| Base
de datos de dictámenes. Permite
búsquedas de acuerdo con la comisión que
presenta, la legislación afectada y el estado del dictamen dentro del proceso legislativo |
| Votaciones de las sesiones del martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de abril de 2006 |
| Anexo I Anexo II Iniciativas de las que se dio cuenta en la sesión del jueves 27 de abril de 2006. |
Diputada Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión
México, DF
Por medio del presente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacer de su conocimiento, iniciativa de acuerdo económico, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día veinte de abril del año en curso, mediante el cual esta H. XVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, le envía atento exhorto, a efecto de solicitarle que en la discusión y análisis de las reformas al artículo 7 de la Ley General de Educación aprobadas por la Cámara de Senadores, genere los espacios de participación de organismos representativos de la sociedad, que permita contribuir al fortalecimiento del marco jurídico que rige la materia educativa en nuestro país.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a veinte de abril de dos mil seis.
Dip. René Adrián Mendívil Acosta
(rúbrica)
Presidente
Dip. Carlos Alberto Astorga Othón (rúbrica)
Secretario
Diputado René Adrián Mendívil
Acosta
Presidente de la Mesa Directiva de la XVIII Legislatura
del Estado
Honorable Asamblea
Los suscritos diputados en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la XVIII Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades que establece el artículo 110 fracción III y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo económico, relativa a solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión genere los espacios de participación de la sociedad en la discusión y análisis de las reformas aprobadas al artículo 7 de la Ley General de Educación por la Cámara de Senadores, al tenor de lo siguiente:
Es indudable que la educación es pilar fundamental en el desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las naciones, su adecuada impartición genera el despliegue amplio de los valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades de las personas. Por ello, debe ser tarea permanente de gobierno y sociedad impulsar una política educativa integral, de calidad y con valores que permita y facilite una verdadera cohesión e integración social.
El Partido Acción Nacional históricamente ha sostenido que no solamente deben fortalecerse las políticas públicas en la materia, en la búsqueda constante de una educación de calidad y con valores, sino que también el estado y los particulares deben promover el acceso y permanencia de las personas al sistema educativo nacional.
Tan es así que en su Proyección de Principios de Doctrina 2002, se expresa que es responsabilidad del estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos.
Aunado a ello, el Programa de Acción Política 2004 establece que La participación activa de la comunidad, y especialmente la de los padres y madres de familia, debe ser el eje del desarrollo de políticas y de programas de enseñanza.
Es evidente que no solamente debe ser una tarea del estado, sino que también requiere de la participación decidida y permanente de los ciudadanos, quienes se constituyen en actores fundamentales en la orientación de la educación.
En ese sentido, si bien es cierto que el rubro educativo como cualquier otro ámbito, no está exento de ser actualizado tanto en las políticas públicas como en las normas jurídicas que lo rigen, a las exigencias de la realidad imperante, no es menos cierto que requiere para tal fin de la participación de todos los actores, es decir del gobierno y de la sociedad. Por ello, extraña el proceso que en días pasados, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión llevó a cabo para aprobar la adición de una fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, con el objeto de establecer que la educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberá tener como fin Proporcionar, en todos los grados de enseñanza obligatoria, a las niñas, niños y adolescentes, una educación en sexualidad y afectividad integral objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su cuerpo y a. la sexualidad responsable. Con esto se amplía la cobertura de la educación sexual a todos los niveles y grados de la educación básica, es decir, se inicia desde el preescolar y no desde el 5º grado de primaria como actualmente acontece.
Reitero que causa extrañeza y también inconformidad, por una parte, el procesamiento en dicha Cámara de las reformas aludidas, toda vez que no se abrió el espacio para que los actores de la sociedad pudieran contribuir con sus opiniones y sugerencias a fortalecer las propuestas de reforma mencionadas, y más aún, cuando se trata de modificaciones que inciden en la definición del tipo de educación que reciben los menores de edad, y por otra, que denota la intención de marginar la participación ciudadana en la orientación y conducción de la educación, atribuyéndosela únicamente al Estado.
En relación al texto aprobado de la reforma referida, es de resaltar que no es preciso para el logro del objetivo que dice perseguir (abatir embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, postergamiento del inicio de la actividad sexual en aras del logro de un proyecto de vida), quedando abierto a interpretaciones de la autoridad, en la que no se tiene participación alguna de los padres de familia.
Es evidente que se propone que el estado desplace y sustituya a los padres y tutores quienes son los que se encuentran legitimados (en el orden legal y natural) para decidir sobre el tipo de educación que habrá de impartirse a sus hijos.
Los aspectos descritos y otros más que sería prolijo mencionarlos, dejan ver la importancia de que todos nos sumemos y contribuyamos a orientar la educación que se imparte a las niñas y niños de nuestro estado y de nuestro país, por ello reconocemos y apoyamos las manifestaciones y expresiones que ha venido realizando en torno al tema la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), integrada por diversos organismos sociales, empresariales y académicos de la sociedad bajacaliforniana como lo son la Escuela para Padres de Familia de Baja California; los Centros Empresariales de Mexicali, Tijuana y Ensenada; el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali; el Comité Estatal del Consejo Coordinador Empresarial; Cetys Universidad; Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Universidad Iberoamericana, entre otros.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno, el siguiente acuerdo económico.
Primero.- Se envíe atento exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de solicitarle que en la discusión y análisis de las reformas al artículo 7 de la Ley General de Educación aprobadas por la Cámara de Senadores, genere los espacios de participación de organismos representativos de la sociedad, que permita contribuir al fortalecimiento del marco jurídico que rige la materia educativa en nuestro país.
Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, solicitamos sea dispensado el trámite de la presente iniciativa.
Tercero.- Envíese el texto íntegro del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos conducentes.
Dado en el salón de sesiones Benito Juárez
García, a los 20 días del mes de abril de 2006.
DEL CONGRESO DE DURANGO
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
Palacio Legislativo
Presentes
En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó un punto de acuerdo; en relación a las reformas que están por discutirse en esa honorable Cámara de Diputados; que a la letra dice:
Sin otro particular, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 5 de abril de 2006.
Diputados: Rodolfo Benito Guerrero García,
secretario (rúbrica); Juan Quiñónez Ruiz, secretario
(rúbrica).
DEL CONGRESO DE GUERRERO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 25 de abril de 2006.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo, el acuerdo parlamentario por el que esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de estado de Guerrero formula un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita; y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma, aprobado en sesión celebrada el martes 25 de abril del año en curso.
Atentamente
José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y
Considerando
Que en sesión de fecha 18 de abril del 2006, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presentó a la Plenaria el dictamen con proyecto de acuerdo por el que este honorable Congreso formula un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma, en los siguientes términos:
Que la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del estado solicitó al director del Centro SCT Guerrero copia del expediente técnico de la construcción de la carretera para tener elementos suficientes que permitieran llegar a los acuerdos procedentes.
Que se realizó una visita a la carretera en comento, actividad que arrojó como resultado que se encuentren signos de que la carretera se está construyendo sin cumplir los requerimientos mínimos suficientes para ser una obra pública funcional, pues en la visita que se realizó se aprecia que existen hundimientos, derrumbes que invaden hasta la mitad de la carretera, baches y desgaste anormal de la carpeta asfáltica.
Que la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc en su totalidad es de 82 kilómetros, de los cuales únicamente se han concluido 15 kilómetros, comprendidos de la ciudad de Tlapa al poblado de Igualita, tramo que ya está siendo utilizado por los habitantes de la región, mostrando graves deterioros que no son consecuencia del uso normal, sino que exhiben la mala calidad de los procedimientos y materiales empleados en la construcción.
Que la carretera en construcción está en la región de la montaña alta del estado de Guerrero, lo que implica la trascendencia de su buena construcción, pues no sólo cumple el uso para tránsito de personas, sino que también la carretera debe brindar condiciones favorables para que de manera general sean beneficiados los habitantes de la región.
Que los recursos públicos destinados a la construcción de obras deben ejercerse con el objetivo de que los resultados sean de beneficio para la sociedad, ejecutándolos con los procedimientos técnicos y los materiales apropiados para cada obra particular.
Que después de haber analizado la información adquirida, resulta ineludible solicitar al titular del Ejecutivo de la Federación que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión del tramo Tlapa-Igualita, pues a pesar de estar concluida esa parte presenta serias irregularidades, así también para que el tramo en construcción se haga con los requerimientos técnicos y materiales apropiados para la obra y evitar que corra la misma suerte del tramo defectuoso.
Es importante determinar que la propuesta inicial se declara procedente en el fondo, pero se modifica en la forma; es decir, sí es necesario realizar un acto de gestión ante la autoridad responsable del ejercicio del Presupuesto federal, pero la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas considera que debe hacerse a través de una petición y no por exhorto porque tal figura jurídica para su configuración exige los siguientes supuestos: 1. El exhorto se practica entre autoridades de la misma jerarquía; y 2. El exhorto tiene naturaleza de mandamiento, pues el exhortado está obligado a cumplimentar el exhorto, siempre y cuando esté ajustado a derecho, de lo contrario puede incurrir en responsabilidad, requisitos que no se cumplen.
Por tanto, no es procedente practicar un exhorto, pero sí realizar una solicitud al titular del Poder Ejecutivo, como responsable de la Administración Pública Federal, para que en el ejercicio de sus funciones actúe para que la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc se concluya en tiempo y forma.
Que ante tal circunstancia, y por tratase de recursos públicos de la Federación, es necesario hacer del conocimiento del Congreso de la Unión las irregularidades ya mencionadas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, coadyuve para que los recursos canalizados a la construcción de la carretera sean ejercidos conforme a la normatividad aplicable."
Que en sesiones de fechas 18 y 25 de abril de 2006, el dictamen en desahogo recibió primera lectura y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y motivado el dictamen con proyecto de acuerdo, al no existir votos particulares en el mismo, procedió a someterlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general, el dictamen se sometió en lo particular y, habiéndose presentado reserva de artículos por parte del diputado Martín Mora Aguirre en los siguientes términos: Único. Se modifican los puntos primero y segundo del punto de acuerdo, para quedar en los siguientes términos: Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Guerrero exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción en la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma. Segundo. Esta soberanía exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, coadyuve para que los recursos canalizados a la construcción de la carretera sean ejercidos con responsabilidad y resultados satisfactorios. Asimismo, en uso de la palabra el diputado Felipe Ortiz Montealegre se manifestó a favor de la propuesta de modificación presentada por el diputado Martín Mora Aguirre. Acto seguido, la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado sometió para su aprobación la propuesta de modificación presentada por el diputado Martín Mora Aguirre, que fue aprobada por mayoría de votos, realizando la declaratoria siguiente: "Esta Presidencia, en términos del artículo 137, párrafo primero, de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por el que este honorable Congreso formula un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma. Emítase el acuerdo correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los efectos legales procedentes".
Acuerdo Parlamentario
Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Guerrero exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, coadyuve para que los recursos canalizados a la construcción de la carretera sean ejercidos con responsabilidad y resultados satisfactorios.
Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación.
Segundo. Gírense los oficios correspondientes para dar cumplimiento al acuerdo parlamentario.
Dado en el Salón de Sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil seis.
Diputados: Mario Ramón del Carmen, Presidente;
Alejandro Carabias Icaza, José Luis Ramírez Mendoza, secretarios
(rúbricas).
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 29 de marzo de 2006.
Diputados Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por medio del presente, remito a ustedes en copias debidamente certificadas el acuerdo parlamentario, aprobado en sesión celebrada con fecha 7 de febrero del año en curso, por el que este honorable Congreso del estado libre y soberano de Guerrero, concluye que existen elementos que indican múltiples irregularidades en el desarrollo del proyecto La Roqueta Eco Park, de la empresa Aca Extremo, relativo al cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo presidencial de fecha 6 de noviembre de 1981, del Plan de Desarrollo Turístico publicado el 25 de noviembre de 1982, así como de distintas leyes, reglamentos y normas que a la fecha regulan el desarrollo de obras y actividades en la citada isla.
Solicitando sea esta Comisión el enlace con la Auditoria Superior de la Federación, para darle el seguimiento legal correspondiente; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley Superior de Fiscalización Superior de la Federación.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y
Considerando
Que en sesión celebrada el día 2 de febrero del 2006, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, presentaron el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario, bajo los siguientes términos:
"Que en sesión de fecha 22 de noviembre del año próximo pasado, el Pleno de esta soberanía tomó conocimiento de la propuesta de acuerdo emitida por los diputados Ramiro Solorio Almazán y Alejandro Carabias Icaza, mediante el cual esta quincuagésima octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se pronuncia por la investigación y esclarecimiento del proyecto denominado "La Roqueta Eco Park", en el municipio de Acapulco de Juárez, así como el que se instruye a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para que realice la investigación correspondiente y cite a las autoridades estatales involucradas para contar con información directa, que permita constatar si se ha cumplido con la normatividad correspondiente para el desarrollo del proyecto de la UMA ubicada en la isla La Roqueta y en caso de que de la investigación correspondiente se desprenda la existencia de irregularidades que pudiesen ser constitutivas de delitos, se proceda conforme a derecho para erradicar la impunidad y aplicar las sanciones a quienes resulten responsables.
Que mediante oficio número LVIII/1ER/OM/DPL/030/2005 la Oficial Mayor de este honorable Congreso licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller, turnó el escrito de referencia a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para los efectos legales conducentes.
