Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 88 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, tendrá lugar el sábado 5 febrero, a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, situado en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.
De la Comisión Permanente.
De los Congresos de Baja California y de Jalisco.
De la Junta de Coordinación Política.
De la Cámara de Senadores.
Iniciativa del Congreso de Chihuahua
Que reforma la fracción III del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. (Turno a Comisión)
Posicionamiento de los grupos parlamentarios con relación al 88° aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los derechos de los ciudadanos mexicanos, a cargo del diputado Horacio Duarte Olivares, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que los partidos y las asociaciones políticos nacionales sean sujetos obligados de ésta y los dirigentes de las instituciones señaladas se sujeten a su observancia, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, 4, 8, 9, 12, 13, 37, 48, 51, 53, 54, 55, 65, 66 y 77 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge A. Kahwagi Macari y Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el último párrafo de la fracción VII del artículo 168 de la Ley Aduanera, en materia de apoderados aduanales, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona las fracciones VI y VII del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona las fracciones X, XII, XIII y XVIII del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en materia de políticas de atención y protección de los derechos de las mujeres que sufran algún tipo de violencia, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de aprobación de tratados internacionales y convenciones diplomáticas, a cargo del diputado Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003; y adiciona los artículos 124 Bis, 124 Bis 1 y 124 Bis 2 a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el inciso c) de la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de amparo directo, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 40, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo, "De los Delitos Deportivos", del Código Penal Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 7° y se adicionan dos párrafos al artículo 2° de la Ley General de Educación.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal y al titular del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza que implanten un programa emergente de empleo en los municipios de Saltillo y Monclova.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender, a través de la Secretaría de Economía, la entrada en vigor del nuevo acuerdo -suscrito por dicha dependencia con productores de manzana estadounidenses- por el que se suspende la cuota compensatoria de 46.58% y se acepta un nuevo compromiso de precios, a cargo del diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a participar, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la atención de los delitos ambientales que se cometen en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas, a cargo del diputado Francisco Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto a las elecciones en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades electorales federales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a proteger a los artistas plásticos de acciones que atenten contra la autenticidad de su obra, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se deslinda de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos promovida por diputados federales del Partido Acción Nacional, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Financiera Rural y a la Consar a clarificar la situación que guardan los recursos tomados del SAR para fondear la liquidación del Banrural y la constitución de la Financiera Rural, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para demandar la revisión de las políticas federales de prevención y atención de cáncer cérvico-uterino y mamario, a cargo de la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a detener e investigar el desvío de recursos públicos educativos en favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del estado de Guerrero, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativa al recurso destinado a los trabajadores braceros que laboraron en Estados Unidos de 1942 a 1946, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar la apertura de los archivos del Estado a fecha posterior a 1980; y al procurador general de la República, a agilizar la investigación sobre los hijos de desaparecidos políticos, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita formar un grupo plural de legisladores que investigue la situación de los derechos humanos en la población de Mineral de Hércules, Coahuila, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se propone crear un grupo de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que dé seguimiento a las obligaciones establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Agenda política
Comentarios sobre la campaña de adopción
de presos sentenciados a pena de muerte en reclusorios de Estados Unidos
de América, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MARTES PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de cuatrocientos veintiocho diputadas y diputados, a las once horas con treinta y nueve minutos del martes primero de febrero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
A las once horas con cuarenta y cuatro minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta diputadas y diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Tres oficios de la Comisión Permanente por los que comunica la aprobación de sendos puntos de acuerdo que conceden licencia por tiempo indefinido a los ciudadanos Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón, Miguel Ángel Yunes Linares y Francisco Alberto Jiménez Merino, para separarse del cargo de diputados federales electos en el quinto distrito del estado de Sinaloa, en la tercera circunscripción plurinominal y en el décimo tercer distrito del estado de Puebla, respectivamente. Llámese a los suplentes.
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva con la que remite informe al Pleno sobre la demanda de controversia constitucional, presentada en nombre del Ejecutivo Federal, contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, aprobado por la Cámara de Diputados en su sesión del quince de noviembre de dos mil cuatro y sobre las acciones jurídicas emprendidas por la Presidencia de la Mesa Directiva al respecto. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.
El Presidente informa que a las puertas del recinto se encuentran los ciudadanos Irma Guadalupe Moreno Ovalles y Aníbal Peralta Galicia, electos como diputados federales suplentes en el quinto distrito del estado de Sinaloa y en la tercera circunscripción plurinominal, respectivamente, y designa una comisión que los introduce y los acompaña a rendir su protesta de ley.
Siete oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas proyectos de decreto:
Que adiciona una fracción tercera al artículo treinta y ocho del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas.
Que reforma el artículo ciento setenta de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Que reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Agraria. Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Asuntos Indígenas.
Que adiciona un artículo treinta y nueve bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Que expide la Ley Federal de Seguridad Privada. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Que adiciona un párrafo tercero al artículo cuarto y un segundo párrafo a la fracción vigésima del artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social.
Que expide la Ley de Sociedades Cooperativas y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Gobernación.
Que adiciona un segundo párrafo al artículo cuarenta y seis y reforma la fracción cuarta del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.
Que reforma y adiciona la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Asuntos Indígenas.
Que reforma y adiciona la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.
Que reforma la fracción quinta del artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El Presidente informa que el registro al cierre del sistema
electrónico de asistencia y votación se tomará como
registro final de diputadas y diputados y levanta la sesión a las
once horas con cincuenta y seis minutos, citando para la que tendrá
lugar el jueves tres de febrero de dos mil cinco a las diez horas.
CC. Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXVIII (88) aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, el próximo sábado 5 de febrero, a las 8:00 horas, en el patio poniente del antiguo Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, en Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de la honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Angelina Barona del Valle
Directora de Patrimonio Cultural y Participación
Ciudadana
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Edificio.
Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la honorable Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Legislatura, con el que se dio cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.
La presidencia dictó el siguiente trámite: "De enterado, insértese en el Diario de los Debates y remítase a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores".
México, DF, a 1 de febrero de 2005.
Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria
Dip. Arturo Nahle García (rúbrica)
Secretario
COMISIÓN PERMANENTE
1er. RECESO
2º AÑO DE EJERCICIO
INFORME DE LABORES
15 DICIEMBRE 2004 - 1º FEBRERO 2005
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Edificio
Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente para conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen listados en el inventario que se anexa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 1 de febrero de 2005.
Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica)
Secretaria
Dip. Arturo Nahle García (rúbrica)
Secretario
Inventario de asuntos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión remite a la H. Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Cónsul honorario
1.- 212 Ernesto Canales Santos, cónsul honorario
del Reino de Tailandia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción
consular en los Estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo león,
San Luis Potosí y Tamaulipas.
México, DF, a 17 de enero de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción IV, Apartado C) del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Ernesto Canales Santos, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de Taliandia en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Por lo anterior me permito anexar, original de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad, copia certificada del acta de nacimiento; así como copias simples de su curriculum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada del Reino de Tailandia en México y de su identificación oficial.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA
Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión
México, DF
Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y una sincera felicitación por su labor al frente de esta H. Cámara de Diputados.
Hago del conocimiento a esta Honorable Asamblea, que en nuestro municipio de Mexicali ha sido construida una estación revisora para los carros del ferrocarril misma que funcionará mediante el uso de radiaciones electromagnéticas emitidas por una bomba de cobalto, la cual esta ubicada en la Plaza de la amistad internacional contigua a los andadores peatonales y cruce vehicular de la Puerta Fronteriza del Centro Histórico justo donde se encuentra la pagoda china misma que donó el pueblo hermano de la ciudad de Nanjín de la República Popular de China a este municipio.
Dicha instalación ha generado que un grupo de ciudadanos residentes se agrupen para manifestarme su rechazo, dado que si bien ya esta construida en su totalidad, aún se encuentran en proceso de determinación por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, las condiciones de seguridad de operación de la estación mismas que permitirán dictaminar su procedencia; además de no contar con el permiso de construcción ni uso de suelo autorizado por las autoridades municipales por lo que consideramos que esta construcción afecta la normatividad municipal y la tranquilidad de sus habitantes.
Envío documento sobre las observaciones presentadas por parte del grupo de ciudadanos así como copia del oficio emitido por la Dirección de Administración Urbana del XVIII ayuntamiento de Mexicali por lo que le solicito muy atentamente se proceda el trámite dispuesto en el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que sea del conocimiento de la comisión respectiva.
Sin más por el momento le agradezco su finas atenciones.
Mexicali, BC, a l8 de enero de 2005.
Dip. Jorge Núñez Verdugo (rúbrica)
DEL CONGRESO DE JALISCO
Guadalajara, Jal., a 4 de enero de 2005.
Honorable Congreso de la Unión
Con el gusto de saludarles, me es grato hacer de su conocimiento, que el Congreso del estado de Jalisco, por decreto 20,873, publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, con fecha 25 de diciembre de 2004, se declaró el 2005 como "Año del Adulto Mayor en Jalisco", en consecuencia los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del gobierno del estado de Jalisco, los 124 municipios y las secretarias y dependencias, organismos y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal deberán sellar sus documentos oficiales con la leyenda "2005, Año del Adulto Mayor en Jalisco".
Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía hago de su conocimiento lo anterior, en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respecto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica)
Secretario General del Congreso
Guadalajara, Jalisco, a 6 de enero de 2005.
H. Congreso de la Unión
México, Distrito Federal
Con el gusto de saludarlo, me permito informarle que esta soberanía estatal, en sesión de fecha 6 de enero del año en curso, aprobó el acuerdo legislativo 731/05, del que le adjunto copia, mediante el cual el Congreso de Jalisco se pronuncia contra el proyecto de NOM-006-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2004, en que se pretende que se elimine la palabra "Maduro" como requisito de madurez para la materia principal del Tequila agave, ordenándose enviarle copia de dicho acuerdo con objeto de comunicarles la posición política de la LVII Legislatura del estado de Jalisco y se adhieran en el mismo sentido y realicen las gestiones necesarias para evitar su aprobación.
Comunico lo anterior por instrucciones de la Directiva del Congreso del estado, en vía de notificación personal y para los efectos legales a que dé lugar.
Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica)
Secretario General del Congreso del Estado
"2005, Año del Adulto Mayor en Jalisco."
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLÍTICA
Palacio Legislativo, 1° de febrero de 2005.
Diputado Manlio Fabio Beltrones
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, segundo párrafo del Acuerdo relativo al Orden del Día de les Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio en Comisión, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:
Atentamente
Diputado José González Morfín (rúbrica)
Palacio Legislativo, 1° de febrero de 2005.
