serrano Serrano, Martha Leticia Sosa Govea, Lazara Nelly González Aguilar, Adriana González Carrillo y Beatriz Zavala Peniche, senadoras de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que para que realice una nueva encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una de las maneras de erradicar la violencia de género es tener un panorama real de la situación que prevalece en los hogares en México, y precisamente es a través de la Encuesta que se nos proporciona datos y cifras oficiales que permiten que visibilizar los diferentes tipos de violencia.

Los antecedentes de la Endireh se remontan a los primeros intentos para dar un panorama real sobre la violencia hacia las mujeres con la creación de la Comisión Jurídica de la Mujer en 1946.

A iniciativa de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, manifestó la necesidad de realizar un diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Ante ello, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática formuló un proyecto para generar estadísticas sobre las formas de violencia contra las mujeres, que contribuya en la elaboración de dicho diagnóstico. A este esfuerzo, se sumaron la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País de la Procuraduría General de la República; el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, quienes comparten la necesidad de continuar generando información primaria acerca de la violencia contra las mujeres.

El entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática fue el encargado del diseño y ejecución de la encuesta, se dio a la tarea de investigar, revisar y analizar los ejercicios desarrollados tanto en el ámbito nacional como en el internacional relacionado con la temática. Así se revisaron principalmente: la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar de 1999, ésta fue la primera encuesta sobre el tema realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el área metropolitana de la ciudad de México.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 es la primera encuesta nacional en hogares sobre violencia de pareja contra las mujeres que se levanta en México y en América Latina. Con ella se buscó generar información que permitiera conocer las diferentes facetas de la violencia hacia las mujeres, así como los diferentes factores que la originan.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares tuvo por objetivo principal generar información estadística para dimensionar, caracterizar y conocer la existencia de la violencia familiar en México, en particular la violencia hacia las mujeres por parte de la pareja.

La Encuesta fue levantada en 11 estados de la República Mexicana mediante la aplicación de un cuestionario a 34 mil 184 mujeres mayores de 15 años de edad que vivían en ese momento con su pareja.

Entre los principales resultados encontramos las siguientes prevalencias de violencia hacia ellas por parte de su pareja, ejercida en los 12 meses anteriores a la encuesta:

• De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 44 por ciento reportó algún incidente de violencia emocional, física o sexual.

• De este 44 por ciento más de la mitad padece al menos dos tipos de violencia distintos, uno de los cuales es la violencia psicológica.

• El 35.4 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia emocional.

• El 27.3 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia económica.

• El 9.3 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia física.

• El 7.8 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia sexual.

Para la encuesta del 2006 se agregaron más variantes como son: familia de origen, relación con los hijos, relación actual, división de trabajo, decisiones, aportes para la manutención del hogar, libertad personal, opinión sobre los roles femenino y masculinos, última relación: para mujeres separadas, divorciadas o viudas, violencia ejercida por el ex-esposo o pareja: a lo largo de su vida conyugal después de la separación y acceso a servicios que tienen como objetivo dar un panorama más preciso de la violencia que sufren las mujeres.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares es una herramienta vital para entender el fenómeno de la violencia contra la mujer, ya que al proporcionar datos y cifras oficiales, nos crea herramientas para poder comprender la situación de la mujer en la actualidad y así poder actuar de acuerdo a las necesidades y expectativas.

En 2006, la encuesta fue levantada en los 32 estados de la República Mexicana mediante la aplicación de un cuestionario cuidadosamente elaborado por personas expertas a 133 mil 398 mujeres en 128 mil viviendas del país. Entre los principales resultados a nivel nacional, encontramos los siguientes:

Del total de mujeres de 15 años y más de edad:

• El 43.2 por ciento sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su última pareja.

Sufrieron:

• Violencia emocional: el 37.5 por ciento.

• Violencia económica: el 23.4 por ciento.

• Violencia física: el 19.2 por ciento.

• Violencia sexual: el 9 por ciento.

Hablando de violencia hacia las mujeres de 15 años y más en otros ámbitos fuera de la relación de pareja en algún momento de su vida:

• El 39.7 por ciento de ellas tuvieron incidentes de violencia comunitaria (violencia ejercida sobre las mujeres en espacios públicos o privados a lo largo de su vida).

• El 15.9 por ciento , tuvieron incidentes de violencia familiar (casos en que la mujer ha sido agredida o maltratada por algún familiar consanguíneo o algún otro pariente –suegros, cuñados(as), padrinos etcétera–, excluyendo el maltrato por parte de la pareja).

• El 5.8 por ciento, tuvieron incidentes de violencia patrimonial (despojo o robo, que se ha ejercido sobre las mujeres, de algún bien o propiedad por parte de algún familiar u otra persona o si la han forzado u obligado a poner sus bienes o alguna propiedad a nombre de otra persona).

• El 15.6 por ciento, tuvieron incidentes de violencia escolar (es la que han sufrido las mujeres durante su vida de estudiante por parte de algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar).

• El 29.9 por ciento, tuvieron incidentes de violencia laboral.

Como se observa los datos son sumamente valiosos porque permite visibilizar como se había mencionado la dimensión del fenómeno, por lo que el contar con cifras actualizadas es imprescindible para el trabajo legislativo que se desarrolla así como para la creación y el fortalecimiento de políticas públicas, sin embargo sabemos que para ello se necesitan recursos, por lo que se está requiriendo que en estos momentos donde la colegisladora está analizando el proyecto de presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 se tome en cuenta esta solicitud y se asignen los recursos suficientes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice una nueva Encuesta Nacional sobre la Dinámica sobre las Relaciones en los Hogares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que destine los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que realice una nueva Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares a fin de contar con estadísticas oficiales sobre el tema.

Senadoras: Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Minerva Hernández Ramos (rúbrica), María Serrano Serrano (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Beatriz Zavala Peniche (rúbrica).

De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir el objeto, las funciones y los atribuciones establecidos en la ley, presentada por Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche y Adriana González Carrillo, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PAN

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche y Adriana González Carrillo, presentaron propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidas en la ley.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la h. Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidas en la ley

Los suscritos, Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche y Adriana González Carrillo, senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a fin de que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidas en la Ley, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El proceso de creación de la Agencia Espacial Mexicana ha sido largo, pues la idea de que México contará con una Agencia de este tipo surgió en el año 2005, proyecto que se concretó cuando en el Diario Oficial de la Federación, fue publicada la Ley que le dio origen.

La Agencia Espacial Mexicana, a grandes rasgos, ha tenido el siguiente proceso:

1. En sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2005 en la Cámara de Diputados, el diputado Moisés Jiménez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana; la cual fue turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen.

2. La citada iniciativa fue dictaminada y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, el 26 de abril de 2006.

3. En esa fecha, la colegisladora envió al Senado de la República el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándose el 27 de abril de 2006 a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera.