Que en la sección de los considerandos de la propuesta de acuerdo en mención, los diputados aducen:
Que de manera pública en distintos medios de comunicación electrónicos e impresos, se han dado a conocer denuncias sobre el desarrollo de obras y actividades irregulares en la isla La Roqueta en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, las cuales responden a la realización del proyecto Eco Park por la empresa Aca Extremo.
Que con fecha 6 de noviembre de 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo signado por el Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo, en el cual se dispuso que la isla La Roqueta ubicada en los litorales del puerto de Acapulco, quedaba bajo control directo de la Secretaría de Marina, y sería la Secretaría de Turismo quien elaboraría los planes y programas de la actividad turística con el propósito de integrar esta área al proceso de planificación turística nacional.
Que por acuerdo de fecha 25 de noviembre de 1982, emitido por la Secretaría de Turismo, en su artículo octavo se establece que el plan de desarrollo turístico de la isla comprende la creación de un acuario, granja ostrícola, jardín botánico submarino, orquidario e invernadero, considerando la creación de un parque nacional insular que incluya una zona de reserva de especies y aves marítimas de las cuales, ninguna figura en las que la empresa Aca Extremo pretende realizar. En este sentido, claramente el proyecto no se acoge cabalmente a las disposiciones del citado acuerdo.
Que el Gobierno municipal de Acapulco de Juárez ha procedido en este asunto, argumentando facultades que le otorga el 115 constitucional en materia de uso de suelo, y de las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano Municipal y su reglamento respectivo, clausurando de manera definitiva dichas obras, toda vez que el municipio aducía la carencia de licencia de construcción e incompatibilidad con el uso de suelo establecido por el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio, siendo éste, de tipo de Protección y Conservación de Áreas Naturales (PCAN).
Que a razón de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el pasado 12 de enero del presente año, clausuró por segunda ocasión y de manera definitiva los trabajos de construcción del proyecto en referencia.
Que en la isla La Roqueta, se estableció originariamente una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) denominada "Parque Zoológico Aca-Zoo", con registro DFYFS-ZOO-E-0009-93-GRO, otorgada al sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Guerrero), con oficio número 1460 de fecha 23 de agosto de 1993. Siendo el 27 de enero de 2005, cuando se otorgó la renovación irregular del registro en la UMA denominándola "EcoPark", antes Aca-Zoo, con domicilio en la isla La Roqueta, entre Caleta y Caletilla a nombre de la Secretaría de Marina y el particular Fidel Magdalena Junco, con una superficie de 63 hectáreas, con clave de registro DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO, estableciéndose como finalidad la conservación, manejo, colección, exhibición, aprovechamiento comercial, ecoturismo, investigación y educación ambiental.
Que de acuerdo a los ordenamientos en la materia, la renovación de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO, fue otorgada transgrediendo preceptos de la Ley General de Vida Silvestre, específicamente en lo establecido en el artículo 39, el cual dispone que para que se considere a una UMA como tal, debe existir previamente una propiedad o legitima posesión de los predios o instalaciones, lo cual por supuesto y es de conocimiento público, la isla La Roqueta no es privada, por lo que ningún particular puede ostentarse como propietario o poseedor, lo anterior en virtud del acuerdo que se señala en el quinto considerando, el cual establece que la administración de la isla La Roqueta queda a cargo de la Secretaría de Marina.
Que para librar la situación anterior y lograr la autorización de la UMA, se hizo uso irregular de la personalidad jurídica de la Secretaría de Marina y poder cumplir así con el artículo 39 de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual consta en oficio número 0080, expediente VI/DP.-009/06, de fecha 12 de enero del presente año, dirigido al C. Fidel Magdalena Junco y firmado por el Vicealmirante Edgar Fernando Narro y Quesada, de la Secretaría de Marina, en donde esta secretaría, revoca la autorización otorgada por oficio número 1977 del 25 de octubre del 2004, para obras de remodelación, toda vez que a la fecha no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones establecidas de recabar los permisos correspondientes por las autoridades competentes, así como por las diversas irregularidades presentadas, como lo es el hecho de haber gestionado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, dirección general de Vida Silvestre, el registro para el establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), anteponiendo a esta Secretaría de Marina como titular del proyecto denominado "Eco Park", con clave de registro DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO.
Que como se aprecia, la Secretaría de Marina se deslinda de su participación en el proyecto y de haber consentido el tramitar la autorización de la UMA DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO, bajo su personalidad jurídica.
Que de acuerdo a la solicitud de los particulares Fidel Magdalena Junco y Joaquín Haces Perdomo, dirigida al licenciado Rodolfo Elizondo Torres, titular de la Secretaría de Turismo, de fecha 15 de junio de 2004, se desprende que los mismos han falseado información, ya que adelantan en su escrito que realizarían una inversión por aproximadamente cinco millones de dólares y posteriormente lo que hicieron fue tramitar recursos a fondo perdido ante la Secretaría de Economía, para la realización del proyecto Eco Park en la isla La Roqueta.
Que del Registro Nacional de Turismo (RNT) número 1009137, de 8 de julio de 2005, se desprende que no constituye una autorización a la empresa Aca Extremo, por ser un registro de carácter voluntario, cuyo único objetivo es la difusión y promoción de los prestadores de servicios; pero sobre todo, se corrobora la falsedad en la información, toda vez que se registra como un establecimiento de hospedaje con 8 suites presidenciales, señalando fecha de operación desde 1995, cuando es público y notorio que a la fecha, no hay ninguna operación de tal naturaleza en la isla La Roqueta.
Que mediante oficio SOT/620/2005, de fecha 7 de diciembre de 2005, la Secretaría de Turismo, se deslinda de autorización alguna hacia la empresa Aca Extemo La Roqueta, para desarrollar proyecto alguno, aduciendo que dicha empresa no ha acreditado la legalidad y sustentabilidad del proyecto con documentos oficiales, incluyendo las diversas autorizaciones y concesión para el desarrollo de dicho proyecto la licencia de construcción municipal, estudios de impacto ambiental tanto federal, estatal y municipal; amen de la documentación relativa al pago de las autorizaciones y demás contribuciones federales, estatales y municipales.
Que con fecha 19 de julio de 2005, los particulares se beneficiaron con la aportación de cuatro millones de pesos a fondo perdido por parte del fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de la Secretaría de Economía del gobierno federal, fungiendo como "organismo intermedio" Agroindustrias del Sur, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guerrero.
Que en virtud de existir razones fundadas de que en la isla La Roqueta se ha desvirtuado el proyecto de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), toda vez que desde 2003 no existe la fauna silvestre especificada en la renovación de esta UMA, pretendiendo transformarla en un proyecto meramente comercial, y lo que es peor, en una privatización encubierta, que atenta contra el medio ambiente de ese espacio territorial y transgrede los ordenamientos legales, lo cual pudo constatarse con la falta de expedición de los permisos correspondientes por las autoridades competentes y el cumplimiento de la normatividad vigente para la isla.
Que por nuestra parte, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, en fecha 16 de diciembre del año 2005, acordamos llamar a comparecer al gerente general del organismo público descentralizado Agroindustrias del Sur, quien funge como organismo intermedio entre el fondo Pyme y la empresa Aca Extremo.
Que como resultado de la comparecencia en referencia, los diputados integrantes de la Comisión versaron cuestionamientos en cuanto a la irregularidad en la competencia del organismo para participar en un proyecto de giro distinto en su decreto de creación de fecha 20 de mayo de 1997.
Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que iniciaría un proceso administrativo de revocación de autorización contra el proyecto, por el falseo de información por parte del socio de la empresa Aca Extremo, Fidel Magdalena Junco, para conseguir la autorización de la UMA DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO.
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 46, 49, fracción XXIV, 74, 86, 87, 132 Y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 286 la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable tiene plenas facultades para emitir el presente dictamen al realizar la investigación y recopilación de la información del asunto en referencia".
Acto seguido en uso de la palabra la diputada María Guadalupe Pérez Urbina, presentó una propuesta de adición en los siguientes términos:
"Como miembro de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del estado de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor y como vocal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable:
Segundo.- Se exhorte al Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades, se solicite la comparecencia de los servidores públicos federales involucrados, autoridades y dependencias que participaron, como lo es el Comité Mixto de Desarrollo Insular para tratar los trabajos de remodelación de la isla La Roqueta, en la reunión celebrada el día 8 de julio de año 2005, en la ciudad y puerto de Acapulco del estado de Guerrero. A fin de tener conocimiento del curso que se dio a las recomendaciones hechas por ese Comité a las autoridades que participaron en el evento de autorización de la UMA denominada Eco Park, de la autorización de la empresa Aca-Extremo para la ejecución del proyecto en la isla de La Roqueta y de la autorización del recurso PyME, así como de las autoridades que de una u otra forma contribuyeron para la autorización y realización del citado evento, con la finalidad de que se deslinde la responsabilidad administrativa, civil o penal a que dé lugar.
Único.- Se solicita al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades, promueva ante el Ejecutivo federal, que la isla de La Roqueta sea decretada Área Natural Protegida con vocación turística.
Que vertido lo anterior, en sesiones de fecha 2 y 7 de febrero del 2006, el dictamen con proyecto de acuerdo recibió primera lectura y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, que en sesión de esta fecha la quincuagésima octava Legislatura al honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
Acto seguido el Presidente sometió para su aprobación la propuesta de adhesión presentada por la diputada María Guadalupe Pérez Urbina, siendo aprobada por unanimidad de votos, instruyendo el Presidente sea integrada al contenido del acuerdo aprobado, como resolutivo séptimo y octavo.
Acto seguido el Presidente sometió para su aprobación la propuesta de adhesión presentada por el diputado Wulfrano Salgado Romero, a nombre de la Comisión de Turismo, siendo aprobada por unanimidad de votos, instruyendo el Presidente sea integrada al contenido del acuerdo aprobado, como resolutivo noveno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, decreta y expide el siguiente:
Acuerdo Parlamentario
Primero.- La quincuagésima octava Legislatura al honorable Congreso del estado de Guerrero, concluye que existen elementos que indican múltiples irregularidades en el desarrollo del proyecto La Roqueta Eco Park, de la empresa Aca Extremo, relativo al cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas, en el acuerdo presidencial de fecha 6 de noviembre de 1981, del Plan de Desarrollo Turístico publicado el 25 de noviembre de 1982, así como de distintas leyes, reglamentos y normas que a la fecha regulan el desarrollo de obras y actividades en la citada isla.
Segundo.- Esta soberanía, se pronuncia a favor de proyectos que conlleven el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos en el estado de Guerrero, pero en contra de todo proyecto que no se apegue al cabal cumplimiento de los distintos requerimientos de ley.
Tercero.- Se exhorta a la contraloría del estado, a la Secretaría de la Función Pública, a la unidad de auditoría interna de la Secretaría de Economía, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la unidad de contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la inspección y contraloría general de la Marina y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen la posible existencia de actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas y/o delitos por parte de servidores públicos y/o particulares, que de una u otra manera han participado en la promoción, asignación de recursos públicos, vigilancia, desarrollo y autorización de este proyecto en la isla La Roqueta, que hasta hoy se viene desarrollando de manera irregular, para que se proceda conforme a derecho deslindando responsabilidades.
Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia, investiguen el uso indebido de la personalidad jurídica de la Secretaría de Marina para tramitar la autorización de la UMA DGVS-ZOO-E-075-05-GRO en la isla La Roqueta para el beneficio de negocios particulares, y en caso de encontrar elementos constitutivos de delitos, procedan conforme a derecho.
Quinto.- Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal, para que en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales proponga lo necesario, para la creación o modificación de alguna instancia que califique bajo las reglas del fondo de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), y poder así canalizar de manera regular recursos para el desarrollo de proyectos de distintos giros.
Sexto.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de acuerdo a sus facultades, adecue o actualice el decreto presidencial de 1981, para que en un eventual decreto se sienten las bases y reglas claras para un aprovechamiento y desarrollo ecoturístico sustentable de la isla La Roqueta, que sea socialmente aceptado por los acapulqueños.
Séptimo.- De conformidad con lo estipulado en el título II, capítulo I, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en base a los hechos sucedidos a la isla La Roqueta se exhorta al Congreso de la Unión, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas, para que la isla La Roqueta sea declarada Área Natural Protegida. Debiéndose conformar una comisión para que se encargue de la formulación del proyecto y del programa de conservación y manejo.
Octavo.- Se exhorta al Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades, solicite la comparecencia de los servidores públicos federales involucrados, autoridades y dependencias que participaron, como lo es el Comité Mixto de Desarrollo Insular para tratar los trabajos de remodelación de la isla La Roqueta, en la reunión celebrada el día 8 de julio de año 2005, en la ciudad y puerto de Acapulco del estado de Guerrero. A fin de tener conocimiento del curso que se dio a las recomendaciones hechas por ese Comité a las autoridades que participaron en el evento de autorización de la UMA denominada Eco-Park, de la autorización de la empresa Aca-Extremo para la ejecución del proyecto en la isla de La Roqueta y de la autorización del recurso PyME, así como de las autoridades que de una u otra forma contribuyeron para la autorización y realización del citado evento, con la finalidad de que se deslinde la responsabilidad administrativa, civil o penal a que dé lugar.
Noveno.- Se solicita al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades, promueva ante el Ejecutivo federal, que la isla de La Roqueta sea decretada área natural protegida con vocación turística.
Transitorios
Primero. - El presente acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.
Segundo.- Remítase el presente acuerdo a los titulares de la Contraloría del estado de Guerrero, la Secretaría de la Función Pública, la unidad de auditoría interna de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la unidad de contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la inspección y contraloría general de la Marina, la Secretaría de Marina, !a Procuraduría General de la República, al Ejecutivo estatal, al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales correspondientes.
Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en dos diarios de mayor circulación estatal, para su conocimiento general.
Dado en el salón de sesiones del honorable poder Legislativo a los siete días del mes de febrero del año dos mil seis.
Diputados: Raúl Tovar Tavera (rúbrica),
Presidente; Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), secretario;
Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), secretario.
DEL CONGRESO DE MICHOACÁN
Morelia, Michoacán, a 6 de abril de 2006.
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, se remite acuerdo que, entre otros, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que siga impulsando y dando seguimiento a los trabajos conducentes al desarrollo de un proceso de diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, la cual debe definir claramente nuestros intereses nacionales al respecto, buscar atender las necesidades y derechos de nuestros migrantes, y establecer una respuesta realista e integral al fenómeno de la migración internacional; proceso de diálogo que debe incluir a los mexicanos radicados en el extranjero, algo que no sucedió en la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio".
Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.
Atentamente
Sufragio efectivo. No Reelección.
Diputados: Fernando Cano Ochoa (rúbrica),
Presidente; Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), primer
secretario; Martín Godoy Sánchez (rúbrica), segundo
secretario; Eugenio Torres Moreno (rúbrica) tercer secretario.
El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo
Primero.- Que la LXX Legislatura del H. Congreso de Michoacán de Ocampo, comparte y manifiesta su beneplácito a la Cámara de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, al respaldar legislativamente la propuesta de "México frente al fenómeno migratorio", con los puntos de acuerdo presentados en fecha 16 de febrero de 2006.
Segundo.- Se exhorta a que el Poder Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, y de Senadores del H. Congreso de la Unión, sigan impulsando y dando seguimiento a los trabajos conducentes al desarrollo de un proceso de diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, la cual debe definir claramente nuestros intereses nacionales al respecto, buscar atender las necesidades y derechos de nuestros migrantes, y establecer una respuesta realista e integral al fenómeno de la migración internacional. El proceso de diálogo debe incluir a los mexicanos radicados en el extranjero, algo que no sucedió en la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio".
Tercero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro del marco legal de nuestro país, continúe el diálogo con el gobierno norteamericano, para promover la colaboración bilateral en torno al tema migratorio e impulsar los intereses y derechos de los connacionales radicados en los Estados Unidos.
Cuarto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, se manifiesta a favor de que las legislaturas estatales de nuestro país, participen activamente en el diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, y que aquellas legislaturas de los estados con tradición migratoria significativa desarrollen leyes estatales propias para abordar de manera integral el fenómeno migratorio, y atender de manera adecuada a la población migrante. Dichos procesos legislativos deben tomar en cuenta la participación de los migrantes.
Quinto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, convoca a las Legislaturas estatales del país, a los poderes ejecutivos estatales, a expertos en la materia y a representantes migrantes, a una conferencia nacional sobre políticas migratorias estatales, evento a realizarse en la ciudad de Morelia en la segunda mitad del año en curso, con el fin de contribuir al diálogo nacional sobre migración y para impulsar el trabajo que las legislaturas estatales realizan al respecto. Se le asigna a la Comisión de Asuntos Migratorios la responsabilidad de coordinar dicho evento.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 6 seis días del mes de abril de 2006 dos mil seis.
Diputados: Fernando Cano Ochoa (rúbrica), Presidente; Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), primer secretario; Martín Godoy Sánchez (rúbrica), segundo secretario; Eugenio Torres Moreno (rúbrica), tercer secretario.
Diputados integrantes del Pleno del Congreso del estado: Jesús Martínez Saldaña, María Cruz Campos Díaz, María Lucila Arteaga Garibay, Manuel Duarte Ramírez, José Hugo Ángel Olvera, Gustavo Arias Garduño, Minerva Bautista Gómez, María Isabel Calderón Ramírez, Guadalupe Juan Carlos Corona Suazo, Citlalli Fernández González, Baltazar Gaona Sánchez, Verónica García Reyes, Martín Godoy Sánchez, Genaro Guízar Valencia, Uriel López Paredes, Jorge Adolfo Reza Maqueo, Emiliano Velásquez Esquivel, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la Septuagésima Legislatura del Congreso del estado, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 10, fracción I, y 118 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo; presentamos a la consideración del Pleno, propuesta de acuerdo:
Antecedentes
Que desde hace más de un siglo México ha sido impactado por el fenómeno de la migración internacional, tanto por el éxodo temporal o permanente de nuestros ciudadanos al extranjero, como por el ingreso a nuestro territorio de personas procedentes de otros países.
Que durante el último siglo el gobierno mexicano ha adoptado diversas medidas en torno a la migración, incluyendo las siguientes: La Ley de Inmigración de 1908; el articulo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; la Ley de Migración de los. Estados Unidos Mexicanos de 1926; la Ley de. Migración de los Estados Unidos Mexicanos de 1930; la Ley General de Población de 1936; la Ley General de Población de 1947; el Decreto que Reforma la Ley General de Población de 1960; el Decreto que Promulga la Convención Celebrada entre México y Varias Naciones, sobre Condiciones de los Extranjeros de 1931; y el Capitulo XVI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1993.
Que ante la creciente importancia de los flujos migratorios se han aumentado e intensificado los llamados para que México actualice sus políticas migratorias, defina claramente sus intereses nacionales en torno a este tema, y abandone lo que hace dos décadas el investigador Manuel García y Griego llamó la política de no tener política migratoria, todo esto con el fin de que se atienda de manera adecuada e integra los intereses, derechos y necesidades de la población migrante, y que nuestro gobierno tenga los elementos necesarios para defender y promover los intereses nacionales al respecto.
Que ante la creciente complejidad y politización de la migración de mexicanos al vecino país del norte, en 1988 la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos retomó el llamado de García y Griego, y en su informe sobre migración recomendó al gobierno mexicano: 1) Definir con claridad el interés nacional de México en lo que se respecta a la migración; 2) Estimular la creación de empleos en las principales regiones de origen de los migrantes, especialmente en las que se considera que la emigración es contraria a los intereses nacionales; 3) Cooperar con las autoridades norteamericanas para asegurar que Estados Unidos cumpla fielmente el convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los trabajadores migrantes; y 4) Colaborar activamente con el gobierno norteamericano en la creación de un enfoque bilateral para las cuestiones de la inmigración. El mismo estudio hace respectivas recomendaciones a Estados Unidos. De igual manera, recomienda a los gobiernos de los dos países: 1) Colaborar con la elaboración de cómputos precisos de la población migrante; y 2) Establecer un acuerdo bilateral formal en materia de migración.
Que a pesar de que México, Estados Unidos y Canadá aprobaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 con el objetivo de promover la integración regional entre las economías de los tres países, el gobierno mexicano no le asignó prioridad al tema migratorio y el asunto quedó prácticamente excluido del histórico acuerdo, salvo por un modesto capítulo referente a profesionistas. La falta de atención a la migración resultaba alarmante, puesto que el número de mexicanos que emigraban cada año a Estados Unidos crecía notablemente, saltando de 28 mil por año de 1960-1970, a 138 mil por año en 1970-1980, y a 235 mil cada anualidad durante el periodo 1980-1990.
Que desde la década pasada hasta la fecha el número de mexicanos que emigran a los Estados Unidos ha aumentado, creciendo de 296 mil por año en 1990-1995, a 360 mil por año en 1995-2000, a 390 mil por año en 2000-2003, y, según estudios recientes, a más de 400 mil por año en la actualidad.
Que ante la falta de políticas adecuadas, en años recientes se ha creado un ambiente político adverso a la presencia de mexicanos en Estados Unidos y los migrantes mexicanos han reclamado en repetidas ocasiones y en las más diversas formas que las autoridades mexicanas mejoren significativamente su atención a la población migrante.
Que con fecha, 24 de octubre de 2005 se hizo pública una propuesta denominada "México frente al fenómeno migratorio" en la que fueron participes conjuntamente el Poder Ejecutivo federal, miembros de la Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, académicos, y algunos organismos de la sociedad civil.
Que con fecha 16 de febrero de 2006, en sesiones legislativas de la Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión respectivamente, se aprobaron puntos de acuerdo relativos a respaldar y comprometerse con esta propuesta ya mencionada, y cuyo contenido incluye la presentación de antecedentes, principios y recomendaciones. El contenido a la letra es el siguiente:
México frente al fenómeno migratorio
24 de octubre de 2005
En México, al igual que en otros países y regiones del mundo, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar, ya sea desde la perspectiva de la salida, llegada, retorno o tránsito de migrantes. Todos estos procesos migratorios están presentes en nuestro país.
En virtud de la dimensión y características que el fenómeno migratorio ha adquirido, y que continuará en el futuro mediato, y de las implicaciones que éste tiene para el desarrollo de nuestro país, se requiere de una nueva visión y de un cambio en las formas en las que la sociedad mexicana ha asumido sus responsabilidades frente al mismo hasta ahora.
Desde hace algunos años, la magnitud alcanzada por la migración mexicana y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social de México y Estados Unidos propiciaron que el fenómeno migratorio adquiriera mayor relevancia en las agendas nacionales de ambos países y lo convirtiera en un asunto prioritario de la agenda bilateral.
El Gobierno Federal planteó desde su inicio ante la opinión pública mexicana y las máximas autoridades de Estados Unidos, una agenda integral para atender las distintas facetas en que se expresa la migración entre los dos países. La posición mexicana se basó en el principio de responsabilidad compartida, reflejo del reconocimiento de que los dos países deben asumir su parte para lograr mejores resultados en la administración bilateral del fenómeno migratorio.
En 2001, los gobiernos de ambas naciones intensificaron el diálogo e iniciaron un proceso de negociación bilateral a fin de encontrar fórmulas para enfrentar los múltiples retos y oportunidades que este fenómeno plantea, con miras a establecer un nuevo régimen migratorio entre ambas naciones.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense, hechos inequívocamente condenables, alteraron el ritmo y la dinámica de la agenda migratoria bilateral. Por un lado, el binomio migración-seguridad nacional -en particular en la frontera común-, se ha ubicado en un primer plano dentro de esta agenda. Por el otro, diversos actores políticos relevantes -específicamente legisladores de ambos países- han profundizado su participación en el debate.
El debate que hoy se desarrolla en Estados Unidos sobre una reforma migratoria representa una ventana de oportunidad para México y para avanzar en el tratamiento bilateral del fenómeno, y anima a una reflexión de fondo sobre las consecuencias que este proceso puede tener para nuestro país y su política migratoria.
A iniciativa del Ejecutivo federal y del Senado de la República, un grupo integrado por funcionarios del gobierno encargados de la gestión del fenómeno migratorio, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil, acordaron iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una política migratoria nacional, a partir de un diagnóstico y plataforma comunes. En este contexto, se han llevado a cabo una serie de reuniones denominadas "Perspectivas y diseño de plataformas para la construcción de una política migratoria mexicana".
Las ideas incorporadas en este documento son el resultado de estas reuniones y con base en ellas se busca actualizar la posición mexicana en materia migratoria, así como ofrecer algunos lineamientos específicos frente al proceso de reforma migratoria en Estados Unidos.
Principios
A partir de las reuniones llevadas a cabo, los participantes coincidieron en el siguiente conjunto de principios que deben orientar la política migratoria mexicana:
La política migratoria mexicana reconoce que mientras un número importante de connacionales no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar e incentive su .permanencia en el país, habrá condiciones para emigrar al exterior.
El fenómeno migratorio debe ser plenamente comprendido por el Estado mexicano -sociedad y gobierno-, ya que requiere de acciones y compromisos acordes con las condiciones imperantes.
Las implicaciones internacionales que para México presenta este fenómeno requieren de acciones y compromisos con el exterior -en particular con las regiones y los países vecinos- que, en el marco de la cooperación internacional, deben guiarse bajo el principio de responsabilidad compartida.
Al desarrollar y aplicar sus leyes y políticas migratorias, México debe hacerlo con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio, así como con respeto al derecho de refugio y asilo, y en apego a los instrumentos internacionales en esta materia.
La creciente vinculación entre migración, seguridad, economía y fronteras a nivel mundial es una realidad que está y estará presente en nuestras relaciones con los países vecinos; en consecuencia, es necesario considerar estos tres elementos al momento de formular políticas en materia migratoria.
México está comprometido a combatir el tráfico de personas en todas sus modalidades así como las actividades criminales asociadas, a velar por la integridad y seguridad de las personas y a estrechar la cooperación en la materia con los gobiernos de los países vecinos.
Los procesos migratorios que prevalecen en México se articulan regionalmente -en particular con Centroamérica-, por lo que la política migratoria mexicana debe profundizar su enfoque regional.
Recomendaciones sobre los compromisos que México debe asumir
Entre las recomendaciones surgidas en el grupo para actualizar la política migratoria mexicana destacan las siguientes:
Impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país que permita, entre otros efectos positivos, que su población cuente con mayores incentivos para permanecer en México.
Evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado mexicano, así como su marco legal y normativo, ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de inmigración, trasmigración y emigración, con un horizonte de quince a veinte años.