Diputado Manlio Fabio Beltrones
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Por instrucciones del diputado Francisco Barrio Terrazas, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, párrafo 1, inciso c), en relación con el artículo 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito atentamente someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:
Atentamente
Diputado José González Morfín (rúbrica)
DE LA CAMARA DE SENADORES
México, DF, a 1 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, me permito comunicarles que, en sesión celebrada en esta fecha dio inicio el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Senadores.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable. Asamblea el presente Dictamen de la:
INICIATIVA QUE ADICIONA EN EL
LIBRO SEGUNDO EL TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO
DE LOS DELITOS DEPORTIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
ANTECEDENTES
Primero.- En sesión celebrada el 22 de Abril de 2004 la Diputada Rosalina Mazari Espín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión presentó al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa que adiciona en el Libro Segundo el Título Vigésimo Séptimo de los Delitos Deportivos del Código Penal Federal.
Segundo.- La Mesa Directiva turnó en fecha 22 de Abril de 2004, dicha iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con el número de oficio D.G.P.L. 59-II-5-563 la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- La Iniciativa en cuestión, expone que la población de nuestro país, mantiene un gran interés en la participación y afición de los deportes, porque le permite la convivencia familiar, el desarrollo físico saludable, lograr metas personales en las distintas disciplinas de deporte y ser parte de un evento por un gusto individual.
SEGUNDA.- Destaca además, la presencia cada vez más reiterada de actos violentos en los estadios e instituciones deportivas, que crean un verdadero peligro para los asistentes en general; ello, porque no existe una regulación en la legislación penal federal para delitos deportivos en eventos nacionales o internacionales de nuestro país. Sostiene también, que los individuos o grupos, con facilidad provocan conflictos, ejerciendo una alta violencia, por lo que cometen una serie de delitos que hacen de un evento profesional y sano, un acto de peligro, desconfianza e inseguridad. En este sentido, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en efecto, coincide en los argumentos que expone la autora de la iniciativa.
TERCERA.- Por otra parte, la iniciativa que nos ocupa, también señala que la Ley General de Cultura Física y Deporte, busca aplicar y llevar a cabo con eficacia, tanto las medidas de prevención, como la efectividad de las sanciones e infracciones mencionadas en esta ley. Sin embargo, no contiene el carácter coercitivo necesario para limitar los excesos y abusos que cometen las personas en las instalaciones o estadios. La norma jurídica penal, ejerce mayor coercibilidad y con la aplicación irrestricta de ésta, disminuirán los actos de violencia en los estadios y centros de deporte, los cuales son actualmente un peligro real para muchos espectadores o deportistas que, de forma pacífica y de buena fe, asisten a presenciar o a ejecutar su disciplina.
CUARTA.- La intención de la presente iniciativa de adición al Código Penal Federal, es agregar un título que regule los delitos deportivos cometidos por actos violentos de personas en las instalaciones deportivas, por delitos cometidos en contra de deportistas, y también por ellos mismos, la sanción a organizadores de eventos que no otorguen las medidas de seguridad necesarias para los asistentes en general. Con esta adición, la autoridad puede imponer sanciones por tales conductas, independientemente de los demás delitos cometidos, y de esta forma, evitar y castigar los comportamientos que pongan en situación de peligro a los asistentes.
QUINTA.- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincide en la adición en el Libro Segundo del denominado Título Vigésimo Séptimo de los Delitos Deportivos, al Código Penal Federal ya que los acontecimientos de violencia dentro de las instalaciones, donde se practican algunos deportes, son en efecto, cada vez más frecuentes y el propósito fundamental consiste en reducir la concurrencia de este tipo de conductas, mediante una penalización. No obstante, los Diputados que integramos la Comisión Dictaminadora, hemos coincidido en que la propuesta de sanciones que refiere la iniciativa, resulta consideradamente elevada. Así, en primer término, por lo que hace al artículo 430, la iniciativa propone sanciones de uno a seis años de prisión y multa 30 a 150 días de salario mínimo vigente cuando una o varias personas de forma espontánea o de común acuerdo, realicen actos de violencia en instalaciones deportivas o procuren con esta impedir el inicio, secuencia o premiación del evento de deporte. La propuesta anterior se estima notoriamente elevada, en cuanto a la pena de prisión se refiere, en virtud de que si bien es cierto que los actos de violencia en tales eventos son reprobables, también lo es, que se sancionan también los otros delitos en que se incurra, como puede ser lesiones. Consecuentemente, habrá que considerar, para cada caso, el motivo que determinó el comportamiento que finalmente se tradujo en una conducta atípica y en razón de ello, desde luego, sancionarla pero no con una pena de prisión de hasta 6 años, por lo que se propone que esta última sea de tres meses a dos años de prisión. Por otra parte en el caso de la reincidencia de este tipo de conductas, que se indica en este mismo artículo, además de las sanciones mencionadas, se pretende establecer la prohibición de asistir a eventos deportivos de la misma naturaleza por un término de uno a nueve años, lo que consideramos es poco viable debido a que la autoridad ejecutora de las sanciones impuestas, para estos casos, no contaría con los mecanismos necesarios para su ejecución, control y vigilancia. Asimismo, se propone en esta Iniciativa en el artículo 431, una pena de 2 a 8 años de prisión al que cometa un delito en contra de un deportista en el acto de ejercer su disciplina o con motivo de ella, así como a sus directivos, técnicos, médicos o entrenadores y multa de 50 a 300 días de salario mínimo vigente. En cuanto a esta propuesta, esta Comisión no sólo la considera elevada sino innecesaria, toda vez que al tratarse de la comisión de un delito enfocado hacia un deportista, directivo, técnico, médico o entrenador, evidentemente, existiría una identificación plena tanto del sujeto activo, como del sujeto pasivo, en el acto delictivo y en consecuencia, se trata de una conducta totalmente identificable, y luego entonces, dicho sujeto pasivo, estaría en aptitud de formular la denuncia correspondiente, de manera directa en contra de su agresor, por lo que para este caso, la propuesta de esta comisión consiste en no sancionar penalmente al sujeto activo en los términos que sugiere la iniciativa presentada. Ahora bien, por lo que se refiere al artículo 432, se considera que la propuesta de sanción también resulta muy elevada en virtud de que, los riesgos a lesiones físicas propios de los deportes, trascienden en la conducta de quienes los practican y en ese orden de ideas, dicha conducta, no necesariamente tiene que implicar la adecuación a un tipo penal, además de que, como se sabe, son con frecuencia sancionadas administrativamente. Finalmente en el artículo 432 se propone sancionar penalmente el dopaje, situación que resultaría por demás riesgosa e inconveniente, toda vez que la conducta en sí, no ameritaría una sanción de tipo penal, por la existencia de sustancias prohibidas dentro del deporte que no necesariamente son psicotrópicos, estupefacientes o similares.
Por otra parte, sí consideramos, que los principales responsables son los organizadores, que sabiendo la clase de evento que organizan y la pasión que se puede generar, no toman en cuenta las medidas de seguridad apropiadas.
Por lo anterior y atendiendo a la urgente necesidad de crear un marco jurídico que otorgue seguridad a las personas que asisten a los eventos deportivos así como a los deportistas, los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emiten el:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL LIBRO SEGUNDO, EL TITULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. DE LOS DELITOS DEPORTIVOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
Artículo Único.- Se adiciona al LIBRO SEGUNDO, EL TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO, De los Delitos Deportivos, al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
LIBRO SEGUNDO
TITULO VIGÉSIMO SÉPTIMO
DE LOS DELITOS DEPORTIVOS
Artículo 430.- Cuando una o varias personas, de forma espontánea o de común acuerdo, realicen actos de violencia en instalaciones deportivas o procuren con ésta impedir el inicio, secuencia o premiación del evento de deporte, serán castigados de tres meses a dos años de prisión y multa de 30 a 150 días de salario mínimo general del lugar donde se comete el delito. Además de la sanción que corresponda por el delito cometido. La misma pena se aplicará a los deportistas, que durante el evento en el que participen, inciten al público, directivos, entrenadores y demás jugadores, a realizar actos de violencia.
Artículo 431.- Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de 200 a 700 días de salario mínimo del lugar donde se cometa el delito, a los que organicen eventos de deporte que no otorguen la seguridad necesaria a los asistentes, y que como consecuencia, se produzcan los actos de violencia a que se refiere el artículo anterior.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés de noviembre de dos mil cuatro.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos:
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica),
Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Fidel René
Meza Cabrera (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica),
Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Gilberto Ensástiga
Santiago, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica),
secretarios; Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Blanca Estela
Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal
(rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María
de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge
Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica),
Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre,
Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Ernesto Herrera
Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde
Gordillo, Marisol Vargas Bárcena, Margarita Zavala Gómez
del Campo, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Angélica
de la Peña Gómez (rúbrica), Juan García Costilla,
Miguelángel García-Domínguez, Jaime Miguel Moreno
Garavilla.
DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA
Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7° Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS
AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración el Dictamen sobre la iniciativa que tiene por objeto vincular los contenidos de la enseñanza con la educación para la salud y evitar la discriminación de los menores en el ámbito escolar, y su correlativo Proyecto de Decreto para reformar la fracción X del artículo 7 y aumentar dos párrafos al Artículo 2 de la Ley General de Educación.
ANTECEDENTES Y PROCESO DE DICTAMINACIÓN
El día 13 de abril de 2004 la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina, misma que fue publicada en el número 1474 de la Gaceta Parlamentaria.
Una vez que la Mesa Directiva constató que la iniciativa fue publicada en tiempo y forma en el número 1474 de la Gaceta Parlamentaria y que cumple con los requisitos para ser admitida a discusión la turnó a esta comisión para los efectos conducentes mediante el oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-564.
La Junta Directiva de la Comisión remitió la iniciativa a la subcomisión de Educación Básica e Inicial, que procedió desde luego a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia, y determinó que la Constitución, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia que motiva la iniciativa y se abocó desde luego a su estudio y análisis.
La subcomisión encontró que los argumentos esgrimidos en la Exposición de Motivos de la iniciativa dan razones para dictaminar en sentido positivo, con modificaciones y adiciones al texto del Proyecto de Decreto, y consecuentemente, procedieron a preparar proyecto de dictamen para someter a la consideración del Pleno de la Comisión.
El Pleno de la Comisión aprobó el proyecto de la comisión en reunión del día 20 de julio de 2004, por unanimidad.
CONSIDERACIONES:
La comisión Dictaminadora coincide con el criterio expresado en la Iniciativa en el sentido de que la igualdad ante la Ley y la no discriminación, son derechos establecidos por la Constitución que requieren expresarse en forma clara y precisa en disposiciones legales que por un lado sancionen conductas que atiendan a conculcarlas, y por otro guíen y obliguen a las autoridades a garantizarlos en todos los ámbitos de la vida social.
Del mismo modo, coincide en que el cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el artículo cuarto constitucional incluye no sólo la atención médica y la restauración de la salud, sino también la prevención de enfermedades y que, en este sentido, la promoción y fortalecimiento de hábitos tempranos de cuidado de la salud disminuye la probabilidad de contraer enfermedades y favorece una mejor calidad de vida.