4. En sesión ordinaria del martes 4 de noviembre de 2008, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad 85 votos a favor, el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. El cual, al sufrir cambios sustantivos, fue remitido a la Cámara de Diputados, según lo dispuesto en la inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. En esa misma fecha, el Senado de la República envió a la Cámara de Diputados el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándose a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

6. El 21 de abril de 2010, la Cámara de Diputados aprobó por 280 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

7. Por fin, el 30 de julio del 2010, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.

8. El 7 de septiembre de este año, y dando cumplimiento con el artículo segundo transitorio de la ley, se instaló la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana, presidida por el secretario de Comunicaciones y Transportes.

Con la creación de la Agencia Espacial Mexicana, nuestro país dio el primer paso para integrarse a la comunidad espacial Internacional, estableciendo las condiciones necesarias para contar, en el corto plazo, con investigaciones, tecnologías y recursos humanos especializados en la materia, lo que nos permitirá crecer como país.

No obstante que México cuenta con importantes centros de investigación y de educación superior que forman especialistas en astronomía, astrofísica e ingeniería espacial, entre otras ramas del conocimiento científico, la conformación de la Agencia Espacial Mexicana busca rescatar al país del rezago de más de 40 años en que actualmente se encuentra.

Un acontecimiento tan importante como éste, obliga a nuestro país a dedicarle un lugar prioritario a la educación, a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación, condiciones indispensables para garantizar la viabilidad futura de nuestro país como una nación desarrollada, libre y soberana.

Los indicadores a nivel mundial nos muestran que la inversión en investigación espacial crea una cascada de oportunidades en todos niveles y que es un detonador económico que no sólo estimula el crecimiento, sino además la productividad, la competitividad y el ingreso per cápita, lo cual redunda en la creación de empleos de alto valor agregado y, por ende, en mayor bienestar para la sociedad.

De acuerdo a un estudio de la NASA, por cada dólar invertido en proyectos espaciales, se obtienen siete en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser comercializadas.

Por su parte, en China se ha comprobado que por cada dólar que se invierte en el terreno espacial, le economía recibe un impulso por un monto entre 8 y 14 dólares. Además, cerca de mil 800 tecnologías espaciales han sido aplicadas en diferentes ramas de su economía nacional y el 80 por ciento de los más de mil 100 nuevos materiales desarrollados dominados en los últimos años fueron, logrados bajo el impulso de la tecnología espacial.

El panorama para México es diferente, pues aquí gastamos más del 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) en dependencia tecnológica, y alrededor del 1 por ciento del PIB en dependencia en el área espacial, por lo que nos hemos convertido en consumidores de tecnología espacial, en vez de desarrolladores.

La Agencia Espacial Mexicana se crea como un organismo público descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es la encargada de diseñar y ejecutar la política espacial de México, promoviendo el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en áreas como la educación, la industria, la ciencia y la tecnología. También se encargará de invertir en infraestructura para el futuro, para lo cual trabajará por medio de programas de colaboración con otras naciones.

Dentro de sus funciones principales se encuentran el impulso de estudios e investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y la vinculación con la industria nacional y las instituciones educativas del país, así como la creación de empleos calificados en la materia.

Lógicamente, para la puesta en marcha de la Agencia Espacial Mexicana se requiere de los recursos económicos suficientes, pues de esta forma será más fácil su funcionamiento.

En el artículo 17, fracción II, de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, se establece que el patrimonio con el que contará este organismo para su funcionamiento, se integrará con la cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, entregado en el pasado mes de septiembre por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, no se estableció ningún monto para la puesta en marcha y funcionamiento de la agencia.

Por lo anterior, creemos que sería oportuno y responsable asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, los recursos financieros suficientes para que esta agencia pueda operar y dar cumplimiento a su objeto, funciones y atribuciones que le confiere la ley.

Además, consideramos que esta solicitud es pertinente, ya que el 7 de septiembre de este año, en su sesión de instalación, la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana determinó que, en cumplimiento con el artículo tercero transitorio de la ley, en los próximos ciento ochenta días, organizará foros de consulta y mesas permanentes de trabajo, en los que participen expertos en la materia, para discutir y formular las líneas generales de la política espacial de México.

Hoy más que nunca, es necesario emprender acciones que fomenten las actividades científicas y tecnológicas en el país. La inversión económica para el óptimo funcionamiento de la Agencia Espacial Mexicana es mínima en contraste con los resultados y beneficios que su puesta en marcha traerá, por lo que se requieren de pocos recursos para un máximo desarrollo.

Por lo tanto, es pertinente que la Cámara de Diputados le asigne los recursos económicos suficientes a la novel agencia, pues estamos convencidos que de esta manera contribuiremos a que nuestra Agencia Espacial Mexicana comience de forma positiva el largo camino que le espera en el desarrollo aeroespacial nacional.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se asignen los recursos suficientes para que la Agencia Espacial Mexicana, organismo público descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pueda operar y cumplir con su objeto, funciones y atribuciones establecidos en la ley publicada el 30 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los diecinueve días del mes de octubre de 2010.

Senadores: Francisco Javier Castellón Fonseca, Minerva Hernández Ramos, María Beatriz Zavala Peniche, Adriana González Carrillo (rúbricas).

De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a rechazar las propuestas de incremento del impuesto especial a los tabacos labrados para el ejercicio fiscal de 2011 y subsecuentes, presentada por Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a rechazar las propuestas de incremento al impuesto especial a los tabacos labrados para el Ejercicio Fiscal de 2011 y los subsecuentes.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

El suscrito, senador Francisco Javier Castellón Fonseca, legislador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II del numeral 1; 76, fracción IX del numeral 1, 276 y 277 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados a rechazar las propuestas de incremento al impuesto especial a los tabacos labrados para el ejercicio fiscal de 2011 y los subsecuentes, al tenor del siguiente

Punto de Acuerdo

La industria del tabaco en México genera 5,000 empleos directos adicionales a los 20,000 empleos que genera de forma directa en el campo mexicano, de manera indirecta genera 25,000 empleos principalmente en el traslado venta y distribución de sus productos.

La industria del tabaco es también la que por los últimos 15 años ha sido víctima de incrementos de impuestos, que al día de hoy representan el equivalente a 63 por ciento del precio de venta.

También es la industria del tabaco quien representa la principal fuente de recaudación por concepto de impuestos especiales, con el que cuenta hoy el gobierno federal, incluso por encima de las gasolinas.

Para este año 2010, la recaudación proveniente de la industria tabacalera es de $23,450 millones de pesos y según estima la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) representará para el 2011 la cifra record de recaudación de $29,956.2 millones, es decir 28 por ciento más que la cifra alcanzada el año inmediato anterior, y contempla el incremento de impuestos ya evaluado, establecido y aprobado el mes de noviembre de 2009 por los diputados y senadores de esta legislatura.

Ahora bien, en el marco de los trabajos legislativos de análisis y aprobación de diversas iniciativas presentadas por compañeros senadores de diferentes partidos políticos de esta LXI Legislatura, se propone que el monto de la cuota específica a los cigarros enajenados o importados, así como a los tabacos labrados distintos a aquéllos cuyo monto de la cuota se establece conforme al peso de los mismos, fijada en el decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) publicado el 27 de noviembre de 2009, se aumente en 0.40 pesos por cigarro enajenado o importado, es decir, 10 pesos por cajetilla de 20 cigarros, así como que su entrada en vigor sea inmediata y no gradual como se encuentra actualmente establecido; por ello es que solicito no aprobar la propuesta de mis compañeros legisladores de incrementar el IEPS a los tabacos labrados, toda vez que la industria tabacalera representa una de las fuentes de empleo y derrama económica más importantes para el campo mexicano y que actualmente con la aplicación de estas medidas corre el riesgo de desaparecer.

Hoy en día México cuenta una producción de 12 mil 400 toneladas que representa sólo el 0.26 por ciento de la producción mundial.

La generación de miles de empleos directos e indirectos, entre agricultores y jornaleros, con su consecuente derrama económica, principalmente en los estados de Nayarit, Veracruz, Chiapas y Tabasco donde se concentra la cosecha de más de 7 mil hectáreas de cultivo de este producto, son el sustento de más de 4, 000 productores y sus familias, y de 16, 000 jornaleros agrícolas del campo mexicano.

Los estados como el estado de México, Jalisco y Nuevo León, participan en el procesamiento de la planta del tabaco, mediante empresas establecidas para producir y comercializar este producto. Tan sólo en el estado de Nayarit genera 82 por ciento de la producción total del país y las principales zonas productoras son la región de la costa norte, Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Blas y Compostela.

Datos de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), señalan que del 2001 al 2008 se ha reducido su superficie de siembra en el estado de Nayarit en 73 por ciento al pasar de 15.9 a 4.3 miles de hectáreas, y el volumen de producción se ha reducido en 76.5 por ciento al pasar de 34.4 a 8.1 miles de toneladas.

Por otro lado, los principales municipios productores en el estado de Veracruz son San Andrés Tuxtla y Catemaco, en ellos se cultivan las variedades Negro San Andrés, Sumatra y Habano, los cuales se destinan para la producción de puros. La mayoría de la producción de esta región se destina a la exportación al mercado de Estados Unidos, Canadá, Alemania y España.

Actualmente, la industria tabacalera mexicana incluye tres actividades económicas:

• El beneficio del tabaco, que comprende actividades como secado, fermentación y añejamiento de las hojas;

• La producción manufacturera de cigarros; y

• La producción manufacturera de puros, que se clasifican como actividades distintas.

De las tres actividades señaladas, la fabricación de cigarros es la que mayor porcentaje aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de esta industria con alrededor de 90 por ciento del valor agregado, en segundo lugar está el beneficio de tabaco con una participación del 4 por ciento; le sigue, de manera marginal, la fabricación de puros, la cual aporta únicamente el 0.7 por ciento al valor agregado de la industria. Finalmente las tres actividades en conjunto y con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), aportan al PIB total el 0.2 por ciento en 2008, cayendo del 1.1 por ciento que aportaba en los años noventa.

Por otro lado, los cigarros en México están entre los más caros de Latinoamérica. Hoy 13 de cada 20 cigarros de una cajetilla son impuestos. Tan sólo en los últimos tres años esta tasa ha tenido un aumento de más de 50 por ciento y con el aumento que pretenden en este paquete económico implicaría un aumento nominal de la tasa de más de 170 puntos porcentuales, lo que equivale a un incremento en la tasa efectiva de cerca de 12 puntos porcentuales adicionales (de 63 por ciento a 74.4 por ciento).

En conclusión, el incremento de impuestos al tabaco es regresivo, y el consumidor será el más afectado ya que encontrará en el mercado informal una alternativa para poder comprar cigarros a un menor precio. Por lo anterior, se estaría aumentando la posibilidad de que el comercio informal ya existente en México, se inunde con cigarros que pudieran ser robados, de contrabando o peor aún de fabricación fuera de los controles sanitarios y de calidad que el mismo gobierno federal determina.

Finalmente, queremos insistir a los legisladores promoventes, a que reconsideren las consecuencias que puede traer los constantes incrementos de impuestos al tabaco, antes de hacerlos efectivos; en virtud de mantener sano el comportamiento del mercado legal, formal y principalmente mantener la plantilla laboral de los productores de tabaco a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Senadores, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión dictaminadora de Hacienda y Crédito Público, a rechazar las propuestas de incremento al Impuesto Especial a los tabacos labrados para el ejercicio fiscal de 2011 y años subsecuentes.

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días de octubre de 2010.

Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los recursos necesarios para prevenir y controlar el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino

México, DF, a 13 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-509 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/1338/2010 suscrito por el licenciado Miguel Gutiérrez Hernández, director general adjunto de vinculación de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los recursos necesarios para la prevención y control del virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

(Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento)

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la prórroga del pago de créditos a la vivienda para los afectados por las inundaciones ocurridas en Jalisco, Nayarit y Veracruz

México, DF, a 14 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-1830, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CCI/167/2010, suscrito por la licenciada Rosalía Ramos Troconis, gerente senior consultiva y de Proyectos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la prórroga en el pago de créditos a la vivienda para las personas afectadas por las inundaciones ocurridas en Jalisco, Nayarit y Veracruz.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 4 de octubre de 2010.

José Alfredo Labastida Cuadra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Subsecretaría de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 2971/ 10, por el que se nos informa del acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, el 21 de septiembre del año en curso, por virtud del cual “se exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, a la Sociedad Hipotecaría Federal y a los organismos estatales de vivienda a que, en su respectivo ámbito de competencia, otorguen una prórroga en el pago de créditos a la vivienda a las personas que están siendo afectadas por las inundaciones ocurridas en de Jalisco, Nayarit y Veracruz, hasta en tanto se restablezcan las condiciones sociales y económicas de las zonas afectadas. Las prórrogas que se exhorta a otorgar no deberán generar intereses, por lo que las mensualidades y el monto de la deuda deberán permanecer en las condiciones previas a la afectación por las inundaciones ocurridas”.

Al respecto, me permito informarle lo siguiente:

Para hacer frente a situaciones de urgencia como la ocurrida en distintos estados de la república por las intensas lluvias ocurridas en días pasados, desde noviembre de 2007, a través de las resoluciones números RCA-2064-11/07 y RCA-2934-05/10, emitidas por el Consejo de Administración, se concedió un voto de confianza al director general del Infonavit, contador público Víctor Manuel Borrás Setién, otorgándole amplias facultades para que, en eventos en que por diversas causas se altere el normal desarrollo de las actividades productivas de alguna zona geográfica del país, el instituto pueda responder de inmediato para atender a las comunidades y a los acreditados que resulten afectados por dichos eventos extraordinarios que causen daños en su persona, familia o patrimonio, poniendo en marcha las medidas de apoyo necesarias.

En ejercicio de las facultades conferidas y con la finalidad de brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores domiciliados en los municipios declarados en estado de emergencia por la Secretaría de Gobernación, se emitieron las siguientes medidas de apoyo:

Apoyos a trabajadores por algún siniestro

1. Trabajadores con relación laboral formal: para el pago de las amortizaciones, los trabajadores acreditados cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias contarán con una prórroga especial de cuatro meses para el pago del crédito sin capitalización de intereses. Transcurrido ese periodo, los acreditados deberán reanudar el pago normal de sus aportaciones y entero de las amortizaciones.

2. Trabajadores que laboran por su cuenta: podrán realizar un pago mensual de al menos 100 pesos durante los siguientes tres meses. Al término del plazo, los acreditados deberían reanudar el pago normal del crédito.

Para recibir estos apoyos, los trabajadores deberán acudir a la delegación regional del Infonavit que les corresponda y solicitar su adhesión a las presentes medidas de apoyo, ya que dichos beneficios sólo se otorgarán a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente. Una vez concluido el periodo del apoyo, si el acreditado no puede honrar sus compromisos de pago, podrá acudir también a la delegación que le corresponda para conocer las opciones de solución que ofrece Infonavit.

Las medidas de apoyo mencionadas aplican para los municipios declarados en estado de emergencia por la Secretaría de Gobernación.

Apoyos para las empresas afectadas por algún siniestro

1. No se iniciarán acciones fiscales y se suspenderán las ya emprendidas contra las empresas deudoras, prorrogando hasta el 17 de noviembre de 2010 su inicio o su continuación.

2. En la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución se suspenderán todas las intervenciones de caja y de las cuentas de cheques de las empresas deudoras, prorrogando hasta el 17 de noviembre de 2010 el inicio o continuación de éstas.

3. El pago del cuarto y quinto bimestres de 2010, las empresas podrán realizarlo

a) En una sola exhibición. Se otorgará una prórroga para que puedan cubrir

El cuarto bimestre de 2010, a más tardar el 17 de noviembre del 2010; y

El quinto bimestre de 2010, a más tardar el 17 de enero de 2011, simultáneamente con el pago que hagan del sexto bimestre de 2010.

b) Hasta en seis parcialidades mensuales, sin recargos por prórroga, y sin la exhibición de la garantía. La solicitud de pago en parcialidades deberá presentarse para cada bimestre a más tardar en la fecha límite de pago que se establece en el inciso anterior, sujetándose a lo establecido en las reglas para autorización de pago extemporáneo en todo lo que resulte aplicable.

4. El monto de los recargos generados por el pago extemporáneo del cuarto y quinto bimestres de 2010 se devolverá a los patrones afectados que así lo soliciten ante la delegación regional del Infonavit que les corresponda, para lo cual bastarán la solicitud respectiva y el acreditamiento del pago de éstos.

5. Se condona el 100 por ciento de las multas que se generen por el pago extemporáneo de los bimestres señalados en el punto anterior.

6. La devolución de los recargos y la condonación de la multa sólo procederán en los casos en que las aportaciones y amortizaciones relativas al cuarto y quinto bimestres del presente año sean cubiertas o convenidas a más tardar el 17 de noviembre de 2010 y 17 de enero de 2011, respectivamente.

7. Durante julio, agosto, septiembre y octubre de 2010, los empresarios no estarán obligados a retener y enterar las amortizaciones de crédito de los trabajadores que se hallen en el supuesto descrito, sin que por ello incurran en responsabilidad solidaria.

Las medidas de apoyo mencionadas aplican para los municipios declarados en estado de emergencia por la Secretaría de Gobernación.

Seguro de daños por desastres naturales

Independientemente de lo anterior, todas las viviendas que cuentan con un crédito vigente del Infonavit están amparadas con seguro de daños. Para presentar su reporte, los trabajadores únicamente requieren su número de crédito.

Los acreditados cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias pueden reportar los daños sufridos en el patrimonio directamente en las oficinas y centros de servicio del instituto. Los acreditados que lo deseen podrán levantar los reportes en Infonatel, al número lada sin costo 01 800 008 3900.

Conforme a la póliza contratada con Seguros Atlas, el pago a los acreditados se hará a través del instituto que, con la aseguradora, determinará el monto final por indemnizar por el daño causado a las viviendas por las lluvias e inundaciones.

La póliza de seguro no cubre los daños que hayan sufrido los contenidos de los inmuebles, como muebles, equipos electrónicos, ropa o equipos electrodomésticos.

El seguro no es aplicable para las viviendas que ya fueron liquidadas. En caso de que el acreditado presente atrasos en el pago del préstamo, puede solicitar la indemnización una vez que se ponga al corriente en el pago del crédito o firme un convenio de regularización.

Garantía Infonavit

Además de los apoyos descritos en los apartados anteriores, hay las siguientes opciones que forman parte de la Garantía Infonavit:

1. Si la empresa requiere entrar en paro técnico por disminuir las ventas, se puede considerar un descuento de mensualidad a los acreditados durante el periodo del paro técnico.

2. Si después del apoyo de tres meses otorgados a los acreditados la situación sigue siendo vulnerable, se puede realizar un estudio socioeconómico y se determinará el apoyo correspondiente para cada caso.

Atentamente

Licenciada Rosalía Ramos Troconis (rúbrica)

Gerente Senior Consultiva Institucional

(Se remite a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento)

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2010

México, D.F., a 13 de octubre de 2010

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SPEDT/200.479.10, el licenciado Carlos Petersen y vom Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2010.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 11 de octubre de 2010.

Maestro Julián Hernández Santillán

Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el1 de octubre de 2007, remito copia simple y archivo electrónico en unidad de disco compacto, los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos, que corresponden al primer semestre de 2010.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Petersen y vom Bauer (rúbrica)

Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

México, DF, a 4 de octubre de 2010.

Licenciado Carlos Federico Petersen y vom Bauer

Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, me permito enviarle, en copia simple y archivo electrónico, los indicadores operativos y financieros de Petróleos Mexicanos correspondientes al primer semestre de 2010, entregados por dicho organismo descentralizado el 31 de agosto de 2010 a esta dependencia. Lo anterior, con el objeto de que se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo noveno transitorio del decreto indicado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mario Gabriel Budebo (rúbrica)

Subsecretario de Hidrocarburos

Indicadores de operación y finacieros de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
(Primer semestre de 2010)


        

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dos con los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la intensificación de las labores de desazolve y bacheo en la Ciudad de México

México, DF, a 7 de octubre del 2010.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Honorable Congreso de la Unión

Presente

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio CA/361/20120, mediante el cual José Muñoz Vega, coordinador de asesores de la jefa delegacional en Iztapalapa, da respuesta al punto de acuerdo relativo al exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.

Lo anterior, en relación con el oficio DGPL 61-11-2-492, en donde se comunicó por parte del presidente y secretario de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo, en sesión celebrada el 20 de abril del presente, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)

Secretario de Gobierno del Distrito Federal

Iztapalapa, DF, a 27 de septiembre de 2010.

Licenciado Eliseo Moyao Morales

Coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Presente

Por instrucciones de la licenciada Clara Marina Brugada Molina, jefa delegacional en Iztapalapa, le envío la respuesta a los siguientes puntos de acuerdo aprobados por la Asamblea del Distrito Federal, que competen a los órganos políticos administrativos y que han sido turnados a esta delegación, así como las respuestas que se les ha dado a cada uno de ellos; número de oficio CMEG/CG/023/2009, SCMEG/CGPS/251/2009, SCMEG/CGPS/252/2009, SG/CED/0601/2010, SG/CED/1233/2010 Y SG/CED/1328/2010.

Se anexan respuestas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

José Muñoz Vega (rúbrica)

Coordinador de asesores

Punto de Acuerdo

Oficio: SG/CED/0601/2010

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y a los titulares de las 16 delegaciones a emprender una campaña de concientización ciudadana para no arrojar basura en la vía pública.

Observaciones:

La Coordinación de Desarrollo Sustentable con el área de Protección Civil de la delegación Iztapalapa, realizó una campaña de concientización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en materia de no arrojar basura a la vía pública, emitiendo consideraciones generales sobre los problemas que trae como consecuencia; como lo son las inundaciones además los vehículos de protección civil portan lonas con la información mencionada.

(Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento)

México, DF, a 8 de octubre del 2010.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades .municipales, adjunto oficio GDF/SOS/DGSU/1325/2010, mediante el cual el Director General de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, da respuesta al Punto de Acuerdo, por el que se exhorta intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México.

Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.61-11-2-492, en donde se comunicó por parte del presidente de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)

Secretario de Gobierno del Distrito Federal

México, DF, a 26 de agosto de 2010.

Licenciado Luis Villanueva Herrera

Asesor Jurídico del Secretario de Gobierno

Plaza de la Constitución número 1

Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal

En atención al oficio número SG/LVH/338/2010 de fecha 23 de abril del año en curso, donde se hace del conocimiento que fue aprobado un punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal a intensificar las labores de bacheo en la carpeta asfáltica de las principales vialidades de la Ciudad de México, me permito informarle que se han realizado las siguientes acciones:

• Se ha incrementado la supervisión operativa para la detección oportuna de baches en la red vial primaria, además de poner a disposición de la ciudadanía el Centro de Atención de Emergencias (CAE), para recibir todas las quejas y denuncias al respecto, teniendo un tiempo máximo de respuesta de 72 horas.

• La Secretaría de Obras adquirió, en este año, 3 trenes de pavimentación para estar en posibilidad de sustituir en un menor tiempo la carpeta asfáltica en la red vial primaria, lo cual además de optimizar recursos, garantiza uno reducción importante en el bacheo al tener carpeta asfáltica con mayor y mejor vida útil.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Ingeniero Antonio Álvarez Palacio (rúbrica)

Director General de Servicios Urbanos

(Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento)

Del gobierno del estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la gestión de residuos sólidos en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, México

Tlalnepantla de Baz, estado de México, a 12 de octubre de 2010.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva de La LXI Legislatura del honorable Congreso de La Unión

Me refiero a su oficio número (D.G.P.L. 61 II 6 058), de fecha 5 de octubre del presente año, enviado al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador constitucional del estado de México y remitido a esta Dirección General, el día de la fecha, mediante el que solicita respetuosamente a esta secretaría atienda las disposiciones jurídicas y normas técnicas aplicables (particularmente la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT), en el análisis de las solicitudes de autorizaciones y licencias otorgadas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos.

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 3, fracción III, 7, 8, fracción IV, y 11, fracciones VII y X, del Reglamento Interior de esta secretaría, esta dirección general, siempre respetuosa de los lineamientos técnicos y jurídicos aplicables, en el ámbito de su competencia, observa, aplica y hace cumplir la normatividad aplicable a este tipo de proyectos y en general a la totalidad de las obras y actividades, industriales, comerciales y de servicios, de competencia de esta autoridad local. Específicamente en el caso de aquellos que incluyen la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de aplicar los requisitos y especificaciones establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT -2003, en las resoluciones correspondientes, se establecen condicionantes tendentes a la preservación de los elementos del medio ambiente (agua, suelo, aire y vegetación), tanto en las etapas de selección y preparación del sitio, construcción y habilitación del proyecto, pero sobre todo para el control y monitoreo de las actividades durante la etapa de operación de éste.

En relación con el proyecto de construcción de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en San Miguel de las Peñas, municipio de Tepetlaoxtoc, estado de México, al que hace referencia el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito informar a usted que el subsuelo en el predio de referencia, de acuerdo con los estudios de campo preliminares, está compuesto por materiales piroclásticlos de permeabilidades medias a bajas, lo cual evita que dicho sitio funcione como zona de recarga al acuífero, de acuerdo a los estudios realizados no fue identificado ningún manto acuífero a una profundidad de más de 120 metros; asimismo, es de resaltar que el proyecto incluye un sistema de impermeabilización de desplante de las celdas de confinamiento de residuos, lo cual aunado a las características naturales del subsuelo, reducen significativamente el riesgo de contaminación de aguas subterráneas. Por otro lado, para el análisis de la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental y –en uso de las atribuciones de esta Dirección General– se aplicó la normatividad correspondiente, incluyendo la Norma Oficial Mexicana NOM-083­SEMARNAT-2003, asimismo, se solicitaron opiniones técnicas del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del estado de México (Ifomegem) y del honorable ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, para el desarrollo del proyecto, con la finalidad de contar con puntos de vista objetivos y multidisciplinarios.

En virtud de que la actual administración del honorable ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, estado de México, mostró reservas respecto de la realización del proyecto en cuestión, como se deriva del contenido de los oficios PRE/TEP/361/010 de fecha 1 de junio de 2010 y PRE/TEP/533/2009 de fecha 22 de septiembre de 2010, de los que se anexan copias, por lo que por el momento la Dirección General negó la autorización para el establecimiento del proyecto en el territorio municipal, hasta que la autoridad municipal determine en términos de sus atribuciones constitucionales lo procedente, para tal efecto esta dirección general emitió la resolución número 212130000/DGOIAlRESOU244/10, de fecha 20 de septiembre del presente año, negando el proyecto antes mencionado.

Es importante destacar que si en un futuro el proyecto cuenta con autorización de otras dependencias, en su oportunidad, podrá ser autorizado.

Atentamente

Licenciado Carlos Sánchez Gasca (rúbrica)

Director General

Tepetlaoxtoc, México, a 1 de junio de 2010.

Licenciado Carlos Sánchez Gasca

Director General de Ordenamiento e Impacto ambiental

Presente

Ingeniero Amado Islas Espejel, en su carácter de presidente municipal constitucional de Tepetlaoxtoc, estado de México. Administración 2009-2012, por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en nuestra entidad le informo lo siguiente: Que por medio del presente escrito, y en relación a su oficio número 212130000/DGOIA/OF/707/10 de fecha 5 de abril del presente año y el cual fue recibido en la presidencia municipal el lunes 31 de mayo, relativo a la construcción y operación de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, fue presentado ante esa dirección por la empresa CEM Reciclados Ecológicos de Texcoco, SA de CV; me permito informarle que la certificación en copie simple que usted exhibe en el oficio enviado y que dicha copia corresponde al cabildo número 117 del día, en la cual cita su visto en donde certifica el secretario del honorable ayuntamiento, profesor Zacarías Ramírez Ramírez que por unanimidad del cabildo se determinó emitir opinión favorable para realizar por parte de la Empresa CEM Reciclados Ecológicos de Texcoco, SA de CV, para realizar los estudios y trámites correspondientes, que se llevarán a cabo en el predio denominado “San Miguel de las Peñas” o “Tecuitlapilco” anterior a esta existe una certificación por el profesor Zacarias Ramírez Ramírez, secretario del honorable ayuntamiento de la sesión ordinaria de cabildo, número 22, de Tepetlaoxtoc, estado de México, celebrada el 19 de julio de 2007 y en el desahogo del punto número 4 que es “vedar permisos para rellenos sanitarios en el territorio así como fraccionamientos y fabricas contaminantes”. Acuerda el cabildo que se prohíben estrictamente los permisos para rellenos sanitarios, fraccionamientos y fabricas contaminantes en el territorio de Tepetlaoxtoc, aprobándose por unanimidad dicha certificación fue emitida a los treinta días de julio de 2007. Por lo que me permito enviarle copia simple de dicho documento.

De igual manera me permito informarle a usted que con fecha 10 de mayo se remitió contestación de solicitud al ingeniero Carlos Olimon Hank, recibiendo el documento el señor Eleazar Sánchez Juárez. Anexo copia simple de oficio de contestación.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Ingeniero Amado Islas Espejel (rúbrica)

Presidente Municipal Constitucional

Tepetlaoxtoc, México, a 22 de septiembre de 2010.

Licenciado Carlos Sánchez Gasca

Director General de Ordenamiento e Impacto Ambiental

Presente

Ingeniero Amado Islas Espejel, en mi carácter de presidente municipal constitucional de Tepetlaoxtoc, estado de México, administración 2009-2012, por medio del presente escrito y con fundamento en artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos vigente en la entidad le informo lo siguiente:

Se ha tenido a bien sostener pláticas con la empresa CEM Reciclados Ecológicos de Texcoco, SA de CV, en relación con un proyecto a realizarse en el predio ubicado en el paraje “San Miguel” o “Tecuitlapilco” con una superficie de 324 mil 307.92 metros cuadrados, ubicado en San Bernardo Tlalmimilolpan, comunidad perteneciente al municipio de Tepetlaoxtoc. En dicha plática la empresa a exhibido las autorizaciones otorgadas por la administración pública municipal 2006-2009, y así según consta en el libro de actas con Sesión de cabildo número 16 y certifica el entonces secretario del honorable ayuntamiento profesor Zacarías Ramírez Ramírez. En este tenor se destaca que el pleno determino emitir su opinión favorable para que la multicitada empresa realizara estudios y trámites correspondientes. Por tal motivo y considerando la importancia de resolver la problemática de la generación de basura con un manejo y operación responsable en el manejo integral de residuos sólidos urbanos, nos hemos permitido hacer el análisis y recomendaciones pertinentes al proyecto para que eventualmente se logre una participación conjunta de las instituciones educativas y de renombre, con conocimiento en la materia.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, quedo de usted.

Atentamente

“Sufragio efectivo no reelección”

Ingeniero Amado Islas Espejel (rúbrica)

Presidente Municipal Constitucional

(Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento)

Del Congreso de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la expedición de una ley para prevenir y sancionar la trata de personas

Diputado Armando Monroy Estrada

Diputado Carlos Samuel Moreno Terán

Vicepresidente y Secretario de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relacionado con el exhorto hecho a los Congresos Locales de los Estados para que tengan a bien expedir la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas, le comunicamos que el Estado de Nuevo León, expidió la ley citada mediante el decreto número 87 de fecha 1 de julio del presente.

Asimismo, acompañamos la presente con copia simple del Periódico Oficial número 103 de fecha 30 de julio del presente donde aparece publicada la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la Trata de Personas en el estado de Nuevo León, para su conocimiento.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 11 de octubre de 2010.

Diputada Martha de los Santos González (rúbrica)

Secretaria

Diputado Enrique Guadalupe Pérez Villa (rúbrica)

Secretario

(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento)

De la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la situación de los derechos humanos en los centros penitenciarios

Victoria de Durango, Durango, a 13 de octubre de 2010.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva

Diputada María Dolores del Río Sánchez

Secretaria de la Mesa Directiva

LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta a su oficio número DGPL 61-II-2-680, de fecha 7 de los corrientes, me permito anexar al presente el informe solicitado relativo a la situación de los derechos humanos en los centros penitenciarios de este estado.

Sin otro particular y esperando reciban de conformidad lo anterior, me es grato quedar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Doctor Carlos García Carranza (rúbrica)

Presidente

(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente a septiembre de 2010, desagregada por tipo de fondo

México, DF, a 15 de octubre de 2010.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente De La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de septiembre de 2010, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2009.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica)

Secretario



Iniciativas

Del Congreso de Campeche, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, San Francisco de Campeche, Campeche, 12 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

La LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Campeche, en sesión efectuada el día de hoy, expidió un acuerdo que a la letra dice

Único . Remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una promoción del diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara, mediante la cual plantea reformar diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este resolutivo.

Transitorio. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado”

Asimismo, se remite copia de la propuesta origen de este acuerdo, para los efectos legales conducentes.

Atentamente

Diputada Gloria del C. Gutiérrez Ocampo (rúbrica)

Secretaria

Honorable Congreso del Estado de Campeche

Presente

Vista; la documentación que integra el expediente número 135/LX/04/10, formado con motivo de una iniciativa presentada por el diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Promoción que se resuelve de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. Que el diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara presentó un memorial mediante el cual solicita al Congreso del estado de Campeche acordar el envío al Congreso de la Unión, de su propuesta para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. Que a esa promoción se le dio lectura en sesión del día 21 de septiembre de 2010, acordando agendarla para su estudio y dictamen.

Tercero. Que esta diputación permanente tomó conocimiento de los argumentos expuestos por el legislador promovente, en sesión de dictamen celebrada al efecto, acordando suscribir el presente resolutivo.

Cuarto. Que en ese estado, este órgano colegiado dictamina al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que esta promoción no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del estado.

II. Que la autoría de la solicitud recae en un diputado local, quien tiene atribuciones para hacerla, como así se reconoce, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado.

III. Que con fundamento en lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, esta diputación permanente es competente para dictaminar lo conducente.

IV. Que la solicitud que nos ocupa tiene como objetivo inmediato instar al Congreso del estado para que a su vez remita al Congreso de la Unión, una propuesta para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

V. Consecuente con lo anterior, este órgano resolutor estima procedente pronunciarse a favor del envío al Poder Legislativo Federal de la propuesta de que se trata, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales la sujete a trámite y resuelva lo que corresponda, si a bien lo tiene.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la diputación permanente nos permitimos someter al pleno legislativo, el siguiente resolutivo.

Único. La LX Legislatura del estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una promoción del diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara, mediante la cual plantea reformar diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con el proyecto que como anexo único forma parte de este dictamen. Mediante oficio remítase a la Cámara de Diputados el memorial origen de este resolutivo.

Así lo dictaminan los diputados miembros de la diputación permanente, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil diez.

Diputado Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica).

Presidente

Diputada María Asunción Caballero May.

Vicepresidenta

Diputada Ana Martha Escalante Castillo (rúbrica).

Primer Secretaria

Diputado Enrique Ku Herrera (rúbrica).

Segundo Secretario

Diputado Carlos Alberto Arjona Gutiérrez (rúbrica)

Tercer Secretario

Secretarios del Honorable Congreso del Estado

Presentes

El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del estado de Campeche y con fundamento en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, someto a su consideración la expedición de un punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Considerandos

El artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a las legislaturas de los estados que integran el pacto federal, a iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, al establecer

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete

I. Al presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y

III. A las legislaturas de los estados.

Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.

Que basándose en lo anterior, el que suscribe esta propuesta, somete a la consideración de esta soberanía la aprobación de un punto de acuerdo cuyo propósito sería ejercer la facultad antes señalada y presentar ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme al siguiente proyecto de iniciativa

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Presentes

La LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Campeche, mediante acuerdo número __ , de fecha__, publicado en el Periódico Oficial del propio estado el día __, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ese honorable Congreso General, la presente iniciativa de decreto, para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La transición mexicana a la democracia fue producto de un proceso de reformas, con la participación de todos los partidos políticos y el gobierno federal. Este proceso significó innumerables modificaciones a nuestra Constitución Política y a las leyes secundarias en materia electoral, así como otras que tienen una vinculación directa con los procesos comiciales.

Antes de la transición el partido hegemónico del gobierno decidía todo, las reglas de competencia que no eran otras más que las dictadas por el Ejecutivo federal, el registro de los partidos, el padrón de electores, la organización de todo el proceso electoral, el financiamiento de los partidos, sin transparencia ni rendición de cuentas. Desde la Secretaría de Gobernación se determinaba quiénes y en qué condiciones participaban en las contiendas electorales.

La participación de la sociedad y la de los partidos de oposición fueron decisivas para que, por la vía pacífica e institucional, las condiciones y reglas electorales se modificaran. En un primer momento con la reforma política de 1977-78, que le permitía a la oposición política el ejercicio de una mayor autonomía y posicionamiento en la sociedad.

Fue una década después, en 1987, cuando la ley estableció por primera vez el financiamiento público de carácter pecuniario para todos los partidos políticos, a partir de una ecuación elemental, según los votos obtenidos en la elección federal anterior y el número de representantes logrados en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, con la reforma constitucional y de la ley lectoral en 1990, el financiamiento público se determinó a partir de varias conceptos: por actividades generales a los partidos y por ser instituciones de interés público, y por actividades específicas, de acuerdo a la ecuación votos-escaños. En lo ulterior, en 1993, se añadió un nuevo concepto de financiamiento, que otorgaba a partidos con nuevo registro.

Además de ello, se tipificó que los poderes federales, de las entidades federativas y municipales no debían financiar campañas, salvo lo estrictamente establecido en la ley. De igual forma se prohibieron aportaciones de entidades públicas, de extranjeros, de empresas mercantiles y ministros de culto. Asimismo, las aportaciones privadas no serían deducibles de impuestos. Las aportaciones anónimas no debían rebasar el 10 por ciento del financiamiento público; y las aportaciones individuales y de personas morales, únicamente serían del 1 y 5 por ciento, respectivamente.

Finalmente, con la reforma de 1996 se pactaron nuevas condiciones de competencia que significaron, entre otras decisiones, las siguientes: el financiamiento público será predominante al privado, topes de gastos de campaña, mayor fiscalización a los partidos políticos y las sanciones correspondientes; una nueva fórmula para que los partidos puedan acceder a los medios de comunicación; buscando con todo ello una mayor equidad en la contienda electoral. Y con la última reforma constitucional, la del año 2007, se inaugura un sistema de financiamiento para los partidos políticos que significa un sustancial ahorro, garantizando una mayor libertad y equidad en la competencia, buscando una mayor independencia en relación al gran capital, alejando a los partidos de la llamada economía criminal, así como disminuyendo los actos de corrupción.

Exposición de Motivos

Sin embargo, para seguir perfeccionando nuestro actual sistema de partidos es pertinente avanzar en nuevas iniciativas de reformas que recobren, con mayor relevancia, la credibilidad de la política y de los partidos políticos. Nuestro actual sistema de financiamiento a los partidos políticos sigue siendo paternalista, donde las dirigencias partidistas se desentienden de la necesidad de hacer política con menores recursos, y que los recursos públicos se orienten más al ejercicio de una actividad directamente relacionada con la consolidación de los valores democráticos y una cultura cívica. Tenemos que hacer política con menores recursos del erario público y debemos ser más eficientes en las actividades partidistas.

En la sociedad mexicana existe el reclamo de que los partidos políticos deben estar más al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades. En estos tiempos de crisis el reclamo es aún mayor. Las dirigencias partidistas debemos ser sensibles a estas demandas legítimas de la sociedad. Las partidas asignadas para el próximo año, aunque en términos porcentuales son menores en relación al año anterior, siguen siendo muy altas a los ojos de la sociedad.

En comparación con otros países de Latinoamérica, el costo del voto en México sigue siendo muy alto. En Brasil cuesta 4 pesos, en Argentina 5, en Ecuador 14, en Colombia 25, en Panamá 68, en República Dominicana 89, y en México 224 pesos. Los datos son evidentes. Habría que hacer un estudio por entidad federativa para confirmar esa tendencia que, sin duda, reflejaría el obsoleto sistema de financiamiento de los partidos políticos.

A nivel federal el presupuesto destinado a los partidos políticos equivale a que con el total de estos recursos se podría destinar a 500 mil familias más en el Programa Oportunidades, a 600 mil familias en el Seguro Popular de Salud; significa casi todo el presupuesto para todas las actividades culturales; es igual al presupuesto de operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala que surte el agua del DF y valle de México (Conagua). También equivale al presupuesto de la Secretaría de Turismo; es casi el doble de los recursos para reconstrucción de carreteras federales, entre otros equivalentes.

En consecuencia y congruencia con este reclamo social y con la necesidad de hacer más austera nuestra actividad política en tiempos de crisis, se presenta el presente proyecto de reformas que va orientado a que el financiamiento público de los partidos políticos disminuya en un 50 por ciento, a partir de las actuales disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El presente proyecto de decreto tiene el objetivo de impulsar, ante el Congreso Federal y de conformidad con la facultad que nos otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reforma el artículo 41 Fracción II en su inciso a) y c) párrafo segundo, artículo 116 fracción IV inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su fracción I inciso a) numeral 1, la fracción I inciso C numeral 4.

Por todo lo anterior, y con fundamento en los establecido en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto

Por el que se reforma la fracción II en su inciso a) y c) del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su fracción I inciso A numeral 1, la fracción I inciso e numeral 4.

Artículo Primero. Se reforma la fracción II en su inciso a) y c) del artículo 41 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 41. ...

...

I. ...

II. ...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b). ...

c). ...

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al treinta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 116. ...

I. ...

a). ...

b). ...

III. ...

IV. ...

a)..., al f)...

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;

h). ...

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue

Artículo 78. ...

I. ...

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;

II. ...

...

2. ... al 3. ...

4. ...

a). ...

I. ...

II. ...

b). ...

c). ...

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al treinta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;

II. a la V. ...

Transitorios

Primero . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local que proceda.

Señoras y señores diputados, en atención a lo antes expresado y fundado, a continuación se somete a consideración de esa soberanía, para su análisis y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de

Acuerdo

La LX Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda

Primero. En ejercicio de la facultad que a esta legislatura del estado confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que se establecen en el proyecto que se contiene en la propuesta que se resuelve, promuévase una iniciativa de decreto para reformar el artículo 41 fracción II en su inciso a, inciso c párrafo segundo, artículo 116 fracción IV inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su fracción I inciso a numeral 1, la fracción II inciso c numeral 4.

Segundo. Se autoriza a los diputados presidente y secretarios de la Mesa Directiva en turno de este congreso para suscribir y remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la indicada iniciativa de decreto.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

San Francisco de Campeche, Campeche, 8 de abril de 2010.

Diputado Martín Osvaldo Tzel Cámara (rúbrica)



Minutas

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único. Se reforma la fracción IX y se adicionan una nueva fracción X y una nueva fracción XI al artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a VII. ...

VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño;

IX. Remitir a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción V del artículo 4;

X. Difundir los proyectos de desarrollo de la juventud, ‘el seguimiento a las acciones de los programas y sus correspondientes propuestas previstos en el artículo 15 de la presente Ley; y

XI. Las que le confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica)

Secretario

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte

México, DF, a 19 de octubre de 2010.

Secretarios de la Cámara diputados

Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Atentamente

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se reforman los artículos 51, párrafo segundo; 55, fracción IV; 65, primer párrafo; 66, fracciones III, VIII Y IX Y 67, párrafo primero; se adicionan los artículos 55, con un nuevo tercer párrafo; 65, con un nuevo párrafo segundo; y 66 con dos nuevas fracciones X y XI; todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como sigue

Artículo 51. ....

Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, la presente ley y su reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 55. ....

I. a III. ....

IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil correspondiente, al menos lo siguiente

a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de resultados y de justicia deportiva, así como sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de las demás que se establezcan en la presente ley y su reglamento;

b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las materias que en ellas podrán tratarse, y el quórum para sesionar;

c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos;

d) El reconocimiento de las facultades de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) en materia de procesos electorales y evaluación de resultados de las asociaciones deportivas nacionales, previstas en los artículos 66 fracción III y demás de la presente ley;

e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los asociados;

f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos aquellos trámites que se requieran para su participación en competiciones nacionales e internacionales, y

g) El reconocimiento de evaluar y supervisar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como los resultados de los programas operados con los mencionados recursos, conforme lo disponen la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

V. a VII. ....

....

Las asociaciones deportivas nacionales que cumplan, además de lo establecido en el artículo 53, con todos los supuestos previstos en el presente artículo, con excepción de lo estipulado por la fracción V, gozarán entre tanto de su reconocimiento como entes de promoción deportiva, para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley.

Artículo 65. Cualquier órgano ya sea público o privado de los reconocidos en este título que reciba recursos del erario público, deberá presentar a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) un informe sobre la aplicación de los mismos.

De igual forma, deberán rendir a la Conade y a la Codeme un informe anual sobre las actividades realizadas y los resultados nacionales e internacionales alcanzados, y acompañar al mismo del programa de trabajo para el siguiente ejercicio.

Artículo 66. ....

...

I. a II. ....

III. Vigilar y asegurar que la elección de los integrantes de los órganos directivos de sus asociados se realice con estricto apego a los estatutos sociales correspondientes, a la presente ley y a las demás disposiciones aplicables;

IV. a VII. ....

VIII. Promover la práctica deportiva organizadamente a través de las asociaciones deportivas nacionales;

IX. Establecer las reglas bajo las cuales deberán sus asociados llevar a cabo sus actividades;

X. Evaluar el informe anual y programa de actividades de las asociaciones deportivas nacionales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 65 de la presente ley, y

XI. Las demás que le confiera la presente ley y su reglamento.

Artículo 67. El consejo directivo de la Codeme integrará un órgano colegiado que tendrá como objeto vigilar, promover y garantizar que antes, durante y después de realizados los procesos internos de elección de los órganos directivos de sus asociados, se cumplan los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades; así como de evaluar el informe anual y programa de actividades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 65 de la presente ley.

....

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las reformas correspondientes al reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de ajustarlo a los términos del presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 19 de octubre de 2010.

Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)

Vicepresidente

Senador Adrián Rivera Pérez

Secretario