Proyecto de Acta

• De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se someterá a consideración del Pleno el martes 31 de octubre de 2006.

• De los Congresos de Durango y de Zacatecas.

• De la Cámara de Senadores, con el que remite la proposición presentada por la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las reformas constitucionales relativas al federalismo y al patrimonio cultural.

• Con proyecto de decreto, que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la Comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre, así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam.

• Que reforma el artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI.

• Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del PVEM.

• De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo respecto al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.

• Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución para exhortar al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a solicitar licencia o renunciar a su cargo, presentada por el diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión del lunes 30 de octubre de 2006.

• De la Comisión de Seguridad Pública, por el que se pospone la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, que se llevaría a cabo el martes 31 de octubre de 2006, a las 16 horas.

• De las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, y de Pesca, sobre el formato para la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Mayorga Castañeda.

• De la economía mexicana y las finanzas públicas. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados.

• De la Comisión del Distrito Federal, a la reunión de su junta directiva, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 9:30 horas.

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, a su segunda reunión de trabajo -con la presencia de la embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury, subsecretaria de Relaciones Exteriores-, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre, a las 10 horas.

• De la Comisión Jurisdiccional, a la reunión de trabajo de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 11 horas.

• De la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, a su reunión mensual de trabajo, que se efectuará el martes 31 de octubre, a las 12 horas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la segunda reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 12 horas.

• De la Comisión de Marina, a su reunión de trabajo, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 15 horas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Luis Luege Tamargo, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 16 horas.

• De la Comisión de Seguridad Pública, a la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 16 horas.

• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, ante la convocante y las comisiones de Desarrollo Rural, y de Pesca, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 17 horas.

• De la Comisión de Energía, a la comparecencia del secretario de Energía, licenciado Fernando Canales Clariond, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 17 horas.

• De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de su mesa directiva con la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, con el tema Agenda Legislativa, que se verificará el martes 31 de octubre, a las 17 horas.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a su primera reunión ordinaria, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 17 horas.

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, a su reunión plenaria, que se efectuará el martes 31 de octubre, a las 17 horas.

• De la Comisión de Equidad y Género, a su reunión plenaria, que se verificará el martes 31 de octubre, a las 18 horas.

• De la Comisión de Vivienda, a su primera reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el martes 7 de noviembre, a las 8:30 horas.

• De la Comisión de Salud, a la tercera reunión de su mesa directiva, que se efectuará el martes 7 de noviembre, a las 16 horas.

• De la Comisión de Gobernación, a su primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 7 de noviembre, a las 17 horas.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la reunión de su mesa directiva para establecer los lineamientos de su segunda reunión ordinaria, en la que se recibirá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, a fin de que expongan su agenda legislativa sobre el fortalecimiento de la hacienda municipal, que se realizará el martes 7 de noviembre, a las 17 horas.

• De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión ordinaria, en la que se recibirá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, con el fin de que expongan su agenda legislativa para el fortalecimiento de la hacienda municipal, que se realizará el miércoles 8 de noviembre, a las 11 horas.

• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a su reunión plenaria, que se verificará el miércoles 8 de noviembre, a las 13 horas.

• De la Comisión de Vivienda, a su reunión de trabajo con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, CP Víctor Manuel Borrás Setién, que se verificará el miércoles 8 de noviembre, a las 13 horas.

• De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 8 de noviembre, a las 15 horas.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a su segunda reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 14 de noviembre, a las 15:30 horas.

• Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la presentación del libro Actitudes, valores y opiniones de las elites parlamentarias de México, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 13 horas.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de Durango y Zacatecas.

Protesta de diputadas.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite la proposición presentada por la senadora María Rojo e Incháustegui, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las reformas constitucionales relativas al federalismo y al patrimonio cultural.

Minuta

Con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la Comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre; así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma el artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Cabildeo, a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Dictamen a discusión

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología, con puntos de acuerdo respecto al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur para que promueva y fomente el turismo cultural en los sitios denominados patrimonio cultural de la humanidad, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y al presidente municipal de Tampico, a implantar las políticas públicas necesarias para el aprovechamiento sustentable de la Laguna del Carpintero, ubicada en esa localidad, a cargo del diputado Luis Alonso Mejía García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Puebla a adoptar medidas y mecanismos que permitan la libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar la ampliación de la cobertura del Fondo Metropolitano, destinándole mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para asuntos relacionados con el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero, suscrita por los diputados César Flores Maldonado y Marco Antonio Bernal, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implantar mecanismos de salvaguarda de los derechos e integridad de los menores migrantes, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al titular de la Sagarpa información relacionada con el ingenio Puga, del estado de Nayarit, a cargo de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por la inmediata solución del problema de los productores de caña de azúcar del ingenio de Puga, del estado de Nayarit, a cargo del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a publicar, con la mayor brevedad, el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka?an, en el estado de Quintana Roo, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y a la SHCP a realizar estudios técnicos y financieros a efecto de comprobar la viabilidad de la reducción del monto del peaje que pagan las motocicletas en las autopistas del país, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al titular de la SHCP, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a emitir un acuerdo relativo a la organización del orden del día de las sesiones de la Cámara de Diputados, suscrito por los diputados Raúl Cervantes Andrade y Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, a la SCT, a la SHCP y a la Cofetel a brindar seguridad a las estaciones radiofónicas en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, con objeto de exigir al Ejecutivo federal el cese inmediato de la represión en el estado de Oaxaca, la liberación de los detenidos, la salida inmediata de la PFP y un exhorto a esta Cámara para que inicie juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a establecer un programa emergente de apoyo al estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a crear en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 una partida para atender las pérdidas económicas del sector turístico en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el rescate, la preservación, el desarrollo y el aprovechamiento de la cuenca del valle de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la determinación adoptada por diversas entidades federativas en el sentido de prolongar el mandato de sus representantes de elección popular, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Banco de México que atienda la situación relacionada con la aceptación o el canje de billetes no aptos para circular, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a actualizar y publicar en su sitio de Internet la base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos, a cargo del diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz, y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Profeco que investiguen las actuaciones de la CFE por la falta de cumplimiento de las especificaciones de la NOM y el mal funcionamiento de los medidores de luz en Mexicali, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que esta soberanía instruya a las comisiones de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos para que instalen la Subcomisión de Examen Previo; y de que la Junta de Coordinación Política proponga la integración de la Sección Instructora, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar la intervención de la Segob a fin de dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004 por los daños que ocasionaría a la actividad turística de Baja California Sur, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el seguimiento y la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos de América y Canadá, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos destinados a concluir la construcción de carreteras en diversos municipios de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra la pena de muerte mediante lapidación sobre siete mujeres en la República Islámica de Irán, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a efecto de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 considere una partida destinada al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Joaquín de los Santos Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a ampliar y fortalecer la protección consular de los connacionales radicados en el extranjero, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía emite un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre los estudios y las estimaciones de medición de la pobreza, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de la diputada Lourdes Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de la diputada Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, a solicitud de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre los acontecimientos en el estado de Oaxaca, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL LUNES TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del lunes treinta de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba en sus términos.

Se reciben cinco oficios de la Cámara de Senadores con los que remite:

El diputado Humberto Dávila Esquivel, de Nueva Alianza, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ocho de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La Comisión de Gobernación remite dos dictámenes de primera lectura con proyectos de decreto por los que concede permisos a:

Desde su curul, el diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios y la Presidencia toma nota. En votación económica se les dispensa la segunda lectura y se aprueban en conjunto por trescientos cincuenta y seis votos en pro, cero en contra y cuarenta y cuatro abstenciones. Pasan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día una proposición con punto de acuerdo, por la que la Cámara de Diputados exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortíz, a que presente licencia o renuncie a su cargo. En votación económica, la asamblea acepta su inclusión. Para presentar la proposición, se le concede la palabra al diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza y de Alternativa. En votación económica, la asamblea, considera el punto de urgente resolución. Para hablar en pro, se le concede la palabra al diputado Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

El diputado Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, aplique el Programa de nivelación salarial aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil seis, para los trabajadores del Colegio de Bachilleres. En votación económica, la asamblea, considera la proposición de urgente resolución. Se le concede la palabra para hablar en pro al diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias de Comunicaciones y de Relaciones Exteriores de la Sexagésima Legislatura. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Continúan con la presentación de proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En votación económica, la asamblea la aprueba. Comuníquese.

La diputada Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a efecto de que, en su carácter de presidente de la asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera la proposición de urgente resolución, suficientemente discutida y la aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con veinte minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes treinta y uno de octubre de dos mil seis a las once horas.

Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
Palacio Legislativo

En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo que a la letra dice:

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 18 de octubre de 2006.

Diputado Sergio Uribe Rodríguez (rúbrica)
Secretario

Diputada Gloria Guadalupe Martínez Castañola (rúbrica)
Secretaria
 
 
 

DEL CONGRESO DE ZACATECAS

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Adjunto nos permitimos remitir a ustedes un ejemplar del acuerdo número 132, aprobado por la honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que, en el Presupuesto de Egresos para el 2007 se consideren los recursos económicos necesarios para atender contingencias climatológicas.

Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Zacatecas, Zac., a 5 de octubre del año 2006.
La Honorable LVIII Legislatura del Estado

Diputada Aída Alicia Lugo Dávila (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lidia Vázquez Luján (rúbrica)
Secretaria
 

Acuerdo número 132

La honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando Único. Que en la sesión del Pleno del día 3 de octubre de dos mil seis, los diputados José de Jesús del Real Sánchez, Juan Francisco Ambriz Valdez y José Chávez Sánchez, integrantes de esta representación popular, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 24 y 25 de nuestro Reglamento General, sometieron a la consideración del Pleno una iniciativa de punto de acuerdo para solicitar al Congreso de Unión la aprobación de una partida presupuestal que atienda las contingencias climatológicas que se presenten en el campo zacatecano, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que en el mapa agropecuario rural del estado de Zacatecas se localizan los más variados sistemas de producción, mismos que ante la presencia de fenómenos climatológicos extremos presentan diversos índices de siniestralidad y vulnerabilidad en las unidades productivas y en las diversas regiones del estado.

Segundo. Que los gobiernos de las entidades federativas tienen la obligación y la responsabilidad de apoyar a los productores afectados por fenómenos climatológicos, a fin de atender los efectos negativos y reintegrar a las unidades productivas a su actividad. Esa debe ser una prioridad para el Estado, apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, que realizan preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras, afectados por contingencias climatológicas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporados a la actividad productiva, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingreso; así como inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura del aseguramiento.

Tercero. Que como antecedente a esto se ha apoyado a los productores afectados por fenómenos climatológicos extremos por parte del gobierno federal y estatal con recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, destacándose que las mayores necesidades de apoyo se destinaron al fenómeno de la sequía.

Este Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas no es suficiente para atender todos los estragos ocasionados por siniestralidad y, además, dichos recursos no suelen llegar con la oportunidad requerida.

Dicha cantidad es, a todas luces, insuficiente aún en el más conservador de los escenarios, para atender los efectos causados y apoyar a los productores a que recuperen sus fuentes de ingreso. Más aún si se toma en cuenta que los daños no se limitan a las superficies agrícolas.

En este marco, resulta imperativo solicitar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que canalice más recursos para apoyar a nuestros productores.

Asimismo, el gobierno del estado deberá asumir la responsabilidad de solidarizarse en mayor grado con los productores rurales de bajos ingresos afectados por alguna contingencia climatológica que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, agropecuario o pesquero, entre los que se encuentra El Barzón zacatecano, la Confederación Nacional Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas, entre otras.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 86 y 89 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del estado, es de acordarse y se acuerda:

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007 se considere para el estado de Zacatecas una partida de recursos económicos necesarios para atender contingencias climatológicas.

Segundo. Se solicita a la titular del Poder Ejecutivo del estado que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2007 considere los recursos necesarios para atender estas contingencias.

Dado en la sala de sesiones de la Quincuagésima Octava Legislatura del estado, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputada Sonia de la Torre Barrientos (rúbrica)
Presidenta

Diputada Aída Alicia Lugo Dávila (rúbrica)
Secretaria

Diputada Lidia Vázquez Luján (rúbrica)
Secretaria
 
 

México, DF, a 24 de octubre de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a participar en la mesa de reflexión bicameral sobre las reformas constitucionales relativas a federalismo y patrimonio cultural.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

Atentamente
Sen. Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente.
 

Proposición con punto de acuerdo que presenta la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual el Senado de la República resuelve exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso General, para que en ejercicio de su soberanía participe mediante sus comisiones de Cultura y Puntos Constitucionales en la mesa de reflexión bicamaral sobre las reformas constitucionales relativas a federalismo y patrimonio cultural.

La suscrita, senadora de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos relativos a los asuntos de urgente y obvia resolución, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 10 de octubre del 2000, un grupo de senadores presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de "distribuir las competencias constitucionales entre Federación, estados y municipios", pretendiendo la creación de un sistema de concurrencia entre la Federación, estados y municipios en materia de protección de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, lo cual es actualmente competencia de las autoridades federales, dado que son no sólo de interés general sino, también, pertenecen al bien común. Este paquete de reformas fue aprobado en abril del año en curso por el voto mayoritario de esta soberanía.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo de la UNESCO dedicado a la protección del patrimonio cultural, ha afirmado que "ve con preocupación la propuesta, toda vez que (...) los cambios propuestos no contribuyen a fortalecer el régimen legal de preservación de nuestros monumentos y sitios (ya que) las razones que motivan esta reforma resultan carentes de un sustento real que hagan necesaria esta modificación y, por otro lado, no atienden razones y principios que marcan el sentido de la preeminencia de las autoridades federales como instancias encargadas de la conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos cuya conservación sea de interés nacional." Dicho en otras palabras: las reformas a los artículos 27, 73 y 124 de la Carta Magna, ya aprobadas en el Senado en la Legislatura precedente, de aprobarse en la Cámara de Diputados propiciarían el debilitamiento del pacto federal en virtud de que, bajo el supuesto de concederle mayores atribuciones a los Poderes Legislativo y Ejecutivo y los municipios en cada uno de los estados en materia de protección del patrimonio cultural de la nación, en la práctica se abre la multiplicidad de criterios de regulación respecto a bienes que son patrimonio de todos los mexicanos, criterios sujetos a condiciones coyunturales. Así, el patrimonio cultural de los mexicanos estaría en riesgo de deterioro o desincorporación, en perjuicio de la nación, atendiendo en especial a la desigual distribución presupuestal, especialmente en el caso de los municipios.

Los rasgos de "desfederalización" que se apuntan, daría pie a que se vuelvan inoperantes los criterios establecidos en la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, sin dejar de mencionar que es un tratado internacional suscrito por México. En suma, el patrimonio cultural quedaría sujeto a la aplicación de tal multitud de criterios que lo pondrían en riesgo constante e inminente de quedar al margen del interés común de los mexicanos.

Para abundar en lo expuesto, se cita a continuación a la arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Aldir González Morelos quien, particularmente respecto al artículo 124 constitucional que se pretende reformar, expresa: "...en el caso de los derechos de autor, se derogaría la vigente Ley Federal del Derecho de Autor, eliminando así la posibilidad de salvaguardar y promover el acervo cultural de la nación. Cada uno de los estados de la República podría normar, por ejemplo, la protección de los derechos de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes en las diversas manifestaciones de la creación artística (...) La proliferación legal sobre este tema traería como una de sus consecuencias que existieran derechos diferentes para los habitantes de un mismo país estableciendo así, en el ámbito constitucional, la discriminación que la propia carta magna prohíbe en su artículo primero."

En el marco del mundo globalizado, donde los intereses de las grandes corporaciones influyen en las decisiones de los Estados nacionales, debemos ser cuidadosos de no poner a merced de esos intereses -que nada tienen que ver con los del bien común- lo que constituye la identidad de los mexicanos.

Por ello, se considera de fundamental importancia invitar a que los integrantes de la H. Cámara de Diputados, ante cuya soberanía se ha remitido la minuta del Senado de la República aprobada con fecha 27 de abril del año en curso, en la precedente legislatura, para que en conferencia, como lo establece el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, participe en una mesa de reflexión sobre las reformas que nos ocupan, con el objeto de recabar mayor información y contar con criterios sólidos para que en el seno de la propia Cámara de Diputados se dictamine y apruebe lo conducente, tomando en cuenta para ello el interés de la nación y de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República, Sexagésima Legislatura, resuelve exhortar a la H. Cámara de Diputados del Congreso General, para que en ejercicio de su soberanía participe mediante sus comisiones de Cultura y Puntos Constitucionales, con las correspondientes del Senado de la República, en la mesa de reflexión bicamaral sobre las reformas a los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al federalismo y al patrimonio cultural de los mexicanos.

Segundo. Remítase y hágase del conocimiento el presente punto de acuerdo a la H. Cámara de Diputados, a efecto de que en su seno se acuerde lo conducente y, en su oportunidad, se determine la manera de organizar y llevar a cabo en conferencia la mesa de reflexión bicamaral sobre las reformas a los artículos 27, 73 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de federalismo y patrimonio cultural.

En la sede de la Cámara de Senadores, el 24 de octubre de 2006, suscriben la presente proposición con punto de acuerdo.

Senadores: María de Lourdes Rojo e Incháustegui, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Luis Alberto Villarreal García (rúbricas)
 
 

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre, así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la comunidad de Australia, del 12 al 16 de noviembre, así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 30 de octubre de 2006.

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. México, DF, a 30 de octubre de 2006.

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente

Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica) Secretaria
 
 

Los suscritos, diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Vargas Landeros, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, y por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como da fe uno de los secretarios de la mesa directiva del mismo, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

En días recientes, los medios de comunicación nacionales dieron cuenta del robo que sufrieron 155 personas que habían contratado cajas de seguridad en el banco Banamex, sucursal 482, con sede en Tecamachalco, estado de México.

Tanto las declaraciones de expertos en el tema como el comunicado oficial de la institución bancaria coincidieron en señalar que el banco no podía responder o indemnizar a los afectados en virtud de que, por un lado, no cuenta con seguro que cubra dicho daño y, por el otro, tampoco la institución bancaria contaba con una relación de bienes y su valuación correspondiente; en virtud de lo cual no se podía cuantificar el monto de lo robado y, por ende, no existía forma legal para determinar el daño patrimonial ocasionado y la indemnización que, en su caso, correspondiera.

El hecho en sí revela una problemática generalizada en las instituciones bancarias, pues la legislación en la materia no prevé ninguna obligación ni responsabilidad de las mismas y también pone de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios de los servicios financieros, quienes no tienen un instrumento legal que los proteja ante las instituciones bancarias, quienes tienen en resguardo sus bienes más preciados, sin ninguna garantía en caso de cualquier daño, como el ocurrido en días recientes.

Por ello, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de precisar la obligación que adquiere la institución bancaria de responder a los ciudadanos o empresarios que han contratado cajas de seguridad con los bancos, para responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o daño.

Asimismo, y con el fin de crear certeza y seguridad jurídica para las instituciones bancarias, la iniciativa propone que la indemnización se limite a proteger los bienes depositados en el banco, mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.

Así, será responsabilidad del usuario declarar, o hacer una manifestación previa, a través de una declaración de valor al momento de contratar ante la institución bancaria los bienes depositados en las cajas de seguridad y presentar el avalúo correspondiente, que permitan estimar la cuantía de los bienes existentes en la caja de seguridad.

Consideramos que la presente iniciativa atiende una problemática existente en el uso de las cajas de seguridad en las instituciones bancarias, pues con ella se protegen los derechos de quienes contratan dicho servicio y también se proporciona a la institución bancaria un instrumento para llevar un control de los bienes que tiene bajo su resguardo y que en la actualidad son depositados por los usuarios sin ningún control por parte de las instituciones bancarias.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupados por atender los problemas de la ciudadanía que nos eligió y a quienes les debemos nuestro mayor respeto y compromiso por seguir impulsando los temas legislativos que les brinden soluciones y seguridad jurídica en sus bienes, posesiones y derechos, consideramos que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, con la finalidad de que las instituciones bancarias sean responsables ante los usuarios que contratan cajas de seguridad, en caso de robo o daño de los bienes depositados mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en nombre de nuestros compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del PRI nos permitimos someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo, y el actual se recorre en su orden, al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 78. El servicio de cajas de seguridad obliga a la institución que lo presta a responder de la integridad de las cajas y mediante el pago de la contraprestación correspondiente, mantener el libre acceso a ellas en los días y horas hábiles. El tomador de la caja es responsable por todos los gastos, daños y perjuicios que origine a la institución con motivo de su uso.

Asimismo, la institución estará obligada responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o daño, hasta por el monto de los bienes depositados mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.

Las condiciones generales y el contrato que para la prestación de este servicio celebren las instituciones de crédito deberán estipular con claridad las causas, formalidades y requisitos que se observarán para que la institución pueda proceder, ante notario público, a la apertura y desocupación de la caja, así como lo relativo a la custodia de los bienes extraídos.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre de 2006.

Diputados: Gerardo Vargas Landeros, Raúl Cervantes Andrade (rúbricas)
 
 
 
QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CABILDEO, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA ISABEL CASTELLANOS CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

La suscrita, diputada Sara I. Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la presente iniciativa de Ley Federal de Cabildeo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con el paulatino establecimiento en México de un nuevo régimen político basado en la normalidad democrática, la pluralidad partidista y la alternancia en el ejercicio del poder público, el país en su conjunto va desarrollando nuevas y modernas formas de interacción entre los diversos actores participantes en la vida pública institucional, económica, política y cultural del país.

De manera especial, bajo el concepto de que la democracia electoral debe conducir necesariamente a la democracia participativa, se van alentando y consolidando mecanismos de intervención ciudadana directa en la gestión de los asuntos públicos, especialmente en lo que tienen que ver con la actuación de las autoridades administrativas en los tres órdenes de gobierno, así como en lo referente a las funciones de orden legislativo depositadas en los órganos individuales y colegiados de los congresos federal y locales.

En ese contexto, a partir de la conclusión del proceso electoral federal del 2006 y de las inéditas circunstancias en que se ha venido desarrollando la etapa postelectoral, seguramente el Congreso de la Unión se ocupará de analizar diversas propuestas para reforzar y renovar los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, como son las figuras de la llamada democracia directa: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, entre otras. Todas ellas, se refieren a un espacio claramente definido de gestión colectiva de intereses comunes, orientados principalmente por razones y demandas de orden social y político.

Adicionalmente a lo anterior, en todas las democracias representativas del mundo, existen mecanismos específicos, con muy diverso grado de diseño institucional, reconocimiento legal y legitimación, por los cuales empresas o individuos especializados realizan actividades profesionales y remuneradas de representación de terceros para la agregación de intereses particulares frente a las instituciones públicas a efecto de exponer temas específicos y de interés de sus representados, contribuir a la búsqueda de soluciones posibles, plantear alternativas, aportar elementos de convicción y análisis, o simplemente hacer ver las posiciones y puntos de vista en relación con hechos o situaciones determinadas.

Es necesario precisar que las actividades que realizan profesionales del cabildeo frente a instancias del poder público en todo el mundo, gozan de un mayor reconocimiento y legitimación en los países y regiones con democracias consolidadas, mientras que en aquellos otros con menores avances en ese rubro, persisten prácticas de poca transparencia y corrupción, fomentándose así el tráfico de influencias y la cultura del soborno.

En nuestro país, a partir de las últimas legislaturas en el Congreso de la Unión, se han presentado propuestas e iniciativas de muy diversa naturaleza y orígenes, mediante las cuales se intenta normalizar y reglamentar la actividad profesional de cabildeo, máxime cuando desde hace ya varios años funcionan en el país empresas y despachos legalmente constituidos que realizan actividades profesionales y especializadas en materia de cabildeo, además de que en muchos otros casos, empresas y organizaciones de los sectores social y privado realizan en forma directa acciones de cabildeo frente a los poderes Ejecutivo o Legislativo para promover, de manera legítima, sus intereses particulares o para expresar y hacer valer sus puntos de vista en asuntos de interés general.

Al inicio de la LX Legislatura, existen pendientes de dictamen en el Senado de la República y en esta Cámara de Diputados diversas iniciativas con propuestas específicas de reformas a la Ley Orgánica o al Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o para la expedición de cuerpos normativos independientes, para que se regule, controle y vigile adecuadamente el ejercicio profesional del cabildeo, considerando tanto a los sujetos activos como pasivos de dicha especialidad, el registro de los sujetos dedicados a ello, las reglas y modalidades convenientes para el desempeño legal y transparente de sus actividades ante las autoridades públicas; así como el régimen de faltas administrativas y sanciones correspondiente.

De hecho, durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en mi entonces calidad de senadora de la República, me permití presentar conjuntamente con los senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en ese órgano legislativo, el 10 de noviembre de 2005, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Sexto y los artículos 136 al 141 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer las bases legales para el cabildeo ante el Poder Legislativo federal. Dicha iniciativa fue turnada de inmediato a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.

En el mismo orden de ideas, el 14 de febrero de 2006, me permití solicitar al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se formulase una atenta excitativa a las comisiones dictaminadoras de la iniciativa presentada, a efecto de que, a la brevedad posible presentasen el dictamen respectivo. En ese tenor, mediante oficio del 23 de febrero, el Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, senador Javier Corral Jurado, solicitó y le fue concedida, una prórroga para la elaboración del dictamen mencionado.

Entre los argumentos mencionado entonces por el senador Javier Corral para sustentar su petición de prórroga, estaba el de que: "Los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias hemos venido trabajando en un anteproyecto de reformas integrales al marco jurídico del Congreso de la Unión, el cual se encuentra avanzado. En él se incorpora la figura del cabildeo, facultando a las comisiones de la Cámara de Senadores para que antes de dictaminar los proyectos de ley o decreto, puedan solicitar a las corporaciones, asociaciones o agrupaciones que puedan resultar afectadas por ellos, para que por medio de representantes designados al efecto, expongan lo que a su derecho convenga; asimismo podrán realizar consultas con la ciudadanía, instituciones educativas, sociales y científicas."

Como se aprecia claramente del párrafo transcrito, existen al interior del Congreso de la Unión trabajos claramente encaminados al objetivo de reconocer y regular adecuadamente la actividad profesional y especializada del cabildeo legislativo. En el marco de la actual legislatura seguramente se retomarán los avances de que daba cuenta el senador Corral, para los efectos conducentes.

Desde la anterior perspectiva, partiendo de la muy posible regulación del cabildeo al interior de las Cámaras del Congreso, y habida cuenta que en gran medida las labores de cabildeo comprenden no sólo a los sujetos habilitados para presentar iniciativas de ley o decreto conforme al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien a los que intervienen como parte del proceso legislativo a que se refieren los artículo 72 y 135 del mismo ordenamiento, siendo que tales dispositivos consideran cuando menos dos sujetos más como habilitados en el marco de dicho proceso, en sus diversas etapas, como son el Presidente de la República y las Legislaturas de los estados, resulta menester, desde mi punto de vista, que la actividad de cabildeo pueda ser regulada, además de en la Ley Orgánica del Congreso o los reglamentos interiores de las Cámaras de Diputados y Senadores, según se decida, en una ley federal que involucre en su observancia, cuando menos, al Poder Ejecutivo de la Unión, en tanto actor relevante del proceso legislativo federal y, en su caso, a las legislaturas locales en lo que se refiere a los procesos de reformas constitucionales.

Es por todo ello que me he permitido elaborar la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cabildeo, con la intención de que resulte complementaria de la anteriormente mencionada propuesta de adiciones a la Ley Orgánica del Congreso, sometida por la suscrita a la consideración del Senado de la República, además de las diversas formuladas por otros legisladores, diputados y senadores, en anteriores legislaturas.

El Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) define el cabildeo como: "...la capacidad para alcanzar un cambio específico en un programa o proyecto gubernamental; también es la capacidad de influir en un actor con poder de decisión. Para alcanzar lo anterior se debe elaborar una estrategia específica. El cabildeo se puede explicar de manera simplificada de la siguiente manera: "un proceso en el cual se fortalece la sociedad civil a través de promover su participación activa, organizada y planificada, para incidir en el ámbito de lo público, en el pleno uso de sus derechos humanos y constitucionales. Es decir, el cabildeo implica poder participar de manera directa en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas gubernamentales o en el impulso de leyes o reglamentos. Por este motivo se requieren tres aspectos a desarrollar en el proceso de cabildeo: investigar, consensuar y negociar".

Así, al definirse como un proceso para alcanzar un fin, éste debe en todo momento ser lícito y, sobre todo, orientarse a desterrar las prácticas en las que sólo unos cuantos son favorecidos; dejar a un lado las prácticas incorrectas de prometer o dar favores, en muchas ocasiones económicos, a los servidores públicos a cambio de beneficios que de nada sirven a la sociedad y al país. Por ello, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha surgido la inquietud y la necesidad de reglamentar la actividad de cabildeo en nuestro país, con miras a lograr imparcialidad, transparencia y el mayor beneficio a la sociedad mexicana y evitar el detrimento de las instituciones y sus funcionarios.

Nuestra propuesta reconoce el derecho al libre ejercicio de la profesión, con el requisito necesario de crear un mecanismo de control y de registro de los "cabilderos", cumpliendo así con la indispensable transparencia y publicidad en el ejercicio de esta actividad.

Por lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Cabildeo

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Cabildeo en los siguientes términos

Ley Federal de Cabildeo

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1o.

La presente ley es de observancia obligatoria en el orden federal y tiene por objeto el de regular las actividades profesionales y remuneradas de cabildeo y promoción de intereses que realicen los particulares frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; así como en el marco del proceso legislativo a que se refieren los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o.

Se entenderá por cabildeo la actividad realizada por personas físicas o morales, nacionales o del extranjero, tendientes a promover o influir, de manera lícita, en las decisiones legislativas o administrativas del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo federal.

Dicha actividad será regida por los principios de legalidad, certeza y transparencia.

Artículo 3o.

El cabildeo tiene como objeto la promoción de acciones de carácter legislativo o de actos de autoridad administrativa tendientes a la iniciación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos; así como la expedición de reglamentos, la adopción de decisiones o su realización por parte de los titulares de las dependencias del gobierno federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La materia de cabildeo ante los órganos de autoridad en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, así como en el marco de los procesos legislativos, no tiene otra limitación que la licitud y transparencia de sus objetivos; así como la de los mecanismos de relaciones y vinculación de los sujetos involucrados en dichas actividades.

Artículo 4o.

Son cabilderos profesionalmente reconocidos, las personas físicas o morales que lleven a cabo, de manera remunerada y expresa, la promoción de las actividades señaladas en el artículo anterior u otras análogas e igualmente lícitas, en el marco de los procesos de orden administrativo o legislativo.

En todos los casos el Estado garantizará los derechos de petición, de participación ciudadana y de libertad de trabajo, y todos aquellos implícitos en el ejercicio libre y lícito del cabildeo.

Artículo 5o.

La información, documentos, datos o demás elementos aportados por los cabilderos en cualesquiera de los ámbitos de autoridad en que desempeñen sus labores y en las diversas etapas de los procesos respectivos, serán públicos sin ninguna reserva o restricción conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que las autoridades publicas que los tengan en su poder deberán publicarlos por medios electrónicos y facilitar su consulta al público en general, con la finalidad de transparentar el trabajo y objetivos del cabildeo. En todos los casos se garantizará la autoría de la información y se salvaguardarán los datos personales.

La violación a estas obligaciones será sancionada conforme el apartado de sanciones de la presente ley.

Artículo 6o.

Los cabilderos profesionales deberán constar en un Registro Público de Cabilderos que, para tales efectos, se constituirá tanto en el Congreso de la Unión como en el Ejecutivo federal. Por ningún motivo se negará la inscripción o ejercicio de esta actividad a persona física o moral alguna, salvo cuando por disposición legal o judicial se les impida dicho trámite.

Artículo 7o.

Queda prohibido a los cabilderos ofrecer, otorgar, entregar o realizar cualquier actividad de naturaleza ilícita para influir en las decisiones de los legisladores o servidores públicos con los que tengan relación directa o indirecta. Las actividades realizadas en contravención a esta disposición, será sancionada conforme al título respectivo de la presente ley.

Capítulo Segundo
Del Cabildeo Legislativo

Artículo 8o.

Se entiende por cabildeo legislativo la actividad remunerada y profesionalmente realizada, para aportar a los legisladores, ya sea en forma individual o en el contexto de los órganos colectivos involucrados en los procesos legislativos, documentos, proyectos, estudios, notas y toda clase de información que se estime pertinente, de forma organizada, y puntual, sobre los intereses, puntos de vista u opiniones de grupos, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, respecto de determinados asuntos materia del trabajo legislativo.

De ningún modo, las acciones profesionales de cabildeo podrán ser excluyentes de otras formas de gestión o participación ciudadana ni serán privilegiadas en forma alguna por los órganos legislativos.

Artículo 9o.

Las Cámaras de Senadores y de Diputados facilitarán el trabajo de cabildeo mediante el trabajo de los profesionales debidamente acreditados ante las mismas, ante las comisiones ordinarias, especiales y bicamarales, así como en los comités que se conformen para el apoyo del Pleno de cada una de aquellas.

Los integrantes de las mesas directivas de las comisiones o comités deberán de informar, dentro del proyecto de dictamen que pongan a consideración del Pleno, de sus respectivas Cámaras, conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la documentación y demás documentos e información entregada por los cabilderos.

Artículo 10.

Las Comisiones no podrán negar o impedir la presencia de los cabilderos en las sesiones de dichos órganos auxiliares de las Cámaras, pero estos sólo podrán participar con opiniones o mediante la entrega de información y documentación, si por acuerdo de los integrantes de las Comisiones se aprueba dicha participación.

Artículo 11.

Los cabilderos deberán guardar el respeto a los legisladores, las comisiones y el recinto legislativo.

En todo caso, los cabilderos deberán de abstenerse de llevar a cabo pagos en dinero, en especie o en servicios; así como tampoco comprometer o prestar a los legisladores, los partidos políticos, o candidatos a cargos de elección popular federal, apoyos políticos, ya sea por sí o por interpósita peroran, o en nombre de de las personas o intereses que representen.

En caso de violación a la presente disposición, los cabilderos serán sancionados conforme al título correspondiente del presente ordenamiento. Por lo que hace a los servidores públicos se estará a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Tercero
Del Cabildeo ante el Poder Ejecutivo Federal

Artículo 12.

Se entenderá como cabildeo ante el Poder Ejecutivo federal el conjunto de gestiones tendientes a promover o influir, de manera lícita, en las decisiones administrativas de la Presidencia de la República, sus dependencias y organismos descentralizados, a fin de orientar la realización de actos de cualesquier índole, o bien promover la toma de decisiones en la planeación, ejecución y desarrollo de las acciones administrativas y programáticas que a cada entidad, dependencia u organismo asignan las leyes.

Artículo 13.

No entrarán en el ámbito de aplicación de la presente ley, las acciones materiales de vinculación y enlace que realicen servidores públicos de cualesquiera orden de gobierno, dependencias u organismos públicos, designados para tales efectos en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 14.

Los cabilderos podrán participar de las reuniones de trabajo que sostengan las dependencias del Ejecutivo Federal, así como de la información pública que se genere en los asuntos de su interés, observándose lo que, en lo conducente, establezcan las leyes y reglamentos aplicables.

Capítulo Cuarto
De los Registros de Cabilderos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión

Artículo 15.

En cada Cámara del Congreso de la Unión y para cada legislatura, se conformará un padrón de cabilderos. Dicho padrón temporal, sólo tendrá efectos publicitarios y por ningún motivo se requerirá para su inscripción al mismo mayores requisitos que los de uso común en los registros públicos, además de los establecidos por la presente ley.

Artículo 16.

En el ámbito del Poder Ejecutivo federal, los cabilderos profesionales deberán registrarse ante la Secretaría de Gobernación, en el registro público permanente que para ello se conforme. Dicha Secretaría, deberá informar a las demás dependencias del registro de los cabilderos, otorgando las certificaciones correspondientes.

Del registro de cabilderos y sus actualizaciones deberá enviar copia certificada a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que pueda dar seguimiento a las relaciones que en esa materia establezcan los servidores públicos.

Artículo 17.

El objeto de los registros de cabilderos, es garantizar la transparencia y el respeto a la Constitución y el orden jurídico nacional, así como el de velar por el interés superior del derecho a la información de la sociedad mexicana, además de promover el correcto ejercicio de la actividad legislativa y administrativa, evitando la corrupción y prácticas contrarias a los principios rectores del servicio público.

Artículo 18.

Para la inscripción y registro en los padrones correspondientes se requerirán, cuando menos, los siguientes datos:

Nombre o razón social del cabildero. En caso de ser persona moral, los de sus documentos constitutivos y la información personal de los cabilderos o profesionistas que de manera directa lleven a cabo esta labor.

Las áreas de interés y la temática o especialidad que tengan frente a las entidades ante las cuales realicen sus actividades.

Los datos proporcionados por los cabilderos serán públicos conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 19.

No podrán ser inscritas en los registros correspondientes ni realizar actividades de cabildeo de conformidad con esta ley, las personas físicas sentenciadas con pena privativa de la libertad por delitos en contra del servicio público, o por encontrarse sujetos a procedimiento o causa penal por las mismas causas.

Capítulo Quinto
De las Faltas y Sanciones

Artículo 20.

Independientemente de los delitos que se puedan constituir, se considerarán como faltas, de los cabilderos registrados, las siguientes conductas:

Sin excluir las sanciones que les corresponda por conductas que puedan ser constitutivas de delito, y sus sanciones, le serán aplicables los siguientes medios:

Las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser aplicadas por las contralorías de cada una de las Cámaras, o por los órganos de control interno de las dependencias u organismos de que se trate.

Artículo 23.

Será aplicable en lo que corresponda a los procedimientos para la aplicación de sanciones la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y a falta de estos el Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al primer dispositivo.

Transitorios

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica)
 
 
 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción II de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación de Fiscal vigente y aplicable a la fecha al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos (Resumen)

1. Antecedentes

Nuestra Carta Máxima dicta en su artículo 21 párrafo 6o. que: "la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez". Además agrega en su último párrafo que: "La federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública".

Consecuente con lo anterior, en diciembre de 1995 se aprobó la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que da lugar a la creación del Consejo Nacional de Seguridad. Posteriormente toma fuerza institucional a partir del fortalecimiento de la función rectora de la Secretaría de Gobernación, que en 1998 agrega a su estructura una Subsecretaría de Seguridad Pública. Acompañó a esta reforma la inclusión en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal de la fracción VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP); que por primera ocasión formó parte del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 1999, año en el cual se crea también la Policía Federal Preventiva (PFP). Finalmente como parte de la reforma administrativa del actual gobierno, se crea en diciembre del año 2000 la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene como simiente a la citada Subsecretaría y a la PFP.

2. Comportamiento del financiamiento a la seguridad pública

Se adjunta a la presente iniciativa la información de que da cuenta el anexo del Sexto Informe de Gobierno del 2006, destacando el comportamiento de la inversión en pesos corrientes de la siguiente manera:

El propósito fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido el de fortalecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno y al interior del las propias agencias del gobierno federal. Sin duda ha habido avances en el fortalecimiento de las instituciones policiales y de la propia coordinación. Sin embargo la sola apreciación de los hechos, de los que cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación, muestran que el saldo global es francamente insuficiente.

El crimen organizado, la delincuencia generalizada y nuevas, y preocupantes, expresiones como el narcomenudeo, han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre insostenible, que esta poniendo en riesgo la seguridad nacional.

Son muchos los factores que inciden en esta lamentable realidad. Queremos destacar uno de ellos: la insuficiente inversión destinada a los estados, municipios y delegaciones como ya se mostró en líneas anteriores, siendo que es en estos órdenes de gobierno en los que recae la mayor responsabilidad operativa en materia de seguridad pública. Por lo tanto, se propone aumentar el FASP y establecer por mandato de ley un monto equivalente al 1 por ciento de la recaudación federal participable (actualmente es de 0.438 por ciento), así como la asignación del 50 por ciento de tales recursos a los municipios de los estados y delegaciones del DF.

En tales condiciones se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando un monto mínimo equivalente al 1 por ciento de la recaudación federal participable. El 50 por ciento de tales recursos será distribuido entre los municipios de cada entidad federativa y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La Secretaría de...

Transitorios

Artículo Único. Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.

Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
 
 
 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El ciudadano Antonio Xavier López Adame, diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

En los últimos años, México ha dado grandes pasos en la construcción de un esquema de transparencia y de rendición de cuentas. Sin embargo, todavía hay grandes retos en esta materia.

En el camino hacia la construcción de una democracia sólida y madura, se vuelve cada vez más complejo para el gobierno satisfacer las necesidades sociales y lograr resultados tangibles, debido a la fuerte competencia por los recursos escasos y a la creciente exigencia de la ciudadanía por gobiernos más eficaces.

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados juega un papel fundamental en esta tarea, pues al ser representante de la voluntad de los ciudadanos, tiene la obligación de vigilar y cuidar la correcta aplicación de los recursos públicos.

En la medida en que los representantes populares fortalezcamos el andamiaje jurídico para vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos, dependerá el grado en que la ciudadanía confíe y encauce sus demandas por las vías institucionales y los procesos democráticos.

En el contexto democrático actual, la transparencia y la rendición de cuentas son premisas fundamentales del quehacer público. Diversos sectores de la sociedad cuentan ahora con mayores y mejores herramientas de vigilancia y reclaman por ello un mejor desempeño de sus servidores públicos. La transparencia y la rendición de cuentas permiten elevar la eficacia de las instituciones, así como evaluar su desempeño, para dar certidumbre y hacer más claro y más honesto el manejo de los recursos de la nación.

Pese a las reformas y avances recientes en materia de transparencia y rendición de cuentas, aún persisten varias deficiencias en nuestro sistema de fiscalización que provocan estancamiento económico y que tienen implicaciones políticas y presupuestales, toda vez que la corrupción, el desvío, el mal uso de los recursos, o la ineficacia de la gestión, son todas actividades que implican necesariamente el desperdicio de recursos públicos escasos.

Nuestra Propuesta

Nuestra propuesta busca establecer mecanismos legales para que cualquier partida de gasto público, pueda ser objeto de fiscalización, con independencia del carácter legal de quién ejerza dichos recursos, ya sea una entidad pública o privada, representada por una persona física o moral, constituida bajo cualquier esquema legal, incluyendo a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que reciba, administre y/o ejerza recursos públicos federales.

Los recursos de la Federación asignados y transferidos a diversas entidades públicas o privadas, deben ser sujetos de control y registro de conformidad con los principios básicos de contabilidad y los criterios que establezcan las leyes para su revisión por la entidad de fiscalización superior.

Es por ello que se propone la reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de sentar las bases para evitar que en algún momento, personas físicas o morales, así como alguna entidad con carácter público o privado, puedan recurrir al juicio de garantías y con ello sustraerse de la posibilidad de que ésta soberanía a través de la entidad de fiscalización superior, sea vigilada y auditada por el ejercicio de recursos públicos.

Actualmente, en materia de fiscalización del ejercicio del gasto, el artículo 2º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, considera únicamente como sujetos de dicha ley y cito: "los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales" (fin de la cita).

Sin embargo, el enunciado legal en comento, no esclarece si han de considerarse en dicha presunción a las personas físicas y morales, públicas o privadas, así como a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que al igual que los funcionarios públicos, manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales.

La omisión anterior, ha permitido que diversos sujetos o entidades jurídicas que debieran ser destinatarios de la norma, pretendan ejercer recursos sin la posibilidad de ser auditados por la entidad de fiscalización superior y mucho menos, que reciban sanciones equiparables a las de los funcionarios públicos por el inadecuado manejo, aplicación, ejercicio o distracción para fines distintos, de los recursos públicos federales que les han sido transferidos o asignados.

Esta situación también ha provocado que ante una posible sanción, resultado de un proceso de auditoría a un particular que haya ejercido de manera inadecuada recursos públicos federales, recurra éste al juicio de garantías, a fin de evitar le sea aplicable el artículo 2º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no contar con nombramiento ni responsabilidad determinada dentro de alguna entidad de la administración pública.

Tomando en consideración lo señalado por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ponente en el juicio de garantías promovido por el C. Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón en el expediente número 01927/2005-00, relacionado al tema de la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el que la ministra manifestó y cito: "aun cuando no se trata de un servidor público, sí es en todo caso sujeto de aplicación de la ley, en virtud de que manejó recursos que provenían del erario público y como tal tiene responsabilidad frente a la sociedad respecto de estos recursos" (fin de la cita), se considera necesaria la modificación al artículo 2º de la citada ley.

De la misma manera, consideramos necesario adicionar una fracción XXV al artículo 8º de la misma ley, para establecer que en el caso de las personas físicas o morales, públicas o privadas a las que hemos hecho referencia, éstas deberán de utilizar los recursos públicos federales que tengan asignados, exclusivamente para los fines a que están afectos, así como rendir cuentas del ejercicio de dichos recursos a las instancias correspondientes.

Además, en materia de presupuesto, se propone incluir en la definición de las entidades ejecutoras del gasto detalladas en la fracción XIII del artículo 2º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a las personas físicas o morales que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales, independientemente del origen de dichos recursos. Lo anterior busca considerar a los particulares, al igual que a las entidades y funcionarios públicos, como sujetos de asignación de recursos públicos federales y por lo tanto, responsables de estos, teniendo que rendir cuentas a las instancias de fiscalización superior, así como ser sujetos a sanciones tanto administrativas, como económicas e inclusive, penales.

Al ser recursos públicos ejercidos por particulares, la presente propuesta busca facultar a las distintas instancias fiscalizadoras para que evalúe su ejercicio, así como los logros y metas alcanzados por estos.

Lo anterior pretende evitar, dado los espacios de discrecionalidad que actualmente posee la normatividad aplicable en la materia, interponer controversias constitucionales para determinar, en primera instancia, cuál es la naturaleza de los recursos manejados y ejercidos por un particular, ya sea persona física o moral y que a su vez, sea necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar la norma y determinar lo anterior, no quedando del todo claros, los criterios de aplicabilidad, tanto para la obligatoriedad del cumplimiento de la norma para la aplicación y ejercicio del gasto público, como para la posibilidad de ser auditados por las distintas instancias de fiscalización y ser sancionados los particulares, por el inadecuado manejo de los recursos públicos federales.

En concordancia con la ampliación de la definición de los ejecutores de gasto, definidos en el artículo 2º de la propia ley, se considera necesaria la adición de una fracción IX al artículo 4º del mismo ordenamiento, así como la adición de un quinto párrafo al artículo citado, misma que considera que el manejo, aplicación o ejercicio de los recursos públicos federales realizado por personas físicas o morales, públicas o privadas, deberá llevarse a cabo en todo momento y sin excepción, con base en los principios de eficiencia, eficacia, y transparencia, estando sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos de fiscalización correspondientes, siendo posible establecer responsabilidades y sanciones aplicables, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con el Código Penal Federal y demás normatividad aplicable en la materia.

Con relación a la autonomía presupuestaria que le otorga la propia Constitución a los ejecutores del gasto, definidos en la fracción XIII del artículo 2º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, consideramos necesario en concordancia con las propuestas antes presentadas, incluir una fracción IV al artículo 5º de la propia ley, con el objeto de que las personas físicas o morales, públicas o privadas, así como fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que por cualquier medio lícito, apliquen o ejerzan recursos públicos federales, tengan la obligación de ejercer dichos recursos tomando en consideración lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y por cualquier otro ordenamiento relativo y aplicable.

En lo que se refiere a las sanciones contempladas en distintas normas vigentes, existe en la actualidad una discrepancia con respecto al rigor de las sanciones económicas y administrativas aplicables a los destinatarios de la norma. Así por ejemplo, mientras que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se establece la posibilidad de inhabilitar a los funcionarios públicos por un periodo que puede ir de uno a diez, o de diez hasta veinte años, dependiendo del daño o perjuicio causado, en el Código Penal Federal se señala un periodo máximo de inhabilitación de 14 años, generando un espacio de discrecionalidad en la determinación de las sanciones por aplicar. Por lo tanto, la presente iniciativa propone homologar las sanciones, tanto administrativas, como económicas a que fueran acreedores los sujetos de la norma modificando los párrafos tercero y cuarto, así como adicionando un quinto párrafo, del artículo 223 del Código Penal Federal.

Por lo expuesto, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de los Diputados someto a consideración de esta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como diversos numerales de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Penal Federal, en materia de fiscalización del gasto de recursos públicos federales, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un tercer párrafo, a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 79.- ...

...

Artículo 2. Son sujetos de esta ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, y todas aquellas personas físicas o morales, públicas o privadas, fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga, que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos federales.

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

Artículo 2. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Artículo 223. Comete el delito de peculado:

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentamos el siguiente Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al Primer Foro de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha del 12 de octubre del presente año, el Dip. Arnoldo Ochoa González, con el apoyo de las y los Diputados: Jorge Zermeño Infante, Emilio Gamboa Patrón, Héctor Larios, Javier González Garza, Alejandro Chanona, Marina Arvizu Rivas, Miguel Ángel Jiménez, Ricardo Cantú Garza, Gloria Lavara Mejía, Ruth Zavaleta Salgado, Tonatiuh Bravo Padilla, Xavier López Adame, y Jorge Estefan presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México.

La presidencia de la Mesa Directiva ordenó turnar la referida proposición a la Junta de Coordinación Política.

Con fecha del 17 de octubre de 2006, la Junta de Coordinación Política turnó a las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura de la Cámara de Diputados, el Proyecto de Dictamen con Punto de Acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México. Esto para proceder a la conformación de un Grupo de Trabajo encargado de llevar a cabo dicho Foro de Consulta.

El día 26 de octubre de presente, la Mesa Directiva, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, modificó el turno dictado el 17 de octubre del año en curso (mediante el Oficio Numero: D.G.P.L. -60-II-4-115), para que se convoque al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México, solamente a través de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología. Esta rectificación, bajo el argumento de que la materia del Foro de Consulta solo compete a las referidas comisiones.

CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO

Una de las características de la sociedad contemporánea es el papel central del conocimiento en los procesos productivos, al punto que el calificativo más frecuente que suele dársele es el de sociedad del conocimiento. Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la información, a través de la innovación y el desarrollo tecnológico.

Las economías mas avanzadas hoy día se basan en la mayor generación y aplicación del conocimiento. Las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Esta centralidad hace del conocimiento un pilar fundamental de la riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consideración como simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible de apropiación privada.

Por otra parte, existe una acentuada reducción del tiempo que media entre el conocimiento y su aplicación, al punto que las aplicaciones técnicas pueden llegar a determinar la orientación de la investigación científica, con posibles repercusiones para el carácter "desinteresado" tradicional de la investigación básica.

El conocimiento presenta en la actualidad, entre otras características, un crecimiento acelerado, mayor complejidad, y tendencia a una rápida obsolescencia. La llamada "explosión del conocimiento" es a la vez cuantitativa y cualitativa, en el sentido de que se incrementa aceleradamente la cantidad de conocimiento disciplinario y al mismo tiempo, surgen nuevas disciplinas y subdisiplinas.

Un planteamiento presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), en el año 2005, da cuenta de objetivos, acciones y procesos que posibilitan a la educación superior, el abrir cauces hacia la sociedad del conocimiento, entre ellos:

México ocupa el penúltimo lugar en cuanto a la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita entre los 30 países de la OCDE, lo que significa que somos una de las economías más endebles y con menos oportunidades para atender las necesidades básicas que requiere el desarrollo humano sustentable.

Por ejemplo, de acuerdo con datos de la OCDE, los mexicanos con edades entre 25 y 64 años tenemos en promedio 8.7 años de educación formal, equivalentes al 3° de secundaria; mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE es de 12 años, equivalente a preparatoria. Cabe señalar que Estados Unidos destaca con 13.8 años, equivalente a los dos primeros años de licenciatura.

Según cifras recientes de la UNESCO, la tasa bruta de escolarización del grupo de edades de 19 a 24 años atendidos por el sistema de educación superior en México es apenas el 23%, mientras que Estados Unidos tiene el 81% y Alemania el 51 por ciento. Es decir, hasta cuatro veces menor que los países más desarrollados. Si continuamos con la misma política educativa, tardaríamos 30 años en alcanzar los niveles actuales que tiene Estados Unidos.

México ocupa el lugar 15 de las 33 naciones de América Latina y El Caribe que fueron evaluadas por el Instituto de Estadística de la UNESCO, para la educación superior. Países como Barbados, Granada, Perú, Uruguay, Cuba, y Bermudas superan a México en cobertura de la educación a este nivel.

Durante el presente sexenio, según cifras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos federales destinados a la educación superior con relación al PIB no se incrementaron.

Por ejemplo, mientras en el año 2001 para la educación superior se destinaba el 0.62%, a partir del 2003 disminuye de manera sostenida hasta llegar al 0.57% registrado en este último año; por lo que se estamos aún muy lejos de alcanzar que el gasto federal represente el 1.5 % del Producto Interno Bruto.

Finalmente, el gasto por alumno del sistema público de educación superior de México ocupa el 8° lugar en América Latina, por debajo de países como Argentina, Cuba, Costa Rica, Colombia, Panamá y Uruguay. En términos reales, el gasto por alumno en el año 2006 fue de 32 mil pesos, es decir, tres mil pesos menos que en 2005.

Objetivos:

Entonces, se requiere definir una política de estado para el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Esta debe ser resultante de un pacto nacional entre los tres órdenes de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las comunidades académica, tecnológica, empresarial y la sociedad. Dicho pacto debe regirse bajo los principios de institucionalización, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad y reconocimiento al desempeño institucional.

Esta circunstancia requiere crear y operar, con la mayor urgencia, un sistema de información estadístico sobre la educación superior, de alcance nacional y con desagregación regional, estatal e institucional. Esto proveería herramientas y procedimientos adecuados para recopilar sistematizar y analizar la información.

Se requiere impulsar la cooperación internacional como herramienta que le signifique al país la posibilidad de recibir y proporcionar colaboración técnica, científica, educativa y cultural.

Es importante promover relaciones de mutuo aprendizaje y mayor horizontalidad. Muchas instituciones de nuestro país han acumulado valiosas experiencias que pueden ser transferidas a otras instituciones por vías de nuevos esquemas de cooperación, buscando reducir las asimetrías existentes.

La cooperación internacional se ha incorporado progresivamente en los procesos de generación de conocimientos hasta convertirse actualmente en el componente intrínseco de esos procesos. El creciente papel de la cooperación internacional en el campo educativo científico y tecnológico, contribuye a potenciar la infraestructura existente.

Es necesario expandir las fronteras del conocimiento y las posibilidades de nuevas tecnologías y esquemas de colaboración internacionales. Esto para que hagan posible el desarrollo de proyectos regionales, emergentes, para atender los dilemas educativos del Siglo XXI.

Es fundamental jerarquizar la colaboración internacional para concentrar los esfuerzos con América del Norte, la Unión Europea (UE) así como con las regiones y economías de países emergentes como China e India.

Debemos aplicar las propuestas generales de políticas relativas a la cooperación hemisférica, aprobadas durante la IV Reunión Ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en abril de 2004 en materia de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo.

Se requiere coordinar acciones con América Latina, particularmente con Centroamérica y el Caribe para contribuir a su desarrollo, facilitarles el acceso a la sociedad del conocimiento y llevar a cabo acciones innovadoras de interés mutuo.

Convenir con EUA y Canadá la asistencia de científicos de alto nivel que puedan prestar asesoría con el fin de fortalecer y elevar el nivel de los programas de investigación y formación de recursos humanos especializados, así como incrementar los programas de becas.

Se requiere utilizar el poder de decisión gubernamental en los organismos internacionales de cooperación financiera, con el propósito de ampliar y flexibilizar sus modalidades de financiamiento, incluyendo apoyos a largo plazo y la oferta de capital de riesgo.

Debemos fortalecer los procesos consultivos científicos internacionales cuya contribución es indispensable para lograr a escala regional y mundial un consenso intergubernamental sobre la política que se ha de seguir, así como para aplicar las convenciones regionales e internacionales.

Problemática:

El PIB por habitante, en México, no ha crecido prácticamente desde 1980. El desempeño económico de México durante las dos últimas décadas no ha permitido generar los satisfactores para incrementar el nivel de calidad de vida promedio de la población, debido a diversas causas entre las que destacan: la baja productividad general de la economía, una educación inadecuada, insuficiente innovación tecnológica y falta de políticas públicas para retomar el rumbo del crecimiento y del desarrollo económico.

En la medida en que persista un Sistema Nacional de Innovación desarticulado, que las fuentes para el financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico sean escasas, y el entorno cultural no valore cabalmente la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación, el impacto de las mismas en el desarrollo del país seguirá siendo sub-explotado.

La actual política científica y tecnológica no ha logrado todavía incidir en los niveles de competitividad nacional. En los últimos años, México ha experimentado una caída en sus niveles de competitividad nacional al pasar del lugar 33 que ocupaba en el año 2000, al 56 en 2005 dentro de la clasificación mundial de competitividad (IMD, World Competitiveness Yearbook 2005).

En 2020, México tendrá una gran proporción de población en edad de trabajar (cerca de 67%) lo que representa una oportunidad única. Por ejemplo, en la medida en que esta población ocupe empleos productivos en el sector formal, la productividad aumentará, ya que más personas tendrán acceso a la seguridad social. Además, los recursos generados para el sistema de pensiones harán que este tenga mayor viabilidad.

En materia de empleo, en los dos próximos lustros demandarán trabajo más de un millón doscientos mil mexicanos, en promedio, por año. En consecuencia, se estima que la población económicamente activa, que actualmente representa alrededor de 42.2 millones de trabajadores, ascenderá a 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020.

Existe un rezago en la formación de personas con posgrado de forma tal que, por ejemplo, mientras en el año 2003 se graduaron en México 1,443 doctores, en Brasil fueron 7,729, en España 6,436, en Corea 7,623, y en Estados Unidos de América (EUA) 45,075. De igual forma, el número de personas dedicadas a las actividades de Investigación y Desarrollo (I&D) es muy reducido: por cada mil empleos la República Checa tiene 5.8 investigadores, Alemania 12.2, Hungría 6, Japón 13.6, Corea 8.4, España 8.5, la Unión Europea (UE) 10.1 y México alrededor de 0.9. Estos indicadores, conviene apuntar, revelan el estado del Sistema Nacional de Innovación, y no solamente de las Instituciones de Educación Superior.

Los esfuerzos realizados para repatriar a nuestros estudiantes de posgrado del extranjero, no han sido suficientes para incorporarlos en nuestra planta laboral y en las instituciones y centros de investigación, por lo que continúa la "fuga de cerebros". Aunado a lo anterior no se han generado espacios laborales suficientes y adecuados para incorporar el número de egresados de posgrado e investigadores que demandan empleo.

Aunque en las últimas décadas el número de docentes de tiempo completo en general ha aumentado en las IES, persiste un alto porcentaje de profesores contratados por asignatura, lo cual inhibe la posibilidad de hacer de la investigación una parte nodal del sistema de educación superior en México.

Por otra parte, aunado al problema de insuficiencia en la formación, persisten niveles desiguales de calidad y pertinencia académica en las IES. Así como una desarticulación del sistema de educación superior con los niveles educativos previos, particularmente el medio superior.

En cuanto a la calidad, se imparten 4,600 programas de posgrado de los cuales únicamente 5.3% (244) cuentan con el parámetro de "Alto Nivel" o "Competentes a Nivel Internacional".

La comparación internacional muestra que México aún está muy por debajo de otros países en número y ritmo de crecimiento de la planta de investigadores. Baste señalar que en 1993 España contaba con 41,681 investigadores de tiempo completo, una cifra superior a los que tenía nuestro país una década después. Si se toma como referencia a otros países, esa brecha resulta aún más grande.

Otro fenómeno que se puede observar en México es el envejecimiento de la planta de investigadores y la inexistencia de mecanismos adecuados para el ingreso de nuevos investigadores en las proporciones debidas.

Del total de los investigadores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 12,200 aproximadamente, el 78% de ellos tenía más de 40 años y únicamente 0.1% menos de 30. De 1994 a 2004 se incorporaron únicamente alrededor de 5 mil investigadores.

Debe considerarse que a esta problemática se suma la falta de tabuladores uniformes; el régimen laboral y de seguridad social actual impide a los investigadores su movilidad entre instituciones y centros de investigación de una misma entidad federativa o de diferentes, lo cual se traduce en un factor adicional que limita su aprovechamiento.

Los recursos humanos empleados también son reducidos, particularmente en ciencia aplicada y desarrollo tecnológico. En el año 2004 se empleaban 6,251 personas El universo de CPI dependientes de las secretarías de Estado, se compone de 20 centros e institutos para atender el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los sectores de energía (3), salud (13), agricultura (2), medio ambiente y recursos naturales (1) y educación pública (1).

Pese a esta capacidad física, el monto acumulado estimado en inversión total en infraestructura en CyT en nuestro país, de 1970 a 1999, fue de 5,754 millones de dólares, cantidad que representa 40.2% de la inversión realizada por Brasil en el mismo periodo, 31.2% de la de España, 25.9% de la de Corea, 13.1% de la de Canadá y sólo 0.65% de la de EUA.

Uno de los problemas estructurales que presenta el país es el escaso nivel de inversión privada en la ciencia y la tecnología, si se compara con otros países llamados emergentes. Si bien se reconoce que la participación privada en Investigación y Desarrollo Experimental (IDE) en México se ha incrementado últimamente por los estímulos fiscales, su proporción en el gasto total es baja (33%) si consideramos que en países como Japón, el sector productivo financia 73% del total, en Corea 72%, en EUA 67%, en España 47% y en Brasil 38 por ciento.

Esta baja proporción en la inversión privada se explica en gran parte por la ausencia de políticas, instrumentos y mecanismos consistentes y ágiles que apoyen e incentiven la actividad científica y tecnológica.

Cabe destacar que la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (Comcyt), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoce que la inversión en ciencia y tecnología (CyT) equivalente al 1 por ciento del PIB, meta usual de muchos países latinoamericanos, no resulta suficiente para alcanzar niveles importantes de desarrollo y reducir la creciente brecha científica y tecnológica. En México no invertimos ni la mitad de ese indicador.

El Sistema Nacional de Innovación debe considerar no únicamente a las empresas privadas, sino también y de manera compartida a las empresas públicas, donde se hace indispensable impulsar los procesos de innovación que permitan mayor competitividad en el mercado interno e internacional. Con frecuencia las empresas proveedoras del sector público, cuando disponen de planes de desarrollo competitivo de mediano plazo, se convierten en fuertes competidores de clase mundial, circunstancia que protege la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

Uno de los indicadores internacionales aplicado para medir la capacidad innovadora de un país son las patentes. En México las patentes otorgadas reflejan un bajo rendimiento innovador, de forma tal que entre los años 2000 y 2004, solamente en 2002 se rebasó el tope de las seis mil y, a partir de esta fecha, se registra una tendencia decreciente.

Lo anterior nos lleva a afirmar que carecemos de políticas para el desarrollo de la productividad, para impulsar un esfuerzo coordinado y sostenido mediante políticas públicas de largo plazo, consistentes y con recursos adecuados.

La generación de la capacidad tecnológica es limitada, ya que no se cuenta con el fomento a las inversiones privadas apropiadas ni con políticas públicas de institucionalización y fomento de las relaciones entre quienes participan en investigaciones científicas y el sistema productivo nacional.

Además, podemos afirmar que las IES representan el eslabón más débil del Sistema Nacional de Innovación, al carecer de políticas de largo plazo e incentivos permanentes para su vinculación con el sector productivo, que incluya la continua revisión y adaptación de los programas de estudio para responder con mayor claridad y certeza a las demandas del mercado y a las necesidades productivas y competitivas del país.

Las políticas en ciencia y tecnología no están vinculadas a otras políticas públicas, lo cual es indispensable dado el papel que pueden asumir en la resolución de diferentes problemáticas relativas al desarrollo productivo (agrícola, industrial y de servicios), la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, la preservación de la cultura y otros campos. Para que este conjunto de políticas genere efectos sinérgicos es necesaria la articulación entre las mismas.

No contamos con políticas ni mecanismos eficaces de promoción para las pequeñas y medianas empresas a nivel estatal, y en muchos casos, el entorno para la cooperación de instituciones y actores relacionados con el desarrollo local, como la educación, la innovación tecnológica, el empleo, la información empresarial y la búsqueda de mercados externos que requiere el desarrollo regional, no es favorable. Sin embargo, la percepción de la necesidad de cooperación entre estos actores crece de manera sostenida.

Por otra parte, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación no puede lograrse mediante una planificación centralizada de todas las funciones públicas a ellas vinculadas, que implique una detallada definición de las acciones a realizar. Se carece de una visión compartida y una actitud de sensibilidad de los encargados de formular políticas hacia el valor del conocimiento científico y tecnológico.

El actual tratamiento de la política nacional en ciencia y tecnología, parte de la Constitución Política, que en la fracción V de su artículo 3o., referido a la educación, dispone de manera escueta que el "Estado apoyará la investigación científica y tecnológica" (fracción V), lo cual no tiene una expresión como parte de la estrategia del desarrollo económico y social, ni está vinculada con la planeación del país, lo que sigue reflejándose en diseños de política que tienen un origen meramente gubernamental.

Si bien el Conacyt actúa jurídicamente como cabeza de sector, la realidad es que este organismo sólo maneja aproximadamente 30 por ciento del gasto federal en la materia, pues el resto se encuentra en las diversas secretarías, organismos descentralizados y algunos organismos desconcentrados y empresas paraestatales.

Algunas de las conclusiones más relevantes de este análisis del modelo institucional actual de la ciencia y la tecnología son: la política de ciencia y tecnología en México se encuentra en un proceso de tránsito, de una política gubernamental hacia una política pública; los cambios institucionales recientes representaron avances importantes, pero resultaron insuficientes; se debe buscar un diseño en red en el cual el Conacyt, o algún órgano equivalente, tenga la capacidad de orientar efectivamente la política; el actual sistema de planeación y evaluación no permite establecer con claridad los comportamientos, sectores y áreas que se quieren incentivar e impulsar; y es necesario realizar cambios adicionales al diseño institucional de la política científica y tecnológica.

Por tanto, el punto de acuerdo propone: Analizar la aplicación de una política de Estado en materia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con una visión de largo plazo y como parte fundamental de la estrategia de desarrollo económico y social del país.

Entendiendo por políticas de Estado, que se aspira a que la política tenga una mayor estabilidad temporal y que se asocie con los siguientes valores:

Con base a los motivos expuestos, se habrá de llevar a cabo una consulta parlamentaria sobre educación media superior y superior, ciencia y tecnología, con el propósito de conciliar las visiones, misiones y objetos de las organizaciones y grupos parlamentarios que integran esta LX Legislatura.

Para ello, habrá de conformarse un grupo de trabajo plural que refleje la representatividad de los grupos parlamentarios integrado por once diputados que deberán ser preferentemente miembros de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología.

Para cumplir con las finalidades señaladas y reconociendo los logros alcanzados por la educación media superior, superior y los retos emergentes, es necesario identificar los programas y las acciones que ameriten continuidad para consolidar los avances logrados, así como los cambios requeridos para transitar a una nueva fase de desarrollo, se debe reconocer que diversos objetivos planteados por las políticas públicas no se cumplirán plenamente si no se cuenta con políticas de estado para la educación, la ciencia y la tecnología, que trasciendan los programas y metas sexenales.

Por lo anteriormente expuesto, las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, reunida el 18 de octubre de 2006, y de Ciencia y Tecnología, reunida el 26 de octubre del año en curso, aprobaron en sus plenos el dictamen al punto de acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al primer Foro de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México, bajo los siguientes:

Resolutivos

Primero. Para la conformación del grupo organizador del primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México, se integrará a un diputado coordinador y a diez diputados, preferentemente integrantes de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, mismos que deberán reflejar la pluralidad de la composición de la honorable Cámara de Diputados.

Segundo. El primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, y Ciencia y Tecnología de México, se llevará a cabo durante el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo.

Tercero. El Grupo de Trabajo gestionará ante la Cámara de Diputados y las instituciones de educación media superior y ciencia y tecnología participantes, los recursos necesarios para cubrir los costos del primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Cuarto. El Grupo de Trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos al Foro Parlamentario guiará sus trabajos bajo los siguientes criterios básicos:

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de octubre de 2006

Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila, secretario; Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), secretario; Delber Medina Rodríguez (rúbrica), secretario; Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), secretario; Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), secretario; Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretario; Abundio Peregrino García, secretario; Ariel Castillo Nájera (rúbrica), secretario; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández, Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Concepción Ojeda Hernández, María del Carmen Pinete Vargas, Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Tomas José Luis Varela Lagunas (rúbrica).

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología

Diputados: Silvia Luna Rodríguez (rúbrica), presidenta; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), secretario; Antonio Vega Corona, secretario; Sergio Hernández Hernández (rúbrica), secretario; Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretaria; Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Francisco Domínguez Servien, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Javier González Garza, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Marcos Matías Alonso (rúbrica), Sergio Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Francisco Martínez Martínez, Fabián Fernando Montes Sánchez (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís, Ector Ramírez Barba (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Daniel Torres García (rúbrica), Jaime Verdín Saldaña (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de 162 días de conflicto y derivado de los acontecimientos de los últimos días y horas, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a presentar licencia o renunciar a su cargo, con la finalidad de contribuir al restablecimiento de la gobernabilidad, el orden jurídico y la paz en dicha entidad federativa.

Segundo. Una vez atendido el presente exhorto, la Cámara de Diputados llama a todos los actores políticos y sociales a retornar a la normalidad para una solución pacifica al conflicto y evitar cualquier acto de violencia en el estado de Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de octubre de 2006.

Diputados: Javier González Garza, Héctor Larios Córdova, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Cantú Garza, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Marina Arvizu Rivas (rúbricas).

(Aprobado; comuníquese. Octubre 30 de 2006.)
 
 

La Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso g) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adopta el siguiente acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero.- Que la Cámara de Diputados acordó, la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo federal ante comisiones ordinarias, en el marco de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.- Que la Cámara de Diputados acordó llevar a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza ante la Comisión de Seguridad Pública de acuerdo al criterio establecido en el artículo 39, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Que la Cámara de Diputados acordó que las comparecencias de los funcionarios ante comisiones ordinarias se desarrollarán conforme a las bases y formato que tuvieran a bien acordar y establecer las propias comisiones.

Cuarto.- Que la Comisión de Seguridad Pública en su reunión plenaria del 18 de octubre de 2006, aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL VI INFORME DE GOBIERNO.

Quinto.- Que la comparecencia del licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, titular de la Secretaría de Seguridad Pública se llevaría a cabo el martes 31 de octubre de 2006, a las 16 horas.

Con base en las consideraciones expuestas, la Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Pública aprueba el siguiente

Acuerdo

Primero.- La comparecencia del licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, titular de la Secretaría de Seguridad Pública que se llevaría a cabo el martes 31 de octubre de 2006, a las 16 horas, se pospone.

Segundo.- La Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Pública señalará a la brevedad nueva fecha y hora para la celebración de la de referencia.

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Mesa directiva de la Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; María Sofía Castro Romero (rúbrica); Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica); Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica); Patricia Villanueva Abraján (rúbrica); Armando Barreiro Pérez (rúbrica); Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios.
 
 
 

Intervenciones por diputadas o diputados representantes de los grupos parlamentarios miembros de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, en el siguiente orden, por comisión y partido político, con una duración de 8 minutos por intervención inicial.

Las intervenciones para esta segunda ronda serán de 5 minutos por diputado.

La intervención por diputado para la tercera ronda será de 5 minutos.

Clausura de la comparecencia a cargo del presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.
 
 

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES
2005		2006
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Producción
(variación porcentual anual)
IGAE 1	2.4	5.6	4.3	7.0	1.5	6.2	6.8	5.0	-	-
Producción manufacturera 2	1.8	6.2	4.7	10.2	-1.8	6.1	7.5	5.7	5.6	-
Empleo, Salarios y Productividad
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3	2.8	3.5	3.6	3.4	3.3	2.9	3.3	4.0	4.0	4.0
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4	13,185	13,222	13,345	13,484	13,549	13,614	13,702	13,787	13,866	-
Personal ocupado Ind. Manufacturera (var.% anual)	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.6	2.0	2.0	-	-
Productividad en la Ind. Manufacturera (var.% anual) 5	-0.4	5.2	4.6	4.5	3.6	5.2	4.2	3.0	-	-
Salario base de cotización al IMSS 6	163.4	168.0	168.8	167.3	167.6	169.9	169.6	-	-	-
Remuneraciones medias Ind. Manufacturera (var. % anual) 7	-0.7	0.3	1.0	0.2	0.9	1.3	-0.1	0.7	-	-
Inflación 8
(variación porcentual)
Mensual	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1	-0.4	0.1	0.3	0.5	1.0
Acumulada	3.3	0.6	0.7	0.9	1.0	0.6	0.7	0.9	1.4	2.5
Anual	3.3	3.9	3.7	3.4	3.2	3.0	3.2	3.1	3.5	4.1
Sector Monetario y Financiero
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9	10.6	10.5	10.5	10.7	11.0	11.1	11.4	11.0	10.9	11.0
Cetes 28 días (%)	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
Reservas Internacionales (mdd) 10	68,669	67,305	67,329	67,487	70,611	75,619	78,743	77,624	65,866	67,303
Sector Externo
(millones de dólares)
Balanza comercial 11	-1,208	694	231	-192	257	-83	-366	-319	-784	-
Exportaciones	19,394	19,206	18,729	20,917	19,761	22,721	21,292	19,876	22,826	-
Importaciones	20,601	18,512	18,499	21,108	19,504	22,804	21,657	20,195	23,610	-
Petróleo
Precio mezcla mexicana (USD por barril)	44.9	50.2	48.8	51.4	57.2	56.8	55.5	60.1	60.8	-
	1,848	2,052	1,968	1,986	1,833	1,831	1,776	1,635	1,776	-
Finanzas Públicas
(millones de pesos)
Balance Público	-114,989	11,354	13,097	25,457	36,575	21,603	-25,021	-3,949	33,491	-
Balance Presupuestario	-112,881	14,512	10,745	26,212	38,900	21,886	-27,409	-3,451	29,011	-
Ingresos Presupuestarios	195,723	194,487	175,957	193,242	189,974	183,101	184,761	198,714	183,698	-
Gasto neto presupuestario	308,604	179,975	165,213	167,031	151,074	161,215	212,169	202,165	154,687	-
Balance No Presupuestario	-2,108	-3,158	2,352	-755	-2,325	-283	2,611	-498	4,479	-
Balance Público Primario	-89,352	37,559	26,297	46,942	56,251	36,754	12,585	19,431	51,955	-
Deuda pública externa bruta (mdd)	71,675	74,857	72,221	72,048	71,871	71,531	73,003	69,786	68,851	-
Deuda interna bruta del Gobierno Federal	1,242,154	1,255,274	1,286,332	1,284,643	1,316,380	1,348,965	1,380,169	1,403,600	1,533,047	-
Economía Internacional
Estados Unidos
Índice de producción industrial 12	3.5	3.2	3.1	3.7	4.6	4.4	4.7	5.2	4.7	-
Inflación mensual (%)	-0.1	0.7	0.1	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	-
Inflación acumulada (%)	3.4	0.7	0.8	1.1	1.7	2.1	2.3	2.8	3.0	-
Comercio Exterior (mdd) 13	-64,174	-66,302	-62,744	-62,096	-63,590	-65,407	-64,818	-67,998	-69,857	-
Exportaciones (mdd)	112,567	114,733	113,787	115,910	116,063	118,571	121,246	119,723	122,421	-
Importaciones (mdd)	176,741	181,035	176,531	178,006	179,653	183,978	186,064	187,721	192,278	-
Tasa Prime Rate (promedio % anual)	7.2	7.3	7.5	7.5	7.8	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3
Tasa Libor un mes (promedio % anual)	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.4	5.3	5.3
Euro (pesos por divisa)	12.5	12.8	12.5	12.9	13.6	13.6	13.8	13.2	13.8	14.0
Yen (pesos por divisa)	0.090	0.091	0.089	0.092	0.094	0.098	0.105	0.098	0.098	0.094

 

INDICADORES OPORTUNOS
	Fecha	2005	2006
Inflación
Acumulada (var.%)	2da. quincena de septiembre	1.82	2.54
Quincenal 14 (var.%)	"	0.06	0.49
Cetes 28 días (%)	19 de octubre	8.94	7.05
Reservas internacionales netas (mdd)	13 de octubre	62,331.2	67,470.2
Precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo	20 de octubre	46.68	47.06
Tasas de interés (promedio % anual)
Prime Rate	19 de octubre	6.75	8.25
Libor 1 mes	19 de octubre	4.00	5.32
Tipos de cambio (pesos por divisa)
Dólar EU	20 de octubre	10.83	10.82
Euro	20 de octubre	13.00	13.63
Yen	20 de octubre	0.09	0.09

 
 

A la reunión de su junta directiva, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 9:30 horas, en las oficinas de la comisión (edificio D, cuarto nivel).

Atentamente
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

A su segunda reunión de trabajo -con la presencia de la embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury, subsecretaria de Relaciones Exteriores-, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre, a las 10 horas, en el salón de reuniones de la comisión (edificio D, planta baja).

Atentamente
Diputado Gerardo Buganza Salmerón
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL

A la reunión de trabajo de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, primer piso).

Atentamente
Diputada Arely Madrid Tovilla
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO

A su reunión mensual de trabajo, que se efectuará el martes 31 de octubre, a las 12 horas, en el salón C del edificio G.

Atentamente
Diputado Armando Enríquez Flores
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A la segunda reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, tercer piso).

Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 15 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Luis Luege Tamargo, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 16 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

A la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 16 horas, en el salón Legisladores de la República.

Atentamente
Diputado Rodrigo Medina de la Cruz
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

A la comparecencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, ante la convocante y las comisiones de Desarrollo Rural, y de Pesca, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en el auditorio del edificio E.

Atentamente
Diputado Héctor Padilla Gutiérrez
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

A la comparecencia del secretario de Energía, licenciado Fernando Canales Clariond, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Diputado David Maldonado González
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO

A la reunión de su mesa directiva con la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, con el tema Agenda Legislativa, que se verificará el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en el salón F del edificio G.

Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

A su primera reunión ordinaria, que se realizará el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio D, planta baja). La reunión tendrá por objetivo discutir el plan de trabajo.

Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 31 de octubre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la comisión.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO

A su reunión plenaria, que se verificará el martes 31 de octubre, a las 18 horas, en el salón Libertadores, situado en el edificio H, primer piso.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A su primera reunión extraordinaria, que se llevará a cabo el martes 7 de noviembre, a las 8:30 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la tercera reunión de su mesa directiva, que se efectuará el martes 7 de noviembre, a las 16 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, segundo piso).

Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

A su primera reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 7 de noviembre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio D, tercer piso).

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

A la reunión de su mesa directiva para establecer los lineamientos de su segunda reunión ordinaria, en la que se recibirá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, a fin de que expongan su agenda legislativa sobre el fortalecimiento de la hacienda municipal, que se realizará el martes 7 de noviembre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio D, planta baja). La reunión tendrá por objetivo discutir el plan de trabajo.

Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

A su reunión ordinaria, en la que se recibirá a los integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, a fin de que expongan su agenda legislativa para el fortalecimiento de la hacienda municipal, que se realizará el miércoles 8 de noviembre, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

A su reunión plenaria, que se verificará el miércoles 8 de noviembre, a las 13 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A su reunión de trabajo con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, CP Víctor Manuel Borrás Setién, que se verificará el miércoles 8 de noviembre, a las 13 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO

A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 8 de noviembre, a las 15 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A su segunda reunión plenaria, que tendrá lugar el martes 14 de noviembre, a las 15:30 horas, en el salón D del edificio G.

Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente
 
 

A la presentación del libro Actitudes, valores y opiniones de las elites parlamentarias de México, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, a las 13 horas, en el auditorio norte del edificio A.

Atentamente
Doctora Adriana Borjas Benavente
Directora General

Dice:

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al Pleno de esta Cámara a considerar y aprobar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida destinada al fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.

Debe decir:

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al Pleno de esta Cámara a considerar y aprobar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida específica de al menos 298.5 millones de pesos como la que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, destinada al fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.