La Comisión coincide también con lo expuesto en la Iniciativa, en el sentido de que el desconocimiento por parte de niños y jóvenes sobre los efectos y riesgos de fenómenos cómo las adicciones, del ejercicio desinformado de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación desequilibrada, que cada día se generalizan más han aumentado el riesgo de padecer alguna enfermedad de las llamadas emergentes.
Por otro lado argumenta la Iniciativa, con toda razón la necesidad de establecer disposiciones que prohiban inadmisibles violaciones al derecho de acceso libre e igualitario a la educación de niños contagiados con SIDA o que padezcan limitaciones en sus capacidades, sin que exista una justificación relacionada con riesgos para las personas con las que convive en clase.
En razón de lo anterior, la iniciativa propone a Esta Soberanía el Proyecto de Decreto para reformar la Ley General de Educación en la Fracción X del artículo 7 y adicionar dos párrafos al Artículo 2, para quedar como sigue:
La Comisión coincide con la Iniciativa en la preocupación por la presencia de actos discriminatorios en el acceso a los servicios de educación a niños con capacidades diferentes o portadores del virus VIH SIDA.
Coincide también con el criterio de que, sobre todo en el caso de niños portadores de SIDA, el rechazo que proviene en parte por una ignorancia sobre los mecanismos de transmisión del virus y la falta de claridad en la ley que norma la materia. Sin embargo, es criterio de esta comisión que en muchos casos el rechazo a aceptar niños con capacidades diferentes proviene también de una casi carencia de infraestructura y condiciones de diferentes órdenes que permitan atenderlos con la calidad de la atención educativa que estas personas puedan requerir y a la que tiene derecho en función de un elemental principio de equidad.
De ahí que se propone establecer, junto a los derechos a ser admitidos en las escuelas en condiciones semejantes a todos los demás para quienes padecen un enfermedad o la limitación de alguna de sus capacidades, la obligación de las autoridades es de reglamentar las condiciones de su admisión y atención, así como para que provean al sistema educativo nacional de una infraestructura física y de personal competente suficiente para auxiliar a las escuelas y maestros en la atención especializada que esta población merece.
El criterio que la comisión Dictaminadora comparte con la proponente de la Iniciativa, la conveniencia que la educación forme para enfrenar problemas individuales y colectivos; que fomenten la responsabilidad personal; que promueva hábitos de vida saludables y que generen actitudes de autocuidado de la salud, se propone establecer en la Ley General de Educación, la promoción de la educación para la salud, como parte de las finalidades de educación que imparte el Estado.
Sin embargo esta Comisión, admitiendo establecer la coordinación legal entre las leyes vigentes, difiere del criterio de los contenidos educativos en materia que deban estar sujetos a los términos de otro ordenamiento legal, tanto por la autonomía y funcionalidad interna que debe tener el sistema educativo, y porque por disposición constitucional la determinación de los contenidos curriculares de la educación básica y normal, es una facultad que corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo, cuando establece en la Fracción III del Artículo 3o:
III.- Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.
Es obligación del Ejecutivo Federal implementar políticas públicas que permitan la armonía y coordinación entre todas las áreas del quehacer público, y no una determinación legal que pudiera eventualmente alterar el funcionamiento de los distintos sistemas de atención a la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión propone reformas y adicionar al texto del Proyecto de Decreto que acompaña a la Iniciativa, como sigue:
En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora:
RESUELVE
Que es del parecer del Pleno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Honorable Cámara de Diputados, que ES DE APROBARSE la Iniciativa para vincular los contenidos de la enseñanza con la educación para la salud y evitar la discriminación de los menores en el ámbito escolar, con las recomendaciones y modificaciones que se indican.
En consecuencia, se somete a la consideración de la Soberanía del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Artículo Único.- Se reforma fracción X, del artículo 7o. y se adicionan dos párrafos al artículo 2o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 2o.- ...
...
...
Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
La autoridad educativa estará obligada en todo momento a dotar a las escuelas de la infraestructura física, el personal especializado y todos los elementos necesarios para la atención de esta población, o para canalizarlos a las instituciones adecuadas cuando el caso lo requiera.
Artículo 7o.- ...
I. ... a IX. ...
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios, así como promover la educación para la salud;
XI. ... a XII. ...
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud en coordinación con las demás dependencias del sector, en un término no mayor a dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, ampliarán la infraestructura necesaria para la atención en las escuelas regulares de los niños con capacidades limitadas y para la atención de los niños portadores de VIH, así como la necesaria para su atención en instrucciones especializadas cuando el caso lo amerite.
Artículo Tercero. La Secretaría de Educación Pública determinará los criterios para la distribución de personal, materiales y útiles complementarios para la atención educativa de esta población.
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2004.
Diputados: Salvador Pablo Martínez Della
Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica),
Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez
(rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), José
Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Francisco
Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola
Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Corella Torres (rúbrica),
Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús
Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez
Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
(rúbrica), Israel Gallardo Sevilla (rúbrica), Iván
García Solís (rúbrica), María Guadalupe García
Velasco (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona (rúbrica),
José Ángel Ibáñez Montes (rúbrica),
Moisés Jiménez Sánchez, Alejandra Méndez Salorio
(rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini
(rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica),
Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón
Chanona (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica),
Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez
Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica),
Lorena Torres Ramos (rúbrica).
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA QUE IMPLANTEN UN PROGRAMA EMERGENTE DE EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS DE SALTILLO Y MONCLOVA
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para estudiar y dictaminar la "Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y al titular del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza para que implementen un Programa Emergente de Empleo en los Municipios de Saltillo y Monclova", presentada por el Diputado Manuel López Villarreal, integrante del Partido Acción Nacional; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 65, 85, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Del proceso legislativo
a. Durante la sesión celebrada el 7 de octubre de 2003 en la Cámara de Diputados, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo para solicitar la implementación de un programa emergente de empleo en los Municipios de Saltillo y Monclova, del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Diputado Manuel López Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
b. En sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social celebrada el 6 de noviembre de 2003, se aprobó la conformación de cinco subcomisiones de trabajo que se encargaran del estudio de los asuntos turnados a la Comisión con el objeto de elaborar los dictámenes correspondientes para ser sometidos a la consideración del pleno de la misma, aprobándose los rubros: Asistencia Laboral, Cultura Laboral, Internacional, Laboral, y Social.
c. El 25 de noviembre de 2003, fue turnada a la Subcomisión del Área Laboral, la proposición con punto de acuerdo para solicitar la implementación de un programa emergente de empleo en los Municipios de Saltillo y Monclova, del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presentó el Diputado Manuel López Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Subcomisión que emitió y aprobó el presente dictamen para ser sometido a la consideración del pleno de la Comisión.
II. Contenido del Punto de Acuerdo
La proposición consta de dos puntos:
a) En el primero se solicita al titular del Ejecutivo Federal que instruya a las Secretarías de Economía, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación y con el apoyo del Gobierno Estatal, desarrollen e implementen un programa emergente de empleo en los Municipios de Saltillo y Monclova, ubicados en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
b) El segundo punto ordena comunicar a las dependencias mencionadas y al Gobierno Estatal de Coahuila de Zaragoza, la resolución tomada por esta Soberanía.
III. Consideraciones
La proposición con punto de acuerdo establece en sus consideraciones que el Estado de Coahuila tiene problemas graves por la falta de empleo, particularmente en los Municipios de Saltillo y Monclova, los cuales, según la proposición, en agosto de 2003 presentaron tasas de desempleo promedio de 5.03 y 4.75 por ciento respectivamente, cifras superiores a la media nacional.
Es importante señalar que la población del Estado se concentra en los Municipios de Saltillo (25.14%), Torreón (23.05%), y Monclova (8.44%), y, según el resumen del Programa de Apoyo al Empleo de la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el Estado de Coahuila se han otorgado becas a 1,392 desempleados de los 3,095 que han sido atendidos por el Programa de Capacitación para el Trabajo, cifra que representa el 62.42% del total atendido; en tanto que se ha otorgado apoyo económico a 104 de los 263 buscadores de empleo que han acudido a dicho programa, lo que equivale al 39.54% del total atendido.
Cabe señalar también que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de 1999 a 2001, el Estado de Coahuila estuvo dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional en materia de crecimiento de Producto Interno Bruto (PIB) por entidad federativa, que fue de 3.1%, ubicándose sólo por encima de Hidalgo, Michoacán y Colima, entidades que tuvieron menos del 1% de crecimiento y -0.2% y -0.7% respectivamente.
En este mismo periodo, el sector industrial reflejó que los estados con crecimiento inferior al promedio nacional fueron diecisiete, dentro de los cuales se encuentra Coahuila con tasa negativa de variación que lo ubicó con el -0.2% en la tabla nacional.
Estos datos nos muestran que el Estado de Coahuila de Zaragoza pasa por una situación difícil tanto en materia económica como laboral, lo que afecta directamente la calidad de vida no sólo de la población desempleada, sino de todos los sectores que ven incrementados los costos y disminuida la calidad en el nivel de vida en virtud de la falta de productividad de la entidad.
Es por ello que se considera procedente solicitar al Ejecutivo Federal que, en atención a las necesidades y los recursos disponibles, promueva la implementación, en coordinación con los Gobierno Estatal y Municipales implicados, de un programa emergente de empleo en los Municipios de Monclova y Saltillo, del Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que esta Honorable Asamblea emite el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, por conducto de las Secretarías de Economía, Desarrollo Social y Trabajo y Previsión Social, realice un estudio de campo en los Municipios de Monclova y Saltillo, del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de determinar las causas de los índices de desempleo y, con base en los resultados y atendiendo la disponibilidad de recursos, implemente un programa emergente de empleo, con carácter de temporal, en esos Municipios.
SEGUNDO. Se exhorta a los titulares del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos de Monclova y Saltillo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a que en el ámbito de sus competencias, participen en la realización del estudio e implementación del programa emergente de empleo en coordinación con el Ejecutivo Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil cuatro, por los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica),
Presidente; Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica),
María Sara Rocha Medina (rúbrica), María del Carmen
Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica),
Agustín Rodríguez Fuentes, secretarios; Miguel Alonso Raya
(rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría,
Pedro Ávila Nevárez, Francisco Javier Carrillo Soberón,
Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez
(rúbrica), Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Blanca
Eppen Canales, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Pablo Franco
Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, José
García Ortiz, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Salvador
Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Armando
Neyra Chávez, Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica),
Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina,
Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina (rúbrica),
Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez
del Campo.