En la medida en que existan en el país receptor visas suficientes y oportunas para cubrir al mayor número posible de trabajadores y sus familias que hasta ahora cruzan la frontera sin documentos debido a la imposibilidad de conseguirlos, México debe asumir la responsabilidad de velar porque todo aquel que decida salir del territorio nacional lo haga por canales legales.
Fortalecer el combate a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y el uso de documentos falsos, así como las políticas y el marco legal y normativo para la prevención y persecución del delito de trata de seres humanos, especialmente mujeres, niñas y niños, y la protección a las víctimas de ese delito en un marco de cooperación internacional.
Propiciar el retorno y reinserción adecuada de los migrantes y sus familias a territorio nacional.
Adecuar la política migratoria hacia los países vecinos del sur en concordancia con sus características, que brinde seguridad a la frontera y facilite un flujo legal, seguro y ordenado de personas, bajo los principios de responsabilidad compartida y de respeto a los derechos humanos.
Fortalecer el orden y la seguridad en las fronteras norte y sur de México, atendiendo al desarrollo regional fronterizo.
Fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Canadá en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, así como con los foros y mecanismos para el tratamiento regional del fenómeno como es el caso de la Conferencia Regional sobre Migración y la Cumbre Iberoamericana.
Revisar y, en su caso, modificar el marco jurídico e institucional a efecto de responder adecuadamente a las condiciones actuales y previsibles del fenómeno migratorio, para lo cual seria necesario un mecanismo de colaboración interinstitucional ex profeso.
Generar mecanismos de trabajo permanentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la participación del sector académico y la sociedad civil, que permitan desarrollar y cumplir la agenda migratoria mexicana.
Elementos a considerar ante una eventual reforma migratoria en Estados Unidos
México no promueve la migración indocumentada y desea contribuir a encontrar soluciones que permitan enfrentar de mejor forma el fenómeno migratorio. Por lo anterior, el grupo consideró relevante hacer explícitos algunos planteamientos relativos a la posición que conviene adoptar a nuestro país ante una eventual reforma migratoria en Estados Unidos:
Reconociendo el derecho soberano de toda nación a regular la entrada y condiciones de estancia de extranjeros en su territorio, es indispensable que se otorgue una solución a la población indocumentada que reside en Estados Unidos, y que contribuye al desarrollo de ese país, que le permita integrarse plenamente a las comunidades donde radican, con los derechos y obligaciones que ello implica.
Apoyar un esquema de trabajadores temporales con el mayor alcance posible, e insistir en que éste sea parte de un proceso más amplio que incluya la atención a la situación de los mexicanos indocumentados ya establecidos en Estados Unidos.
Para que un programa de trabajadores temporales sea viable, es necesaria la participación del Gobierno de México en su diseño, administración, supervisión y evaluación, bajo el principio de responsabilidad compartida.
México y Estados Unidos podrán combatir de manera más efectiva a las organizaciones de tráfico ilícito y trata de migrantes, el uso de documentos falsos y, en general, la violencia e inseguridad que hoy prevalecen en la frontera común estableciendo un esquema que permita canalizar legalmente la mayoría de los flujos temporales. México estaría, a su vez, en mejores condiciones de alentar a los potenciales migrantes a cumplir con las reglas establecidas y de adoptar medidas orientadas a reducir la migración indocumentada.
México deberá concluir los estudios iniciados para la implementación de tareas que coadyuven a la eventual instrumentación de un programa de trabajadores temporales a fin de ordenar la oferta de los posibles participantes, establecer mecanismos auxiliares de certificación, así como monitorear y evaluar su desarrollo.
México reconoce que uno de los aspectos cruciales del éxito de un programa de trabajadores temporales es la capacidad de garantizar el flujo circular de estos trabajadores y desarrollar una serie de incentivos para que los emigrantes regresen a nuestro país. Se podrían fortalecer significativamente los programas de vivienda dirigidos a que los migrantes construyan casas en sus comunidades de origen con fondos que pagan, con tasas preferenciales, mientras residen en el extranjero.
Otros mecanismos que se debe fomentar son el establecimiento de un seguro médico binacional que ampliaría el acceso de los migrantes y de sus familias al cuidado de la salud, así como el acuerdo de totalización de beneficios del seguro social que permitiría a los trabajadores que cotizan en Estados Unidos cobrar sus pensiones en México.
México estaría también en posibilidad de fortalecer los programas de las Secretarías de Desarrollo Social, y del Trabajo, a fin de establecer condiciones sociales y laborales que incentiven y faciliten el retorno y reinserción de sus connacionales a sus lugares de origen.
Este grupo de trabajo buscará mantenerse como un
espacio permanente de reflexión, debate y construcción de
políticas públicas para la atención del fenómeno
migratorio.
Jaime Domingo López y Gustavo Mohar participaron en las reuniones, en calidad de subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Segob, y de representante de STRUCTURA, respectivamente. Dichos funcionarios desempeñan hoy otras responsabilidades.
Que los diputados tienen el derecho de presentar iniciativa de propuesta de acuerdo, conforme a lo establecido en los artículos 10, fracción I, y 118, de la Ley Orgánica, y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.
Que en el mundo contemporáneo hay más de 180 millones de migrantes internacionales, cifra que continuará creciendo en las próximas décadas, según los estudios realizados por especialistas en la materia e instituciones como las Naciones Unidas.
Que por más de un siglo el fenómeno de la migración internacional ha sido una constante en la historia de nuestro país, convirtiendo a México en una nación de migrantes por excelencia; es por esta razón que según las últimas estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente hay más de 10 millones de mexicanos por nacimiento que radican en los Estados Unidos de Norteamérica.
Que al presente, los mexicanos constituyen el principal grupo nacional de inmigrantes en los Estados Unidos, lo cual representa el 3.6 por ciento de la población general de ese país y alrededor del 29 por ciento de la población inmigrante.
Que ante estos índices migratorios, la relación México-Estados Unidos es una de las más dinámicas y complejas del mundo, reflejándose en el gran número de personas, bienes, y capitales que cruzan a diario la frontera entre ambas naciones, y por ende conllevan una serie de retos y problemas que deben resolverse con una adecuada política migratoria en ambos lados de la frontera a fin de encauzar las necesidades y demandas de nuestros migrantes.
Que esto es ya una postura en la que los gobiernos mexicanos y norteamericanos han concordado en los atisbos del presente siglo XX, al declarar la necesidad de una reforma migratoria integral, puesto que la demanda actual y futura de los migrantes no se refleja adecuadamente en las políticas existentes.
Que con fecha 7 de marzo de 2006 en un comunicado a la opinión pública el senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló que para el Congreso de la Unión ha sido un primer paso histórico adoptar el documento "México frente al fenómeno migratorio", a fin de lograr una plataforma común ante la eventual aprobación de una legislación en Estados Unidos que definirá el futuro de millones de nuestros connacionales. De esta manera, hizo énfasis en que esta propuesta es una muestra real, y contundente de lo que ha sido el esfuerzo llevado a cabo en el seno de un grupo plural y multidisciplinario, que por consenso ha gestado el trazo de las directrices básicas de la migración mexicana como política pública.
Que de esta manera, la propuesta se dio a conocer en la XLV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos llevada a cabo del 2 al 4 de marzo del año en curso, en donde el senador republicano Jim Kolbe, Presidente de la delegación norteamericana, externo el valor de la propuesta y su contribución a este nodal debate.
Que en esta reunión interparlamentaria, la delegación norteamericana puntualizó que en lo concerniente a la reforma migratoria de su país, esta debe centrarse en cuatro aspectos fundamentales: primero, en que la seguridad fronteriza se debe fortalecer con el control de las fronteras, a partir de mayor vigilancia, nuevas tecnologías y la cooperación bilateral; segundo, en su seguridad interna se debe trabajar para que los empleadores conozcan de manera confiable la situación migratoria de sus trabajadores; tercero, en la administración del flujo migratorio se debe instrumentar un programa de trabajadores temporales que responda a la demanda del mercado; y cuarto, respecto a los inmigrantes indocumentados radicados en los Estados Unidos se debe encontrar una fórmula para que esa comunidad regularice su situación migratoria.
Que en febrero de la presente anualidad la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, elaboró un documento en el cual propone un proyecto para debatir y elaborar una agenda migrante o trasnacional. Plan que esboza los principales objetivos, principios y procedimiento para incorporar al fenómeno migratorio y sus retos a la agenda de políticas de Estado.
Que los objetivos de esta propuesta se enmarcan en refrendar el carácter de nuestros migrantes radicados en el extranjero, del reconocer el papel que desempeñan los mismos en las relaciones internacionales, y que en consecuencia de como se deben adecuar las leyes e instituciones en pro al respeto de sus derechos humanos, civiles, laborales y políticos aquí y al otro lado de la frontera.
Que la agenda trasnacional de nuestro país debe erigirse en una serie de principios integrales que den contenido y significación a la comunidad migrante mexicana a través de esta política migratoria que se encontrara condicionada pero no determinada por los distintos actores internacionales, entendiendo a la migración como una característica ineludible de nuestra realidad que debe encauzarse en el respeto pleno de los derechos y deberes de los migrantes.
Que teniendo en cuenta los objetivos y principios aludidos de tales propuestas, el procedimiento para incorporar al fenómeno migratorio a las políticas públicas de Estado debe verse reflejado en la adecuación de leyes, instituciones y programas gubernamentales en donde deben ser copartícipes el Ejecutivo federal y el H. Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades, así como de los distintos niveles de gobierno, sectores sociales y de la comunidad transnacional mexicana.
Que de igual manera los días 22 y 23 de marzo de 2006 se llevó a cabo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, el foro "Migración el problema es de todos", donde los asistentes externaron su apoyo al documento "México frente al fenómeno migratorio". Entre los puntos resolutivos de este foro, se acordó: actualizar la política migratoria mexicana interna y externa dentro del contexto jurídico; desarrollar proyectos que reactiven las economías de las comunidades de origen de los migrantes; crear oficinas de atención al migrante en los municipios de Michoacán; todo esto en coparticipación de los tres niveles de gobierno.
Que, la posibilidad de una reforma migratoria en los Estados Unidos comienza a gestarse ya que el pasado 27 de marzo de 2006 el Comité Judicial del Senado Norteamericano aprobó un proyecto de ley en materia migratoria, la cual expone la seguridad fronteriza, un programa de trabajadores temporales, de trabajadores agrícolas, regularización de indocumentados, y la protección de asistencia humanitaria a indocumentados entre otras enmiendas.
Que tal suceso no puede explicarse sin el impacto social y político que han tenido las movilizaciones masivas de inmigrantes en el vecino país del norte, quienes se han dado a la tarea de exigir al gobierno estadounidense políticas migratorias justas y realistas.
Que el papel de inmigrantes mexicanos y michoacanos en este nuevo movimiento de derechos civiles ha sido fundamental, destacando la participación de dirigentes de clubes y federaciones de michoacanos en las actividades realizadas en Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, por mencionar sólo algunos casos.
Que las demandas de nuestros migrantes ante las autoridades de Estados Unidos representan la contraparte de lo que desde hace muchos años ellos mismos le han exigido a las autoridades mexicanas, subrayando que nuestra responsabilidad ante ellos es todavía mayor, puesto que se trata de ciudadanos mexicanos.
Que nuestros migrantes han demostrado en repetidas ocasiones su voluntad y capacidad para ofrecer propuestas concretas y viables en política migratoria, por lo que merecen ser tomados en cuenta e incorporados a la discusión nacional sobre una política migratoria nacional y estatal.
Que la consolidación de una política migratoria nacional no únicamente debe darse dentro del marco federal, sino también debe extenderse a nivel estatal para que las entidades federativas con mayor flujo y tradición migratoria fijen sus posturas para y con sus migrantes, sus familias y sus comunidades de origen.
Que en el caso de nuestra entidad federativa se tiene un particular interés en el desenlace de las relaciones bilaterales así como de la posibilidad de fijar una postura migratoria a nivel local en razón del gran número de michoacanos que radican en el extranjero. Según las últimas estimaciones hay 2.5 millones de michoacanos radicados en los Estados Unidos, de acuerdo a datos de la Coordinación General para la Atención al Migrante Michoacano. Por su parte, el Consejo Nacional de Población señala que la comunidad migrante michoacana alcanza un 8.0 por ciento del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, lo cual resalta todavía más la necesidad de realizar las reformas legislativas correspondientes que fortalezcan los importantes logros alcanzados en nuestro estado hasta la fecha y garanticen una atención institucional adecuada, constante, e integral.
Que por estas consideraciones, las bondades de desarrollar una política migratoria de Estado abarcan por lo menos dos dimensiones: la primera, referente a las negociaciones bilaterales en materia con los Estados Unidos o con cualquier otro país; y, la segunda, respecto a la política domestica que debe existir para atender a migrantes, sus familias y comunidades.
Que la creación de una política migratoria de Estado fortalecerá nuestra democracia al atender un asunto de suma importancia y al integrar a un numeroso y creciente sector de nuestra comunidad nacional.
Por las consideraciones expuestas y con apoyo en los artículos 10, fracción I, y 118, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, los diputados integrantes de la Septuagésima Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente propuesta de:
Acuerdo
Primero.- Que la LXX Legislatura del H. Congreso de Michoacán de Ocampo comparte y manifiesta su beneplácito a la Cámara de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, al respaldar legislativamente la propuesta de "México frente al fenómeno migratorio" con los puntos de acuerdo presentados en fecha 16 de febrero de 2006.
Segundo.- Se exhorta a que el Poder Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión sigan impulsando y dando seguimiento a los trabajos conducentes al desarrollo de un proceso de diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, la cual debe definir claramente nuestros intereses nacionales al respecto, buscar atender las necesidades y derechos de nuestros migrantes, y establecer una respuesta realista e integral al fenómeno de la migración internacional. El proceso de dialogo debe incluir a los mexicanos radicados en el extranjero, algo que no sucedió en la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio".
Tercero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro del marco legal de nuestro país, continúe el diálogo con el gobierno norteamericano para promover la colaboración bilateral en torno al tema migratorio e impulsar los intereses y derechos de los connacionales radicados en los Estados Unidos.
Cuarto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo se manifiesta a favor de que las legislaturas estatales de nuestro país participen activamente en el diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado y que aquellas legislaturas de los estados con tradición migratoria significativa desarrollen leyes estatales propias para abordar de manera integral el fenómeno migratorio y atender de manera adecuada a la población migrante. Dichos procesos legislativos deben tomar en cuenta la participación de los migrantes.
Quinto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo convoca a las legislaturas estatales del país, a los poderes ejecutivos estatales, a expertos en la materia, y a representantes migrantes a una conferencia nacional sobre políticas migratorias estatales, evento a realizarse en la Ciudad de Morelia en la segunda mitad del año en curso con el fin de contribuir al diálogo nacional sobre migración y para impulsar el trabajo que las legislaturas estatales realizan al respecto. Se le asigna a la Comisión de Asuntos Migratorios la responsabilidad de coordinar dicho evento.
Palacio del Poder Legislativo a los 6 días del mes de abril de 2006.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
Diputados: Jesús Martínez Saldaña (rúbrica), María Cruz Campos Díaz (rúbrica), José Hugo Ángel Olvera (rúbrica), Gustavo Arias Garduño (rúbrica), María Lucila Arteaga Garibay (rúbrica), Minerva Bautista Gómez (rúbrica), María Isabel Calderón Ramírez (rúbrica), Manuel Duarte Ramírez (rúbrica), Citlalli Fernández González (rúbrica), Baltazar Gaona Sánchez (rúbrica), Jorge Adolfo Reza Maqueo (rúbrica), Martín Godoy Sánchez (rúbrica), Genaro Guízar Valencia (rúbrica), Uriel López Paredes (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), Emiliano Velásquez Esquivel (rúbrica), Guadalupe Juan Carlos Corona Suazo (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Mayo 9 de 2006.)
DEL CONGRESO DE PUEBLA
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Por medio del presente me permito enviar acuerdo aprobado en sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha; por virtud del cual se emite un pronunciamiento de adhesión a la protesta de condena y rechazo a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes, que se llevará a cabo en Estados Unidos de América por migrantes mexicanos y en general de habla hispana, el día primero de mayo del año en curso.
Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de abril de 2006.
Dip. Miguel Ángel Cevallos López (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva
El honorable Quincuagésimo Sexto Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla
Considerando
Que en sesión de la Comisión Permanente de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se emite un pronunciamiento de adhesión a la protesta de condena y rechazo a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes, que se llevará a cabo en Estados Unidos de América por migrantes mexicanos y en general de habla hispana, el día primero de mayo del año en curso.
Que la fobia es un temor irracional y persistente hacia un objeto cualquiera. La xenofobia se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales, e incluso nacionales, para justificar la separación total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con el fin de no perder la identidad propia. Combinando estos prejuicios con el poder económico, social y político la xenofobia de la mayoría, rechaza y excluye a los extranjeros migrantes, en la medida que ven en ellos un competidor por los recursos existenciales.
Que en nuestros días existen brotes de xenofobia en Europa, Estados Unidos de América y en Japón. La explicación de la existencia de esta fobia radica en problemas o cuestiones de índole económica, los extranjeros aparecen como competidores desleales en la procura de trabajo y permiten que empleadores inescrupulosos los utilicen para disminuir sus costos.
Que mucho se ha escrito acerca de las ventajas y las desventajas de las migraciones internacionales. Quienes están en contra señalan que la presencia de mano de obra extranjera barata es en definitiva un perjuicio económico pues retrasa la modernización, crea problemas sociales de todo tipo como delincuencia y violencia urbana principalmente, y deterioran las estructuras demográficas ya que los migrantes son primordialmente hombres y mujeres jóvenes; agregan que los países de emigración también se perjudican pues pierden sus trabajadores más activos. En cambio, quienes están a favor argumentan que las migraciones internacionales equilibran el mercado mundial del trabajo y en algunos casos permiten la sobrevivencia de quienes no migran.
La migración es la válvula de escape para los pueblos pobres y es difícil prever una finalización de esos desplazamientos en plazo breve e incluso es posible que aumenten progresivamente. Un ejemplo característico es el caso correspondiente a los Estados Unidos de Norteamérica.
Que las políticas antiinmigrantes están condenadas a fracasar porque nunca atajarán a éstos, pero, en cambio, tienen el efecto perverso de socavar las instituciones democráticas del país que las aplica y de dar una apariencia de legitimidad a la xenofobia y el racismo, abriéndole las puertas de la ciudad al autoritarismo.
Los inmigrantes no pueden ser atajados con medidas policiales por una razón muy simple: porque en los países a los que ellos acuden hay incentivos más poderosos que los obstáculos que tratan de disuadirlos de venir. En otras palabras, porque hay allí trabajo para ellos.
Es totalmente inútil gastarse los recursos de los contribuyentes diseñando programas, cada vez más costosos, para impermeabilizar las fronteras, porque no hay un solo caso exitoso que pruebe la eficacia de esta política represiva. La inmigración se reducirá cuando los países que la atraen dejen de ser atractivos o cuando los países que la generan ofrezcan trabajo y oportunidades de mejora a sus ciudadanos.
Que para la resolución de los problemas de los inmigrantes es necesario dar prioridad al trato social de los mismos y no policial y administrativo, con políticas destinadas a la integración de los mismos centros de una sociedad plural y no tender a la exclusión o aceptación solo parcial.
Que desarrollando actitudes, conocimientos y conductas de superación del pensamiento absolutista y distorsionado, el desarrollo de la capacidad de adopción de perspectivas, la empatía o la filosofía de los derechos humanos, es como se puede evitar el racismo hacia los migrantes y no con políticas de represión y denigración de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción II, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, fracción XI, 43 párrafo segundo y 69, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Puebla; 24, fracción X, y 130 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se emite el siguiente
Acuerdo
Primero.- Esta soberanía emite un pronunciamiento de adhesión a la protesta de condena y rechazo a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes, que se llevará a cabo en Estados Unidos de América por migrantes mexicanos y en general de habla hispana, el día primero de mayo del año en curso.
Segundo.- Se envía el presente a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos procedentes.
Dado en la sede del Palacio Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil seis.
Dip. Miguel Ángel Ceballos López (rúbrica)
Presidente
Dip. José Gaudencio Víctor León Castañeda
(rúbrica)
Secretario
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Mayo 9 de 2006.)
DEL CONGRESO DE QUERÉTARO
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2006.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
México, DF.
Presente
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracciones V, y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión del Pleno de la Legislatura celebrada el 30 de marzo de 2006, se aprobó el acuerdo por el que esta Legislatura manifiesta su desacuerdo con la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el senador Joel Ayala Almeida, remitiéndoles un ejemplar para su conocimiento, con el objeto de que se adhieran al presente acuerdo y expresen de igual forma su inconformidad.
Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.
Atentamente
LVI Legislatura del estado de Querétaro
Dip. Blanca Estela Mancera Gutiérrez (rúbrica)
Presidenta de la Mesa Directiva
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40, y 41, fracciones XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y
Considerando
2. Que la iniciativa en comento no representa un avance para atender los problemas más graves de la seguridad social, como lo es la incapacidad de los institutos para extender la cobertura de la seguridad social a la mitad de la población que carece de ella, de igual forma no plantea alternativas para la regulación de regímenes especiales de privilegio como son el de la banda de desarrollo, las pensiones a los expresidentes de la República y las del Poder Judicial de la Federación.
3. Que resulta ineficiente ya que no prevé la construcción de esquemas dignos de protección en salud e ingresos en la vejez, sino que sigue las propuestas de mínimos que se han implementado (en servicios médicos y pensiones), así como en lo inmediato, alienta la certidumbre de los trabajadores y genera las condiciones para la jubilación masiva de los casi 300 mil que ya tienen derecho.
4. Que la iniciativa de mérito representa un importante retroceso, ya que traslada a los trabajadores el costo de la reforma del Instituto (vía incremento de cuotas y baja de beneficios) endureciendo, además, los requisitos de hijos y ascendientes, cancelando de igual forma derechos de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios e indemnización global, obedeciendo con ellos a beneficios menores a los actuales.
5. Que los principios de equilibrio financiero, apertura, portabilidad e individualización que la caracterizan, son contrarios a los de solidaridad, equidad, universalidad y justicia que dieron origen a los institutos de seguridad social, además de que con ellos no se garantiza una mayor o mejor eficiencia.
6. Que con la iniciativa en comento, se exime al Estado de su responsabilidad frente a la seguridad social, como patrón y como garante de los derechos sociales; sólo se compromete con otorgar mínimos derechos sociales.
7. Que la iniciativa antes mencionada, está abriendo la puerta para que el mercado capitalice las ganancias del sistema, mientras los trabajadores pagan el costo, la pérdida de derechos y la baja de beneficios, afectando de manera muy significante a más del 60 por ciento de los trabajadores que actualmente se encuentran dentro de este régimen de seguridad social.
8. Que en conclusión, consideramos que la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada ante la Cámara de Senadores, es una iniciativa unilateral, que afecta gravemente a los trabajadores y que es tendiente a la privatización de la seguridad social, que por mandando Constitucional le corresponde al Gobierno Federal.
Acuerdo por el que esta Legislatura manifiesta su desacuerdo con la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentada por el senador Joel Ayala Almeida
Artículo Único.- Esta Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro manifiesta su desacuerdo con la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado propuesta por el senador Joel Ayala Almeida, por considerar que afecta a los trabajadores.
Transitorios
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la LIV Legislatura del estado de Querétaro.
Segundo.- Remítase el presente acuerdo al senador Joel Ayala Almeida para manifestarle, de manera respetuosa pero enérgica, la inconformidad que existe por parte de los integrantes de esta Legislatura respecto a su propuesta de iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con ello la privatización de la seguridad social.
Tercero.- Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Senadores donde respetuosamente se haga de su conocimiento la inconformidad de los integrantes de este Poder Legislativo, respecto a la iniciativa de ley.
Cuarto.- Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados, con el objeto de que se adhieran al presente acuerdo legislativo y expresen de igual forma su inconformidad.
Quinto.- Remítase el presente acuerdo a cada uno de los Poderes Legislativos de los estados en el país con el objeto de que se adhieran al presente acuerdo legislativo y expresen de igual forma su inconformidad.
Sexto.- Publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".
Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador Constitucional del estado de Querétaro y mandará se imprima y publique.
Dado en el salón de sesiones Constituyentes de 1916-1917, recinto oficial del Poder Legislativo del estado, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil seis.
Atentamente
LVI Legislatura del estado de Querétaro.
Dip. María Sandra Ugalde Basuldúa (rúbrica)
Presidenta de la Comisión Permanente
Dip. José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
Segundo Secretario
DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, SLP, a 19 de abril 2006.
CC. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión
Presentes
Los Congresos de los estados de Tamaulipas, y de Baja California Sur solicitaron, el primero, adhesión a exhorto al Gobierno Federal para que el ISSSTE mantenga el actual régimen jurídico; y el segundo, para que se respalde el rechazo a la reforma o la creación de otra Ley del ISSSTE; y turnados que fueron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ésta presentó punto de acuerdo, que se aprobó en sesión ordinaria celebrada el día de la fecha, mediante el que esta soberanía se pronuncia porque el honorable Congreso de la Unión estudie y valore legislar en materia de seguridad social, particularmente por lo que se refiere al régimen de pensiones de trabajadores al servicio del Estado, con programas financiados con los presupuestos del estado y con carácter gratuito.
En dicho tenor, se adjunta el documento en comento, para su conocimiento y efectos que procedan.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Pedro Carlos Colunga González (rúbrica)
Primer Secretario
Dip. Pascual Martínez Martínez (rúbrica)
Segundo Secretario
CC. Diputados Secretarios del Honorable Congreso de
la Unión
Presentes
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social nos fue turnado el oficio número HCE/SG/AT-0169, con fecha 23 de febrero del año dos mil seis, expedido por el honorable Congreso del estado de Tamaulipas, mediante el que se exhorta al Gobierno Federal a efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mantenga su régimen jurídico y continúe con el estado actual de la seguridad social con carácter de solidario y colectivo, particularmente por lo que se refiere al régimen de pensiones y jubilaciones, rechazando enérgicamente el sistema de cuentas individuales y buscando el consenso con los actores involucrados sobre los acuerdos de largo plazo que permitan a los trabajadores del Estado que cotizan para este Instituto proveer para la jubilación los medios para un retiro en condiciones dignas de equidad y justicia social, a los pensionados y jubilados mejorarles gradualmente sus percepciones y a los derechohabientes los servicios y las prestaciones de calidad que requieren.
En el mismo sentido y con fecha 15 de marzo del año dos mil seis, se turna a esta Comisión la iniciativa de acuerdo económico presentada por el honorable Congreso del estado de Baja California Sur en la que solicita a esta LVII Legislatura la adhesión contra la reforma o creación de otra Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el senador Joel Ayala Almeida.
Definida la seguridad social como "la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos".
Por ello y en congruencia con las garantías de seguridad social consagradas en el artículo 123, coincidentes con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en la cual México, como parte integrante, se compromete a respetar los principios y las categorías la libertad de asociación, y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Así pues, no ha de ser de otra manera que el Estado, a través de sus poderes y en el ámbito de sus competencias, ha de ejecutar políticas sociales que aseguren el bienestar de sus ciudadanos en temas como el de la salud, la educación, el subsidio del desempleo, los planes de pensiones y jubilaciones.
Por ello, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa para su aprobación el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura se pronuncia porque el honorable Congreso de la Unión lleve a cabo estudios tendentes a valorar la viabilidad de legislar en el rubro de pensiones, observando políticas públicas que garanticen la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.
Con programas que se habrán de financiar con los presupuestos del Estado y que han de tener carácter gratuito luego que son sufragados por las imposiciones fiscales que él mismo grava a los propios ciudadanos, generando de esa manera un proceso de redistribución de la riqueza, ya que primeramente son las clases inferiores de la sociedad las que más se han de beneficiar por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.
Y actuando con sensibilidad social, sin retroceder en los logros obtenidos en beneficio de los trabajadores que tantas luchas y vidas a costado.
Segundo. Notifíquese la medida a los honorables Congresos de los estados de Tamaulipas, y de Baja California Sur, para los efectos del caso.
Dado en la Sala de Comisiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil seis.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Gloria María Rosillo Izquierdo (rúbrica), Presidenta; Mauricio Leyva Ortiz (rúbrica), vicepresidente; Liliana Carvajal Méndez (rúbrica), secretaria; Galdino Martínez Méndez, vocal.
(Remitida a las Comisiones de Trabajo y Previsión
Socia, y de Seguridad Social. Mayo 8 de 2006.)
México, DF, a 11 de abril de 2006.
Dip. Fed. Patricia Garduño Jiménez
Secretaria de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Me refiero a su oficio D.G.P.L. 59-II-3-2081 del 8 de diciembre de 2005, donde envía al diputado federal Francisco Juan Ávila Camberos, Presidente de la Comisión de Transportes; la propuesta del punto de acuerdo que presentó el diputado federal Isidro Camarillo Zavala para solicitar a esta Secretaría la repavimentación de 45 kilómetros de la carretera con destino a La Bocana, del municipio de Mulegé, del estado de Baja California Sur.
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se autorizaron 10.0 millones de pesos para continuar con los trabajos de pavimentación del camino Campo Fisher-Punta Abre Ojos-La Bocana, en el estado de Baja California Sur.
Asimismo, le comunico que se está llevando a cabo un ejercicio de priorización de los caminos rurales y alimentadores que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, con la participación de las Comisiones de Comunicaciones, Transportes y Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que determinará qué obras cuentan con todos los elementos que permitan la liberación de los recursos correspondientes y su ejecución en breve tiempo.
Atentamente
Ing. Cedric Iván Escalente Sauri (rúbrica)
Director General de Carreteras
DEL CONGRESO DE COAHUILA
Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
En sesión celebrada el 4 de abril de 2006, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza conoció y aprobó un dictamen, presentado por la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de esta Legislatura, respecto a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el que se exhorta a los gobiernos, a los Congresos estatales y a los municipios a impulsar las reformas legales pertinentes para solucionar los graves problemas de salud pública derivados de los accidentes de tránsito, así como a formular, planear y ejecutar programas y acciones en materia de seguridad vial.
Conforme a lo propuesto en dicho dictamen, el Pleno del Congreso aprobó un acuerdo en los siguientes términos:
Segundo. Se sugiere al gobierno del estado la creación de un sistema de evaluación de los programas destinados a la prevención de accidentes, que permita determinar la eficacia de las acciones que se realizan en esta materia y que genere una estadística a nivel estado para poder dar seguimiento sistemático a este problema.
Tercero. Se extremen las medidas destinadas al cumplimiento de las normas vigentes en materia de organización del tránsito y vialidad.
Cuarto. Se lleve a cabo una revisión de la legislación existente sobre la materia, a fin de llevar a cabo las mejoras pertinentes.
Quinto. Se envíe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el contenido del presente acuerdo, manifestando que se están redoblando los esfuerzos para llevar a cabo una efectiva prevención de los accidentes viales que permita disminuir los decesos, las incapacidades, las lesiones y los daños causados por tal motivo.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 5 de abril de 2006.
Lic. Profr. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Oficial Mayor del Congreso del Estado
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del estado, con relación a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el que se exhorta a los gobiernos, a los Congresos estatales y a los municipios a impulsar las reformas legales pertinentes para solucionar los graves problemas de salud pública derivados de los accidentes de tránsito, así como a formular, planear y ejecutar programas y acciones en materia de seguridad vial.
Resultando
Primero. Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente el 10 de enero de 2006, en el informe de correspondencia recibida por el Congreso del estado se notifica de un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el que se exhorta a los Gobiernos, a los Congresos estatales y a los municipios a impulsar las reformas legales pertinentes para solucionar los graves problemas de salud pública derivados de los accidentes de tránsito, así como a formular, planear y ejecutar programas y acciones en materia de seguridad vial.
Segundo. Que por acuerdo de la Diputación Permanente se turnó el planteamiento antes mencionado a esta Comisión, para su estudio y, en su caso, presentar un dictamen o informe en el cual se resuelva sobre lo que se estime procedente: y
Considerando
Primero. Que esta Comisión es competente para emitir este dictamen, de conformidad con los artículos 96, 97, 102, 111 y 132 de la Ley Orgánica Congreso del estado.
Segundo. Que la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del estado aplica las medidas que se requieran para el cumplimiento de la Ley de Tránsito y Transportes, y las que reclame el interés público para regular la vialidad y el tránsito de vehículos, sobre las vías en la entidad, y al aprovechamiento de éstas en la ejecución de los diversos servicios de transporte de personas y de carga que clasifica esta ley.
Tercero. Que el Consejo Consultivo Estatal de Transporte, como órgano de carácter interinstitucional de consulta, auxiliar del titular del Poder Ejecutivo, tiene por objeto diagnosticar, estudiar y analizar la problemática en materia de tránsito y transporte, así como emitir las recomendaciones que para su mejoramiento estime procedentes, y que entre sus acciones sugiere el establecimiento de medidas y normas para la protección de la integridad física de los usuarios.
Cuarto. Que la Dirección General de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las autoridades de tránsito municipales, diseña e instrumenta en el estado programas permanentes de educación y seguridad vial encaminados a crear conciencia y hábitos de respeto de los ordenamientos legales en la materia, a fin de prevenir accidentes y salvar vidas. Estos programas estarán orientados a todos los sectores de la población:
Quinto. Que si bien la prevención de accidentes de tránsito compete directamente al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas someten a la consideración del Pleno del Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se exhorta a las distintas dependencias del Gobierno del estado y de los municipios involucradas en el diseño y la aplicación de normas en materia de tránsito terrestre, a la Secretaría de Educación y Cultura del estado, a los organismos no gubernamentales que forman la sociedad civil y, en general, a toda la comunidad para que participen en el desarrollo de los programas existentes en materia de prevención de accidentes viales, así como en el desarrollo de nuevos programas.
Segundo. Se sugiere al Gobierno del estado la creación de un sistema de evaluación de los programas destinados a la prevención de accidentes que permita determinar la eficacia de las acciones que se realizan en esta materia y que genere una estadística a nivel estado para poder dar seguimiento sistemático a este problema.
Tercero. Se extremen las medidas destinadas al cumplimiento de las normas vigentes en materia de organización del tránsito y la vialidad.
Cuarto. Se lleve a cabo una revisión de la legislación existente sobre la materia, a fin de llevar a cabo las mejoras pertinentes.
Quinto. Se envíe a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el contenido del presente acuerdo, manifestando que se están redoblando los esfuerzos para llevar a cabo una efectiva prevención de los accidentes viales que permita disminuir los decesos, las incapacidades, lesiones y daños causados por tal motivo.
Así, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso, lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas.
Sala de Comisiones Soberanía Nacional, Edificio Miguel Ramos Arizpe, Saltillo, Coahuila, a 17 de marzo de 2006.
Por la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas:
Diputados: José Luis Alcalá de la
Peña, Miguel Ángel Riquelme Solís, Román Alberto
Cepeda González, César Flores Sosa, José Ignacio Máynez
Varela (rúbricas).
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO
México, DF, a 25 de abril de 2006.
Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio número D.G.P.L.59-II-3-2321/2006, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 14 de marzo del 2006, mediante el cual se solicita a los gobiernos de las entidades federativas, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que, en el ámbito de sus atribuciones soliciten a los oficiales del Registro Civil que eliminen la lectura de la Epístola de Melchor Ocampo en las ceremonias civiles matrimoniales.
Anexo envío a usted oficio número JUDJRCJR/021/2006, con la información que proporciona el licenciado Santiago Javier Hernández Oceguera, JUD, de Juzgados del Registro Civil y Juntas de Reclutamiento en la Delegación Benito Juárez Distrito Federal.
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica)
Secretario de Gobierno
México DF, abril 12 de 2006.
Lic. Beatriz Eugenia González de la Vega
10° Juez del Registro Civil
Lic. Beatriz Azucena Martínez Llanas
12° Juez del Registro Civil
Lic. María Violeta Chávez Ramos
45° Juez del Registro Civil
Lic. Francisco Quiroz Acuña
51° Juez del Registro Civil
Atendido al oficio SG/02812/2006, signado por el licenciado Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, dirigido al licenciada Fadlala Akabani Hénide, jefa delegacional, envío a usted copia de dicho documento, así como oficio D.G.P.L. 59-II-3-2321 y dictamen con punto de acuerdo para eliminar la lectura de la Epístola de Melchor Ocampo de las ceremonias civiles matrimoniales para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Lic. Santiago Javier Hernández Oceguera (rúbrica)
Jefe de Unidad Departamental de Juzgados del Registro
Civil y Juntas de Reclutamiento
México, DF, a 25 de abril de 2006.
Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio número D.G.P.L.59-II-3-2321/2006, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 14 de marzo del 2006, mediante el cual se solicita a los Gobiernos de las entidades federativas, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones soliciten a los oficiales del Registro Civil a eliminar la lectura de la Epístola de Melchor Ocampo en las ceremonias civiles matrimoniales.
Anexo envío a usted oficio número DJ/00041/2006, con la información que proporciona el licenciado Alfonso Rojas Rodríguez, Director General Jurídico y de Gobierno en la delegación Cuauthémoc Distrito Federal.
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica)
México DF, a 18 de abril del 2006.
Lic. Ricardo Ruiz Suárez
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
Presente
Por medio del presente y en atención a su oficio numero SG/02815/06, de fecha 22 de marzo del 2006, mediante el cual envía el punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 14 de marzo del año en curso, que a la letra dice:
Lo anterior con fundamento en los artículos 2o., primero y segundo párrafos, 3 fracción II, IV, 10 fracción VI, 11, sexto párrafo, 35, fracciones I, IV, XVIII, XXI, 37, 39 fracciones XXIII y LXXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal; artículos 35, 36 y demás relativos del Código Civil del Distrito Federal; artículos 1, 2, 9, 11, fracciones I, II, III, 12 y 13 del Reglamento Interior del Registro Civil del Distrito Federal.
Por sí y en ausencia temporal de la jefa delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Cuauthémoc, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104, 107 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 25, fracción I, 122, fracción I, 122 Bis, fracción VI, inciso a), y 123, fracción I, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, suscribe el presente documento el director general Jurídico y de Gobierno en Cuauthémoc.
Alfonso Rojas Rodríguez (rúbrica)
Director General Jurídico y de Gobierno
DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO
México, DF, a 19 de abril de 2006.
Lic. María Marcela González Salas
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
Distinguida Diputada González Salas:
En relación con las consideraciones contenidas en la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Tomás Cruz Martínez el 14 de marzo de 2006, es necesario hacer las siguientes manifestaciones:
Respecto a la consideración primera, relativa a la falta de un inventario de los bienes inmuebles de Ferronales, así como que el delegado fiduciario especial no ha entregado a ambas Cámaras del Congreso el citado inventario, es de señalarse que
b) Se concluyeron los inventarios de bienes muebles en 850 sitios, arrojando un universo de 20.5 millones de bienes;
c) Respecto al inventario de bienes inmuebles del organismo, en el momento en que sea solicitado formalmente, se hará entrega del mismo.
2. Se hace especial hincapié en que este organismo público atiende los juicios entablados en su contra utilizando los medios de defensa que le otorga la ley a fin de proteger su patrimonio, ya que existe un amplío universo de demandas promovidas contra el organismo que han sido y que son a todas luces improcedentes, resultando necesario que sean los órganos jurisdiccionales los que resuelvan la procedencia o no de las acciones intentadas, y hasta en tanto ello suceda, el organismo está obligado a continuar dichos procesos judiciales hasta su total solución.
3. Cabe aclarar que en relación con la supuesta denuncia del manejo irregular de los procedimientos de las demandas de los trabajadores, con independencia de la vaguedad e imprecisión del argumento, este organismo ha dado puntual atención y siempre apegado a las disposiciones legales, a las demandas entabladas en su contra y juicios que se encuentran en trámite, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, en atención a la obligación que tiene el liquidador de defender los intereses y el patrimonio del propio organismo, resultando absolutamente falso que exista manejo irregular de los juicios que enfrenta el organismo.
Por lo que hace a la demanda de amparo interpuesta por FNML contra la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales, es necesario hacer las siguientes precisiones:
Precisamente, la propia Constitución y la Ley de Amparo, reglamentaria de disposiciones constitucionales, son las que prevén el amparo directo contra leyes, con objeto de proteger los derechos de los gobernados contra actos de autoridad, independientemente de que dicha autoridad sea el propio Congreso de la Unión, que en el ejercicio de sus facultades también se encuentra obligado a respetar la propia Constitución, y que no está exento de cometer un error.
2. Es de resaltarse que el proceso de liquidación de FNM se está llevando con estricto apego a la Constitución, a las leyes que de ella emanan, a las leyes federales y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, en particular dando cumplimiento al decreto de extinción del organismo.
3. FNML ha dado atención a todas las solicitudes de donación que ha recibido o le han sido remitidas en forma puntual y oportuna, siempre de conformidad con las disposiciones legales aplicables, manifestando en las respuestas que no es posible atender la petición de donación en atención a que por lo establecido en el decreto de extinción del organismo actualmente todavía no existen activos remanentes derivados de la terminación de la liquidación, además de que es meramente una expectativa de derecho y no un derecho adquirido.
Derivado de los citados procedimientos litigiosos entablados contra este organismo, los tribunales colegiados de circuito han emitido diversas ejecutorias en materia de amparo, donde se han establecido criterios de carácter legal respecto de los temas de activos remanentes y de expectativa de derecho a que se refiere la propia fracción IV del artículo 2o. del decreto de extinción de FNM.
A la fecha existen tres ejecutorias o precedentes de jurisprudencia con relación al tema de expectativa de derecho, mismos que prevén lo siguiente:
+ Que si bien es cierto que el decreto permite que se realice la donación, en ningún momento prevé cómo se realizará la misma y menos obliga a que las casas habitación que poseen jubilados y pensionados sean donadas a los mismos, sino sólo realiza una lista de a quiénes se podría donar.
+ La posibilidad de donar se encuentra condicionada a la desincorporación de los activos remanentes, así como al cumplimiento de los requisitos previstos en el propio decreto.
+ Corresponde a FNML decidir si procede otorgar la donación.
+ Los activos remanentes se determinarán una vez concluido el proceso de la liquidación.
+ Los activos remanentes se establecerán en los estados financieros finales que, en su oportunidad, se aprueben y publiquen.
+ La posibilidad de donar se encuentra condicionada a la desincorporación de los activos remanentes.
Por lo expuesto anteriormente, FNML no ha incurrido en ninguna omisión ni violación de lo dispuesto en el artículo 16° transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales ni del decreto de extinción del organismo, ya que -como ha quedado acreditado- este último está directamente supeditado a lo previsto en el decreto de extinción de FNML y, de conformidad con el texto de este último y la interpretación que ha establecido el Poder Judicial de la Federación para efectos de su aplicación, este organismo ha actuado apegado a derecho y en cumplimiento de las normas que lo rigen, por lo que hasta que se cumplan las condicionantes ya comentadas este organismo, legalmente, no estará facultado para dar el trámite que corresponda a las solicitudes de donación que se le presenten o remitan.
4. Considero pertinente aclarar que la demanda de amparo interpuesta por este organismo sólo se sobreseyó respecto a los actos reclamados de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública y sobre la aplicación de los artículos 14 y 131, tercer párrafo, de la citada ley, pero no por lo concerniente a los actos reclamados al Congreso de la Unión, ni respecto a la inconstitucionalidad del citado artículo décimo sexto transitorio de la Ley General de Bienes Nacionales, y seguido el juicio de etapas, el juez de distrito dictó resolución donde negó el amparo y protección de la justicia federal a FNML.
Por ello, FNMT, en uso de sus derechos procesales, interpuso recurso de revisión contra dicha sentencia de amparo y no como señala la proposición del punto de acuerdo, "... la empresa ha vuelto a interponer un recurso de revisión", medio de impugnación respecto del cual el tribunal colegiado a que fue turnado, estando en pleno y por unanimidad, resolvió que por subsistir cuestiones de inconstitucionalidad de las disposiciones de la citada ley, compete conocer y resolver del mismo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclarando que la interposición del amparo, como del recurso, de ningún modo pretende dificultar o retardar la solución del problema, sino cumplir el deber de proteger el patrimonio del organismo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no existían elementos que dieran lugar a la inconstitucionalidad planteada y ordenó que se remitiera el expediente al tribunal colegiado de origen, ante el cual este organismo optó por ya no continuar el recurso intentado.
Por lo que en atención a lo expuesto, el primer punto de acuerdo propuesto es improcedente, ya que no existen elementos que den lugar a considerar que hay una venta indiscriminada e indebida de los bienes del organismo y, por tanto, no hay motivo para revisar y, mucho menos, suspender las enajenaciones de bienes que realiza FNML, ya que éstas están apegadas a la Constitución, a las leyes que de ella emanan, a las leyes federales, a la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
Respecto al segundo punto de acuerdo propuesto, es a todas luces improcedente que se inicie un procedimiento administrativo del desempeño del encargo del delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de FNM, contador público Enrique Rivas Zivy, como consecuencia de los argumentos vertidos por el diputado Cruz, ya que no obstante ser ambiguos y vagos, ha quedado acreditado que son totalmente faltos de sustento, ya que tanto el delegado fiduciario especial encargado de la liquidación de FNM como el propio organismo han actuado en todo momento apegados a la Constitución, a las leyes que de ella emanan, a las leyes federales y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
En relación con el tercer punto de acuerdo propuesto, de la propuesta de punto de acuerdo no se desprende elemento alguno que dé lugar a que la Procuraduría General de la República inicie de oficio denuncia alguna, reiterando que este organismo ha dado puntual atención y siempre apegado a las disposiciones legales a las demandas entabladas en su contra y juicios que se encuentran en trámite, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, en atención a la obligación que tiene el liquidador de defender los intereses y el patrimonio del propio organismo, resultando absolutamente falso que exista manejo irregular de los juicios que enfrenta el mismo.
Sin más por el momento, provecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
Atentamente
CP Enrique Rivas Zivy (rúbrica)
Delegado Fiduciario Especial Encargado de la Liquidación
de Ferrocarriles Nacionales de México
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Toluca de Lerdo, a 19 de abril de 2006.
Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Palacio Legislativo de San Lázaro
Presente
Por instrucciones del licenciado Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, subprocurador general de Coordinación, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, 13, inciso a), fracciones I y IV, inciso b), fracciones II, IV, V y VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 4, apartado A, fracción I, II, inciso b), fracciones XIV, XV y XVI, y 12 de su Reglamento, con motivo de los oficios números D.G.P.L.59-II-0-4039 y D.G.P.L.59-II-0-4040, ambos de fecha seis de abril de dos mil seis, por medio de los cuales se hace del conocimiento del titular del Ejecutivo del estado, así como de la Procuraduría General de Justicia, entre otros puntos de acuerdo, aprobados en sesión del día seis de abril del año en curso, el exhorto a investigar los homicidios de cinco mujeres ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, México, por lo que se hace de su conocimiento lo siguiente:
Se ha dado inicio a las averiguaciones previas identificadas con los números CHIM/II/1000/2006, CHIM/I/1168/2006, CHIM/III/4513/2006, CHIM/III/1572/2006 y CHIM/III/572/2006, por los delitos de homicidio, las cuales se encuentran radicadas en la Mesa Primera del Departamento de Averiguaciones Previas de Chimalhuacán, México, llevándose a cabo las diligencias de averiguación previa en términos del artículo 118 del Código de Procedimientos Penales del estado de México, destacando que se ha citado a declarar a las personas relacionadas con las victimas, a las personas que hallaron los cuerpos, y a los propietarios de los inmuebles y vecinos de los lugares de hallazgo, a efecto de obtener líneas de investigación, ya que las actas se encuentran integrando contra quien resulte responsable, además de que se están recabando dictámenes en materia de química y fotografía.
Atentamente
Lic. Alfredo Hugo Reyna Hernández (rúbrica)
Secretario Particular
(Remitida a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos. Mayo 8 de 2006.)
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 2 de mayo de 2006.
Secretarios de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-1-1704, signado el 14 de diciembre de 2005 por los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Patricia Garduño Morales, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número APMARN/II/674/06, suscrito el 3 de abril último por el ingeniero Emilio Rangel Woodyard, director general de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Nuevo León, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a revisar y modificar los programas de contingencias ambientales, en coordinación con las Secretarías de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con el Instituto Nacional de Ecología, a fin de reducir los valores para la declaración de contingencias.
Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Monterrey, NL, a 3 de abril de 2006.
C. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente
De acuerdo a su oficio turnado al licenciado José Natividad González Parás, gobernador constitucional del estado de Nuevo León, en el que se le exhorta a que se reduzcan los valores para declaración de contingencias, le informo que el pasado mes de noviembre de 2005, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, criterios para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a material particulado, modificó los límites permisibles para la concentración de partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micras (1'M10) y partículas menores a 2.5 micras (PM25), quedando como se muestran en la siguiente tabla.
Contaminante
Concentración
Máxima
permisible
Partículas suspendidas totales
210 ìg/m3
Partículas menores a 10 micras
120 ìg/m3
Partículas menores a 2.5 micras
65 ìg/m3
Para el caso específico del área metropolitana de Monterrey, el Programa de Respuesta a Contingencias Ambientales se implementa cuando se rebasan los 200 puntos del Imeca y las condiciones meteorológicas son adversas. En el documento que la subsecretaría de Enlace Legislativo envió al gobierno del estado, se observa la inquietud de que se implementen las contingencias ambientales cuando se sobrepasen los 240 puntos Imeca, sin considerar pronóstico meteorológico ni condicionantes que propicien discrecionalidad, al respecto, me permito comentar que tendremos que analizar esta propuesta, junto con el Comité de Contingencias Ambientales y determinar la factibilidad de su implementación.
Si bien, lo que se busca al comprender las actividades del Programa de Respuesta a Contingencias Ambientales es evitar la exposición de la población a niveles de contaminación que signifiquen riesgos para la salud; es importante señalar que esta administración busca el desarrollo de actividades encaminadas hacia la prevención, control y mitigación de la contaminación atmosférica, con el fin de evitar episodios, tales como las contingencias, mejorando así la calidad del aire. Esto traería consigo beneficios económicos, sociales y ambientales para la entidad en general.
Sin embargo, conscientes de que en el área metropolitana de Monterrey, los contaminantes de mayor preocupación son el ozono y las partículas menores a 10 micras, rebasando éstas últimas más de un 37% de los días del año el límite máximo permisible, en brevedad, revisaremos nuestro Programa de Respuesta a Contingencias Ambientales para darle un mejor servicio a la comunidad, y principalmente, buscaremos proyectos que vayan enfocados hacia el mejoramiento de la calidad del aire del área metropolitana de Monterrey, tal y como se ha venido haciendo a través del Comité Interinstitucional para el Mejoramiento Ambiental y el equipo de trabajo de Calidad del Aire, donde hasta el momento se ha definido un esquema del Programa Integral para el Mejoramiento de la Calidad del Aire, el presupuesto aproximado requerido y el periodo en el que se lograrían las metas.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ing. Emilio Rangel Woodyard (rúbrica)
Director General
México, DF, a 24 de abril de 2006.
Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en lo establecido en el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en atención a su oficio número SEL/300/7428/2005 y D.G.P.L.59-II-0-2842/-2005, donde se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado el pasado 13 de diciembre del 2005, mediante el cual se solicita al Gobierno Federal para que realice las gestiones necesarias con el sector financiero y privado, así como los distintos niveles de gobierno y la Administración Pública Federal, para que el certificado de matrícula consular de alta seguridad o digital, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea aceptado como identificación oficial en todo el territorio mexicano.
Anexo envío a usted oficio número DEL-AZCA/DGJG/-660/2006, con la información que proporciona el licenciado Antonio Padierna Luna, director general jurídico y de Gobierno en la delegación Azcapotzalco, Distrito Federal.
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Ricardo Ruiz Suárez (rúbrica)
Secretario de Gobierno
México, DF, a 3 de abril de 2006.
TS Beatriz Cosío Nava
Asesora del Secretario de Gobierno
Presente
Anexo a la presente me permito enviarle para su atención, oficio número DEL-AZCA/DGJG/660/2006, del licenciado Antonio Padierna Luna, director general jurídico y Gobierno, en el que da respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2005.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente
Lic. Justina Castro Castro (rúbrica)
Secretaria Particular del Secretario de Gobierno
México, DF, a 27 de marzo de 2006.
Lic. Ricardo Ruiz Suárez
Secretario de Gobierno
Presente
Me refiero a su oficio número SG/00228/2006, mediante el cual comunica punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados en sesión de 13 de diciembre de 2005, que establece lo siguiente:
2.- La matrícula consular es un registro realizado por las oficinas consulares del gobierno mexicano sobre los mexicanos que residen o habitan en el extranjero, independientemente de la calidad migratoria con la que cuenten (artículo 3 del Reglamento).
3.- Los mexicanos que habitan en el extranjero pueden solicitar un certificado de matrícula consular, que constituye documento idóneo de identidad y nacionalidad, expedido por las autoridades consulares mexicanas (artículo 2, fracción I del Reglamento).
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Lic. Antonio Padierna Luna (rúbrica)
Director General Jurídico y de Gobierno
El suscrito, diputado José Luis Cabrera Padilla, integrante del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, párrafo primero, y 73, fracciones XXIX-G y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII bis al artículo 6º de la Ley de Aguas Nacionales, con base en los siguientes:
Antecedentes
El agua, ha desempeñado un papel central en las sociedades humanas, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra y es la base de toda forma de vida.
A pesar de que las dos terceras partes de la Tierra son agua, el 97.47% es salada y tan sólo el 2.53% es dulce. Las dos terceras partes de este pequeño porcentaje se encuentra congelada en los polos y almacenada en acuíferos subterráneos, los cuales en su mayoría se encuentran sobre explotados, sin considerar que gran parte de ésta, presenta algún grado de contaminación; por lo que para consumo humano se tiene acceso a menos del 1% del agua total.
Según la UNESCO, como consecuencia de la mejora en los niveles de vida de los habitantes en el mundo, el consumo de agua per cápita, ha aumentado significativamente. En un informe preparado en el marco del Día Interamericano del Agua, en octubre de 2003, el Centro Especializado de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que mientras la población mundial ha aumentado cuatro veces desde el inicio del siglo XX, el consumo de agua ha crecido nueve veces, y para fines industriales ha aumentado en 40 veces. Mientras que el agua sigue siendo un recurso limitado, no renovable y mal distribuido "La cantidad de agua disponible permanece prácticamente constante. Su escasez podría representar un serio obstáculo para el desarrollo a lo largo del presente milenio" afirma el documento.
En términos ambientales, el agua enfrenta una de las peores crisis que afecta a Latinoamérica y es sin duda, el problema más importante que enfrentará México en este siglo, sin contar con el desconocimiento grave que se tiene en el manejo de acuíferos ya que sólo se conocen los volúmenes disponibles de 153 acuíferos; 18 de los cuales presentan intrusión salina; mientras que las políticas siguen siendo verdaderamente inadecuadas en cuanto a manejo se refiere, según lo expresado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Existe una gran necesidad de reconocimiento del papel importante que juega el agua, tanto en la sociedad como en los ecosistemas. En las regiones áridas de nuestro país, el acceso al agua es una condicionante para el desarrollo.
A lo anteriormente expuesto, se le debe agregar, que en el ámbito internacional, cerca de dos millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras, incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos agrícolas como los fertilizantes, pesticidas y residuos, por lo que el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), ha expresado en diversos foros que la escasez de agua podría convertirse en un gran obstáculo para la salud pública y el desarrollo.
En un informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, se destaca el que todas las señales parecen indicar que la crisis se está empeorando y que continuará haciéndolo, a no ser que se emprenda una acción correctiva, ya que se trata de una crisis de gestión, esencialmente causada por la utilización de métodos inadecuados.
En este mismo documento, se explica que la crisis, sobre todo, pesa en el entorno natural, por los desechos sin control que se vierten a diario y por el exceso de uso o el uso indebido que de él se hace, con aparente desinterés por las consecuencias y por las generaciones venideras. Al respecto las Naciones Unidas opinan que en realidad, se trata fundamentalmente de un problema de actitud y de comportamiento, y se concluye este estudio afirmando, que aunque actualmente se cuentan con los conocimientos y la pericia necesaria para afrontar la problemática, se considera que la inercia de los líderes y la ausencia de una conciencia clara sobre la magnitud del problema por parte de la población resultan en un vacío de medidas correctivas oportunas y necesarias y en una incapacidad para infundir a los conceptos de trabajo una resonancia más concreta.
Las soluciones tecnológicas son insuficientes a los problemas ambientales, el comportamiento y los valores humanos juegan un papel determinante. Por ello, es necesario fomentar la conciencia en la sociedad de que el agua es necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible, el equilibrio de los ecosistemas, la erradicación del hambre, la pobreza y el mantenimiento de la salud entre los individuos.
La educación sin duda, representa una de las mayores soluciones con las que se cuenta para enfrentar este grave desafió; al respecto el gobierno español ha manifestado que la educación ambiental es un medio de sensibilizar a la población en materias medioambientales. De hecho, gran parte de sus programas están dedicados al problema del agua. Cientos de expertos en educación ambiental trabajan esta materia, y existen muchos proyectos que tratan de demostrar que es posible establecer mecanismos permanentes de ahorro de agua en las ciudades, mediante la sensibilización de la población, las administraciones locales y pequeñas y medianas empresas hacia una nueva cultura respetuosa con el agua.
Por otro lado, la educación ambiental comunica y conciencia sobre la relación del hombre y medio ambiente; motiva el desarrollo de habilidades, destrezas, valores y cambio de actitudes en el hombre hacia el entorno; se dirige a todo público, niños, jóvenes y adultos; y puede ser formal o no formal (Villanueva-Cruz; Educación y Difusión del Centro Ecológico de Sonora).
Con lo que respecta a México, al momento se cuenta con dos programas educativos en el tema, a cargo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), los cuales se dirigen exclusivamente a niños, sin embargo, se considera urgente intensificar estos programas y que se apliquen de manera continua, dirigida a los diferentes sectores de la población, y a nivel nacional y no solo en la zona metropolitana.
Considerando
Primero.-. Que el agua enfrenta una de sus mayores crisis a nivel mundial, por lo que es necesario que México se prepare de manera responsable para enfrentar el reto.
Segundo.-. Que la educación ambiental es una opción que ofrece soluciones convenientes a mediano plazo en cuanto al manejo sustentable del agua.
Tercero.- Que es responsabilidad del ejecutivo, emprender acciones que lleven a la solución de este grave problema.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente
Iniciativa
Único.- Se adiciona la fracción VIII bis al artículo 6º de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Ley de Aguas Nacionales
Capítulo II
Ejecutivo Federal
Artículo 6º. Compete al Ejecutivo federal:
II. a VIII. ...
VIII Bis. Elaborar programas permanentes de concienciación y educación del uso racional del agua, para su aplicación nacional.
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Mayo 9 de 2006.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 33
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO ISIDORO RUIZ ARGAIZ, EN NOMBRE DE LOS DIPUTADOS
ELIANA GARCÍA LAGUNA Y JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES
9 DE MAYO DE 2006
La y los legisladores integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II; 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Nunca como ahora es evidente la obsolescencia del artículo 33 constitucional que otorga facultad para ser ejercida de manera discrecional por el Ejecutivo federal, cuando juzgue conveniente la expulsión de algún extranjero o extranjera; así como la necesidad de ajustar este artículo a los estándares internacionales de derechos humanos, como ha sido recomendado por los distintos informes y diagnósticos de organismos internacionales en la materia.
Los acontecimientos registrados en la comunidad de San Salvador Atenco, en el estado de México, que derivaron de la detención arbitraria y la consiguiente expulsión de Valentina Palma Novoa, y Mario Alberto Aguirre Domic, ciudadanos chilenos; de Samanta Diezmar, alemana; de María Sastres Torrida y Cristina Valls Fernández, españolas, así lo demuestra.
Los ciudadanos chilenos expulsados tenían más de 10 años de residencia en nuestro país, una vida completamente integrada a la comunidad mexicana en la que se desenvolvían como cineasta, documentalista y estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica, en el caso de Valentina Palma; y estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el caso de Mario Alberto. De tajo, al igual que a dos centenas de ciudadanos y ciudadanas mexicanas les fue secuestrada su vida por la acción represiva, tanto del Ejército federal, como del Ejecutivo mexiquense.
En un acto de valentía, las ciudadanas y extranjeras detenidas y expulsadas han denunciado la vejación a su dignidad de mujer que llego incluso a la violencia sexual desde el trayecto de ser detenidas, enviada a Santiaguito, mejor conocido como "Almoloyita", hasta su traslado a la estación migratoria, conocida como "Las Aguilas", en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal. Estos hechos reflejan nuevamente que en este país, que presume en los foros internacionales de democrático y respetuoso de los derechos humanos, cualquier ciudadana o ciudadano de origen extranjero es víctima de la aplicación de una facultad discrecional que anula las garantías de audiencia previa y debido proceso.
El artículo vigente es una atribución de la autoridad administrativa que interpreta la norma constitucional, permitiéndole hacer excepciones a las garantías consagradas en el capítulo primero de la Constitución y expulsar inmediatamente del territorio nacional a una o un ciudadano extranjero sin que sea obligado a acreditar que dicha persona estaba infringiendo la legislación doméstica.
En otro ámbito, este artículo contraviene también disposiciones de tratados internacionales suscritos y ratificados por México en materia de derechos consulares y derechos civiles y políticos como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 13.
La existencia del actual artículo 33 Constitucional permite la violación en México de un principio básico de derecho positivo: proteger a los individuos en los actos arbitrarios de cualquier autoridad.
La interpretación a que da lugar a esta disposición trastoca la esencia misma del Estado de derecho pues conculca a las y los ciudadanos objeto de esta discrecionalidad las garantías fundamentales del derecho internacional de protección a la dignidad de la persona humana.
La noción de derechos humanos, garantías individuales y Estado de derecho no puede ser exceptuada bajo ningún pretexto que no sea el que prevé la propia ley en su artículo 29 constitucional, por ello es que muchos juristas consideran el artículo 33 constitucional como una disposición anticonstitucional.
Las y los legisladores, no podemos dejar de cuestionar la existencia de una facultad tan amplia como la que concede este artículo, en el cual persiste un modelo de expulsión que responde a un momento histórico autoritario y represivo que creíamos superados y que lamentablemente vemos restaurarse en las últimas acciones de violencia del Estado, mandatadas y ejecutadas destacadamente por las fuerzas represivas del malamente llamado "gobierno del cambio".
La aplicación de esta medida que violenta el estado internacional consuetudinario ha demostrado ser tan limitada y discrecional que crea situaciones de extrema inseguridad para los extranjeros que radican en México como les sucedió a Valentina y a Mario Alberto.
Este artículo vigente es un grave escollo en nuestro sistema legal que debe ser enmendado antes de que contribuya a ahondar el ya de por sí deslegitimado Estado de derecho mexicano y genere conflictos diplomáticos por la Comisión de Delitos del Lesa Humanidad de los nacionales de otros Estados.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 33. Son extranjeros, los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero de la presente Constitución; permitiéndoseles la garantía de audiencia y al debido proceso en caso de enfrentar un procedimiento judicial o administrativo previsto en las leyes mexicanas.
Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: Eliana García Laguna, Jorge Martínez Ramos, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 9 de 2006.)
México, DF, a 5 de abril de 2006.
Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Mesa Directiva
Presente
Por instrucciones del diputado Filemón Arcos Suárez, Presidente de esta Comisión, hago de su conocimiento que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, le fue remitido un oficio del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con fecha del 19 de mayo de 2006.
En consecuencia, le envío el documento original que en su calidad de Presidente de la Comisión de Cultura ha recibido con la finalidad de enterar a la Cámara de Diputados, para que usted instruya los trámites correspondientes.
Asimismo, entrego tres discos compactos que contienen informes detallados del IPAB.
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo.
Atentamente
Lic. J. Antonio Alvarado Z. (rúbrica)
Secretario Particular
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 17 de mayo, a las 16 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A su trigésima cuarta reunión plenaria y al informe del comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, que tendrán lugar el miércoles 17 de mayo, a las 17 horas, en salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 24 de mayo, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CAMPO
A su décima reunión ordinaria, que se verificará el jueves 25 de mayo, a las 15 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Dip. Rafael Galindo Jaime
Presidente
Al diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, organizado junto con la UNAM, que se realizará el 12, 15 y 17 de mayo, a las 8 horas, en el auditorio norte.
Viernes 12 de mayo
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS
A la mesa de debates Autonomía sindical e injerencia gubernamental, discurso y realidad, que se efectuará el viernes 12 de mayo, de las 11 a las 15 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CAMPO
Al Encuentro regional de evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo, que se realizará el viernes 12 de mayo, en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Atentamente
Dip. Rafael Galindo Jaime
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
Al diplomado Equidad de género en políticas públicas, desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la violencia, que se llevará a cabo del miércoles 17 de mayo al miércoles 14 de junio, de las 16 a las 21 horas.
Acto inaugural
Salón Legisladores de la República (antes Salón Verde)
Miércoles 17 de mayo, 16 horas
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS FEMINICIDIOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA VINCULADA
Al Foro de acciones y avances para erradicar la violencia feminicida, que tendrá lugar el jueves 18 de mayo, a las 9:30 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la presentación del cuaderno El sistema de comisiones, el cabildeo legislativo y la participación ciudadana en el Congreso mexicano, publicado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, que se efectuará el jueves 18 de mayo, a las 11 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el edificio A, segundo piso.
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS FEMINICIDIOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA VINCULADA
A la Exposición geográfica del feminicidio, que tendrá lugar el jueves 18 de mayo, a las 12:45 horas, en el vestíbulo principal, edificio A, planta baja.
Atentamente
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Al diplomado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derechos humanos y el amparo, que se llevará a cabo los jueves 18 de mayo, de las 13:30 a las 15:30 horas, en el auditorio del edificio E, como parte del Foro Permanente de Consulta Ciudadana.
Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Al segundo Coloquio de Dafa en México -organizado como parte de los trabajos del Foro Permanente de Consulta Ciudadana-, que tendrá verificativo el viernes 19 de mayo, a partir de las 10 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente