Los suscritos, diputados y diputadas a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se someta a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo relativo al problema de los productores de caña de azúcar abastecedores del ingenio de Puga, establecido en el estado de Nayarit, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Conciente de la grave problemática que enfrenta actualmente la industria azucarera a nivel nacional, pero ponderando en lo particular la inconformidad generalizada de los productores de caña del ingenio de Puga, ante hechos que han lastimado su sentir en un trato injusto e inequitativo con esta empresa por parte de quienes la administran.
Existe una gran preocupación ante la inminente apertura comercial que, en lo particular, se dará al azúcar en el próximo 2008, como parte de lo acordado en el TLCAN, donde aún la industria azucarera en general no ha logrado una estabilidad real y los productores no han generado esquemas de organización democráticos y verdaderamente consolidados ante la dramática competencia del futuro mercado abierto.
Considerando además que el Gobierno de la República, mediante la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar ha establecido que esta rama de producción es de interés público y social y, por tanto, el papel del Gobierno en sus tres niveles tiene relevante importancia como rector de dicha actividad económica por su alto impacto social y, en el caso que nos ocupa, con respeto al esfuerzo de los industriales y las diversas organizaciones de productores, pero con el sentir de productores que en ese marco de referencia identifican el importante papel del gobierno federal por medio de Sagarpa como entidad normativa y competente para la atención de estos graves reclamos que afectan a nuestros productores de caña de azúcar.
Considerando que las autoridades, productores e industriales de caña y azúcar en el país no logran un acuerdo sobre el rumbo del sector, del que dependen 2.5 millones de personas; a una expropiación de los ingenios hoy cuestionada se ha sumado la falta de coordinación para crear reglas que den orden, rumbo y certidumbre a esta actividad para enfrentar la competencia externa y los retos a que se vera aun mas expuesta en dos años más.
Las inconformidades de los productores de caña de azúcar abastecedores con el ingenio de Puga, SA, se resumen en los siguientes puntos, a saber:
1. Ajuste del precio por tonelada de la caña de azúcar por el bajo rendimiento obtenido en fabrica (karbe).
Este es el tema central y el principal reclamo de los productores, ya que es precisamente el precio por tonelada de caña de azúcar que para esta zafra concluida estableció el ingenio, el cual lesiona gravemente a los productores. Por antecedentes probados la caña de azúcar en esta zona de abastecimiento ha llegado a los primeros lugares del país en producción de azúcar por el alto contenido de sacarosa en caña y es un absurdo el que en esta zafra hayan obtenido un rendimiento pírrico, semejante al de 11 o 12 años atrás.
Realizar un ejercicio de total transparencia entre la empresa ingenio de Puga, SA de CV, y los productores, solicitando al ingenio que les sean proporcionadas copias de los reportes semanales de las corridas, ya que estos documentos se encuentran en poder de la empresa y los productores no tienen acceso a los mismos, así como las actas de inicio, desarrollo y fin de zafra.
Derivado de lo anterior se solicita que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se constituya en mediador para realizar una revisión de los mencionados reportes y de resultar diferencias a favor de los productores les sean reconocidas y pagadas oportunamente.
Se solicita que se vuelva a otorgar los créditos de habilitación o refaccionarios que fueron suspendidos injustamente a los productores afectados, que son aproximadamente 400, y por lo que algunos, ante la dramática situación económica de sus familias, han tenido que emigrar al vecino país del norte.
A pesar de la alta producción de toneladas de caña que se logra (hasta 200 toneladas por hectárea) en aquella zona existen serias sospechas del bajo rendimiento del karbe que se obtiene de la llamada caña de la costa, cuestión que los productores han solicitado al ingenio les aclare mediante los estudios de laboratorio respectivos y que, al mezclarse esta producción de baja calidad, con la producida en la zona tradicional de abastecimiento afecta seriamente el karbe final y, por lo tanto baja el precio de la tonelada de caña.
Igualmente, la recepción de esa "caña de la costa", la cual es recibida por el ingenio con un sinnúmero de impurezas, como si fuera caña moledera y no se tiene la información sobre el porcentaje de descuento que se hace a ese producto, el cual se mezcla con nuestra caña, bajando también con esto el rendimiento de su producción de caña.
Se les proporcione el padrón de los productores de esa nueva zona de abastecimiento.
Se transparente la información relativa al rendimiento por hectárea de la caña producida en esa región.
Se transparente la información de los resultados obtenidos de las muestras de laboratorio de campo de la "caña de la costa".
Se transparente el informe a los productores, mediante copias de recibo de recepción en la báscula o en su defecto los informes que se otorga a los productores de la costa del total de caña recibida, cuál es el porcentaje de descuento por impurezas que se les hace.
La principal solicitud es que para la siguiente zafra se otorgue un trato diferenciado en cuanto al rendimiento que logre la producción en estas dos zonas de abastecimiento, o sea, la de la parte alta y la de la costa, para así obtener un pago justo.
Se requiera por medio de la Sagarpa, y con base en las facultades que le otorga la ley de la materia, se dé un informe público y, por escrito, por parte del Comité de Producción Cañera de este ingenio, donde se justifique y someta a la aprobación de los productores los gastos de cosecha, los gastos distribuibles, los derivados de la contratación de cortadores y varios.
Se dé cumplimiento cabal a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, respetando los tiempos establecidos en la propia ley.
Cabe señalar que el problema del pago de los cheques que contienen el pago de las liquidaciones de zafra 2005-2006, el cual consiste en la carencia de fondos de los mismos ante las instituciones bancarias, es un problema coyuntural y accesorio a los principales que son los que se han enumerado anteriormente. A la fecha aún existen muchos productores de caña abastecedores del Ingenio de Puga a los que no se les ha pagado dicha liquidación por falta de fondos.
El gobierno del estado de Nayarit ha hecho intentos de mediación entre los productores afectados y la empresa mencionada sin lograr avance alguno.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia por la inmediata solución de la problemática del ingenio de Puga, ubicado en el estado de Nayarit, y exhorta a la empresa, así como a las autoridades de la entidad, la Sagarpa y la Secretaría de Gobernación para que en el marco de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se dé respuesta inmediata y favorable a las demandas de los productores afectados.
Diputados: Patricia Castillo Romero, María
Eugenia Jiménez Valenzuela, Sonia Partida, Miguel Ángel Navarro
Quintero (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT Y A LA SHCP A REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
PARA COMPROBAR LA VIABILIDAD DE LA REDUCCIÓN DEL PEAJE QUE PAGAN
LAS MOTOCICLETAS EN LAS AUTOPISTAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ GILDARDO GUERRERO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos décimo segundo, y décimo tercero del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado por el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2006, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras obligaciones, la de los mexicanos a contribuir para los gastos públicos de la federación, el Distrito Federal, el estado y el municipio en que residan de manera proporcional y equitativa, según lo dispongan las leyes.
Realizando un análisis del referido precepto constitucional, entendemos que el cumplimiento de esta obligación tiene un contenido económico que se traduce en el pago de una contribución, cuya cuantía la establece el Estado a cargo del causante; y un contenido político económico que es el de participar en los gastos que requiere la nación para su existencia, seguridad y desarrollo.
Siendo que para determinar la cuantía de una contribución, nuestro máximo ordenamiento, además establece, que dicha facultad debe ser ejercida de manera proporcional y equitativa, criterio que se utiliza para juzgar la constitucionalidad de las leyes tributarias; como ha quedado evidenciado en diversas tesis jurisprudenciales, cualquier contribución que no cumpla con esas características es una contribución inconstitucional.
Ahora bien, considerando que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo segundo, establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, definiendo a estos últimos como la contribución establecida en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, "el pago de peaje" queda claramente clasificado como un derecho, tanto en las autopistas administradas por el Estado, como en el caso de las concesionadas a los particulares, por tanto, su determinación esta sujeta a los principios de equidad y proporcionalidad.
En consideración de lo anteriormente expuesto, observamos que la cuota de peaje establecida en nuestro país para las motocicletas, es el mismo a aquél que deben pagar los vehículos de dos ejes, lo cual podría considerarse por simple lógica, como desproporcionado e inicuo, y no obstante aún cuando la situación descrita ya fue expuesta en la LIX Legislatura por diputados de mi bancada, a la fecha las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, no han realizado estudios técnicos y financieros con los que se pueda afirmar o negar el dicho de la Asociación Mexicana de Motocicletas, AC y la Federación Mexicana de Motociclismo AC quienes refieren que las motocicletas desgastan proporcionalmente menos las vías terrestre de comunicación y por ende deberían pagar proporcionalmente menos.
En este orden de ideas, ya que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 36 fracción XII establece que es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobre de los mismos, y por su parte, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en sus artículos 5, fracción VIII, y 15, fracción VIII, señala como facultad de la misma secretaría establecer las bases generales para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes, y poner a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las mismas para ser fijadas, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, a qué, en el ámbito de sus atribuciones, realicen un análisis de todos los elementos relevantes, para determinar la viabilidad técnica y financiera de una reducción en el peaje pagado por las motocicletas en la red de autopistas del país.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones reduzcan de manera proporcional el peaje de las motocicletas en las autopistas del país, si los estudios arriba mencionados comprueban que es viable la reducción del pago de peaje que realizan las motocicletas.
Tercero. Se solicita a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda, remitan a esta soberanía, un reporte de conclusiones sobre el contenido de esta proposición con punto acuerdo.
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AL
TITULAR DE LA SHCP, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Francisco Javier Calzada Vázquez, Diputado Federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, por el que solicita comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, al tenor de lo siguiente:
Considerando
I. Que de conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso General del estado que guardan sus respectivos ramos.
II. Que el artículo 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Junta de Coordinación Política para someter a la consideración del Pleno los proyectos de puntos de acuerdo necesarios para que la Cámara de Diputados ejerza las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden.
III. Que mediante comunicado de la Subsecretaría de Egresos de la Unidad de Política y Control Presupuestario, hizo llegar a todas las secretarías de Finanzas de las entidades federativas la aplicación de un ajuste a nivel nacional de 4 mil 922 pesos al presupuesto aprobado para 2006 en el Ramo General 39, del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
IV. Que las adecuaciones presupuestarias que propone la dependencia no cumplen lo dispuesto en el último párrafo del artículo 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en virtud de que la variación debe ser mayor de 5 por ciento del presupuesto total del ramo y el ajuste de disminución que se pretende aplicar es superior a 20 por ciento.
V. Toda adecuación presupuestaria debe ser reportada en los informes trimestrales de finanzas públicas y, con base en ello, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía debe emitir opinión al respecto, por lo que todavía no debe ser hecho consumado.
VI. Con la finalidad de profundizar en la disminución de ajuste presupuestal, analizar que la acción esté sustentada conforme a derecho y evitar un posible enfrentamiento entre entidades federativas y la federación, la Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente la comparecencia del secretario de despacho a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se realice ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7 y 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
De obvia y urgente resolución
Único. Que el secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado José Francisco Gil Díaz, comparezca ante el Pleno de la Cámara de Diputados entre el lunes 6 y el jueves 9 de noviembre.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR UN
ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS
SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS RAÚL
CERVANTES ANDRADE Y EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, por acuerdo del pleno del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, como se acredita con el visto bueno de uno de los secretarios de la Mesa Directiva del mismo, concurro a esta tribuna para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que emita un acuerdo relativo a la organización del orden del día de las sesiones del Pleno de la honorable Cámara de Diputados.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. El artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le corresponden.
2. En cumplimiento al mandato antes descrito, efectivamente el día 1 de septiembre del año en curso se celebró sesión del Congreso General para instalar el primer periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura; en este entendido, la Cámara de Diputados celebró su primera sesión ordinaria, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones de la LX Legislatura, el día 5 de septiembre de 2006.
3. Del día 5 de septiembre al 26 de octubre se han celebrado un total de 11 sesiones ordinarias, en las cuales la producción legislativa ha sido la siguiente:
c) Se han presentado 79 iniciativas; y
d) Se han presentado un total de 177 puntos de acuerdo.
II. Consideraciones
1. Los puntos de acuerdo son las propuestas que hace un legislador o grupo parlamentario para solicitar al Ejecutivo información sobre algún ramo de la administración pública, citar a comparecer a algún funcionario de la federación, exhortar al Ejecutivo a acatar alguna disposición o convocar al Congreso a modificar alguna normatividad en un sentido específico; asimismo, puede representar la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, de los estados o de los municipios.
2. La importancia que los puntos de acuerdo representan para el trabajo legislativo es innegable, pues su naturaleza fundamental es la de tratar temas de coyuntura política y se presentan para resolver, posicionar o proponer solución inmediata a algún tema de la agenda política nacional o local, que para los proponentes y sus representados en cada uno de los distritos revisten particular y especial interés.
3. No obstante, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, propone no perder de vista la función sustantiva de la Cámara de Diputados: legislar, y para ello se requiere la presentación del mayor número de iniciativas en cada uno de los temas de interés de la sociedad, así como dedicar un mayor tiempo al análisis, discusión y aprobación de dictámenes que presenten las comisiones ordinarias, que permitan, por un lado, abatir el rezago legislativo y, por otro, legislar sobre temas de interés nacional y dedicarle al debate en tribuna el mayor tiempo posible, a fin de que todos los grupos parlamentarios podamos expresar nuestros posicionamientos de cara a la sociedad que nos eligió y que espera que hagamos un trabajo productivo, eficiente y eficaz para resolver los problemas en el ámbito de nuestra competencia constitucional como Poder Legislativo.
4. Aunado a lo anterior, se propone que en el orden del día los puntos de acuerdo se prioricen por cada uno de los grupos parlamentarios para su presentación en tribuna, y para la calificación de urgente y obvia resolución se observará puntualmente lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Este es el espíritu que inspira la propuesta que hoy se presenta, consistente en que la Junta de Coordinación Política emita un acuerdo relativo al orden del día de las sesiones ordinarias, y lo someta a nuestra consideración y votación, en el que se establezca que, de las cuatro horas destinadas a la sesión, se dedicará una hora para la presentación de puntos de acuerdo por parte de los ciudadanos diputados.
6. El acuerdo que, en su oportunidad, emita la Junta de Coordinación Política deberá establecer que respecto al resto de los puntos de acuerdo que hayan sido inscritos y publicados en la Gaceta Parlamentaria para su presentación en la sesión ordinaria, que debido al tiempo dedicado para su presentación en tribuna no puedan presentarse ante el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el día de su inscripción, serán grabados por los diputados proponentes y transmitidos inmediatamente al concluir la sesión por el Canal de Televisión del Congreso.
Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito, por acuerdo del pleno del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados que, en uso de sus facultades y atribuciones, elabore con la mayor brevedad un acuerdo parlamentario y lo someta a consideración del Pleno para su aprobación, relativo a la organización del orden del día de las sesiones, a fin de que se determine que, de las cuatro horas de duración de las sesiones ordinarias, una hora se destine a la presentación de proposiciones con puntos de acuerdo y el resto a la presentación de iniciativas, así como análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes que presenten las comisiones ordinarias para abatir el rezago legislativo y la atención de las iniciativas turnadas durante la presente legislatura para su estudio y dictamen.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre del año 2006.
Diputados: Raúl Cervantes Andrade, Eduardo
Sánchez Hernández (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB, A LA SCT, A LA SHCP Y A LA COFETEL A BRINDAR SEGURIDAD
A LAS ESTACIONES RADIOFÓNICAS EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL
DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero: Que la Ley Federal de Radio y Televisión establece en el artículo 4o. "la radio y a televisión constituyen una actividad de interés público; por tanto, el Estado deberá protegerlas y vigilarlas para el debido cumplimiento de su función social";
Segundo: Que el artículo 8o. de la referida ley señala que "es de jurisdicción federal todo lo relativo a la radio y a la televisión";
Tercero: Que el artículo 10 señala que compete a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y de televisión no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y la paz públicos, así como denunciar los delitos que se cometan en agravio de las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión;
Cuarto: Que en el estado de Oaxaca, como consecuencia del conflicto, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, en el ejercicio de sus atribuciones, garantice la seguridad de dichas estaciones radiofónicas;
Quinto: Que la seguridad de las estaciones radiofónicas en el país, así como la integridad de las personas que en ellas labora, deberá ser garantizada por las dependencias que la ley multicitada establece;
Sexto: Que es necesario que las dependencias del gobierno federal referidas en la Ley de Radio y Televisión garanticen la seguridad de las estaciones radiofónicas para que no se vuelvan a presentar hechos como los de Oaxaca;
Séptimo: Que el pasado jueves 26 de octubre, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, señaló que el gobierno federal garantizará que hechos como los presentados en Oaxaca contra las estaciones radiofónicas no volverán a ocurrir;
Octavo: Que el presidente se comprometió con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión a que antes que concluya su gestión, se apoyará con diversas medidas a quienes resultaron afectados en sus bienes y propiedades;
Noveno: Que el pasado jueves 26 de octubre inició transmisiones de manera ilegal una estación de radio en la frecuencia 99.10 de FM, denominada Radio Ciudadana, La Voz de Oaxaca, desde donde se apoya al gobernador Ulises Ruiz y se señala de manera irresponsable a terceros de estar atrás del conflicto, generando con ello mayor encono entre los oaxaqueños; y
Décimo: Que la utilización ilegal del espectro radioeléctrico obliga a las autoridades correspondientes a investigar esos hechos.
Se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se solicita a la Secretarías de Gobernación y a la de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que garanticen en el ámbito de sus respectivas atribuciones la seguridad de las estaciones radiofónicas en el estado de Oaxaca.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a condonar, en el ámbito de su competencia, el pago del IVA y del ISR a las estaciones radiofónicas por el tiempo en que estuvieron fuera de servicio.
Tercero: Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a los responsables intelectuales y materiales de transmitir de manera clandestina por la frecuencia 99.10 de FM, denominado Radio Ciudadana, La Voz de Oaxaca, desde donde se hace proselitismo a Ulises Ruiz y se señala de manera irresponsable a terceros de estar atrás del conflicto, generando con ello mayor encono entre los oaxaqueños.
Cuarto: Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que bloquee de inmediato la transmisión clandestina que se hace llamar Radio Ciudadana, La Voz de Oaxaca, por la frecuencia 99.10 de FM, y a actuar en consecuencia, presentando las denuncias ante las autoridades correspondientes por la utilización ilegal del espectro radioeléctrico.
Diputado Humberto López Lena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, CON OBJETO
DE EXIGIR AL EJECUTIVO FEDERAL EL CESE INMEDIATO DE LA REPRESIÓN
EN EL ESTADO DE OAXACA, LA LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS Y LA SALIDA
URGENTE DE LA PFP; Y DE EXHORTAR A ESTA CÁMARA A INICIAR JUICIO
POLÍTICO CONTRA EL GOBERNADOR ULISES RUIZ, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito diputado José Antonio Almazán González, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de exigir al Ejecutivo federal el cese inmediato de la represión en el estado de Oaxaca, la liberación de los detenidos, la salida inmediata de la PFP, y un exhorto a esta H. Cámara para que inicie juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz.
Considerandos
1. Como es de conocimiento público el pueblo de Oaxaca desde hace cinco meses viene exigiendo, por medios pacíficos, la salida del gobernador Ulises Ruiz, enfrentándose a una total cerrazón por parte de los gobiernos local y federal. De los que únicamente ha recibido medidas represivas y dilatorias.
2. A partir de los hechos sangrientos provocados por policías y paramilitares en el estado de Oaxaca el viernes 27 de octubre de los corrientes, en los que murieron 4 personas incluido un corresponsal de nacionalidad norteamericana, el gobierno federal tomó esto como pretexto para la intervención de la Policía Federal Preventiva. La PFP ha reprimido de manera brutal a los miembros de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, cateando domicilios sin orden judicial y desmantelando barreras e instalaciones de la APPO.
3. Como resultado de lo anterior el número de muertos se ha incrementado con tres nuevas víctimas, un número indeterminado de heridos y de detenidos, causándose una ola de indignación en todo el pueblo de Oaxaca que ahora se moviliza hacia la capital del estado.
Por lo que el resultado de esta bárbara agresión del gobierno federal puede incrementar la desestabilización de esa entidad y del país todo, hacia una cadena sin fin de violencia.
La brutal represión se ordenó sin haberse agotado la vía del diálogo y de una solución negociada al conflicto.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El cese inmediato de la represión contra la APPO y en general contra el pueblo de Oaxaca.
Segundo. La liberación inmediata de los detenidos y la presentación de los desaparecidos.
Tercero. La salida inmediata de la Policía Federal Preventiva.
Cuarto. Asimismo exhorto a esta H. Cámara a iniciar juicio político en contra del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz.
Quinto. El deslinde de responsabilidades y castigo por los homicidios y demás actos brutales e inconstitucionales ejecutados en contra del pueblo de Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 octubre de 2006.
Diputado José Antonio Almazán González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ESTABLECER UN PROGRAMA URGENTE DE APOYO
AL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TOLEDO LUIS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El progreso, el desarrollo, el bienestar y la seguridad son indispensables para la convivencia y la superación de todos los pueblos; nadie, absolutamente nadie debe carecer de estos derechos.
El estado de Oaxaca ha transitado a lo largo de su historia por la senda de la marginación y el rezago; sin embargo, ha contribuido a la construcción democrática y la grandeza de nuestro país; como muestra de ello me bastaría con sólo mencionar las obras y legados de Benito Juárez y Matías Romero; maestros como Margarita Maza de Juárez, José Vasconcelos, los Hermanos Flores Magón, Abraham Castellanos; artistas como Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, solo por mencionar algunos.
El estado de Oaxaca cuenta con amplia riqueza cultural y geográfica; prueba palpable de ello es el vasto territorio con que contamos, compuesto por 570 municipios, diseminados en 7 regiones; poseemos un extraordinario bagaje pluriétnico, donde convergen 16 grupos, cada uno de ellos con sus expresiones culturales, que dan identidad a cada una de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, pero que también abonan a la unidad nacional.
Oaxaca, a pesar de la adversidad y gracias a su historia, a su cultura, a sus tradiciones y a sus mujeres y hombres sigue viendo hacia delante, avanza con paso firme por el camino del progreso, porque vislumbra un mejor futuro para las generaciones venideras.
Lamentablemente, en la actualidad Oaxaca es el estado que ocupa el tercer lugar con el más alto índice de marginación del país; Oaxaca se encuentra en el lugar 32 en materia educativa; Oaxaca, al igual que muchos de los estados del Sur, tiene el menor porcentaje de población con acceso a agua potable, alcantarillado, electricidad, servicios educativos y de salud de alta calidad. De hecho, los índices de alfabetización y de esperanza de vida en Oaxaca son semejantes a los de países de bajo ingreso como Argelia, Serbia y Túnez. Otra muestra de ello es que, durante los últimos cinco años, Oaxaca registró incrementos ínfimos en su ingreso per cápita, del orden de 0.6 por ciento lo que se traduce en 34 mil 124 pesos. Mientras que en estados como Nuevo León y Coahuila se observaron crecimientos entre 5 y 8 veces más elevados, de 5.7 por ciento y 9.4 por ciento respectivamente; estos datos, registran ingreso per cápita anual para los habitantes de Nuevo León por 142 mil 305 pesos y a los coahuilenses por el monto de 114 mil 81 pesos. Sin embargo, no hace falta revelar muchas estadísticas para percatarnos de la situación de Oaxaca, pues ocupa los últimos lugares en materia de desarrollo, mientras que su aportación a la cultura, la historia y sustento natural, política y social de México es insoslayable.
Como es del conocimiento de todos ustedes, hace ya más de cinco meses que Oaxaca vive un conflicto que lo perfila hacia un abismo cada vez mas profundo; cinco meses han pasado de que las oaxaqueñas y oaxaqueños han perdido su tranquilidad y bienestar para convivir. Tenemos muy presente que la problemática en Oaxaca se origina por la insatisfacción de la demanda de rezonificación salarial para más de 70 mil maestras y maestros de la entidad, pero también, la demanda de organizaciones sociales que reclaman la deuda histórica que se tiene con la entidad; demandas que compartimos íntegramente.
En la actualidad un millón 300 mil alumnos perdieron dos meses del ciclo escolar 2006-2007, lo que refleja un claro retroceso en materia educativa, el cual se desdibuja con el regreso a clases inminente de las maestras y maestros comprometidos con la educación de las niñas y niños oaxaqueños. Aquí tenemos que hacer hincapié y reconocer la determinación de las maestras y maestros de la base magisterial que pugnaron de forma estoica y actuaron con responsabilidad por el regreso a las aulas y por brindar un mejor futuro a la niñez oaxaqueña.
Asimismo, la actual problemática que vive Oaxaca ha puesto un freno al crecimiento económico, como mencioné anteriormente, que era lento, pero con firmeza y seguridad, prueba de ello, es el reconocimiento por parte del gobierno federal vía el secretario de Economía, al aseverar que el actual conflicto a acarreado pérdidas económicas por el monto de 4 mil millones de pesos, viéndose reflejadas en los artesanos, industria restaurantera, industria hotelera, pequeños comerciantes, locatarios de los mercados y transportistas, entre otros sectores. Asimismo, es imperante para los oaxaqueños recuperar la belleza de nuestras edificaciones del centro histórico que son orgullo y patrimonio nacional, además de ser patrimonio cultural de la humanidad, declarado por la UNESCO.
Esas pérdidas debemos resarcirlas con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los oaxaqueños y de todos los mexicanos, porque la solución somos todos. Debemos abandonar los rencores, el encono, los actos de revanchismos, tenemos que actuar con un sentido benéfico, de compromiso y unidad, se debe de voltear a ver a Oaxaca como la entidad que aun tiene mucho que entregar al engrandecimiento de nuestra nación.
La recuperación de Oaxaca urge a todos; como mexicanos y oaxaqueños, debemos ser solidarios, tendernos la mano y juntos transitar por la vía del progreso y desarrollo. Oaxaca tiene derecho al desarrollo y a la justicia, tiene derecho a recuperar lo que es suyo. Somos oaxaqueños, somos mexicanos, requerimos tener una sola voz: rescatemos y reimpulsemos a Oaxaca, que no puede esperar más.
Por los motivos antes expuestos, propongo ante esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al gobierno federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a llevar a cabo la coordinación, estructuración y desarrollo con las dependencias federales, tales como: Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y las demás que para el caso se requiera, con la finalidad de impulsar un programa emergente de apoyo a Oaxaca, para destinar recursos económicos necesarios que permitan resarcir las pérdidas millonarias de los sectores productivos del estado.
Transitorio
Único. El presente decreto surtirá efecto al siguiente día de su aprobación
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de octubre de 2006.
Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CREAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN DE 2007 UNA PARTIDA PARA ATENDER LAS PÉRDIDAS
ECONÓMICAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO
HUMBERTO LÓPEZ LENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Oaxaca es reconocida en el mundo entero, por su pueblo, su gente, su cultura, costumbres y tradiciones; por su rica tradición culinaria, por sus hermosas playas, por la arquitectura colonial de la ciudad capital, por la majestuosa construcción de los pueblos zapotecas, Mitla y Monte Albán.
Oaxaca, la del mole rojo y el mezcal, la de la Guelaguetza, multicolor y plurilingüística, la del barro negro, la de los alebrijes, la ciudad de la verde antequera, la de los vestidos bordados a mano, la que nos enseña que es urgente pagar la deuda ancestral con nuestros pueblos originarios, sufre y se convulsiona.
Oaxaca, estado cuya economía depende en gran medida del subsidio de la federación; de los casi 26 mil millones de pesos a que asciende su presupuesto anual, más del 90 por ciento proviene precisamente de las participaciones federales; depende de igual manera del turismo y en los últimos años, de las remesas que miles de oaxaqueños radicados en los Estados Unidos envían al estado, reclama nuestra atención.
El conflicto popular y magisterial que actualmente vive la entidad y que el día de hoy cumple más de 160 días, ha representado para los prestadores de servicios de los distintos ramos; hotelero, restaurantero, agencia de viajes, transporte público, entre otros, pérdidas millonarias difíciles de cuantificar.
Se han cerrado más de 20 hoteles, se han perdido más de 3 mil empleos, y se habla de que las pérdidas en este sector ascienden ya a 3 mil millones de pesos.
Pero sobre todo, el daño que en México y en el extranjero se ha causado a la imagen de Oaxaca, como destino turístico por un lado, y como patrimonio cultural de la humanidad, por el otro, es y debe ser un motivo de preocupación central para quienes tenemos la responsabilidad de representar en esta Cámara de Diputados a nuestro estado y a nuestro país.
Los costos millonarios del conflicto afectan de igual manera a los productores, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, a los artesanos, productores de mezcal, empleados y sus familias, pues en todo el período que dura el conflicto, se ha agravado el desempleo y cientos de negocios han tenido que cerrar por la falta de ingresos para seguir operando.
Por otra parte, Oaxaca es un estado con población mayoritariamente indígena y campesina. El campo oaxaqueño hoy es un desastre y se encuentra en el abandono por parte de las autoridades responsables de impulsar las políticas públicas en la materia.
Esta situación ha obligado a muchos oaxaqueños a emigrar a otras regiones del país y a los Estados Unidos, donde viven más de 300 mil oaxaqueños.
No se conocen las cifras oficiales de los daños económicos causados hasta el momento por el conflicto social y popular, algunos funcionarios del gobierno del estado hablan que las pérdidas se estiman en más de 5 mil millones de pesos.
La demanda turística se ha desplomado en un 70 por ciento, lo cual se puede verificar con las líneas aéreas, las cámaras hoteleras y restauranteras y por las estadísticas de ingresos de vehículos en carreteras. Sin duda alguna, este es el mayor daño que se ha causado a la débil economía oaxaqueña.
Esta situación preocupa y ocupa a quienes viven del turismo nacional e internacional que visita Oaxaca. Preocupa el presente, pero también nos ocupa el futuro del estado.
Necesitamos generar -en un esfuerzo conjunto del gobierno federal y los diputados de esta representación nacional- propuestas de políticas tendientes a revertir los daños causados a la economía de los oaxaqueños.
Para ello se requerirá, más allá de nuestras afinidades políticas, más allá de nuestra pertenencia a determinado partido político, generar condiciones de tranquilidad y paz social para la entidad, con el fin de que se impulsen y se diversifiquen las opciones de inversión pública y privada en la entidad, así como el impulso a la oferta turística, todo ello para que se recuperen y generen los empleos que demanda el pueblo oaxaqueño.
Oaxaca nos demanda toda la atención, no debe seguir siendo un foco de conflicto o de nota roja. Por eso es de celebrarse el anuncio que en días pasados realizó el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, en el sentido de que terminado el conflicto se impulsaría un plan emergente para la promoción y difusión turística de Oaxaca.
El secretario Elizondo ofreció 50 millones de pesos para distribuirlos de la siguiente manera: 30 millones para difundir y promover el turismo a Oaxaca del país, 10 millones para el mercado europeo y 10 más para el mercado de Norteamérica. Y una campaña de publicidad cooperativa por más de 10 millones de pesos.
De ahí que estimemos necesario que para recuperar, para reconstruir la imagen de Oaxaca, en México y en el extranjero, se requerirá de muchos años, de mucho esfuerzo compartido, en el que seguramente participarán los tres órdenes de gobierno, las cámaras empresariales, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, entre otros.
Estamos ciertos que es necesario, así como exigimos más recursos para la entidad, que es urgente que los mismos, sean etiquetados desde aquí desde la Cámara de Diputados; que sean fiscalizados por el gobierno federal y por la propia Auditoria Superior de la Federación, por que no podemos seguir despilfarrando los recursos y tampoco, que estos sean desviados para pagar campañas políticas, para corromper a la sociedad o para enriquecer a familiares de los funcionarios de la administración estatal.
Esta situación no es ajena a los oaxaqueños, pues en el sexenio anterior fuimos testigos de la corrupción pública, de la desviación de recursos y del enriquecimiento inexplicable de los funcionarios de la administración estatal, así como de sus familiares.
Oaxaca y el pueblo oaxaqueño, reclama que la federación, que los diputados, volteemos la vista hacia ese noble estado del sur, para que juntos contribuyamos a su desarrollo.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del 2007, una partida especial por 200 millones de pesos para el estado de Oaxaca, para implantar un programa de difusión turística a nivel nacional e internacional, que tenga como objetivo principal promocionar a la entidad y recuperar la confianza de los visitantes nacionales y extranjeros en Oaxaca como un destino turístico nacional.
Segundo. Se exhorta a los titulares de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de sus atribuciones implanten programas específicos y recursos en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del 2007, para la atención al campo oaxaqueño, fomento de las artesanías, pesca, infraestructura carretera, salud, educación, vivienda, y que tendrán por objeto contribuir al rescate de la economía del estado de Oaxaca.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el ámbito de sus atribuciones, aprobar el presupuesto que el gobierno federal someta a la consideración de esta representación nacional que tenga como fin impulsar el rescate urgente de la economía del estado de Oaxaca.
Cuarto. Los recursos públicos, de aprobarse, estarán sujetos a los mecanismos de fiscalización, control y transparencia por parte de las autoridades competentes.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL RESCATE, LA PRESERVACIÓN,
EL DESARROLLO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los suscritos, diputados federales Joaquín Humberto Vela González y Ricardo Cantú Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Que actualmente prevalece a nivel mundial una grave crisis en la disponibilidad del agua potable, producto de la sobreexplotación y del desperdicio de este vital recurso; de la deforestación desmedida y de la contaminación de los ríos, lagos, lagunas y mantos freáticos, principalmente por parte de las grandes industrias sin control.
En la República Mexicana, la crisis del agua potable se agudiza año con año y en el caso específico de la Cuenca del Valle de México y de las regiones que reciben sus cargas acuíferas, enfrentamos el umbral de un colapso ecológico, con una contaminación o disminución alarmante del agua potable para una población de más de 20 millones de personas de los estados de México, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y Distrito Federal.
En combinación con el gigantesco proceso de deforestación, el desmesurado crecimiento de las manchas urbanas, de su demanda de agua y de sus planchas asfálticas ha representado: sobre-explotación de pozos y mantos freáticos, índices de contaminación del agua en constante aumento y bloqueo de los canales de filtración del agua de lluvia. Rotas las estructuras de filtración que la naturaleza construyó durante miles de años, los mantos acuíferos se secan rápidamente y la metrópoli prosigue su inexorable proceso de hundimiento con el correspondiente incremento de riesgos tectónicos.
Que la población de las zonas proveedoras de agua desde los años cuarenta a la fecha se encuentra afectada o sin servicios públicos o sus mantos acuíferos ya se han secado, como en zonas altas del DF y en los municipios del estado de México: Temoaya, Santa Cruz, Atizapán y Villa de Allende, entre otros.
Que sólo con una visión integral, interinstitucional e interdisciplinaria, a través de acciones combinadas a corto, mediano y largo plazo, se puede enfrentar a la problemática de la Cuenca del Valle de México y de sus subcuencas.
Que la población en general y algunos organismos ciudadanos en particular; dependencias de gobierno locales y federales; instituciones académicas y organismos internacionales, han cobrado conciencia de la problemática del patrimonio acuífero y han abierto espacios de debate, reflexión, coordinación e investigación para diagnosticar y enfrentar el posible colapso del agua potable y del conjunto del Valle de México.
La mayoría de la gran cantidad y diversidad de propuestas para el rescate del patrimonio acuífero, son viables y necesarias al corto plazo. Las soluciones a esta problemática sólo es posible con el concurso de las diferentes áreas del gobierno federal, de los gobiernos locales, así como de los sectores social y privado y la ciudadanía en general.
La ruta de implantación parte de grandes obras de construcción y mantenimiento de las infraestructuras de suministro de agua y de saneamiento, que es necesario respaldar presupuestalmente. La ruta prosigue con acciones combinadas como son: el control de talas e incendios de bosques y selvas, para proteger el proceso de filtración de agua, de lluvia en la recarga de mantos acuíferos, contemplándose campañas guardabosques permanentes; brechas forestales por cuadrantes y pararayos; promover el reciclado de papel; emprender la mayor campaña de reforestación y forestación en la historia de México, con la participación del ejército, de estudiantes y de la ciudadanía en general; proteger zonas de filtración; separar cauces de aguas negras de agua de lluvia; construir grandes sistemas colectores de agua de lluvia; aplicar recursos de desarrollo social para que las comunidades autóctonas cuiden patrimonios acuíferos y forestales; concretar e incrementar pagos de servicios ambientales; desarrollar y construir la mayor cantidad de plantas tratadoras; implantar metodologías alternativas de filtración, de reciclaje y de oxidación; reducción del desperdicio en mecanismos de riego y revestimiento de canales; cultura del ahorro de agua, educación masiva para la modificación de hábitos e infraestructura doméstica y atención a fugas en la línea de suministro, que representan más del 50 por ciento de desperdicio.
Que en la LIX Legislatura se creó la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala, comisión que organizó foros; recolectó y analizó información y procesó soluciones a los problemas que enfrenta la Cuenca Lerma-Chapala; siendo esta comisión legislativa un claro antecedente de la forma de articular el trabajo de diferentes comisiones legislativas así como de consensar, coadyuvar y coordinar las soluciones que apliquen diferentes dependencias y niveles de gobierno para el rescate del patrimonio acuífero.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se aprueba crear la Comisión Especial para el Rescate, Preservación, Desarrollo y Aprovechamiento de la Cuenca del Valle de México, con fundamento en las facultades que establece el artículo 27 constitucional para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de realizar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar la condición de vida de la población.
Segundo. Hacer del conocimiento de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Defensa Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, de instituciones de educación y de salud y de los gobiernos estatales de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Distrito Federal y municipales de regiones proveedoras, respecto a los trabajos de esta comisión especial, para evaluar, exhortar o apoyar acciones e inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de la Cuenca y de las subcuencas del Valle de México.
Tercero. Sustentar solicitudes al Senado y a la Presidencia de la República para la gestión de recursos financieros de organismos multilaterales; fundaciones de desarrollo e instituciones ecológicas internacionales, para proyectos específicos en los estados: de México, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Distrito Federal para el rescate del patrimonio acuífero.
Cuarto. Esta Comisión Especial se formará por dos miembros de cada grupo parlamentario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 31 de octubre de 2006.
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Diputado Joaquín Humberto Vela González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
DETERMINACIÓN ADOPTADA POR DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL
SENTIDO DE PROLONGAR EL MANDATO DE SUS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN
POPULAR, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO PNA
Con fundamento en los artículos 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios que integramos la Junta de Coordinación Política, presentamos ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Poder Constituyente originario creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917.
2. En los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 constitucionales se estableció la decisión política fundamental del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación; asimismo, que la duración del mandato de los gobernadores de las entidades federativas no podrá exceder de seis años y en lo concerniente al mandato de los diputados a las legislaturas de los estados, de los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, el mismo tampoco puede prolongarse más tiempo del establecido en cada entidad federativa, pues existe prohibición expresa de reelección para el periodo inmediato.
3. Al haberse creado la Constitución, el Constituyente originario desapareció, pero en la misma Norma Suprema se dio origen al Constituyente Permanente, que sería el encargado de reformar y adicionar la Constitución, evitando con ello la violación de la misma.
4. En términos de lo establecido en el artículo 135 de la Constitución federal, la Cámara de Diputados integra el Poder Constituyente Permanente.
5. Diversas entidades federativas, en contravención de lo establecido en la Carta Magna, han prolongado el mandato de los representantes de elección popular haciendo nugatorias las disposiciones establecidas por el Constituyente originario y el Permanente en la Norma Suprema, pasando por alto la inviolabilidad de la Constitución y que la única vía mediante la cual se pueden dejar de observar los preceptos contenidos en la Carta Magna es exclusivamente la reforma o adición de la Constitución hecha por el Poder Constituyente Permanente.
6. Las elecciones concurrentes pueden ser un instrumento para ayudar a reducir los costos electorales y a aumentar la participación del electorado en las urnas y con esto dar mayor legitimidad al proceso; sin embargo, las entidades federativas deben respetar las decisiones políticas fundamentales consagradas en la Constitución federal y por ningún motivo pueden pasar por alto lo establecido en la misma respecto de la duración del mandato de sus representantes de elección popular.
7. El Poder Constituyente Permanente estableció en la misma Carta Magna diversos instrumentos de carácter procesal, como la acción de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad, a efecto de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitarle la invalidez de normas y actos emanados de los órganos constituidos que rompan el orden constitucional.
Por lo expuesto y fundado en los principios esenciales de un Estado democrático y federal, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados toma conocimiento el día de hoy de la indebida prolongación del mandato de los representantes de elección popular en algunas entidades federativas y, por tanto, se ostenta sabedor de tales actos.
Segundo. Se exhorta a las siguientes autoridades para que presenten los medios de control constitucional que en el ámbito de su competencia procedan:
b) Al procurador general de la República para que presente acción de inconstitucionalidad; y
c) A los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, así como a los partidos políticos con registro en las entidades federativas en que se haya aprobado la prolongación del mandato con objeto de que a través de sus dirigencias presenten acción de inconstitucionalidad.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputada Mónica T. Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL BANCO DE MÉXICO QUE ATIENDA LA SITUACIÓN RELACIONADA
CON LA ACEPTACIÓN O EL CANJE DE BILLETES NO APTOS PARA CIRCULAR,
A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
En reciente fecha, que nadie puede precisar con exactitud, los diferentes bancos comerciales en nuestro país han adoptado una política muy estricta por lo que se refiere a la aceptación de billetes de curso legal.
Ha dejado de provocar sorpresa el hecho de que los bancos no quieren aceptar billetes, algunos de los cuales son rechazados solamente por traer sello de alguna institución bancaria, aunque muchas veces dicho sello corresponde a la misma institución que ahora lo rechaza.
Ha dejado de provocar sorpresa, pero el malestar de la población y el caos y desconcierto van en aumento.
A eso se agrega que muchos cajeros automáticos entregan billetes sellados e incluso deteriorados o rotos, los cuales son rechazados no sólo por los bancos sino por el comercio en general, ya que una especie de psicosis ha crecido en todos lados ante la negativa de las instituciones bancarias a recibirlos, ocasionando pérdida de tiempo, quebrantos y desconcierto entre la comunidad en general, situación que debemos evitar de inmediato.
Investigando un poco sobre el uso y el destino de los billetes de curso legal en la República Mexicana, encontramos en la página de Internet del Banco de México, de acuerdo con el numeral II.1 de la circular número 2026/96, de fecha 1 de julio de 2005, que una de las obligaciones de las instituciones de crédito es "canjear por billetes aptos para circular o por monedas metálicas los billetes no aptos para circular, así como los billetes y las monedas metálicas en proceso de retiro o desmonetizados".
Por todo lo anterior, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar al Banco de México que atienda de inmediato a situación irregular relacionada con la aceptación o el canje de billetes no aptos para circular, e instruya a las diversas instituciones bancarias sobre el acuerdo con el numeral II.1 de la circular número 2026/96 para que lo acaten de inmediato.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA SEGOB A ACTUALIZAR Y PUBLICAR EN SU SITIO DE INTERNET LA BASE DE DATOS
SOBRE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS, A CARGO DEL DIPUTADO CAMERINO ELEAZAR
MÁRQUEZ MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Camerino Eleazar Márquez Madrid, diputado federal en la LX legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El veintisiete de octubre de dos mil cuatro se presentó al pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura proposición con punto de acuerdo por el que se propuso al Pleno interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, suscrita por los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI.
2. El veintidós de junio del dos mil cinco la Junta de Coordinación Política propuso al Pleno de la Cámara de la LIX legislatura la creación de la Comisión Especial encargada de revisar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos y, en particular, los relativos a centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números. La comisión señalada celebró sesión de instalación el veintiocho de junio del mismo año.
3. Mediante la aprobación de la proposición con punto de acuerdo presentada en sesión de la Comisión Permanente celebrada el seis de julio de dos mil cinco, se solicitó a la Secretaría de Gobernación la información siguiente:
I. Documentación y antecedentes
1. Copia certificada de los permisos otorgados por la secretaría a su cargo para la instalación de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números expedidos a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
2. Copia certificada de los permisos otorgados por la Secretaría a su cargo para la instalación de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, actualmente en operación, expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y, en especial, los que conforme al mismo fueron "regularizados", en los términos del artículo tercero transitorio del reglamento en cita.
3. Copia certificada de la documentación con que los permisionarios a que se refieren los puntos 1 y 2 anteriores acompañaron su solicitud, a fin de que esta autoridad otorgase los permisos correspondientes.
4. Copia certificada de todas las actas de sesión del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, previsto en el Capítulo II del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, desde el inicio de sus funciones a la fecha.
II. Información
1. Relación de los permisionarios con autorización otorgada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, respecto de hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números; especificando los que actualmente se encuentran en operación, los que no operan, así como los revocados administrativamente o regularizados.
2. Relación de las sociedades mercantiles que obtuvieron permiso para operar hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuesta remota y salas de sorteos de números posterior a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, especificando lo siguiente:
a) Fecha de constitución de la sociedad;
b) La identidad de los permisionarios y de los operadores autorizados, incluyendo, en su caso, la de las personas físicas o morales que los conformen hasta el último accionista o beneficiario; y,
c) La identidad de los funcionarios y empleados de primer nivel de cada permisionario y de su operador u operadores.
3. Relación de las solicitudes presentadas ante la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, para la apertura y operación de hipódromos, galgódromos, frontones, salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, presentadas con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, especificando el número de establecimientos, modalidades requeridas originalmente y estado actual de los expedientes, así como el de aquellos actualmente en estudio en el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos.
5. En cumplimiento a dichos acuerdos, y a través de oficio de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, la Comisión Especial recibió de la Secretaría de Gobernación cuatro cajas que contenían documentación diversa de la expedición de permisos en materia de juegos y sorteos, por lo que se dio a la tarea de iniciar la revisión y análisis de la documentación remitida, concluyendo lo siguiente:
b) En mayo de dos mil cinco, la Secretaría de Gobernación reanudó el otorgamiento de permisos de esa naturaleza, expidiendo a siete sociedades mercantiles un permiso a cada una y que constituyen la aprobación de ciento noventa y ocho nuevos centros de apuestas para books y bingos, de los cuales sólo uno, el otorgado a Mio Games, SA de CV, con domicilio marcado en el número 116 de la calle de Doctor Navarro 218, esquina con Doctor Carmona y Valle, colonia Doctores, CP 06720, en esta ciudad, ya está en funcionamiento; es decir, existen ciento noventa y siete centros de apuestas que están en espera de autorización por parte de la Secretaría de Gobernación para iniciar su funcionamiento.
c) Para la instalación y operación de los restantes ciento noventa y siete establecimientos autorizados a las siete permisionarias, se estableció la condición de exhibir por parte del permisionario ante la Secretaría de Gobernación, con quince días hábiles de anticipación a su apertura, la información y documentación siguiente:
Acreditar que cuenta con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad delegacional que corresponda para la instalación del establecimiento;
Manifestar por escrito la ubicación exacta del lugar en el que se pretenda instalar el establecimiento;
Acreditar la legítima posesión o propiedad del inmueble en que se pretenda ubicar el establecimiento;
Estudio que justifique la ubicación geográfica.
Se observó que de los anteriores, no todos los permisionarios cumplían, por lo que, en su mayoría, no habían podido iniciar operaciones; aunado a ello, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, informó en la comparecencia ante esta Cámara de Diputados, celebrada el siete de septiembre del año dos mil cinco, que ya no se otorgarían nuevos permisos para esas actividades, hasta conocer el resultado de la controversia constitucional, en los términos siguientes:
"Hoy los permisos están suspendidos porque quiero resolver un estudio de impacto sociológico... y están suspendidos hasta conocer el resultado de la controversia constitucional...
...si hay un motivo fundado que conforme a la ley me permita conocer de un recurso que pida la anulación de estos permisos con fundamento en la ley, por supuesto que lo consideraremos..."
En el apartado de acciones del informe citado, se señala que se realizaron 131 operativos para combatir el juego ilegal; se realizaron 125 supervisiones de diferentes tipos para la detección de eventos y establecimientos ilegales; se clausuraron 3 mil 764 máquinas tragamonedas y una casa de juego ilegal; se resolvieron 121 procedimientos administrativos y se otorgaron 6 mil 5 para juegos (gallos y caballos), mil 216 permisos para sorteos, 16 permisos de autofinanciamiento, 6 permisos a ferias, sin que de dicha información se dé cuenta en forma objetiva de las 197 autorizaciones para centros de apuesta otorgadas en 2005 por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda.
7. Recientemente se ha publicado información en diversos medios de comunicación de la operación de centros de apuestas remotas (books), y salas de sorteos de números (bingos), así como establecimientos con máquinas tragamonedas de azar.
8. El artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos dispone que la dirección integrará y mantendrá actualizada una base de datos sobre juegos con apuestas y sorteos que contendrá, al menos, la siguiente información:
II. Las sanciones que imponga la secretaría con motivo de la aplicación de la ley y el reglamento;
III. La identidad de los permisionarios y de los operadores que contraten, incluyendo, en su caso, la de las personas físicas o morales que los conformen hasta el último accionista o beneficiario;
IV. La identidad de los funcionarios y empleados de primer nivel de cada permisionario y de su operador u operadores;
V. La identidad de las personas que presten servicios profesionales vinculados al corretaje y cruce de apuestas en los establecimientos autorizados;
VI. Nombre y fotografía de los inspectores de la secretaría y, en su caso, las sanciones definitivas que se les hayan impuesto, así como de aquéllos que hubieren causado baja;
VII. Datos y estadísticas sobre la actividad nacional de juegos con apuestas y sorteos;
VIII. Los estados financieros trimestrales y anuales de los permisionarios de juegos con apuestas, cuando corresponda;
IX. Los procedimientos de sanción administrativa en curso en materia de juegos con apuestas y sorteos, incluidos aquellos que se encuentren en litigio judicial, así como cualquier procedimiento legal ejercido en contra del permisionario, sus operadores, accionistas o beneficiarios;
X. Las resoluciones que adopte el Consejo Consultivo;
XI. La relativa a los órganos técnicos de consulta en materia de hipódromos, galgódromos y frontones, y
XII. La que determine la secretaría.
De la revisión de la base de datos sobre juegos y sorteos que la Secretaría de Gobernación publica en su página en la red de Internet, se encuentra que ésta no está actualizada y no presenta la información que permita identificar a los funcionarios y empelados de los permisionarios; los procedimientos y sanciones aplicados por irregularidades detectadas en las verificaciones; los datos estadísticos sobre la actividad nacional de juegos con apuestas y sorteos, entre otros, en los términos señalados en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, situación que deja en estado vulnerable a los ciudadanos que acuden a los centros donde se realizan juegos con apuestas y sorteos, al desconocer el estatus legal de los permisionarios y operadores.
Para muestra se señala un caso en particular.
En la dirección electrónica de la Dirección General adjunta de la Secretaría de Gobernación: http://juegosysorteos.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=83&nIdPanel=153&nIdFooter=86 se publica la relación de empresas a las que se le otorgaron permisos durante 2005; entre éstas se encuentra Promojuegos de México, SA de CV, en la información contenida en el "permiso nuevo" se especifica que el permisionario no tiene establecimientos en operación.
En la misma página de esta Secretaría, en la dirección electrónica http://juegosysorteos.gob.mx/J505-Docs/UPP_Promojueos_2.pdf, se publica un documento, el cual se encuentra encriptado, por lo que resulta imposible su impresión, que contiene el permiso N.DGAJS/SCEVF/D.04/2005 para "instalación, apertura y operación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números a favor de Promojuegos de México, SA de CV. Dicho permiso señala que
En las disposiciones transitorias del permiso N.DGAJS/SCEVF/D.04/2005 se estipula lo siguiente:
Segunda. Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la expedición del presente permiso, la permisionaria deberá exhibir ante la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección Ajunta de Juegos y Sorteos la siguiente información y documentación:
a) El reglamento de operación del establecimiento, el reglamento interno del mismo, así como las reglas de los eventos celebrados en los centros de apuestas remotas y de las salas de sorteos de números que serán difundidos al público en general. Dichos instrumentos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el presente permiso.
Aunado a las irregularidades que presenta la autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, se omite exhibir en la propia página de Internet de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, la información y documentación que se señala en el artículo 22, fracciones X, XIII y XVI, la cual resulta fundamental para la certeza y legalidad de la operación de los juegos y sorteos autorizados, puesto que en al misma se exponen la mecánica de operación del sistema de apuestas, las reglas de juego, la infraestructura, los sistemas de seguridad tecnológica e informática entre otra información, que garantizan a los usuarios o participantes la seguridad y certeza en los eventos en los que decida participar.
I. al IX. (......)
X. Programa general de operación y funcionamiento del establecimiento, que deberá incluir por lo menos el plan de operación, programa de controles y cronograma de actividades, desde el punto de vista técnico y de las apuestas;
XI. (.......)
XII. (.......)
XIII. Mecánica de operación del sistema de apuestas, mecanismos de control de las mismas y reglas del juego con apuestas que se ofrezca al público, especificados en forma detallada. Deberá precisarse la infraestructura informática, el sistema de seguridad tecnológica e informática, así como las políticas de soporte técnico a utilizar;
XIV. Acreditar experiencia en la operación del cruce de apuestas u organización del sorteo de que se trate o, en su defecto, identificar y acreditar la experiencia del operador que, en su caso, tendría a su cargo el funcionamiento u organización del establecimiento. En este último supuesto, deberá solicitarse la autorización a que se refiere el artículo 30 de este reglamento;
XV. Proyecto de programa de divulgación de las actividades a realizar en el establecimiento, así como de aquéllas tendentes al fomento de la actividad para la que se solicita el permiso, y
XVI. Proyecto del reglamento de operación del establecimiento.
Volviendo al caso de permisionaria Promojuegos de México, SA, en la página de Internet https://www.bwin.com.mx/page.aspx?view=lastminutes, exhibe la siguiente información:
2. Disposiciones generales en su edición del 28
de septiembre de 2006.
3. Registro/cuenta de apuesta/cierre de apuestas.
4. Protección de datos informe de confidencialidad.
5. Licencia.
6. Información acerca de la pauta de Diccionario
de comercio electrónico.
7. Seguridad en operaciones de pago. Transferencias.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o. y 4o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos, cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; asimismo, es responsable de otorgar los permisos para el funcionamiento de casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas.
Punto de Acuerdo
Primero. Para garantizar el derecho de acceso a la información a los ciudadanos sobre las autorizaciones a permisionarios para operar juegos con apuesta y sorteos, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a actualizar, a través del secretario de Gobernación, la base de datos que se difunde en su sitio de Internet, en los términos señalados en los artículos 17 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar, en uso de la atribución que le otorga la fracción XII del artículo 17 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en la página de Internet la mecánica de operación del sistema de apuestas, las reglas de juego, la infraestructura, los sistemas de seguridad tecnológica e informática, entre otra información, que garantizan a los usuarios o participantes la seguridad y certeza en los eventos en los que decida participar, de conformidad con lo previsto en el artículo 22, fracciones X, XIII y XVI del reglamento de la materia.
Tercero. Se informe a la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobernación para determinar la responsabilidad de las omisiones señaladas en el punto primero del este acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas surgió con el propósito de fortalecer financieramente a los estados. En efecto, desde el año 2000, las entidades federativas han recibido recursos de este programa, inclusive, en 2003 se creó el Ramo 39 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación exclusivamente para estos recursos, que actualmente se han convertido en una importante fuente de ingresos para las haciendas estatales. Esto dio origen a que, para otorgar certidumbre jurídica y financiera en la disponibilidad de los recursos para los gobiernos estatales, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció que el Ejecutivo federal debe considerar al PAFEF en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por otra parte, a partir de 2003 en el Presupuesto y en la Ley de Ingresos de la Federación, fueron incorporadas diversas disposiciones para distribuir a los estados ingresos excedentes relacionados con la exportación de crudo. Estas disposiciones dieron origen a la creación del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, el cual se ha constituido en una importante fuente de gasto en inversión.
Para resaltar su importancia y de acuerdo con las estadísticas, entre 2000 y 2005 el PAFEF ha presentado un crecimiento real anual de 38 por ciento, siendo los años de mayor crecimiento 2001 y 2003. En contraste, en 2005 estos recursos cayeron 9.8 por ciento como resultado de menores ingresos por excedentes petroleros respecto a 2004, año en que la las finanzas públicas se vieron favorecidas por el auge en el alza de los precios del petróleo.
Entre enero y junio del año los recursos del PAFEF ascendieron a 18 mil 675.4 millones de pesos, lo que representó un incremento de 78.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
En este concepto se incluyen 5 mil 93.6 millones de pesos por concepto del derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo y el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes a cargo de Pemex.
Por entidad federativa, las más favorecidas son Chiapas, Morelos, Aguascalientes y Oaxaca, con incrementos de 216.2, 182, 165.3 y 150.7 por ciento, respectivamente, respecto al primer semestre del año pasado.
En cuanto a la distribución por monto entre las entidades al primer semestre de 2006, al estado de México es al que le correspondió la mayor proporción del PAFEF, con dos mil 9.2 millones de pesos, seguido por el Distrito Federal, Veracruz, Chiapas y Jalisco.
Se presentaron cambios en las proporciones que del Fondo de Aportaciones Múltiples recibieron las entidades entre el primer semestre de 2005 y el mismo lapso de 2006, lo cual es indicativo de la "discrecionalidad" con que se reparten estos recursos.
Entre enero y junio de este año, el PAFEF per cápita entregado a las entidades ubica a Chiapas, Baja California, Tabasco, Aguascalientes y Campeche con los mayores índices por habitante, en el rango de 241.1 a 308.0 pesos.
A nivel nacional, el estado con menor asignación por habitante correspondió a Puebla con 130.9 pesos.
Además de Puebla, Michoacán, Guerrero y México son las entidades con las menores asignaciones per cápita, al ubicarse dentro del rango de 130.9 y 143.4 pesos por habitante al primer semestre de 2006.
Tal como se encuentra actualmente la distribución del PAFEF, no se puede definir si prevalece un criterio de compensación a las que más aportan a la Federación o un criterio redistributivo que indique que se otorgan mayores recursos a las entidades más pobres.
Por ello la necesidad de contar con un marco legal claro que establezca la fórmula y las razones que justifiquen el reparto de los recursos.
Al primer semestre del año, el PAFEF muestra un importante incremento de 78.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, donde se incluyen recursos provenientes de excedentes petroleros.
Con lo anterior, queda demostrado que el PAFEF significa una parte importante en las inversiones que realizan las entidades federativas; sin embargo, a fines de la semana anterior, las entidades federativas fueron notificadas de un recorte en este rubro. En el caso del estado de Durango, el recorte es de casi 92 millones de pesos, lo que afectará las líneas en las que se aplica, como son la de infraestructura, pago de deuda, y fortalecimiento a pensiones.
Compañeras y compañeros legisladores: es de explorado derecho que la aplicación de las cantidades aprobadas por la Cámara de Diputados es estricta, y no podrán realizarse acciones que no estén expresamente previstas en el mismo decreto, por ello, resulta cuestionable jurídicamente la implementación del recorte al PAFEF. En efecto, esta asignación no fue otorgada por el Ejecutivo federal sino por este órgano legislativo y, por tanto, el primero carece de atribuciones para hacerle modificaciones. La aplicación de los recursos aprobados, destinados al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas PAFEF, debe ser correcta, en tiempo y forma, y bajo criterios de equidad. Esto es una exigencia de la sociedad mexicana y en particular de quienes habitan en las entidades federativas que han quedado rezagadas con el destino y ejercicio de los recursos respectivos, por lo que resulta necesario que los legisladores federales conozcamos a fondo los criterios utilizados por las autoridades competentes para determinar, primero, el destino de los recursos comprendidos en el PAFEF hacia cada una de las entidades federativas y, en particular, el motivo por el que la Secretaría de Hacienda ha recortado el PAFEF aprobado por esta soberanía, es decir, la motivación que sirvió de base para dicha determinación.
Por lo anterior, someto a la consideración del honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo, solicitando se considere, en su caso, de obvia y pronta resolución.
Punto de Acuerdo
Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para dar cumplimiento a lo aprobado en materia presupuestal por la H. Cámara de Diputados en el ejercicio 2006 en apoyo al Seguro Social haga un esfuerzo recortando partidas que tienen menos impacto en el desarrollo social y así de esa manera cumpla con las entidades federativas entregando el 100% de los recursos aprobados para el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas "PAFEF" a la justificación del recorte al Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, comunicado recientemente y que las afecta considerablemente, sobre todo en este momento de cierre de ejercicio fiscal 2006.
Diputados: José Rosas Aispuro Torres (rúbrica),
Jesús Alcántara Núñez, Yerico Abramo Masso.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A PEMEX A DAR MANTENIMIENTO
A SUS INSTALACIONES EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y A LIQUIDAR SUS COMPROMISOS
AMBIENTALES CON EL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL
RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos (Pemex) a dar mantenimiento a sus instalaciones en Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado.
Antecedentes
Por su riqueza en hidrocarburos, Veracruz ha hecho una gran aportación de petróleo y gas a la nación. Esas contribuciones explican en buena medida la bonanza por la que han atravesado nuestras finanzas públicas durante los últimos años.
Si bien los excedentes de ingresos que ha obtenido el erario federal se explican también por los elevados precios de los hidrocarburos, es un hecho que sin hidrocarburos no habría excedentes petroleros.
Sin embargo, esa la contribución a la nación ha cobrado al Estado una factura muy alta, en cuanto al ambiente y a la ecología de la región.
Considerando
2. Que así, por ejemplo, el 5 de junio de 2003, los habitantes de Nogales, Veracruz, fueron sorprendidos por una explosión que causó la rotura de tres conductores de hidrocarburos, cuyo saldo fue la pérdida de vidas de la población civil, además del daño ecológico sobre 157 hectáreas de terrenos afectadas.
3. Que en 2004 otro accidente en la estación de bombeo de Mazumiapan derivó en un incendio, y en el derrame de hidrocarburos que contaminó más de 14 kilómetros a lo largo en los márgenes del río Coatzacoalcos y la laguna de Pajaritos.
4. Que durante 2005 se registraron incendios en las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Huichapan, en Nanchital e Ixhuatlán, en el oleoducto del complejo petroquímico de Pajaritos; todos ellos, con lamentables pérdidas humanas y graves daños ecológicos.
5. Que por Veracruz atraviesan poco más de 14 mil kilómetros de ductos.
6. Que de acuerdo con actas del Consejo de Administración de Pemex, más de 7 mil 600 kilómetros de esos ductos han sido clasificados como "críticos" por el estado en que se encuentran.
7. Que resulta incomprensible que después de haber obtenido más de 250 mil millones de pesos de excedentes petroleros, el gobierno federal tenga en esa situación de olvido la infraestructura de Pemex.
8. Que es necesario que el gobierno federal y Pemex den el mantenimiento requerido a sus instalaciones en Veracruz.
9. Que es urgente que el gobierno federal y Pemex restituyan el grave daño ambiental que han infligido a Veracruz.
Punto de Acuerdo
Único. Para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal y a Pemex a dar mantenimiento a sus instalaciones en Veracruz y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 31 de octubre de 2006.
Diputados: José Manuel
del Río Virgen (Convergencia); Édgar Mauricio Duck Núñez
(PAN); Adolfo Mota Hernández (PRI); Nemesio Domínguez Domínguez
(PRI); Luis Ricardo Aldana Prieto (PRI); Pedro Montalvo Gómez (PRI);
Holly Matus Toledo (PRD); Iñigo Antonio Laviada Hernández
(PAN); Ricardo Cantú Garza (PT); María Mercedez Maciel Ortiz
(PT); Antonio Vega Corona (PAN); Jorge Godoy Cárdenas (Convergencia);
Juan Abad de Jesús (Convergencia); Salvador Barajas del Toro (PRI);
Isael Villa Villa (PRI); Miguel Ángel Peña Sánchez
(PRD); Maribel Luisa Alva Olvera (PRD); Ana Yurixi Leyva Piñón
(PRD); Mónica Fernández Balboa (PRD); Fernando Enrique Mayans
Canabal (PRD); Adriana Díaz Contreras (PRD); Camerino Eleazar Márquez
Madrid (PRD); Neftalí Garzón Contreras (PRD); María
Soledad López Torres (PRD); Javier González Garza (PRD);
Elizabeth
Morales García (PVEM); Ramón Barajas López (PRI);
José Luis Blanco Pajón (PRI); Miguel Ángel Arellano
Pulido (PRD); Yary del Carmen Gebhardt Garduza (PRI); Arnulfo Elías
Cordero Alfonso (PRI); Horacio Emigdio Garza Garza (PRI); Tomás
Gloria Requena (PRI); Roberto Badillo Martínez (PRI); Carlos Ernesto
Zatarain González (PRI); Félix Castellanos Hernández
(PT); Ramón Valdés Chávez (Convergencia); Elías
Cárdenas Márquez (Convergencia); Gloria Ángela Bertha
Lavara Mejía (PVEM); José Antonio Arévalo González
(PVEM); Érika Larregui Nagel (PVEM); Faustino Javier Estrada González
(PVEM); María Guadalupe Josefina García Noriega (PVEM); Carlos
Alberto Puente Salas (PVEM); Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez
(PAN); Carlos Rojas Gutiérrez (PRI); Javier Guerrero García
(PRI); Sergio Augusto López Ramírez (PVEM); Víctor
Manuel Méndez Lanz (PRI); Mario Mendoza Cortés (PRI); Héctor
Padilla Gutiérrez (PRI); José Rubén Escajeda Jiménez
(PRI); Juan Dario Arreola Calderón (PRD); Raciel Pérez Cruz
(PRD); Francisco Sánchez Ramos (PRD); Daniel Dehesa Mora (PRD);
José Luis Aguilera Rico (Convergencia); Patricia Obdulia de Jesús
Castillo Romero (Convergencia); Layda Elena Sansores San Román (Convergencia);
Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia); Humberto López
Lena Cruz (Convergencia); Delio Hernández Valadés (Alternativa);
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa); Eduardo Sergio
De la Torre Jaramillo (Alternativa); Juan Manuel Parás González
(PVEM); Jesús Ramírez Stabros (PRI); Daniel Amador Gaxiola
(PRI); Eduardo Sánchez Hernández (PRI); Enrique Cárdenas
del Avellano (PRI); Antonio de Jesús Díaz Athié (PRI);
Andrés Carballo Bustamante (PRI); Francisco Javier Santos Arreola
(PRD); Alberto López Rojas (PRD); Francisco Martínez Martínez
(PRD); Jesús Humberto Zazueta Aguilar (PRD); Silbestre Álvarez
Ramón (PRD); Francisco Javier Calzada Vázquez (PRD); Héctor
Narcía Álvarez (PRD); Aida Marina Arvizu Rivas (Alternativa);
Miguel Ángel Jiménez Godínez (Nueva Alianza); Humberto
Dávila Esquivel (Nueva Alianza); Manuel Cárdenas Fonseca
(Nueva Alianza); Ariel Castillo Nájera (Nueva Alianza); Irma Piñeyro
Arias (Nueva Alianza); Silvia Luna Rodríguez (Nueva Alianza); Sergio
Hernández Hernández (PRD); Alejandro Chanona Burguete (Convergencia);
Martín Jaime Espejel Lazcano (PRD); Tomás José Luis
Varela Lagunas (Convergencia); Robinson Uscanga Cruz (Convergencia); Mónica
Tzasna Arriola Gordillo (Nueva Alianza); Diego Cobo Terrazas (PVEM) (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y A LA PROFECO QUE INVESTIGUEN LAS ACTUACIONES DE LA CFE POR EL INCUMPLIMIENTO
DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA NOM Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES
DE LUZ EN MEXICALI, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE MARÍA MANUELL
GÓMEZ ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Dolores de María Manuell Gómez Angulo a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar acuciosamente las faltas en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hubiere podido incurrir por incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la normatividad, en los medidores de luz del municipio de Mexicali; también se solicita a la Secretaría de la Función Pública que envíe a la Cámara de Diputados un informe detallado del resultado de esa investigación; y se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a iniciar, con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, las acciones correspondientes para llevar a cabo las visitas de verificación necesarias, respecto al mal funcionamiento de los medidores de luz, y el cobro excesivo del servicio de luz, proporcionados por la CFE en Mexicali, razonado en las siguientes
Consideraciones
La CFE es un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene como objeto la planeación del sistema eléctrico nacional; entre sus funciones están las de generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, teniendo como obligación cumplir lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás ordenamientos aplicables.
La Comisión Federal de Electricidad comprendida en la zona de Baja California y parcial de Sonora emplea medidores de luz que no cumplen los estándares de calidad indicados en la norma oficial mexicana que al respecto se publicó en el Diario Oficial y, por tanto, se está faltando a lo dispuesto en la normatividad.
Los problemas que enfrentan esos medidores se deben a las condiciones metrológicas de la zona, causadas por las altas temperaturas, provocando que esos instrumentos de medición no cuenten con las características adecuadas, y por consiguiente fallen en su funcionamiento, disparándose con ello las mediciones y los costos, con la respectiva afectación a los consumidores de uso doméstico.
De un estudio detallado de esos aparatos se desprende que los mismos presentan diversas irregularidades o deficiencias.
Las especificaciones de los medidores no están diseñadas para operar correctamente por encima de 40° centígrados, por lo que al menos durante cuatro meses del año se encuentran fuera de rango.
Para un correcto funcionamiento, los medidores deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30° centígrados, ya que en el medidor ésta se incrementa 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo que afecta a miles de consumidores en Mexicali y algunos municipios fronterizos de Sonora.
Asimismo, los medidores no cuentan con la leyenda de la NOM, lo que de por sí ya es una falta a ésta.
La CFE, a pesar de tener la obligación de adquirir ese tipo de equipos mediante licitación pública, es de extrañar o cuando menos requiere claridad su contratación, pues todos los medidores pertenecen a una sola marca comercial, a la que parece dar preferencia.
De igual manera, podemos señalar también la deficiente toma de lecturas. Según indica la propia CFE, el estándar de lecturas debe ser de mil lecturas por operador en un turno, lo que equivaldría a tomar 1 lectura cada 17 segundos, lo que de por sí es imposible.
En suma, han sido levantadas varias voces señalando estas irregularidades, entre las que se encuentran sociedad civil, distintas organizaciones sociales, la Cámara de Comercio de Mexicali y su servidora, quienes hemos señalado que es indispensable que la Secretaría de la Función Pública y la CFE investiguen esas inconsistencias en el cumplimiento de la ley.
Es importante transparentar y responder a los usuarios y consumidores sobre esta situación. Por eso venimos a esta alta tribuna, en vista de que no hemos recibido atención y una respuesta clara de la CFE en la zona correspondiente a Baja California.
La situación no es menor, pues las condiciones a que se enfrentan los mexicalenses por las altas temperaturas se relacionan estrechamente con el empleo de la energía eléctrica, y por ello contar con los instrumentos adecuados para enfrentar estas características climáticas es indispensable, y que tengan un buen funcionamiento.
Por ello, con fundamento en lo anterior venimos a solicitar que las inquietudes de los pobladores de Mexicali sean atendidas y, en su caso, se deslinden responsabilidades.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar acuciosamente las faltas en que la CFE hubiere podido incurrir por incumplimiento de las especificaciones técnicas, establecidas en la normatividad, en los medidores de luz del municipio de Mexicali.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que envíe a la Cámara de Diputados un informe detallado del resultado de la investigación.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a iniciar con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor las acciones correspondientes para llevar a cabo las visitas de verificación necesarias respecto del mal funcionamiento de los medidores de luz y el cobro excesivo del servicio de luz, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputada Dolores de María Manuell Gómez
Angulo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE ESTA SOBERANÍA INSTRUYA A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN,
Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA QUE INSTALEN LA SUBCOMISIÓN
DE EXAMEN PREVIO; Y DE QUE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
PROPONGA LA INTEGRACIÓN DE LA SECCIÓN INSTRUCTORA, A CARGO
DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. Que uno de los temas más importantes respecto a la aplicación eficiente del orden jurídico es precisamente el del control de la actuación de los servidores públicos y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades.
Segundo. Que el marco normativo de la responsabilidad lo compone fundamentalmente la propia Constitución en el Título IV, denominado "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado", creado mediante la reforma del 28 de diciembre de 1982, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982. Ambas reformas se enmarcan en lo que se denominó en su momento "renovación moral de la sociedad", atendiendo a una insistente demanda de la comunidad por terminar con la corrupción generalizada, estableciéndose con precisión cuatro tipos de responsabilidad: la política, la administrativa, la civil y la penal, entendiéndose por responsabilidad la obligación que tiene el servidor publico de responder por sus actos indebidos o ilícitos, según establezca la ley.
Tercero. Que la responsabilidad política de los servidores públicos, contenida en el artículo 110 constitucional, se sustancia a través del juicio político, el cual es un procedimiento desarrollado por el Congreso de la Unión a partir de la denuncia de cualquier ciudadano, a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso de que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Cuarto. Que en términos del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados es la facultada para sustanciar el procedimiento de juicio político, actuando en este caso como órgano instructor y de acusación; y la Cámara de Senadores, para fungir como jurado de sentencia.
Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dicho procedimiento en la Cámara de Diputados se sustanciará en primer lugar por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia, que al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos, y en segunda instancia por la Sección Instructora.
Quinto. Que con base en la naturaleza de sus funciones, el sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos servidores públicos una inmunidad procesal en materia penal, que los protege legal y políticamente para evitar ser agredidos por poderes públicos o acusados sin sustento jurídico. Dicha inmunidad procesal puede retirarse a través del procedimiento de declaración de procedencia.
Sexto. Que la declaración de procedencia es un proceso competencia de la Cámara de Diputados que tiene por objeto poner a un servidor público a disposición de una autoridad judicial, a fin de que lo juzgue exclusivamente por el delito o por los delitos cometidos durante su encargo y que han sido objeto de solicitud. Asimismo, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece que la declaración de procedencia se sustanciará a través de la Sección Instructora.
Séptimo. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre sus integrantes se designe a los que habrán de formar, cuando se requiera, la Sección Instructora encargada de las funciones a que se refiere la Ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades.
Octavo. Que, en términos del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Sección Instructora se integra por cuatro diputados propietarios integrantes de la Comisión Jurisdiccional, designándose por cada uno de ellos un suplente, que sólo podrá asumir sus funciones en caso de ausencia temporal o definitiva.
Noveno. Que en un escenario de pluralidad, el vehículo para la construcción de las decisiones políticas se denomina "consenso", que suma las diferencias en beneficio de todos, no el que olvida las diferencias para salvar coyunturas. En este contexto es necesario que la Junta de Coordinación Política asuma su papel de órgano colegiado, expresión de la pluralidad de la Cámara y, en consecuencia, presente al Pleno de esta honorable asamblea un acuerdo plural e incluyente con los nombres de los diputados que integren la Sección Instructora.
Décimo. Que con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Carta Magna, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Ley Suprema y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.
Undécimo. Que el proceso de madurez política que vive la sociedad mexicana es producto del esfuerzo de todos. Para su consolidación es necesario que en todas las actuaciones de la sociedad civil y autoridades prevalezcan el interés supremo de la nación y la cultura de legalidad que nos dé certeza, confianza, equidad y libertad. En virtud de ello, la Cámara de Diputados, en cumplimiento de las facultades otorgadas en la Ley Suprema, debe salvaguardar el principio de igualdad ante la ley y de legalidad. Por tanto, es indispensable que, en virtud de las solicitudes de procedencia y de juicio político que existen, se dé al cumplimiento de estudiarlas, analizarlas y dictaminarlas a efecto de que se desechen o se realicen las declaratorias de procedencia correspondientes, con la finalidad de combatir la impunidad y el rezago legislativo.
Duodécimo. Que existen numerosas solicitudes de juicio político y de declaración de procedencia para dictaminarse, existiendo muchas que corren el riesgo de prescripción, por lo que resulta impostergable integrar con la mayor brevedad la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos y de declaración de procedencia, como los presentados contra los gobernadores de los estados de Puebla y de Oaxaca, Mario Marín y Ulises Ruiz, a efecto de no provocar la impunidad de los servidores públicos que han incurrido en alguna de las causales de procedencia.
Decimotercero. Que el desarrollo de la democracia a que pretendemos llegar debe estar acompañado de un cambio en el sistema jurídico que cree las condiciones necesarias para establecer un régimen de responsabilidades sólido, por lo que es necesario que esta soberanía cumpla las facultades que la Ley Suprema le otorga a fin de aplicar los procedimientos para que los afectados puedan exigir de manera eficaz el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, así como hacer exigibles dichas responsabilidades de manera acorde con el estado de derecho.
Por lo expuesto, y con fundamento con lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos para que, en términos del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, integren e instalen la Subcomisión de Examen Previo de juicios políticos.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades legales, proponga al Pleno de la Cámara de Diputados la formación de la Sección Instructora, de entre los integrantes de la Comisión Jurisdiccional. Dicha Sección Instructora tendrá competencia para intervenir en los procedimientos de declaración de procedencia y de juicio político, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes secundarias.
Tercero. Las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos y la Junta de Coordinación Política garantizarán la pluralidad y la representatividad de los grupos parlamentarios en la formación de la Subcomisión de Examen Previo de juicios políticos y de la Sección Instructora.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA SEGOB PARA DEJAR SIN EFECTO LA
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA NORMA PROY-NOM-029-PESC-2004,
POR LOS DAÑOS QUE OCASIONARÍA A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
DE BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Lorena Martínez Rodríguez, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados del sector popular del Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, para solicitar por conducto de la Secretaría de Gobernación, enlace entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo federal, que se exhorte a la Secretaría de Agricultura Ganadería Recursos Naturales Pesca y Alimentación y al Comité Consultivo Nacional de Pesca Responsable (Conapesca-Sagarpa) a dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004, por los daños que ocasionará a la actividad turística de Baja California Sur, conforme a las siguientes
Consideraciones
La República Mexicana por su gran biodiversidad está entre los 12 países en el orbe considerados "megadiversos" Con 2 mil 200 kilómetros de litoral, Baja California Sur mucho aporta para ello. Con grandes bellezas naturales y una fauna marina única, la entidad ha logrado convertirse en uno de los polos turísticos más importantes del país y del mundo. Mucho de ese éxito se debe a una actividad que se desarrolla desde hace décadas, la pesca deportiva. Tan es así, que la legislación pesquera de la república considera especies reservadas esta disciplina catalogada como deporte. De los "picudos", como se llama al marlín, pez vela, pez espada y dorado, entre otros, está prohibida la captura comercial. Sin embargo, por ser especies sumamente cotizadas en el mercado, hay voces que dicen que hay sobreproducción de esas especies, lo que hace posible su pesca masiva sin ponerlas en riesgo de extinción.
Detrás de la medida en la aplicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004, que reduce la zona de exclusión de 50 a 20 millas, y dado que no existe una óptima regulación de la pesca comercial, esto pone en peligro la pesca deportiva, el principal soporte del turismo en Baja California Sur.
El turismo es una industria (sin chimeneas) integrada horizontal y verticalmente y constituye el soporte económico de miles de familias sudcalifornianas de todos los niveles económicos. Crea empleos directos e indirectos; también se encuentran grandes, medianos, pequeños y microempresarios en actividades varias que demanda este sector. También se ha convertido en el principal motor de desarrollo de la entidad; ha posibilitado fortalecer la demanda interna de productos y bienes originarios de la entidad.
Por ello, en nombre de los diputados del sector popular del Grupo Parlamentario del PRI y considerando el enorme daño que puede causar a la entidad la puesta en vigor de la norma mencionada, someto a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, como enlace del Poder Legislativo con el Ejecutivo federal, que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación y al Comité Consultivo Nacional de Pesca Responsable (Conapesca-Sagarpa) para dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004, por los daños que ocasionará a la actividad turística de Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR LA EXPROPIACIÓN
Y DEVOLUCIÓN DE LOS INGENIOS DEL PAÍS, A CARGO DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la integración de una Comisión Especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. El 3 de septiembre del 2001, el presidente Vicente Fox, decidió expropiar por "causas de utilidad pública" 27 de los 36 ingenios azucareros del país, y 4 años y medio después tuvo que devolverlos a sus dueños originales gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Considerando
2. Que nuevamente el gobierno a través de complicados esquemas financieros, en los cuáles no se descarta la corrupción y la negligencia, pretende esconder las tremendas pérdidas que para el erario público representan los rescates del capital, argumentando la utilidad pública.
3. Para corroborar lo anterior, sólo basta recordar que de acuerdo con los informes sobre la revisión de la cuenta pública de los años 2001, 2002 y 2003 se observaron un multiplicidad de irregularidades que sugieren que más que una expropiación, el asunto de los ingenios fue un saneamiento con cargo a las finanzas públicas.
4. Que para ello, se aprovecho que la entidad financiera del sector azucarero (Financiera Nacional Azucarera) desde el año 2000 había entrado en un proceso de liquidación y disolución, ya que a diciembre de 2001, esta entidad había registrado pérdidas por aproximadamente 13 mil 837 millones de pesos y sus deudas superaban en 10 mil 216.3 millones de pesos, a los pocos activos que aún mantenía.
5. Que de esta manera y de acuerdo con datos de la Auditoria Superior de la Federación en la Cuenta Pública de 2001, 26 de los 27 ingenios expropiados en septiembre de 2001, mantenían adeudos con Financiera Nacional Azucarera (Fina) por un monto de 15 mil 373 millones de pesos, estos pasivos (adeudos) pasaron a manos del gobierno a través de Fina que a su vez ya se encontraba en proceso de liquidación desde el año 2000.
6. Que sin embargo el problema no quedó ahí, pues de acuerdo al informe sobre la revisión de la Cuenta Pública del 2002, se observó que para administrar los ingenios expropiados el gobierno federal se creó el 10 de octubre de 2001 un fideicomiso en Nacional Financiera denominado Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) que tendría como objetivo administrar los bienes expropiados.
7. Para administrar y operar las empresas azucareras, el fideicomiso FEESA constituyó una empresa denominada, Promotora Azucarera, SA de CV (Proasa), quién a su vez creo un fideicomiso comercializador llamado Fico.
8. Que de esta manera el auditor Superior de la Federación, en su informe sobre la revisión de la Cuenta Pública del 2002, realizó diversas observaciones a la operación de este fideicomiso que a la fecha nadie sabe a ciencia cierta si fueron solventadas a cabalidad, de dichos señalamientos destacan los siguientes:
"El director general de Fico no presentó trimestralmente a la fiduciaria Nafin, ni a su Comité Técnico, la información contable y financiera requerida para precisar la situación financiera del fideicomiso. Se constató que para 2002 y 2003 sólo se presentaron tres informes" (Pág. 467).
Sin embargo llama la atención lo consignado en el informe de la ASF que señala lo siguiente:
12. Que de acuerdo con datos publicados por la ASF al 31 de diciembre del 2003, los estados financieros de los ingenios expropiados reflejaban una mejoría en sus resultados al presentar una disminución de sus perdidas netas de 58.8 por ciento y 48.8 por ciento con relación a los ejercicios de 2001 y 2002 respectivamente.
13. Que a partir de la expropiación fallida, se ha observado una notable mejoría en su situación financiera, así mientras que al 31 de diciembre del 2001, 24 ingenios presentaban un déficit de operación y sólo 3 un superávit.
14. Para diciembre de 2003, el número de ingenios con déficit fue de sólo 7 y 20 los que obtuvieron un superávit.
15. Que de esta manera, para 2003, en conjunto los ingenios expropiados obtuvieron ingresos por 13 mil 508 millones de pesos, derivados de la comercialización de azúcar y subproductos, mostrando así un incremento de casi 7.8 por ciento con respecto a lo obtenido en el 2002.
Finalmente conviene preguntarnos ¿a quién rescato el gobierno con la fallida "expropiación" de 27 ingenios?, ¿fue realmente a los cañeros?, o bien ¿a unos abusivos industriales?
Lo que sin lugar a dudas queda claro es que en materia de rescates financieros el gobierno continua repitiendo los errores del pasado.
Por todo lo anterior, los legisladores suscritos presentamos ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la Comisión Especial para investigar la expropiación y devolución de los ingenios del país.
Segundo. La Comisión Especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Esta Comisión Especial contara con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los 31 días de octubre de 2006.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES MIGRANTES Y DE SUS FAMILIAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
JACQUES Y MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, José Jacques Medina, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 34, incisos a), b) y c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, con base en los siguientes
Considerandos
Hoy más que nunca, desde la máxima tribuna de la nación hago un llamado a la consideración de los legisladores del Congreso de la Unión, a quienes ejercemos la representatividad soberana del pueblo y que tenemos la obligación de ocuparnos de las legítimas demandas de la gente para que atendamos de manera urgente la realidad de uno de los temas prioritarios de la agenda de gobierno: los migrantes. Desde el Congreso de la Unión necesitamos responderles en el mismo sentido con que ellos lo hacen con nuestro país; para ello se necesita impulsar una nueva política migratoria internacional que nos comprometa y promueva acuerdos firmes y viables entre México, Estados Unidos y las naciones de Centroamérica. Necesitamos consolidar una estrategia que beneficie a nuestras fronteras y a los países involucrados y que promueva el bienestar y la seguridad social de los trabajadores migrantes y sus familias.
El fenómeno migratorio en México es una prioridad de carácter nacional; por ello, la responsabilidad de las acciones que emprendemos debe tener un amplio sentido social y en concordancia con las aspiraciones de millones de migrantes que se encuentran fuera de territorio nacional y de otros tantos que se encuentran en nuestro país. La situación de los migrantes y sus familias tiene alta incidencia en las políticas públicas de los gobiernos de las naciones involucradas con la salida, tránsito y destino final de los migrantes; por ello, la gran movilidad que existe en nuestro país debe preocupar y ocupar al Congreso para la aplicación y redefinición de estrategias para el trato y atención de migrantes, así como la defensa de sus derechos en cada una de las etapas de la migración.
Resulta difícil reconocer nuestra realidad y responsabilidad con los compañeros migrantes y sus familias. México tiene que redefinir su posición con respecto al migrante; tratarlo como ser específico y característico de un enorme fenómeno de nuestro tiempo, que tiene derechos salvaguardados en las propias leyes mexicanas y en acuerdos y convenciones internacionales signados por nuestro gobierno; no es sólo parte de un "asunto migratorio", nuestros migrantes y sus familias necesitan recuperar su dignidad como personas y sentirse respaldados por las propias garantías que emanan de nuestra Carta Magna, de la cual nosotros, los representantes de la nación, somos en gran parte responsables de su cumplimiento.
Después del incidente del 11 de septiembre del 2001, la protección de fronteras se ha incrementado sustancialmente. Hoy, a cinco años de los lamentables sucesos de índole terrorista, la frontera norte se ha vuelto una zona de guerra con graves riesgos y peligros para quienes han decidido migrar, y en la frontera sur las condiciones de inseguridad y persecución están presentes en una alta medida. Esto ha dado lugar a un aumento considerable en la cantidad de traficantes de personas, mejor conocidos como "polleros", y los precios que ellos demandan, así como redes de delincuencia y vandalismo.
Por otra parte, es de todos conocido que los grupos de mexicanos que emigran al norte son sujetos a diversas violaciones de sus derechos humanos, que van del asalto y robo a las violaciones de mujeres, secuestros y asesinato. Además, una gran cantidad de mexicanos indocumentados que radican en Estados Unidos de América son sometidos a toda clase de discriminación en el trabajo, la salud y la educación; son extorsionados, reprimidos y carecen de los más elementales derechos civiles establecidos en los tratados internacionales para este tipo de población. De igual manera, recurrentemente sabemos del trato desigual y, en muchos casos, hasta inhumano que se da en México a los migrantes de otras naciones, principalmente de Centroamérica.
Sin duda, la complejidad de temas que rodean al fenómeno migratorio permite respaldar la propuesta de la creación de este órgano legislativo, que hoy es una prioridad en nuestro Congreso. México es la nación más migrante del mundo, por ello no podemos construir los cimientos de un desarrollo justo cuando las desigualdades existentes han sido un incentivo para que muchos mexicanos hoy se encuentren fuera del territorio nacional.
En torno a la migración tenemos asuntos no sólo de índole jurídica o de derechos humanos; conviven también grandes temas en materia de salud y educación, de desarrollo humano y participación social, de comercio e intercambio de bienes entre otros; por ello, insisto en la necesidad de que construyamos un órgano medular que consolide la propuesta única de crear las condiciones necesarias para vincular el tema de los derechos de los trabajadores migrantes en uno solo y no solamente como un asunto migratorio.
El propio Ejecutivo Federal tiene diferentes instancias que atienden los asuntos inherentes a la migración, incluso en varias de las Secretarías de Estado, como Gobernación, Desarrollo Social, Salud, Economía y Relaciones Exteriores, entre otras; esta dispersión no nos ha permitido construir una política de estado acorde a la magnitud de los grados de atención que requieren los asuntos derivados del fenómeno migratorio y en especial los que conllevan a la protección de los trabajadores migrantes y sus familias.
Sería ocioso enumerar los muchos ejemplos claros existentes sobre la necesidad de atención que requieren los trabajadores migrantes en México y en el exterior, todos nosotros conocemos de sobra lo que los migrantes padecen al estar alejados de su familia y su país; de igual manera, ustedes, señores legisladores, conocen bien las demandas de los migrantes, conocen los lamentables sucesos y riesgos a que están expuestos los migrantes en su partida, en su tránsito y en su destino. Ninguno de nosotros puede sentirse alejado de la gran realidad de nación que es el fenómeno migratorio en México en la actualidad y en su historia misma; por ello, el presente punto de acuerdo pretende ser un esfuerzo mayor desde nuestro congreso; la misión y propósitos de esta Comisión será justamente atender la problemática del migrante en México y en Estados Unidos, ante una realidad que se ha agravado dolorosamente, por la indolencia de uno y otro lado de nuestras dos fronteras; pero, además, su creación se convierte en una respuesta inmediata y necesaria para atender las legítimas demandas de nuestros connacionales en el exterior, principalmente de todos los millones que se encuentran en los Estados Unidos; por ello, destaco nuevamente el hecho de que desde esta soberanía tenemos que plantear propuestas reales y apegadas a las necesidades de nuestros connacionales, y de ninguna manera tenemos que asumir que las soluciones para México y Centroamérica se tienen que diseñar desde Washington, soluciones que, como ya hemos visto, se fundamentan en principios nocivos a la dignidad humana y en su mayoría matizados de racismo, discriminación y xenofobia.
Así, esta comisión, entre su misión y objetivos tendrá el de trabajar a favor de los migrantes, haciendo énfasis en las mujeres, niños, trabajadores, refugiados y discapacitados, y ante todo aquello que vulnere gravemente los derechos humanos de los migrantes, como la discriminación, el racismo, la tortura, la trata de personas y la explotación en cualquiera de sus modalidades.
Temas prioritarios para el desarrollo de nuestro país tales como el económico, en donde se analizarán e impulsarán los convenios aduanales para su mejoría o implementación, o el de los envíos de dinero o "remesas", y la ejecución legal y regulación de los mismos también serán estudiados y atendidos al interior de esta comisión, ya que los recursos que provienen por este medio son fundamentales para la subsistencia de miles de familias de migrantes, quienes utilizan estos recursos para subsistir y solventar los gastos de sus necesidades básicas, como alimentación, educación, salud, mejoras de vivienda, etcétera.
Esta comisión, desde esta Cámara, será el primer gran intento de unificar los criterios en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias e intentará impulsar en mayor medida los mecanismos que permitan activar la creación de mayores y mejores instancias en beneficio de los migrantes y fortalecer las existentes para construir una auténtica política migratoria apegada a la realidad social de la región norte y mesoamericana.
Ante esto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. Esta comisión especial tendrá por objeto, además de los arriba mencionados, lo siguiente:
Pugnar por eliminar todo tipo de discriminación, maltrato, tortura o represión que se pretendan infringir a nuestros connacionales radicados en el exterior y a los migrantes que se encuentren en tránsito en nuestro territorio.
Recurrir ante los organismos e instancias internacionales para exigir el estricto cumplimiento de los pactos y tratados multilaterales suscritos con relación a los flujos migratorios; y responsabilizar a las naciones receptoras en cuanto al respeto y salvaguarda de la integridad física, la dignidad y los derechos humanos de los migrantes.
Aprovechar foros internacionales, como los de la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, la Conferencia Regional sobre Migración y la Cumbre Iberoamericana, entre otros, para presentar propuestas concretas con el fin de preservar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos indocumentados.
Colaborar en el mejoramiento de la política migratoria mexicana y de su marco jurídico e institucional para fortalecer el combate a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, al delito de trata de mujeres, niñas y niños; a la falsificación de documentos y a los demás delitos asociados a este fenómeno, con el fin de garantizar la integridad física y la seguridad de los migrantes mexicanos y centroamericanos y de otros países y fortalecer la cooperación en la materia con los gobiernos de los países vecinos. Asimismo, desde este órgano legislativo se impulsará un acuerdo de cooperación entre el gobierno y las organizaciones sociales, civiles, políticas y religiosas para consolidar una política de atención coordinada y organizada para los trabajadores migrantes y sus familias
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de octubre del dos mil seis.
Diputado José Jacques Medina
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA REVISIÓN
DEL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO
CON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ, A CARGO DEL DIPUTADO
RAMÓN BARAJAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Ramón Barajas López, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes
Considerandos
El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 por México, Estados Unidos y Canadá tenía la finalidad de buscar un comercio justo y equitativo para las naciones firmantes, promoviendo el intercambio comercial como un elemento impulsor del crecimiento y desarrollo económico.
No obstante, durante la vigencia del tratado éste no ha significado ventajas para la economía mexicana, sobre todo en el apartado referido al capítulo agropecuario, cuyo saldo para nuestro país han sido de enorme costo.
En este contexto, para algunos el 2008 sólo es un año en el futuro, pero para el campo es la encrucijada para profundizar la pobreza o salir de ella. A partir del primero de enero de ese año el tratado establece la apertura total del sector.
Así, quedarán eliminados los aranceles a la importación de cuatro últimos productos: azúcar, leche en polvo, frijol y maíz blanco. Estos dos últimos, altamente sensibles para los campesinos, pues más de 20 millones viven de su producción.
Liberar estos cuatro productos, pone en riesgo la soberanía alimentaria de México, pues en diez años la importación de alimentos se incrementó en más del 100 por ciento.
Además, las importaciones libres serán sólo para maíz blanco, en donde nuestros socios no tienen competencia.
Ante esta disyuntiva, las organizaciones campesinas y diversos estudiosos del tema, han insistido en la necesidad de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN, no sólo porque no se ha logrado estar en condiciones de competencia, sino porque, además, no se han obtenido grandes beneficios. Se ha concluido en que es viable renegociar el capítulo agropecuario.
Coincidimos con los investigadores Ángel Gómez, Rita S. Rindermann y José Luis Calva en que existen fundamentos jurídicos para revisar y posteriormente renegociar el TLCAN; esto es posible por las facultades que otorgan al Presidente de la República el artículo 89 constitucional, fracción 10, (la igualdad jurídica de los Estados), y el artículo 131 constitucional, que a la letra dice: "El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o realizar cualquier otro propósito en beneficio del país".
Con lo anterior, el Congreso faculta al Ejecutivo para establecer y modificar las disposiciones que permiten regular el comercio exterior y garantizar las salvaguardas de la nación en general.
Recordemos que la Constitución, como ley suprema, se aplica en forma general y ninguna otra ley ni tratado internacional puede estar por encima de esta legislación.
El propio TLCAN reconoce este derecho en el artículo 803.1, que a la letra dice: "Cada una de las Partes se asegurará de la aplicación uniforme, imparcial y razonable de sus leyes, reglamentaciones, resoluciones y determinaciones que rijan todos los procedimientos para la adopción de medidas de emergencia".
Otras bases legales para la revisión y renegociación del TLCAN se encuentran en los artículos 801 y 2202; éste último, dice:
2. Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procedimientos correspondientes de cada parte constituirán parte integral de este tratado.
Sin embargo, también considero que la revisión y renegociación podría afectar algunos intereses particulares, en especial de los importadores e intermediarios de los productos agropecuarios, pero no perjudicarían a los consumidores. Por otro lado, no habría afectación para los exportadores mexicanos, siempre y cuando se aprovechen los márgenes de maniobra que permite el propio TLCAN, además de los que permite la Organización Mundial de Comercio (OMC) para países en desarrollo.
Es responsabilidad del Congreso instrumentar políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto; siempre debe tener clara su responsabilidad por el bienestar de la población, y este es un tema de gran importancia para los productores agropecuarios; así pues, no importa quién sea el presidente o que partido esté en el poder, el compromiso en el país es el mismo.
Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del Pleno de ésta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Único. Que la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados acuerde la creación de una Comisión Especial para el seguimiento y revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos y Canadá, y que, entre otras facultades, sea copartícipe directa con el gobierno federal en el eventual proceso de renegociación de este apartado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.
Diputado Ramón Barajas López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE INCLUYA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 RECURSOS PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo para solicitar que el Ejecutivo federal asigne en el Presupuesto de Egresos 2007, recursos suficientes para la construcción de las carreteras que van de los municipios de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa y de Actopan a Atotonilco, en el estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es aún un país con serios problemas de subdesarrollo, atraso y marginación. En los estados del centro y sur, la marginación y estancamiento económico se acentúan, principalmente, por la falta de servicios públicos que permitan a las comunidades más pobres subsistir y, por otra parte, derivado de la insuficiente infraestructura carretera que una a las comunidades más apartadas y de difícil acceso, con las principales vías de comunicación.
Actualmente, la pobreza del país se concentra en estas regiones, en las zonas rurales más apartadas y con menores posibilidades de acercamiento con las grandes concentraciones urbanas. Es, con éstas comunidades, con quienes debemos establecer el mayor compromiso, el mayor trabajo, el mejor esfuerzo.
El estado de Hidalgo es una de las entidades más pobres de México. Su índice de marginación es muy alto, ocupando el quinto lugar respecto el resto del país. En el estado aún existen comunidades aisladas que viven en extrema pobreza, en donde la gente aún muere por la falta de servicios médicos, en donde la gente aún necesita caminar entre cerros y brechas para llegar a un hospital y ser atendidos, en donde la gente aún habla únicamente sus lenguas ancestrales y no tiene oportunidad alguna de acceder a los servicios más elementales para su subsistencia.
En éste sentido, es importante comentarles que los caminos rurales y las brechas constituyen la mayor parte de la infraestructura carretera de la entidad. Tan sólo el 30 por ciento de ésta, se encuentra cubierta de asfalto, dejando descubiertas las zonas con mayor índice de marginación. Es de interés señalar que gran parte de los recursos que llegan al estado de Hidalgo destinados a dicha infraestructura, son invertidos en la parte centro-sur de la entidad, produciendo la falta de desarrollo y la desintegración de las zonas más pobres y marginadas del estado.
Dicho fenómeno ha sido un factor determinante para el atraso de las comunidades que se encuentran en la sierra del estado, en donde el ejemplo de marginación extrema, lo constituyen los municipios de Juárez Hidalgo y Tlahuiltepa, en los cuales más del 70 por ciento de la población mayor de 15 años no concluyó la primaria, el 80 por ciento de ésta no tiene acceso a energía eléctrica, el 75 por ciento aún vive en casas con piso de tierra, sin escusados, y el 85 por ciento de la población ocupada subsiste con menos de dos salarios mínimos.
En tal sentido, concluir la construcción de una carretera que vaya desde el municipio de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa, beneficiará directamente a 24 comunidades rurales, permitiendo que un gran número de personas tengan acceso a servicios básicos, como salud, educación, electricidad, agua potable y mayores oportunidades de empleo.
Paradójicamente a lo anterior, el estado de Hidalgo tiene una posición geográfica estratégica a nivel nacional que, derivado de su excelente ubicación, se constituye en un vínculo obligado entre el sur y el norte del país, al ser un paso forzoso para el traslado de mercancías y personas, a los principales puertos marítimos del Golfo y del Pacífico.
Sin embargo, encontramos que toda comunicación terrestre en la entidad, implica, necesariamente, el paso por la capital del estado, obligando a los transportistas a hacer recorridos innecesarios, ocasionándoles pérdidas económicas y de tiempo valioso para la entrega de sus mercancías.
Ejemplo de lo anterior, es la falta de conexión que existe entre el Valle del Mezquital con la Huasteca hidalguense, misma que puede solucionarse con la construcción de una carretera que va del municipio de Actopan al de Atotonilco El Grande, ahorrando más de dos horas de recorrido y el paso obligado por al menos en 4 municipios de la entidad.
La construcción de caminos en estas regiones debe ser considerada como prioritaria para su desarrollo, ya que traería consigo diversos beneficios, permitiendo una efectiva comunicación con otros centros poblacionales, el fomento al turismo, deteniendo los altos índices de migración y, finalmente, integrando a las comunidades rurales con los servicios públicos que debe proporcionar el Estado.
Tal es la importancia de dichos proyectos, que ambos fueron considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005; sin embargo, en el caso de la carretera de Juárez Hidalgo a Tlahuiltepa, solamente fueron aprobados 27 millones de pesos, suficientes para la construcción de 6 kilómetros, con respecto a los 40 kilómetros que abarcan la totalidad de la obra.
En relación a la construcción de la carretera de Actopan a Atotonilco El Grande, los 160 millones de pesos que fueron incluidos en dicho presupuesto, fueron cancelados derivado de la controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo federal en diciembre de 2004, eliminando con esto un proyecto indispensable para el desarrollo de la entidad, que permitirá la conexión estratégica de los estados del centro del país con el puerto de Tampico.
Es importante hacer mención que ambos proyectos cumplen con los criterios para la asignación de recursos, al atender a las comunidades más necesitadas y con mayor grado de marginación y, al mismo tiempo, garantizar el costo beneficio de la obra, por tratarse de proyectos estratégicos que permitirán el desarrollo de diversas comunidades, facilitando así los intercambios comerciales y, beneficiando directamente a los habitantes de las zonas más marginadas de la entidad.
La apertura de nuevos caminos es un factor esencial para el desarrollo económico y la cohesión territorial, que le permita a la población local mejorar permanentemente sus condiciones de vida y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo, por lo que, fortalecer y modernizar nuestras vías de comunicación, deberá ser una prioridad estratégica que nos permita luchar contra la pobreza y transformar así los medios de existencia de las poblaciones rurales.
Como legisladores, debemos impulsar las actividades productivas regionales que permitan generar condiciones de igualdad en la población más desfavorecida e incorporar al crecimiento económico a las zonas marginadas.
Por lo anterior, es urgente que la asignación de recursos para la construcción de carreteras atienda, en gran medida, al grado de marginación de las zonas más pobres del país, garantizando así una aplicación eficiente y equitativa de los recursos públicos.
Recordemos que debemos luchar por combatir las necesidades de los más pobres, de los más desprotegidos.
En éste tenor, me permito proponer a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar al Ejecutivo federal, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluya en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007, la asignación de recursos para concluir la carretera que va del municipio de Juárez Hidalgo al de Tlahuiltepa, así como para la construcción de la carretera del municipio de Actopan a Atotonilco El Grande, en el estado de Hidalgo.
Diputado Sergio Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIA CONTRA LA CONDENA DE MUERTE MEDIANTE
LAPIDACIÓN QUE PESA SOBRE SIETE MUJERES EN LA REPÚBLICA ISLÁMICA
DE IRÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada federal Aurora Cervantes Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presenta ante esta soberanía punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia contra la pena de muerte mediante lapidación que, como condena, pesa sobre siete mujeres en la República Islámica de Irán, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Parisa, Iran, Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra y Fatemeh son siete iraníes condenadas a morir lapidadas; fueron sentenciadas a muerte acusadas de haber cometido adulterio.
Conforme a lo dispuesto en la Sharia (Ley Islámica), deberán ser enterradas hasta el pecho, de manera que las manos queden atrapadas. El artículo 116 de la Ley Penal Iraní dispone que "las piedras usadas para lapidar no deben ser tan grandes como para matar al adúltero al primer o segundo impacto, ni tan pequeñas como un guijarro". En Irán, lapidar a una persona hasta la muerte no va contra la ley; usar la piedra incorrecta sí.
Recordemos el caso de Amina Lawal, una nigeriana que, tras haber quedado embarazada después de haberse divorciado, fue acusada en 2002 de adulterio y, conforme a lo dispuesto en la Ley Sharia, condenada a la pena de muerte mediante lapidación. Sin embargo, gracias a que el proceso atrajo la atención internacional, y destacadas figuras y personalidades se pronunciaron contra la ejecución, finalmente en 2003 una corte de apelaciones islámica al norte de Nigeria anuló la condena contra Amina.
En esta soberanía no podemos permanecer impávidos ante la flagrante violación de los derechos humanos de esas mujeres. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes; son lo que nos hace humanos. Es su universalidad la que les da fuerza; por tanto, es compromiso de la comunidad internacional garantizar el respeto y la universalidad de los derechos humanos para todas las personas. Nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos, venga de donde venga, debe ser tajante.
En consideración de lo anterior, someto de la manera más atenta y respetuosa a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se manifiesta contra la pena de muerte mediante lapidación, por considerar esta práctica una grave violación de los derechos humanos de las personas.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo a emitir mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores un pronunciamiento de repudio a la práctica de la pena de muerte mediante lapidación llevada a cabo en la República Islámica de Irán.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo a efecto de que en la próxima reunión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la delegación mexicana se manifieste contra la práctica de la pena de muerte mediante lapidación llevada a cabo en la República Islámica de Irán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR EN EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 UNA PARTIDA DESTINADA
AL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, A
CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN DE LOS SANTOS MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante esta soberanía a presentar punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
1. Para solucionar la problemática de los ex trabajadores migratorios, en el año 2005 se constituyó, a instancia del Poder Legislativo y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
2. El Fideicomiso fue instituido para encauzar la solución de las demandas que venían prestando los ex trabajadores migratorios, con respecto a la bonificación de los ahorros que realizaron durante los años de 1942 a 1964.
3. El Fideicomiso fue el mecanismo institucional para encauzar la solución de las demandas que se venían presentando, sin embargo, la integración del padrón fue el motivo de inconformidades del proceso de registro y pago que han sido objeto los trabajadores mexicanos ex braceros.
La desorganización por parte de las mesas receptoras dispuestas para tal fin por la Secretaría de Gobernación, y que no han respetado los acuerdos sobre los requisitos, ha prolongado la inconformidad de muchos trabajadores ex braceros migratorios y de sus organizaciones por quedar excluidos de este beneficio social.
4. En el último informe trimestre del Comité Técnico del Fideicomiso, con fecha 30 de junio del 2006, informó el estado financiero de dicha fiduciaria, que arroja un saldo inicial de 145 millones de pesos, aplicables al 31 de diciembre del 2005, siendo que el Ramo 6, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005 se destinó para el pago de adeudo a ex braceros migratorios del 42 al 64, una partida de 298.5 millones de pesos. Lo anterior significa un déficit de 153.4 millones de pesos, mismos que dicho Comité Técnico no ha informado.
Asimismo, la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo, con fecha 6 de abril de 2006, exhortó a la Secretaría de Gobernación a que ampliará el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo del 2006.
5. Actualmente el Fideicomiso está administrando el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios y viene operando directamente los pagos a los beneficiarios. No obstante que se ha legislado para tratar de normar la operación del programa y a su vez se han emitido las reglas de operación del Fideicomiso, pero en el cual se han presentado irregularidades que se deben subsanar de inmediato, es por tal motivo que se exhorta a que el pago de dicho Fideicomiso se lleve a cabo no solo una sola exhibición, también debe llevarse a cabo de manera rápida y fehaciente debido a que Gobernación ya cuenta con un padrón de beneficiarios de dicho Fideicomiso, y como bien sabemos los acreedores a dicha prestación son personas adultas motivo por el cual varias de ellas están perdiendo la vida, sin poder así gozar de un beneficio que con esfuerzo recaudaron durante años de trabajo lejos de su familia.
6. Es necesario que las dependencias del Ejecutivo federal que intervienen en el Comité Técnico del Fideicomiso no solo transparenten las operaciones del Fideicomiso, de tal manera que hagan público el manejo de lo recursos y que a su vez se lleve a cabo el pago del mismo en una sola exhibición, así como se debe informar periódicamente a la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados.
Ya que conforme a lo establecido en su artículo sexto transitorio del decreto por el que se crea el fideicomiso, el Comité Técnico informará trimestralmente a la Comisión Especial de Braceros sobre el avance de la gestión que permita conocer la situación financiera y determinará en su caso la cantidad a presupuestar para el siguiente año.
7. El Fideicomiso debe asegurar que el servicio que está proporcionando Telecom para el pago de los giros a los ex trabajadores migratorios, sea eficaz, toda vez que existe un sinnúmero de casos en que se ha demorado el pago sin ninguna justificación y simplemente dan prioridad a otros usuarios señalando que ya no tienen recursos para cubrir el pago y haciéndoles saber que tendrán que esperar a que reciban numerario.
8. Debe ser considerado que un gran número de beneficiarios del programa, actualmente reside en los Estados Unidos de América, por lo que resulta muy complejo y costoso realizar el cobro de dicha pensión, por tal motivo es que se considera urgente la resolución al mismo, debido a la necesidad de instrumentar un sistema de pago único y rápido, el cual se podría llevar a cabo a la brevedad posible mediante los consulados mexicanos en ese país.
9. Es de destacar que por disposición legal, se debe tener preferencia en el pago de sus pensiones a los ex trabajadores migratorios de mayor edad, sin embargo las instancias encargadas de operar el programa lo están corrompiendo al hacer caso omiso de dicha disposición, negando así la preferencia a las personas mayores y optando por privilegiar a quienes pertenecen a organizaciones o agrupaciones con vínculos panistas.
Así como también la falta de difusión oficial que diera a conocer eficazmente los términos y requisitos para inscribirse en el padrón, generó desconfianza, pues se han presentado hechos fraudulentos que pretenden manipular a los ex trabajadores migratorios mexicanos.
10. Sabemos que es de suma importancia que se les otorgue a cada uno de los ex trabajadores migratorios que se encuentran registrados en el padrón, su parte proporcional de dicho Fideicomiso, ya que si revisamos los tiempos nos podemos percatar que son personas de edad avanzada y por tanto muchos de ellos están falleciendo sin recibir su atribución correspondiente, es entonces que se considera de imperiosa necesidad el otorgamiento a su prestación, de manera rápida y fehaciente.
Debemos evitar de manera inmediata no solo la partidización del programa, a su vez se debemos tomar las acciones correspondientes para que dichos trabajadores puedan recibir sus recursos de manera inmediata, sin necesidad de que se les atrasen sus pagos, ni reciban algunos, un trato preferencial.
Debiendo tener siempre presente la responsabilidad que nos demanda el ser representantes sociales, y cumplir con la obligación de atender los reclamos de los ex trabajadores braceros garantizándoles el pago correspondiente, el cual debe de efectuarse de manera eficaz y expedita.
11. Siendo en su caso la Secretaría de la Función Pública en el control de la fiscalización del programa quien en su caso además de aplicar las sanciones contra quienes resulten responsables, quien pudiera realizar de manera inmediata la propuesta para que todos aquellos ex trabajadores migratorios que se encuentren en el padrón de beneficiarios de dicho Fideicomiso el cual tiene en su poder la Secretaría de Gobernación recibieran el pago del dicho programa de manera rápida y el cual se debe llevar a cabo mediante una sola exhibición. Así como también por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es necesario y urgente que como instancia del Ejecutivo federal que remite a la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 considere, en dicho proyecto, una partida presupuestaria para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en mediante el cual se pueda otorgarles a todos y cada uno de ellos la prestación correspondiente durante ese mismo año, y procurando así dar por terminado en su totalidad dicho compromiso.
12. Es de considerarse que las Cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales de representación social, así como, de control parlamentario al Ejecutivo federal, están obligadas a coadyuvar en la gestión de este tipo de apoyos para los ex trabajadores migratorios.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, considere una partida para el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; a fin de que se pueda pagar en su totalidad la bonificación de los ahorros que realizaron dichos trabajadores durante los años de 1942 a 1946, y en el caso de los beneficiarios a este programa que residan en los Estados Unidos de América dicho pago se lleve a cabo a través de los consulados mexicanos en ese país.
Diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE A AMPLIAR Y FORTALECER LA PROTECCIÓN CONSULAR
DE LOS CONNACIONALES RADICADOS EN EL EXTRANJERO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL
ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Peña Sánchez, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Los consulados mexicanos, dependientes por ley de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen como misión fundamental brindar servicios de protección, documentación, asesoría y atención en materia de educación y salud a la comunidad de origen mexicano que radican en el extranjero.
Por otra parte, en los últimos años, la política migratoria de Estados Unidos se ha venido endureciendo, de tal forma, que ha dado pie a que en algunos estados surjan propuestas legislativas tendientes a restringir la entrada de migrantes y los derechos de quienes ya están radicando en ese país.
La frontera norte se ha convertido en un espacio militarizado para establecer un máximo de control y evitar la entrada de los migrantes, al mismo tiempo que se lleva a cabo una campaña de deportaciones forzadas y se utilizan todos los cuerpos legales que existen en el momento y se crean con ese fin.
Las autoridades encargadas de la vigilancia, Servicio de Inmigración y Naturalización norteamericano, SIN, ha duplicado y triplicado su personal y, al mismo tiempo, se acaba de promulgar una ley que permite la construcción de un muro fronterizo para detener el flujo migratorio.
En la región del Río Bravo, la política que han seguido las autoridades norteamericanas para controlar la entrada indocumentada de los trabajadores migrantes ha sido la de "sellamiento" de las fronteras, lo cual ha obligado a un alto porcentaje de trabajadores migratorios a intentar cruzar por sitios cada vez más peligrosos e inhóspitos.
La causa principal de muerte de los trabajadores migratorios indocumentados es el ahogamiento en el canal All American y en los afluentes del Río Colorado que dividen a la frontera Caléxico-Valle Imperial y Mexicali-Algodones. En segundo lugar, la insolación, por las altas temperaturas del desierto, que llegan hasta los 50 grados centígrados.
En tercer lugar, las persecuciones encarnizadas que emprenden las diferentes policías tras los vehículos que transportan trabajadores indocumentados, han provocado, en los últimos años, un incremento importante de muertes por accidentes, sin contar los que han tenido las propias patrullas del SIN que transportan indocumentados detenidos.
Al parecer, los meses de abril y de agosto son los más fatídicos para los trabajadores migrantes. Es mayor el número de muertes en esos meses.
Pese a todo lo anterior hay gran cantidad de quejas y demandas contra el pésimo servicio que prestan los consulados mexicanos, la mala atención, horarios insuficientes, largas filas para obtener matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento, y la deficiente asistencia jurídica a los migrantes que se enfrentan al sistema jurídico, entre otras.
Lo anterior queda plenamente comprobado en el caso del joven Erick Cándido Ortega Reyes, originario de Tlanalapa, Hidalgo, quien después de cumplir con su deber cívico de votar en las elecciones del pasado 2 de julio, retornó a Estados Unidos y en su camino por el desierto de California, cerca del área de San Diego, aparentemente falleció. Sus familiares han sufrido un tormento desde entonces debido al deficiente servicio otorgado por el consulado mexicano en San Diego, California, que derivó en la entrega de un cadáver que no corresponde al de Erick. Hoy su familia continúa realizando la búsqueda del joven migrante sin la plena certeza sobre su destino, y por parte del consulado señalado sólo han recibido malos tratos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de ampliar y fortalecer la protección consular de los connacionales que radican en el extranjero, dada la evidente indiferencia e incapacidad de algunos funcionarios del Servicio Exterior Mexicano y se solicita información sobre el caso del joven Erick Cándido Ortega Reyes, originario del municipio de Tlanalapa, Hidalgo.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE INSTITUYE EL 17 DE MAYO COMO DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA
HOMOFOBIA, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, diputado federal David Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo, a fin de constituir el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. Sin lugar a dudas los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, todavía pertenecemos a un sector de la sociedad que por siglos hemos sido discriminados, extorsionados y humillados, muchos han sido quemados vivos, expulsados de sus hogares por sus propias familias, otros más han sido encarcelados o en el peor de los casos asesinados, cientos de adolescentes han decidido quitarse la vida por miedo a ser rechazados por sus amigos, vecinos o incluso sus padres. Por el sólo hecho de ser personas no heterosexuales, se nos ha estigmatizado, se nos ha calificado de enfermos, depravados, desviados, antinaturales, delincuentes; se nos ha condenado a ocultar nuestros sentimientos y a vivir en la clandestinidad. Es más, se ha permitido que la sociedad, los jerarcas religiosos, los medios de comunicación y los grupos conservadores fomenten el odio y la violencia contra las personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual, es decir se ha permitido fomentar la homofobia.
Segundo. La homofobia es entendida como el odio "...a los disidentes sexuales, a los que se alejan del orden sexual impuesto, a quienes eligen ser, o se descubren diferentes, a los que manchan con su apariencia o conducta los emblemas del machismo, a los adolescentes frágiles, a los niños amanerados, a las niñas que juegan con rifles y soldados, a los jóvenes que detestan el poliéster, a los que se visten de seda, a las locas, a las fuertes y llamativas locas que no saben (ni pueden disimular) ni cambiar la voz ni enderezarse a tiempo, a aquellos que Carlos Monsiváis llama los imposibilitados de fingimiento.1
Tercero. En nuestro país aproximadamente mil personas han sido ejecutadas por homofobia de 1995 a 2003 sin contar a los ejecutados en los últimos tres años2. En la Primera encuesta sobre discriminación en México realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación se señalan datos que reflejan el nivel de discriminación contra la población no heterosexual; 48.4 por ciento de los mexicanos no estarían dispuestos a convivir en su casa con un homosexual. Para casi el 70 por ciento de los homosexuales, la discriminación en contra de ellos ha aumentado, en los últimos cinco años.
Cuarto. Por lo antes expuesto, se propone que el 17 de mayo de cada año se instituya como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia; debido a que fue ese día del año de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la palabra "homosexualidad" de la lista de enfermedades mentales, "considerando que la orientación sexual por sí misma no debe ser considerada como un trastorno".
Quinto. Porque el objetivo de instituir ese día, nos remitirá a la reflexión y la articulación de acciones de lucha contra todos los tipos de violencia ligadas a la orientación sexual o la identidad de género, además de contribuir a la igualdad de derechos de todas las personas.
Compañeras y compañeros diputados, si con el sólo hecho de aprobar este punto de acuerdo, cada uno de nosotros que conformamos esta Asamblea, puede contribuir a salvarle la vida a una sola persona con orientación sexual distinta a la heterosexual a manos de asesinos homófobos, o bien, influir hasta evitar que algún joven homosexual desista de quitarse la vida, bien vale la pena que este punto de acuerdo sea aprobado.
En virtud de lo anterior, y por considerarse de urgente y obvia resolución, me permito presentar ante este Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se instituye el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos federal, estatal y municipal, a instituir y celebrar el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Notas:
1 Bonfil, Carlos, Homofobia y Sociedad., Memoria del
Primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Orientación
Sexual y Expresión Genérica, Ed. Nueva Generación
Editores, 1999, pp. 34.
2 www.jornada.unam.mx.- Reportaje "Crímenes de
odio por homofobia.- Señalados para morir".
Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA EMITE UN LLAMADO AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE LOS ESTUDIOS Y LAS ESTIMACIONES
DE MEDICIÓN DE LA POBREZA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL
VARELA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal Víctor Gabriel Varela López integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un órgano público descentralizado con autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto evaluar la política de desarrollo social, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Segunda. Que este órgano también es responsable de emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para la definición, identificación y medición de la pobreza.
Tercera. Que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 36 que los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en México deben considerar necesariamente los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación, y grado de cohesión social.
Cuarta. Que el proceso de integración del Consejo y la emisión de las normas jurídicas específicas que regulan su funcionamiento fue retrasado inexplicablemente por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, toda vez que la ley estableció un periodo máximo de 180 días naturales para su constitución e instalación contados a partir de la entrada en vigor del decreto, hecho que ocurrió el día 19 de enero de 2004. Pero fue hasta el 24 de agosto de 2005 que se produjo el primer acto jurídico orientado a conformar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la expedición del decreto que regula a este órgano y es hasta febrero de 2006 que se nombran a los seis investigadores académicos que refiere la ley. Es decir más de dos años después de la entrada en vigor de este ordenamiento jurídico.
Quinta. Que incluso, durante este proceso el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal toda vez que el decreto de creación del Consejo invadía la esfera exclusiva de competencia del Poder Legislativo federal al contener disposiciones que modificaban, contradecían o limitaban el texto de la ley, excediendo con ello la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo federal.
Sexta. Que la Cámara de Diputados se desistió de presentar este recurso al lograr el compromiso escrito por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de modificar los artículos 5, fracciones I, VIII, X, XI, XXIV; el párrafo primero del 6 y la fracción I; párrafo tercero del 8; primer párrafo del 10; fracción I y de suprimir las fracciones VIII y IX del 11, y la fracción I del 12 del decreto que por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicado el 24 de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho acuerdo no fue cumplido por parte del Ejecutivo federal y el decreto aludido nunca fue modificado a pesar del reconocimiento explícito de que dicha norma transgredía la ley.
Séptima. Que esto permitió que el Ejecutivo federal implementara mecanismos discrecionales de evaluación y de medición de la pobreza, para utilizarlos como instrumentos de propaganda política.
Octava. Que para nuestro grupo parlamentario, la consolidación de este órgano es un paso fundamental para la transparencia y la evaluación objetiva e imparcial del impacto cualitativo que tienen las políticas públicas de desarrollo social sobre la población.
Novena. Que hasta la fecha el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no ha cumplido con sus obligaciones legales referidas a la evaluación y a la medición de la pobreza. Hasta ahora no han expedido ninguno de los documentos normativos que les mandata la ley y han permitido que continúe la autoevaluación y la autocomplacencia en cuanto al reto de la disminución de la pobreza.
Décima. Que nos resulta preocupante que el único documento emitido por el Consejo sea un boletín de prensa difundido el 1 de octubre del presente año donde con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2005, refieren algunos datos en relación con la evolución de la pobreza en México con base en una metodología distinta a la que expresamente señala la Ley General de Desarrollo Social.
Décima Primera. Que este hecho en sí mismo constituye una transgresión al objeto y mandato legal del Consejo, toda vez que su función en relación a la medición de la pobreza es emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, con base en los indicadores establecidos en el artículo 36 de la ley, no es otorgarle insumos al gobierno para hacer campañas publicitarias.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión emite un atento llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que se conduzca con apego a la Ley General de Desarrollo Social en la elaboración de los estudios y estimaciones relacionadas a la medición de la pobreza.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a que emita a la brevedad los documentos normativos referidos a las evaluación y medición de la pobreza que manda la Ley General de Desarrollo Social y presente a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Consejo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2006.
Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica)
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita que, en uso de la facultad que le confiere fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de esta Cámara a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 5 de septiembre de 2006, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con que remitió el expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó la referida minuta a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
Consideraciones
Después de un largo proceso de reformas que inició en 1977 y continuó con modificaciones al marco legal en 1986, 1989-1990, 1993 y 1994, en 1996 quedaron perfeccionados los mecanismos constitucionales de control jurisdiccional para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.
Dichos mecanismos, quedaron contemplados en la fracciones IV del artículo 41 y V del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen la constitución de un sistema de medios de impugnación que garantice los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; y la creación y competencias del Tribunal Electoral, el cual funcionara en una Sala Superior y Salas Regionales.
Como consecuencia de estas reformas constitucionales, se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en su texto contempla diversos medios de defensa, como son: el recurso de apelación, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos político electorales, entre otros.
No obstante, hoy corresponde a esta LX Legislatura abonar al fortalecimiento de nuestro sistema electoral, en vista de garantizar el principio de economía procesal y, en general, fortalecer los objetivos de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia con que se desempeña el Tribunal Electoral, para lo cual es urgente la aprobación de las reformas que contempla la minuta referida, con las cuales se modificarían cuestiones tan relevantes como son las atribuciones de la Sala Superior; los tiempos de instalación; atribuciones, designación de presidente, de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; las atribuciones de la Comisión de Administración; la competencia para conocer sobre el recurso de apelación; la procedencia y competencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; la procedencia, el trámite, las sentencias y notificaciones del juicio de revisión constitucional electoral; así como las reglas especiales y el trámite de sustanciación del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, todas ellas en pro del fortalecimiento de nuestras instituciones electorales y la certeza en la justicia electoral.
Por todo lo expuesto, solicito a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva:
Único. Excite a la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, en términos del reglamento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2006.
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada Lorena Martínez Rodríguez del Grupo Parlamentario del PRI, presento ante el Pleno de esta soberanía solicitud de excitativa al Presidente de la Mesa Directiva, para que en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 21 fracción XVI de nuestro Reglamento, exhorte a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que dictamine la minuta sobre la Ley Federal de Sanidad Animal, bajo las siguientes
Consideraciones
Con fecha 26 de abril del año en curso fue turnada a esta honorable Cámara de Diputados por el Senado de la República, minuta con proyecto de decreto sobre la Ley Federal de Sanidad Animal, misma que fue turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dicha minuta entre otras cosas, contempla sanciones para quien use sustancias prohibidas para la engorda de ganado como lo es el clorhidrato de clenbuterol y el zipalterol, fármacos que su ingesta a través de estos productos son muy dañino para la salud.
La preocupación de la Cámara de Diputados por atender este reclamo ciudadano ha sido manifiesto, incluso el 1 de marzo del 2005 la Cámara de Senadores recibió minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Sanidad Animal, misma que agrupa cuatro iniciativas en el mismo sentido.
Lo anterior es una muestra de la importancia que para el Congreso de la Unión reviste este asunto que de no atenderlo puede desbordarse y convertirse en un problema de salud pública.
Actualmente el clorhidrato de clenbuterol y zipalterol lo utilizan de manera indiscriminada algunos ganaderos para aumentar el rendimiento de los canales de su ganado, y con ello sus ganancias, además de que son condicionados por ciertos introductores que no aceptan el producto si no es engordado con estos fármacos, no obstante que saben y conocen el daño que ocasiona el consumo de este producto con altos niveles de dichas substancias, cuyos efectos de toxicidad pueden causar aumento en la respiración y frecuencia cardiaca, taquicardia, aumento de la presión sanguínea, mareos, vómitos, incluso la muerte.
Por lo anterior presento ante esta honorable asamblea solicitud de excitativa para que el Presidente de la Mesa Directiva exhorte a la comisiones de Agricultura y Ganadería con opinión de la Presupuesto y Cuenta Publica para que dictamen la minuta de referencia.
Le solicito que esta excitativa sea publicada en el Diario de los Debates. (Solo trámite a comisión)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre del 2006
Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)