El suscrito, diputado federal José Mario Wong Pérez, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, con objeto de que suspenda la entrada en vigor, el próximo 28 de febrero, del nuevo acuerdo realizado por dicha Secretaría en donde se suspende la cuota compensatoria de 46.58% y se acepta un nuevo compromiso de precios con productores de manzana estadounidenses, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
Por diversas vías los productores de manzana agrupados en Unifrut, me han solicitado que exponga a esta Soberanía, por ser el máximo órgano de representación popular, la problemática que enfrentan actualmente, derivada del nuevo acuerdo que la Secretaría de Economía, dependiente del Gobierno Federal, ha suscrito con productores norteamericanos afiliados a Northwest Fruit Exporters, el cual suspende la cuota compensatoria del 46.58% que se había otorgado el 12 de agosto de 2002 como producto de un largo juicio antidumping iniciado en 1996, el cual fue ganado por los productores mexicanos de Unifrut, quienes desde sus orígenes, continuamente han defendido al Sector de la invasión de fruta importada, bajo prácticas ilegales y desleales como son el denominado contrabando bronco o técnico, la subfacturación y el dumping.
Unifrut es un sector organizado y combativo ante las injusticias del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, agrupa 20 asociaciones locales con 2,500 medianos y grandes productores, en una superficie de 30 mil hectáreas de árboles, con una producción en 2004 de 19 millones de cajas de manzanas.
Desde 1996 presentaron un juicio de dumping contra las manzanas estadounidenses, que llegan a nuestro País facturadas por debajo del costo de producción. Obtuvieron una cuota compensatoria de 101% y en coordinación con el gobierno federal, lograron que los exportadores estadounidenses propusieran un compromiso de precios de 11.48 dólares por caja de 42 libras, convenio que los manzaneros norteamericanos incumplen.
Unifrut demuestra a la Secretaría de Economía que el compromiso de precios no se respeta, e interpone dos amparos que gana, a pesar de que la Secretaría de Economía continúa empeñándose en proteger a los productores extranjeros. El veredicto de dumping es favorable a los manzaneros mexicanos y desde agosto de 2002, se establece una cuota compensatoria de 46.58% para las manzanas red y golden delicious, importadas de EU.
Animados con el triunfo, los fruticultores nacionales, realizan grandes inversiones para modernizar la producción. Instalan malla protectora de granizo e incrementan la capacidad de refrigeración en atmósfera controlada de hasta 112 mil toneladas, es decir un 300% más; Inversiones que fueron realizadas paradójicamente con el apoyo de Alianza para el Campo.
En septiembre del año pasado, los exportadores del noroeste de los Estados Unidos, vuelven a proponer un convenio de precios como el de 1998. Unifrut lo rechaza con base a la experiencia pasada, ya que los productores norteamericanos no han demostrado seriedad y el Gobierno Mexicano carece de mecanismos para hacer cumplir los acuerdos.
A pesar de lo anterior y ante la presión del gobierno estadounidense, el 15 de noviembre de 2004 los fruticultores mexicanos son convocados a una reunión con las los titulares de la Sagarpa y la Secretaría de Economía, con el objeto de convencerlos para aceptar un nuevo compromiso de precios. Unifrut vuelve a rechazarlo, fundando su decisión en las razones ya señaladas, por lo que el secretario de Economía, licenciado Fernando Canales Clariond, se compromete a dar apoyo a los nacionales rechazando la propuesta de los productores extranjeros, así como a continuar con las acciones jurídicas en beneficio de la producción nacional.
Pero una vez más el gobierno del cambio engañó a un sector de los mexicanos; una vez más privilegia los intereses extranjeros por encima de los nacionales; una vez mas deja clara su intención de desmantelar al campo mexicano. No obstante el compromiso con los manzaneros nacionales y a pesar de los graves daños ocasionados a la planta productiva nacional, el próximo 28 de febrero entrará en vigor un nuevo acuerdo aceptado por la Secretaría de Economía, suspendiendo la cuota compensatoria de 46.58% existente, lo que significa un fuerte golpe para la producción nacional.
El secretario de Economía decidió de manera unilateral suspender la cuota compensatoria de 46.58% para la manzana red delicious y golden delicious, importada de los Estados Unidos, que los productores mexicanos con grandes esfuerzos habían logrado que se estableciera por cinco años, a partir de agosto de 2002.
Compañeras y compañeros legisladores:
Es menester aclarar que ni un servidor ni los productores nacionales estamos en contra de la importación de fruta, siempre y cuando sea un mecanismo de complementación a nuestro mercado, y no se realice mediante prácticas desleales que desplacen a la producción nacional.
Es evidente que sin cuotas compensatorias y sin aranceles, la fruta norteamericana simplemente saturará el mercado, desplazando a la producida en México, ocasionando graves problemas, entre ellos de desempleo.
En este inicio de año, sólo en el estado de Chihuahua, se tienen tres millones de cajas en atmósfera controlada de la producción del año 2004 que no ha sido posible comercializar, con los enormes gastos que esto ocasiona a los productores.
Los fruticultores mexicanos actualmente generan 12 mil empleos permanentes y dos millones de jornales adicionales por año.
Esta Cámara no puede dar la espalda a la problemática aquí planteada, no podemos permitir que se lastime de manera tan brutal al campo mexicano y se atente contra la economía nacional, por lo que les pido compañeras y compañeros, se adhieran favorablemente a este Punto de Acuerdo y voten a favor de los productores de manzana nacionales, de sus familias, de los trabajadores y jornaleros agrícolas que dependen de la producción.
En razón de ello y de los hechos expuestos, someto a su consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, con objeto de que suspenda la entrada en vigor, el próximo 28 de febrero, del nuevo acuerdo realizado por dicha Secretaría, en donde se suspende la cuota compensatoria de 46.58% y se acepta un nuevo compromiso de precios con productores de manzana estadounidenses.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 3 de febrero de 2005.
Diputados: José Mario Wong Pérez
(rúbrica), Miguel Lucero Palma, Jorge de Jesús Castillo Cabrera,
Jesús Aguilar Bueno, Nora Elena Yu Hernández, Martha Laguette
Lardizábal, Omar Bazán Flores.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA A PARTICIPAR, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EN LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES QUE SE COMETEN EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ROJAS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Francisco Antonio Rojas Toledo del Partido Acción Nacional, presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que participen dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las Áreas Naturales Protegidas del estado de Chiapas, de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
En la última década se han creado diferentes instancias y espacios para la lucha contra el delito ambiental, existiendo un mayor interés gubernamental por contrarrestar la problemática ambiental que enfrenta nuestro país.
Sin embargo, la prevención del ilícito ambiental todavía es incipiente, se sigue adoleciendo de una burocratización del proceso de atención a este tipo de ilícitos, problema que se conjuga con una carencia de recursos humanos para vigilar y cuidar nuestras áreas naturales protegidas y con posibles conexiones entre grupos de delincuentes ambientales y narcotraficantes e invasores, dentro de zonas con una fuerte alteración social.
Todo ello a promovido una mayor frecuencia en la aparición de ilícitos ambientales, particularmente en las áreas naturales protegidas de mi estado natal Chiapas.
Cabe señalar la ocurrencia cada vez más frecuente de incendios forestales, así como el uso de fuego en cacerías y la falta de educación y cultura ambiental.
Mención aparte merece la alta tasa de crecimiento poblacional y la aparición de nuevos asentamientos humanos que, en condiciones de pobreza y marginación como las que existen en Chiapas, provocan la conversión de áreas forestales a zonas en las que se práctica la ganadería extensiva, el aprovechamiento ilegal de leña, carbón y madera, y la desaparación de cada vez más áreas naturales.
Este aprovechamiento forestal ilegal esta acompañado de la extracción y tráfico ilegal de vida silvestre de las áreas naturales protegidas de Chiapas. La alteración de estos habitats ocasiona graves daños a las poblaciones de diversas especies de la región.
Caso aparte resulta la cada vez mayor contaminación de cuerpos de agua, suelo y subsuelo generada por las descargas de aguas residuales sin tratamiento realizadas por empresas privadas y paraestatales, así como la contaminación por emisiones a la atmósfera generada por Pemex y por las industriales caleras ubicadas en Chiapas, entre otros problemas ambientales que enfrenta mi estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretarías de Salud, de Educación Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que incrementen sus acciones de control, protección, vigilancia y educación ambiental, así como otras acciones que se consideren pertinentes en el ámbito de sus respectivas competencias, para lograr la atención de los ilícitos ambientales que están ocurriendo en las áreas naturales protegidas del estado de Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2005.
Dip. Francisco Rojas Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Irma Figueroa Romero, diputada federal por el estado de Guerrero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta H. Cámara de Diputados el punto de acuerdo siguiente.
Consideraciones
El próximo domingo 6 de febrero en el estado de Guerrero se realizará la jornada electoral a través de la cual los guerrerenses definiremos el nuevo gobierno de la entidad.
A través de nuestra participación directa y de la información que diversos medios de comunicación han difundido en los últimos meses, se puede dar cuenta de la distancia que existe entre el discurso demagógico de respetar la legalidad y la falta de congruencia y ética de seudo-políticos que realizan todo tipo de engaños y triquiñuelas para ganar a un electorado que esta convencido por una nueva opción de gobierno.
La entrega de material para construcción, la promesa de inclusión en programas sociales, la distribución de aparatos electrodomésticos, despensas, entre otros, son empleados para manipular la necesidad y explotar la pobreza de miles de hombres, mujeres y niños con la finalidad de obtener el voto el próximo 6 de febrero.
Ante la insuficiencia e ineficacia de la compra y coacción del voto se recurre a nuevas tácticas para manipular la voluntad de los electores: la mentira y el engaño en la obtención de beneficios vinculados a la salud de los niños y niñas del estado de Guerrero que acuden a las escuelas públicas de la entidad.
Según declaración de Jorge González Lechuga, delegado especial del Partido Revolucionario Institucional en la región de la Costa Grande (Periódico el Sur 29 y 30 de enero de 2005), en el estado de Guerrero se distribuyen doscientos mil seguros escolares a través de pólizas expedidas por la Compañía de Seguros ING Comercial América.
En las pólizas que distribuyen activistas del Partido Revolucionario Institucional se puede leer lo siguiente:
Héctor Astudillo
Con Astudillo Avanza
Para: (Se reserva espacio para el nombre del beneficiario)
En caso de accidente, de la casa a la escuela, durante la escuela y de la escuela a la casa.
ING Comercial América hace constar que se ha
emitido la póliza número 13 4470
a favor de Héctor Astudillo y para beneficio
del titular de esta póliza seguro.
Vigente mientras el beneficiario este en Escuela Primaria
Pública del Estado de Guerrero.
Programa Gratuito Valido del 1 de abril del 2005 al
31 de Marzo de 2011.
La forma en que se promueven los seguros escolares actualiza el tipo penal previsto en el artículo 292 del Código Penal vigente para el Estado de Guerrero, por lo que el pasado 29 de enero se ha presentado la denuncia correspondiente ante el Fiscal Especializado para la atención de delitos electorales en el estado de Guerrero. No obstante lo anterior, por tratarse de actos que regula la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y de acuerdo con el contenido de los artículos 106, 107 y 107 Bis de la misma, la inspección y vigilancia de las instituciones y de las sociedades mutualistas de seguros así como de las demás personas y empresas vinculados con seguros, se confiere a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que procede solicitar a dicha entidad un informe sobre la certeza legal de las pólizas y de los alcances jurídicos para los beneficiarios que han suscrito estos documentos.
