Actas, acuerdos y comunicados, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
1. El arribo como gobernador de Arnold Schwarzenegger en el estado de California pone una vez más a prueba nuestra capacidad como nación en su larga lucha por la defensa de nuestros paisanos que laboran en el país vecino. Prueba de ello lo constituye la desafortunada decisión del gobernador de promover la derogación de la ley que permite a los migrantes la obtención de licencias de manejo.
2. La actual legislación permite un conjunto de posibilidades tanto para la obtención de trabajo como para la vida diaria de miles de nuestros compatriotas. Cancelar la obtención de la licencia de manejo no puede verse sino como un agravio más, que lesiona sus legítimos derechos a una vida laboral digna y al libre tránsito.
3. Lamentablemente, ese clima de intolerancia y xenofobia no es un acto aislado, pues el ahora gobernador Schwarzenegger ya había participado de modo activo en 1994 en la proposición 187, la cual pretendía impedir que los extranjeros indocumentados tuvieran acceso a la educación y al cuidado público de la salud. Por fortuna, esa iniciativa fue derrotada en los tribunales, gracias a la presión ejercida por las organizaciones cívicas y de derechos humanos.
4. Sin embrago, de nueva cuenta el grupo promotor de la proposición 187, "Salvemos Nuestro Estado", liderada por Ron Price, reanuda una campaña a fin de reformar la Constitución estatal para que los patrones se obliguen a denunciar a cualquier trabajador indocumentado que localicen en su planta laboral. Esto, aunado al pronunciamiento por imponer restricciones a la matrícula consular de que dotan nuestras representaciones a los connacionales, no hace sino confirmar un clima de incertidumbre en la seguridad personal y laboral de cientos de miles de mexicanas y de mexicanos.
5. El Instituto de Políticas Migratorias, con sede Washington, comprueba en un estudio reciente que los mexicanos en Estados Unidos es ya la mayor comunidad nacional y, paradójicamente, la más marginada. El secretario Derbez, por su parte, ha manifestado que la integración entre México y Estados Unidos pasa por el mercado laboral y que, por necesidad económica, tarde o temprano se dará un acuerdo migratorio.
6. Sin embargo, la marginación, la intolerancia y la falta de acuerdos que hagan valer los derechos fundamentales de los trabajadores mexicanos crean mayor incertidumbre para millones de migrantes. Para revertir esa situación no bastan los buenos deseos si no logramos una serie de acciones para la defensa de nuestros connacionales y por la dignificación de sus condiciones de vida y de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al Ejecutivo federal a que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe al Congreso acerca de las medidas que nuestra representación diplomática ha puesto en práctica para la defensa de nuestros connacionales en California, Estados Unidos.
Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia contra las acciones discriminatorias y las prácticas xenófobas y persecutorias que animan la anulación de la ley que permite a inmigrantes mexicanos tramitar y obtener licencia de manejo en California, Estados Unidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: Jesús Emilio Martínez Alvarez (rúbrica), Luis Maldonado Venegas (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica).
(Aprobado; comuníquese. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL QUE ANALICEN LA POSIBILIDAD DE ASIGNAR UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA EN APOYO A LA PRODUCCION FILMICA NACIONAL, PRESENTADA POR
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y
CINEMATOGRAFIA EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se apruebe la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes y consideraciones que a continuación se detallan.
Antecedentes
1. Como consecuencia de la crisis económica que sufrió nuestro país durante la segunda mitad de la década de los noventa, la producción de cine nacional llegó a sus niveles más bajos. Muestra de ello es que en 1997 únicamente se produjeron nueve largometrajes: la cifra más baja desde 1931.
2. A fin de buscar una salida a esta difícil situación, en diciembre de 1997 el Ejecutivo federal creó el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), que tiene por objeto apoyar operas primas y producciones cinematográficas de carácter básicamente autoral y experimental. Es un instrumento creado para apoyar financieramente la producción de películas de calidad o experimentales, tarea que ha realizado exitosamente en los últimos años y que ha servido para reactivar de manera fundamental la producción cinematográfica nacional, al propiciar una renovada incursión de la iniciativa privada, con excelentes resultados que están a la vista de todos.
3. Desde su nacimiento, el Foprocine sirvió para detonar el incremento de la producción, pues de las 93 películas producidas en el periodo 1998-2002, 41 recibieron el apoyo estatal por medio de este fondo, es decir, el 45 por ciento. Cabe mencionar que entre las películas apoyadas por el Foprocine se encuentran los dos largometrajes más exitosos en la historia del cine mexicano: Sexo, pudor y lágrimas y El crimen del Padre Amaro.
4. Ahora bien, con la reforma a la Ley Federal de Cinematografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1999, se creó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, cuyo objeto es el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, el cual permite brindar un sistema de apoyos financieros de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales. Para administrar los recursos de este fondo, se constituyó un fideicomiso denominado Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (fidecine).
5. Inspirado en la existencia de los fondos de carácter federal antes indicados, en mayo de 2003 el Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León anunció la constitución formal del Fideicomiso Estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León (Promocine), con un fondo inicial de $1,200,000.00.
6. En México, el Promocine es un instrumento único en su modalidad, en virtud de que por primera vez en la historia del cine nacional se ha constituido un fondo dedicado a impulsar específicamente la cinematografía de un estado. De este modo, Nuevo León es la única entidad que cuenta con un fondo para apoyar a sus cineastas y a la creación fílmica local.
La razón básica para promover la creación de este fondo radica en el hecho de que, aun cuando en Nuevo León no hay escuelas de cine, desde hace varios años los jóvenes de este estado se han mostrado interés en estudiar profesionalmente la carrera, haciéndolo en las mejores escuelas de cine del país y del extranjero, y cuyas producciones -incluso- han recibido importantes premios nacionales e internacionales, como el Oscar Universitario, el Ariel, el Heraldo y el Premio Cine por la Paz del Festival de La Habana.
Actualmente, el cine neoleonés presenta una situación inédita y alentadora, pues durante 2003, mientras que a nivel nacional se producirán 16 películas, el estado de Nuevo León está realizando 6 largometrajes.
En este contexto, la creación del Promocine ha sido un reconocimiento a la seriedad y esfuerzo de los cineastas neoleonenses, y se erige como un modelo de descentralización que merece ser impulsado en otros estados del país.
Consideraciones
I. De conformidad con los artículos 40 y 41 de la Ley Suprema -que establecen la naturaleza jurídica del Estado federal mexicano- nuestro país está compuesto por la Federación y los estados miembros, y cada uno de ellos es soberano dentro de su competencia. De este modo, en la terminología usada por Heller, los estados miembros son instancia decisoria suprema en lo referente a su régimen interior, característica que también comparte la Federación.
II. Por esencia, debe existir identidad y coincidencia de decisiones fundamentales entre la Federación y las entidades federativas, y si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 73, fracción X, constitucional, es facultad exclusiva de la Federación legislar en materia de industria cinematográfica, también lo es que en ejercicio de la potestad soberana conferida a cada uno de los estados para actuar en todo lo concerniente a su régimen interior, sus respectivas Legislaturas cuentan con la facultad de determinar el monto de sus ingresos, así como la forma de distribuirlos y el destino que habrá de darse a los mismos.
III. En este orden de ideas, atendiendo al principio de identidad y coincidencia en decisiones fundamentales, y a la importancia que debe asumir la industria cinematográfica nacional, como expresión de la cultura de nuestro pueblo, se estima que resultaría de suma importancia que las entidades federativas destinaran -de acuerdo con sus condiciones y características- apoyos económicos al cine nacional, de la manera en que actualmente lo realiza el estado de Nuevo León, a través del fondo denominado Promocine.
Lo anterior, además, con apoyo en lo que dispone el artículo 4°, segundo párrafo, de la Ley Federal de Cinematografía, según el cual las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por sí o mediante convenio con la autoridad federal competente.
De este modo, con el objeto de impulsar la actividad de los artistas, productores, guionistas y demás elementos que participan en el proceso de creación cinematográfica, en la búsqueda del fortalecimiento de esta industria, también es necesario que se analice en cada una las entidades federativas la posibilidad de que, a través de sus instancias culturales, se creen las estructuras funcionales que permitan el constante estudio y capacitación de los sujetos involucrados.
IV. Igualmente importante resulta analizar la posibilidad de que la Federación también destine recursos presupuestales a las entidades federativas, los cuales servirían como apoyo a las actividades que cada Estado en lo particular llevará a cabo para fomentar la producción y promoción del cine nacional, ya sea mediante la creación de instituciones de capacitación en la materia, de las que emerjan talentos artísticos, o bien, a través de la difusión de espacios geográficos y condiciones climáticas propicias para la locación de producciones fílmicas.
Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía solicita al Pleno de esta Cámara de Diputados, que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Que esta H. Cámara de Diputados, con pleno respeto a la soberanía de cada una de las Legislaturas de las entidades federativas, se dirija a éstas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de que analicen, de acuerdo con las condiciones y características propias de cada localidad, la posibilidad de asignar una partida presupuestaria en apoyo a la producción del cine nacional, tal y como acontece en el estado de Nuevo León.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de diciembre de 2003.
Diputados: Javier Orozco Gómez (rúbrica), Presidente; Lorenzo Miguel Lucero Palma (rúbrica), secretario; Marcela Guerra Castillo (rúbrica), secretaria; Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), secretario; Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), secretaria; Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal, Carlos Flores Rico (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas, Ady García López (rúbrica), Carlos Jiménez Macías, María Elena Orantes López (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, José Mario Wong Pérez, Julián Angulo Góngora (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, Patricia Flores Fuentes (rúbrica), José Julio González Garza, José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle, María Beatriz Zavala Peniche, Héctor Miguel Bautista López, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Francisco Mora Ciprés, Oscar González Yáñez (rúbrica).
Palacio Legislativo de san Lázaro, a 11 de diciembre
de 2003.
Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto, los suscritos diputados, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, nos permitimos hacer la atenta aclaración de que el punto de acuerdo por el que se solicita a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que analicen la posibilidad de asignar una partida presupuestaria en apoyo de la producción fílmica nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México" está a cargo de los miembros de la Comisión citada.
Lo anterior, lo hacemos de su conocimiento para los efectos correspondientes, dicho punto de acuerdo será presentado por la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, secretaria de la Comisión.
Diputados: Javier Orozco Gómez, Presidente; Miguel Lucero Palma, secretario; Marcela Guerra Castillo, secretaria; Manuel Gómez Morín, secretario; Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, secretaria (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOLICITE AL GOBERNADOR DE DURANGO, ANGEL SERGIO
GUERRERO MIER, QUE FIRME EL CONVENIO CON EL FIDEICOMISO FEDERAL PARA QUE
LOS AHORRADORES DE LA CAJA DE AHORRO POPULAR NUMERO 1 DE ESA ENTIDAD RECUPEREN
SU PATRIMONIO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT EN LA SESION
DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Las injusticias para el pueblo de este país no han desaparecido. Siguen incrementándose.
Los vicios que creíamos haber erradicado continúan vigentes, siguen enquistados y se han vuelto el pan de todos los días.
Las víctimas son esta vez los 92 ahorradores de la Caja Popular número 1 del estado de Durango -administrada por Cirilo José Ocampo Verdugo, preso actualmente-, a quienes se despojó de su dinero en 1999.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio la puntilla a esos ahorradores cuando ordenó congelar las cuentas de la caja de ahorro, con el pretexto de que realizaba operaciones ilícitas, para apoderarse de esos recursos sin considerar a los afectados.
Los ahorradores han acudido a diversas dependencias, tanto estatales como federales, para recuperar su patrimonio y lo único que han encontrado es la negativa y el rechazo a dar solución a sus demandas.
En diciembre de 2002 se aprobó en el Presupuesto de Egresos de 2003 un fideicomiso de 550 millones de pesos, que sería administrado por Nacional Financiera, para resolver el gigantesco fraude de las cajas de ahorro, que abarcó a gran parte de nuestro país.
En ese entonces, la Cámara de Diputados tomó cartas en el asunto para solucionar las demandas de las cajas populares en todo el país, autorizando recursos públicos para resarcir el patrimonio de los afectados, en tanto el Gobierno Federal recuperaba los activos defraudados.
En esa disposición se consideró la participación de los dos niveles de gobierno, estatal y federal.
Compañeras y Compañeros Diputados:
El Gobierno Federal cumplió su parte. Asimismo, lo hizo la mayor parte de los gobiernos estatales.
No así el gobierno de Durango, que se ha negado en todas las formas a dar salida al conflicto.
El Congreso local hizo su parte al emitir un punto de acuerdo en que exhortaba a las autoridades involucradas a dar solución definitiva al problema.
El gobernador Guerrero Mier y su secretario de Finanzas, Juan Manuel Flores Alvarez, se han hecho de la vista gorda y nada resuelven.
El argumento que encontraron se basa en señalar que el Gobierno Federal no les entregó todo lo que les correspondía recibir, con lo aprobado por la Cámara de Diputados, para esos efectos.
Ahora, hasta el derecho de audiencia les niega porque, para él, sólo importan los ciudadanos que no tienen problemas. Guerrero Mier y su secretario de Finanzas viven en un Durango maravilloso.
Compañeras y Compañeros Diputados:
La gran mayoría de los ahorradores defraudados son personas de edad avanzada, con serios problemas económicos y de salud.
Los ahorradores defraudados no se niegan a negociar con el gobierno estatal. Para ello, proponen que se vendan los bienes que están en manos del Fideicomiso Privado para Cajas de Ahorro (o Ficah).
También consideran que sean resarcidos con los recursos existentes bajo la administración de Nacional Financiera, que ascienden a 608 millones de pesos actualmente, toda vez que con esa cantidad se resuelve a escala nacional lo defraudado por los administradores de las cajas de ahorro.
Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita al Pleno de la honorable Cámara de Diputados exhortar al gobernador de Durango, Angel Sergio Guerrero Mier, así como a su secretario de Finanzas, Juan Manuel Flores Alvarez, a establecer con la mayor brevedad los mecanismos que conduzcan a resolver de manera definitiva el problema que enfrentan los defraudados de la Caja Popular número 1 de esa entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días de diciembre de dos mil tres.
Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Oscar González Yáñez, Joel Padilla Peña, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA QUE ASIGNE A
LA SECRETARIA DE MARINA RECURSOS ADICIONALES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PRESENTADA POR DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISION DE MARINA EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2003
Los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Marina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el Pleno de este Poder de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se pide a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que asigne a la Secretaría de Marina recursos económicos adicionales a los que solicita el titular del Poder Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Antecedentes
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, presentado por el Presidente de la República, establece que la soberanía nacional, en su sentido más amplio, salvaguarda la integridad del territorio nacional, la libertad de su población y la sujeción irrestricta al Estado de derecho. Señala como prioridad garantizar el orden público, con respeto de las libertades y los derechos de los mexicanos.
La seguridad nacional tiene como meta velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones. Para ello, el Gobierno Federal ha emprendido acciones efectivas contra el crimen, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, flagelos que, junto con la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población frente a los desastres naturales y la destrucción ambiental, representan las verdaderas amenazas a la seguridad nacional.
Al efecto, el Ejecutivo federal ha asumido como objetivos rectores en el área de orden y respeto defender la independencia, la soberanía y la integridad territorial nacionales y diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad nacional, en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional.
Consideraciones
Primera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultades para levantar y sostener las instituciones armadas de la Unión -a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales- y para reglamentar su organización y servicio.
Por otra parte, el artículo 74 del referido ordenamiento legal dispone que es facultad exclusiva de esta soberanía examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segunda. El artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General señala que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que, mediante la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
En el numeral 3 del artículo citado se establece que las comisiones tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde, en lo general, con las otorgadas a las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal.
Tercera. En términos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Marina ejercer la soberanía en aguas territoriales, así como la vigilancia de las costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la zona económica exclusiva.
Por otra parte, los artículos 1° y 2° de la Ley Orgánica de la Armada de México establecen que ésta es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar a la seguridad interior del país. Entre sus atribuciones se encuentran cooperar con el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental, así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluidos los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva.
Cuarta. Nuestro país se encuentra localizado entre los dos océanos más importantes del mundo, contamos con 11 mil 122 kilómetros de litorales y 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, lo que nos hace poseedores de una enorme biodiversidad de recursos marítimos y nos coloca en una posición mundial envidiable.
El valor estratégico de las zonas marinas mexicanas, zona económica exclusiva, plataforma continental, mar territorial y aguas interiores está dado por el ejercicio soberano del Estado para la protección de los intereses de la nación. Esas son áreas donde los bienes y valores nacionales se constituyen en vitales para el desarrollo del país y donde la necesidad de defensa existe.
La Armada de México tiene la responsabilidad de defender nuestros intereses marítimos, lo que permite y garantiza el desarrollo de las actividades productivas que se realizan en el mar.
El poder naval es materializado mediante la ejecución de operaciones militares con el fin de defender la independencia, la soberanía y la integridad del mar territorial, proteger las instalaciones estratégicas y el patrimonio marítimo, hacer cumplir las leyes en el mar territorial y zona económica exclusiva contra el narcotráfico, la piratería, el tráfico ilegal de personas, el sabotaje y el terrorismo, salvaguardando también la vida humana en el mar y brindando auxilio a nuestra población en casos y zonas de desastre o urgencia.
Para cumplir su misión, la Armada de México se encuentra en una etapa de evolución en su estructura orgánica y de modernización de sus equipos y unidades, lo que le ha permitido incrementar su capacidad de adecuarse a las diversas condiciones que la situación le impone y a las necesidades de nuestra sociedad en el desarrollo de las operaciones.
Las unidades navales están diseñadas para ser constituidas en organizaciones flexibles que permitan un manejo óptimo de la fuerza, con base en la aplicación de los principios de unidad de objetivo, concentración y economía, maniobra, seguridad, coordinación y cooperación.
Además de ser guardián de nuestra soberanía y vigilante de nuestra seguridad interior, la Armada de México desarrolla tareas tendentes a brindar la primera respuesta de auxilio, previniendo y desalojando a personas damnificadas, coordinando posteriormente con el Estado para proporcionar víveres, medicamentos y ropa, incluyendo la atención y traslado de heridos, a través del Plan General de Auxilio a la Población en casos y zonas de desastre o urgencia marina. Participa también en tareas de remoción de escombros después de lluvias o tormentas, suministro de agua potable, reforestación, traslado de libros de texto gratuitos, campañas de alfabetización y programas en pro de la salud de la ciudadanía.
A la Secretaría de Marina se ha encomendado también el cumplimiento de la normatividad en materia de protección del ambiente y la explotación de recursos, interviniendo para ello en el desarrollo de actividades pesqueras y haciendo frente a cualquier contingencia ecológica que se presente, dirigiendo y coordinando al efecto el desarrollo del Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar.
También desatacan como tareas de esta noble institución el fortalecimiento y desarrollo de la investigación hidrográfica, oceanográfica y científica, la construcción naval y la producción y actualización de la cartografía náutica nacional, actividades que fomentan el desarrollo marítimo nacional y permiten mantener a salvo el ecosistema marino, coadyuvando además a la seguridad de las vías marítimas de comunicación y a la navegación segura.
Quinta. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, el titular del Poder Ejecutivo federal solicita para la Secretaría de Marina recursos económicos por 8 mil 505 millones 509 mil 330 pesos; esto es, en apariencia, una disminución de 393 millones 662 mil 371 pesos, en relación al presupuesto asignado en 2003. Sin embargo la disminución nominal del presupuesto para esa dependencia para el próximo ejercicio fiscal sería del orden de 738 millones 200 mil pesos, y ello es por lo siguiente:
b) Existe una reducción nominal en gasto del orden de 738.2 millones de pesos, de los cuales 704.2 millones corresponden a gastos de operación y 34 millones a gastos de inversión.
Para el ejercicio fiscal de 2004, la disminución en gasto de operación y gasto de inversión será del orden de 738 millones 200 mil pesos y, aunado a la disminución presupuestaria que se ha observado desde el ejercicio fiscal de 2000, el déficit con que operará esta institución será del orden de 1,400 millones, cantidad que resulta necesario asignarle a fin de que regularice su presupuesto y subsane el déficit que ha acumulado.
Deberán asignársele 738 millones 200 mil pesos para cubrir la disminución presupuestal en gasto de operación y gasto de inversión que se le haría respecto del ejercicio fiscal en curso, y con ello pueda cuando menos operar en condiciones adecuadas y el resto para hacer el total de mil 400 millones deberán ser para que esté en posibilidad de subsanar el déficit presupuestal que a la fecha ha acumulado.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se pide a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que asigne a la Secretaría de Marina recursos adicionales a los que solicita el titular del Poder Ejecutivo federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, por la cantidad de al menos mil 400 millones de pesos, a fin de que dicha dependencia cumpla adecuadamente la misión encomendada.
Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Francisco Juan Avila Camberos, José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Alejandro Higuera Osuna, Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Rómulo Israel Salazar Macías (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Félix Arturo González Canto (rúbrica), Irma Figueroa Romero (rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Sergio Magaña Martínez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Raúl Piña Horta (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL A QUE ADECUEN SUS LEYES A LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OTROS ORDENAMIENTOS RELACIONADOS CON
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GUILLERMO
ENRIQUE TAMBORREL SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION
DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea, proposición con punto de acuerdo para que las Legislaturas estatales adecuen la legislación existente y expidan los ordenamientos necesarios para hacerlos congruentes y dar cumplimiento a lo que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás ordenamientos internacionales relacionados con la infancia y adolescencia.
Honorable Asamblea:
Todos fuimos niños alguna vez. Y todos deseamos por igual el bienestar de nuestros niños, que siempre ha sido y seguirá siendo el anhelo más universal de la humanidad.
Hace apenas unas cuantas décadas que se inició con más pujanza la valoración de los derechos de nuestras niñas y niños, permítanme recordar sólo unos antecedentes:1
En 1953, la Asamblea General de las Naciones decidió que el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) continuara sus funciones en forma permanente como organización mundial de protección a la infancia.
En el caso mexicano se celebró en agosto de 1973 el Primer Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del Menor, considerándose en ese entonces crear un orden normativo aplicable de forma exclusiva al niño.
Considerando además:
2. Que en la actualidad se cuenta con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos de los niños, entre los que destacan la Convención sobre los Derechos del Niño; el Convenio de la Haya sobre Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional; la Convención de la Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños; la Convención de la Haya sobre Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños; el Convenio 182 de la organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación; y la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, por mencionar algunos.
3. Qué México ha suscrito y ratificado la mayoría de éstos, entre los que destaca por su importancia la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 4° establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
4. Que en lo que se refiere a preeminencia jurídica, en el grado más alto de la pirámide jurídica se encuentra la Constitución, en un segundo grado las leyes constitucionales y los tratados, y en un tercero coexistirán el derecho federal y el derecho local. En otras palabras, la Constitución, las leyes y los tratados tienen mayor jerarquía que las Constituciones o leyes de los estados.
5. Que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución establece que la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.
6. Que esta misma ley, en su artículo 7, dicta que corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.
7. Que, sin menoscabar la obligación de la Federación para preservar y garantizar los derechos de la niñez, es cierto que gran parte de los derechos de los niños, principalmente los relacionados con las materias civil y penal, recaen en la competencia y conocimiento por parte de las autoridades de las entidades federativas, tal como el derecho a ser adoptado, el derecho a una pensión alimenticia, el derecho a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso sexual, el derecho al nombre, a conocer a sus padres a ser cuidado por ellos, por mencionar algunos.
Es por ello que, con base en la fundamentación y argumentos expuestos y coincidiendo con la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, de que no puede haber una tarea más noble que la de dar a todos los niños un futuro mejor, presentamos a la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta H. Cámara de Diputados exhorta a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar su legislación para hacerla congruente y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales relacionados con la niñez y la adolescencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2003.- (Rúbrica.)
1 Véase: Jiménez García, Joel Francisco, Derechos de los niños, 2000.
Dip. Guillermo Enrique Tamborrel Suárez (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CREAR
CONFINAMIENTOS CON TECNOLOGIA DE PUNTA PARA RESIDUOS PELIGROSOS, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a crear confinamientos con tecnología de punta para residuos peligrosos.
Antecedentes
La producción de residuos peligrosos en el país ha sido, hasta hoy, una consecuencia inevitable de nuestro estilo de vida y de producción industrial. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define los residuos peligrosos como "todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas, toxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicamente infecciosas o irritantes, que representen un peligro para el equilibrio ecológico o al ambiente".
Se cree que en México se generan anualmente 8 millones de toneladas de residuos industriales peligrosos y que de éstos sólo 32 por ciento se separa, recolecta, transporta, trata y recicla y tiene una disposición final adecuada. Aun cuando esos datos son oficiales, hay estimaciones de que en realidad se generan alrededor de 14 millones de toneladas anuales de ese tipo de residuos.
Los residuos peligrosos que no son manejados adecuadamente representan un importante desafío para el equilibrio del ambiente y la salud humana, ya que en la mayoría de las veces acaban en el drenaje municipal, barrancas, tiraderos clandestinos o a cielo abierto, bodegas de empresas o cualquier otro lugar que no cuenta con las especificaciones técnicas necesarias.
Un ejemplo de esto lo representan los más de 124 tiraderos clandestinos de residuos peligrosos, donde se han encontrado rastros de plaguicidas, ácidos, aceites, etcétera.
Otro ejemplo de esa problemática es la detección por parte del gobierno mexicano de más de 40 mil toneladas de residuos peligrosos provenientes de hidrocarburos de una toxicidad muy alta, las cuales provienen de productos que estuvieron de moda entre los años 50 y 70.
La situación actual de los confinamientos para residuos peligrosos en el país nos deja un saldo negativo. Contamos sólo con un lugar en toda la República para la disposición final de éstos, el cual se localiza en Nuevo León. Esto hace que desde el sur del país tengan que ser transportados hasta el norte, aumentando así los costos económicos por su manejo y la posibilidad de que ocurra una contingencia ambiental. Tomemos en cuenta que sólo en la zona centro del país se produce más de 60 por ciento de los residuos peligrosos.
El manejo de los residuos peligrosos necesita una serie de acciones conjuntas de todos los actores involucrados en esta problemática. A escala nacional es preciso contar con una planta de confinamiento especial más en México que garantice la disposición final de los residuos sin tener que recorrer una distancia tan amplia y, sobre todo, que esto no ocasione daños al ambiente o la salud pública y, al mismo tiempo, llevar a cabo una reducción en la generación de ese tipo de desechos, cambiar a insumos ambientalmente amigables y transformar los procesos de producción para incrementar la reutilización, el reciclado y la recuperación de parte de los materiales y residuos generados.
El 8 de octubre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Residuos Sólidos, en la cual se dan lineamientos para el manejo de los residuos peligrosos y de manejo especial en el país, pero la responsabilidad en el manejo correcto de éstos nos corresponde a todos: industria, gobierno y sociedad.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implantar confinamientos con tecnología de punta para residuos peligrosos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar la actualización y modificación de las normas siguientes:
NOM-056-ECOL-1993, que establece los requisitos para el diseño y la construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos.
NOM-057-ECOL-1993, que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, la construcción y la operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos.
NOM-058-ECOL-1993, que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos, objetivo y justificación.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL QUE ESTUDIEN Y REVISEN SUS RESPECTIVAS LEGISLACIONES EN MATERIA
DE DELITOS SEXUALES COMETIDOS EN CONTRA DE MENORES DE EDAD, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO ANGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
El que suscribe, Angel Pasta Muñuzuri, diputado federal, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que sus respectivas leyes penales contemplen como delitos las conductas relativas a la corrupción, pornografía, prostitución y turismo sexual de menores o incapaces, o en su caso, procedan a la revisión de los referidos tipos penales, así como de las penalidades previstas para los mismos, con el fin de otorgar una mayor tutela jurídica a los menores e incapaces.
Vengo a esta tribuna con la conciencia plena, el coraje y el compromiso de defender a nuestro mayor tesoro, que es la niñez mexicana.
Es indispensable garantizar a las niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, que les garanticen el desarrollo pleno e integral, así como la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, toda vez que la humanidad ha de dar al niño lo mejor que tiene, con miras a que sea puesto en condiciones de desarrollarse de manera moral, material y espiritual; porque no debemos de olvidar que la niñez tiene derecho ha ser protegida contra cualquier forma de explotación, tiene derecho a recibir los auxilios necesarios en tiempo de calamidades, y en general, tiene derecho a su bienestar pleno e integral.
Resulta innegable que la corrupción, la pornografía, la prostitución, así como el turismo sexual de menores de edad constituyen conductas deplorables, ya que el acoso y la brutalidad sobre nuestros menores no se escapa de la realidad, de niños maltratados, niñas violadas, la gran violencia intrafamiliar, y lo peor, niñas y niños que están en la calle, que sufren abusos de personas sin escrúpulos que ven en la explotación sexual un gran negocio que arroja grandes cantidades de dinero.
Les recuerdo, señores legisladores, que este tipo de conductas delictivas ha adquirido gran influencia y ámbito de poder en nuestro país, por ello, conscientes de la necesidad de salvaguardar de manera adecuada los derechos de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los menores, quienes por sus condiciones de vulnerabilidad, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos fundamentales sean violentados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Exhorto respetuosamente a las Legislaturas de la entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en caso de que dichas instancias no contemplen como delitos las conductas relativas a la prostitución, corrupción, pornografía y turismo sexual de menores de edad o incapaces, procedan, dentro del ámbito de su competencia, a la tipificación de dichas conductas en sus respectivas leyes penales, y a las instancias que ya lo contemplen, a que procedan, en el ámbito de su competencia, a la revisión de los tipos penales correspondientes y, en su caso, a la modificación o adecuación de las penalidades previstas anteriormente señaladas, con base a su bien jurídico tutelado.
Por lo anterior, debemos ponerle mayor énfasis a este tipo de problemas y como en su momento Abel Vicencio Tovar dijo: "Si todos los días despertamos con el propósito de defendernos y defender a nuestros hijos y a nuestros vecinos de las arbitrariedades; si todos los días amanecemos con el deseo de servir y llenar de dones a nuestra comunidad, entonces no habrá vacío ciudadano, ni habrá tampoco la tentación de violencia; la violencia se convierte en tentación cuando un pueblo ha abandonado por muchos años el cumplimiento de su deber político".
Por cada niño que sea parte de la brutalidad, en las conciencias quedará, y que México entero escuche, ya no más niños maltratados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de diciembre de 2003.
Dip. Angel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE A FAVOR DE EXHORTAR AL EJECUTIVO A
CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE PVEM EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
El proyecto de Presupuesto del Ejecutivo para el próximo año prevé una disminución real de 10 por ciento en los recursos que se destinarían para el campo. Esto dificulta la preocupante situación que enfrentan nuestros campesinos y sus familias, y hace que los pobres esfuerzos que ha emprendido este gobierno para mejorar las condiciones socioeconómicas del sector rural sean aún menos efectivos.
Este hecho nos preocupa sobremanera, y más aún cuando el Gobierno Federal firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, en el que se aprobaron 650 millones de pesos para un programa emergente que se encargaría de incorporar casi 600 mil hectáreas al Procampo, pero que no se han ejercido, en perjuicio de un millón de campesinos; y en el que se estableció el compromiso de evitar el subejercicio del presupuesto del sector aprobado para 2003, como ha ocurrido en años anteriores.
A decir de líderes regionales y estatales del sector, existe un retraso de hasta 40 por ciento en la aplicación de algunos proyectos aprobados por el Acuerdo Nacional para el Campo, mientras que en otros no hay ningún avance.
Por otra parte, es evidente la dificultad para interpretar los compromisos orientados a reducir los costos de producción de granos básicos, oleaginosas y hortalizas, y obstáculos para el saneamiento de cartera vencida y para que pequeños y medianos productores del sector social puedan acceder a nuevos financiamientos. También ha habido una actitud "displicente" del gobierno para promover el comercio internacional y defender los intereses de los productores nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de exhortar al Ejecutivo a cumplir con los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo, porque a más de siete meses de haberse firmado aún prevalece el "descontento" entre los productores, no son claros los compromisos orientados a reducir costos de producción de granos básicos, oleaginosas y hortalizas, existen obstáculos para el saneamiento de cartera vencida y se prevé una disminución real de 10 por ciento en los recursos que se destinarían para el campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de diciembre del 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LOS CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENAS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE IRENE ALVAREZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
José Irene Alvarez Ramos, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las Legislaturas locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los municipios de los estados que tienen asentados grupos indígenas y a los restantes, en su calidad de estados receptores de población indígena, a dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política en materia de derechos y cultura indígenas. La petición se sustenta en las siguientes
Consideraciones
Don Miguel Hidalgo y Costilla, en su afán histórico y perteneciendo al bando de Independencia, luchó hasta abolir la esclavitud y la servidumbre, y alentó a don José María Morelos y Pavón, quien dejó plasmado en Los Sentimientos de la Nación, igual que en la Constitución de Apatzingán, su entusiasmo por salvaguardar en la Carta Magna ese valor tan preciado que es la libertad.
Por otra parte, los constituyentes de 1917 nos legaron los principios de igualdad plasmados en la Constitución. Tratar de pormenorizar y abundar en los hechos y en la larga lista de hombres y de mujeres que han luchado por un México más libre y justo sería materia de una exposición más extensa, pero por el momento permítanme decir que todas y todos ellos nos han dejado una historia y un marcaje lleno de lineamientos que sustentan las bases que hoy día nos regulan.
Esos antecedentes, a la vez que fueron un preludio, mantuvieron viva la llama de una lucha constante que sigue hasta nuestros días, lucha por preservar nuestra libertad, la igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación, teniendo como fin la construcción de una sociedad más justa y más democrática.
Hasta abril de 2001 no fue reformada la Constitución Política para prohibir todo tipo de discriminación y ampliar el reconocimiento de la composición pluricultural y pluriétnica de la nación mexicana.
Con el esbozo anterior, señoras y señores diputados, podemos ver muy claramente que la lucha por dar a este pueblo mexicano la libertad y la igualdad no es particular de esta Legislatura ni de la anterior; es una lid constante, siendo nuestro deber preservarla, defenderla y promoverla ante todo y ante todos.
En el texto constitucional vigente se establece que el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas se hará en las Constituciones y las leyes de las entidades federativas, que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los primeros párrafos del artículo 2° constitucional, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
Por otro lado, dicta que las Constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, con el propósito de fortalecer la participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
La Carta Magna también establece que deberá consultarse a los pueblos y las comunidades indígenas en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales e incorporar las propuestas y recomendaciones que éstos realicen, así como establecer las partidas específicas destinadas al cumplimiento de esas obligaciones en los presupuestos de egresos.
Señoras y señores diputados, compañeros todos: A pesar de ésas y otras consideraciones ya establecidas en la Constitución, la mayoría de las Legislaturas locales no ha modificado la suya ni sus leyes secundarias después de la aprobación de la reforma mencionada.
En la actualidad tenemos 31 estados de la República y un Distrito Federal, equiparado con funciones de un estado libre y soberano, sumando así 32 entidades federativas en la división política de nuestro país.
Del total, 26 estados cuentan con pueblos indígenas originarios, pero sólo 4 tienen leyes indígenas, 1 más tiene un reglamento y otro un acuerdo, sumando un bajo porcentaje de estados con legislación indígena y restando una gran mayoría por atender este asunto.
Debemos tomar en cuenta que los 32 estados de la República tendrán que legislar en materia indígena, ya sea en su calidad de estado con población indígena originaria o como receptor, toda vez que si a la obligación constitucional referida no se da cabal cumplimiento, se estará actuando contra lo previsto en los artículos 1° y 2° constitucionales.
Por otra parte, y con fundamento en lo que dispone la Constitución, en el Congreso federal se han efectuado reformas a distintos ordenamientos secundarios y se expidieron la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Particularmente, esta última, reconociendo la importancia de las lenguas nativas, establece que el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, debe apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español, y que la Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán leyes y reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.
Las disposiciones a que me he referido tampoco han sido cabalmente cumplidas, por lo que tenemos la obligación de hacer todo lo posible por evitar que nuestros hermanos indígenas sigan siendo objeto de explotación, discriminación, desatención, rechazo, exclusión y abusos por parte de las autoridades, particulares, de propios y extraños.
Por ello solicito de manera respetuosa que tengan a bien aprobar esta proposición con punto de acuerdo, cuyo título mencioné en su momento y que se forma por los artículos siguientes:
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar cumplimiento a su obligación de legislar en materia de asuntos indígenas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se invita asimismo a las autoridades municipales, a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y a las Legislaturas locales a que, conforme a lo que dicta la Constitución federal, promuevan la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminen cualquier práctica discriminatoria, establezcan las instituciones, determinen las políticas necesarias y establezcan las partidas específicas en los presupuestos de egresos que aprueben a fin de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Tercero. Se solicita que las acciones emprendidas con ese fin vayan dirigidas tanto a las comunidades indígenas originarias del estado o municipio como a los indígenas inmigrantes, con los criterios de transversalidad, focalización, eficiencia, eficacia, legitimidad, no discriminación y perspectiva de género.
Cuarto. Se solicita a los gobernadores de las entidades federativas que todas las leyes que repercutan o tengan relación con la población indígena sean traducidas a las lenguas indígenas que se hablan en el estado respectivo.
Quinto. Se conmina a los gobernadores de los estados a que realicen las acciones conducentes para que en las escuelas normales de los estados se incluyan en los programas de estudios y en la normatividad respectiva las carreras de intérprete y traductor en lenguas indígenas o cualquier otra similar.
Solicito, señor Presidente, que este punto de acuerdo sea trascrito en su totalidad en el Diario de los Debates y se tome a consideración del Pleno como de obvia y urgente resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Dip. José Irene Alvarez Ramos (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2004 SEA ELIMINADO EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO E INCREMENTADOS
LOS RECURSOS PARA EL CAMPO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ANTONIO MEJIA HARO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2003
Los suscritos diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Hago uso hoy de la palabra en esta tribuna para tratar un tema que a lo largo de las últimas semanas nos ha preocupado no sólo a muchos legisladores, sino a la sociedad en su conjunto y en particular a los sectores directamente afectados.
Me refiero a la desincorporación, bajo las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación de entidades de apoyo al sector agropecuario, como el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP); el Colegio de Postgraduados (CP); el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (INCA); el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y la Comisión Nacional de Zonas Aridas (Conaza) propuestas en el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Sin lugar a dudas estas instituciones han contribuido al desarrollo rural y social de México a través de la generación de conocimientos y tecnología para los variados esquemas de producción del país. Su desincorporación representa un duro golpe al sector agrícola, pecuario y forestal, el más desamparado de la sociedad, con los mayores índices de pobreza, los más bajos niveles de educación y con grandes deficiencias tecnológicas.
El Colegio de Posgraduados ha alcanzado niveles de excelencia que lo han consolidado como una de las instituciones más importantes de postgrado en el país y de América Latina. Cuenta con un cuerpo académico de alta calidad integrado por 292 doctores y 243 maestros en ciencias, de los cuales 63% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Esto ha permitido que de las 21 especialidades que ofrece, 19 formen parte del Padrón de Excelencia de Conacyt. Actualmente tiene inscritos a 1015 estudiantes de maestría y doctorado, quienes se están formando en campos estratégicos para el país.
Por su parte el INIFAP cuenta con personal altamente calificado: 1,050 investigadores, de los cuales 615 tienen grado de maestría y 246 con doctorado. A lo largo de los años, el INIFAP ha integrado 81 campos experimentales, 8 centros regionales, 6 centros de investigación interdisciplinaria y 42 laboratorios. Esta institución es un verdadero soporte para el campo mexicano por la pertinencia y relevancia social de sus variadas y prolíficas líneas de investigación, generando conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y su transferencia al campo.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es la única institución mexicana que cuenta con la infraestructura y el personal de alto nivel capaz de proponer soluciones a los problemas relacionados con el uso, aprovechamiento y preservación del agua, de un recurso estratégico para la sobrevivencia humana que no nos pertenece y que debemos cuidar, para heredárselo a las próximas generaciones; de lo contrario, hoy la lucha y las guerras son por el petróleo, mañana serán por el agua.
Ampliamente reconocido como el brazo científico y tecnológico del sector agua en México, el IMTA tiene 285 investigadores altamente calificados en su mayor parte con maestría y doctorado. Dispone de laboratorios acreditados de hidráulica, calidad del agua, tratamiento de aguas residuales, potabilización, entre otros.
La Comisión Nacional de Zonas Aridas (Conaza) atiende en alguna medida a los más pobres de los pobres, a los que carecen en muchas ocasiones de agua potable, electricidad, drenaje, vías de comunicación, o sufren deficiencias o carencias en los servicios de salud y educación, a los que sufren de sequías recurrentes, donde la mayor parte de las veces no florece la agricultura y la ganadería, obligándolos a realizar actividades muy pesadas y mal retribuidas, como la extracción de ixtle, cera de candelilla, recolección de orégano y dátiles. Antes de pensar en su desincorporación, la Conaza debería de fortalecerse con más recursos para revertir la alta marginación y pobreza de las comunidades más apartadas del semidesierto.
En el rubro de la extensión y difusión tenemos entre las entidades propuestas a desincorporar, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, INCA Rural, cuya atención se orienta a apoyar el desarrollo de capital humano y social rural. En el sector rural existe una necesidad imperante de incrementar las capacidades, con el fin de facilitar la viabilidad económica, social y ambiental de su desarrollo. El INCA Rural incide en la realidad del campo mexicano fortaleciendo las habilidades y conocimientos de jóvenes y adultos que participan en procesos de capacitación presenciales y a distancia, que en su diseño, operación y evaluación consideran las necesidades planteadas por diversos actores.
Todo lo antes mencionado nos muestra claramente cómo estos centros de investigación y de capacitación han contribuido al desarrollo de nuestro país; sin ellos se provocaría una dependencia agroalimentaria, se perdería el conocimiento y la experiencia generada por años de trabajo de investigación; en suma, se generaría una dependencia alimentaria, científica y tecnológica, asentando un golpe mortal a nuestro campo.
Hoy más que nunca debemos plantearnos una reestructuración del sector que tenga por objeto mejorar la producción agropecuaria del país, para lo cual es indispensable un aparato de investigación que la apuntale. Ningún país puede aspirar al desarrollo y soberanía, si no cuenta con instituciones sólidas, provistas con una infraestructura suficiente y actualizada para la investigación agropecuaria y de los recursos naturales. Máxime cuando se está inmerso en un proceso de globalización y apertura comercial.
Países como Estados Unidos, Chile, Brasil o Australia mantienen aparatos completos de investigación.
En México carecemos de un plan nacional de investigación de largo plazo que contenga estrategias para el desarrollo rural. Debemos destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 32, fracción I, en la que establece metas en el campo de la investigación y la tecnología, contrarias a la propuesta de desincorporación citada.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 sea eliminado el artículo segundo transitorio.
Segundo.- Que se considere un presupuesto para el desarrollo agropecuario, forestal y ambiental del campo mexicano suficiente para cumplir con lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo, con especial atención a la investigación y transferencia de tecnología, capacitación campesina y comunidades con alta y muy alta marginación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Agustín Miguel Alonso Raya, Alfonso Ramírez Cuéllar, Francisco Chavarría Valdeolivar, Santiago Cortés Sandoval, Ana Lilia Guillén Quiroz, Margarito Fierros Tano, Rocío Sánchez Pérez, María Elba Garfias Maldonado, Abdallán Guzmán Cruz, Francisco Mora Ciprés, César Antonio Chávez Castillo, Rogelio Franco Castán, Israel Tentory García, Sergio Augusto Magaña Martínez, Antonio Mejía Haro, María del Rosario Herrera Ascencio, José Luis Medina Lizalde, Gilberto Ensástiga Santiago, Arturo Nahle García, Rafael Flores Mendoza, Clara Marina Brugada Molina, María Angélica Díaz del Campo, Nancy Cárdenas Sánchez, Pablo Franco Hernández, Daniel Ordóñez Hernández, María de los Dolores Padierna Luna, Martha Lucía Mícher Camarena, María Guadalupe Morales Rubio, Adrián Chávez Ruiz y Marbella Casanova Calam (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMAS
ESPECIFICOS PARA COMBATIR LA DEGRADACION FORESTAL EN MEXICO, PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En México, 72 por ciento de la superficie terrestre está cubierto por algún tipo de vegetación. De ésta, 21.5 por ciento presenta diferentes formas de degradación, que va desde ligera hasta extrema.
Por eso, y sumado al gran número de deforestación que sufre nuestro territorio, estamos considerados por la Organización de las Naciones Unidas como el país que tiene la tasa mas alta de Latinoamérica y la segunda a escala mundial.
Las estadísticas oficiales señalan que 128 de los 200 millones de hectáreas de suelos que comprenden el territorio nacional presentan niveles de degradación y deterioro en distintas etapas, especialmente marcados en 15 estados del norte y centro de la República: Coahuila, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca y Aguascalientes.
Cada año, México pierde 700 millones de toneladas de suelo fértil y quedan inútiles 10 mil hectáreas de tierras por salinización, de acuerdo con reportes de las Secretarías de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La desertización y la sequía son motivo de preocupación, debido al rápido aumento que se da en México.
Los efectos del deterioro en los suelos ya atañen a entidades que hasta hace algunas décadas no presentaban problemas: el estado de Puebla, igual que Veracruz y Chiapas, se incluye entre las entidades amenazadas por un fenómeno de desertización y degradación de suelos como consecuencia de los incendios forestales, la tala indiscriminada de bosques y selvas, las lluvias y las inundaciones.
En tanto, Guadalajara, Michoacán, estado de México, Querétaro y Guanajuato buscan desesperadamente revivir a un lago agonizante, como el de Chapala que, igual que el río Lerma, llegó a límites peligrosos de sobreexplotación y las imágenes de lo que antes fue un paisaje pintoresco muestran hoy la crudeza de un suelo desnudo, seco e inútil.
La información acerca de la degradación de los bosques de México está sumamente fragmentada. Sin embargo, la evidencia existente nos permite concluir que la degradación de los bosques es severa y se encuentra en aumento, dados los factores siguientes:
Las áreas forestales perturbadas han aumentado de 17.8 millones en el primer inventario forestal de 1994 a 22.2 millones de hectáreas en el último inventario de 2000. Esas zonas se concentran en lo que antes fueran bosques templados de los estados del centro y sur del país y en la península de Yucatán.
Anualmente, la superficie afectada por incendios alcanza entre 90 mil y 500 mil hectáreas. La mayor parte de los incendios es provocada por el hombre y una buena parte es recurrente (afecta la misma superficie forestal en periodos cortos). Eso impide que la masa forestal alcance pleno desarrollo, fomenta plagas y enfermedades y facilita el cambio de uso del suelo.
Hay varios programas implantados por la Semarnat: el de combate de plagas, que resulta ineficiente a la fecha; el de incendios, totalmente deficiente en la coordinación y operación; uno preventivo a escala nacional que, como nos damos cuenta, no da resultados, pues la degradación forestal continúa; y uno de reforestación, abocado sólo a plantar arbolitos.
Como vemos, esos programas no se han implantado cabalmente, según demuestran las cifras que reflejan que la degradación de los bosques va en aumento y que los programas aplicados no se llevan a cabo con seriedad, por lo cual no se han conseguido resultados positivos respecto al problema.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está comprometido con el cuidado y la conservación del ambiente, pues ahí los mexicanos construiremos una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.
Por eso, desde la más alta tribuna del país se hace un serio y respetuoso llamado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en forma conjunta con otras dependencias, realice las investigaciones necesarias para aplicar programas con el fin de disminuir y, posteriormente, erradicar del país el problema.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a abocarse a implantar cabalmente los programas concretos que existen actualmente para combatir la degradación forestal que sufre día tras día nuestro país y, hecho lo anterior, se informe al Pleno de la Cámara sobre el resultado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de diciembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR
A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, DE COMUNICACIONES, Y
DE TRANSPORTES UNA MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LLEVAR A CABO LA
CONCLUSION DE LA AMPLIACION DE LA CARRETERA MAZATLAN-DURANGO, EN EL MARCO
DE LA PROXIMA DISCUSION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA
2004, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
El suscrito, Alejandro Higuera Osuna, Diputado Federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
1. El Plan Nacional de Desarrollo y el Pronafide establecen claramente como prioridades de gasto de la actual administración el fortalecimiento del federalismo, a través de una mejor asignación de recursos y responsabilidades entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como mantener la inversión impulsada por el sector público para que sea un detonador del crecimiento económico y la generación de empleos.
2. Conscientes de la importancia que implica incrementar la inversión pública, consideramos que es momento para fortalecer una planeación sectorial y, al mismo tiempo, diseñar una estrategia fundamental para la construcción de nuevas carreteras, así como la conservación y ampliación de las redes existentes con una visión de desarrollo de mediano y largo plazos, que nos permita estar al nivel que impone el nuevo esquema internacional caracterizado por la globalización.
3. Las carreteras propician el desplazamiento de bienes, servicios y personas; siendo un instrumento fundamental para la integración social, cultural y económica de las regiones por donde se establecen las vías. De su calidad depende el desarrollo de las actividades productivas, la explotación de recursos materiales y naturales; en fin el progreso entre comunidades y habitantes de todo el país.
4. Por lo tanto, es claro que un país con una infraestructura carretera insuficiente, condena a sus localidades al aislamiento, dispersión, inseguridad y la falta de integración para alcanzar un desarrollo regional efectivo.
5. Particularmente en Sinaloa se ha estado pugnando durante muchos años por la ampliación de la Carretera Mazatlán-Durango por considerarse como una obra necesaria y prioritaria para el desarrollo del Estado, para la integración productiva de los diversos sectores, y para el impulso de las actividades económicas en donde los recursos naturales son poco aprovechados.
6. Con la ampliación y adaptación de la nueva carretera Mazatlán-Durango, se abriría una nueva vía para el norte del país y quedaría establecido el corredor Mazatlán-Matamoros; por lo que sería una carretera interoceánica. Evidentemente, el flujo de mercancías de las regiones noreste y norte, así como de la zona de la Comarca Lagunera llegaría de manera más expedita a un puerto de altura como lo es Mazatlán; por lo que se ampliaría el traslado de mercancías, así como su comercio hacia el exterior del país. No sólo el sector industrial, agroindustrial, minero, y maderero se fortalecerían, sino también el turístico, ya que contarían con una carretera segura donde se ahorraría tiempo de traslado, por lo que el flujo de turismo nacional se vería incrementado y, por ende, la generación de divisas.
7. La SCT y el gobierno de Sinaloa y Durango acordaron la aportación de recursos por 302 millones de pesos para la construcción de los primeros 25 kilómetros; trabajos que han quedado inconclusos por la falta de radicación de los recursos del Gobierno Federal.
8. Para el año de 2004 se tiene programado ejercer solamente 35 millones de pesos para esta vía; lo cual atrasaría por muchos años más la conclusión de la misma; propiciando el rezago económico de esta región.
9. Por ser prioridad de nuestra labor como legisladores y representantes populares buscar el bien común para todos los mexicanos, y siendo uno de ellos propiciar el desarrollo económico, es que exponemos y sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones y Transportes, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal, analicen las necesidades de la carretera Mazatlán-Durango y las repercusiones positivas que arrojaría una mayor asignación presupuestaria.
Segundo.- Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones y Transportes otorguen una mayor asignación presupuestaria al proyecto referido con la finalidad de que se termine la obra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: Abraham Velázquez Iribe, Oscar Félix Ochoa, Francisco Frías Castro, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Leyson Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, Alfredo Villegas Arreola, Jesús Vizcarra Calderón, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Francisco Luis Monárrez Rincón, Gabriela Ruiz del Rincón, Javier Osorio Salcido, Inti Muñoz Santini (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DOCUMENTACION PORMENORIZADA
SOBRE EL CASO DE HERON VARELA FLORES Y DEMAS PERSONAS CONDENADAS A LA PENA
DE MUERTE, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESION
DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente propuesta con punto de acuerdo.
La pena de muerte, entendida en un sentido amplio, es historia antigua de la justicia penal en el país. En el México independiente, al consumarse la Independencia -en 1821-, las leyes principales seguían siendo las mismas vigentes en la época colonial; es decir, la pena de muerte seguía presente y era aplicada principalmente a los enemigos políticos.
A través de la historia se ha concebido la pena capital -pena de muerte- como "la sanción jurídica capital, la más rigurosa de todas; consiste en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que los instituye".
La Constitución General de la República prevé la pena de muerte para los delitos más graves en el párrafo tercero del artículo 22:
"A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..."
Eso significa que la única forma legalmente autorizada para privar de la vida implica como condición necesaria la debida existencia de un proceso legal y que después de cumplirse todas las formalidades de ley, éste culmine con una sentencia firme pronunciada por un tribunal competente, luego entonces la pena de muerte se encuentra vigente en México.
En este momento, el único ordenamiento que dispone la pena de muerte es el Código de Justicia Militar, para delitos como traición a la patria, insubordinación con resultado de muerte de un superior, rebelión, deserción, falsa alarma, asonada y espionaje.
El artículo 142 del ordenamiento castrense dispone: "La pena de muerte no deberá ser agravada con circunstancia alguna que aumente los padecimientos del reo, antes o en el acto de realizarse la ejecución". Se prevé, en casos especiales, la posibilidad de conmutar esa irreversible pena por la de prisión extraordinaria (artículo 177). Asimismo, considera la sustitución para los casos en que " el acusado" sea mujer o menor de 18 años, o hayan cumplido 60 años, al momento de pronunciarse la sentencia o " hayan transcurrido cinco años desde que se cometió el delito hasta el momento de ser aprehendido el culpable" (artículo 174).
Los delitos sancionados con pena de muerte se tipifican en los artículos 203, 206, 208 y 210. En términos generales, se trata de figuras diversas, como traición a la patria, espionaje y delitos contra el derecho internacional.
En ese orden de ideas, en la actualidad hay un caso de pena de muerte en el Ejercito Mexicano: se encontró asesinado al Coronel Salvador Juárez Chalet en los cuarteles del Vigésimo Regimiento de Infantería de Ciudad Juárez. Ante esa situación, se creó una corte marcial, se hicieron las investigaciones y pesquisas necesarias y el 14 de febrero del año en curso se encontró culpable al Subteniente de Caballería Herón Varela Flores del asesinato del Coronel Salvador Juárez Chalet, decretándose la sentencia de pena de muerte.
Sin embargo, pese a que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, intervino en este caso a efecto de otorgar el indulto de pena de muerte y conmutarla por 20 años de prisión, el Subteniente de Caballería Herón Varela Flores rechazó el indulto, argumentando que si lo aceptaba, sería tanto como aceptar su culpabilidad, dado que él arguye que actuó sólo en defensa propia.
Con relación a este caso, el 21 de noviembre del año en curso, el secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Vega García, y el secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot González, acudieron a un noticiario nocturno, donde se planteó la necesidad ya de eliminar la pena de muerte del Código Militar y de la Constitución misma.
El mismo secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Vega García, en declaraciones ante medios de información, manifestó: "La Procuraduría de Justicia Militar y el cuerpo de defensores de oficio están trabajando precisamente, entre otras cosas, en modernizar esto, como le había yo comentado, para suprimir de una vez por todas algo que no funciona, algo que ya no tiene razón de ser... Pero sí comparto esa idea de que algo que ya no funciona no tiene caso que esté".
La Armada de México también respalda esta posición, la abolición de la pena de muerte, pues su titular declaró: "La pena de muerte no debe ser aplicada a las circunstancias que se están dando", expresó Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina.
Asimismo, ante un noticiario, el secretario de la Defensa Nacional, General Gerardo Vega García, confirmó que desde hace más de cuatro décadas no se aplica en México la pena de muerte y que el procedimiento con que se conmuta esa condena es por el de 20 años de prisión.
A mayor abundamiento, en breve entrevista en el marco de los actos conmemorativos del XCIII aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el General Gerardo Vega García señaló que los artículos del Código de Justicia Militar establecen que hay procesos y que se tienen cumplir.
Precisó que, en los casos en que se ha presentado la condena de pena de muerte, el Consejo de Guerra es el que la formula; de ahí se pasa a una segunda instancia en los tribunales y, posteriormente, "hago una solicitud para llevarla al Presidente para que la pena de muerte se conmute por la de 20 años de cárcel".
Indicó que, en cuanto al Subteniente de Caballería Herón Varela Flores, éste debió haber acudido a sus superiores para denunciar las anomalías que percibía, pues "no se justifica que haya asesinado a alguien de esa forma, de ninguna manera".
Aseguró que, de haberlo hecho, "se le habría atendido", e insistió en que hace más de 40 años que en México no se aplica la pena de muerte.
A pregunta expresa sobre cuántas personas tienen en su contra una condena de esta naturaleza, el secretario de la Defensa Nacional reconoció: "No sabría ahorita... No puedo decirlo, pero debemos de tener como cuatro o cinco todavía".
En tales circunstancias y conforme al artículo 45, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional que rinda un informe pormenorizado a esta soberanía, del caso de Herón Varela Flores y de los casos de los sentenciados a pena de muerte, a efecto de que, de ser necesario, con dicha información, para no solamente tener conocimiento sobre el exacto cumplimiento de la legalidad, sino -además- contar con elementos casuísticos que, concatenados con un estudio profundo, nos arroje una revisión con propuesta concreta a la legislación de justicia militar.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, comprometido con acciones que nos lleven a fortalecer una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza, es fundamental respaldar proyectos que tengan realmente un beneficio para la sociedad y el país.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los al calce firmantes, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentamos ante este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional que remita a esta soberanía documentación pormenorizada sobre el caso de Herón Varela Flores y de los casos de los sentenciados a pena de muerte por un tribunal de justicia militar.
Solicito que la presente proposición con punto de acuerdo sea turnada a la Comisión de Defensa Nacional, para su análisis y dictamen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días de diciembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Defensa Nacional. Diciembre
15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL DOCUMENTACION PORMENORIZADA EN RELACION CON LA VENTA DEL PADRON
ELECTORAL A LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE CHOISE POINT, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la LIX legislatura del H. Congreso de La Unión, la siguiente propuesta con punto de acuerdo.
Presuntamente se tiene conocimiento de que el pasado 13 de abril la empresa Choice Point declaró haber adquirido bases de datos personales de los ciudadanos mexicanos en instancias del Instituto Federal Electoral.
La empresa Choice Point, radicada en la ciudad norteamericana de Georgia, tiene como principal negocio la recopilación de información personal para luego venderla con fines de marketing. Sin embargo, el negocio se amplió para abarcar también la asistencia a los servicios de inteligencia. Desde hace 18 meses y bajo un contrato de más de un millón de dólares con el gobierno norteamericano, la empresa viene realizando una recopilación sistemática de datos personales en al menos 9 países latinoamericanos.
En abril del 2001 un artículo en el Wall Street Journal reportó que la empresa Choice Point suministraba información personal al menos a 35 oficinas del gobierno estadounidense. Más tarde, el mismo periódico afirmó que las empresas vendedoras de datos personales "se especializan en lo que la ley no permite hacer por sí mismo al gobierno -recopilación, ordenamiento y agrupación de información de individuos de fuente en fuente."
Desde el año 2000 diferentes ONG en los Estados Unidos, principalmente el Centro de Información Privada Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), han hecho solicitudes de información pública a las entidades de gobierno que presuntamente mantienen contratos millonarios con la empresa Choice Point rastreando no solamente el uso de esas bases de datos adquiridas, sino también la endeble exactitud en los datos personales que algunas veces contienen éstas.
La comercialización de bases de datos personales conlleva el riesgo de ser utilizadas para fines de estudio de mercado, difusión de publicidad no deseada, incluso, pueden llevar a políticas discriminatorias de ciertas sociedades, entre otros daños personales a la vida privada de los individuos. Además, no existe ninguna garantía de que la información contenida en ellas sea exacta y verídica.
Asimismo, el 16 de abril del año en curso, en declaraciones oficiales sobre una investigación por la venta de los listados del padrón electoral, de licencias y teléfonos de unos 60 millones de mexicanos, la empresa Choice Point, que vendió esta información al gobierno estadounidense, reveló que hasta ese momento ningún funcionario del gobierno de México se había comunicado con sus dirigentes para iniciar esta indagatoria.
"No hemos sido contactados por ningún representante del gobierno" mexicano, afirmó James Lee, jefe de mercadotecnia de Choice Point, en entrevista con La Jornada. "Nuestra posición ha sido que obtuvimos los datos de una empresa mexicana, la cual certificó que los había obtenido legalmente. Si los funcionarios ahí (en México) tienen una opinión diferente, y necesitan más información de nosotros, estamos dispuestos a cooperar y ansiosos por ayudar a resolver este asunto", agregó.
La empresa, con sede en Atlanta, ofrece información del padrón electoral, así como de licencias de conducir, números de teléfono y otros datos de aproximadamente 60 millones de ciudadanos mexicanos al gobierno federal estadounidense, principalmente al Departamento de Seguridad Interna, para verificar que alguien es ciudadano de otro país, explicó Lee. El contrato de Choice Point con el gobierno estadounidense para ofrecer estos datos de México ha estado en vigor desde 2001, indicó.
Estos datos, según una copia del contrato entre Choice Point y el gobierno de Washington, obtenida por La Jornada, incluye un "listado nacional de todo ciudadano mexicano registrado para votar a partir de las elecciones nacionales de 2000", el cual es "actualizado anualmente". Los datos del padrón electoral incluyen el nombre completo, domicilio legal, fecha y lugar de nacimiento, género y número de identificación federal.
Los datos de los registros de licencias de manejo son más limitados: "El banco de datos contiene sólo licencias emitidas en la ciudad de México desde 1997"; explicó Choice Point que, en el caso de las licencias, los datos son "actualizados mensualmente".
Lee confirmó los detalles del contrato, el cual estipula que la empresa ofrece el nombre completo, número de licencia de conducir, fecha de nacimiento, género, ocupación y el número de teléfono de unos 6 millones de personas con licencias registradas en el Distrito Federal.
La compra de una parte significativa de la información del padrón electoral del país y de otras bases de datos, como licencias de conducir y registros de vehículos del Distrito Federal, por la empresa estadounidense Choice Point -entidad que la habría a su vez vendido al gobierno de Washington- constituye un acto a todas luces delictivo que atenta contra la soberanía nacional y la privacidad de los mexicanos y supone una grave injerencia -así sea indirecta- en los asuntos internos de México, que socava y adultera los esfuerzos de cooperación y entendimiento.
El pasado 15 de mayo del año en curso, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) envió a la Procuraduría capitalina un desglose de la averiguación sobre la presunta venta ilegal del registro de licencias de conducir a la empresa estadounidense Choice Point, por tratarse de un delito del orden común.
El 24 de noviembre del año en curso, la fiscalía de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) solicito un arraigo por 30 días, por el delito de traición a la patria, a las personas implicadas en la venta de registros confidenciales de electores mexicanos a la empresa Choice Point, con sede en Atlanta, Georgia.
Tres personas fueron arraigadas el 24 de noviembre del año en curso, en la Ciudad de México; al parecer son empleados de una de las empresas que vendió en el 2001 la información del padrón a Choice Point; ante funcionarios de la PGR pidieron no ser identificados.
Es por esa razón, conforme al artículo 45, fracción 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se propone solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que rinda un informe pormenorizado del caso de la empresa Choice Point a esta Soberanía.
Por otra parte, es indispensable que el Instituto Federal Electoral (IFE) y las autoridades judiciales competentes investiguen con profundidad esta situación, a fin de clarificar qué información fue efectivamente transferida a Choice Point, dilucidar si en la entrega de los datos en cuestión hubo participación, complicidad o tolerancia de funcionarios públicos, individuos vinculados a partidos políticos o empresas, y aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho a quienes resulten responsables.
Se desconoce también si la Cancillería ha presentado al menos un extrañamiento ante el gobierno de Estados Unidos, pues resulta inaceptable que los datos confidenciales de los mexicanos, que son entregados de buena fe por los ciudadanos del país, lleguen a manos de entidades oficiales extranjeras sin que éstas tengan siquiera la deferencia de entrar en contacto con sus contrapartes mexicanas para verificar la legalidad y la pertinencia de tal operación.
La actitud de Washington al contratar esos datos a la empresa Choice Point agravia a México, vulnera los acuerdos binacionales de cooperación, en cuyo marco, y hasta donde la ley y la soberanía nacional lo permitan, podrían en todo caso haberse suscrito convenios de intercambio de información de manera transparente, justa y equitativa sin incurrir en una práctica que bien podría ser considerada espionaje, encubierto tras un membrete comercial.
Por otra parte, es también preocupante la lentitud con que las autoridades del país han afrontado este suceso, si se tiene que tomar en cuenta la gravedad del caso y sus posibles repercusiones que afectan nuestra soberanía nacional.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es fundamental respaldar proyectos que realmente tengan un beneficio para la sociedad y el país.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los al calce firmantes, diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, nos permitimos presentar ante este honorable Pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que remita a esta soberanía documentación pormenorizada del estado que guarda la averiguación previa, iniciada con motivo de la presunta venta del padrón electoral del Instituto Federal Electoral, realizado por la empresa Choice Point.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal Electoral (IFE) que remita a esta soberanía documentación pormenorizada sobre las medidas de seguridad y previsión tomadas para evitar que se repita la fuga y/o comercialización de la información contenida en el Registro Federal de Electores.
Solicitando sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictamen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos
Humanos, y de Gobernación. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2004 SE DE PRIORIDAD AL GASTO DESTINADO A LA ATENCION
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION MAS VULNERABLE, PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE
2003
Evangelina Pérez Zaragoza, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y las diputadas y los diputados que firman al calce, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, a fin de que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se dé prioridad al gasto destinado a la atención y defensa de los derechos de la población más vulnerable. En los últimos años, por lo que se refiere a la materia presupuestaria, la Cámara de Diputados pasó de ser mero instrumento formal para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación a convertirse en un actor real, ejerciendo con plenitud su facultad exclusiva de "examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior", como dicta la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Amigas y Amigos Legisladores:
Tomando en cuenta la enorme influencia del Presupuesto federal en el desempeño presente y futuro de la economía y en el bienestar social, los invito a que actuemos con la prudencia y responsabilidad a que conlleva esa obligación constitucional.
Considerando, además:
Primero. Que la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad son fenómenos sociales cuyos efectos si bien afectan de forma negativa a la sociedad en su conjunto, se agravan en grupos especiales de la población, como los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas y los niños, los indígenas y las mujeres pobres con niños a su cargo y responsables del sostenimiento familiar.
Segundo. Que la atención de esos grupos se posiciona como uno de los principales temas de la agenda de los gobiernos. En el caso de nuestro país, la acción pública ha empezado a centrarse en ellos. El Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, ha tenido una sensibilidad y un interés especial, ya que cuenta con Comisiones ordinarias de Atención a Grupos Vulnerables, de Asuntos Indígenas, y de Equidad y Género.
Tercero. Que, por tener problemáticas y necesidades particulares, es indispensable emprender acciones diferenciadas y destinar presupuestos específicos para contrarrestar la problemática que esa población enfrenta.
Cuarto. Que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 11 de junio de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual tuvo el consenso de todos los grupos parlamentarios y se dictaminó y aprobó por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Esa ley tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Quinto. Que el artículo 3° de la ley citada establece, entre otras cosas, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal se incluirán las asignaciones correspondientes a fin de promover las medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y las libertades consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales.
Sexto. Que, con la entrada en vigor de esa ley, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación encargado de dictar las resoluciones que se formulen en los términos de la ley, en los procedimientos de reclamación o queja, cuyo consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.
Séptimo. Que en la presente administración federal se han creado o reformado, entre otros, los siguientes organismos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Comisión Nacional Forestal, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Octavo. Que, a partir de marzo de 2003, está vigente la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con objeto de reconocer y proteger la lengua de los pueblos y las comunidades indígenas y promover su uso y desarrollo. Con ella se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para impulsar el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas.
Por ello, con base en la fundamentación y los argumentos expuestos, presentamos para la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La H. Cámara de Diputados instruye a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que defina una propuesta de asignación de recursos para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tomando en consideración la opinión, en su calidad de coordinadora de sector del organismo, de la Secretaría de Educación Pública.
Segundo. Que, en caso de una estimación de mayores ingresos presupuestarios respecto a la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, esos excedentes se distribuyan prioritariamente en el gasto social, en especial en los programas y las políticas de atención y defensa de las personas más desprotegidas y vulnerables que incidan en su bienestar y desarrollo y en el ejercicio pleno de sus derechos.
Señor Presidente, por el tiempo limitado para la aprobación del Presupuesto y dado que el periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre, solicito que el artículo 1° sea considerado como de obvia y urgente resolución para que se le dé cumplimiento y se considere la aprobación de los restantes artículos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: Evangelina Pérez Zaragoza, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Virginia Yleana Baeza Estrella, Magdalena Adriana González Furlong (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A REVISAR LOS METODOS DE MEDICION
DEL AGUA PARA USO AGRICOLA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LlX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurrirnos a solicitar que se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En una sociedad donde el uso del agua es eficiente, el recurso se utiliza en las actividades a las cuales la misma sociedad les asigna un valor mayor y se busca que dicho recurso se aproveche en forma sustentable.
El desarrollo de las naciones implica un proceso dinámico donde siempre nacerán nuevas actividades, otras desaparecerán y la mayor parte de las que subsisten evolucionarán continuamente. La utilización eficiente del agua requiere que los usos de la misma se transformen de forma compatible con la evolución de las actividades, de tal forma que el recurso se reasigne de manera sustentable a las actividades donde más se valora; y tanto el marco normativo como la gestión gubernamental de toda sociedad deben propiciar la mejor utilización del recurso.
Si bien la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, incorpora algunos elementos para propiciar el uso eficiente del agua, esta ley y las demás disposiciones jurídicas federales que norman la materia1 contienen vacíos jurídicos o establecen preceptos que promueven una gestión gubernamental inadecuada, así como el uso ineficiente del recurso. La aseveración anterior es evidente y desgraciadamente más costosa para la sociedad, con relación al uso agrícola.2
Lo anterior se agrava por la inexistencia de medición exacta en el sector agrícola, así como por la falta de un mercado de agua robusto; siendo este último problema fomentado por la dificultad de cambiar el uso agrícola del agua hacia usos socialmente más rentables.
La Ley de Aguas Nacionales establece que es de utilidad pública la instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad de las aguas nacionales y señala el deber de los concesionarios o asignatarios de permitir la lectura y verificación del funcionamiento de los medidores. Asimismo, consigna la obligación de los concesionarios y asignatarios de tener los medidores o dispositivos de medición requeridos por las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables en la materia, y otorga a la Comisión Nacional del Agua la capacidad de sancionar la ausencia y la alteración de dichos dispositivos. Por consiguiente, es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua verificar el cumplimiento de dichas normas.
Aunque la Comisión Nacional del Agua reconoce la importancia de que se mida el agua que se consume, los avances presentados han sido limitados. Según la CNA, actualmente se lleva el registro periódico de las lecturas de los medidores instalados en 2,204 aprovechamientos de aguas nacionales, correspondientes en su totalidad a usuarios industriales, comerciales y de servicios, y se está realizando una campaña de promoción permanente para la instalación, operación y mantenimiento de medidores, haciendo énfasis en el sector agrícola.3
Tomando en cuenta la sobreexplotación de los acuíferos y en virtud de que no todos los usuarios agrícolas cuentan con dispositivos de medición exacta, la instalación de dispositivos de medición es importante, debido a que facilitará tanto la inspección de que las extracciones de agua no superen los volúmenes autorizados, como la verificación entre los mismos usuarios.
Por todo lo anterior, es que solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a revisar los métodos y procedimientos de medición del agua, adaptables a la infraestructura hidráulica existente en puntos de control sobre cauces naturales, canales principales, canales laterales y en tomas directas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de diciembre de 2003.
Notas:
1 Ley Federal de Derechos, decretos de veda y
de reglamentación de las extracciones, Reglamento de la Ley de Aguas
Nacionales, normas oficiales mexicanas de descargas y reglamentos de riego
y sus asociaciones.
2 El 83% del agua utilizada se destina al uso agrícola
y generas sólo un 3% del PIB (Eficiencia y uso sustentable del
agua en México: participación del sector privado, Cespedes
CCE, CMIC. México. 1998, p. 26). Las pérdidas en el sector
agrícola son equivalentes al 86% del volumen total del agua que
se desperdicia en el país.
3 Gerencia de Recaudación y Control de la CNA.
Oficio BOO.02.02.02(834)2290.16/20/2000.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA ELIMINAR DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2004 LA PROPUESTA DE EXTINCION DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL TRANSPORTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JUAN AVILA CAMBEROS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2003
Antecedentes
I. El Ejecutivo federal, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitió la iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 a la Cámara de Diputados, a efecto de que ésta lo examine, discuta y, en su caso, apruebe.
II. En la iniciativa mencionada, el Gobierno de la República ha planteado a esta soberanía la desincorporación de diversas entidades del sector público y la extinción de otras, a fin de liberar recursos para mejorar e incrementar la atención de los sectores del país más necesitados.
III. El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) es una entidad del sector público y el Ejecutivo plantea su extinción, como se menciona en la fracción II del artículo tercero transitorio de la iniciativa citada.
Lo mencionado se considera inconveniente por las siguientes
Consideraciones
I. El IMT se creó mediante acuerdo presidencial el 15 de abril de 1987, para apoyar el desarrollo integral del sector transportes, generando acciones de investigación científica aplicada, desarrollo de tecnologías, capacitación, formulación de normas técnicas y prestación de servicios científicos y tecnológicos, entre otros.
II. Sus actividades se llevan a cabo en tres vertientes, fundamentales para el desarrollo del país: la investigación y el desarrollo de tecnologías de proceso y la evaluación de la oferta y la demanda de todos los medios de transporte (carretero, ferroviario, portuario y aéreo). Además, es pieza clave en la capacitación de los agentes económicos que participan en el sector.
III. En la operación del IMT destaca sin duda el estudio de acciones que evalúan la oferta y la demanda de transporte, lo que representa beneficios no sólo para el Gobierno Federal sino, también, para los estatales y los municipales, a los que proporciona asimismo servicios, pues en dicha institución se evalúan la extensión, calidad, vulnerabilidad, conectividad y capacidad de respuesta de toda la infraestructura de transporte público y privado a escala nacional.
IV. Esa actividad del IMT permite identificar los nichos de oportunidad para los inversionistas y definir la seguridad de operación y rentabilidad de las inversiones en los sectores público y privado, mediante los productos que ofrece, como mapas de infraestructura y estadísticas del sistema, indispensables no sólo para la planeación y el desarrollo del sector sino también de la economía del país.
V. El IMT atiende entre 80 y 85 por ciento de los requerimientos del mercado nacional, al que proporciona de manera única los servicios de valoración del estado de la infraestructura del sistema de transportes.
VI. La desaparición de la institución implicaría dejar al país sin una empresa pública y privada que estuviera en condiciones de llevar a cabo las tareas fundamentales que aquélla tiene a su cargo hasta hoy, con lo cual México perdería la única entidad del ramo que, junto con las tareas de investigación y desarrollo tecnológico, estudia los niveles de seguridad del sistema.
VII. El importe anual de la operación del IMT es del orden de 102 millones de pesos, cifra que -seguramente- resultaría más elevada si los tres niveles de gobierno y las empresas paraestatales tuvieran que contratar con particulares los servicios que el IMT les proporciona actualmente.
VIII. La extinción del IMT implicaría también la suspensión de gran cantidad de proyectos actualmente en proceso, vinculados con la sustentabilidad del sector transportes. Entre ellos destacan 10, de los cuales 1 será financiado con fondos internacionales en 2004.
IX. Países como Estados Unidos dedican cuantiosas inversiones a la investigación, las estadísticas y el desarrollo de tecnologías, que alcanzan 2.8 por ciento de su PIB: En México se destina sólo un monto equivalente a 0.3 por ciento del PIB lo cual, traducido a volúmenes de inversión, representa una situación claramente desventajosa para nuestro país, que apenas si invierte cerca de 1.07 por ciento del monto total que aplica en esos rubros el principal socio comercial que tenemos.
X. El IMT ahora ya no depende exclusivamente de los recursos fiscales que le proporciona el Gobierno Federal pues, según las cifras disponibles, los ingresos propios que hoy genera representan 12 por ciento de su presupuesto, con una clara tendencia a incrementarse con rapidez en los próximos años.
Así, mientras que en 1996 los recursos propios del IMT significaban sólo 2.5 por ciento de su presupuesto, en la actualidad rebasan 12 por ciento, lo cual muestra una clara tendencia a lograr en el mediano plazo mayor autosuficiencia financiera, situación que se reflejará en un programa adecuado que presentará el IMT ante esta honorable Cámara en un plazo no mayor de 90 días y que, desde luego, se compromete formalmente a cumplir.
Si a lo anterior se agrega un esfuerzo verdadero del IMT para tornar eficiente su organización, reducir costos y promover más en México y en el extranjero los servicios que proporciona, a fin de ampliar su clientela y allegarse con ello de más recursos para depender cada vez menos del Presupuesto federal, se concluye que por ningún motivo podemos darnos el lujo de perder tan importante centro de investigación.
Su situación es muy similar a la que presenta actualmente el Fideicomiso para la Formación y Capacitación del Personal de la Marina Mercante Nacional, mejor conocido como Fidena, que también debe adelgazarse, actualizarse y volverse eficiente pero no desaparecer, pues ello causaría un daño grave no sólo a la marina mercante sino al país entero.
Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea tener por presentado el siguiente punto de acuerdo, bajo estos términos:
Artículo Unico. Se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a tomar las medidas pertinentes que eviten la extinción del Instituto Mexicano del Transporte, considerada en la iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. Asimismo, se les pide que establezcan los mecanismos necesarios que faciliten e impulsen su fortalecimiento y autosuficiencia financiera, por así convenir a los intereses de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: José Rubén Figueroa Smutny, Jesús Angel Díaz Ortega, Francisco Juan Avila Camberos, Jaime del Conde Ugarte, Sofía Castro Ríos, José Orlando Pérez Moguel, Renato Sandoval Franco, Alfredo Fernández Moreno, Diego Palmero Andrade, Carla Rochín Nieto, Federico Döring Casar, Jesús Antonio Nader Nasrallah, Gelacio Montiel Fuentes (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
DISCRIMINACION DE SEROPOSITIVOS EN LAS FUERZAS ARMADAS, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO RAFAEL GARCIA TINAJERO PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD,
EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
El VIH-sida representa un grave problema para nuestro país. Su crecimiento acelerado implica una gran carga para el sistema de salud. Por ejemplo, en 1983 se diagnosticó el primer caso, para fines de 1988 había 1837 casos; para 1996 esta cifra se elevó a 26, 651 casos acumulados. En el dos mil la cifra ascendía a 42,672 casos y las últimas cifras de la Ssa reportan 69,795 casos reportados de sida y se cree que existen alrededor de 150,000 individuos infectados que no lo saben.
Se estima que el número de mexicanos enfermos de sida crece a una tasa anual del 23%, es decir, para fines del 2004 habrá 16052 casos más reportados.
Prevenir y combatir la epidemia, requiere cuantiosos recursos económicos, situación que desconocen u omiten el titular del Ejecutivo y su secretario de Salud en la propuesta de Presupuesto de Egresos, situación que como legisladores estamos obligados a enmendar.
Si la situación de los infectados con VIH-sida es grave, lo es, más aún cuando, por esta condición, se les estigmatiza y violan sus derechos humanos. Tal parece que al interior de instituciones tan prestigiadas como lo son las que integran nuestras Fuerzas Armadas podrían estarse dando hechos de esta naturaleza.
Esta situación ha sido denunciada ante el GPPRD y la opinión pública por un grupo de 26 militares seropositivos y su representante legal. Señalan en principio que se les practica de manera obligatoria la prueba, por citar un ejemplo, durante los trámites dé promoción de grado.
Señalan que una vez detectados como seropositivos se les aísla y sin su consentimiento se informa a terceros, en general a mandos superiores y a familiares. Posteriormente son sometidos a un proceso durante el cual existen practicas discriminatorias y termina con la baja por inutilidad.
Esta situación se ha acrecentado a partir de la modificación al artículo 226 de la Ley del ISSSFAM, la cual entró en vigor en julio de este año, y que cataloga a la seropositividad para VIH-sida como causa de baja en las Fuerzas Armadas por inutilidad.
En la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución estamos convencidos que, sin importar raza, religión, opinión, ideología, orientación sexual, género, edad, estado civil, etcétera, las personas que viven con VIH-sida tienen los mismos derechos que aquellas y aquellos no afectados por el virus.
Además existe legislación nacional y tratados internacionales firmados por nuestro país que dan carácter de obligatoriedad jurídica y moral al combate contra cualquier forma de discriminación.
En una declaración de compromiso firmada por 167 países, entre ellos México, Onusida expone, en su estrategia de acciones y compromisos para el periodo del año 2003 al 2010, lo siguiente: "se deben promulgar, fortalecer o hacer cumplir, según proceda, leyes, reglamentos, y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH-sida y los miembros de grupos vulnerables, y asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales; en particular, darles acceso a, entre otras cosas, educación, derecho de sucesión, empleo, atención de salud, servicios sociales y de salud, prevención, apoyo, tratamiento, información y protección jurídica, respetando al mismo tiempo su intimidad y la confidencialidad, y elaborar estrategias para combatir el estigma y la exclusión social asociadas a la pandemia".
Como podemos observar, de acreditarse la discriminación de militares que son portadores del VIH, ello representaría una violación de derechos humanos inaceptable y contravendría compromisos y disposiciones nacionales e internacionales.
Hemos consultado a militares titulares de las dependencias involucradas en este tema, quienes ofrecen una versión distinta y contraria a lo que plantean los denunciantes. Por este motivo nos parece imprescindible dar curso a una solicitud de investigación para determinar si las denuncias son ciertas y, de serlo, dilucidar si se trata de conductas de individuos o, lo que seria más grave, de las instituciones.
Por lo anterior:
El suscrito diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este órgano colegiado la siguiente
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Uno.- Solicitar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y al de la Secretaría de Marina que informen sobre la situación de los militares que han sido detectados VIH positivos y sobre el número de bajas dadas hasta la fecha por ese motivo.
Dos.- Solicitar a los mismos titulares que los militares con VIH-sida dados de baja antes de la reforma a la ley del ISSSFAM se les otorgue la protección de salud debida puesto que antes de la reforma tales bajas no estaban justificadas.
Tres.- Que atendiendo a los acuerdos internacionales firmados por México se pida los secretarios de Marina y de Defensa Nacional que ordenen que se suprima la obligatoriedad de las pruebas de VIH a que son sometidos los militares y que dicha detección se ajuste a las directrices nacionales e internacionales de voluntariedad y confidencialidad.
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional,
y de Marina. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE ESTA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE EN CONTRA DE LA APROBACION DEL
ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2004, PARA IMPEDIR
LA DESINCORPORACION O CUALQUIER OTRA OPCION QUE MODIFIQUE LA CONSTITUCION
ACTUAL DEL COLEGIO DE POSGRADUADOS DE CHAPINGO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO
JORGE DE JESUS CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA
SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
El Ejecutivo federal ha hecho llegar a esta honorable Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en el que llama la atención la desincorporación de 16 instituciones paraestatales, propuesta en el artículo segundo transitorio de dicho proyecto.
Como agrónomo comprometido con las causas justas de la gente del campo, voy hacer una mención especial del Colegio de Posgraduados de Chapingo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde su fundación en 1959, el Colegio de Posgraduados ha contribuido al desarrollo del país, a través del establecimiento de programas académicos para la formación de maestros y doctores en ciencias agropecuarias y forestales con reconocimiento nacional e internacional, contando para dicho desarrollo con campus en México, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Córdoba, Tabasco y Campeche; una planta de 626 docentes investigadores, de los cuales 292 son doctores, 243 maestros en ciencias (de ellos 114 están haciendo estudios doctorales) y 81 profesionales a nivel licenciatura. De los doctores, más del 80% se han formado en las Universidades más prestigiadas de países como Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Canadá, entre otros, y cuya preparación ha costado a la sociedad mexicana fuertes sumas de recursos económicos y sacrificios sociales.
Su excelencia académica está sustentada en los 21 programas de maestría y doctorado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado del Conacyt, teniendo entre ellos al único posgrado en México con competencia a nivel internacional dentro del área agrícola. Como centro público de investigación ha recibido calificaciones de excelente en las evaluaciones trimestrales a las que está obligado con base en su convenio de desempeño. Del total de profesores del Colegio, 63% son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, por su alta productividad científica y académica. Varios profesores han recibido altos reconocimientos: dos recibieron el Premio Nacional de Ciencias, uno el premio internacional del IICA, entre otros. El Colegio, la institución educativa del sector agropecuario y forestal que cuenta con la mayor proporción de investigadores en el SNI, ha formado a 4,300 graduados, que contribuyeron al desarrollo económico y social a lo largo y ancho del país como investigadores, profesores, asesores, funcionarios públicos, empresarios y otros. También edita la revista científica Agrociencia, que a partir de 2003 fue admitida en el índice internacional más exigente, el Indice Científico Internacional (ISI, por sus siglas en inglés).
Actualmente el Colegio de Postgraduados tiene inscritos a 765 estudiantes en maestría y 250 de doctorado, en 21 programas de excelencia, lo cual significa un crecimiento en la matrícula de 66% en los últimos 10 años. Los estudiantes extranjeros representan alrededor del 10% de dicha matrícula. El Colegio contribuye con más de 200 graduados por año, con una eficiencia terminal de por lo menos 70%. Para lograr la graduación se exige un minucioso trabajo de investigación de tesis y un examen de grado muy riguroso, lo cual da como resultado la generación de conocimientos muy significativos, que han recibido reconocimiento nacional e internacional y han servido de base para investigaciones futuras y para el desarrollo tecnológico.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que este honorable pleno se pronuncie en contra de la aprobación del artículo segundo transitorio del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2004, impidiendo la aprobación de su fracción XVI, que pretende desincorporar o modificar la constitución actual al Colegio de Posgraduados de Chapingo
Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Desarrollo Rural, a fin de que inicie el análisis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incorporar al Colegio de Posgraduados en su marco jurídico.
Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE ESTA SOBERANIA EXHORTE A LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURIA FEDERAL
DE PROTECCION AL AMBIENTE A QUE INVESTIGUEN Y, EN SU CASO, FINQUEN RESPONSABILIDADES
EN VIRTUD DEL GRADO DE CONTAMINACION AMBIENTAL QUE HAN OCASIONADO LOS TRABAJOS
DE PEMEX EN LA SONDA DE CAMPECHE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ABRAHAM BAGDADI
ESTRELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE
DICIEMBRE DE 2003
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea una propuesta con punto de acuerdo con la finalidad de que esta soberanía exhorte a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que investiguen y, en su caso, finquen responsabilidades en virtud del grado de contaminación ambiental que han ocasionado los trabajos de Pemex en la sonda de Campeche, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La historia de desencuentros de Petróleos Mexicanos en Campeche no es reciente, sin embargo la problemática que ha traído a los habitantes de la zona ha crecido de manera sistemática con el tiempo.
A finales de los años 70 Pemex llega a Campeche a efecto de iniciar uno de los principales proyectos petroleros del país, el denominado Cantarell.
Cantarell constituye el yacimiento más grande del país y el sexto en importancia mundial. Las operaciones en el campo se iniciaron en 1979, y en dos años alcanzó una producción de 1.15 millones de barriles diarios.
En 1995 se reinicia la perforación de pozos de desarrollo como parte de un programa que permite acelerar la recuperación de las reservas.
En febrero de 1996 se hace una revisión exhaustiva de las condiciones de explotación del campo, y se concluye que era necesario el mantenimiento de presión en Cantarell, y validó el volumen original, el cual era de 35 millones de barriles de crudo; esto es, la necesidad de inyectar gas, porque se necesitaba mantener la presión, a través de inyección de gas y no de agua, con esto se esperaba una mayor eficiencia de recuperación, del orden del 50 al 55 por ciento, en tanto que con el agua se tendría de 40 a 45 por ciento.
El año de 1997 marcó el inicio de una nueva fase de expansión de la industria petrolera mexicana, mediante la ejecución de importantes megaproyectos de gran envergadura para incrementar los volúmenes de producción de crudo y gas y mejorar la calidad de los combustibles.
Por su importancia estratégica y económica, se inició el proyecto Cantarell para renovar, modernizar y ampliar la infraestructura de este complejo, con el fin de mantener la presión en este yacimiento, ubicado en la Sonda de Campeche, a través de la inyección de nitrógeno.
Sin embargo, como resultado negativo de estas medidas, al día de hoy múltiples voces se han levantado para aducir argumentos del alto grado de contaminación en la zona originado por Pemex desde sus inicios y hoy potenciados por la sobreexplotación de los yacimientos asentados en el litoral de la sonda de Campeche.
En días pasados acudí ante esta honorable asamblea para denunciar que el problema de la contaminación en la sonda de Campeche es muy grave, y que ahora el gobierno, sobre la base de medidas administrativas intersecretariales, pretende ocultar. Asimismo, referí que hoy día la sonda de Campeche se ha convertido en un basurero industrial.
Lo que hoy me trae a esta tribuna es el hecho de que en la última comparecencia del titular de la Sagarpa ante la Comisión de Pesca el Secretario Usabiaga aceptara que en la sonda de Campeche existe un problema importante de contaminación, cito textualmente al Secretario Usabiaga:
Como lo dije en su momento y hoy lo sostengo, es la primera vez en muchos años que un secretario de Sagarpa reconoce el problema de contaminación en la sonda de Campeche, sin embargo hasta el momento la Profepa permanece inmóvil a esta demanda de miles de campechanos, guardando un secreto sospecho con Pemex en el tema.
En Campeche, compañeros legisladores, Pemex nos ha traído migración alta y desordenada, marginación, daños ecológicos y perjudicado la pesca, nuestra actividad productiva más tradicional, por eso es tiempo de que las autoridades federales inicien un proceso serio en contra de la paraestatal y se realicen las acciones necesarias para compensar el grave daño ecológico que existe en la sonda de Campeche, ya basta de silencio y paliativos míseros para los pescadores campechanos; el problema de Campeche es un problema de México, más aún de México.
Considerando
Primero.- La creciente sobreexplotación de los yacimientos petroleros en la Sonda de Campeche.
Segundo.- Las afirmaciones del secretario de la Sagarpa ante la Comisión de Pesca de que en las nuevas zonas de exclusiones marítimas la pesca es una actividad inviable, por la alta contaminación ambiental.
Tercero.- La falta de información sobre el daño ecológico que ha ocasionado Pemex al lecho marítimo de Campeche.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea una propuesta con
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Cámara de Diputados federal exhorte a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que investiguen y, en su caso, finquen responsabilidades en virtud del grado de contaminación ambiental que han ocasionado los trabajos de Pemex en la sonda de Campeche.
Palacio Legislativo, a 15 de diciembre de 2003.
Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR
UNA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO A LAS INVESTIGACIONES
SOBRE EL ASESINATO DEL CARDENAL JUAN JESUS POSADAS OCAMPO, PRESENTADA POR
EL DIPUTADO FERNANDO ANTONIO GUZMAN PEREZ PELAEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Como es de todos conocido, el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, así como los señores Pedro Pérez Hernández, Martín Alejandro Aceves Rivas, Juan Manuel Vega Rodríguez, Francisca Rodríguez Cabrera, Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán.
Ante ese magnicidio, el entonces procurador general de la República (PGR), Jorge Carpizo McGregor, se presentó a los medios para señalar que el cardenal Posadas Ocampo había perdido la vida a consecuencia del fuego cruzado entre las bandas de narcotraficantes de los Arellano Félix y Joaquín "El Chapo" Guzmán, hipótesis a cuyo respecto el doctor Mario Rivas Souza, médico forense del estado de Jalisco, con más de 40 años de experiencia profesional, hizo pública su inconformidad, advirtiendo que el cardenal había recibido 14 disparos a corta distancia y directísimos, que incluso tenía una huella de pólvora en el mentón, lo que sucede cuando se dispara a menos de un metro de distancia.
Ante esa inconformidad, en julio de 1993, el procurador Carpizo McGregor presentó un nuevo informe, en el que se establecía que el cardenal Posadas Ocampo y el señor Martín Aceves habían sido confundidos con el narcotraficante conocido como Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Ante esos hechos y dada la incertidumbre reinante entre los ciudadanos respecto al móvil del asesinato del cardenal, la LIV Legislatura del Congreso de Jalisco creó una comisión especial encargada de dar seguimiento al caso del homicidio, integrada por cuatro diputados, la cual se dio a la tarea de solicitar en diversas ocasiones a la PGR información y aclaraciones, así como la práctica de diversas diligencias para conocer la verdad de los hechos.
Posteriormente, el 9 de julio de 1998, siendo titular de la PGR el licenciado Jorge Madrazo Cuéllar, se da una acción importante en la investigación del caso Posadas: la integración de un grupo interinstitucional, formado con la participación de la PGR, el gobierno de Jalisco, representantes del Episcopado Mexicano y el cardenal Juan Sandoval Iñiguez.
Ese grupo se encargaría de la revisión conjunta de la conclusión sustentada por la PGR, en el sentido de que "el homicidio del cardenal Posadas Ocampo es resultado de una confusión".
Sin embargo, como resultado de los trabajos de dos años de dicho grupo, no fue posible llegar a una conclusión conjunta, pues algunos de sus integrantes sostenían la hipótesis del homicidio doloso del cardenal y otros se inclinaban por la hipótesis del homicidio derivado de la confusión entre las bandas de narcotraficantes.
Así, una vez finalizados los trabajos del grupo interinstitucional, el gobierno de Jalisco sostuvo que el homicidio de Posadas Ocampo fue un crimen doloso, con 14 disparos directísimos y a corta distancia, en una operación que implicó premeditación, alevosía y ventaja, señalando que en el aeropuerto alguien hizo coincidir las bandas de narcotraficantes de El Chapo Guzmán y los Arellano Félix, en tanto que un tercer grupo ejecutor dio muerte al cardenal, generándose después la confusión.
En tanto, la PGR determinó el 15 de noviembre de 2000 mandar a la reserva el expediente, ratificando la hipótesis de la confusión, en espera de nuevos elementos que permitieran dar continuidad a la investigación.
Ya en la administración del Presidente Vicente Fox Quesada, el 25 de mayo de 2001 el Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad un acuerdo para solicitar al titular de la PGR, General Rafael Macedo de la Concha, sacar de la reserva el expediente del caso Posadas, para revisar las actuaciones a partir del análisis de diversa documentación que se decía contenía nuevos elementos de prueba y de las declaraciones de Enrique Harari Garduño y José Luis Thrión Muños, relacionados con el caso y recientemente detenidos por otros delitos.
Así, el 12 de junio de 2001 la PGR reabrió la investigación y ordenó que la información contenida en la indagatoria fuera actualizada y analizada nuevamente, lo que dio como resultado la detección de algunas irregularidades en la primera etapa de las investigaciones, como la sustracción o pérdida de la declaración del nuncio apostólico Girolamo Prigione y la "depuración" de 954 fojas del expediente, anomalía que dio por resultado el ejercicio de la acción penal contra cuatro personas, incluido un ex subprocurador, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Finalmente, el 23 de mayo del presente año, la PGR rindió un informe de avances del caso Posadas, en el cual se señaló que diversas líneas de investigación aún no estaban agotadas del todo, como la referente a la presunta presencia del entonces director de la Policía Judicial Federal en el lugar de los hechos, la existencia de un avión militar que escoltaba y sacó a El Chapo Guzmán de Guadalajara, las intervenciones de las líneas telefónicas del cardenal Posadas Ocampo desde la misma delegación de la PGR en Jalisco, la participación de la delegación Jalisco del Cisen en la investigación de los hechos y los viajes de elementos de la PGR a Guadalajara, incluido un subprocurador, para apoyar las investigaciones iniciales de la Procuraduría del estado antes que los hechos se llevaran a cabo. En esas líneas de investigación se continúa trabajando y recabando elementos de prueba.
Vemos con preocupación que han pasado ya 10 años de ese lamentable acontecimiento, el cual ha sido investigado por un número considerable de procuradores en turno y fiscalías especiales creadas al efecto, sin que el lamentable y muy grave crimen haya podido ser esclarecido aún.
El 26 de noviembre de 2003, los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios en la LIX Legislatura recibieron la petición de la Conferencia del Episcopado Mexicano, suscrita por su Presidente, José Guadalupe Martín Rábago, obispo de León; y su secretario, Carlos Aguiar Retes, obispo de Texcoco, para crear una comisión especial de seguimiento del caso Posadas o, incluso, solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 97 constitucional, para revisar el proceso de la investigación.
Hoy día, el caso Posadas se presenta en el primer gobierno de alternancia, electo democráticamente, por lo que es necesario que las instituciones encargadas de procurar justicia deban corresponder a la dignidad trascendental de su misión, actuando con responsabilidad e independencia para llegar al fondo del asunto y dar a conocer públicamente el motivo real que dio lugar al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más.
Así, ocurrimos ante esta tribuna retomando tan importante asunto, que conmocionó a los mexicanos y que hoy, tras una década, sigue indignando a la sociedad, a efecto de proponer la creación de una comisión especial en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados encargada de dar seguimiento exhaustivo a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en el caso del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, la cual observará en todo momento el debido respeto a las facultades constitucionales conferidas a la institución del Ministerio Público, en cuanto a la investigación y persecución de los delitos.
Estamos convencidos de la necesidad de coordinar esfuerzos en los diversos ámbitos de competencia para llegar al fondo del asunto y así lograr su esclarecimiento total, pues la realización de la justicia constituye una responsabilidad primaria del Estado.
Por lo mismo, la honesta, objetiva y fecunda realización de la justicia es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y a la sociedad en general.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, se somete a consideración del Pleno, con carácter de urgente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la LIX Legislatura, encargada de dar seguimiento, con el debido respeto a los ámbitos de competencia, a las investigaciones realizadas por las autoridades respectivas en el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. Dicha Comisión Especial, para cumplir su objetivo, podrá allegarse -en el ámbito de su competencia- de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades responsables de la investigación del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Además, podrá realizar reuniones con integrantes de organizaciones de carácter social y demás personas cuya atención se encuentre centrada en el esclarecimiento de ese homicidio.
Cuarto. La Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Quinto. La Comisión Especial estará integrada por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno la Junta de Coordinación Política.
Sexto. La Comisión Especial materia del presente acuerdo funcionará por el término estrictamente necesario para cumplir su objeto o, en su defecto, se extinguirá al término de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Séptimo. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Diputados: Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, Ramón González González, Rocío Guzmán de Paz, Patricia Garduño Morales, Gustavo de Unanue Aguirre, Angel Pasta Muñuzuri, María Guadalupe García Velasco, Raúl Chavarría Salas, Manuel González Reyes, Angel Juan Alonso Díaz-Caneja, Francisco Antonio Rojas Toledo, Rodolfo Esquivel Landa, Alfredo Rodríguez Pacheco, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Juan Bárcenas González, Sergio Alvarez Martínez, Felipe Díaz González, Salvador Márquez Lozornio, Yleana Baeza Estrella, Huberto Aldaz Hernández, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Francisco Javier Lara Arano, Julio González Garza, Isidro Camarillo Zavala, Bernardo Loera Carrillo, José Isabel Trejo Reyes, José María de la Vega Lárraga, Alfonso Moreno Morán, Francisco Avila Camberos, Edmundo Valencia Monterrubio, Lorena Torres Ramos, Alfredo Fernández Moreno, Francisco López Mena, Pablo Villanueva Ramírez, José Erandi Bermúdez Méndez, Marko Antonio Cortés Mendoza, Adriana González Carrillo, Raúl Leonel Paredes Vega, José Julián Sacramento Garza, Jesús Nader Nasrallah, Evangelina Pérez Zaragoza, Blanca Gámez Gutiérrez, Maki Ortiz Domínguez, Armando Rangel Hernández, Gisela J. Lara Saldaña, Rafael Sánchez Pérez, Jorge Luis Hinojosa Moreno, Concepción Cruz García, José Luis Treviño Rodríguez, Norberto Corella Torres, Ernesto Herrera Tovar, Sebastián Calderón Centeno, Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Francisco Javier Valdéz de Anda, María del Carmen Mendoza, Patricia Durán Reveles, Martha Leticia Rivera Cisneros, Renato Sandoval Franco, Edelmira Gutiérrez Ríos, Sheyla F. Aragón Cortés, José Francisco Landero Gutiérrez, Jaime del Conde Ugarte, Miguel Angel Rangel Avila, Irene Blanco Becerra, Guillermo Tamborrel Suárez, Norma Patricia Saucedo Moreno, Baruch A. Barrera Zurita, Jesús Vázquez González, Federico Döring Casar, Hidalgo Contreras Covarrubias, Rogelio Flores Mejía, Fernando Alvarez Monje, Margarita Saldaña Hernández, Rubén Alfredo Torres Zavala, Alvaro Elías Loredo, Sergio Vázquez García (rúbricas).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A PETROLEOS MEXICANOS A TOMAR MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL RIESGO
QUE REPRESENTAN LA VENTA, DESAPARICION O SUBUTILIZACION DE LA TERMINAL
MARITIMA DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO
A. POSADAS LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL LUNES
15 DE DICIEMBRE DE 2003
El suscrito diputado federal, Sergio Posadas Lara, acude a esta tribuna, en ejercicio de la facultad legislativa que le confirió la voluntad de los electores de la segunda circunscripción electoral y en su calidad de miembro del sector obrero y la coordinación de Tamaulipas de su partido, el Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados un punto de acuerdo para plantear el riesgo que representan la venta, desaparición o subutilización de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad Madero y, con ello, la pérdida potencial de miles de empleos en ese centro de trabajo.
Fundamentos
En sus declaraciones, al director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, desde el inicio de su administración hemos escuchado mencionar que la empresa se encuentra en problemas fiscales y financieros y, por ello, en una crisis económica. Sin embargo, cuenta con un centro de trabajo que tiene la capacidad no sólo de brindar el servicio de reparación a la flota petrolera nacional, sino que está en condiciones de atender todas las embarcaciones de cualquier país y, con ello, generar ingresos importantes a la empresa y proteger e impulsar empleos directos e indirectos y contribuir asimismo al crecimiento económico del país.
En Ciudad Madero, Tamaulipas, opera una terminal marítima donde se efectúa la reparación general de los buques tanque de Pemex, con capacidad para atender los barcos más grandes de cualquier dimensión y de cualquier nacionalidad, ya que su capacidad en el dique seco es de 55 mil toneladas en peso muerto.
La terminal se encuentra en la margen izquierda del río Pánuco, a tres kilómetros de su desembocadura hacia el golfo de México. Ahí, el dique tiene 250 metros de largo, 40 de ancho y 15 de profundidad y es el único que tiene Pemex en toda la República Mexicana.
Dotada con el equipo necesario para manejar entradas y salidas de las embarcaciones, la terminal marítima de Ciudad Madero cuenta con personal sumamente capacitado en todas las especialidades para la reparación eficiente de las embarcaciones, tanto en seco como a flote.
Todos los buques tienen que entrar en dique seco para cumplir los requisitos de las sociedades clasificadoras internacionales, como Lloyd?s Register London y American Bureau of Shipping. Esa observancia es indispensable para mantener la certificación del buque y garantizar el pago de la aseguradora en caso de averías, de accidente o, incluso, de pérdida total.
Las sociedades clasificadoras exigen mantenimiento en dique seco mínimo cada cinco años. Para ello se efectúa una inspección especial, donde se revisan el casco y los tanques, se verifica el espesor de placas estructurales, se ordena el cambio de acero donde no se cumplen las especificaciones establecidas, se verifican el estado de los componentes y el funcionamiento de la pala del timón y la bocina del eje de cola, y se solicitan las sustituciones necesarias.
Pese a la calidad y competitividad de la terminal marítima, servidores públicos adscritos a Pemex señalan que es improductiva y poco rentable para la empresa, amenazando con su eventual desaparición.
Con ese propósito de algunos funcionarios de Pemex es evidente que no se han analizado las verdaderas razones de esa llamada improductividad, como tampoco se reflexiona sobre la importancia real de la terminal para la distribución de productos derivados del petróleo ni mucho menos se quiere acepar que, históricamente, ese importante centro de trabajo ha brindado servicio de calidad a nuestra flota petrolera y a barcos de otras empresas o naciones.
Además, de permitirse el cierre de la terminal, en caso de urgencia las embarcaciones quedarían en espera de que se logren la aceptación y contratación de un lugar externo, ya sea en el extranjero o en el único de dimensiones suficientes que hay en México: Talleres Navales del Golfo, lo cual ocasionaría una serie de agravantes, como éstas:
Aumento en el costo operativo del buque por estar inactivo.
Contratación de un buque para suplir sus funciones, lo cual ocasiona fuga de divisas porque no hay de esos buques en México.
Modificación del programa de inspección en dique para cumplir los requisitos de las sociedades clasificadoras.
En 2001 se repararon en el dique de Curazao, por una falla del sistema de gobierno, el buque Nuevo Pemex II; en el dique Movile, de Alabama, Estados Unidos, el buque Chac; y en España, el buque Sebastián Lerdo de Tejada, con erogaciones millonarias en dólares.
En esa terminal, de 1993 a 1999 se repararon 38 buques, lo cual significa 5.4 por año.
En el periodo 2000-2003 se han reparado sólo 6 barcos, lo que significa 1.5 por año y representa una reducción de 260 por ciento de productividad. Esos otros fueron reparados en el extranjero, lo cual ocasionó un gasto enorme a Pemex y propició que dejaran de usarse además la mano de obra e instalaciones ahí existentes.
La atención de la flota menor, remolcadores, lanchas y chalanes, también ha presentado una disminución enorme pues, pese a contar en esa terminal marítima con un dique flotante de 60 metros de longitud, 16 metros de ancho y 850 toneladas de capacidad de transferencia, en una plataforma de 8 mil metros cuadrados de superficie, con personal calificado y experimentado, de 54 embarcaciones reparadas de 1993 a 1999, en el periodo 2000-2003 se han atendido sólo 6.
Eso demuestra que la caída de la productividad de la terminal marítima de Ciudad Madero coincide con su nueva administración, la cual no ha logrado establecer la dinámica y la capacidad de respuesta que ahí se brindaba a la flota petrolera nacional y a la extranjera antes de su arribo a esa empresa paraestatal.
La inexperiencia, el desconocimiento y la falta de voluntad laboral han sido las características de los actuales responsables de tan importante terminal marítima.
La actual administración de Pemex no sólo ha dejado de generar empleo, materia de trabajo y plazas nuevas, sino que quiere poner en riesgo las ya existentes y, además, trata de encubrir su incapacidad administrativa para tornar eficiente el funcionamiento del dique seco de Ciudad Madero, con decisiones sin fundamento, y gastando los exiguos recursos de la empresa de todos los mexicanos en reparaciones de buques en el extranjero.
Proposición
Por esas razones, y por la urgencia de resolver el problema número uno del país: el desempleo; y por la apremiante necesidad de crear opciones reales de ingreso de divisas a Pemex, me permito, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Tamaulipas y en el propio, someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual solicito se publique íntegra en la Gaceta Parlamentaria y se turne a las Comisiones de Energía, de Marina, y de Trabajo y Previsión Social.
Primero. Se exhorte a la administración de Petróleos Mexicanos a proteger, respaldar y conservar en forma funcional la terminal marítima de Ciudad Madero, así como a respetar el derecho al trabajo de quienes laboran en ese centro.
Segundo. Que Petróleos Mexicanos proporcione todos los recursos técnicos, las herramientas y los materiales de calidad para tornar óptimo y reforzar el funcionamiento de tan importante centro de trabajo y elevar su rentabilidad.
Tercero. Que Petróleos Mexicanos ofrezca y proporcione servicio a los buques tanque de cualquier empresa y nacionalidad para su reparación en esa terminal marítima, propiedad de la nación; y, con ello, obtenga ingresos importantes para mejorar y consolidar las actuales finanzas de la empresa orgullo y propiedad de todos los mexicanos, por el bien del país.
Cuarto. Se exhorte a Petróleos Mexicanos a que, sin excepción, cualquier reparación de los buques de la flota petrolera sea primero turnada a la terminal marítima de Ciudad Madero para que se determine si es factible en ella su reparación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de diciembre de 2003.
Dip. Sergio A. Posadas Lara (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía. Diciembre
15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE
EL CUAL SE SOLICITA A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA QUE SE
INCREMENTE EL MONTO DE LAS PARTIDAS DESTINADAS AL CANAL 11, RADIO EDUCACION,
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO Y TELEVISION METROPOLITANA, SA DE CV, EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2004, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL GOMEZ MORIN MARTINEZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE
2003
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente el monto de las partidas destinadas a XE-IPN Canal 11, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Metropolitana, SA de CV, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Consideraciones
De conformidad con la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe promover y atender todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación, así como alentar el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.
Asimismo, según se establece en el artículo 4° de la Constitución, el Estado debe velar por el respeto del derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades de salud, educación y sano esparcimiento, entre otras, para su desarrollo integral.
Es también responsabilidad del Estado generar las condiciones necesarias para que los individuos puedan ejercer, con la mayor extensión posible, la garantía de libre expresión de ideas que consagra el artículo 6° de nuestra Ley Suprema, así como garantizarles el pleno ejercicio del derecho a la información.
La radio y la televisión son, indiscutiblemente, medios a través de los cuales el Estado puede cumplir con las responsabilidades antes mencionadas y otras más que, por economía, se omiten.
En México existen aproximadamente 550 canales de televisión y 1,425 estaciones de radio en señal abierta. Una parte de estos canales y estaciones operan bajo concesión, y otra parte bajo permiso, ambos en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión.
Entre las permisionarias están XE-IPN Canal 11, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), y Televisión Metropolitana, SA de CV, que opera el Canal 22. Una de las principales razones de ser de estas permisionarias consiste en que, a través de sus estaciones y canales, el Estado cumpla con las responsabilidades a las que ya me he referido. No persiguen ese único propósito, ya que también buscan contribuir a formar una opinión pública objetiva y libre, ofrecer opciones de programación, comunicar asuntos de interés público, satisfacer requerimientos de comunicación de grupos y comunidades con necesidades específicas, entre otros.
Sin embargo, las permisionarias en comento tienen una serie de restricciones que les impiden atender cabalmente sus funciones. No cuentan con una infraestructura propia que le permita una cobertura nacional en señal abierta. Asimismo, sus instalaciones y equipos son insuficientes y obsoletos, tienen atraso tecnológico y poseen poca capacidad para producir y adquirir programas y otros materiales. A manera de ejemplo, la infraestructura del Canal 11 se limita a su transmisora en la Ciudad de México y a estaciones en Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Culiacán, Chetumal, Morelos, Playa del Carmen, Quintana Roo, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Tijuana y Valle de Bravo. Llega a otras plazas a través de televisoras operadas por gobiernos estatales y sistemas de televisión restringida.
Para estar en posibilidad de desarrollar satisfactoriamente sus funciones, las permisionarias que nos incumben requieren, entre otros, aumentar su cobertura con infraestructura propia, actualizarse tecnológicamente e incorporar nuevas tecnologías, ampliar y modernizar sus instalaciones, incrementar su capacidad de producción y compra de programas y materiales, desarrollar programas de capacitación de personal, así como abrir espacios a jóvenes comunicadores y productores independientes.
Todo lo anterior implica un costo económico que las permisionarias no pueden sufragar, ya que carecen de los recursos financieros que se requieren para ello. Por disposición de ley, tienen prohibido comercializar. Esto provoca que sus ingresos se limiten a los recursos provenientes del erario público, como fuente principal, así como a los pocos que obtienen a través de donativos, patrocinios y venta de servicios.
Los recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004 para las permisionarias que nos incumben, son a todas luces insuficientes: para Canal 11 están previstos 202 millones 415 mil pesos, de los cuales 197 millones son para gasto corriente. A Radio Educación le corresponden 42 millones 658 mil pesos, de los cuales 39 millones 132 mil pesos son para gasto corriente. El Instituto Mexicano de la Radio tiene asignados 90 millones 476 mil pesos, todos los cuales corresponden a gasto corriente. Canal 22 tiene un presupuesto de 144 millones 938 mil pesos, de los cuales 139 millones 927 mil pesos son para gasto corriente.
En conclusión, para que Canal 11, Radio Educación, el Imer y Canal 22 puedan cumplir satisfactoriamente sus funciones y, de esta forma, contribuyan de mejor manera para que el Estado cumpla con sus responsabilidades, es necesario fortalecerlas financieramente a través recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incremente el monto de las partidas destinadas a XE-IPN Canal 11, Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Metropolitana, SA de CV, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Dip. Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica)
Anexo
Requerimientos de recursos adicionales a los previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Televisión Metropolitana, SA de CV
46 millones
XE-IPN Canal 11
75 millones
Instituto Mexicano de la Radio
30 millones
Radio Educación
20.047 millones
Dichos recursos adicionales se sustentan y precisan en la información anexa.
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE ESTA H. CAMARA
DE DIPUTADOS FORME UNA SUBCOMISION A FIN DE ESTUDIAR Y PROPONER UNA LEY
ORGANICA PARA EL COLEGIO DE POSGRADUADOS, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, PT Y PRI, Y PRESENTADA EN LA SESION DEL
LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
El suscrito, diputado Horacio Duarte Olivares integrante del Grupo Parlamentario del PRD, en conjunción con diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PT de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que el país y, en particular, el campo mexicano enfrentan en la actualidad una crisis económica, social, ecológica y cultural cada vez más aguda, derivada principalmente de acciones desarticuladas y de la baja prioridad que la sociedad y el Estado le han otorgado. Esta situación ha tenido graves consecuencias, como son: elevada marginación; creciente dependencia alimentaria, científica y tecnológica; baja competitividad y rentabilidad de las unidades de producción; migración del campo a las ciudades y emigración a otros países; deterioro de la calidad de vida, desnutrición e incremento de los niveles de pobreza en la población rural, con la consecuente inestabilidad política y social y el abandono de tierras de cultivo. Lo anterior se ha reflejado en una baja producción agropecuaria y una reducida aportación del sector al producto interno bruto nacional.
Que en el contexto ambiental, el país está sufriendo un grave deterioro de su biodiversidad y recursos genéticos; fragmentación y pérdida de hábitats; erosión y contaminación de suelos; agotamiento y contaminación de mantos freáticos; y pérdida de recursos forestales debido a manejo inadecuado, incendios e incidencia de plagas y enfermedades, entre otras causas. Estos efectos se han acentuado con las variaciones ambientales asociadas con el cambio climático global.
Que esta situación, que limita fuertemente el crecimiento económico, requiere hoy más que nunca de personal científico y técnico altamente calificado y con un claro compromiso con la sociedad; por lo que la educación agrícola superior y la investigación se reafirman como elementos fundamentales para la solución de sus problemas y como detonador de la recuperación del país en un marco de desarrollo territorial sustentable.
Que el Colegio de Posgraduados fue creado como una institución de enseñanza e investigación con base en la Ley de Educación Agrícola Superior expedida por el H. Congreso de la Unión en 1946 e inició sus actividades en febrero de 1959.
Su misión original fue la de formar profesores de carrera para la entonces Escuela Nacional de Agricultura. Posteriormente se le asignó una misión similar para el Sistema de Educación Agrícola Superior, y más tarde la de formar investigadores para el Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias e Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas; antecesores del actual INIFAP).
Finalmente, se le agregó la responsabilidad de capacitar a productores y técnicos, con el fin de mejorar sus actividades de servicio en el medio rural.
Todas estas responsabilidades han sido cumplidas cabalmente por la Institución. Así, a lo largo de su existencia, el Colegio de Posgraduados ha formado la mayor parte de los profesores con nivel de posgrado de los programas de ciencias agrícolas y otras especialidades de las instituciones de enseñanza superior del país, además de un alto número de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y de profesionistas que laboran en los sectores público y privado; además de capacitar técnicos y productores de diversas regiones del país.
Asimismo, la Institución es reconocida en el ámbito internacional por su labor formadora de recursos humanos para diversos países de Latinoamérica.
Que con el anhelo permanente de actualizar su estructura para el mejor cumplimiento de su misión y objetivos, el Colegio de Posgraduados ha pasado por varias transformaciones en su marco jurídico; así, de ser un organismo desconcentrado del Estado, en enero de 1979 el Ejecutivo Federal autorizó su evolución a organismo público descentralizado.
En reconocimiento a sus logros, en el año 2001 la Institución fue distinguida como Centro Público de Investigación mediante la formalización de un convenio de desempeño firmado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (actual Ley de Ciencia y Tecnología).
El propósito final siempre fue, como lo es ahora, transformar a la Institución en un Organismo Autónomo por decreto del Congreso de la Unión, que le permitiría contar con mayor seguridad jurídica para consolidarla como un pilar del desarrollo científico y tecnológico en el medio rural.
Que la visión de país que inspira el trabajo del Colegio de Posgraduados es la de un México unido y con una sociedad confiada en su futuro; con sólidos valores éticos y morales; que sea democrática, liberal, progresista, económicamente justa, equitativa, próspera y con pleno control de su economía, la cual deberá ser robusta, resiliente, dinámica y competitiva; con un sector rural sin pobreza, diversificado, competitivo y capaz de producir los alimentos que le demande el país.
Que dentro de este contexto, el Colegio de Posgraduados deseado es un lugar para estudiar, investigar, trabajar y convivir, digno de las generaciones actuales y futuras; un lugar donde se formen mujeres y hombres que sepan luchar contra las adversidades y logren metas superiores en bien de la sociedad mexicana.
Que para lograr tal fin, el Colegio de Posgraduados deberá sustentar su trabajo en los siguientes principios:
Congruencia con su naturaleza académica. La razón de ser del Colegió de Posgraduados es formar recursos humanos de la más alta calidad técnica, científica y humana; así como generar, difundir y utilizar los conocimientos producto de la investigación y la vinculación con el sector productivo rural. La organización, los mecanismos de toma de decisiones y los criterios de operación y de evaluación deben guardar congruencia con esa naturaleza. Los valores a preservar incluyen el pluralismo, la libertad de cátedra y de investigación.
Pertinencia social. El Colegio de Posgraduados se debe a la sociedad mexicana, por lo que está obligado a participar activamente en la generación de soluciones creativas a sus necesidades. Por ello es necesario continuar fortaleciendo el análisis y aplicación de estrategias para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de las cadenas agroalimentarias, atendiendo a la diversidad de condiciones agroecológicas y sociales, de tal forma que el país pueda enfrentar con éxito los retos que imponen la globalización y el libre mercado internacional. La Institución deberá consolidarse como el organismo consultor idóneo de los diferentes niveles de gobierno, además de ser un elemento de referencia y una entidad certificadora de procesos, productos y personal técnico.
Compromiso con un modelo de desarrollo sustentable. El Colegio de Posgraduados debe coadyuvar a la generación de un modelo de desarrollo sustentable, incluyente, participativo y comprometido con la solución de los problemas nacionales, para el logro de una sociedad con mejor nivel y calidad de vida; más justa y equitativa en lo educativo y en lo económico; más respetuosa de sus recursos naturales y del derecho de las generaciones futuras para utilizarlos y más consciente de los valores humanísticos que la sociedad mexicana comparte.
Organos de gobierno y ejercicio de autoridad ejemplares. Los órganos de gobierno y directivos del Colegio de Posgraduados ejercerán su autoridad con espíritu de servicio; utilizarán en forma eficiente, honesta y transparente los recursos que se les asignen, en un ámbito de relaciones laborales armoniosas, que respeten los derechos de las personas y que mantengan un clima favorable a la vida académica.
Calidad, innovación y certificación. El Colegio de Posgraduados deberá preservar y consolidar sus programas de excelencia actuales y crear áreas complementarias de desarrollo para el mejor cumplimiento de sus objetivos, manteniendo como puntos de referencia criterios de calidad, innovación y certificación. La calidad es un concepto dinámico, un punto de referencia permanente e idealizado.
La certificación será la consecuencia final del quehacer institucional y estará basada en un sistema de gestión de calidad en sus ámbitos académico, administrativo y directivo, que facilite la comparación con estándares nacionales e internacionales.
Que actualmente el Colegio de Posgraduados es una institución académica estratégica y prioritaria para el logro de la soberanía alimentaria del país y del desarrollo científico y tecnológico nacional, elementos necesarios para el desarrollo sustentable del sector rural y el crecimiento económico nacional.
Que por todo lo anterior, solicito al Presidente de la Mesa Directiva se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de éste órgano colegiado la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primera.- Que a efecto de que le sea conferido al Colegio de Posgraduados, la calidad de Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académicos, técnicos, de gobierno, administrativos y manejo de su patrimonio, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados forme una subcomisión o grupo de trabajo para tal fin.
Segundo.- Que la subcomisión o grupo de trabajo, además de requerir la información pertinente, se entreviste con las autoridades competentes, así como con miembros de la comunidad del Colegio de Posgraduados y presente al seno de la Comisión una propuesta de iniciativa de ley orgánica para tal institución académica.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los quince días del mes de diciembre de 2003.
Diputados: Alejandro González Yáñez, Joel Padilla Peña, Oscar González Yáñez, Pedro Vázquez González, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Inti Muñoz Santini, Horacio Duarte Olivares, Antonio Mejía Haro, José Luis Medina Lizalde, Martha Palafox Gutiérrez, Francisco Mora Ciprés, Israel Tentory García (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
CREAR UN FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIA ELOISA TALAVERA HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Los diputados que firman al calce, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuden a solicitar que se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
En los últimos años, la economía mexicana ha perdido competitividad en los sectores industriales donde llegó a tener importantes volúmenes de producción, empleo y exportaciones.
Se trata de un proceso secular de maduración industrial, agravado por el pobre perfil institucional de la economía, la cual carece de incentivos para promover estrategias de escalamiento productivo. Tal es el caso de las industrias automotriz, electrónica, textil y, en general, de la industria maquiladora de exportación.
Para recuperar el terreno perdido se requiere un proceso de cambio en el perfil de la planta productiva mexicana, orientándola a nichos de mercado más dinámicos e intensivos en conocimientos y que generen mayor valor agregado.
Lo anterior significa, en algunos casos, recorrer eslabones en las cadenas productivas de las ramas industriales con presencia en México, como en la automotriz y la electrónica.
En otros casos significa fomentar el desarrollo de industrias tecnológicamente intensivas, cuya presencia es incipiente aún en el país, como el sector de la producción de software.
Para alcanzar esos objetivos, es imprescindible que la economía mexicana resuelva los rezagos institucionales que le impiden posicionarse en tan importantes nichos productivos. Entre otros problemas, debemos mencionar los siguientes:
Pese a ello, México tiene potencial para convertirse en un jugador importante en muchos de esos sectores, debido a su privilegiada localización geográfica, a su perfil demográfico, a las escalas internas y externas de su economía y al potencial que representan sus instituciones académicas.
El desarrollo de software y de servicios afines a éste es sin duda una de las industrias, dentro de los sectores de alta tecnología, con mejores perspectivas para su despegue y desarrollo en el país.
Se trata de una industria caracterizada por la generación de empleos sumamente calificados y, en consecuencia, bien remunerados.
Por otra parte, este sector tiene gran trascendencia en el conjunto de la economía: incide de manera directa en el aumento de la productividad, en la mejora de los procesos de negocio y en el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la industria de software y servicios relacionados con él se integra actualmente por 2 mil 95 unidades económicas, que alcanzan una producción estimada de 600 millones de dólares. En ella se emplea a 110 mil profesionales y se estiman exportaciones del sector de alrededor de 180 millones de dólares.
Reconociendo el potencial que representa esta industria para el país, el Gobierno Federal, con la colaboración estrecha de los sectores privado y académico, estableció el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft), cuyas operaciones se iniciaron formalmente el 9 de octubre de 2002.
El Prosoft plantea una serie de estrategias para convertir a México en un jugador relevante en el mercado mundial de software, entre las que se cuentan la promoción de las exportaciones, la atracción de inversiones, la educación y formación de personal competente en el desarrollo de software y el logro de niveles internacionales en capacidad y calidad de procesos de desarrollo, así como la promoción de la construcción de la infraestructura física y de telecomunicaciones que requiere la industria.
El Prosoft se ha planteado una serie de objetivos, entre los que se encuentran los siguientes:
1. Lograr una producción anual de 5 mil millones de dólares.
3. Convertir a México en el líder latinoamericano de desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales en español.
Actualmente, los recursos que destinamos al desarrollo de esta industria son prácticamente nulos y se empequeñecen aún más si los comparamos con los apoyos que recibe dicha industria en los países que son nuestra principal competencia.
Sin recursos financieros que apoyen el programa, será imposible alcanzar los objetivos planteados, por lo que se perdería una oportunidad valiosa para México de impulsar una actividad económica con gran potencial.
Con el propósito de generar los recursos financieros necesarios a fin de dar un impulso decidido al desarrollo del sector, se propone crear un fondo de apoyo para el desarrollo de la industria de software y servicios relacionados con él.
Ese fondo se integraría por recursos fiscales, en la partida de subsidios, a fin de etiquetarlos en rubros específicos de apoyo, así como para buscar asociarlos con los que aporten las entidades federativas y el sector privado.
Es imperativo atender e impulsar desde el Poder Legislativo la constitución de ese fondo para estimular el surgimiento y la consolidación de la industria de software y servicios relacionados con él.
De hacerlo, estaremos impulsando tanto la creación de empleos mejor remunerados como el fortalecimiento de nuestras cadenas productivas y el bienestar de todos los mexicanos.
Por lo expuesto, y por considerarlo de urgente resolución, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se propone crear el Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados, administrado por la Secretaría de Economía.
Segundo. Se establece un techo presupuestario anual de 150 millones de pesos para el fondo, integrado por recursos fiscales en el concepto de subsidios.
Tercero. Con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta industria, los rubros que apoyará el fondo serán consistentes con las líneas de acción y estrategias planteadas en el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, incluidos, sin limitar, los siguientes:
Creación de un cajón de apoyos para complementar iniciativas de calidad en modelos especializados.
Creación de un fondo de apoyo para proyectos de formación de capital humano de alto nivel, preferentemente involucrando a instituciones de educación superior.
Creación de un fondo de capital semilla para apoyar la incubación de empresas de desarrollo de software.
Creación de un fondo de apoyo para la materialización de proyectos productivos que impliquen la generación de cantidades mínimas preestablecidas de generación de empleos de alta calificación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días de diciembre de 2003.
Diputados: Julio César Córdova Martínez, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, María Eloísa Talavera Hernández, Omar Ortega Alvarez (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE
EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE INSTRUYA
A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A FIN DE QUE SE INCLUYA EL ESTADO DE TLAXCALA
DENTRO DE LA ZONA DE COBERTURA DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR, QUE SE
ESTABLECERA EN SUS REGLAS DE OPERACION PARA EL AÑO 2004, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO JUAN BARCENAS GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN,
EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Los que suscriben, diputadas y diputados federales de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD del estado de Tlaxcala, integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece entre sus principales lineamientos la promoción del desarrollo regional equilibrado, la búsqueda por la equidad de género y la inclusión de los jóvenes en el desarrollo, a partir de la generación de empleos permanentes y de calidad. El instrumento por excelencia con que el Estado mexicano cuenta para lograr éstos y otros objetivos, es el Presupuesto de Egresos de la Federación; mismo que en el año 2004 integra el programa Marcha Hacia el Sur, radicado en el Ramo 10 Secretaría de Economía, con 100 millones de pesos como gasto de inversión física.
El estado de Tlaxcala ha venido superando en las últimas décadas un rezago socioeconómico ancestral, fundamentalmente gracias al esfuerzo de los tlaxcaltecas, pero también al apoyo de los recursos económicos federales; sin embargo, en los últimos años ha sido excluido de planes de desarrollo regional tales como el Sur-Sureste y el Puebla-Panamá, a pesar de que aún subsisten en nuestro estado marcadas asimetrías en la calidad de vida de las familias y las regiones.
Lo anterior ha sido consecuencia, principalmente, de la baja actividad económica en la que se desenvuelven la industrialización y terciarización de la economía del estado; por ello, se requiere urgentemente de un impulso subsidiario del gobierno central que permita integrar a la mayoría de la sociedad tlaxcalteca en las vías del progreso y el consecuente mejoramiento en la calidad de vida, de quienes desde este pequeño estado nos esforzamos y contribuimos por construir una patria más justa económica y socialmente para todos.
Cada mexicana o mexicano anhela una oportunidad para desarrollarse como ser humano, y ésta es por excelencia el trabajo, que nos permite realizarnos, trascender y asegurar un mejor futuro para la siguiente generación, la de nuestros hijos.
El programa Marcha Hacia el Sur ha venido promoviendo y gestionando la generación de empleo permanente en calidad y cantidad, en las zonas de cobertura, señaladas como municipios o estados en las reglas de operación para la asignación de subsidio canalizado a través de este fideicomiso.
En el año 2003 únicamente el pequeño municipio de Emiliano Zapata, que cuenta con menos del 0.5% de la población del estado, fue considerado para acceder a dicho programa.
En Tlaxcala, la pobreza no es sustancialmente menor a
la que priva en otros estados incluidos en el programa Marcha Hacia el
Sur, desde que inició sus operaciones en el año 2001, como
muestra de lo anterior basta con señalar los porcentajes de la población
ocupada según el ingreso que percibe en salarios mínimos:
Como puede observarse, el 81.8% de la población ocupada se encuentra en estos rangos de ingreso económico; además de que el desempleo abierto en el estado durante el año 2002 ha sido de 2.6%, superior a la media nacional, que fue de 1.9% para el mismo año.
Tenemos clara la problemática que enfrenta el Gobierno Federal, referente a la escasez de recursos y las disyuntivas de distribución sectorizada, regional o social que exige un Presupuesto federal, sin embargo, para el millón de mexicanos que vivimos en Tlaxcala, una pequeña oportunidad como la que solicitamos puede ser la diferencia entre el progreso y la frustración de microempresas y familias con vocación emprendedora.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico: Se solicita respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados que exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Economía, a fin de que ésta incluya el estado de Tlaxcala dentro de la zona de cobertura del programa Marcha Hacia el Sur, que se establecerá en sus reglas de operación para el año 2004.
Dip. Juan Barcenas González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Economía. Diciembre
15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO
AL COLEGIO DE POSGRADUADOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGON
CORTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE
DE 2003
Con fundamento en la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento ante el Pleno de este Poder de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que excluya el Colegio de Posgraduados de lo que el titular del Ejecutivo federal propone en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, que presentó ante esta soberanía.
Como el Poder Ejecutivo reconoce, "la ciencia y la tecnología, hoy más que nunca, son herramientas indispensables en la construcción de sociedades modernas e incluyentes. El fortalecimiento de la investigación científica y la innovación tecnológica son tareas imprescindibles para apoyar el desarrollo del país y para competir en un entorno cada vez más dominado por el conocimiento y la información".
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece que México requiere formar profesionales, especialistas e investigadores capaces de crear, innovar y aplicar nuevos conocimientos que beneficien a la sociedad en su conjunto.
La ciencia y la tecnología, sin duda, son variables estratégicas del cambio estructural para el desarrollo del país.
La relación causal entre la inversión en ciencia y tecnología y el crecimiento económico y social de un país está ampliamente documentada. En todo caso, la inversión en investigación y crecimiento económico forma un círculo virtuoso que se refuerza a sí mismo.
La capacidad científica y tecnológica depende, por una parte, de la escolaridad y la calidad de la educación científica de toda población; y, por otra, de la cuantía y las características de las actividades de investigación y desarrollo.
El funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones de investigación nacionales favorecerá que cada vez mas proyectos sean de mayor alcance y significación.
El Colegio de Posgraduados, desde su fundación, ha contribuido al desarrollo rural y social de México, por conducto de programas académicos sobre casi todas las disciplinas del conocimiento agronómico y afines, mediante la realización de actividades de investigación y servicio dirigidos a la solución de problemas de los sectores agrícola, pecuario y forestal.
Su misión es formar líderes talentosos para el sector rural, con reconocimiento nacional e internacional, que contribuyan al desarrollo sostenible del país en los ámbitos científico, social, económico y político. Para ello realiza actividades de investigación y vinculación que apoyan la docencia y el desarrollo del país.
Cuenta con 21 programas de maestría y doctorado, de los cuales 19 están reconocidos como programas de excelencia por el Conacyt. Uno de éstos tiene nivel internacional y es el único, en el área agrícola, de este nivel en el país.
De sus profesores, 63 por ciento es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es la institución educativa del sector con más investigadores reconocidos.
Siempre ha recibido calificaciones de excelente en las evaluaciones trimestrales a que está obligado.
Actualmente, tiene mil 15 estudiantes de maestría y doctorado.
De 2000 a la fecha ha contribuido con 200 o más graduados por año, con una eficiencia terminal de al menos 70 por ciento.
Algunas de sus aportaciones científicas y tecnológicas son éstas:
b) Técnicas de control de plagas y enfermedades de plantas, de control de maleza acuática, de sistemas intensivos de producción de alto rendimiento y calidad mediante hidropina y fertirriego;
c) Métodos sobre el control y aprovechamiento eficiente
de aguas para riego agrícola;
d) Sistemas estadísticos para predicción
de cosechas;
e) Manejo de calidad de productos;
f) Métodos para mejorar la nutrición del
ganado y la productividad de praderas forrajeras;
g) Métodos de diagnóstico y proyectos con
participación campesina;
h) Conservación y mejora de recursos genéticos
por los agricultores mismos;
i) Métodos para mejorar los sistemas tradicionales
de producción;
j) Estudios de género en el sector rural (único
en México);
k) Organismos financieros para el sector rural; y
l) Métodos de conservación de agua y suelo.
De antemano sabemos que las condiciones en que se encuentra el sector es una problemática heredada, ante la cual el actual gobierno ha emprendido acciones encaminadas a mejorar las condiciones en que se encuentra y lograr su inserción en el proceso de desarrollo sustentable del país.
En Acción Nacional queremos que el desarrollo y la prosperidad lleguen a todos los mexicanos. Para ello son necesarios el acceso a nuevas tecnologías, mejores técnicas agrícolas e infraestructura y la superación de carencias del entorno rural.
Por ello, en nuestros principios reconocemos que la libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y fortalecer la nación.
Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que excluya el Colegio de Posgraduados de lo que propone el titular del Poder Ejecutivo en el artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE
EL CUAL SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPUBLICA A DICTAMINAR LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS,
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL Y SE ABROGA LA LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN BARCENAS GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN, EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
El que suscribe, diputado federal Juan Bárcenas González, y diputados que firman al calce, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el 10 de abril de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social lo siguiente:
2. Que dicha iniciativa fue producto de un proceso de trabajo iniciado 18 meses atrás e incluyó la capacitación de cooperativistas, expertos; funcionarios públicos, senadores y diputados de la LVIII Legislatura. Se continuó la realización de cinco foros regionales de consulta y el trabajo de despachos especializados en la materia.
3. Que el artículo 25 de la Carta Magna dispone: "Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación".
4. Que la minuta de ley en proceso de dictamen en el Senado permitirá materializar en todo su contenido y fuerza el mandato constitucional mencionado.
5. Que la nueva ley permita establecer las cooperativas como organizaciones con fuertes lazos de solidaridad social, competitivas frente a otros tipos de empresa, eficientes con sus socios y con sus clientes, viables financieramente, sustentables y autónomas e independientes en cuanto a su gobierno interno.
6. Que la promoción de las cooperativas en el país debe tenerse como uno de los objetivos del desarrollo nacional y social. Para ello debe crearse un entorno propicio a fin de promover su crecimiento. Por eso es necesario contar ya con el marco jurídico mediante el cual se dé plena certidumbre a las sociedades cooperativas.
7. Que hoy las sociedades cooperativas se erigen como una de las opciones con mayor viabilidad para combatir los problemas relacionados con el desempleo, la pobreza y la promoción del ahorro. De ahí la importancia de su aprobación, pues el objeto de dicha ley es "regular y fomentar la constitución, la organización y el funcionamiento de las sociedades cooperativas y de sus organismos de integración".
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se abroga la Ley de Sociedades de Solidaridad Social.
Señor Presidente, le solicito que el texto íntegro de esta proposición sea incluido en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 15 de diciembre de 2003.
Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Diciembre 15 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
SE PROCEDA POR RECOMENDACION DE ESTA CAMARA DE DIPUTADOS A LA REVISION
E INCLUSION DE TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR-SURESTE EN LA ZONA
9 DEL ARTICULO 231 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUA, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO FRANCISCO HERRERA LEON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Ciudadano Presidente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, he solicitado el uso de esta alta tribuna con el fin de proponer un punto de acuerdo para que esta soberanía, en el marco de los procesos de revisión de la Ley de Ingresos que está en discusión, amplíe los alcances de una disposición transitoria que ha sido incluida en el dictamen de la Ley de Ingresos por la Comisión de Hacienda.
Me refiero a una insostenible incongruencia que presenta la Ley Federal de Derechos en materia de agua, y a la oportunidad que tiene esta Cámara, como parte del Estado mexicano, de corregir lo que representa un trato desigual para la región sur-sureste.
Mientras otras regiones son beneficiadas a través de los instrumentos de política económica, con ventajas económicas por parte del Gobierno Federal, el sur-sureste, que produce más del 80% del petróleo y del gas, energía eléctrica y materias primas de bajo costo, sólo ha recibido de parte del Gobierno Federal escasos apoyos para su desarrollo.
Esta región es, de acuerdo con las cifras del INEGI, la que presenta los mayores rezagos en los índices socioeconómicos y de crecimiento.
Es obligación del Gobierno Federal y de esta Cámara revertir estas condiciones a través de los medios e instrumentos institucionales a su alcance, y lo es también hacer los ajustes a las leyes para que se materialice un pacto federal justo y equitativo en el que todos los estados miembros gocen las mismas ventajas. Si bien en el norte del país los estados fronterizos cuentan con precios preferenciales en gasolina, un IVA 5% menor al el resto de los estados, otros en distintas áreas del país, con zonas libres.
En el sur-sureste del país es donde se produce más del 80% del petróleo. Y recordemos que el 30% de los ingresos del Gobierno Federal provienen de los ingresos petroleros. No obstante, la región ha contado históricamente con la menor inversión pública en infraestructura y gasto social, además de pocas ventajas que el Gobierno Federal pudiera dotar para incentivar la actividad económica de esta parte del país.
Si bien, en el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la Ley de ingresos se incluye un régimen transitorio para los municipios de la región sur-sureste, mediante el beneficio de cubrir el pago del derecho por uso de aguas nacionales conforme a una zona de disponibilidad de agua mayor a la que establece el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos vigente.
Considero, en vista de los tiempos, que la comisión de Hacienda y de Recursos Hidráulicos deben trabajar en ampliar los alcances y que no quede sólo en una disposición transitoria, que por su naturaleza jurídica no es permanente, y que esas ventajas que se persiguen en ese dispositivo jurídico, se incorporen al cuerpo de la Ley Federal de Derechos en su artículo 231.
Es importante destacar que existe una coincidencia entre el Ejecutivo federal y esta Cámara, expresada a través de la Comisión de Hacienda, ya que en el texto del Dictamen emitido por esa Comisión, se hace referencia a un registro excedente de dicho recurso en cuanto a su disponibilidad superficial, además de ser la región sur-sureste la que presenta la mayor precipitación pluvial del país.
Siendo entonces esta propuesta no la concesión de una ventaja, sino un acto de equidad fiscal, ya que es la disponibilidad del recurso la que determina el monto a pagar por su uso.
Dicha Ley Federal de Derechos, contraviene, en relación con el uso de ese preciado liquido en la región sur-sureste, un principio general de legalidad en materia tributaria, ya que la ley establece, pero debe definir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria.
Claro está, se persigue la equidad y la justificación de la obligación para que todos, atendiendo a las circunstancias específicas en las que se encuentren, paguen en proporción a su costo y disponibilidad cualquier tipo de bien o servicio que preste el Estado. Algo que a todas luces no sucede en la región.
Considerando también que la Ley de Ingresos de la Federación establece que recibirá por concepto de ingresos los siguientes: impuestos, aportes de seguridad social, derechos, etcétera.
Y que de conformidad con el artículo 3°, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, los derechos son contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
Se infiere, en el caso de los municipios de la región sur-sureste, respecto al cobro de ese derecho (el del agua), que éste debiera ser equitativo y atender al principio general de derecho en materia tributaria, que ordena que todo derecho debe ser proporcional al servicio prestado por el Estado.
Se debe entonces, necesariamente, atender al hecho de abundancia del líquido en la región.
Por todo lo anterior y bajo las siguientes
Consideraciones
Primera:
Que la región sur-sureste cuenta en abundancia con recursos hidráulicos.
Segunda:
Que los municipios de la región sur-sureste sufren permanentemente graves inundaciones, que afectan el patrimonio de las familias, tanto en el campo como en la ciudad, las empresas, la agroindustria, así como la prestación de servicios y daños a los bienes públicos, a lo que los gobiernos de los estados de la región deben hacer frente con escasos recursos presupuestales.
Tercera:
Que los servicios de agua potable de la región responden a la necesidad de suministrar el líquido en condiciones sumamente adversas y costosas, dado que provienen en su mayor parte de ríos con alto contenido de impurezas, debido a la naturaleza de los suelos que dañan a los ríos de la región.
Cuarta:
Que el bombeo de agua de las plantas potabilizadoras y el desalojo en temporada de lluvias por medio de cárcamos generan costos muy elevados en pago de energía, tomando en cuenta las altas tarifas de la misma, dando como resultado millonarias erogaciones por parte de los gobiernos de los estados de la región.
Quinta:
Que en el agua que se utiliza en la región, el Gobierno Federal no invirtió ningún recurso financiero para el desazolve, encauce o cualquier tipo de obra que mejore los sistemas de captación, en cambio, en otras partes del país, la inversión ha sido cuantiosa en presas, líneas de conducción, plantas de tratamiento, y demás infraestructura hidráulica.
Sexta:
Que las tarifas a cobrar deben ser las mínimas o incluso nulas, porque corresponden al aprovechamiento de un recurso en exceso, cuya utilización en los municipios de la región no va en detrimento de su aprovechamiento por otras entidades o del agotamiento del recurso.
Por otra parte, que el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, vigente en el presente ejercicio fiscal de 2003, determina que éstos se habrán de pagar atendiendo a la zona de disponibilidad, que va desde 8.59 pesos para los de la zona 1 hasta 0.67 centavos para los de la zona 9 por cada metro cúbico.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior citado al principio de mi intervención, solicito a esta soberanía asumir el siguiente
Punto de Acuerdo
Que con base en las consideraciones jurídicas aquí expuestas, y atendiendo a la circunstancia de abundancia de agua que presenta la región sur-sureste se proceda por recomendación de esta Cámara de Diputados a la revisión e inclusión de todos los municipios de la región por parte de la Semarnat y/o la Comisión Nacional del Agua, en la zona 9 del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos en materia de agua, observando el criterio de disponibilidad que la misma ordena.
Es cuanto, le solicito amablemente al ciudadano presidente sea turnado el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos.
Dip. Francisco Herrera León (rúbrica)
(Turnada a Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Diciembre 15 de 2003.)
A su reunión plenaria, que se realizará el martes 13 de enero de 2004, a las 9:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 13 de enero de 2004, a las 17 horas, en las oficinas de la Comisión, edificio B, segundo piso.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 14 de enero de 2004, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión con funcionarios de la Subsecretaría para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llevará a cabo el miércoles 14 de enero de 2004, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 21 de enero de 2004, a las 13 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
6. Agenda legislativa:
a) Minuta del Senado sobre el Tribunal Superior Agrario;
b) Minuta del Senado sobre la Procuraduría Agraria;
y
c) Rezago legislativo.
7. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el lunes 26 de enero de 2004, a las 12 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión plenaria, que se efectuará el lunes 26 de enero de 2004, a las 15 horas, en los salones B y C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
Al seminario América Latina: hacia la reforma del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, organizado conjuntamente por la Comisión y el Senado de la República, que se realizará el lunes 26 y martes 27 de enero de 2004, en las instalaciones de la honorable Cámara de Senadores ubicadas en la calle de Donceles número 14, colonia Centro.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la primera reunión de trabajo de su Primera Subcomisión, "Administración en Salud", que se efectuará el martes 27 de enero, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, segundo nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 27 de enero de 2004, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A la reunión de instalación de su Consejo Consultivo, que se llevará a cabo el miércoles 28 de enero de 2004, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se realizará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 9 horas, en el auditorio del edificio E.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su tercera sesión plenaria, que se realizará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 15 horas, en salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su sexta reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 28 de enero de 2004, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día