Lo anterior, con objeto de contribuir a crear un ambiente de certeza ante la manipulación de las necesidades más apremiantes de la población del estado de Guerrero y cumplir con nuestro compromiso con legalidad en el desempeño de la función pública que nos corresponde, en nuestro carácter de representantes populares.
En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura la aprobación, en carácter de urgente y obvia resolución, del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emita opinión sobre la certeza legal y alcances jurídicos de las pólizas de Seguro Escolar contra accidentes a favor de Héctor Astudillo y para beneficio de los escolares que han recibido dicha póliza en las escuelas públicas del estado de Guerrero.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Guerrero que hagan público el número y ubicación de los centros escolares en los que se ha promovido la suscripción de las pólizas de seguros escolares señaladas.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero para que actúe con legalidad y diligencia en la investigación de los delitos electorales derivados de la expedición de pólizas de Seguros Escolares contra Accidentes expedidas a favor de Héctor Astudillo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2005.
Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES FEDERALES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se considere de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado lunes 31 de enero, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) emitió una resolución que afecta sensiblemente el sistema de partidos establecido en la Carta Magna y, de manera circunstancial, al Partido Verde Ecologista de México; y, todavía más, lesiona los principios de legalidad, certeza y objetividad, y la observancia del orden público, esenciales para el Estado de derecho.
El dictamen aprobado por el Consejo, que da origen a este exhorto, es jurídicamente inviable e inaceptable para todas las entidades de interés público, ya que el mismo conllevó a violaciones graves y sistemáticas, que han vulnerado una ejecutoria de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
La violación legal por parte de consejeros electorales que así lo ratificaron es una afrenta a los decretos emanados de este Congreso, los cuales son básicos para evitar que los actos particulares afecten los intereses fundamentales de la sociedad, constituido éste por reglas y principios de segundo orden, que excluyen el uso de ciertas reglas o acuerdos para que no surtan efectos jurídicos cuando se altere la axiología jurídica de la legalidad. Por tanto, es improcedente cualquier resolución que utiliza reglas particulares o criterios personales que no encuentran sustento en disposición alguna.
El acuerdo del Consejo, aprobado con una mayoría apenas suficiente, trata de sustentarse en el principio de conservación del acto administrativo, sin acatar lo que ordena categóricamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin establecer que estos principios -vinculados irremediablemente al de legalidad- devienen de una axiología que tiende a procurar la conservación del derecho público, y a imponer como norma suprema la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, el último párrafo del artículo 41 constitucional evita lo que se ha producido: vulnerar los actos en materia político-electoral, en virtud de que no todos los fallos firmes pueden ser objeto de ejecución material. Eso es determinado por la autoridad jurisdiccional, la cual estipula el cauce legal por seguir, para la conservación del Estado de derecho que tutela la seguridad jurídica de las personas conforme a un correcto proceso legal.
Por último, la suspensión de un acto impugnado no es una providencia cautelar en ningún procedimiento de carácter electoral, ya que en momento alguno se actualiza la necesidad de preservar la materia del proceso, máxime que su contenido no reviste la forma de mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista.
Por eso hacemos un llamado para que el Consejo General del IFE no violente sus principios rectores y que no son otros que desterrar dudas, incertidumbres y conflictos en los procesos electorales por medio de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Queremos hacer un exhorto para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, frente a cuestiones vitales para la gobernabilidad democrática, haga valer el Estado de derecho en cualquier circunstancia, y dé certidumbre a los actos electorales y a los protagonistas políticos.
Los consejeros deben responder a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en los órganos encargados de vigilar y procurar el correcto desarrollo de la actividad democrática.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Instituto Federal Electoral para que procedan a resolver, con exclusivo apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el asunto relativo a los nuevos estatutos del Partido Verde Ecologista de México.
Segundo. La declaración de procedencia constitucional y legal de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México compete, conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exclusivamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Tercero. Las autoridades electorales del Estado mexicano deberán en todo momento tomar sus resoluciones con los mismos parámetros para cada uno de los partidos políticos nacionales.
Cuarto. La vida interna de los partidos políticos nacionales sólo puede ser regulada de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la libre autodeterminación en la voluntad de sus militantes, no mereciendo en ningún momento intervención externa de ninguna forma.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los tres días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador;
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán
(rúbrica), vicecoordinadores; Alejandro Agundis Arias, Francisco
Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline
Guadalupe Argüelles Guzmán, María Ávila Serna,
Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila,
Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica,
Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc
Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña
Horta.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A PROTEGER A LOS ARTISTAS PLÁSTICOS DE ACCIONES QUE ATENTEN CONTRA LA AUTENTICIDAD DE SU OBRA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2005.
El pasado 31 de mayo de 2004, el maestro José Luis Cuevas, quien es uno de los más destacados artistas contemporáneos, fue requerido por el Juez 27 de lo Civil por haber sido demandado por daños en propiedad ajena. Esa acusación se desprende del hecho, de que al ser llamado para autentificar varias de sus obras, el pintor José Luis Cuevas tachó cinco de las que le presentaban, por considerarlas falsificaciones.
La práctica de llamar en vida a los artistas creadores es de uso frecuente, porque son ellos quienes conocen su estilo y los rasgos que los identifican en su trabajo de creación.
El incidente por la comparecencia de Cuevas, ha generado pronunciamientos de los miembros del gremio cultural y artístico, todos ellos condenan el fenómeno de la falsificación de obras artísticas. Varios de ellos, como el Francisco Toledo, Raúl Anguiano o Manuel Felguérez han denunciado falsificaciones contra sus obras.
Ellos consideran que existe una impunidad total en el mercado del arte, porque en la Ley de Derechos de Autor no están contemplados todos los elementos que pueden facilitar los fraudes y falsificaciones de las obras de arte.
Estos mismos especialistas de las Artes Plásticas, advierten de la existencia de un enorme mercado de ?arte? de dudosa procedencia, debido a que su compra-venta no está debidamente reglamentada.
Es necesario enfatizar los derechos inalienables que tienen los artistas como defensores morales de su obra, puesto que son ellos el único aval para reconocer e identificar sus obras, y, poner un alto al mercado ilegal de obras falsas.
La Ley Federal de Derechos de Autor regula los derechos patrimoniales y morales de los artistas creadores, aunque no existe en el derecho de estos autores, las condiciones que les permitan velar por la autenticidad de las obras que con su nombre y firma circulan. Esa laguna legal ha permitido que exista una venta ilegítima de obras de arte.
Esas falsificaciones perjudican no solamente a los creadores, sino a compradores, coleccionistas, museos e instituciones culturales.
La Constitución protege la propiedad patrimonial de la tierra, del mismo modo debe respetarse la creación intelectual como un elemento de la libertad de expresión, por lo tanto la libertad creativa de los artistas plásticos, músicos y escritores, quienes buscan la expresión original de ideas a través de la investigación o del arte debe ser protegida, es tanto un derecho intelectual como patrimonial.
Pronto tendremos que legislar para que los derechos de autor sean considerados como un derecho humano. No existen derechos de autor para las ideas, sino para la expresión material de las ideas. Es decir, que sólo puede registrarse un trabajo si es un trabajo original, por lo cual dicho trabajo no puede ser copiado, y, luego venderse como si fuera auténtico y original. Es un fraude.
El arte mexicano tiene resonancias internacionales, así como el trabajo de sus autores para concebirlo y realizarlo, puesto que va más allá de una apreciación artística o de un simple juicio estético.
Es el reflejo de nuestra historia y forma parte del alma colectiva. Por todo lo cual es deber de esta soberanía protegerlo y convocar a la sociedad y a las instituciones públicas hacia la misma intención para dignificarlo y garantizar su salvaguarda.
Por las consideraciones anteriores, el grupo parlamentario de Convergencia por mi conducto propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Ante la necesidad de evitar que el arte mexicano siga vulnerado por los falsificadores de arte y los distribuidores de este mercado ilegal, es necesario que se lleve a cabo una revisión de la Ley de Derechos de Autor, para que ésta contemple y dé solución a los problemas que afectan en los hechos a los creadores en nuestro país y afectan gravemente al desarrollo de la cultura en México.
Segundo. Para ello, es necesario convocar tanto a especialistas en la materia, como a los creadores con el fin de establecer adecuaciones a la norma, que aseguren que el creador y su obra estén debidamente amparados contra los abusos que sigue cometiendo tanto quien falsifica, como quien realiza el tráfico ilícito de arte, en perjuicio de la creación cultural y artística.
Dip. Jesús Martínez Álvarez
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE DESLINDA DE LA CAMPAÑA DE HERMANAMIENTO CON DISIDENTES CUBANOS PROMOVIDA POR DIPUTADOS FEDERALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2- Esta actitud es contraria a nuestra tradición diplomática y a las ricas y variadas relaciones que se han dado históricamente entre diversos actores de la vida política, económica y cultural de ambas naciones.
3- En el más grave incidente diplomático que ha tenido nuestro país en los últimos lustros, el gobierno federal nunca demostró al pueblo de México la supuesta injerencia del gobierno cubano en nuestra política interna, como tampoco explicó por qué esos hechos, considerados por ellos mismos como graves, meses después fueron "superados", restableciéndose relaciones normales.
4- La última andanada contra Cuba es la campaña promovida por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para hermanar o apadrinar a disidentes del gobierno de Fidel Castro. El objeto de esta medida es "analizar en qué forma se puede contribuir a conseguir la libertad de quienes son considerados "presos políticos".
5- La senadora panista Cecilia Romero, artífice de la estrategia, ha comentado que la propuesta fue adoptada debido a la decisión del gobierno cubano ??de mandar a prisión a 75 periodistas y luchadores sociales". Según dicha legisladora, se trata de un proyecto en el que el Partido Acción Nacional ha venido trabajando desde hace tiempo. La intención es lanzar una campaña a nivel de todo el continente latinoamericano, a través de la Organización Demócrata Cristiana de América, de la cual Acción Nacional es integrante.
La actitud de la senadora Romero no sólo es sumamente irresponsable por ignorar el estado tan frágil de la relación entre México y Cuba, sino que por ser presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado de la República, debería ser congruente con sus altas responsabilidades institucionales en torno a la diplomacia parlamentaria.
6. La idea de los panistas es seguir el ejemplo de otras organizaciones con tendencias similares, como el Comité Solidaridad Cuba Libre, que opera en Francia y desde febrero del año pasado puso en marcha el apadrinamiento de disidentes del gobierno de Castro. La campaña, denominada "Apadrine a un prisionero político cubano??, ha comprometido una serie de medidas de presión internacional encaminadas a lograr su liberación y al mismo tiempo denunciar lo que a su juicio son violaciones a los derechos humanos en Cuba.
7. La campaña de por sí es inaceptable, al pretender los legisladores panistas opinar sobre asuntos jurídicos de Cuba y presionar a los funcionarios de dicho país. Además, la iniciativa arroja leña al fuego y cancela las posibilidades del mejoramiento paulatino de las relaciones que se venía gestando en los últimos meses. Adicionalmente, con esta campaña el PAN fomenta de manera incongruente y riesgosa la disidencia en Cuba.
8. Pero tal vez lo más grave sea que se está actuando de manera irresponsable al confundir a la opinión pública al intentar involucrar a la Cámara de Diputados en esta campaña.
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se deslinda categóricamente de la campaña de hermanamiento con disidentes cubanos que está siendo implementada de manera irresponsable por diputados federales del Partido Acción Nacional.
Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, reitera su profunda amistad por el pueblo cubano y se manifiesta por apoyar la soberanía de los Estados, rechazando toda acción que ponga en riesgo la relación entre ambas naciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de febrero de 2005.
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP, A LA FINANCIERA RURAL Y A LA CONSAR A CLARIFICAR LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS RECURSOS TOMADOS DEL SAR PARA FONDEAR LA LIQUIDACIÓN DEL BANRURAL Y LA CONSTITUCIÓN DE LA FINANCIERA RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Antecedentes
Con la finalidad de fortalecer el sistema financiero rural, en diciembre el H. Congreso de la Unión aprobó la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y la creación de un organismo descentralizado denominado Financiera Rural, con los siguientes objetivos:
Reforzar la función promotora del Estado en el desarrollo rural integral a través del otorgamiento de créditos, con plena transparencia respecto al origen del financiamiento.
Reducir significativamente los costos de operación.
Enfrentar los pasivos generados por Banrural, incluyendo los derivados de obligaciones laborales.
Considerando
2.- Que la situación que llevó al quebranto y disolución de Banrural fue el resultado de un proceso de malas practicas financieras en donde no se puede descartar a la corrupción de sus directores y funcionarios, que a lo largo de sus casi 28 años de existencia integraron sus consejos de administración.
3. Que dentro de esta maraña de corruptelas se encuentran las siguientes:
3.1.- Banrural llegó a contar con la flota aérea más grande del país, cuando hacia mediados de los ochentas contaba con más de 35 aviones.
3.2.- Desde 1999 el banco registraba ya una insuficiencia en la actualización de su capital y su Consejo de Administración no llevó a cabo ningún plan de reingeniería financiera que revirtiera su situación.
3.3.- Durante el año 2000 los ingresos totales de operación eran sustancialmente menores que los gastos de administración y promoción, así por ejemplo en el segundo trimestre del 2000, mientras que los ingresos totales de operación fueron de 775 mil pesos, los gastos de administración fueron del orden de 1 millón 273 mil pesos.
3.4.- Lo anterior influyó de manera determinante para que el banco desde ese entonces registrara resultados netos de operación negativos.
3.5.- Datos de la CNBV revelan que mientras que en 1999 la cartera vencida bruta representaba el 12.6% de la cartera vigente, para finales del año 2001, la cartera vencida bruta representaba el 65% de la cartera vigente del banco.
3.6.- Lo anterior pone en evidencia que al Consejo Directivo del banco y a sus directores generales en ese entonces poco les importó rescatar cartera.
3.7.- Para el 2001 el banco reportó un total de sólo 668.4 millones de pesos de cartera irrecuperable, cuando su cartera vencida ascendía a casi 6,000 millones de pesos.
4. Que el costo fiscal para el Gobierno y por lo tanto para los contribuyentes mexicanos del quebranto y liquidación del Banrural ascendió a poco más de 48,000 millones de pesos.
5.- Que esta situación provocó que para el ejercicio fiscal del 2002, el Gobierno Federal rebasara la meta del déficit fiscal originalmente proyectada, al haber alcanzado 1.23% del PIB, en vez del 0.65% proyectado originalmente.
6. Que para constituir parte del patrimonio inicial de la Financiera Rural se utilizaron recursos provenientes del aprovechamiento derivado de la cuenta del SAR - IMSS 92, por 10 mil 944 millones de pesos.
7.- Que hace menos de un mes entró en vigor el nuevo esquema para las Afores, mediante el cual se conformaron dos grandes fondos y uno de ellos el más cuantioso podrá ser invertido en la Bolsa Mexicana de Valores, a través de instrumentos de valores internacionales (renta variable, acciones) de empresas que coticen en el mercado accionario.
8. Que las diferencias e implicaciones en rendimiento y riesgo de ambos fondos no han sido suficientemente difundidas y por lo tanto para miles de trabajadores existe un gran desconocimiento sobre el destino de los ahorros para su retiro.
9. Que es absurdo entrar a nuevos esquemas en el ahorro para el retiro de los trabajadores, sin antes aclarar la situación que guardan los 10 mil 944 millones de pesos que fueron tomados de la cuenta del SAR-IMSS 92, para financiar la creación de Financiera Rural.
10. Que el propio artículo Vigésimo Tercero Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Financiera Rural, señala textualmente lo siguiente: "La Cámara de Diputados tomará las medidas pertinentes para la creación de una Comisión Especial para la investigación de las operaciones de las mencionadas entidades paraestatales".
11. Que por lo que hace al conocimiento de la situación que guardan los fondos tomados del SAR se convierten en un mandato de ley, que no debe estar sujeto a discusión sino a su inmediato cumplimiento.
Punto de Acuerdo
Único: Que la Secretaría de Hacienda, la Financiera Rural y la Consar, informen sobre la situación que guardan los recursos que se tomaron del SAR para fondear la liquidación de Banrural y la constitución de Financiera Rural.
Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA DEMANDAR LA REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS FEDERALES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO Y MAMARIO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A propósito de que el 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, es pertinente revisar las cifras de muertes de mujeres por causas relacionadas con el cáncer.
Los avances de la medicina permiten que el cáncer cérvico-uterino y el mamario sean enfermedades cuya detección temprana evitaría un gran número de muertes. No obstante, en pleno siglo XXI siguen muriendo cada año casi un cuarto de millón de mujeres en el mundo por cáncer cérvico-uterino, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Los datos de la OPS indican que casi 80 por ciento de los 500 mil nuevos casos de cáncer cérvico-uterino que se diagnostican anualmente se presentan en América Latina, África e India.
La conclusión de la OPS es que los programas de detección en la región no han logrado reducir los casos y las tasas de mortalidad debido en gran medida al tratamiento y seguimiento inadecuados.
Para el caso de México, los datos disponibles de la Secretaría de Salud muestra que en 2002 la tasa de muertes por cáncer cérvico-uterino era de 11.6 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Cifra superada por estados como Campeche, con la tasa más alta, de 18.9; Chiapas, 17.3; Colima, 17.1; Yucatán, 16.9; Morelos, 16.4; y Oaxaca, con 16.2 mujeres por cada 100 mil habitantes.
El cáncer de mama tiene cifras similares. La tasa nacional es de 10.3 muertes de mujeres por cada 100 mil habitantes; no obstante, ocurre lo mismo que el caso del cáncer cérvico-uterino, que en las zonas rurales se incrementa el problema y suele haber subregistros de casos.
Así, los estados con mayores tasas de mortalidad por cáncer de mama son Colima, Nuevo León, Distrito Federal, Coahuila y Chihuahua, con 17.0, 15.6, 14.1, 13.8 y 13.7, respectivamente, muertes de mujeres por cada 100 mil habitantes.
Haciendo una revisión de las cifras históricas, nos damos cuenta de que el problema no disminuye y, por el contrario, se incrementa, ya que antes de 2001 el promedio de muertes por cáncer cérvico-uterino era de 4 mil al año, pero a partir de 2001 se incrementó a 4,590. Cada día mueren 12.5 por esta causa.
Es conveniente mencionar que comparando lo que ocurre en otros países considerados con menor desarrollo que el nuestro, encontramos que las estadísticas de muertes de mujeres por estas causas no corresponden a las tasas que tenemos en México, lo cual nos muestra la necesidad urgente de analizar de manera más profunda los servicios de salud que se están brindando a la población.
Preocupadas por este grave problema de salud de las mexicanas, las diputadas de la Comisión de Equidad y Género propusimos a esta honorable Cámara un sustancial incremento al Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, aprobado una ampliación por 192.3 millones de pesos que, sumados a los 231 millones del proyecto de Presupuesto, totalizaban 428.3 millones para dicho Centro, dentro del cual se encuentra el programa Cáncer de la Mujer.
Los ajustes realizados por el Ejecutivo al Presupuesto aprobado por las diputadas y los diputados disminuyen en 35 por ciento dicha ampliación, de tal forma que el presupuesto para el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva queda sólo con 271 millones de pesos.
Cabe mencionar que éste es sólo un ejemplo de varios ajustes y reducciones que realizó el Ejecutivo al gasto etiquetado para mujeres, el cual de forma global se redujo en 36 por ciento del Presupuesto aprobado por esta honorable Cámara.
Antes esas cifras de muertes de mujeres que se incrementan en nuestro país y la falta de voluntad política del Ejecutivo para resolverlo, mostrada con esta reducción de los recursos para atender la salud de las mexicanas, es necesario hacer un llamado a las autoridades federales responsables del tema de salud.
Por lo expuesto, solicitamos como asunto de obvia y urgente resolución a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al Ejecutivo federal a revisar y mejorar las políticas de prevención y atención del cáncer cérvico-uterino y mamario, a fin de reducir las tasas de mortalidad por esas causas.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo federal a hacer investigación científica, detallada y con perspectiva de género, para contar con estadísticas completas y confiables de mortalidad de mujeres por estas enfermedades, así como el desarrollo de más investigación que contribuya a prevenir el cáncer cérvico-uterino y el mamario.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de febrero de 2005.
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A DETENER E INVESTIGAR EL DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS EDUCATIVOS EN FAVOR DEL CANDIDATO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO IVÁN GARCÍA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, integrantes de la LIX legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes consideraciones:
Como es de amplio conocimiento, el próximo 6 de febrero se llevará a cabo la elección constitucional de gobernador del Estado de Guerrero para el periodo 2005-2011. Como era de esperarse, en este proceso electoral al igual que en los realizados hace seis y doce años, el partido oficial se ha encargado de realizar todo tipo de tropelías para intentar influir ilegal e ilegítimamente en la voluntad ciudadana.
De ello ha dado cuenta el PRD desde la tribuna de la Comisión Permanente, así como lo ha denunciado ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y ante Consejo Estatal Electoral, órganos que, a pesar de haber recibido amplia documentación que demuestra tales irregularidades, no han procedido con la celeridad y en el sentido que espera no sólo la ciudadanía guerrerense, sino la de todo el país.
Además de la denuncia anterior y otras más, debemos agregar el reprobable uso de recursos públicos de la educación por parte del gobierno del Estado para favorecer al candidato oficial, Héctor Astudillo.
Nos referimos a la existencia de una nómina paralela en el gobierno del estado mediante la cual se financia la estructura electoral del PRI. Cobran con cargo al presupuesto educativo centenas de personas entre los que se encuentran Consejeros Electorales Estatales, Diputados locales, e incluso, familiares del Gobernador. Esta estrategia de ingresar personas que cobran plazas de maestros para realizar trabajo partidista, no es nueva.
Desde 2003 se denunció la existencia de 6,500 "aviadores" que usurpan plazas educativas que cuestan al erario público, estatal y federal, más 300 millones de pesos al año. Pero esa situación, lejos de ser erradicada fue avalada por el propio Gobernador del Estado, quien en esas fechas cínicamente señaló la imposibilidad de reasignar todas las plazas que han sido ocupadas por personal de seguridad, servidumbre y asistencia personal de cientos de políticos del Estado que hoy hacen campaña en favor del PRI, pues son compromisos políticos heredados de otras administraciones. Hoy esta corrupción ha generado pasivos por más de 2,000 millones de pesos sólo en el rubro educativo.
El PRI, al ver prácticamente perdida la elección ha recurrido también a las viejas prácticas de acarreo. El pasado viernes 7 de enero de 2005 miles de maestros que fueron obligados por el Gobierno del Estado a suspender sus actividades a media mañana, para asistir a un acto del candidato del Partido Revolucionario Institucional en el Centro Internacional de Acapulco. Miles de mentores de educación básica fueron amenazados con ser sancionados de no asistir a dicho acto. El colmo: esta estrategia de campaña priísta no sólo incluyó a docentes y alumnos de escuelas públicas, sino también a cientos de ellos provenientes de escuelas privadas.
Por si lo anterior no fuera suficiente, apenas la semana pasada el PRI, violando la ley, trasladó al seno mismo de los planteles escolares su campaña política. Ofreció a los padres de familia que votaran por Héctor Astudillo el otorgamiento de seguros educativos para sus hijos, a partir del primero de abril y durante los seis años siguientes, todo ello con el aval de la Secretaría de Educación local. Hecho este último que fue denunciado ayer por el Grupo Parlamentario del PRD.
No podemos permitir que este tipo de actos sean promovidos desde el gobierno y se constituyan en un obstáculo más en contra del desarrollo educativo, que en particular al estado de Guerrero lo tiene sumido prácticamente en el último lugar en aprovechamiento en secundarias, según refieren varias evaluaciones nacionales.
En efecto, el Informe de Resultados 2004 del Factor de Aprovechamiento Escolar (FAE) que aplica la SEP, muestra que Guerrero tiene el mayor número de escuelas secundarias en los niveles de aprovechamiento más bajos. Así mismo, el informa de la evaluación que la OCDE promueve en 41 países y que en México el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación aplicó y sistematizó a nivel de entidad federativa, muestra que en el caso de las pruebas de lectura y matemáticas que se aplica a los alumnos de 15 años, los puntajes más bajos fueron también para esta entidad.
Este bajo nivel educativo, que ha caído todavía más con el gobierno de Juárez Cisneros, se explica no sólo por las persistentes condiciones de pobreza a las que se ve sometida la inmensa mayoría de los guerrerenses, sino también a la grosera corrupción que existe en su gobierno. Obra en favor de ella el ineficaz modelo de descentralización educativa impulsado desde hace 12 años, que no permite vigilar la correcta aplicación de recursos que, como es el caso, son en su gran mayoría de origen federal.
En el PRD consideramos que con este tipo de acciones el Gobierno de René Juárez Cisneros está violentando no sólo la voluntad popular, sino que ha rebasado los límites de la civilidad misma, por lo que es necesario actuar en diferentes frentes en favor de la legalidad, la educación y la garantía de un voto libre y secreto.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal a que, en el marco de sus atribuciones, realice una auditoría de las plazas de educación básica que, siendo de origen federal, se encuentran asignadas al gobierno de Guerrero y son financiadas mediante el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segundo. Asimismo, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero a que suspenda de inmediato todo uso de recurso público en favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional, en particular de los recursos destinados a la educación, a fin de reestablecer el Estado de derecho y no vulnerar más las capacidades educativas del pueblo de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Iván García Solís,
Irma Figueroa Romero (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVA AL RECURSO DESTINADO A LOS TRABAJADORES BRACEROS QUE LABORARON EN ESTADOS UNIDOS DE 1942 A 1964, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2005.
Los suscritos legisladores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El Estado mexicano conserva una deuda con los trabajadores braceros que se enrolaron para trabajar en Estados Unidos en el periodo que abarca de 1942 a 1964. Durante este periodo miles de mexicanos laboraron legalmente en aquel país en condiciones de explotación y, en muchos casos, de semiesclavitud. La historia de los braceros es una cadena de vejaciones, abusos, racismo y discriminación, que se prolonga hasta nuestros días.
Esta historia cobra vigencia no sólo por el reclamo de que les sea devuelto el dinero que les descontaron de sus salarios, sino sobre todo por el contexto en que se da y el debate que hay sobre la necesidad de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.
A esta Cámara han acudido sinnúmero de veces diversos grupos de representes de los ex braceros quienes demandan la devolución de los recursos que les fueron retenidos. Desde la LVIII Legislatura se formó una comisión especial de diputados y diputadas para buscar los mecanismos que permitan el cumplimiento de su petición y se han dado importantes avances en ese sentido.
El ejemplo más reciente lo constituye la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un recurso en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2005 por la cantidad de 298.5 millones de pesos, mismos que aparecen en el anexo 17 del Decreto de presupuesto en la parte relativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La asignación de esta partida es fruto del acuerdo de diversos partidos políticos representados en esta soberanía.
Por otra parte, en la demanda de controversia constitucional que presentó el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la integración del Presupuesto de Egresos, señala en el Concepto de Invalidez Tercero, inciso C, numeral 5, que existen programas nuevos asignados a dependencias que no tienen competencia en la materia y en particular establece que el Fondo para pago de adeudos a braceros migratorios no le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Ejecutivo solicita de manera expresa al hablar de este y otros programas: "En este orden de ideas, a continuación se señalan las asignaciones de gasto y programas que aprobó la Cámara de Diputados en violación con el artículo 26 constitucional y de las leyes que lo reglamentan, solicitando a esa Suprema Corte que declare la invalidez de dichas asignaciones o programas".
No obstante lo anterior, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación emitió su primer comunicado del presente año para afirmar que dicho recurso no había sido impugnado y que se pagaría conforme a lo que estableció la Cámara de Diputados. Esta Secretaría por cierto es la encargada de llevar un registro del padrón de ex braceros que se verán beneficiados.
Pese a la afirmación de Gobernación, al revisar detenidamente los analíticos administrativo económico y programático que publica la Secretaría de Hacienda en su página de Internet, no se hallaron esos recursos con el destino preciso para solventar el apoyo a los ex braceros.
Por ello solicitamos a esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que informe a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados si programó la entrega del recurso destinado a los ex braceros de 1942 a 1964, la dependencia que se encargará de su distribución y los plazos previstos para este fin.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO A FECHA POSTERIOR A 1980; Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, A AGILIZAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HIJOS DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos legisladores en esta LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
2.- Respecto al segundo punto, el titular del Ejecutivo Federal estableció una limitación consistente en que dicha apertura se constriña a los años anteriores a 1980. Con ello, dejó fuera una etapa de la "guerra sucia" en la que siguieron ocurriendo hechos delictuosos catalogados internacionalmente como de lesa humanidad.
3.- El efecto de la limitación mencionada es que se ha impedido la documentación de casos ocurridos después de 1980, o con consecuencias posteriores a esa fecha. Por ejemplo, la desaparición forzada del profesor Gregorio Alfonso Alvarado López y las masacres de Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco, en los estados de Chiapas y Guerrero.
4.- En diciembre del 2004 fue localizado con vida Lucio Antonio Gallangos Vargas, quien tenía cuatro años al ser detenido y desaparecido. Hoy sabemos que fue adoptado y tiene el nombre de Juan Carlos Hernández Valadéz y vive en la ciudad de Washington, DC, en Estados Unidos. Su localización fue posible por la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos, la prensa y la dedicación de la familia, destacadamente de doña Quirina Cruz viuda de Gallangos.
5.- La referida limitación contenida en el Decreto presidencial también ha obstaculizado la indagación de las desapariciones forzadas de los niños nacidos en cautiverio, entre los cuales se sabe de los hijos de las siguientes personas: Lourdes Martínez Huerta, Emma Cabrera Arenas, Teresa Torres de Mena, Rebeca Padilla Rivera, Alicia de los Ríos Merino, María Violeta Tecla Parra, Elvira Armida Miranda Verdugo y Martha Murillo de Ramírez.
6.- Lo anterior contribuye también a que, bajo el argumento de la prescripción de los delitos, siga habiendo impunidad y se niegue a la sociedad el conocimiento pleno de la verdad de lo acontecido durante el terrorismo de Estado.
7.- Las investigaciones que se han llevado a cabo por parte de la Procuraduría General de la República no han culminado con la localización con vida de los hijos de desaparecidos políticos, nacidos en cautiverio o capturados junto con sus padres. Ha sido la sociedad la que ha hecho gestiones efectivas a este respecto, como en el caso de Lucio Antonio Gallangos Vargas.
Punto de Acuerdo
Primero.- Respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que amplíe el Decreto del 26 de noviembre del 2001, a fin de que la apertura de los archivos del Estado relacionados con la "guerra sucia" no se limite a antes de 1980, sino que abarque hasta la actualidad.
Segundo.- Al C. procurador general de la República, Rafael Marcial Macedo de la Concha, a que agilice las investigaciones sobre los hijos de desaparecidos políticos, entre ellos los nacidos en cautiverio y los capturados junto con sus padres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2005.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA FORMAR UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES QUE INVESTIGUE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POBLACIÓN DE MINERAL DE HÉRCULES, COAHUILA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal integrante de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 5 y 6 de junio de 2004 realicé una visita al poblado de Mineral de Hércules, ubicado a 100 kilómetros de la cabecera municipal de Sierra Mojada, Coahuila. En dicha visita pude constatar personalmente que existen claras violaciones a las garantías individuales y derechos humanos en diversos ámbitos (político, económico, laboral y social).
En dicha visita se pudo observar que Hércules no es administrado por autoridades elegidas y constituidas democráticamente de acuerdo con nuestra Carta Magna y en la Constitución estatal, sino que su vida se rige por los lineamientos sui géneris establecidos por la empresa Minera del Norte.
La empresa cuenta con un cuerpo de seguridad privada que realiza funciones de resguardo de las instalaciones de la minera. Además rige la vida interna del poblado, controla las entradas y salidas de las personas de la comunidad, aplica sanciones, juzga y encarcela y es la encargada de la seguridad pública en la comunidad.
La empresa concesiona la principal tienda de abarrotes en donde en ocasiones se han encontrado productos caducos; también la farmacia está bajo control de la empresa y no ha sido surtida en casi tres años por lo que no cuenta con los medicamentos indispensables para tratar una enfermedad común; existe desde hace varios años un brote de fiebre tifoidea pues la planta potabilizadora se encuentra dañada y con contaminación de aguas negras.
Asimismo la empresa es la encargada del centro de salud que, según testimonios de los habitantes, no cuenta con las condiciones mínimas para casos de urgencia. Otros servicios públicos como la luz, el agua e incluso la vivienda, son proporcionados o, en su caso, concesionados por la empresa, quedando a su discreción la administración de los mismos.
La situación planteada anteriormente constituye un caso de excepción al margen de la ley donde se vulneran impunemente los derechos humanos, puesto que además de violarse los derechos laborales, derivado de la coartación de los derechos sindicales y los despidos injustificados, se violan los derechos a la libertad de tránsito, a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la intimidad de la vida privada, a la salud, a la vivienda y los derechos políticos por mencionar algunos.
Ante estos hechos, el 9 de junio de 2004 la senadora Leticia Burgos Ochoa y la de la voz, presentamos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humamos una queja formal por violaciones a los derechos humanos y ante la PGR una denuncia de hechos en contra de quien o quienes resultaren responsables por la comisión de diversos ilícitos.
En un documento oficial, la Comisión Nacional de los Derechos los Humanos afirma que no existen elementos suficientes para reconocer la violación a los derechos humanos en ese poblado.
Por su parte, la Procuraduría General de la República no configuró ningún delito de los que se citan en la denuncia de hechos presentada ante esta instancia.
Sin embargo, los testimonios recabados en el sitio y las evidencias constatadas ponen en evidencia que existen irregularidades que deben ser resueltas.
En virtud de lo anterior someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se propone la integración de un grupo plural de legisladores integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que visite el poblado de Mineral de Hércules, perteneciente al municipio de Sierra Mojada, Coahuila, con la finalidad de verificar el respeto a los derechos humanos en el lugar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2005.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE PROPONE CREAR UN GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE DÉ SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005, A CARGO DE LA DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, diputada federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática con fundamento en lo establecido en la 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante el pleno la proposición con punto el punto de acuerdo por el que se propone la creación de un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la H. Cámara de Diputados a fin de dar seguimiento a las obligaciones establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005, bajo los siguientes:
Antecedentes
2. Que el pasado 21 de Abril de 2004, la Junta de Coordinación Política recomienda a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Asuntos Indígenas, de Reforma Agraria y a la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, la creación de un grupo de trabajo al interior de las mismas, para la evaluación de programas gubernamentales sujetos a reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, esté grupo está representado por veintidós miembros integrantes de las comisiones mencionadas, y tiene como objeto la evaluación de los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación, y entre sus principales atribuciones se encuentra ser la instancia de contacto entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, en lo que se refiere a la evaluación de programas gubernamentales.
Los presupuestos orientados a resultados llevan indudablemente al incremento de la autonomía de acción operativa de los titulares de las diferentes dependencias gubernamentales, ello incrementa la posibilidad de que respondan inteligentemente a los problemas sociales y actúen de manera informada y comprometida en su solución, pero sin un control adecuado sobre la administración de estos recursos económicos; genera el desorden y la incongruencia en las actividades generales de la administración pública, en la cuál sólo se atiendan sus propias metas de manera racional, presentando una serie de restricciones en materia de información.
Primero.- Se propone la creación de un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que se de seguimiento a las obligaciones contenidas en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2005, con la finalidad de disponer de todos los elementos de información derivadas del mismo.
Segundo.- Son facultades de este grupo de trabajo solicitar la información necesaria a las instancias correspondientes, para el funcionamiento adecuado de este grupo de trabajo, así como los que se desprendan de la dinámica de los acontecimientos económicos relacionados con la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005.
Tercero.- Este grupo de trabajo deberá presentar en el transcurso de diez días hábiles al término de cierre de cada mes un informe sobre el avance de las obligaciones establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días del mes de febrero de 2005.
Dip. Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el jueves 3 de febrero, a las 11 horas, en las oficinas del Comité, situadas en el edificio B, primer piso.
Orden del Día
DE LA COMISION JURISDICCIONAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se verificará el jueves 3 de febrero, a las 15 horas, en el edificio F, primer piso.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su decimoséptima reunión plenaria, que se efectuará el jueves 3 de febrero, a las 15:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A su reunión de trabajo, que se verificará el jueves 3 de febrero, a las 16 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A la reunión de trabajo que sostendrá con el Presidente de la Comisión de Agricultura de la República Checa, ministro Jaroslov Palas, el lunes 7 de febrero, a las 8:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 8 de febrero, a las 15 horas o al término de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se verificará el martes 8 de febrero, a las 17 horas, en el salón Libertadores.
Orden delDía (tentativo)
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Al foro La jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que se efectuará el miércoles 9 de febrero, a partir de las 9:30 horas, en el salón de protocolo siuado en el edificio C.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE PESCA
A su décima reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 9 de febrero, a las 9:30 horas, en el salón D del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro Educación ambiental, que se llevará a cabo el miércoles 9 de febrero, a las 10 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION ESPECIAL SUR-SURESTE
A su primera sesión ordinaria de trabajo, que se verificará el miércoles 9 de febrero, a las 10 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DEL GRUPO DE AMISTAD MEXICO-UCRANIA
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 9 de febrero, a las 10:30 horas, en el salón de reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores. (edificio D, planta baja).
Orden del Día
Los invitados son los siguientes:
1. Olexander Tarannenko, embajador extraordinario y plenipotenciario
de Ucrania en México.
2. Ruslán Spírin, consejero de la Embajada
de Ucrania en México.
3. Diputado Homero Ríos Murrieta, Presidente del
Grupo de Amistad México-Ucrania.
4. Diputado Juan Perdomo Bueno, secretario del Grupo
de Amistad México-Ucrania.
5. Diputada Adriana González Carrillo, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores.
6. Diputado Gustavo de Unanue Aguirre, secretario de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
7. Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, integrante
del Grupo de Amistad México-Ucrania.
8. Diputado José Manuel Carrillo Rubio, integrante
del Grupo de Amistad México-Ucrania.
9. Diputado Lino Celaya Luría, integrante del Grupo
de Amistad México-Ucrania.
10. Diputado Rafael Galindo Jaime, integrante del Grupo
de Amistad México-Ucrania.
11. Diputado Ricardo Alegre Bojórquez, integrante
del Grupo de Amistad México-Ucrania.
12. Diputada Edelmira Gutiérrez Ríos, integrante
del Grupo de Amistad México-Ucrania.
13. Diputado Marcos Morales Torres, integrante del Grupo
de Amistad México-Ucrania.
14. Diputada Cristina Portillo Ayala, integrante del
Grupo de Amistad México-Ucrania.
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de trabajo que sostendrá con el Consejo Nacional de Comisiones Legislativas en materia de Turismo el miércoles 9 de febrero, a las 11 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A solicitud de los diputados de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, se cancela la próxima reunión de Junta Directiva del 28 de enero de 2005 y se convoca para el próximo 15 de febrero del mismo año, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de esta Comisión, situada en el edificio D, cuarto piso.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
Al seminario Cooperativismo y desarrollo local, que se llevará a cabo del martes 15 al jueves 17 de febrero, de las 10 a las 14 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la H. Cámara de Diputados, el Instituto de Investigación y Enseñanza de las Cooperativas de la Universidad de Sherbrooke, Canadá, la Línea de Investigación y Servicio para la Promoción de la Organización Cooperativa de la Universidad Autónoma Chapingo y la Escuela de Cooperativismo de la Universidad Autónoma de Querétaro invitan a los cooperativistas de México, y a los estudiantes y profesores interesados en el tema, así como a los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno vinculados a la problemática del desarrollo local y las cooperativas a participar en el seminario
Cooperativismo y desarrollo local
El objetivo general del seminario consiste en desarrollar competencias estratégicas en desarrollo local y formular un marco de referencia teórico-metodológico para valorar y potenciar el papel de las cooperativas en el desarrollo de sus colectividades.
Sin duda, las cooperativas de producción, consumo y servicios constituyen vías idóneas para que personas, grupos o comunidades enfrenten problemas comunes a través del esfuerzo colectivo, por lo que el estudio y análisis de sus potencialidades empresariales y asociativas en el contexto de los retos que impone el desarrollo local representan una necesidad insoslayable para todos los que aspiran a contribuir al desarrollo endógeno y soberano de nuestro país.
El seminario pretende unir reflexiones, experiencias y prácticas de actores sociales directamente relacionados con el mundo de las cooperativas en un espacio de reflexión colectiva que abordará el siguiente temario:
Tema III. Las cooperativas y el desarrollo local; y
Tema IV. Estrategias cooperativas de desarrollo local.
Para mayor información e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 5420 1803, en la oficina de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, Palacio Legislativo de San Lázaro, edifico F, primer piso, en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes, con Maricela Ardzamendi, o al teléfono 01 595 95 216 25, extensión 5833, en el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, México, en horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes, con Laura Paredes.
La inscripción en el seminario será gratuita y tendrá cupo limitado. Los participantes que soliciten su inscripción deberán proporcionar un número telefónico o una dirección de correo electrónico a través de las cuales se les confirmará su participación en el seminario con por lo menos 48 horas de anticipación.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 16 de febrero, a las 9:30 horas, en la zona C del edificio G del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A solicitud de los diputados de los grupos parlamentarios representados en la Comisión, se cancela la próxima reunión plenaria del 27 de enero de 2005 y se convoca al día 17 de febrero del mismo año a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G del restaurante Los Cristales.
Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.
La reunión se llevará a cabo bajo el siguiente:
Orden del Día
4. Dar cuenta del proyecto de modificación del
Estatuto del Distrito Federal para dotar de personalidad jurídica
y patrimonio a las Delegaciones.
5. Dar cuenta de la propuesta con punto de acuerdo mediante
el cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita se realicen
acciones que incrementen sustancialmente el presupuesto de salud asignado
al Gobierno del Distrito Federal.
6. Dar cuenta del punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal relativo a la desconcentración educativa integral
para el Distrito Federal para que no sólo se transfieran a las entidades
locales los servicios educativos, sino también la administración
de los recursos financieros necesarios para una educación pública
de calidad.
7. Dar cuenta del punto de acuerdo para reiterar al Congreso
de la Unión el exhorto a que se incluya el Distrito Federal en el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio
fiscal de 2005. Remite la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
8. Dar cuenta de la iniciativa que reforma el inciso a)
del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica,
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
9. Dar cuenta de la iniciativa que adiciona un artículo
décimo séptimo transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
10. Asuntos generales.
11. Clausura.
DE LA COMISION DE TURISMO
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 23 de febrero, a las 11 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente