ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL LUNES QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia provisional del diputado Francisco Barrio Terrazas
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente provisional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa a la diputada Marcela Guerra Castillo y al senador Sergio César Alejandro Jáuregui Robles como secretarios provisionales y con la asistencia de treinta y seis legisladores, a las veintiuna horas con cuatro minutos del lunes quince de diciembre dos mil tres, declara abierta la sesión de instalación.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e inmediatamente después a un punto de acuerdo para elegir una Vicepresidencia adicional de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mismo que la Asamblea aprueba en votación económica.
Se procede a la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura y por treinta y cinco votos en pro y uno en contra, resultan electos los legisladores: diputado Juan de Dios Castro Lozano, como Presidente; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y senador Jorge Zermeño Infante, como vicepresidentes; y senadora Arely Madrid Tovilla, diputada Marcela Guerra Castillo, diputada Yolanda Valladares Valle y diputado Víctor Manuel Camacho Solís, como secretarios. La Presidencia hace la declaratoria correspondiente e invita a los legisladores electos pasar a tomar posesión de sus cargos.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
El Presidente levanta la sesión de instalación
a las veintiuna horas con veintitrés minutos y cita para la sesión
que tendrá lugar el miércoles diecisiete de diciembre de
dos mil tres, a las once horas.
México, DF, a 12 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se devuelve expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo Primero. Se REFORMAN la denominación de "Título I, Capítulo Único", pasando a ser "Título I, Capítulo Primero"; los artículos 1o.; 6o., séptimo párrafo; 9o., fracción I, incisos a) y b); 10, fracción I, inciso b) y último párrafo del artículo; 14, fracción I; 14-A; 15-A, inciso b); 16, último párrafo; 16-A; 17-B; 18; 19, primer párrafo; 20, séptimo párrafo; 22; 23; 24; 26, fracciones XI y XV; 26-A; 27, primero, segundo, séptimo y actuales décimo primero, décimo segundo y décimo tercer párrafos; 28, último párrafo; 29 sexto párrafo; 29-A, tercer párrafo; 29-B, último párrafo; 29-C; 30, actuales tercero, cuarto y sexto párrafos; 31; 32, primer párrafo; 32-A, segundo, cuarto, quinto y séptimo párrafos; 32-B, fracciones IV y VII; 32-D; 32-E; 33, fracción I, incisos b), c) y g); 34, último párrafo; 34-A, primer párrafo; 38; 41-A, primer párrafo; 42, fracción V, primer párrafo; 44, fracción II, segundo párrafo; 46, fracción IV, cuarto párrafo y último párrafo del artículo; 46-A, primero y segundo párrafos; 47, primer párrafo; 48, fracciones VI, primero y último párrafos, VII, primer párrafo y IX; 49, fracción VI; 51, primer párrafo; 52, segundo párrafo; 53, incisos b) y c) y último párrafo; 55, primer párrafo y fracción V; 56, primer párrafo; 62, primer párrafo; 66, antepenúltimo y último párrafos del artículo; 67, primer párrafo, fracciones I y IV, segundo y cuarto párrafos del artículo; 69, actual segundo párrafo; 70, tercer y cuarto párrafos; 73, fracción III; 75, fracciones V, primer párrafo y VI; 76, fracciones I, II y cuarto, quinto y sexto párrafos del artículo; 79, fracción VIII; 80, fracción II; 81, fracciones VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX y XXI; 82, fracción VII; 83, fracciones XI y XIII; 84, fracciones IV y VI; 84-A, fracción VII; 84-B, fracción VII; 84-H; 86-A, primer párrafo y fracción III; 86-E, último párrafo; 97; 100; 102, último párrafo; 103, fracción I; 104, fracciones I a IV; 105, fracciones I, V a VIII, XII, XIII y el último párrafo; 107, último párrafo; 108, tercer párrafo, fracciones I, II y III, cuarto párrafo y quinto párrafo, inciso b); 109, fracción I; 111, fracción V; 112, primer párrafo; 115, primer párrafo; 124, fracción II; 125, primer párrafo; 130; 132, último párrafo; 133, último párrafo; 134, fracción I, primer párrafo; 139; 140; 141, último párrafo; 150, cuarto y sexto párrafos; 153, primer párrafo; 155, primer párrafo y fracción IV; 157, fracción II; 160, segundo párrafo; 174; 176; 177; 181; 182; 183; 185, primer párrafo; 186, primer párrafo; 191, primero y tercer párrafos; 192, fracción III; 196, primer párrafo; se ADICIONAN los artículos 9o., con un último párrafo; 11, con un último párrafo; 14, con una fracción IX; 14-B; 17, con un último párrafo; 17-A, con tres párrafos finales; el Título I, con un Capítulo Segundo, denominado "De los Medios Electrónicos" comprendiendo los artículos 17-C, 17-D. 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I y 17-J; 19, con un segundo, tercero, penúltimo y último párrafos, pasando los actuales segundo y tercero a ser cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 18-B; 19-A; 20, con un último párrafo; 22-A; 22-B; 27, con un décimo y décimo primer párrafos; 28, con las fracciones IV y V; 29 con los párrafos octavo a décimo cuarto; 29-A, con la fracción IX y con un último párrafo; 29-B, con un penúltimo párrafo; 30, con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto a séptimo párrafos a ser quinto a octavo párrafos, respectivamente; 32, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercero a séptimo párrafos respectivamente; 32-A, con un octavo, noveno y décimo párrafos; 32-B, fracción III, con un último párrafo; 32-F; 33, fracción I, con un último párrafo; 34, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser tercero y cuarto párrafos, respectivamente; 39, fracción I con un segundo párrafo; 43, con una fracción III; 48, con un último párrafo; 50, con un penúltimo y último párrafos; 52, fracción I, inciso a), con un segundo párrafo, con una fracción IV y con un último párrafo al artículo; 52-A; 53-A; 69, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto párrafos a ser tercero, cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 75, fracción V, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercer párrafo; 76, con un último párrafo; 81, con las fracciones XX, XXII, XXIV y XXV; 82, con las fracciones XX, XXII, XXIV y XXV; 83, con una fracción XV; 84, con una fracción XIII; 84-G, con un último párrafo; 86-A, con una fracción IV; 86-B, con una fracción IV; 87, con una fracción V; 92, con un último párrafo; 103, con las fracciones X a XVIII; 105, con las fracciones XIV a XVII; 109, con las fracciones VI y VII; 111, con una fracción VII; 114-A, con un segundo párrafo; 114-B; 115-Bis; 133-A; 134, fracción I, con un segundo párrafo; 141, fracción III, con un segundo y un último párrafos; 146, con un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto párrafo a ser quinto párrafo; 156, con un último párrafo; 156-Bis; 191, con un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos; y se DEROGAN los artículos 9o., actual último párrafo; 27, cuarto párrafo; 29, actual séptimo párrafo; 32-A, sexto párrafo; 32-B, fracción VI; 50, segundo párrafo; 59, fracción VII; 81, fracción V; 82, fracción V; 84-A, fracción VIII; 84-B, fracción VIII; 92, último párrafo; 105, fracciones II y III; del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO
Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.
La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando as leyes lo señalen expresamente.
Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados.
Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.
Artículo 6o. ...
Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca en la que conste la impresión original de la máquina registradora. Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital.
...
Artículo 9o . ...
a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México.
2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales.
b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero.
Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de conformidad con este Código, deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal.
Artículo 10. ...
b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios personales independientes, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades.
Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme a este artículo se considere domicilio fiscal de los contribuyentes, en aquellos casos en los que éstos hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto. Lo establecido en este párrafo no es aplicable a las notificaciones que deban hacerse en el domicilio a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 78 de este Código.
Artículo 11. ...
Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculen por mes, se entenderá que corresponde al mes de calendario.
Artículo 14. ...
...
IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este Código.
Artículo 14-A. Se entiende que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos o de valores por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al prestamista, siempre que efectivamente se restituyan los bienes a más tardar al vencimiento de la operación y las mismas se realicen de conformidad con las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos en este artículo, la enajenación se entenderá realizada en el momento en el que se efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o valores, según se trate.
Artículo 14-B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, de este Código, se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos:
a) Se presente el aviso de fusión a que se refiere el Reglamento de este Código.
b) Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionarte continúe realizando la misma actividad preponderante que realizaban ésta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante un período mínimo de un año inmediato posterior a la fecha en la que surta efectos la fusión. Este requisito no será exigible cuando se reúnan los siguientes supuestos:
1.- Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la fusión, deriven del arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad de la fusionarte.
2.- Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionarte, o ésta última haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionada.
No será exigible el requisito a que se refiere este inciso, cuando la sociedad que subsista se liquide antes de un año posterior a la fecha en que surte efectos la fusión.
c) Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas, correspondientes al ejercicio que terminó por fusión.
II. En escisión, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto de la sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos durante un período de tres años contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en la que se presente la solicitud a que se refiere esta fracción.
Para los efectos del párrafo anterior, no se computarán las acciones que se consideran colocadas entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público inversionista. Tampoco se consideran colocadas entre el gran público inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor.
Tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto, en cuyo caso, el 51% de las partes sociales deberá representar, al menos, el 51% de los votos que correspondan al total de las aportaciones.
Durante el período a que se refiere este inciso, los accionistas de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto o los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales antes señaladas, según corresponda, de la sociedad escindente, deberán mantener la misma proporción en el capital de las escindidas que tenían en la escindente antes de la escisión, así como en el de la sociedad escindente, cuando ésta subsista.
b) Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad escindente designe a la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de impuestos del ejercicio e informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan a la escindente. La designación se hará en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la escisión.
Para los efectos de este artículo, no se incumple con el requisito de permanencia accionaria previsto en el mismo, cuando la transmisión de propiedad de las acciones sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación judicial o donación, siempre que en este último caso se cumplan los requisitos establecidos en la fracción XIX del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
No será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando en los términos de la Ley del impuesto sobre la Renta se le otorgue a la escisión el tratamiento de reducción de capital.
En los casos en los que la fusión o la escisión de sociedades formen parte de una reestructuración corporativa, se deberá cumplir, además, con los requisitos establecidos para las reestructuras en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad escindente desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, enterar los impuestos correspondientes o, en su caso, tendrá derecho a solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor de la sociedad que desaparezca, siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en las disposiciones fiscales.
En las declaraciones del ejercicio correspondientes a la sociedad fusionada o a la sociedad escindente que desaparezcan, se deberán considerar todos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas; el importe total de los actos o actividades gravados y exentos y de los acreditamientos; el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición. En este caso, se considerará como fecha de terminación del ejercicio aquélla que corresponda a la fusión o a la escisión.
Lo dispuesto en este artículo, sólo se aplicará tratándose de fusión o escisión de sociedades constituidas de conformidad con las leyes mexicanas.
Artículo 15-A. ...
Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales.
Artículo 16-A. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entiende por operaciones financieras derivadas las siguientes:
II. Aquéllas referidas a un indicador o a una canasta de indicadores, de índices, precios, tasas de interés, tipo de cambio de una moneda, u otro indicador que sea determinado en mercados reconocidos, en las que se liquiden diferencias entre su valor convenido al inicio de la operación y el valor que tengan en fechas determinadas.
III. Aquéllas en las que se enajenen los derechos u obligaciones asociados a las operaciones mencionadas en las fracciones anteriores, siempre que cumplan con los demás requisitos legales aplicables.
Artículo 17. ...
En los casos en los que se pague la contraprestación mediante transferencia electrónica de fondos, éstas se considerarán efectivamente cobradas en el momento en que se efectúe dicha transferencia, aún cuando quien reciba el depósito no manifieste su conformidad.
Artículo 17-A. ...
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1.
Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período. El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación.
Para determinar el monto de las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan cantidades de 1 a 5 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y las que contengan cantidades de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior.
Artículo 17-B. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país realice actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9o. de este Código. En los supuestos mencionados se considerará a la asociación en participación residente en México.
La asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales, en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas para las personas morales en las leyes fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a persona moral, se entenderá incluida a la asociación en participación considerada en los términos de este precepto.
El asociante representará a la asociación en participación y a sus integrantes, en los medios de defensa que se interpongan en contra de las consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas a través de dichas asociaciones en participación.
La asociación en participación se identificará con una denominación o razón social, seguida de la leyenda A. en P. o en su defecto, con el nombre del asociante, seguido de las siglas antes citadas. Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el domicilio del asociante.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 17-C. Tratándose de contribuciones administradas por organismos fiscales autónomos, las disposiciones de este Código en materia de medios electrónicos sólo serán aplicables cuando así lo establezca la ley de la materia.
Artículo 17-D. Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas.
Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los sellos digitales previstos en el artículo 29 de este Código, y por un prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su caso, la revocación correspondiente.
En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.
Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado por el Banco de México.
Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante un prestador de servicios de certificación diverso al Servicio de Administración Tributaria, se requerirá que el interesado previamente comparezca personalmente ante el Servicio de Administración Tributaria para acreditar su identidad. En ningún caso los prestadores de servicios de certificación autorizados por el Banco de México podrán emitir un certificado sin que previamente cuenten con la comunicación del Servicio de Administración Tributaria de haber acreditado al interesado, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida. A su vez, el prestador de servicios deberá informar al Servicio de Administración Tributaria el código de identificación único del certificado asignado al interesado.
La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, no podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal. Únicamente para los efectos de tramitar la firma electrónica avanzada de las personas morales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-A de este Código, se requerirá el poder previsto en dicho artículo.
La comparecencia previa a que se refiere este artículo también deberá realizarse cuando el Servicio de Administración Tributaria proporcione a los interesados los certificados, cuando actúe como prestador de servicios de certificación.
Los datos de identidad que el Servicio de Administración Tributaria obtenga con motivo de la comparecencia, formarán parte del sistema integrado de registro de población, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Población y su Reglamento, por lo tanto dichos datos no quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por los artículos 69 de este Código y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia máxima de dos años, contados a partir de la fecha en que se hayan expedido. Antes de que concluya el período de vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto mencionado el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, relevar a los titulares del certificado de la comparecencia personal ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el caso de las personas morales, la representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos que se establezcan en las propias reglas. Si dicho órgano no emite las reglas de carácter general, se estará a lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.
Artículo 17-E. Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el sello digital identificará a la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios para que los contribuyentes puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital.
Artículo 17-F. El Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar los siguientes servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas:
II. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedidos por las autoridades fiscales.
III. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vinculación con los medios de identificación electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la representación legal de los firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas y emitir el certificado.
IV. Poner a disposición de los firmantes los dispositivos de generación de los datos de creación y de verificación de firmas electrónicas avanzadas o sellos digitales.
V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite sus servicios, de las condiciones precisas para la utilización del certificado y de sus limitaciones de uso.
VI. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que se establezcan en reglas de carácter general, para que proporcionen los siguientes servicios:
a) Proporcionar información sobre los certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, que permitan a terceros conocer:
1) Que el certificado fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
2) Si se cuenta con un documento suscrito por el firmante nombrado en el certificado en el que se haga constar que dicho firmante tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma electrónica avanzada en el momento en que se expidió el certificado y que su uso queda bajo su exclusiva responsabilidad.
3) Si los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado.
4) El método utilizado para identificar al firmante.
5) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado.
6) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria.
7) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia de los certificados.
b) Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos.
Artículo 17-G. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria para ser considerados válidos deberán contener los datos siguientes:
II. El código de identificación único del certificado.
III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una dirección electrónica.
IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro federal de contribuyentes.
V. Período de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su terminación.
VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado.
VII. La clave pública del titular del certificado.
Artículo 17-H. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:
II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa.
III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.
IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente.
V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.
VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.
VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los certificados.
VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe.
IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria.
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en las fracciones VII y IX de este artículo.
Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de Administración Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la página electrónica respectiva del citado órgano.
Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 17-I. La integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello digital será verificable mediante el método de remisión a documento original con la clave pública del autor.
Artículo 17-J. El titular de un certificado emitido por el Servicio de Administración Tributaria, tendrá las siguientes obligaciones:
II. Cuando se emplee el certificado en relación con una firma electrónica avanzada, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignados en el mismo, son exactas.
III. Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la privacidad de sus datos de creación de firma.
Artículo 18. Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que se presentarán mediante documento impreso.
Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a las direcciones electrónicas que al efecto apruebe dicho órgano. Los documentos digitales deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:
II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.
III. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promoverte no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos. Además deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la persona autorizada para recibirlas.
Cuando el promoverte que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, acompañe documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y éstos no sean digitalizados, la promoción deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior, debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un documento digital.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promoverte a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán especificar en el requerimiento la forma respectiva.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al registro federal de contribuyentes a que se refiere el artículo 31 de este Código.
Artículo 18-B. La protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal y administrativa, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención, en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos federales descentralizados, así como, determinaciones de autoridades fiscales y de organismos fiscales autónomos de orden federal.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.
Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública, mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgarte, aceptante y testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público.
El otorgarte de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales la inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y ésta expedirá la constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia, se podrá acreditar la representación en los trámites que se realicen ante dichas autoridades.
La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre debidamente firmado por quien otorga el poder y por el aceptante del mismo, acompañando el documento en el que conste la representación correspondiente, así como los demás documentos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. Es responsabilidad del contribuyente que hubiese otorgado la representación y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la misma en el registro citado en los casos en que se revoque el poder correspondiente. Para estos efectos, se deberá dar aviso a las autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a aquél en que se presente tal circunstancia; de no hacerlo, los actos que realice la persona a la que se le revocó la citada representación surtirán plenos efectos jurídicos.
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Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se contengan en documentos digitales en los términos de lo dispuesto por el artículo 1834-bis del Código Civil Federal, deberán contener firma electrónica avanzada del fedatario público.
Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos digitales por los representantes o los autorizados, el documento digital correspondiente deberá contener firma electrónica avanzada de dichas personas.
Artículo 19-A. Las personas morales para presentar documentos digitales podrán optar por utilizar su firma electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante legal. En el primer caso, el titular del certificado será la persona moral. La tramitación de los datos de creación de firma electrónica avanzada de una persona moral, sólo la podrá efectuar un representante de dicha persona, a quien le haya sido otorgado ante fedatario público, un poder general para actos de dominio o de administración; en este caso, el representante deberá contar previamente con un certificado vigente de firma electrónica avanzada. Dicho trámite se deberá realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-D de este Código.
Las personas morales que opten por presentar documentos digitales con su propia firma electrónica avanzada, deberán utilizar los datos de creación de su firma electrónica avanzada en todos sus trámites ante el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de consultas o del ejercicio de los medios de defensa, será optativo la utilización de la firma electrónica avanzada a que se refiere el párrafo anterior; cuando no se utilice ésta, la promoción correspondiente deberá contener la firma electrónica avanzada del representante de la persona moral.
Se presumirá sin que se admita prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales, fueron presentados por el administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de la persona moral de que se trate, en el momento en el que se presentaron los documentos digitales.
Artículo 20. ...
Se aceptará como medio de pago de las contribuciones, los cheques certificados o de caja y la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,750,000.00, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $300,000.00, efectuarán el pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación o cheques personales del mismo banco, siempre que en este último caso, se cumplan las condiciones que al efecto establezca el Reglamento de este Código. Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica.
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El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar otros medios de pago.
Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del antepenúltimo párrafo de este artículo.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución financiera y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código; tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este Código, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de veinticinco días. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promoverte a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender el primer requerimiento. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.
Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, se considerará negada por la parte que no sea devuelta. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes, y documentos, a que se refiere el quinto párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución.
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que medie más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos adicionales a que se refiere el quinto párrafo de este artículo o la simple comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el contribuyente declara haber hecho, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.
La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal.
La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.
Artículo 22-A. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo anterior, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos del artículo 21 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada.
Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de:
II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a partir de que se pagó dicho crédito.
Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada. En el caso de que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, según corresponda.
En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán de los que se causen en los últimos cinco años.
La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente.
Artículo 22-B. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la cuenta del contribuyente, para lo cual, éste deberá proporcionar el número de su cuenta en los términos señalados en el párrafo quinto del artículo 22 de este Código en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente. Para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como comprobante del pago de la devolución respectiva. En los casos en los que el día que venza el plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el depósito por causas imputables a la institución financiera designada por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse dicho depósito.
Las personas físicas que realicen actividades empresariales y en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,000,000.00, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $150,000.00, podrán optar por que la devolución se les realice mediante cheque nominativo. Cuando el monto de la devolución no exceda de $10,000.00 las autoridades fiscales podrán realizarla en efectivo. En estos casos, se considerará que la devolución está a disposición del contribuyente cuando se le notifique la autorización de la devolución respectiva.
La devolución también podrá realizarse mediante certificados especiales expedidos a nombre de los contribuyentes o a nombre de terceros, cuando así se solicite, los que se podrán utilizar para cubrir cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. En este caso, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad le notifique que el certificado especial está a su disposición.
Se podrán expedir certificados especiales, previa autorización de la Tesorería de la Federación, a nombre de terceros en los siguientes supuestos:
II. Cuando una persona moral del Régimen Simplificado a que se refiere el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta solicite que el certificado especial sea expedido a nombre de alguno de sus integrantes.
III. Cuando los contribuyentes soliciten que el certificado especial sea expedido a nombre de la Administración Pública Federal Centralizada o Paraestatal. Igualmente podrán expedirse a favor del Distrito Federal, de los Estados o Municipios, así como de sus organismos descentralizados, siempre que en este caso se obtenga autorización previa de las autoridades fiscales.
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el período transcurrido desde el mes en que se efectúo la compensación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada.
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del artículo 22 de este Código.
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. En este caso, se notificará personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.
Artículo 24. Se podrán compensar los créditos y deudas entre la Federación por una parte y los Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritarias, excepto sociedades nacionales de crédito, por la otra.
Artículo 26. ...
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XV. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos al servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionadas en los términos de los artículos 106 y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de las contribuciones que se omitan.
Artículo 26-A. Los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre la renta en los términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I, II y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, serán responsables por las contribuciones que se hubieran causado en relación con sus actividades empresariales hasta por un monto que no exceda del valor de los activos afectos a dicha actividad, y siempre que cumplan con todas las obligaciones a que se refieren los artículos 133, 134 o 139, según sea el caso, del ordenamiento antes citado.
Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento de este Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a manifestar al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar dicho cambio. No se considerará como domicilio fiscal el manifestado en el aviso a que se refiere este párrafo cuando en el mismo no se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código.
Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, los socios y, accionistas de las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, salvo los miembros de las personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista, siempre que, en este último supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de socios y accionistas.
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Cuarto párrafo (Se deroga).
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Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, podrán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, proporcionando su número de identificación fiscal, cuando tengan obligación de contar con éste en el país en que residan, así como la información a que se refiere el primer párrafo de este artículo, en tos términos y para los fines que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad de solicitar la devolución de contribuciones.
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Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios deban presentar la información relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante ellos, respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior, dicha información deberá ser presentada durante el mes de febrero de cada año ante el Servicio de Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano.
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La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, al menos, la información necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que se constituyan, el número de escritura pública que le corresponda a cada operación y la fecha de firma de la citada escritura, el valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto de la contraprestación pactada y de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales correspondieron a las operaciones manifestadas.
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La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los contribuyentes a través de la cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal, las cuales deberán contener las características que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, para la realización de actividades empresariales, de lugares en donde se almacenen mercancías o de locales que se utilicen como establecimiento para el desempeño de servicios personales independientes, los contribuyentes deberán presentar aviso de apertura o cierre de dichos lugares en la forma que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria y conservar en los lugares citados el aviso de apertura, debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten.
La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Tratándose del aviso de cambio de domicilio fiscal, éste no surtirá efectos cuando en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente no se le localice o cuando dicho domicilio no exista.
Artículo 28. ...
V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación. Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice, el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
En los casos en los que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integró por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.
Artículo 29. ...
Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, así como a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo dispuesto en este Código y en su Reglamento. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna los requisitos para efectuar deducciones o acreditamientos de contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.
Párrafo séptimo (Se deroga).
El comprobante que se expida deberá señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la operación y, cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que se trasladan. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el comprobante se deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por concepto de impuestos se trasladan en dicha parcialidad.
Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los contribuyentes deberán expedir un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 29-A de este Código, anotando el importe y número de la parcialidad que ampara, la forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados cuando así proceda y, en su caso, el número y fecha del comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación de que se trate.
Las personas físicas y morales que cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y lleven su contabilidad en sistema electrónico, podrán emitir los comprobantes de las operaciones que realicen mediante documentos digitales, siempre que dichos documentos cuenten con sello digital amparado por un certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria, cuyo titular sea la persona física o moral que expida los comprobantes.
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:
Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más sellos digitales que se utilizarán exclusivamente para la emisión de los comprobantes mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes electrónicos que emitan las personas físicas y morales. Los sellos digitales quedan sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada.
Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los requisitos de control e identificación a que se sujetará él uso del sello digital.
La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante una solicitud, que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante, la cual deberá presentarse a través de medios electrónicos, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria.
II. Incorporar en los comprobantes fiscales digitales que expidan los datos establecidos en las fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del Código.
Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, los comprobantes fiscales digitales deberán contener el valor de la operación sin que se haga la separación expresa entre el valor de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen y reunir los requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 29-A del Código. Adicionalmente deberán reunir los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV, V y VI de este artículo.
III. Asignar un número de folio correspondiente a cada comprobante fiscal digital que expidan conforme a lo siguiente:
a) Deberán establecer un sistema electrónico de emisión de folios de conformidad con las regias de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria.
b) Deberán solicitar previamente la asignación de folios al Servicio de Administración Tributaria.
c) Deberán proporcionar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria, a través de medios electrónicos, la información correspondiente a los comprobantes fiscales digitales que se hayan expedido con los folios asignados utilizados en el mes inmediato anterior a aquel en que se proporcione la información, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano.
IV. Proporcionar a sus clientes en documento impreso el comprobante electrónico cuando así les sea solicitado. El Servicio de Administración Tributaria determinará las especificaciones que deberán reunir los documentos impresos de los comprobantes fiscales digitales.
Los contribuyentes deberán conservar y registrar en su contabilidad los comprobantes fiscales digitales que emitan. El registro en su contabilidad deberá ser simultáneo al momento de la emisión de los comprobantes fiscales digitales.
Los comprobantes fiscales digitales deberán archivarse y registrarse en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria.
Los comprobantes fiscales digitales, así como los archivos y registros electrónicos de los mismos se consideran parte de la contabilidad del contribuyente, quedando sujetos a lo dispuesto por el artículo 28 de este Código.
V. Cumplir con los requisitos que las leyes fiscales establezcan para el control de los pagos, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades.
VI. Cumplir con las especificaciones en materia de informática que determine el Servicio de Administración Tributaria.
Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso, para comprobar su autenticidad, deberán consultar en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que ampare el sello digital se encuentra registrado en el Servicio de Administración Tributaria y no ha sido cancelado.
Para los efectos de este artículo, se entiende por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o extingue bajo cualquier título alguna obligación.
Artículo 29-A. ...
Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas operaciones deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el Reglamento de este Código. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Los contribuyentes que perciban todos sus ingresos mediante transferencias electrónicas de fondos o mediante cheques nominativos para abono en cuenta del contribuyente, salvo los percibidos del público en general, podrán expedir comprobantes que, sin reunir todos los requisitos a que se refiere este artículo y el artículo 29 de este Código, permitan identificar el bien o servicio de que se trate, el precio o la contraprestación pactada y señalar en forma expresa y por separado los impuestos que se trasladan, debiendo estar, además, debidamente foliados.
Artículo 29-B. ...
Cuando el transporte de las mercancías no esté amparado con la documentación a que se refiere este artículo, o cuando dicha documentación sea insuficiente para acreditar la legal importación o tenencia de las mismas, quienes transporten las mercancías estarán obligados a efectuar el traslado de las mismas y de sus medios de transporte al recinto fiscal que la autoridad les indique, a fin de que se lleve a cabo la verificación física de las mercancías y, en su caso, de la documentación que las ampare.
La verificación del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo, sólo podrá efectuarse por las autoridades competentes, de conformidad con las leyes fiscales federales.
Artículo 29-C. Las personas que conforme a las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad y que efectúen el pago de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de bienes, o de la prestación de servicios, mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o mediante traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa, podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de cuenta en el que conste el pago realizado, siempre que se cumpla lo siguiente:
II. Cuenten con el documento expedido por el enajenante, el prestador del servicio o el otorgante del uso o goce temporal de los bienes, que permita identificar el bien o servicio de que se trate y el precio o contraprestación, y siempre que contengan en forma expresa y por separado los impuestos que se trasladan.
III. Registren en la contabilidad, de conformidad con el Reglamento de este Código, la operación que ampare el cheque librado o el traspaso de cuenta.
IV. Vinculen la operación registrada en el estado de cuenta directamente con la adquisición del bien, con el uso o goce, o con la prestación del servicio de que se trate y con la operación registrada en la contabilidad, en los términos del artículo 26 del Reglamento de este Código.
V. Conserven el original del estado de cuenta respectivo, durante el plazo que establece el artículo 30 de este Código.
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este artículo, además de los requisitos establecidos en el mismo, deberán cumplir con los requisitos que en materia de documentación, cheques y estados de cuenta, establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Quienes opten por aplicar lo dispuesto en este artículo, deberán permitir a los visitadores, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, consultar a través de medios electrónicos la información relativa a los estados de cuenta de que se trate, directamente en las instituciones de crédito o casas de bolsa, que hubiesen emitido dichos estados de cuenta.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable tratándose del pago de bienes, uso o goce, o servicios, por los que se deban retener impuestos en los términos de las disposiciones fiscales ni en los casos en los que se trasladen impuestos distintos al impuesto al valor agregado.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las demás obligaciones que en materia de contabilidad deban cumplir los contribuyentes.
Ante el incumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos en este artículo, el estado de cuenta no será considerado como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales.
Artículo 30. ...
La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de la información necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 24 y 25 de la ley citada, así como de las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate.
Los documentos con firma electrónica avanzada o sello digital, deberán conservarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Las personas que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 52 de este Código, podrán microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, la parte de su contabilidad que señale el reglamento, en cuyo caso, los microfilms, discos ópticos y cualquier otro medio que autorice dicho Servicio, mediante reglas de carácter general tendrán el mismo valor que los originales, siempre que cumplan con los requisitos que al respecto establezca el citado Reglamento; tratándose de personas morales, el presidente del consejo de administración o en su defecto la persona física que la dirija, serán directamente responsables de su cumplimiento. Asimismo, el propio Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar mediante disposiciones de carácter general procedimientos que faciliten a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo.
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Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su caso, en el lugar en donde almacenen las mercancías, su cédula de identificación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria o la solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de dichos documentos, así como los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que tengan en esos lugares.
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Artículo 31. Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos que se establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, pagar mediante transferencia electrónica de fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras o poderes notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrá presentar en medios impresos.
Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, en las oficinas de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, proporcionando la información necesaria a fin de que sea enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso, ordenando la transferencia electrónica de fondos.
Los contribuyentes personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a $1,750,000.00, así como las personas físicas que no realicen actividades empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $300,000.00, en lugar de presentar las solicitudes, declaraciones, avisos, informes o documentos, en los términos del párrafo primero de este artículo podrán presentarlos en las oficinas autorizadas que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Los contribuyentes mencionados deberán utilizar para la presentación de sus declaraciones una tarjeta electrónica, la cual sustituirá a la firma electrónica avanzada. Estos contribuyentes también podrán acudir a las oficinas de asistencia al contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate del cumplimiento de obligaciones que no impliquen el pago de contribuciones u opten por realizar el pago mediante transferencia electrónica. Los datos de identificación de los contribuyentes se proporcionarán mediante la tarjeta electrónica que distribuya el Servicio de Administración Tributaria. Cuando se ejerza la opción prevista en este párrafo, no se aplicará la limitante establecida en el último párrafo del articulo 6o. de este Código. Los contribuyentes a que se refiere este párrafo, podrán optar por presentar las solicitudes, declaraciones, avisos, informes o documentos, conforme al primer párrafo de este artículo.
Para los efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a las organizaciones que agrupen a los contribuyentes para que a nombre de dichos contribuyentes presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las disposiciones fiscales.
Cuando las personas deban entregar constancias, así como cuando los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deban presentar ante las autoridades fiscales solicitudes, declaraciones, avisos a informes en documentos no digitales, de conformidad con las reglas generales que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, lo harán utilizando las formas y en las oficinas que al efecto autorice dicho organismo.
En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y expedición de constancias, que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma publicada, las formularán en escrito que contenga su nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; en el caso de que se traté de la obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo.
Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se darán a conocer en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será obligatorio siempre que la difusión en la página mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos.
Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de conformidad con las leyes fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos que correspondan para los efectos del registro federal de contribuyentes. Tratándose de las declaraciones de pago provisional o mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pasar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos. Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de las obligaciones que deban cumplir, en declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago. En el Reglamento de este Código se podrán establecer reglas para liberar, total o parcialmente, a los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo del cumplimiento de esta última obligación.
Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, están obligados a formular y presentar a nombre de sus representadas, las declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las disposiciones fiscales, en los términos del párrafo primero de este artículo.
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, podrán enviar las solicitudes, declaraciones, avisos, informes, constancias o documentos, que exijan las disposiciones fiscales, por medio del servicio postal en pieza certificada en los casos en que el propio Servicio de Administración Tributaria lo autorice, conforme a las reglas generales que al efecto expida; en este último caso se tendrá como fecha de presentación la del día en el que se haga la entrega a las oficinas de correos.
En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando deban presentarse a través de medios electrónicos o cuando no contengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, su clave de registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal o no contengan firma o tratándose de declaraciones, éstas contengan errores aritméticos. En este último caso, las oficinas podrán cobrar las contribuciones que resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios.
Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso por la contribución omitida.
Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en los términos de las disposiciones fiscales, podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, completando o sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro de los plazos previstos en las disposiciones fiscales.
Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, se tendrá por establecido el de quince días siguientes a la realización del hecho de que se trate.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá facilitar la recepción de pagos de impuestos mediante la autorización de instrucciones anticipadas de pagos.
A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una constancia en la que se señalen las declaraciones presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de que se trate y la fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, el Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 20 días contados a partir de que sea enviada la solicitud correspondiente en documento digital con firma electrónica avanzada, a la dirección electrónica que señale el citado Servicio mediante reglas de carácter general y siempre que se hubieran pagado los derechos que al efecto se establezcan en la ley de la materia.
Artículo 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:
...
Artículo 32-A. ...
Los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, deberán presentar un dictamen sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos de la fracción I de este artículo. En este caso, el dictamen se realizará de acuerdo con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
...
Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que no estén obligadas a hacer dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, podrán optar por hacerlo, en los términos del artículo 52 de este Código. Asimismo, los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, que no estén obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, podrán optar por hacerlo de conformidad con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado.
Sexto párrafo. (Se deroga).
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de este Código, a más tardar el 31 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio fiscal de que se trate.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá señalar períodos para la presentación del dictamen por grupos de contribuyentes, tomando en consideración el registro federal de contribuyentes que corresponda a los contribuyentes que presenten dictamen.
En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, estas deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen.
Los contribuyentes personas morales que dictaminen sus estados financieros por contador público registrado, podrán optar por efectuar sus pagos mensuales definitivos y aquellos que tengan el carácter de provisionales, considerando para ello el período comprendido del día 28 de un mes al día 27 del inmediato siguiente, salvo tratándose de los meses de diciembre y enero, en cuyo caso, el pago abarcará del 26 de noviembre al 31 de diciembre del mismo año, y del 1o. de enero al 27 del mismo mes y año, respectivamente. Quienes ejerzan esta opción la deberán aplicar por años de calendario completos y por un período no menor de 5 años.
Artículo 32-B. ...
Cuando las instituciones de crédito realicen cobros a los contribuyentes por los servicios que les proporcionen para la presentación de las declaraciones en los términos establecidos en el artículo 31 de este Código, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no deberá efectuar la retribución a que se refiere el párrafo anterior.
IV. Proporcionar, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información de los depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto.
...
VI. (Se deroga).
VII. Expedir los estados de cuenta a que se refiere el artículo 29-C de este Código, con los requisitos que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales.
Artículo 32-E. Las casas de bolsa deberán expedir los estados de cuenta a que se refiere el artículo 29-C de este Código, con los requisitos que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Artículo 32-F. Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones fiscales puedan destruir mercancías que hayan perdido su valor por deterioro u otras causas, para poder ejercer ese derecho, tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud, cuyo costo de adquisición o producción lo hubieran deducido para los efectos del impuesto sobre la renta, están obligados en forma previa a la destrucción, a ofrecerlas en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de este Código.
Artículo 33. ...
b) Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello.
c) Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y de los lugares de presentación de los que se consideren de mayor importancia.
...
g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a períodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.
...
Artículo 34. ...
Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución. En estos casos, no procederá la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de este Código.
...
El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este Código.
Artículo 34-A. Las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas, en los términos del artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que el contribuyente presente la información, datos y documentación, necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Estas resoluciones podrán derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado para evitar la doble tributación.
...
Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos:
Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.
II. Señalar la autoridad que lo emite.
III. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.
IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.
Artículo 39. ...
Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional.
Artículo 41-A. Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo, del ejercicio y complementarias, así como en los avisos de compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones y avisos. Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la solicitud correspondiente.
...
Artículo 42. ...
Artículo 43. ...
...
Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior.
Artículo 46. ...
Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos tres meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del contribuyente.
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden, inclusive cuando las facultades de comprobación sean para el mismo ejercicio y por las mismas contribuciones o aprovechamientos.
Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:
B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
...
Artículo 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado o cuando el contribuyente haya ejercido la opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A de este Código. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 52-A de este Código por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos que establece el artículo 53-A, la información o documentación solicitada, ni cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales.
...
Artículo 48. ...
...
El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.
VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 215 y 296 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será de tres meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del contribuyente.
...
IX. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción.
Artículo 49. ...
Segundo párrafo (Se deroga).
...
En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.
Siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes.
Artículo 51. Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones o aprovechamientos omitidos mediante resolución.
...
Artículo 52. ...
a). ...
Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente deberán contar con certificación expedida por los colegios o asociaciones de contadores públicos registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y contar con experiencia mínima de tres años participando en la elaboración de dictámenes fiscales.
...
Los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público registrado, podrán optar por presentar su declaración del ejercicio en el formato simplificado que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 52-A. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente:
a) Cualquier información que conforme a este Código y a su Reglamento debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales.
b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público.
c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.
La autoridad fiscal podrá requerir la información directamente al contribuyente cuando el dictamen se haya presentado con abstención de opinión, opinión negativa o con salvedades, que tengan implicaciones fiscales.
La información, exhibición de documentos y papeles de trabajo, a que se refiere esta fracción, se solicitará al contador público por escrito, debiendo notificar copia de la misma al contribuyente.
II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para observar la situación fiscal del contribuyente o si éstos no se presentaron en tiempo, dichas autoridades podrán requerir directamente al contribuyente la información y documentos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior; dicho requerimiento se hará por escrito, debiendo notificar copia de la misma al contador público.
III. Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la información y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás documentos, en cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por escrito, notificando copia de la misma al contribuyente.
IV. Si una vez cumplido el orden establecido en las fracciones que anteceden, a juicio de las autoridades fiscales no fuera suficiente la información y documentación para observar la situación fiscal del contribuyente, se podrá practicar visita domiciliaria en los términos de este Código.
Tratándose de pagos provisionales o mensuales, sólo se aplicará el orden establecido en este artículo respecto de aquellos comprendidos en los períodos por los cuales ya se hubiera presentado el dictamen.
Artículo 53. ...
c) Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.
Artículo 53-A. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a que se refiere el artículo 52 de este Código, y soliciten al contador público registrado que lo hubiera formulado información o documentación, la misma se deberá presentar en los siguientes plazos:
II. Quince días, tratándose de otra documentación o información relacionada con el dictamen, que esté en poder del contribuyente.
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Artículo 56. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:
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Artículo 59. ...
Artículo 62. Para comprobar los ingresos, así como el valor de los actos o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por éste, cuando:
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Artículo 66. ...
No procederá la autorización a que se refiere este artículo tratándose de:
b). Contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la importación y exportación de bienes o servicios.
c). Contribuciones que debieron pagarse en el año calendario en curso, o en los seis meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social.
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago en parcialidades, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago en parcialidades, entendiéndose como uso indebido cuando se solicite cubrir las contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la importación y exportación de bienes o servicios, contribuciones que se causaron en el año de calendario en curso o en los seis meses anteriores al en que se solicite la autorización, cuando se trate de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, así como cuando, procediendo el pago en parcialidades, no se otorgue la autorización correspondiente.
Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que:
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IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.
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El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 de este Código; cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos, se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se localice al contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referencia este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. Igualmente se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo, respecto de la sociedad que teniendo el carácter de controladora consolide su resultado fiscal en los términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación respecto de alguna de las sociedades que tengan el carácter de controlada de dicha sociedad controladora.
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Artículo 69. ...
La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400-Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la información relativa a la identidad de los terceros independientes en operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para motivar la resolución, sólo podrá ser revelada a los tribunales ante los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código.
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Artículo 70. ...
Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, las mismas se ajustarán de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 20 de este Código.
Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior al en que se aplica la multa no hayan excedido de $1,750,000.00, se considerarán reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes.
...
Artículo 73. ...
Artículo 75. ...
Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.
...
VI. En el caso de que la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la materia aduanera y cuando se den los supuestos previstos en el artículo 77 fracción II, inciso b) y 78 de este Código.
II. Del 50% al 100% de las contribuciones omitidas en los demás casos.
Cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, la multa será del 30% al 40% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda, siempre que el contribuyente la hubiere disminuido total o parcialmente de su utilidad fiscal. En caso de que aún no se hubiere tenido oportunidad de disminuirla, no se impondrá multa alguna. En el supuesto de que la diferencia mencionada no se hubiere disminuido habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, no se impondrá la multa a que se refiere este párrafo, hasta por el monto de la diferencia que no se disminuyó. Lo dispuesto para los dos últimos supuestos se condicionará a la presentación de la declaración complementaria que corrija la pérdida declarada.
Tratándose de la omisión en el pago de contribuciones debido al incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 106, octavo párrafo y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las multas serán un 50% menores de lo previsto en las fracciones I y II de este artículo. En el caso de pérdidas, cuando se incumpla con lo previsto en los citados artículos, la multa será del 15% al 20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas fiscales declaradas sean mayores a las realmente sufridas. Lo previsto en este párrafo será aplicable, siempre que se haya cumplido con las obligaciones previstas en los artículos 86, fracción XII y 133 fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Cuando la infracción consista en no registrar o registrar incorrectamente las deudas para los efectos del cálculo del ajuste anual por inflación acumulable a que hace referencia el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la multa será de 0.25% a 1.00% del monto de las deudas no registradas.
Artículo 79....
Artículo 80. ...
Artículo 81. ...
...
VII. No presentar la información manifestando las razones por las cuales no se determina impuesto a pagar o saldo a favor, por alguna de las obligaciones que los contribuyentes deban cumplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, octavo párrafo de este Código.
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IX. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 20, penúltimo párrafo de este Código, en los plazos que establecen las disposiciones fiscales.
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XI. No incluir a todas las sociedades controladas en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal consolidado que presente la sociedad controladora en términos del artículo 65, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o no incorporar a la consolidación fiscal a todas las sociedades controladas en los términos del párrafo cuarto del artículo 70 de dicha Ley, cuando los activos de las sociedades controladas no incluidas o no incorporadas, representen en el valor total de los activos del grupo que consolide por cientos inferiores a los que establecen los citados preceptos.
XII. No presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen de consolidación fiscal en términos de los artículos 70, ultimo párrafo y 71, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta o presentarlos en forma extemporánea.
XIII. No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera otorgado donativos, de conformidad con los artículos 86 fracción IX inciso b), 101 fracción VI, inciso b) y 133, fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el caso.
XIV. No proporcionar la información de las operaciones efectuadas en e1 año de calendario anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales, de conformidad con el artículo 86, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el caso.
XV. No proporcionar la información sobre las inversiones que mantengan en acciones de empresas promovidas en el ejercicio inmediato anterior, así como la proporción que representan dichas inversiones en el total de sus activos, de conformidad con el artículo 50, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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XVII. No presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas con partes relacionadas residentes en el extranjero durante el año de calendario inmediato anterior, de conformidad con los artículos 86, fracción XIII, 133, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla incompleta o con errores.
XVIII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones II, tercer párrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
XIX. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones X y XVI de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
XX. No presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 9o. de este Código.
XXI. No registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracciones XI y XIV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
XXII. No proporcionar la información relativa del interés real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate por créditos hipotecarios, en los términos de la fracción IV del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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XXIV. No proporcionar la constancia a que se refiere la fracción II del artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
XXV. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción V del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 82. ...
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VII. De $500.00 a $5,000.00, para la establecida en la fracción VII.
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XX. De $3,000.00 a $6,000.00, para la establecida en la fracción XX.
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XXII. De $3,000.00 a $6,000.00, por cada informe no proporcionado a los contribuyentes, para la establecida en la fracción XXII.
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XXIV. De $3,000.00 a $6,000.00, por cada constancia no proporcionada, para la establecida en la fracción XXIV.
XXV. De $20,000.00 a $35,000.00 para la establecida en la fracción XXV. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.
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XIII. No tener en operación o no registrar el valor de los actos o actividades con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, o en los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal autorizados por las autoridades fiscales, cuando se esté obligado a ello en los términos de las disposiciones fiscales.
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XV. No identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, en los términos de lo dispuesto por el artículo 86, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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VI. De $9,783.00 a $55,901.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la primera infracción, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $1,750,000.00, supuestos en los que la multa será de $978.00 a $1,957.00 por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.
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XIII. De $1,000.00 a $3,000.00 a la señalada en la fracción XV, por cada operación no identificada en contabilidad.
VIII. (Se deroga).
VIII. (Se deroga).
Asimismo, se considera infracción en las que pueden incurrir las casas de bolsa, el no proporcionar la información a que se refiere el artículo 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de los contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación.
Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el primer párrafo del artículo 84-G de este Código se le impondrá una multa de $56.00 a $113.00 por cada traspaso asentado en un estado de cuenta que no cumpla los requisitos a que se refiere el artículo 32-E de este Código.
A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 84-G de este Código, se le impondrá una multa de $3,000.00 a $6,000.00 por cada informe no proporcionado.
Artículo 86-A. Son infracciones relacionadas con la obligación de adherir marbetes o precintar los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, de cerciorarse al adquirirlos de que dichos envases o recipientes cuenten con el marbete o precinto correspondiente, así como de destruir los envases que contenían bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las siguientes:
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IV. No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello.
Artículo 86-E. ...
Asimismo, son infracciones de los productores o envasadores de bebidas alcohólicas, no llevar los controles físico o volumétrico a que se refieren las fracciones X y XVI del artículo 79 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o llevarlos en forma distinta a lo que establecen dichas fracciones.
Artículo 87. ...
Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a los límites mínimo y máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa.
Artículo 97. Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión.
Artículo 100. La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal.
Artículo 102. ...
No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el monto de la omisión no excede de $100,000.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
Artículo 103. ...
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X. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo.
XI. Las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida.
XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de tránsito, en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida.
XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados.
XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades aduaneras para recibir la visita de inspección de la autoridad aduanera, o las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte internacional no regular omitan requerir la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección o no la conserven por el plazo de cinco años.
XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen como insumos mercancías que por sus características de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación; se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación cuando este ya no se encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación de una empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el Registro Federal de Contribuyentes y en la Secretaría de Economía.
XVI. Se transfiera la mercancía importada temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a empresas que no cuenten con dichos programas, cuando la mercancía no se encuentre amparada en el programa de la empresa adquirente o se encuentre vencido su plazo de importación temporal.
XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I de la Ley Aduanera que las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su programa.
XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del artículo 106 de la Ley Aduanera.
II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, excede de $500,000.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de $750,000.00.
III. De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con él o cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 103, fracciones IX, XIV y XIX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI, y XVII de este Código.
Artículo 105. ...
II. (Se deroga)
III. (Se deroga)
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V. En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la importación del propio vehículo se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude o fomente la introducción al país o extracción de él de mercancías de comercio exterior en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 102, fracciones I a III de este Código y a quien omita o impida realizar el reconocimiento de las mercancías. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera.
VI. Importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin tener su residencia en dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los Decretos que autoricen las importaciones referidas, o importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades migratorias señaladas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 106 de la Ley Aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados.
VII. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título sin autorización legal vehículos importados en franquicia, importados a la franja fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas, o importados o internados temporalmente.
VIII. Omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehículos importados temporalmente o el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; transforme las mercancías que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra forma viole las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la finalidad específica del régimen.
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XII. Señale en el pedimento la denominación o razón social, domicilio fiscal o la clave del Registro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación de comercio exterior, salvo los casos en que sea procedente su rectificación, o cuando estos datos o los señalados en la factura, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o al productor, el domicilio fiscal señalado no corresponda al importador.
No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o falsedad de los datos y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y siempre y cuando el agente o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el reconocimiento previo de las mercancías.
XIII. Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada.
XIV. Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en prejuicio del fisco federal, transmita al sistema electrónico previsto en el artículo 38 de la Ley Aduanera información distinta a la declaración en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de mercancías de comercio exterior con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema o permita que se despache mercancía amparada con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema.
XV. Viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o transportar mercancías de comercio exterior o tolere su violación.
XVI. Permita que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su patente de agente aduanal; intervenga en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda otorgarla o transfiera o endose documentos a su consignación sin autorización escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes aduanales.
XVII. Falsifique el contenido de algún gafete de identificación utilizado en los recintos fiscales.
Artículo 107. ...
Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la sanción correspondiente se aumentará de tres meses a tres años de prisión. Si la calificativa constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación.
Artículo 108. ...
El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:
II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $926,503.00, pero no de $1,389,754.00.
III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,389,754.00.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código, serán calificados cuando se originen por:
b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.
Artículo 109. ...
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VI. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Aduanera, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción I de la Ley citada, en su caso.
VII. Declare inexactamente la clasificación arancelaria de las mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, se evada la garantía por la importación de mercancía sujeta a precios estimados o se importe mercancía sin que el importador se encuentre inscrito en los padrones a que se refiere el artículo 77 del Reglamento de la Ley Aduanera.
Artículo 111. ...
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VII. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción V del artículo 28 de este Código, los altere, los destruya o bien, enajene combustibles que no fueron adquiridos legalmente.
Artículo 112. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $82,820.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
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Artículo 114-A. ...
Se impondrá la misma sanción al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente.
Artículo 114-B. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.
Artículo 115. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de $35,494.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
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Artículo 115-Bis. Se impondrá sanción de seis a diez años de prisión al comercializador o transportista, de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados.
Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, también se aplicará la pena mencionada al comercializador o transportista, que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas.
Artículo 124. ...
Artículo 125. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía.
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Artículo 130. En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso.
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad.
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de su resolución.
Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este Capítulo.
Artículo 132. ...
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.
Artículo 133. ...
Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana.
Artículo 133-A. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente:
a) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.
En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo perentorio de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este Código.
En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurrido dicho plazo sin dictar la resolución definitiva, la autoridad no podrá reiniciar un procedimiento o dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada en el recurso, salvo en los casos en los que el particular, con motivo de la resolución del recurso, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le confirme un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.
Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la revocación de la resolución impugnada o lo indemnice por los daños y perjuicios causados.
Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la resolución del recurso lo establezca y aun cuando la misma revoque el acto impugnado sin señalar efectos.
b) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución impugnada ni puede dictarse después de haber transcurrido cuatro meses, aplicando en lo conducente lo establecido en el segundo párrafo siguiente al inciso a) que antecede.
Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.
Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución para el obligado a cumplirla.
Artículo 134. ...
En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave que el Servicio de Administración Tributaria le proporcione para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.
Artículo 139. Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado el documento.
Artículo 140. Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones durante tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, por un día en un diario de mayor circulación, y durante quince días consecutivos en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales, y contendrán un resumen de los actos que se notifican.
Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la página a que hace referencia el párrafo anterior, según sea el caso.
Artículo 141. ...
Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora.
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.
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Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegura mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
Artículo 146. ...
Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este articulo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.
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Artículo 150. ...
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados en los artículos 41, fracción II y 141, fracción V, de este Código, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de información, en el registro público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los devengados por concepto de escrituración y las contribuciones que origine la transmisión de dominio de los bienes inmuebles que son aceptados por la Federación en dación en pago en los términos de lo previsto por el artículo 191 de este Código, y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen, bienes que sean objeto de remate.
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Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento con el público en general del cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los programas de formación de funcionarios fiscales, salvo que por Ley estén destinados a otros fines. El destino de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades fiscales federales.
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Artículo 153. Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario.
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Artículo 155. La. persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al orden siguiente:
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Artículo 156. ...
El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se levante o bien, su negativa.
Artículo 156-Bis. En el caso de embargo de depósitos bancarios en términos del artículo 155, fracción I, del presente Código, la autoridad que haya ordenado el embargo girará oficio al gerente de la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que la inmovilice y conserve los fondos depositados.
La institución bancaria deberá informar a la autoridad a que se refiere el párrafo anterior, el incremento de los depósitos bancarios por los intereses que se generen, en el mismo periodo y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.
Los fondos únicamente podrán transferirse al fisco federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.
En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas bancarias embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 de este Código, en sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo máximo de 10 días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la institución bancaria el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de 15 días siguientes al en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, sino lo hace durante el plazo señalado, la institución bancaria levantará el embargo de la cuenta.
Articulo 157. ...
Artículo 160. ...
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya cancelación deba anotarse en el registro público que corresponda, la oficina ejecutora requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el finiquito.
...
Artículo 174. Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que se llevará a cabo a través de medios electrónicos.
La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas.
Artículo 176. El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.
La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que se juzgue conveniente. Además, la convocatoria se dará a conocer en la página electrónica de las autoridades fiscales. En la convocatoria se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo.
Artículo 177. Los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a los últimos diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente del período de remate señalado en la convocatoria y, en caso de no ser factible hacerlo por alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 134 de este Código, se tendrán como notificados de la fecha en que se efectuará el remate, en aquélla en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible en la oficina ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.
Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán hacer las observaciones que estimen del caso, pudiendo enviarlas en documento digital que contenga firma electrónica avanzada a la dirección electrónica que expresamente se señale en la convocatoria, debiendo señalar su dirección de correo electrónico. Dichas observaciones serán resueltas por la autoridad ejecutora y la resolución se hará del conocimiento del acreedor.
Artículo 181. Las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica avanzada, a la dirección electrónica que se señale en la convocatoria para el remate. El Servicio de Administración Tributaria mandará los mensajes que confirmen la recepción de las posturas. Dichos mensajes tendrán las características que a través de reglas de carácter general emita el citado órgano. Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de enviar su postura, realice una transferencia electrónica de fondos equivalente cuando menos al diez por ciento del valor fijado a los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá hacerse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y su importe se considerará como depósito para los efectos del siguiente párrafo y de los artículos 184, 185 y 186 de este Código.
El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Después de fincado el remate se devolverán a los postores los fondos transferidos electrónicamente, excepto los que correspondan al admitido, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de venta.
El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que en sustitución de la firma electrónica avanzada, se empleen otros medios de identificación electrónica.
Artículo 182. El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los siguientes datos:
II. La cantidad que se ofrezca.
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito.
IV. La dirección de correo electrónico.
V. El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que haya realizado.
Artículo 183. En la página electrónica de subastas del Servicio de Administración Tributaria, se especificará el período correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción.
Cada subasta tendrá una duración de 8 días que empezará a partir de las 12:00 horas del primer día y concluirá a las 12:00 horas del octavo día. En dicho período los postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas.
Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo precedente, en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se trate, el Servicio de Administración Tributaria concederá plazos sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez transcurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate.
El Servicio de Administración Tributaria fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura mas alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido.
Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios electrónicos a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se levante.
Artículo 185. Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante transferencia electrónica de fondos efectuada conforme a las regias de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras.
...
Artículo 186. Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el depósito constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante transferencia electrónica de fondos conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras.
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Artículo 191. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se fijará nueva fecha para que, dentro de los quince días siguientes, se lleve a cabo una segunda almoneda, cuya convocatoria se hará en los términos del artículo 176 de este Código.
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Si tampoco se fincare el remate en la segunda almoneda, la autoridad podrá enajenar el bien fuera de remate directamente o encomendar dicha enajenación a empresas o instituciones dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, sin que sea necesario que la citada autoridad se adjudique el bien de que se trate.
La autoridad podrá aceptar el bien en pago o adjudicárselo; en estos casos, se suspenderán provisionalmente todos los actos tendientes al cobro del crédito fiscal, así como la causación de recargos y la actualización de los accesorios. Para tales efectos, dicha autoridad considerará que el bien fue enajenado en un 50% del valor de avalúo y, en su caso, podrá donarlo para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes de la materia. De no formalizarse la aceptación del bien en pago o la adjudicación por causas imputables al ejecutado o si la formalización fuera revocada por causas imputables al ejecutado, quedarán sin efectos tanto la aceptación del bien o la adjudicación como la suspensión en la causación de recargos y en la actualización de los accesorios.
La aceptación del bien en pago o la adjudicación a que hace referencia el párrafo anterior se tendrá por formalizada:
II. En el caso de bienes inmuebles, una vez que el jefe de la oficina ejecutora firme el acta de adjudicación correspondiente.
El acta de adjudicación debidamente firmada por el jefe de la oficina ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En el caso de que no se pueda inscribir el acta de adjudicación en el Registro Público de la Propiedad que corresponda por causas imputables al ejecutado, se revocará la formalización de la dación en pago.
El registro a que se refiere el párrafo anterior se realizará disminuyendo de las cantidades a que alude dicho párrafo, según corresponda, los gastos de administración, mantenimiento y enajenación y las erogaciones extraordinarias en que hubiesen incurrido las autoridades fiscales, durante el período comprendido desde su aceptación y hasta su enajenación y los montos que en los términos de este artículo se destinen a los fondos de administración, mantenimiento y enajenación de bienes aceptados en dación en pago y de contingencia para reclamaciones. En tanto se realiza el registro del ingreso, la aceptación del bien en pago o la adjudicación se registrará en las cuentas de orden de las autoridades fiscales. De los ingresos obtenidos en el ejercicio de que se trate por la enajenación de bienes aceptados en pago, o adjudicados se destinará el 5% al fondo de administración, mantenimiento y enajenación de dichos bienes que se constituya en la Tesorería de la Federación, de conformidad con las reglas generales que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, el 7.5% de los ingresos obtenidos por la enajenación de dichos bienes en el ejercicio de que se trate, se destinarán al fondo de contingencia constituido en la Tesorería de la Federación y servirá para hacer frente a las reclamaciones que sean procedentes, presentadas por los compradores, por pasivos ocultos, fiscales o de cualquier otra índole, por activos inexistentes o asuntos en litigio, de conformidad con las reglas que para tales efectos emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los bienes aceptados en pago o adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes del dominio privado de la nación, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los términos de este artículo.
Artículo 192. ...
...
Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:
II. Lo dispuesto en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor hasta que el Servicio de Administración Tributaria establezca las promociones que se deberán presentar por medios electrónicos y en documento impreso.
III. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto las cantidades a que se refieren los artículos 32-A, fracción I; 80, fracciones I, III a VI; 82, fracciones I a IV, VI, VIII a XIX, XXI y XXIII; 84, fracciones I a III, V y VII a XII; 84-B, fracciones I, III a VI; 84-D; 84-F; 86, fracciones I a V; 86-B, fracciones I a III; 86-D; 86-F; 88; 90; 91; 102, último párrafo; 104, fracciones I y II; 150, segundo y tercer párrafos, del Código Fiscal de la Federación, mismas que se encuentran actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-B de dicho ordenamiento vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, y dadas a conocer en el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2003, son las cantidades que estarán vigentes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
IV. En las solicitudes de devolución presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, en las que el contribuyente no hubiese manifestado su número de cuenta bancaria para transferencias electrónicas del contribuyente en la institución financiera de que se trate debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México y, por ende, las autoridades fiscales no puedan realizar la devolución de que se trate mediante abono en cuenta del contribuyente, dicha devolución podrá efectuarse mediante cheque nominativo. Cuando el monto de la devolución no exceda de $10,000.00 las autoridades fiscales podrán realizarla en efectivo. En estos casos, se considerará que la devolución está a disposición del contribuyente cuando se le notifique la autorización de la devolución respectiva.
V. Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación entrará eh vigor el 1o. de enero de 2005.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2004, se estará a lo siguiente:
Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice, y presenten el aviso de compensación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite en la forma oficial correspondiente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no procederá respecto de las contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación.
Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, aportación de seguridad social, contribución de mejoras o derecho.
VI. El asociante de las asociaciones en participación, que hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto hayan obtenido el registro correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del cuarto párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán solicitar al citado registro, en un plazo de 2 meses, contados a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, la modificación de dicho registro, de conformidad con las disposiciones aplicables.
VII. Para los efectos del artículo 28, fracción V del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para incorporar los equipos de control volumétrico a que se refiere el precepto citado.
VIII. Para los efectos del artículo 29 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, el plazo a que se refiere dicho artículo será de 24 meses contados a partir de que se considere formalizada la aceptación en pago de conformidad con dicho ordenamiento. Las disposiciones a que se refiere el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación relativas a los fondos de administración, mantenimiento y enajenación y de contingencia para reclamaciones, serán aplicables a la dación en pago a que hace mención la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
IX. Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor el 1o. de enero de 2005.
X. Las dependencias y entidades a que hace referencia el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, también podrán contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los contribuyentes que antes de la entrada en vigor del presente Decreto hubiesen celebrado con las autoridades fiscales convenio para cubrir a plazos, ya sea con pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo, siempre que dichos contribuyentes estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
XI. Para los efectos de lo dispuesto por los apartados A y del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, los plazos con que cuenta la autoridad fiscal, incluidas las prórrogas correspondientes, para concluir las visitas que se desarrollen en el domicilio fiscal de los contribuyentes o las revisiones de la contabilidad de los mismos que se efectúen en las oficinas de las propias autoridades, iniciadas con anterioridad al 1o. de enero de 2004, comenzarán a contar a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
XII. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, el plazo con que cuenta la autoridad fiscal para emitir la resolución que corresponda respecto de las visitas domiciliarias concluidas con anterioridad al 1o. de enero de 2004 y sobre las cuales la autoridad fiscal, conforme al precepto citado vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, no contaba con un plazo determinado para emitirla, comenzará a contar a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
XIII. Para los efectos del segundo párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, los contadores públicos registrados ante las autoridades fiscales, así como aquellos que soliciten su registro, contarán con un plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para obtener y presentar, ante las autoridades fiscales, la certificación expedida por la agrupación profesional autorizada para ello a que se refiere el citado artículo; de no hacerlo, se les tendrá por cancelado el registro correspondiente.
XIV. Las personas físicas y morales, que tengan créditos fiscales por impuestos trasladados, retenidos o recaudados, generados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán solicitar autorización para pagar a plazos dichas contribuciones, siempre y cuando:
a) Garanticen el interés fiscal mediante billete de depósito, prenda o hipoteca, obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia o mediante embargo en la vía administrativa de inmuebles libres de gravámenes o de afectaciones agrarias y urbanísticas.
b) Efectúen el pago de una cantidad equivalente al 20% de la totalidad del adeudo que corresponda a la primera parcialidad, considerando las contribuciones omitidas actualizadas, los recargos generados, hasta la fecha de pago y, en su caso, las sanciones que se le hubieren determinado.
La autorización a que se refiere esta fracción, en ningún caso excederá de 24 parcialidades.
XV. Para los efectos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, los plazos contenidos en dicho precepto, respecto de los impuestos con cálculo mensual definitivo correspondientes a años anteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se presentó o debió haberse presentado la última declaración mensual del año de calendario inmediato anterior a la entrada en vigor del presente Decreto.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en el que se presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.
XVI. Lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor el 1o. de mayo de 2005.
XVII. Durante el año de 2004, las autoridades fiscales podrán efectuar los remates previstos en la Sección IV del Capítulo III del Título V del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
XVIII. Los ingresos que se obtengan desde la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2004, por la enajenación de bienes que hayan sido adjudicados al fisco federal por concepto de dación en pago, se destinarán primordialmente para la constitución de los fondos de administración, mantenimiento y enajenación y de contingencia para reclamaciones, a que hace referencia el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación.
XIX. Los bienes que hayan sido aceptados en pago o adjudicados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, que aun estén bajo custodia de las autoridades fiscales, podrán ser enajenados fuera de remate como si nunca hubiesen sido aceptados en pago o adjudicados, donados o destruidos, directamente por el Servicio de Administración Tributaria o por las terceras personas que dicho Servicio designe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior, en ningún momento afectará los derechos de los contribuyentes.
XX. Lo dispuesto en la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, seguirá aplicándose por los hechos, actos u omisiones y en general por todas aquellas conductas cometidas durante su vigencia, asimismo, dicho precepto seguirá aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por tal disposición legal.
XXI. Durante el ejercicio de 2004 el uso de la firma electrónica avanzada será optativo para los contribuyentes. En tanto los contribuyentes obtienen el certificado de firma electrónica avanzada, en el ejercicio fiscal de 2004 deberán continuar utilizando ante el Servicio de Administración Tributaria las firmas electrónicas que ante el mismo Servicio han venido utilizando, o las que generen conforme a las reglas de carácter general que dicho órgano emita para la presentación de declaraciones y dictámenes, según sea el caso.
XXII. Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para establecer con el Banco de México los sistemas de coordinación necesarios para el aprovechamiento de la infraestructura de clave pública regulada por dicha institución, para el control de los certificados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.
Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se entiende que el Servicio de Administración Tributaria se encuentra autorizado para actuar como agencia registradora y certificadora.
XXII. Para los efectos de la actualización de las cantidades que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, prevista en el penúltimo párrafo del artículo 17-A del ordenamiento citado, se considera que la actualización de las cantidades a que se refiere dicho párrafo se ha realizado por última vez en el mes de enero de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Lydia Madero García (rúbrica)
Secretaria
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Diciembre 15 de 2003.)
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el Presupuesto de Egresos correspondiente al año fiscal 2004 se incluya una partida especial destinada al fomento cooperativo a través de un programa especial adscrito al Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes) de la Secretaría de Economía, con base en los siguientes
Antecedentes y Consideraciones
Como es sabido, las empresas globalizadas que compiten en el mercado internacional responden a una estrategia de intensificación productiva. Esta se compone de tres elementos: tecnologías más intensivas que reducen la participación de la mano de obra directa, economías de escala que hacen más eficiente el aprovechamiento de insumos y flexibilización del trabajo para adecuar la oferta a la demanda solvente.
Bajo la lógica implacable de esta política de desarrollo industrial, ejércitos enteros de trabajadores son lanzados a la calle escamoteando sus legítimas liquidaciones de ley.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, baste observar que las empresas maquiladoras, que prometían un proceso estable para aprovechar la inversión extranjera, concediendo a las empresas fronterizas exenciones fiscales e infraestructura barata, han empezado a retirarse de las llamadas economías en desarrollo y se lanzan ahora a establecer sus plantas en los nuevos mercados emergentes, donde no existen sindicatos ni legislación que proteja la mano de obra.
Actualmente se importa maíz, trigo, arroz, frijol, leche y aceite, y se exporta mano de obra. El principal renglón de ingreso de la economía ya no es la venta de hidrocarburos, ni el turismo, sino cada vez más las remesas de los braceros. Sin embargo, el país necesita cada vez más dólares para el pago de sus deudas, para las importaciones que requiere su planta productiva y para la compra de alimentos.
Por esa vía no parece posible recuperar el mercado interno, ni el empleo productivo.
Es necesario identificar qué unidades de producción pueden orientarse al mercado nacional, al mismo tiempo que responden a una lógica de empleo y no sólo a una lógica de competencia y acumulación de ganancias.
Afortunadamente, a últimas fechas, tanto a nivel del Gobierno federal como de los estados, se ha expresado una creciente preocupación por la economía social, poniéndose en marcha diversos programas de apoyo. Sin embargo, a excepción de la Sedesol y del Fonaes, que específicamente cuentan con una estrategia de promoción cooperativa, el resto de las instituciones las apoya del mismo modo en que también promueve empresas familiares o del sector privado.
De manera simultánea, en algunos estados de la República, se han venido diseñando programas de promoción cooperativa que abarcan amplias regiones y que involucran a decenas de miles de beneficiarios.
Tales son los casos de Tabasco, donde el DIF actúa conjuntamente con el gobierno estatal en esta tarea; Hidalgo, donde se formula un Programa Estatal de Cooperativas dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, y el Distrito Federal, donde se avanza en la formulación de un Programa Especial de Empleo y Fomento Cooperativo. En otros estados, como Veracruz, Puebla y de México, diversas organizaciones sociales manifiestan abiertamente su interés en reconvertir sus empresas y dotarlas de personalidad jurídica bajo la modalidad de sociedad cooperativa. Finalmente, cabe destacar que diversos contingentes de trabajadores que, debido a problemas laborales o por el cierre unilateral de sus centros de trabajo se han visto arrojados a las filas del desempleo, vienen considerando la posibilidad de recuperar sus unidades productivas dando paso a la formación de cooperativas de producción; los casos más destacados son los de Euzkadi, en el Salto, Jalisco, y de DINA Camiones y National Castings en el estado de Hidalgo, en donde las negociaciones entre la representación empresarial y los trabajadores, con la intermediación del gobierno del estado y la STPS, están llegando a un punto de consenso en torno a ofrecer cómo salida legal a dichos conflictos la reapertura de tales empresas bajo administración cooperativa.
Así, a pesar de que durante muchos años se promovió una política cooperativa paternalista y aún corporativa, y de que hubo programas erráticos y dispendiosos en el sector, el cooperativismo ha sobrevivido. Hoy existen más de dos millones de cooperativistas afiliados a las cooperativas de ahorro y préstamo. Existen también empresas modelo como Cruz Azul, que ha gestado todo un complejo industrial en tomo suyo y que ha consolidado una ciudad bajo lógicas solidarias; y Pascual, que empezó como un sindicato en resistencia y hoy se yergue como una de las tres principales industrias de bebidas en el país.
Tenemos cooperativas que exportan aguacate o mariscos, lo mismo que cooperativas que promueven la producción de mezcal o la distribución de productos básicos entre sus socios. Existen cooperativas para servicios funerarios, de salud y hasta para otorgar seguro a los productores agrícolas.
Paradójicamente y debido a la ausencia de estadísticas confiables, los socios de estas cooperativas no tienen conciencia de lo vasto de las actividades que cubren, o de la importancia que alcanzan por el número de socios, por la derrama económica que consiguen o por su aportación al producto nacional.
Es difícil dar cuenta de sus dimensiones, pero es indudable el importante papel que juegan en la economía popular.
Lo más significativo, sin embargo, es que evolucionan y funcionan a un ritmo propio, que se aparta en varios sentidos de la economía global y que responde a las condiciones de cada localidad en donde actúan.
Precisamente por ello, desde diversos ámbitos de gobierno y distintos espacios de representación social, se está llegando a una misma conclusión, que hoy recogemos en este documento y que tiene que ver con el convencimiento de que para promover el empleo productivo y fortalecer el mercado interno se requiere de un programa nacional de fomento y financiamiento cooperativo.
La entrada en vigor del citado programa, de ninguna manera se traducirá en la creación de una nueva institución burocrática, pues de lo que se trata es de aprovechar el marco institucional actualmente existente, en donde sobresale el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, adscrito a la Secretaría de Economía, como la dependencia con mayor experiencia en materia de financiamiento al sector cooperativo, por lo cual debe ser fortalecido para que actúe como una instancia con reconocimiento gubernamental y con autoridad para coordinar los esfuerzos y sumar los recursos.
Sin embargo, si bien el Fonaes actualmente, de manera explícita, promueve y financia cooperativas, no tiene las dimensiones ni los recursos para fondear casos como Euzkadi, Ciudad Sahagún, o una empacadora de mariscos de las cooperativas de pesca en Sonora, por citar unos cuantos ejemplos.
Por ello consideramos imprescindible la creación de un programa especial de fomento y financiamiento cooperativo adscrito al Fonaes, en cuyo marco la promoción se traduzca en la oferta de créditos blandos para capital semilla o para proyectos de reconversión productiva de baja cuantía y el componente de financiamiento se materialice en el apoyo a programas de desarrollo cooperativo a nivel regional, o bien para el financiamiento de proyectos de reconversión productiva superiores a los quinientos mil pesos. La aprobación de los proyectos específicos del componente de financiamiento cooperativo requeriría del aval de los gobiernos de los estados y/o del municipio correspondiente, el cual se haría responsable de la ejecución del programa, conjuntamente con los beneficiarios.
Todos los créditos otorgados en el marco del nuevo programa deberán ser recuperables.
La conclusión de este análisis es que se requiere un programa especial que coordine el trabajo, y una instrucción expresa al poder legislativo para que, a través de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la H. Cámara de Diputados, actúe como institución coadyuvante que garantice el pleno cumplimiento de los objetivos del Programa.
Al proceder de esta manera, se estará dando cumplimiento, por una parte, a lo establecido en el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, mediante el cual se instruye a los gobiernos federal, estatal y municipal a apoyar, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo y, por la otra, a las disposiciones contenidas en la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo referente a la Promoción de las Cooperativas, recientemente suscrita por nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Presupuesto de Egresos del año fiscal 2004 se incluya una partida especial de 250 millones de pesos destinada a fomento cooperativo, exclusivamente en forma de capital de inversión.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Economía para que se cree un Programa Especial de Fomento y Financiamiento Cooperativo en el marco del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (Fonaes).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los diez días del mes de diciembre del año dos mil tres.
Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez, Presidente; José Juan Bárcenas González, secretario; Francisco Luis Monárrez Rincón, secretario; Alfonso Nava Díaz, secretario; Huberto Aldaz Hernández, Gaspar Avila Rodríguez, Irene Herminia Blanco Becerra, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Lino Celaya Luría, Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor, David Ferreyra Martínez, Manuel Gómez Morín Martínez del Río; Valentín González Bautista, José Julio González Garza, César Amín González Orantes, Manuel González Reyes, Alfonso González Ruiz, Cruz López Aguilar, Luis Felipe Madrigal Hernández, Jesús Morales Flores, José Alfonso Muñoz Muñoz, Daniel Ordóñez Hernández, Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona, Arturo Robles Aguilar, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Israel Tentory García, Gerardo Ulloa Pérez, Adrián Villagómez García, (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Diciembre 15 de 2003.)
El suscrito, en su calidad de diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se elabore con la mayor brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo el dictamen conjunto de iniciativas que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En sesión del 3 de diciembre de 2002, el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla presentó ante el Pleno iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir el número de legisladores, que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa que se comenta pretende una nueva integración de la Cámara de Diputados, mediante la reducción del número de legisladores que la forman, para lo cual propone:
El objeto de esa iniciativa es, entre otros:
Reducir a 96 el número de senadores, eliminando senadores electos por el principio de representación proporcional, para quedar con 64 electos por el sistema de mayoría relativa y 32 más asignados a la primera minoría;
Elevar de 2 a 4 el porcentaje del total de la votación nacional emitida para las listas regionales para que los partidos políticos tengan derecho a diputados por el principio de representación proporcional;
Que, para que un partido político obtenga el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con 140 diputados por mayoría relativa; y
Que ningún partido político podrá contar con más de 210 diputados por ambos principios; reduce de 8 a 5 el porcentaje de votación nacional emitida por el que un partido político pueda contar con diputados por ambos principios.
Consideraciones
Las diversas reformas constitucionales hechas para modificar la integración del Congreso han ido garantizando la participación y presencia de las distintas fuerzas políticas del país.
Se estableció un sistema electoral mixto, en el entendido de garantizar la presencia de las minorías en el Congreso y, además, para que ciudadanos y electorado pudieran participar y conocer a sus representantes.
Indiscutiblemente, el sistema mixto adoptado en 1986 fue garante de la democracia en el país. Sin embargo, algunas reformas posteriores que modificaron el número de integrantes de ambas Cámaras ya no pueden ser sostenidas.
Por ello se hace necesario una reforma en la que se fortalezca el Poder Legislativo, profesionalizando su labor y funciones, por lo que es importante reflexionar acerca del número de legisladores que integran el Congreso de la Unión, toda vez que se ha considerado que la integración actual de ambas Cámaras ha provocado falta de organización, así como el entorpecimiento de acuerdos y consensos no sólo en el Congreso sino, incluso, entre los mismos grupos parlamentarios, lo que motiva el rezago y la lentitud del trabajo legislativo.
Tras la democracia alcanzada durante la última década, necesitamos mayores consensos, una tribuna fortalecida en sus debates, trabajos en comisión que sean de calidad y no una Cámara llena de legisladores que aprovechen la magnitud en la integración de este órgano colegiado para cumplir y satisfacer intereses personales.
Es tiempo de que también el Congreso innove y reforme su estructura en pro de un México mejor. La situación democrática que vive el país nos los exige, y debemos ser responsables asumiendo los cambios necesarios para que esto sea así.
Ahora bien, respecto a la integración del Congreso de la Unión no nos queda la menor duda de que es necesario que se conserve el mismo sistema mixto electoral que actualmente considera la Constitución, en virtud de la necesidad de garantizar la presencia de las minorías en los órganos de representación política. No obstante, estamos convencidos de la urgente necesidad de analizar y debatir responsablemente sobre porcentajes por los que se han de elegir legisladores por ambos principios.
Por lo que se refiere a las iniciativas objeto de la presente excitativa, cabe acotar que si bien coincide el espíritu que las anima, también es cierto que deben perfeccionarse, por lo que estamos convencidos de la necesidad de que se emita un dictamen conjunto, toda vez que el proceso de dictaminación dará pie a una discusión en que participen las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados para rediseñar nuestro sistema mixto electoral -en cuanto a porcentajes- y contribuir al fortalecimiento del Poder Legislativo.
Consideraciones de Derecho
1. Que desde el 3 de diciembre de 2002 y 11 de abril de 2003, fecha en que se presentaron las iniciativas que se comentan, ha transcurrido más del término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la comisión competente presente los dictámenes correspondientes a las iniciativas descritas.
2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que emita en breve el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y las consideraciones expuestos, y de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente dictamen conjunto de las iniciativas que reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir el número de legisladores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días de diciembre de 2003.
Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales
para que emita el dictamen correspondiente. Diciembre 15 de 2003.)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, PRESENTADA EN LA SESION DEL LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2003
Los legisladores de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que elaboren y presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la Corte Penal Internacional (CPI), bajo las siguientes
Consideraciones
Primero. El 14 de diciembre de 2002, el Presidente de la honorable Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la CPI,1 la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para su dictaminación.
Esa minuta tiene como finalidad reformar dicho artículo, adicionando un párrafo quinto, donde el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la CPI2 y así lograr la ratificación del Estatuto de Roma por parte de México.
Segundo. El 17 de julio de 1998, en Roma, Italia, la comunidad internacional realizó un enorme avance en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ese día, 120 Estados votaron en favor de la adopción del Estatuto de Roma, el cual crea la CPI, como un tribunal permanente con jurisdicción complementaria, capaz de juzgar a individuos, la cual -después de la ratificación por parte de 92 Estados- entró en vigor el 2 de julio de 2002.
El 7 de septiembre de 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio, el Presidente de la República firmó el estatuto que crea la CPI, obligando con ello al Estado mexicano a ratificar dicho instrumento.
La minuta en cuestión fue presentada ante la preocupación de adecuar los preceptos de la Ley Suprema al contenido del Estatuto de Roma, con el objetivo de que en ningún momento la Norma Constitucional pueda transgredirse.
Asimismo, se pretende lograr la protección de la persona humana, a fin de complementar y adicionar las garantías individuales consagradas en la Carta Magna.
Cuando se habla de competencia de la CPI, se teme el menoscabo de la soberanía de un Estado, si bien el Estatuto de Roma promueve precisamente el fortalecimiento de ésta.
Vale la pena destacar que la CPI será complementaria a los sistemas de justicia nacionales, ya que deberá intervenir sólo cuando los Estados no puedan o no quieran investigar y juzgar a los probables responsables de los crímenes mencionados. Es decir, la responsabilidad primaria de investigar y juzgar recaerá sobre los Estados, que tendrán que modernizar sus sistemas penales nacionales, tipificar en su derecho interno crímenes internacionales y fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial, y en la mejor cooperación entre los Estados y la CPI.
Tercero. El 30 de septiembre de 2003, el gobierno mexicano reafirmó ante el Consejo de Seguridad que "la Corte Penal surge como una afirmación de la convicción común de que la justicia y la paz son indispensables para el desarrollo humano. El establecimiento de una corte de esa índole constituye una contribución duradera al mandato principal de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la promoción del imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo".
La aprobación de ese instrumento significa sin duda la culminación de una importante etapa de internacionalización de la protección de las personas frente a las más graves violaciones de los derechos humanos, emprendida por Naciones Unidas.
Estamos convencidos de que la Corte Penal Internacional podría intervenir en países donde no hay tribunales con capacidad para lidiar con individuos que violan el derecho internacional humanitario.
Un tribunal de esas características puede frenar los intentos de futuros dictadores de asesinar a sus conciudadanos y el mantenimiento de la paz internacional se vería beneficiado por la existencia de una jurisdicción penal internacional.
Por ello no podemos dejar a México fuera de uno de los actos internacionales más importantes en materia de derechos humanos y de lucha contra la impunidad.
Por lo expuesto y fundado, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente pedimos:
Unico. Tenga por presentada esta excitativa y se sirva excitar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que elaboren y presenten el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la Corte Penal Internacional, minuta que fue presentada por la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2002.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días de diciembre de 2003.
Notas:
1 Gaceta Parlamentaria, 14 de diciembre de 2002. http://gaceta.diputados.gob.mx
2 Gaceta Parlamentaria, 6 de enero de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
y de Justicia y Derechos Humanos para que emitan el dictamen correspondiente.
Diciembre 15 de 2003.)
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
COMISION |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 15 de diciembre de 2003 doc
Listado de Inasistencias día 15 de diciembre
de 2003 doc
Nota: Las diferencias que
existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden
variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días se publicarán las inasistencias
justificadas respecto a la presente lista.
DE LA COMISION DE ENERGIA, DE TRABAJO 2003-2006
Introducción
La historia contemporánea nos ha demostrado el importante papel que juega la energía en el desarrollo de las sociedades. En el caso de México, el sector energético desempeña un papel prioritario en el desarrollo nacional, no solo por constituir la principal fuente de recursos gubernamentales, sino también por la importancia de la energía como insumo central para la actividad económica y por su efecto multiplicador en la calidad de vida de la población.
Basta mencionar que el sector energético genera de manera directa alrededor del 7.4 por ciento de la actividad económica del país. Más aún, las contribuciones de Petróleos Mexicanos significan alrededor de una tercera parte de los ingresos totales del Gobierno Federal. Asimismo, el Gobierno Federal otorga subsidios directos superiores a los montos invertidos en los programas de lucha contra la pobreza, a través de Comisión Federal de Electricidad.
Visión
Uno de los principales retos de las naciones en desarrollo es mejorar sustancialmente los niveles de bienestar personal y familiar de la población, así como garantizar un crecimiento económico ordenado, sustentable y de calidad.
Misión
Esta Comisión entiende que el desarrollo del sector energético es crucial para cumplir con dichos retos. Por ello, esta Comisión coadyuvará para que México:
4. Fortalezca la inversión pública en
el sector energía;
5. Canalice inversión suficiente en el sector
energético de los sectores público, privado y social.
6. El marco legal y regulatorio sea el adecuado, con
altos índices de seguridad y con respeto al medio ambiente.
7. Se impulse el uso eficiente de la energía
y se promueva la investigación y el desarrollo tecnológico.
8. Se promueva el amplio del uso de fuentes alternas
de energía.
9. Las empresas energéticas se ubiquen entre
aquellas de clase mundial.
Líneas de Acción Generales
Las facultades que tiene esta Comisión para cumplir con la visión propuesta serán las siguientes:
A. En cumplimiento de la función esencial de la Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo y conforme a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Promover modificaciones legales en materia de energía.
B. En este mismo tenor, y de acuerdo con lo que estipula la fracción 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso:
Dictaminar y emitir informes, opiniones y resoluciones a fin de contribuir a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
C. De acuerdo con lo que establece el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Valorar la procedencia de peticiones ciudadanas vinculadas con asuntos del sector, a fin de coadyuvar a la solución de problemas relacionados con el sector.
D. En cumplimiento de la función de control de la Cámara de Diputados y según lo indica el artículo 93 constitucional y la fracción 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General:
Examinar y someter a un seguimiento atento de la política energética del Gobierno federal, así como toda política que incida en el sector, con el fin de contribuir a la modernización y desarrollo del sector.
Líneas de acción específicas
2. Formular diagnósticos del sector energético tanto en el ámbito nacional como internacional.
3. Seguir de cerca la política energética del país en materia de hidrocarburos, electricidad, fuentes alternas y petroquímica con el propósito de formular propuestas y emitir opiniones en cuanto a líneas generales, presupuesto, inversiones, etc.
4. Examinar la legislación vigente en la materia para formular iniciativas de ley y modificaciones que permitan hacer las adecuaciones que permitan el desarrollo del sector energía.
5. Examinar la política en materia de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos del sector energético y su impacto económico a fin de proponer esquemas de fijación adecuados.
6. Realizar la evaluación periódica del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales en materia de energía.
7. Participar en el dictamen y aprobación del Presupuesto de egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, proponiendo disposiciones en materia de gasto público y asignaciones específicas que coadyuven al desarrollo del sector energético.
8. Analizar el estado general que guarda la administración pública federal en el renglón energético, a partir del informe que rinde el titular del Poder Ejecutivo Federal.
9. Realizar el análisis y emitir opinión en la revisión anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en lo concerniente a los recursos y programas de las dependencias y entidades del sector.
10. Formular recomendaciones en materia de: incorporación de tecnologías limpias en la generación de energía e investigación y desarrollo científico y tecnológico del sector energético.
11. Estudiar las posibilidades y necesidades de ampliación de la capacidad de refinación, y el mejoramiento de las calidades de los refinados.
12. Analizar del régimen fiscal y los mecanismos de regulación de las empresas paraestatales del sector energético, con el propósito de elaborar propuestas dirigidas a armonizar sus necesidades y requerimientos con su contribución al erario.
13. Seguir de cerca el manejo que se ha hecho y las consecuencias que tendrá la aplicación de la inversión financiada en infraestructura energética, conocidos como Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, o bien, por sus siglas como PIDIREGAS.
14. Vigilar y examinar las políticas en materia de seguridad en la operación de las entidades del sector y, en su caso, emitir opiniones y propuestas. En relación con la misma materia, analizar programas de mantenimiento en las instalaciones y equipo de las mismas.
15. Vigilar que la operación de las empresas públicas, que actúan en el ámbito energético, se lleve a cabo con pleno respeto y preservación, en sus zonas de operación de los equilibrios sociales, económicos y ecológicos.
16. Proponer las políticas que permitan a las zonas productoras disfrutar de manera adecuada de los beneficios de los recursos que en ella subyacen.
17. Incrementar el fondo documental con las publicaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, organizaciones sociales y profesionales y los trabajos elaborados para la Comisión.
18. Promover el vínculo de la Comisión con instituciones académicas y de investigación públicas y privadas en materia de energía a fin de que realice sus funciones de análisis, dictamen y vigilancia.
Acorde con lo establecido en el Programa de Trabajo de la Comisión de Energía 2003-2006, se propone la realización de las siguientes actividades para el primer año legislativo.
2. Formular dictámenes, informes y opiniones de los asuntos turnados a la Comisión.
3. Organizar foros y conferencias sobre diversas materias del sector energía.
4. Participar en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2004.
5. Realizar reuniones con funcionarios de las dependencias y entidades públicas del sector energía.
6. Realizar visitas a instalaciones de las entidades del sector energía. Se plantea para el primer año legislativo realizar visitas a instalaciones de las diferentes áreas del sector energía:
- Exploración y producción de hidrocarburos.
- Refinación.
- Gas y petroquímica básica.
- Petroquímica.
- Despacho de energía.
- Generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica de los organismos Comisión Federal
de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
- Institutos de investigación.
7. A fin de llevar a cabo estas tareas, la Comisión
de Energía realizará las reuniones de trabajo necesarias.
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO, ANUAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LIX LEGISLATURA
Objeto
La Comisión de Equidad y Género es el espacio para legislar y realizar acciones parlamentarias tendentes a construir la igualdad entre mujeres y hombres, y promover desde una perspectiva de género los derechos humanos de las mujeres, la procuración de justicia, la equidad, la paz y las libertades individuales, así como la eliminación de todas las formas de discriminación y la violencia de género.
Introducción
Desde sus orígenes, el Congreso mexicano, en particular la Cámara de Diputados, se ha caracterizado por sus luchas reivindicatorias en favor de quienes más lo necesitan. Gracias a su trabajo parlamentario, que ha ido adecuando la legislación sustantiva y adjetiva a las necesidades nacionales, el país en su conjunto ha podido arribar a nuevos estadios de desarrollo democrático.
Hoy, la realidad política exige mayor aptitud y gran congruencia en las acciones. La sociedad exige respuestas concretas, eficaces y oportunas que resuelvan la problemática y las demandas planteadas.
Cuando hablamos de Estado democrático, necesariamente nos referimos a un régimen cuya división de poderes tiene su origen y validez en la Constitución, la cual determina su organización y funcionamiento y, en buena medida, el contenido de las leyes que les precisarán sus ámbitos de competencia y jurisdicción, a fin de impulsar la legalidad y garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos, dando con ello certeza y seguridad jurídicas.
En ese orden de ideas, el pleno respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas ha sido un tema medular, donde diversos sectores han logrado importantes consensos que se han podido plasmar en la Ley Fundamental, que de manera expresa señala: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Asimismo, se mandata: "El varón y la mujer son iguales ante la ley"; y ambos son ciudadanos de la República.
En los hechos, las mujeres no hemos podido ejercer plenamente nuestros derechos ni hemos accedido de manera igualitaria a los beneficios del desarrollo. Por ello, la Cámara de Diputados no puede permanecer ajena a la realidad actual que enfrentamos las mexicanas. Es urgente definir políticas y líneas de acción concretas que permitan la igualdad jurídica que garantice la igualdad de oportunidades y de trato.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, "las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales".
Conforme a la fracción XIII del numeral 2 de dicho precepto, la Comisión de Equidad y Género es una comisión ordinaria y, de acuerdo con el numeral 3, tiene a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio.
En nuestros días, la tarea de las y los legisladores va más allá de la estricta actividad legislativa. La vinculación ciudadana, la coordinación entre los poderes, la rendición y la exigencia de cuentas, la transversalidad de las acciones, la representación ciudadana, la solución de las demandas y la construcción de una sociedad democrática, justa y equitativa, así como garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales, son también tarea nuestra.
Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género rechazamos que de la diferencia sexual entre hombres y mujeres desencadene desigualdad de trato y de oportunidades para las mujeres.
Nuestro país ha signado tratados, convenios y convenciones internacionales de fundamental importancia, donde se reconoce que los derechos humanos son también derechos de las mujeres y por ello está comprometido a garantizar el pleno ejercicio de éstos y, sobre todo, a impulsar políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres al pleno desarrollo.
La Comisión de Equidad y Género hace suyos esos compromisos y contribuye a su cumplimiento para garantizar el respeto de la dignidad, la justicia, la participación equitativa y las libertades de las mujeres.
La teoría de género señala que las mujeres y los hombres están obligados a conducirse, a vivir, a comportarse, a pensar y a actuar de manera estereotipada marcada por la iniquidad, por el hecho de ser mujeres u hombres. Esa teoría es una herramienta fundamental para nuestras acciones legislativas y por ello sólo desde la visión de género la Comisión podrá contribuir a garantizar la equidad entre mujeres y hombres.
Sin duda, las Legislaturas que nos antecedieron lograron importantes avances en la materia, por lo que es nuestro compromiso consolidar dichos logros e instrumentar nuevas acciones hasta lograr que la perspectiva de género adquiera un lugar privilegiado en el quehacer legislativo, a fin de modificar y enriquecer el marco legal que asegure la participación de las mujeres en todos los ámbitos del quehacer humano.
Consideramos fundamental que la Comisión de Equidad y Género asegure como punto de partida y de llegada los siguientes:
Principios
1. La transversalidad de la perspectiva de género
En materia de equidad entre los géneros, es necesario crear ordenamientos legales que garanticen la igualdad y la equidad entre los géneros, la igualdad de oportunidades y de trato, la no discriminación y la eliminación de la violencia contra las mujeres.
2. El reconocimiento de la equidad entre los géneros
Legislar con visión de género nos obliga a incorporar en todo nuestro quehacer legislativo acciones de justicia que permitan a quienes se encuentran en mayor grado de opresión, especialmente las mujeres, acceder a mejores y mayores oportunidades.
Es indispensable integrar en las leyes los compromisos asumidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, celebrados en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El reconocimiento de la igualdad va más allá de principios económicos y líneas políticas. La igualdad es un principio básico de los derechos humanos que deben ser garantizados, protegidos y asegurados a todas las personas sin distinción alguna. Se trata del respeto irrenunciable a las libertades y los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, sexuales y culturales de los seres humanos, sean mujeres u hombres.
3. Las acciones afirmativas
Legislar con equidad es aplicar un correctivo y reorientar la ley. En tal virtud, la equidad debe estar presente desde la creación o modificación misma de la norma. Legislar con equidad es una obligación de quien responsablemente representa las causas de una sociedad heterogénea, plural y diversa, que requiere leyes menos generales que contemplen de manera particular las múltiples necesidades de quienes la conforman; aun más, cuando la realidad nos muestra que es menester que la ley regule de manera clara, eficiente y adecuada los actos que eliminen omisiones que lesionan los derechos de las mujeres durante todo su ciclo de vida.
4. La construcción de una cultura de respeto y de apoyo al avance democrático y al desarrollo de las mujeres
La política de equidad contribuye a la democracia porque desmonta privilegios y supremacías. El hilo que une a la diversidad es el reconocimiento de las semejanzas y la aceptación y el respeto de las diferencias.
La nueva cultura que ha de permear en la sociedad debe descansar sobre los pilares de una nueva ética social que reconozca las transformaciones desde la visión de las mujeres, desde sus necesidades, aspiraciones, sus demandas y sus intereses. Una cultura de reconocimiento y respeto a las diferencias en la cual la pertenencia a un género no implique desigualdad de oportunidades.
5. La vigilancia y evaluación de las políticas públicas y las acciones de los Poderes de la Unión para garantizar la perspectiva de género
En estricto cumplimiento de nuestras atribuciones y con pleno apego a la división de poderes, nos corresponde ejercer las facultades que nos otorga la Ley Fundamental en aras de garantizar que el Poder Ejecutivo lleve a cabo el mandato de las leyes, para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres en la ejecución de las políticas, los programas y las acciones públicas correspondientes.
6. La transversalidad de la perspectiva de género en la asignación del Presupuesto de Egresos federal, que asegure el acceso de todas las mujeres al desarrollo
Las políticas públicas estructurales deben contener la asignación de rubros etiquetados, tendientes a resolver en el corto, mediano y largo plazos las enormes desigualdades a las que han estado sujetas todas las mujeres por su condición de género y promover su participación democrática y pleno desarrollo.
7. Respeto a las diferencias, la diversidad y la pluralidad de pensamiento
La pluralidad en la integración de la Comisión, asegura la riqueza de las propuestas legislativas y de las acciones parlamentarias que promuevan sus integrantes.
8. El empoderamiento de la Comisión y sus integrantes
La Comisión de Equidad y Género se propone colaborar con todas las Comisiones para lograr la transversalidad de género en las acciones legislativas y parlamentarias. Para tal efecto cada una de las integrantes encontrará en la Comisión el espacio óptimo para potenciar su creatividad y su incidencia a través de sus propuestas.
9. Fomentar acuerdos
El establecimiento de pactos entre mujeres sigue siendo una práctica política indispensable contribuye a enriquecer y fortalecer la participación e inclusión de las mujeres en las distintas esferas productivas.
10. Vigilar y evaluar las acciones del Ejecutivo federal
En estricto cumplimiento a nuestras atribuciones y con pleno apego a la división de poderes, ejerceremos las facultades que nos otorga la Ley Fundamental, en aras de garantizar que el Poder Ejecutivo lleve a cabo el mandato de las leyes para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres en la ejecución de la política, programas y acciones públicas correspondientes.
Plan de Trabajo Anual
De acuerdo con el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones tendrán entre sus tareas: Elaborar un programa anual de trabajo.
Líneas generales de acción
1. Citar a diferentes funcionarios para que comparezca ante la Comisión
Artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica. "Las Comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la competencia ante la propia Comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el secretario de despacho o jefe de departamento administrativo correspondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional".
2. Emitir opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el último informe del Gobierno Federal en relación con el presupuesto de género
Artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica: "Asimismo, las comisiones ordinarias y de acuerdo a su competencia darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base a los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución. Dichas opiniones deberán ser enviadas a más tardar 60 días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública.
A efecto de lo anterior, se podrá tomar en consideración la Evaluación del Comité de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y los diagnósticos de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la materia.
3. Lograr un Presupuesto con enfoque de género
Incidir en todas las comisiones, en aras de lograr un Presupuesto amplio para los programas de apoyo y desarrollo de las mujeres en todas las esferas, así como presupuestos etiquetados y desagregados por sexo para facilitar el análisis y seguimiento de su aplicación.
Reuniones de trabajo con las dependencias de la Administración Pública Federal para analizar, orientar e impulsar la asignación de los recursos al PEF.
Eliminar el rezago legislativo existente en la Comisión.
5. Establecer un mecanismo de vinculación con los Congresos locales
Visitar dos Congresos locales por mes y concluir con tres grandes foros regionales (norte, centro y sur) (comenzar visitas en Enero). Promover y coadyuvar a la adecuación de la legislación local en materia de derechos humanos de las mujeres.
6. Parlamento de Mujeres de México
Fortalecer el Parlamento de Mujeres, en aras de construir los puentes adecuados de interlocución con la sociedad civil, atender sus demandas y crear los consensos necesarios.
7. Entregar informe semestral de actividades
Artículo 45, numeral 6, inciso e, de la Ley Orgánica: "Las comisiones tendrán entre sus tareas: rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos".
8. Compartir experiencias con otros Parlamentos del mundo, así como participar en reuniones nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres
Dar seguimiento a los avances a nivel internacional sobre la materia objeto de la Comisión e incidir en las políticas internacionales y estrategias que sean planteadas.
9. Impulsar actividades en torno a las fechas relevantes
En aras de visibilizar la problemática, la agenda y las necesidades de las mujeres, de ninguna manera se deben pasar por alto las fechas importantes relacionadas con el avance de las mujeres.
10. Signar convenios de colaboración con diferentes instituciones privadas y públicas
Con objeto de fortalecer el trabajo de la Comisión y en aras de estrechar lazos de comunicación con otras dependencias.
11. Consolidar el acervo bibliográfico, hemerográfico y documental
(A partir de noviembre de 2003). Bibliotecas, institutos, periódicos, cinetecas, hemerotecas, universidades, centros de investigación, ONG.
12. Impulsar estudios e investigaciones en materia de género
De manera coordinada e independiente, la Comisión debe de contar con elementos académicos que le permitan sustentar su trabajo, así como sentar las bases para otras acciones.
13. Impulsar la continuidad al refrendo del pacto por la ciudadanía plena de las mujeres en la Cámara de Diputados
La ciudadanía plena de las mujeres es uno de los temas prioritarios para la agenda, por lo que se deberá impulsar la continuidad de las acciones acordadas.
14. Realizar publicaciones periódicas y no periódicas
Con el objetivo de crear nuevos espacios de participación y difusión, que permitan visibilizar el tema.
15. Llevar a cabo foros, talleres, seminarios, coloquios, mesas redondas, diplomados, etcétera
En aras de crear espacios de interlocución entre la sociedad, las instituciones públicas y la Comisión.
16. Formar grupos de trabajo temáticos
Artículo 44, numeral 4, de la Ley Orgánica: "Las Comisiones ordinarias podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas. En la constitución de las subcomisiones se buscará reflejar la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la Comisión". En razón de lo anterior, y considerando que una de las vías por las que debe transitar la Comisión de Equidad y Género en la presente Legislatura es la transversalidad de la perspectiva de género para que el marco legal elimine formas discriminatorias contra las mujeres en todos los ámbitos y se pueda incidir en la equidad entre los géneros y en el avance pleno de las mujeres, formarán los siguientes
Grupos de Trabajo
Realizar un trabajo coordinado con la colegisladora que permita que el Congreso cumpla cabalmente con sus funciones y lleve a cabo acciones pertinentes para el desarrollo democrático de las mujeres de México.
18. Elaboración de los contenidos de la página web de la Comisión de Equidad y Género
En aras de transparentar la información y difundir los trabajos de la Comisión, se diseñará una página que pueda ser consultada sin restricción alguna.
19. Impulsar la transversalidad con perspectiva de género al interior de la Cámara de Diputados
En congruencia con los principios rectores de esta Comisión, se impulsará la transversalidad al interior de la Cámara, con el fin de lograr un trabajo legislativo con perspectiva de género.
Evaluación
Las diferentes actividades y tareas que realice la Comisión de Equidad y Género se regirán por los principios establecidos en este documento y estarán sujetas a indicadores de evaluación, los cuales se aplicarán de manera concreta a cada tarea específica, bajo los siguientes criterios:
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL, ANUAL DE TRABAJO 2003-2004
Programa Anual de Trabajo
2003-2004
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 45, sección 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión hemos determinado la aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión para el periodo 2003-2004, que contiene las líneas generales de acción, de acuerdo con las facultades y la competencia conferidas a la Comisión por las disposiciones constitucionales y reglamentarias.
Presentación
Reformar la seguridad social para que responda a los retos del entorno actual constituye una de las tareas más apremiantes que encaran las naciones, con el objetivo de seguir protegiendo a los individuos y sus familias. Las políticas de ajuste y estabilización, los cambios demográficos y epidemiológicos y la escasez crónica de recursos fiscales, así como la caída de los ingresos reales y de la ocupación formal, han marcado las condiciones de operación de las instituciones de seguridad social, el alcance social de sus programas y la evolución reciente del sistema, en un contexto cada vez más dinámico y complejo, delimitado por la reestructuración de las economías, las sociedades y el Estado.
El sistema de seguridad social mexicano, sus instituciones y beneficios se cuentan entre los logros más importantes del movimiento revolucionario de 1917. El derecho a la seguridad social de los trabajadores y sus familiares constituye un pilar fundamental del Estado social de derecho plasmado en nuestra Carta Magna. En tal sentido, el derecho a la seguridad social ha sido una fuente insustituible de estabilidad política y social, y sigue siendo, ante todo, una expresión de solidaridad y un mecanismo para la redistribución del ingreso nacional.
En el marco de sus facultades y atribuciones, la Comisión de Seguridad Social en la LIX Legislatura tiene ante sí el enorme reto de contribuir al fortalecimiento de la seguridad social como instrumento para garantizar el bienestar de los trabajadores y de sus familiares derechohabientes, así como de la población en general, en el marco de los siguientes principios:
Solidaridad: como fuente de protección para que la colectividad vele por el bienestar de sus miembros y permita la redistribución entre grupos: los jóvenes por los viejos, los sanos por los enfermos, los empleados por los desempleados.
Equidad: como garantía en el acceso y en la atención, ajustados al principio de que a iguales necesidades deben corresponder las mismas prestaciones.
Integralidad: como criterio rector para proteger a las personas, de forma íntegra, ante las contingencias que puedan afectar sus capacidades e ingresos, y para proveer los medios para su retiro en condiciones dignas y suficientes.
Igualdad: como vía para articular las condiciones que garanticen un bienestar digno a toda la población, atendiendo la heterogeneidad de sujetos, necesidades y condiciones de vida.
Unidad: como forma de responder a la fragmentación que caracterizó el origen y la evolución del sistema, de forma que pueda transitarse hacia sistemas nacionales de seguridad social con mayor eficiencia, capacidad y alcance social.
Con base en los principios anteriores, la Comisión identifica como misión llevar el sistema de seguridad social a la vanguardia mundial. Esto demanda el diseño de mecanismos que le permitan adaptarse a una realidad difícil y cambiante, siendo capaces de atender las necesidades de la nueva estructura demográfica de la sociedad, la mayor participación de los ciudadanos en las decisiones y vigilancia del ejercicio público, así como las condiciones específicas que requieren las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados.
La visión que orienta su trabajo es que en el mediano plazo la cobertura de la seguridad social alcance a todos los mexicanos, a partir de instituciones fortalecidas, eficientes, solventes y capaces de adecuarse al tránsito hacia nuevos niveles de desarrollo e integración social.
Objetivo general
Contribuir al fortalecimiento del bienestar de los trabajadores y de sus familiares derechohabientes, en correspondencia con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás preceptos legales en materia de seguridad social. Para tal efecto, la Comisión será un espacio abierto a las opiniones de todos los actores involucrados: trabajadores, sindicatos, académicos, organizaciones de pensionados y jubilados, empresarios y autoridades.
Objetivos específicos
I. De análisis y dictamen legislativo
2. Estudiar iniciativas que propicien estrategias y acciones tendentes a la incorporación de la población no protegida a los sistemas de seguridad social.
3. Revisar y reforzar el marco jurídico en materia de seguridad social, así como promover su difusión y cumplimiento.
4. Estudiar y comparar la legislación de otros países relativa a la seguridad social.
2. Promover y apoyar los instrumentos y las acciones orientados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad social.
2. Fortalecer las tareas de gestión de la Comisión, consolidando un área específica para tal efecto y una base de datos electrónica para su adecuado seguimiento.
I. De análisis y dictamen legislativo
2. Atender el rezago legislativo y procurar no dejar pendientes para la siguiente Legislatura.
3. Contribuir al abatimiento de los estragos de la pobreza en amplios sectores de la población. Una medida que se impulsará desde la Comisión será proponer el establecimiento del seguro de desempleo.
4. Solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un estudio sobre el costo financiero que tendría un modelo de seguridad social basado en contribuciones generales que brindara cobertura a la población no asegurada.
5. Revisar y proponer un marco regulatorio para los regímenes de pensiones especiales de funcionarios de los tres poderes, incluido el de los ex presidentes de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los funcionarios de la banca de desarrollo, a fin de reglamentar las percepciones respectivas e impedir la discrecionalidad en su otorgamiento.
6. Vigilar que en la creación, modificación y reforma de las leyes en materia de seguridad social se garanticen los principios rectores establecidos en el artículo 123 constitucional, en sus apartados "A" y "B".
7. Revisar y fortalecer los sistemas de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), así como los regímenes de pensiones estatales y municipales, de universidades públicas e instituciones de educación superior y de los que se deriven de contratación colectiva, de condiciones generales de trabajo o de ambas, como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos.
8. Establecer una relación estrecha y horizontal con las demás comisiones legislativas que incidan en la materia para impulsar puntos de acuerdo y reformas que fortalezcan las condiciones de equidad social de la población más desprotegida del país.
9. Atender con iniciativas y demás instrumentos legislativos las demandas de justicia y equidad de los grupos excluidos de la seguridad social.
10. Impulsar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores pensionados y jubilados del país.
11. Propiciar condiciones que permitan la construcción multilateral de acuerdos con las organizaciones y los diversos actores que deban emitir opiniones respecto a la situación de la seguridad social en México, como la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2. Analizar el informe anual que el Consejo Técnico del IMSS envía al Ejecutivo y al Congreso federal, según lo dispuesto en el artículo 273 y con fundamento en el artículo 268, fracción XI, de la Ley del Seguro Social. Asimismo, analizar el "Informe analítico de todos los puestos y las plazas, incluyendo temporales, sustitutos, residentes y análogas; los sueldos, prestaciones y estímulos de todo tipo de servidores públicos, agrupados por nivel, grado y grupo de mando y los cambios autorizados a su estructura organizacional por el Consejo Técnico, así como el número, características y remuneraciones totales de la contratación de servicios profesionales por honorarios", relativo al párrafo V del artículo 277-D de la Ley del Seguro Social, y que debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
3. Analizar los informes semestrales que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) envía al H. Congreso de la Unión, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
4. Elaborar un análisis comparativo del "Informe sobre los seguros y coberturas que administra el IMSS", remitido al H. Congreso de la Unión en octubre de 2002, respecto a la situación actual.
5. Integrar un documento donde se plasmen los resolutivos de los análisis elaborados por la Comisión respecto a los puntos anteriores.
6. Establecer reuniones de trabajo con los directores de las instituciones de seguridad social, de la Consar y de otras áreas relacionadas que permitan profundizar en el análisis de los informes señalados en los numerales anteriores.
7. Analizar y evaluar el régimen de comisiones y el de inversiones del sistema de capitalización individual derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
8. Evaluar periódicamente el Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito de la seguridad social y la aplicación de los programas en ese campo.
9. Diseñar estrategias que coadyuven al fortalecimiento del sistema de salud y de seguridad social, con medidas que impulsen y permitan avanzar hacia el establecimiento de un sistema universal de seguridad social, incluyendo a los trabajadores que a la fecha no cuentan con este beneficio.
10. Solicitar asesorías externas sobre temas específicos que, en su caso, determine el pleno de la Comisión, por la relevancia que tengan para los institutos, derechohabientes, beneficiarios y demás actores relacionados con el sistema de seguridad social.
11. Intervenir en el proceso de planeación democrática sobre los aspectos relacionados con la seguridad social.
12. Impulsar el fortalecimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, en los renglones relativos a la seguridad social: IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Ramo 19 "Aportaciones a la Seguridad Social" y Programa IMSS-Oportunidades.
13. Analizar el diagnóstico institucional de la situación del ISSSTE, en los renglones financiero, actuarial y contable, evaluando las causas de su situación, atacando sus consecuencias y solicitando para ello una opinión técnica de instituciones académicas y de agrupaciones profesionales expertas en la materia.
14. Instaurar medidas que permitan la supervisión permanente del ejercicio presupuestario aprobado en materia de seguridad social, a fin de garantizar su estricta observancia y evitar posibles desviaciones o subejercicios injustificados.
15. Revisar los esquemas salariales de los funcionarios y directivos de los institutos de seguridad social, así como las compensaciones, los bonos y las gratificaciones que reciben.
2. Impulsar estrategias que posibiliten la incorporación de los jubilados y pensionados a las actividades sociales de desarrollo integral, con medidas de acción afirmativa que permitan su contratación y participación laboral.
3. Promover y difundir la cultura de respeto de los jubilados pensionados.
4. Celebrar audiencias públicas y privadas, consultas populares, foros, visitas, entrevistas, convocatorias, comparecencias y toda actividad necesaria para la consecución de los objetivos planteados en este programa.
5. Realizar visitas de trabajo a países cuya experiencia en la modificación y el fortalecimiento del marco legal e institucional de los sistemas de seguridad social signifique un caso de estudio relevante por los aportes para el caso mexicano; entre ellos: Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, en Latinoamérica, además de Canadá y Estados Unidos, por el vínculo comercial que se tiene con ellos, así como Suecia, Francia, Inglaterra, Alemania, España y Australia, por las características y solidez de sus sistemas.
6. Promover encuentros y mecanismos de colaboración en el marco del Parlatino y del Parlamento Europeo sobre la materia.
7. Consolidar el área de gestión de la Comisión.
8. Fortalecer los enlaces de comunicación, intercambio de información e interrelación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).
9. Atender y asesorar a todos los solicitantes, sin importar su filiación política o ideológica, destinando un día a la semana para audiencias públicas.
10. Seguir y vigilar los casos atendidos por la Comisión en cuestión de gestoría ante las instituciones de salud y seguridad social.
11. Crear una cartera de académicos, investigadores y expertos en la materia.
2. Realizar actividades periódicas que permitan obtener mayor conocimiento en el área de la seguridad social, como talleres, seminarios, conferencias y reuniones de trabajo con expertos.
3. Promover la realización de foros donde se aborde la sustentabilidad financiera de las instituciones de seguridad social en México y las políticas públicas para enfrentar las transiciones demográfica y epidemiológica que las instituciones de seguridad social enfrentan.
2. Diseñar, organizar y realizar el Seminario internacional sobre sistemas de pensiones: desafíos y oportunidades, el 28 y 29 de noviembre de 2003.
3. Revisar la Cuenta Pública de 2002 por lo que corresponde a la seguridad social.
4. Analizar el "Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2002-2003", emitido por el Consejo Técnico del IMSS en junio de 2003.
5. Establecer una estrecha relación de intercambio de información y colaboración en la realización de análisis y estudios con otras áreas de la Cámara de Diputados, en especial con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, y de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
6. Diseñar una metodología de trabajo que garantice la pronta dictaminación de los asuntos recibidos y la atención del rezago existente, considerando para ello la integración de subcomisiones y el conocimiento de los predictámenes ya elaborados.
Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica),
Presidente; Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción
Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín
(rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica),
secretarios; José Mario Wong Pérez, Graciela Larios Rivas
(rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández
Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando
Neyra Chávez (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica),
Rogelio Rodríguez Javier, Oscar Martín Ramos Salinas, Pablo
Anaya Rivera (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica),
Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo
Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica),
Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas,
Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás
Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez
Fuentes, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Francisco Javier
Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica),
Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Adrián Fuentes Villalobos,
Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
DE LA COMISION DE TURISMO, DE SU PRIMERA REUNION ORDINARIA, REALIZADA EL JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2003
Primera reunión ordinaria de pleno de la Comisión de Turismo celebrada el día 30 de octubre de 2003 en el salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Siendo las 8:00 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los Diputados integrantes de la Comisión Turismo de conformidad a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 28 de octubre del presente año, para el desahogo del siguiente
Orden del día
1. Se pasa lista de asistencia, encontrándose presentes 23 CC. Diputados, fueron los siguientes: Francisco López Mena (Presidente); Nancy Cárdenas Sánchez (Secretaria); Félix González Canto (Secretario); Narciso Agúndez Montaño; Gonzalo Alemán Migliolo; Angel Juan Alonso Díaz-Caneja; Oscar Bitar Hadad; Francisco Javier Bravo Carvajal; Álvaro Burgos Barrera; Enrique Ariel Escalante Arceo; Rodolfo Esquivel Landa; Irma Sinforina Figueroa Romero; Gonzalo Guizar Valladares; Alejandro Higuera Osuna; J. Jesús Lomelí Rosas; Margarita Martínez López; María Guadalupe Morales Rubio; Janette Ovando Reazola; Raúl Piña Horta; Zeferino Torreblanca Galindo; Pablo Antonio Villanueva Ramírez; Elizabeth Oswelia Yánez Robles y; Guillermo Zorrilla Fernández.
2. El diputado Félix González Canto informa al diputado Francisco López Mena que existe quórum para llevar a cabo la reunión.
3. Asimismo, el diputado Félix González Canto lee el orden del día, no existiendo comentario alguno se aprueba.
4. El diputado Francisco López Mena presenta el Proyecto de Programa de Trabajo 2003-2006 que previamente, en reunión de Junta Directiva fue aprobado. A través de seis puntos, Objetivos; Líneas de Acción; Temas de Análisis Recopilados; Subcomisiones; Grupos de Trabajo y; Calendarios de Reuniones. Explicó cada uno de ellos, comentando que éstos fueron estudiados, trabajados y recopilados mediante reuniones con la Secretaría de Turismo, empresarios del sector turístico y principalmente con las aportaciones de los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.
En lo general, los diputados integrantes están de acuerdo con el Proyecto de Programa de Trabajo 2003-2006.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Jesús Lomelí Rosas comenta que hay temas que posiblemente no se compartirán con la propuesta de la Junta Directiva, sin embargo, se trabajará para definir algunos temas más y redondear otros.
Los diputados integrantes de la Comisión coinciden en que el documento entregado es de calidad y breve, lo cual hace que sea muy ejecutivo.
El diputado Zeferino Torreblanca Galindo señala que espera que los diputados integrantes le den a la Comisión de Turismo la importancia que requiere para ser palanca del desarrollo nacional y la cual, históricamente no se le ha dado. Además, la Secretaría de Turismo debe ser una Secretaría facilitadora para que la justicia social y la equidad se vean reflejadas en la actividad turística. Asimismo, comenta que las reuniones que se llevan a cabo fuera de la ciudad de México son importantes, sin embargo, el trabajo legislativo que se realice en la Comisión es el que debe prevalecer y ser lo primordial. Dice que las reuniones de Pleno planteadas por la Junta Directiva, llevan a debatir solamente una hora al mes, haciendo el cuestionamiento a los diputados, si es el único tiempo que se quiere trabajar.
Refiriendo lo anterior, la diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles se suma a las observaciones del diputado Torreblanca Galindo.
La diputada Janette Ovando Reazola comenta que el debate y el trabajo legislativo se llevará a cabo en las reuniones de Subcomisiones, dejando a las del Pleno para aprobar los acuerdos. Sobre las visitas de trabajo a lugares fuera del Distrito Federal, comentó que la seriedad que cada uno de los diputados integrantes le dé al trabajo legislativo logrará que estas reuniones cumplan con los objetivos planteados.
El diputado Francisco López Mena comenta que el debate y el trabajo legislativo de la Comisión de Turismo se realiza todos los días. Señala que la idea de los diputados integrantes de la Comisión no es debatir solamente una hora.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares solicita que los diputados integrantes de la Comisión trabajen conjuntamente con los empresarios del sector turístico a fin de reflexionar acerca de las necesidades en la materia y se trabaje legislativamente para que exista mayor inversión, así también, revisar los trámites que se realizan en los procesos turísticos.
El diputado Narciso Agúndez Montaño comenta que más que llevar a cabo la cena de trabajo con el Lic. Rodolfo Elizondo Torres, Secretario de Turismo, se le debe llamar a comparecer ante la Comisión de Turismo a fin de que se a conocer la propuesta de presupuesto para la dependencia, así como su agenda.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero señala que las Subcomisiones deben tener por escrito sus objetivos, además solicitó puntualidad de los diputados integrantes.
Propuestas
2. Diputada Margarita Martínez López. Apoyar a través de instrumentos legislativos, a los connacionales que cruzan la frontera norte de nuestro país, explicando que este cruce se tarda, aproximadamente cuatro horas y el costo es muy elevado.
3. Diputado Gonzalo Alemán Migliolo. Invitación al estado de Tamaulipas con el objetivo de llevar a cabo reuniones de trabajo con autoridades de gobierno y sector empresarial, además de a conocer los diferentes desarrollos turísticos que se realizan.
4. Diputado Zeferino Torreblanca Galindo. Que la Junta Directiva nombre a los diputados que integrarán las Subcomisiones y Grupos de Trabajo.
5. Diputada Elizabeth Yañez Robles. Que las reuniones de Pleno de la Comisión sean cada quince días. Además, hablar con los organizadores de las reuniones de trabajo fuera de la ciudad de México a fin de adecuar el programa de actividades con el calendario de Sesiones de Pleno de la H. Cámara de Diputados.
6. Diputado Gonzalo Guizar Valladares. Que los acuerdos de la Junta Directiva se hagan saber a los diputados integrantes de la Comisión a fin de que las reuniones de trabajo sean más dinámicas. Además, revisar el Reglamento interno de la Secretaría de Turismo y si es necesario, reformarlo a fin de que sea una Secretaría facilitadora.
7. Diputado Jesús Lomelí Rosas. Convocar en 15 días a una reunión de Pleno extraordinaria a efecto de aprobar el Programa de Trabajo.
8. Diputado Narciso Agúndez Montaño. Contar con el presupuesto de la Secretaría de Turismo para el 2004.
9. Diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja. Que la reunión de Pleno de la Comisión se realice en quince días.
2. Calendario de reuniones de Pleno todos los jueves últimos de cada mes, así como llevar a cabo reuniones de Pleno extraordinarias cuando así lo decida la Junta Directiva y a petición de los diputados integrantes.
3. Calendario de reuniones de trabajo con el secretario de Turismo (4 de noviembre 2003) y con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (12 de noviembre 2003)
4. Visita al estado de Tamaulipas
5. Segunda reunión del Pleno, miércoles 12 de noviembre del 2003.
Diputados: Francisco Xavier López Mena,
Presidente (rúbrica); Nancy Cárdenas Sánchez, secretaria
(rúbrica); Rómulo Cárdenas Vélez, secretario
(rúbrica); Félix González Canto, secretario; Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, secretario; Narciso Agúndez Montaño;
Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Angel Juan Alonso Díaz-Caneja;
Oscar Bitar Haddad (rúbrica); Francisco Javier Bravo Carbajal; Alvaro
Burgos Barrera (rúbrica); Guillermo del Valle Reyes; Enrique Ariel
Escalante Arceo; Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica); Irma Sinforina
Figueroa Romero (rúbrica); Jorge Fernando Franco Vargas; Gonzalo
Guízar Valladares; Alejandro Higuera Osuna (rúbrica); Jesús
Lomelí Rosas (rúbrica); Margarita Martínez López
(rúbrica); María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica);
Janette Ovando Reazola; Raúl Leonel Paredes Vega; Raúl Piña
Horta (rúbrica); Pascual Sigala Páez; Zeferino Torreblanca
Galindo (rúbrica); Wintilo Vega Murillo; Pablo Antonio Villanueva
Ramírez (rúbrica); Elizabeth Oswelia Yáñez
Robles (rúbrica); Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).
DE LA COMISION DE TURISMO, DE SU SEGUNDA REUNION ORDINARIA, EFECTUADA EL MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2003
Segunda reunión ordinaria del pleno de la Comisión de Turismo celebrada el día 12 de noviembre de 2003 en el salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Siendo las 11:30 horas, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión Turismo de conformidad a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 11 de noviembre del presente año, para el desahogo del siguiente:
Orden del día
Se pasa lista de asistencia, encontrándose presentes 19 CC. diputados, fueron los siguientes: Francisco López Mena (Presidente); Nancy Cárdenas Sánchez (Secretaria); Rómulo Cárdenas Vélez (Secretario); Félix González Canto (Secretario); Narciso Agúndez Montaño; Angel Juan Alonso Díaz-Caneja; Oscar Bitar Hadad; Francisco Javier Bravo Carvajal; Alvaro Burgos Barrera; Rodolfo Esquivel Landa; Irma Sinforina Figueroa Romero; Gonzalo Guízar Valladares; J. Jesús Lomelí Rosas; María Guadalupe Morales Rubio; Raúl Leonel Paredes Vega; Zeferino Torreblanca Galindo; Pablo Antonio Villanueva Ramírez; Elizabeth Oswelia Yánez Robles y Guillermo Zorrilla Fernández.
El diputado Francisco López Mena da la bienvenida a la reunión. Solicita al diputado Rómulo Cárdenas Vélez se hiciera constar la existencia de quórum.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez, en atención con el segundo punto del orden del día, hace constar que había al momento, registrados 17 diputados, con lo cual se declara quórum.
Se aprueba el orden del día por unanimidad.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez procede a dar lectura a la minuta de la primera reunión del pleno de la Comisión de Turismo, celebrada el 30 de octubre de 2003.
El diputado Francisco López Mena comenta que previa firma de la minuta leída, se corregirán los errores ortográficos de la misma.
La diputada Guadalupe Morales Rubio solicita que se someta a consideración del pleno, se hicieran llegar para las próximas ocasiones la minuta, quizá con un día de anterioridad a fin de leerla y en el Pleno solamente manifestar si se tiene alguna observación a la misma.
El diputado Francisco López Mena señala con respecto a lo anterior que la minuta se entregó días antes para su revisión.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja sugiere que la propuesta de la diputada Guadalupe Morales Rubio se ponga a consideración, de forma que quede para las reuniones consecuentes y que en el Pleno nada más se apruebe la minuta.
El diputado Francisco López Mena pone a consideración la propuesta anterior, por mayoría se aprueba. Asimismo, pone a consideración la minuta de la reunión anterior con las salvedades antes mencionadas y con la añadidura del diputado Narciso Agúndez Montaño quien señala que en la minuta en comento, en el punto de propuestas mencionó que se debe contar con el presupuesto de la Secretaría de Turismo a fin de analizarla y en consecuencia aprobarlo. El Pleno la aprueba por mayoría. Se le solicita al diputado Félix González Canto dar lectura al punto cinco del orden del día.
El diputado Félix González Canto informa que la Secretaría Técnica señaló que el Programa de Trabajo fue entregado a cada uno de los diputados de la Comisión en la Primera Reunión del Pleno, al no tener ninguna observación más que las que se plantearon en la misma y, que fueron debidamente recopiladas por la Secretaría Técnica, en virtud de lo anterior se somete a aprobación.
El diputado Jesús Lomelí Rosas comenta que en su caso envío propuestas a algunas entidades y sectores del Estado de Jalisco y no alcanzó a recibir de regreso los comentarios. Solicita, que una vez recibidas, agregarlas para que el Programa de Trabajo se enriquezca. En términos generales, dice que se aprueba dicho Programa y recalca que la finalidad central será enriquecerlo.
Se pone a consideración al Pleno de la Comisión la aprobación del Programa de Trabajo, se aprueba en lo general con las siguientes consideraciones: que es un programa enunciativo y que contará con flexibilidad para que se continúe modificando.
Pasando al punto seis del orden del día, el diputado Francisco López Mena comenta que fue un trabajo enunciativo de la Secretaría Técnica y la Junta Directiva realizado durante el transcurso de la semana. Menciona que lo que se intentó es traducir los temas en reformas específicas sobre artículos concretos de leyes existentes y distribuirlas en las tres Subcomisiones aprobadas.
Señala que la Junta Directiva está consciente que hay temas que se pueden trabajar en cualquiera de las tres Subcomisiones; que abarcan conceptos similares pero había que definir el equilibrio entre ellas.
Solicita al diputado Rómulo Cárdenas Vélez leer esta propuesta quien menciona que las normas que regirán el trabajo de las Subcomisiones son las siguientes:
2. Las Subcomisiones serán coordinadas por un diputado de cada fracción parlamentaria de los partidos mayoritarios representados en la Comisión.
3. Cada Subcomisión será encargada de crear su propia agenda y calendario de reuniones, por lo menos se reunirán dos veces al mes.
4. Las Subcomisiones presentarán los resultados de sus trabajos de estudios y análisis ante la Junta Directiva de la Comisión y ésta los presentará ante el pleno.
5. Los diputados que integren las subcomisiones lo realizarán libremente en las áreas de su mayor interés.
6. Ningún integrante de la Junta Directiva de la Comisión podrá coordinar los trabajos de las subcomisiones.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez señala que es preciso definir el método de aprobación de las Subcomisiones para seguir el análisis. En la Primera Reunión del Pleno se acordó que el tiempo establecido para el fin de la reunión iba a ser hasta agotar los puntos del orden del día y que con esa disposición se trabajaría. Sugiere preguntar al Pleno, si están de acuerdo en realizar el análisis punto por punto o dejar las propuestas y comentarios al final. El diputado Rómulo Cárdenas Vélez consulta al Pleno la propuesta anterior.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández comenta que el análisis se puede hacer por temas como se tiene en la presentación, y lo que dice el Presidente, que es claro, es cierto que hubo que insertar temas en algunas de las Subcomisiones para mantener un equilibrio, sin embargo, dice, esto no es una limitante. Señala que por el interés de algunos diputados se avocarán a ciertos temas, amén de que todos los temas vayan a ser tratados en el Pleno de la Comisión y se podrá asistir a las Subcomisiones que se quiera, pero siempre coordinados. Comenta que la integración de las Subcomisiones es un mero formulismo, lo que se realizará es metodología del trabajo.
El diputado Raúl Leonel Paredes Vega señala que se interrumpe demasiado, que el comentario no es limitar y que se está en libertad de expresar las ideas que se tengan, pero se debe hacer con orden y llegar a conclusiones de fondo.
La diputada Guadalupe Morales Rubio dice que ella ha reflejado orden en la reunión y señala que tanto aquí como en tribuna, como en todas partes, en el momento prudente que cada diputado lo considere, porque así lo marca incluso la propia Constitución, se puede intervenir, hacer uso de la palabra, por supuesto siempre con respeto. Menciona que para que estas reuniones tengan un orden, se debe saber con antelación cual es el esquema del análisis. Además, se suma a la propuesta que fuera por tema, señala que se estaba en el punto de normas, y que tenía una pregunta que hacer y solicita se vote por el método a seguir.
El diputado Francisco López Mena concluye que se analice por tema, entendiendo que el primero, normas, es un tema y cada una de las Subcomisiones son otro.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja señala que por cuestión de orden, se aprobó en el orden del día todos los puntos y el punto quinto dice "presentación y en su caso aprobación", entonces, sugirió, que se presente y después se pase a la discusión punto por punto, y los diputados presentes hagan sus respectivas anotaciones.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández comenta que se permita la presentación del punto del orden día respecto a las Subcomisiones que, finalmente fue lo que aprobó el Pleno de la Comisión, menciona que las normas están sujetas a los temas que los diputados ventilarán. Señala que los temas en el documento presentado son muy amplios y que, finalmente, en el punto número cinco de las normas dice "los diputados que se integren a las Subcomisiones lo realizarán libremente en las áreas de su mayor interés", dice que los diputados se darán cuenta que por los temas que involucran las Subcomisiones es donde decidirán en cuál participarán.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez encargada por el Presidente de la Comisión, pregunta por cuál de los dos métodos se decide. Señala que existen dos propuestas argumentadas, y se debe acordar alguna de las dos. Pregunta quién está a favor de concluir la exposición general y al final las observaciones, que se manifieste alzando su mano (votación). Continúa, quien está a favor del análisis por temas en lo particular, que se manifestara levantando su mano (votación). El resultado de la votación fue: mayoría por la exposición general y al final el análisis y la intervención de cada uno de los diputados.
La diputada Guadalupe Morales Rubio señala sobre la minuta de la reunión anterior en la página número 2, en el párrafo 5 no queda claro, dice: "la seriedad que cada uno de los diputados integrantes le dé al trabajo legislativo, evitará que las reuniones que se realicen fuera de la Ciudad de México logren su objetivo de verdaderas reuniones de trabajo", comenta que se contradice, señalando que se debe corregir.
Regresando al punto de Subcomisiones, el diputado Rómulo Cárdenas Vélez comenta que las veces que sea necesario se le dará lectura a cada uno de los temas.
La primera Subcomisión es Regulación y Facilitación Turística, y es la encargada del dictamen y elaboración de las iniciativas tendientes a normar la actividad turística. Además, tendrá a su cargo los proyectos y programas que pretenden constituir a la industria turística como el motor del desarrollo económico y social del país y será la responsable de elaborar el calendario y seguimiento de los proyectos tendientes a facilitar la actividad turística, tanto en aspectos regulatorios como costos y tarifas. Las leyes que incluyen esta Subcomisión son las siguientes:
2. Ley Federal de Derechos, Reglamento de la Ley de Puertos artículo 47, exención para operar un radio VHF.
3. Ley General de Población, artículo 160 fracción II, forma migratoria electrónica.
4. Ley Aduanera, Preinternación.
5. Ley Federal de Turismo, artículo 4º, incluir a los arrendadores de vehículos, marinas turísticas, transportes terrestres, marítimos y aéreos y quienes presten el servicio de tiempo compartido.
6. Ley Federal de Derechos de Autor, reforma el artículo 150.
7. Ley Federal de Derechos, artículo 191 inciso d), esquema permisos de pesca.
8. Ley de Navegación, artículo 32 y 43, eliminar despachos de navegación de cabotaje para embarcaciones turísticas de uso particular.
9. Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo 43.
Las leyes que integran esta Subcomisión son las siguientes:
2. Ley Federal de Derechos, artículo 198 fracción II inciso b), etiquetación, derechos, uso, goce o aprovechamiento de elementos naturales marinos e insulares.
3. Ley Orgánica de Administración Pública Federal, artículo 42, facultades genéricas de SECTUR y de coordinación con otras dependencias.
4. Ley General de Bienes Nacionales, certeza jurídica en la administración, operación y aprovechamiento de la zona marítima terrestre.
5. Ley de Juegos, Sorteos y Casinos.
6. Ley del Impuesto al Activo, reducir el Impac para las empresas turísticas.
7. Ley de Cámaras empresariales y sus confederaciones. Crear cámaras turísticas empresariales.
Las leyes que quedan integradas en esta Subcomisión son las siguientes:
2. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, artículo 2-A, incisos f) y g), diesel marino.
3. Ley Federal de Derechos, artículos 8 y 18-A, etiquetación del DNI.
4. Ley General de Armas de Fuego para fines deportivos, importación temporal de armas con fines cinegéticos.
5. Ley de Aviación Civil, aviación privada.
6. Reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 32, fracción XX, deducibilidad en alimentos y bebidas.
7. Ley Federal del Trabajo, adición al artículo 74 y Ley General de Educación, fines de semana largos.
8. Ley Federal de Turismo, reforma al artículo 4, establecer de manera orgánica oficinas regionales de promoción turística.
Primero. Coordinación y Vigilancia Administrativa. Será encargado de revisar el buen uso que se le dé al presupuesto y recursos asignados a la Comisión por parte de la H. Cámara de Diputados, asimismo, analizar los estados financieros de la Comisión.
Segundo. Editorial y Comunicación. Será encargado de elaborar la publicación mensual de la Comisión acordada por el pleno, así como de su página de Internet y cualquier documento que la Comisión publique.
El diputado Francisco López Mena cede la palabra a la diputada Nancy Cárdenas Sánchez a fin de llevar el orden de quienes solicitan la palabra.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez señala que debe quedar muy claro el método que se seguirá para dar la palabra a los diputados, propuso una ronda de cinco participaciones, se hace la conclusión de las cinco y se continúa.
El diputado Jesús Lomelí Rosas sugiere lo siguiente: analizarlo por punto. Los diputados que estén de acuerdo o los que tengan alguna propuesta en el tema de normas, se anotan en el tema de normas; los que tengan propuestas en el tema de Subcomisiones y propuesta en cuanto a los siguientes dos temas, lo mismo.
La diputada Nancy Cárdena Sánchez pregunta al Pleno manifestarse a favor o en contra de la propuesta anterior.
La diputada Guadalupe Morales Rubio señala que existe una contradicción entre las votaciones, ya que, señala, primero se votó a favor de que fuera en lo general. Dice que ellas había propuesto hacer análisis por temas, pero que el Pleno es el que decide pero que no exista contradicción.
La diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles comenta que no existe contradicción, que lo votado fue la presentación general y que luego se discutiera por temas. Considera que era importante que cada uno de los temas se fueran resolviendo uno por uno. También, hace la observación que el trabajo de la Comisión será votar y desvotar, requiriéndose ser más flexibles para que el trabajo fluya. Dice que existe voluntad de todos los diputados y espera que esta reunión sea la única en que se dedique tiempo a las normas y que de aquí en adelante el trabajo sea más fluido.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez comenta que se tiene que llegar a un consenso sobre la forma de conducción del análisis y discusión. El diputado Lomelí hizo la propuesta de que sea un número de participaciones ilimitado y que sea por tema. Además, dice, que la diputada Guadalupe Morales Rubio se ciñe a lo que el Pleno decida. Enfatiza que de no existir una propuesta diferente a la del diputado Jesús Lomelí Rosas, será la que se aplique.
En relación a lo anterior, el diputado Jesús Lomelí Rosas señala sobre el punto cinco de Normas: "Los diputados que integren las Subcomisiones lo realizarán libremente en las áreas de su mayor interés", y propuso añadir: "... con excepción de los diputados que formen parte de la directiva tanto de la Comisión como de las Subcomisiones".
La diputada Guadalupe Morales Rubio pregunta si existe el acuerdo de la Junta Directiva del límite de diputados que integrarán las Subcomisiones, si no es así que se especifique en las normas.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández solicita determinar si las Subcomisiones se conformarán por un presidente y un secretario. Sugiere que los diputados tengan libertad de integrar una Subcomisión, que no sea limitativa. Comenta, con respecto al señalamiento del diputado Lomelí Rosas que está claro que el punto seis relativo a las Normas dice que los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión no coordinarán las Subcomisiones.
El diputado Jesús Lomelí Rosas señala que en estricto sentido coincidía, pero el espíritu del punto sexto dice: "ningún integrante de la Junta Directiva", propone: "ni los coordinadores de las Subcomisiones", a partir de ahí todos los diputados podrán participar en todas las Subcomisiones que quieran, no se tiene la intención de limitar, la intención es ordenar, como establece el punto seis de las Normas, menciona.
El siputado Rómulo Cárdenas Vélez señala que el punto cinco y el punto seis están perfectamente claros y no puede haber una limitativa de que algún diputado se convierta en el coordinador de una Subcomisión y se le limite a opinar sobre los diferentes temas, al final, están aquí para ser diputados y hacer leyes; no podemos limitarnos, dice, a no intervenir en algún tema.
Al respecto, el diputado Zeferino Torreblanca Galindo señala que se ha aprobado un plan de trabajo general por el Pleno de la Comisión y en consecuencia, la Junta Directiva simple y sencillamente lo acomodó en tres Subcomisiones. Entonces, continúa, no cree que se tenga que discutir mucho, solamente estar de acuerdo sobre los temas del plan de trabajo incluidos en las Subcomisiones. Recuerda además, que existe una Ley Orgánica y un Reglamento del Congreso General, en donde se establecen con claridad cómo se conforman las comisiones y que todos los diputados tienen derecho a participar con voz pero sin voto. Para finalizar, propone que la Junta Directiva divida en tres a los integrantes, a fin de trabajar en cada Subcomisión.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja comenta que coincide con la propuesta del diputado Jesús Lomelí Rosas y a fin de no duplicar lo dicho en otros puntos, señala que queda salvado con el punto dos de la Normas en donde dice: "Las Subcomisiones serán coordinadas por un diputado de cada fracción"; entonces, dice, que no van a ser los de la Junta Directiva ni se va a duplicar.
El diputado Jesús Lomelí Rosas informa que está de acuerdo con la propuesta anterior.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez pregunta si existía una aportación más al punto tratado.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández comenta sobre el punto dos de las Normas, en donde dice: "Las Subcomisiones serán coordinadas por un diputado de cada fracción parlamentaria", señala que la redacción tiene cierta ambigüedad; aparentemente, dice, tres diputados van a coordinar las Subcomisiones.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez pregunta si existen más opiniones u observaciones. Sobre la Subcomisión de Regulación y Facilitación Turística, cede la palabra a la diputada Guadalupe Morales Rubio quien pasando al punto de Subcomisiones, en lo particular dice: "es la encargada del dictamen". Comenta que el dictamen no es una acción, sugiriendo: "es la encargada de elaborar los dictámenes e iniciativas tendientes a normar la actividad turística, además tendrá a su cargo la creación, elaboración de proyectos". Además, propone agregar en la Subcomisión de Regulación y Facilitación Turística el estudio del marco hacendario respecto a la venta y producción artesanal, con el fin de buscar incentivos y apoyo a dicha actividad. Lo pone a consideración del Pleno.
El diputado Jesús Lomelí Rosas propone agregar un punto más en cada Subcomisión que diga: "y demás relativos", a fin de precisar y no dejar fuera temas que en el transcurso de la legislatura se vayan agregando.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja comenta que en términos generales cada Subcomisión dice: "Leyes que intervienen para lograr los objetivos de esta Subcomisión", su propuesta es "leyes relacionadas para los trabajos objetivos de esta Subcomisión".
La diputada Guadalupe Morales Rubio sobre la Subcomisión de Infraestructura Turística y Desarrollo en donde dice: "?tiene a su cargo la elaboración de iniciativas y dictámenes tendientes a incrementar y mejorar las instalaciones y servicios turísticos, además de ser la responsable de establecer proyectos"? ; propone que diga: "elaborar proyectos", además, sobre el mismo punto, cambiar "establecer y establecimiento", por "construir y hacer" y, en la segunda parte "establecimiento" por "establecer", ya que es una acción concreta.
La diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles considera que se debe analizar el que los diputados sean responsables de establecer proyectos innovadores de turismo; al respecto, dice, son las Secretarías de Turismo de los estados de la República o bien, la Secretaría de Turismo Federal. La responsabilidad de los diputados, señala, es realizar la elaboración de iniciativas y dictámenes tendientes a incrementar y mejorar las instalaciones, y quizá, facilitar la cuestión de innovar proyectos turísticos.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares propone que los trabajos de la Comisión se pasen a revisión por las áreas de la Cámara encargadas de la revisión de estilo. También, propone que en la presente reunión los diputados se abocarán a los comentarios de fondo.
El diputado Raúl Leonel Paredes Vega se une a la propuesta de la diputado Yañez Robles ya que dijo "los diputados estamos tratando de tomar el papel de un poder que no nos corresponde, los diputados legislan y el Poder Ejecutivo tienen su propia labor".
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández complementando su intervención menciona que los diputados no están en contra de que no se corrijan las situaciones en las reuniones del Pleno, lo que se pretende es agilizarlas. Remarcando el comentario de la diputado Yañez Robles y del diputado Paredes Vega, señala que no se puede ser responsables de las áreas, pero se puede ser inductor hacia políticas que establezcan los legisladores.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez le solicita al diputado Francisco López Mena emitir su opinión debido al número de observaciones.
Al respecto, el diputado Francisco López Mena comenta que aun no se concluye con el punto, sin embargo, está recabando todas las observaciones vertidas. Señala que de hecho, la intención de la reunión era presentar un proyecto para que cada diputado definiera a qué Subcomisión se integraría. "Se está claro que, el documento final tiene que ser un documento en donde la Comisión se auxilie de redactores ya que esa no es", expresa, "nuestra especialidad, pero tampoco, nuestra preocupación, precisamente porque se cuenta con este respaldo. Lo importante de la presente reunión" menciona, "es estar de acuerdo en la esencia de la división de funciones, a qué se va a dedicar cada una de las Subcomisiones y que cada uno de los diputados defina a cuál de ellas quiere ingresar".
La diputada Guadalupe Morales Rubio señala que lo que llega a las manos del legislador y lo que llegue a la sesión es responsabilidad de los diputados y no se puede dejar pasar, ya que al final se va a aprobar el trabajo. Asimismo, menciona que en el antepenúltimo renglón, hablando de la Subcomisión de Promoción Turística propone que diga: "y de instrumentos", porque ya se está hablando de promoción, "de promoción del turismo y de instrumentos regulatorios que otorgue mayor seguridad", eliminando la palabra promoción. Además, propone que se agregue: "incorporar la producción y venta de artesanías" a la misma Subcomisión.
El diputado Raúl Paredes Vega sobre el último comentario de la diputado Morales Rubio señala que se está hablando de géneros y la materia de artesanías, dice, es particular, es una consecuencia de la promoción turística.
La diputada Elizabeth Oswelia Yánez Robles propone que en las definiciones de las Subcomisiones debe decir: "enlace y comunicación con organismos públicos y privados" . Además, señala que tanto las Subcomisiones como el Pleno de la Comisión convocarán en varias ocasiones a organismos empresariales, en donde la temática que se aborda es regulatoria o de infraestructura.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja se suma a la propuesta de la diputada Yánez Robles, además de considerar a la Subcomisión de Promoción Turística como muy importante. Sugiere estar en contacto con las publicaciones de promoción turística, ya que pueden aportar mucho a los legisladores a fin de realizar cambios regulatorios requeridos.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández sugiere que todas las Subcomisiones marquen su calendario de reuniones a fin de que todos los diputados de la Comisión los conozcan y puedan asistir a las reuniones que les interese según el tema.
Pasando al tema de Grupos de Trabajo, la diputada Nancy Cárdenas Sánchez cede la palabra al diputado Jesús Lomelí Rosas quien sugiere que en el primer grupo de trabajo se lleve a cabo sobre tres elementos fundamentales: verificar mediante mecanismos el origen, la administración y el destino de los recursos.
La diputada Guadalupe Morales Rubio propone sobre el primer grupo de trabajo la siguiente redacción: "será el encargado de revisar la aplicación correcta del presupuesto y recursos asignados a la Comisión por parte de la H. Cámara de Diputados, así como de analizar los estados financieros de la misma y dar cuenta al pleno de ella". Sobre el grupo de trabajo de comunicación y editorial en donde dice: "es el encargado de elaborar la publicación mensual de la Comisión acordada por el pleno", sugiere cambiar "elaborar" por "supervisar" ya que, dice, el cuerpo técnico es el que lo elabora.
No habiendo más comentarios al respecto, el diputado Francisco López Mena cede la palabra al diputado Rómulo Cárdenas a fin de concluir con el punto del orden del día, y en consecuencia, aprobar la propuesta.
El diputado Jesús Lomelí Rosas propone que antes de poner a consideración la propuesta de los temas que deben tratar las Subcomisiones se trabaje sobre las propuesta de redacción y una vez revisado el documento se someta al Pleno posteriormente a votación.
Se señala, regresando al punto de Subcomisiones, que lo que se propone son iniciativas que están pendientes en cada Subcomisión y no son leyes que estén determinando los objetivos de las mismas.
El diputado Zeferino Torreblanca Galindo propone que la Junta Directiva decida qué diputados integrarán las Subcomisiones.
El diputado Francisco López Mena interpreta lo mencionado por los diputados y propone que a través de los Secretarios se integren los diputados a cada Subcomisión y una vez que se tenga la redacción correcta y los nombres, así como los diputados que coordinarán las Subcomisiones, se le enviará el documento final a cada uno de los diputados.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja propone dar un voto de confianza a la Junta Directiva en cuanto a la conformación de las Subcomisiones y que sea en la siguiente reunión de Pleno en donde se apruebe.
En asuntos generales, el diputado Francisco López Mena cede la palabra a la diputada Nancy Cárdenas Sánchez a fin de llevar el orden de participaciones.
El diputado Raúl Leonel Paredes Vega propone que el Presidente sea quien dirija la reunión y solamente ceda la palabra a los Secretarios para desahogar algunos puntos en especial. Señala que se le debe dar más orden a las sesiones.
Al dar respuesta a la propuesta anterior, la diputada Nancy Cárdenas Sánchez informa que se tomará en cuenta la propuesta, sin embargo, dice, tiene que terminar la tarea encomendada.
La diputada Elizabeth Oswelia Yánez Robles propone que en las reuniones con el Secretario de Turismo se tenga una visión integral del trabajo legislativo. Comenta que debido a la cercanía que tienen ahora los diputados con los funcionarios de la Secretaría de Turismo se aproveche para que particularmente, cada diputado trate los temas de sus estados.
La diputada Guadalupe Morales Rubio comenta que se une a la propuesta de la diputada Yánez Robles. También, propone que se determinara la hora de inicio de las reuniones del Pleno debido, dice, a que se ha comenzado con casi una hora de retraso.
El diputado Zeferino Torreblanca Galindo al respecto, propone una tolerancia de 15 minutos, indicando que no podrá haber acuerdos hasta que exista quórum.
El diputado Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja sugiere que la Junta Directiva conforme las Subcomisiones inmediatamente, que no sean más de tres o cuatro días. También propone a los diputados que presidirán las Subcomisiones y a los demás diputados, que se avoquen inmediatamente a lo que incide ahora, que es, dice, las leyes que afectan el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004: la exención de alimentos y bebidas en el ISR y el tema del DNI. Mencionó que si los trabajos se retrasan 15 días, un mes o dos meses, se retrasará el trabajo por un año. Señaló que la Comisión de Turismo debe trabajar conjuntamente con la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados a fin de tener injerencia en la aprobación del Presupuesto en materia de turismo.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández apoya la propuesta del diputado Alonso Díaz-Caneja, además, propone que la Comisión trabaje sobre el estudio de presupuesto para la Secretaría de Turismo ya que si se da la reforma fiscal y se cuentan con más recursos se tiene que proponer y discutir con la propia Secretaría en qué sentido serán utilizados los recursos extraordinarios.
El diputado Francisco López Mena comenta que los Grupos Parlamentarios están representados por los Secretarios y dijo, "en la medida en que menos sea yo el protagónico, mejor". Señala que si ceder la palabra a los Secretarios trae algún desorden, él será el primero en procurar que no se repita, sin embargo, considera que no ha sido así.
En relación con el inicio de las reuniones del Pleno, como menciona la diputado Guadalupe Morales Rubio y el diputado Zeferino Torreblanca Galindo, dice, es una preocupación. Sin embargo, se tiene, señala, una limitante legal que es el no tener quórum, el no poder formalmente comenzar las reuniones. Sugiera dar un margen de quince minutos para iniciar las reuniones con los temas en donde se pueda avanzar, ya para dar formalidad a los acuerdos, dice, debe haber quórum.
Coincide con la preocupación de que se empiece a trabajar. Unas vez indicados los diputados que integren las Subcomisiones recibirán la información necesaria para el trabajo legislativo, menciona. Asimismo, comenta que se tiene que resolver, primero, el tema del presupuesto para que entonces se vea en qué medida esto afecta al sector turismo y en qué medida no o cómo los diputados pueden incrementar los recursos.
El diputado Rodolfo Esquivel Landa propone que se trabaje sobre la calendarización de reuniones con el Lic. Rodolfo Elizondo Torres, Secretario de Turismo, tanto de la Comisión como de las Subcomisiones a fin de preparar los temas en los que se tenga que intercambiar información y opiniones.
Al respecto, el diputado Francisco López Mena comenta que el Lic. Rodolfo Elizondo Torres ofreció una reunión mensual, proponiéndose los días 4 de cada mes. Dice que aun no se cuenta con la confirmación por parte de SECTUR.
Con respecto al tema del presupuesto, el diputado Raúl Leonel Paredes Vega señala que se debe trabajar mucho y visualizar algunos escenarios. Dice que se debe tomar en cuenta que una propuesta del Ejecutivo es lograr más captación, pero en segundo lugar, buscar menos recovecos a lo que es la recaudación fiscal para hacerla más sencilla y para lograr una fiscalización y una ampliación de la base tributaria lo más pronto posible. Menciona que en este sentido los diputados han tenido la culpa de que muchas de la situaciones fiscales que vive el país sean un caos. Ahora que los diputados estamos proponiendo exenciones, señala, buscando nuevas situaciones para favorecer a ciertos grupos, siempre estamos dando puertas de salida y complicaciones a la Secretaría de Hacienda.
Sugiere que la Comisión sea cauta y responsable a la hora de valorar alguna situación de exención, alguna situación de tratamiento especial a los sectores en los que participan, en este caso para los sectores turísticos. Menciona que está consciente que es una industria muy importante para el empleo que tanto requiere el país, pero que también es muy importante que se busque la forma de ir simplificando, que es otro de los grandes retos que tiene este país. Señala que se le pide eficiencia a una Secretaría de Hacienda a la que los diputados la han obligado a entrar en un gran laberinto. Por último, dice, que quizá tendrá que haber forzosamente algunos tratamientos especiales y espera que se valoren y que sean los menos posibles.
La diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles comenta que la Comisión no tiene que esperar a que el Secretario de Turismo le confirme las reuniones, sino que recordarle que hay el compromiso de que la reunión es una vez al mes y que se quiere confirmar si va a ser la fecha que había comentado o cuándo se va a agendar. Propone que la Comisión sea quien lleve la rectoría de estas reuniones. En segundo lugar, dice, que así como es importante escuchar a la Secretaría, la Comisión debe dar también una visión de trabajo y de conocimiento de cuál es el momento que se está viviendo y hacia dónde se va; es llevar a la reunión con la Secretaría de Turismo la problemática que se observa o los puntos que la Comisión siente que tiene que reforzar o plantear.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja señala que los temas que impactan al Presupuesto de Egresos del 2004 requieren una atención especial ya que serán aprobadas en unos cuantos días; solicita a la Junta Directiva de la Comisión que se hagan los trabajos pertinentes para que esta propuesta, que en términos generales está aprobada por la Comisión, como es la deducibilidad en alimentos y bebidas o el DNI, tengan conocimiento la Comisión de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara.
Al respecto el diputado Francisco López Mena informa que la petición anterior se realizó mediante oficio, haciéndose llegar a los Presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, dichos oficios, dice, los tienen ya los diputados de la Comisión de Turismo. Comenta que en relación específica sobre la Ley del IVA, en donde se solicitó el porqué no se incluyó en el paquete fiscal de reformas a la Ley del IVA -en específico la aprobación de la devolución de IVA a extranjeros-. Este es un concepto formalmente presentado y es en donde las fracciones parlamentarias han estado trabajando. Asimismo, dice, sobre el ISR la Comisión de Hacienda lo tiene, nada más que como aquí no hay una propuesta del Ejecutivo todavía, el ISR se mantuvo en reserva, al parecer porque existe una intención muy clara de reducir el ingreso.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández informa que los trabajos legislativos en este sentido, que la Comisión de Hacienda tiene, no son nuevas y están hechos los trámites, los diputados tienen que ser obvios y lógicos ya que se trabaja para procurar más recursos, y esto va a se muy difícil.
Como comentaba el Presidente sobre el ISR, aunque la propuesta del Ejecutivo es una y existen ocho propuestas más de modificaciones, es muy probable que los diputados tengan otra propuesta, y en este sentido, efectivamente, no es una disminución de recursos sino es un grado más de competitividad, porque no se cuenta con recursos en el país, inclusive, dice, dentro del mismo sector empresarial mexicano, no hay problemas y se requieren recursos de fuera, por éso se vuelven importantes temas como los de los casinos, porque es la oportunidad de traer recursos de fuera o en este caso la Secretaría de Turismo que es una de las que más permite precisamente traer recursos a cambio de servicios y no de bienes como lo es el petróleo, que un momento dado se manda y que se sabe que ahí no una cuenta a favor.
En el sentido, el ISR, comenta, hay una propuesta de reforma, y es indispensable que México esté dentro de los márgenes de competitividad internacional, de lo contrario en un momento dado, de nada va a servir que se cobren más recursos a los mexicanos si se van a ir más recursos de fuera. Señala que los legisladores deben estar conscientes en que va a ser muy difícil que se realicen exenciones si no hay recursos; lo que sí se puede hacer es reacomodarlos. Lo que se mencionaba sobre el IED, se está pidiendo, entre otras cosas, una reducción de una cantidad importante, 50 mil millones de pesos al Gobierno Federal en gasto corriente y obviamente entre ellos tendrá que contribuir la Secretaría de Gobernación también, porque lo que los legisladores están haciendo es cambiarlo, eso ya se cobra, lo que se realiza es una recolocación.
Propone un estudio de la Comisión y de la Sectur a fin de conocer de los recursos adicionales que se puedan dar en caso de que se apruebe la reforma fiscal a fin de colocarlos en el Presupuesto, aclarando, desde luego, que si no hay reforma no se le podrá quitar recursos al sector turismo.
La diputada Guadalupe Morales Rubio propone, ya que cada diputado tiene muy claro a qué Subcomisión se integrará y con el voto de confianza dado a la Junta Directiva, una reunión extraordinaria el martes 18 de noviembre y aprobar la integración de las Subcomisiones.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez propone que a través de los Secretarios se hagan llegar, aunque sea de manera económica, las propuestas de integración de las Subcomisiones y; en segundo lugar, que la Junta Directiva se pusiera en contacto con los Subsecretarios y se traten los temas prioritarios que tiene SECTUR y solicitar cómo impactará en el Presupuesto del 2004 y en función de las prioridades de la Secretaría, se les pueda exponer a los diputados de la Comisión de una manera general, y analizar cuáles de estos temas se podrán resolver.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez propone tener reunión de Comisión el martes 18 de noviembre a las 11:00 horas, con el único punto de aprobar las Subcomisiones.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares comenta que se está trabajando el aspecto de reforma de recursos, en qué va a gastar la Secretaría de Turismo, pero no se debe perder de vista que los diputados autorizan por ley, el Presupuesto de Egresos, y por tanto, con reforma o sin reforma se tiene que dar prioridad a la agenda de la Comisión. En caso de que existan proyectos que por su importancia se deban incluir con o sin reforma ante la Secretaría y que ésta, cancele algunos que no son prioritarios desde el punto de vista legislativo, porque esto es una concertación política, señala, se tienen que introducir con o sin reforma. Aquí está el trabajo de la Junta Directiva a fin de llevar un esquema de prioridades, qué es lo urgente para el país en cuanto a proyectos para inducir el Presupuesto de Egresos de 2004, con o sin reforma y por otro lado lo que mencionaba el diputado Guillermo Zorrilla Fernández, ver en qué se va a gastar el excedente en caso de que exista la reforma.
Al respecto, el diputado Raúl Leonel Paredes Vega señala que se debe recordar que el presupuesto propuesto por el Ejecutivo sin cambios, sin reforma, ya viene recortado. Considera muy difícil poder llevar a cabo cambios, poder trabajar situaciones extra, esto saldrá, dice de la plática que se sostenga con el Secretario de Turismo y otras cosas van a depender del presupuesto, sea movimientos, exenciones, los diputados están atados, comentó, hasta que no se sepa cuánto se va a aprobar, en qué sentido y cuál va a ser el impacto de que se dé o no la reforma fiscal.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja sobre el DNI comenta que el 50% se lo lleva Gobernación y el 50% promoción turística; propone que el 25% se lo lleve la Secretaría de Gobernación para tramitología y el 75% para promoción turística, sin importar, señala, que haya reforma, que haya mayores recursos, porque ese es un dinero que entra del DNI.
Sobre la propuesta anterior, la diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles menciona que es importante que la Subcomisión que llevará este tema tiene que escuchar a la Secretaría de Gobernación a fin de saber en qué se aplica lo recaudado y hacer el análisis de factibilidad sobre hacer o no la propuesta.
En otro punto de asuntos generales, el diputado Francisco López Mena comenta que Augusto Huéscar, Jefe del Departamento de Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción de la Organización Mundial de Turismo, quien ha trabajado en la OMT desde hace 25 años, ofrece un taller de trabajo de todo un día para los integrantes de esta comisión, se aceptó que viniera nada más un par de horas ya que la Cámara de Diputados estará sesionando martes y miércoles próximos. Solicita a los diputados que se formalice la propuesta. Se vota a favor.
Al respecto, el diputado Rómulo Cárdenas Vélez comenta que se han hecho propuestas sobre el factor tiempo y es muy respetable, dice, el conocimiento y la visita de esta persona de la OMT, pero si esas dos horas o dos horas y media, se pudieran dedicar a los temas que se necesitan con la Secretaría de Turismo. Propone, a lo mejor por darle su lugar a Augusto Huéscar a través de algún programa, de un video o algún CD, y posteriormente distribuirlo a los diputados de la Comisión. Considera que si el problema es tiempo y se está viendo que los diputados se salgan de la sesión y se quiere ir a la Secretaria de Turismo y de Gobernación y de repente viene alguien y quiere hablar del turismo de España, entonces dice, no se le está dando prioridad al tiempo.
El diputado Gonzalo Guizar Valladares propone que quede abierto la presencia de los diputados interesados, pero no dejar pasar esta oportunidad que es importante. Considera que no choca una cosa con la otra.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández comenta que la reunión se llevará a cabo a las de 8:30 a.m. el miércoles, y que los diputados pueden atender reuniones de lunes a viernes con horario abierto con la Secretaría de Turismo, además de no desaprovechar la cortesía, la atención y la experiencia, se está hablando del tercer lugar mundial en turismo que es España.
La diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles comenta que en realidad es una verdadera oportunidad. Señala que Augusto Huéscar es un "señorón" del turismo y escuchar las experiencias legislativas de España nos abrirá, dice, muchas oportunidades y la visión de qué es lo que los diputados puedan hacer para mejorar el turismo en México.
Para finalizar el diputado Francisco López Mena recuerda los viajes de trabajo a Chiapas, a Nayarit y Tabasco los tres fines de semana próximos.
No habiendo más asuntos en cartera y siendo las 15:00 horas del día 12 de noviembre del 2003, el diputado Francisco López Mena dio por concluida la reunión.
Diputados: Francisco Xavier López Mena,
Presidente (rúbrica); Nancy Cárdenas Sánchez, secretaria
(rúbrica); Rómulo Cárdenas Vélez, secretario
(rúbrica); Félix González Canto, secretario; Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, secretario; Narciso Agúndez Montaño;
Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Angel Juan Alonso Díaz-Caneja;
Oscar Bitar Haddad (rúbrica); Francisco Javier Bravo Carbajal; Alvaro
Burgos Barrera (rúbrica); Guillermo del Valle Reyes; Enrique Ariel
Escalante Arceo; Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica); Irma Sinforina
Figueroa Romero (rúbrica); Jorge Fernando Franco Vargas; Gonzalo
Guízar Valladares; Alejandro Higuera Osuna (rúbrica); Jesús
Lomelí Rosas (rúbrica); Margarita Martínez López
(rúbrica); María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica);
Janette Ovando Reazola; Raúl Leonel Paredes Vega; Raúl Piña
Horta (rúbrica); Pascual Sigala Páez; Zeferino Torreblanca
Galindo (rúbrica); Wintilo Vega Murillo; Pablo Antonio Villanueva
Ramírez (rúbrica); Elizabeth Oswelia Yáñez
Robles (rúbrica); Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).
DE LA COMISION DE TURISMO, DE SU TERCERA REUNION ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
Tercera reunión ordinaria de pleno de la Comisión de Turismo celebrada el día 18 de noviembre de 2003, en el salón Libertadores del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Siendo las 11:00 horas, en el salón Libertadores del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los Diputados integrantes de la Comisión Turismo de conformidad a la convocatoria publicada en Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de noviembre del presente año, para el desahogo del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia.Documentos entregados: Subcomisiones con temas sugeridos, Documento de Trabajo entregado por la Secretaría de Turismo en reunión del día 17 de noviembre pasado titulado "Problemática y Retos del Turismo: PEF 2004".
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Integración de subcomisiones.
4. Asuntos generales.
En ausencia del diputado Francisco López Mena, Presidente de la Comisión de Turismo, por encontrarse en reunión de trabajo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el diputado Rómulo Cárdenas preside esta reunión.
1. Se pasa lista de asistencia, encontrándose presentes 16 CC. Diputados, fueron los siguientes: Nancy Cárdenas Sánchez (Secretaria); Rómulo Cárdenas Vélez (Secretario); Félix González Canto (Secretario); Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (Secretario); Gonzalo Alemán Migliolo; Angel Juan Alonso Díaz-Caneja; Oscar Bitar Haddad; Francisco Javier Bravo Carbajal; Álvaro Burgos Barrera; Jorge Fernando Franco Vargas; Gonzalo Guizar Valladares; Alejandro Higuera Osuna; María Guadalupe Morales Rubio; Zeferino Torreblanca Galindo; Elizabeth Oswelia Yánez Robles y Guillermo Zorrilla Fernández.
2. El diputado Rómulo Cárdenas Vélez, da la bienvenida de la reunión. Lee el orden del día el cual se aprueba por unanimidad.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez hace constar que se tienen registrados 16 diputados, con lo cual se declara quórum. A continuación cede la palabra a la diputada Nancy Cárdenas Sánchez a fin de pasar al punto 3 del orden del día.
3. La diputada Nancy Cárdenas Sánchez lee el documento relativo a las Subcomisiones, las normas que las regirán, los nombres y los temas a tratar de cada una de ellas, así como los nombres de los Grupos de Trabajo propuestos.
Al finalizar la lectura pregunta a los diputados presentes si existe algún comentario al respecto.
El diputado Alejandro Higuera Osuna pregunta si las Subcomisiones se integran de manera plural.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez señala el punto 5 de las Normas relativas a la integración de Subcomisiones, comenta que la integración será de manera libre por parte de los diputados integrantes de la Comisión.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja pregunta los nombres de los diputados que integran las Subcomisiones.
En respuesta, el diputado Rómulo Cárdenas Vélez menciona que tiene en su poder el nombre de los diputados del PAN y PRD que integrarán las Subcomisiones en comento. Asimismo, señala que el día de hoy, por la tarde, todos los diputados contarán con las listas definitivas, mencionó que por parte del Grupo Parlamentario del PRI entregarán más tarde el nombre de los diputados de su partido que integrarán las Subcomisiones, no así los que coordinarán la Subcomisión "Infraestructura Turística y Desarrollo" y el Grupo de Trabajo "Coordinación y Vigilancia Administrativa" quienes el diputado Félix González Canto hizo llegar a la Secretaría Técnica para su inclusión.
El diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja pregunta si se tienen los nombres de la integración de los Grupos de Trabajo.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez contesta que hasta el día de ayer se concluyó con las negociaciones de las Subcomisiones, principalmente con el PRD y que las lista de integrantes de los Grupos de Trabajo serán nombrados por la Junta Directiva de la Comisión. Asimismo, informa que solicitó a la Secretaría Técnica enviar los documentos relativos por temas relativos a las Subcomisiones. También, propone que a más tardar el martes 25 de noviembre próximo, los coordinadores de las Subcomisiones entreguen el calendario de sus reuniones.
El diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva señala que en esta reunión se deben definir los nombres de los coordinadores de los Grupos de Trabajo.
Sobre el punto anterior, el diputado Rómulo Cárdenas Vélez informa que el derecho de nombrar a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios corresponde a la Junta Directiva, invitando al diputado Ramírez Puga Leyva, como Secretario de la Comisión a nombrarlos.
No habiendo más comentarios, el diputado Rómulo Cárdenas Vélez pregunta si se aprueban las Subcomisiones propuestas y su integración.
En votación económica se aprueba por unanimidad.
La aprobación del tema de las Subcomisiones queda de la siguiente manera:
1. Regulación y Facilitación Turística
(Coordinada por el PAN)
Diputado Rómulo Cárdenas Vélez (PAN)
Diputado Alejandro Higuera Osuna (PAN)
Diputado Raúl Paredes Vega (PAN)
2. Infraestructura Turística y Desarrollo
Diputado Francisco Javier Bravo Carbajal (Coordinador
PRI)
Diputado Narciso Agúndez Montaño (PRD)
Diputado Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (PAN)
Diputado Janette Ovando Reazola (PAN)
Diputado Zeferino Torreblanca Galindo (PRD)
Diputado Pablo Villanueva Ramírez (PAN)
3. Promoción Turística
Diputada Irma Figueroa Romero (Coordinadora PRD)
Diputada Nancy Cárdenas Sánchez (PRD)
Diputado Rodolfo Esquivel Landa (PAN)
Diputada María Guadalupe Morales Rubio (PRD)
Diputada Elizabeth Yañez Robles (PAN)
Grupos de Trabajo
1. Coordinación y Vigilancia Administrativa
Diputado Jorge Fernando Franco Vargas (Coordinador PRI)
2. Editorial y Comunicación
(Coordinada por el PAN)
5. En asuntos denerales la diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles, señala que se debe comentar lo sucedido en la reunión que sostuvo la Comisión con la Secretaría de Turismo el 17 de noviembre.
El diputado Rómulo Cárdenas Vélez comenta que entre los asuntos tratado en la reunión en comento fueron: el Derecho al No Inmigrante (DNI) en dónde se señaló que se solicitará a la Secretaría de Gobernación documentos en donde se explique el gasto en inversión del 50% que le corresponde de los recursos obtenidos del DNI y, resultado de esto, la Comisión de Turismo considere si aun deben otorgar los mismos, temiendo que estos recursos se utilicen para pago de nómina y no para el fin por lo que fueron creados. Esta documentación servirá, dice, para que los diputados que integren las Subcomisiones se avoquen al tema del presupuesto.
Asimismo, informa que la Secretaría de Turismo ofreció que el viernes 21 de noviembre entregará a la Comisión, documentos de apoyo a fin de que los diputados cuenten con la información necesaria para aprobar el Presupuesto de Egresos 2004.
Al respecto el diputado Zeferino Torreblanca Galindo también comenta acerca de la propuesta de asignación por parte de la Secretaría de Turismo de 50 centavos por cada vehículo que pase una caseta de pago en autopistas del sistema carretero federal a fin de apoyar el fortalecimiento de los servicios que presta la Corporación Ángeles Verdes.
La diputada Elizabeth Oswelia Yañez Robles comenta que FONATUR debe informar los criterios para aplicar sus inversiones y cuestiona si se debe seguir invirtiendo sobre los centros turísticos ya establecidos o si se debe realizar en nuevos. Asimismo, señala que los recursos asignados a las 30 ciudades es muy poco por lo cual se debe revisar este rubro.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez informa que para la próxima reunión de Pleno se anunciará la fecha de la reunión con John McCarthy, director de Fonatur.
El diputado Rómulo Cárdenas pregunta si existe algún otro tema en asuntos generales.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández señala que la reunión se realizó únicamente para aprobar las Subcomisiones.
No habiendo más asuntos en cartera y siendo las 12:00 horas del día 18 de noviembre del 2003, el diputado Rómulo Cárdenas Vélez dio por concluida la reunión.
Diputados: Francisco Xavier López Mena,
Presidente (rúbrica); Nancy Cárdenas Sánchez, secretaria
(rúbrica); Rómulo Cárdenas Vélez, secretario
(rúbrica); Félix González Canto, secretario; Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, secretario; Narciso Agúndez Montaño;
Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Angel Juan Alonso Díaz-Caneja;
Oscar Bitar Haddad (rúbrica); Francisco Javier Bravo Carbajal; Alvaro
Burgos Barrera (rúbrica); Guillermo del Valle Reyes; Enrique Ariel
Escalante Arceo; Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica); Irma Sinforina
Figueroa Romero (rúbrica); Jorge Fernando Franco Vargas; Gonzalo
Guízar Valladares; Alejandro Higuera Osuna (rúbrica); Jesús
Lomelí Rosas (rúbrica); Margarita Martínez López
(rúbrica); María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica);
Janette Ovando Reazola; Raúl Leonel Paredes Vega; Raúl Piña
Horta (rúbrica); Pascual Sigala Páez; Zeferino Torreblanca
Galindo (rúbrica); Wintilo Vega Murillo; Pablo Antonio Villanueva
Ramírez (rúbrica); Elizabeth Oswelia Yáñez
Robles (rúbrica); Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE SU REUNION PLENARIA CON LA ASOCIACION MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE MEXICO, REALIZADA EL MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1; 45, numeral 6, incisos d) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería a una reunión de trabajo con los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, el 29 de octubre de 2003, en los salones C y D del restaurante Los Cristales, a las 17:00 horas, para desahogar los asuntos del siguiente
Orden del Día
4. Presupuestación 2004.
4.1. Criterios generales para la conformación
del Presupuesto 2004.
4.2. Programas prioritarios y necesidades presupuestales.
4.3. Reglas de operación
5. Consideraciones sobre iniciativas legislativas para
el desarrollo integral del campo mexicano.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Tomando la lista de asistencia se registró un total de 19 diputados por lo que se declaró la existencia del quórum necesario para iniciar la reunión.
Por otra parte asistieron los siguientes secretarios de Desarrollo Agropecuario del país: doctor Jorge Luis Zertuche Rodríguez, Tamaulipas; ingeniero Juan Pablo Hernández Díaz, Baja California; profesor Luis Meneses Murillo, Distrito Federal; licenciado Héctor Manuel Popoca Boone, Guerrero; licenciado Omar Fayad Meneses, Hidalgo; ingeniero Ismael Ordóñez Mancilla, México; licenciado Carlos Hernández Ibarra, Nayarit; ingeniero Pedro Rubén Ferreiro Maíz, Chihuahua; MVZ Vicente Castellanos Villa, Tlaxcala; licenciado Héctor Samuel Lugo Chávez, Querétaro; licenciado Víctor Sánchez Trujillo, Morelos; licenciada Irma Piñeiro Arias, Oaxaca; doctor Ramón Ferrari Pardiño, Veracruz; licenciado Le Roy Barragán Ocampo, Zacatecas; profesor Roger Antonio González Herrera, Yucatán; doctor Fernando González Villarreal, Sonora; biólogo Víctor Manuel Arriaga Haro, Jalisco.
En su mensaje de bienvenida, el diputado Presidente consideró muy importante la presencia de los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, toda vez que son ellos quienes enfrentan día con día los problemas cotidianos que les presentan los productores de sus entidades, por lo tanto indicó que era indispensable establecer una comunicación constante entre los secretarios y los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería para que juntos diseñen una propuesta común para la integración del presupuesto para el campo del próximo año, revisar el marco jurídico del sector, y especialmente, dar seguimiento de manera conjunta al Acuerdo Nacional para el Campo, donde se define con toda claridad que sean tomadas muy en cuenta las decisiones que se den en los estados, en los distritos de desarrollo rural y en los municipios.
Al hacer su presentación, el Presidente en turno de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario del país, doctor Jorge Zertuche Rodríguez, del estado de Tamaulipas, señaló que el objetivo de la asociación tiene tres ejes fundamentales y que parten de una visión federalista en todo momento y que son: primero que la AMSDA sea un contrapeso del Poder Legislativo en lo relativo al Presupuesto y del Ejecutivo federal en lo que tiene que ver con programas y reglas de operación; un segundo objetivo consiste en que la asociación busca que todos los estados del país tengan un crecimiento agropecuario similar, y que existan avances más marcados del desarrollo rural en las entidades, y un tercer objetivo de la asociación trata de equiparar los niveles de competencia, principalmente con aquellos países con los que México tiene tratados de libre comercio.
Posteriormente se hizo una valoración del avance del Presupuesto 2003 entre los secretarios de Desarrollo Agropecuario y los legisladores integrantes de la Comisión con datos de la Sagarpa al 31 de agosto de 2003, existiendo muchas inconformidades por parte de los señores secretarios, toda vez que algunas cifras que proporcionó la Sagarpa no coincidían con las que ellos tenían, tampoco en lo relativo a la entrega de recursos de los programas como Procampo y Alianza para el Campo, pues no se han entregado oportunamente, y hubo una enérgica protesta por las reglas de operación, que sólo entorpecen la aplicación de los recursos para el campo, por todo el papeleo técnico burocrático que generan. Por lo tanto urgieron a los diputados a trabajar arduamente para que estas irregularidades no se repitan en el Presupuesto del próximo año.
En el transcurso de la reunión se acordó presentar un punto de acuerdo ante el Pleno de la Cámara para que la Sagarpa radique de inmediato los recursos federalizados pendientes de enviar a los estados.
En cuanto al Presupuesto 2004, se solicitó a los diputados dar espacios para que la AMSDA participe abiertamente en el diseño del proyecto de Presupuesto del próximo año así como en el rediseño de los programas y las reglas de operación.
Por lo que toca a la legislación vigente para el sector, se buscará fortalecer el marco jurídico de este sector, impulsando las iniciativas de ley que existen en la Comisión y creando las necesarias que den certidumbre legal a nuestros productores.
Del desarrollo de la reunión de trabajo se llegó a los siguientes:
Acuerdos
1. Presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que la Sagarpa radique de inmediato los recursos federalizados a los estados.
2. Trabajar conjuntamente con los integrantes de la AMSDA, en el diseño del Presupuesto 2004.
3. Que la Comisión de Agricultura y Ganadería lleve a cabo una reunión de trabajo con el director de la Financiera Rural.
4. Se acordó tener una próxima reunión con los secretarios de Desarrollo Agropecuario del país en fecha y lugar por definir.
Agotados los asuntos en cartera del Orden del Día, se clausura la reunión a las 20:45 horas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura:
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica),
Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), secretario;
Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), secretario; Mario Ernesto Dávila
Aranda (rúbrica), secretario; Diego Palmero Andrade (rúbrica),
secretario; Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretario.
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE SU REUNION PLENARIA EFECTUADA EL MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1; 45, numeral 6, incisos d) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se citó a los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería a reunión plenaria de trabajo el 5 de noviembre de 2003, en el restaurante Los Cristales, salón C, a las 10:00, horas para desahogar los asuntos de su competencia bajo el siguiente:
Orden del Día
Tomando la lista de asistencia se registró un total de 20 diputados, por lo que se declaró la existencia del quórum necesario para iniciar la reunión.
De acuerdo con la rotación de la secretaría para conducir las reuniones, corresponde el turno al diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que el diputado Presidente de la Comisión le solicitó conducir los trabajos de la presente reunión.
El diputado secretario Mario Ernesto Dávila Aranda solicitó la dispensa de lectura del acta de la sesión anterior, ya que se encuentra en la carpeta de trabajo que fue entregada a los legisladores, por lo que se aprobó y se pasó al siguiente punto.
Se procedió a la integración de los grupos de trabajo, habiéndose integrado en primer término un grupo para analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2004 para la Sagarpa, a lo cual el diputado Cruz López propuso la integración de un grupo de trabajo para analizar los ingresos y otro para estudiar los egresos o, en su defecto, un solo grupo que se encargara de ver ambos rubros.
El tema de la integración de subcomisiones o grupos de trabajo despertó gran interés entre todos lo diputados, lo que originó un debate enriquecedor con puntos de vista encontrados pero con un mismo fin, crear una subcomisión al interior de la Comisión de Agricultura y Ganadería que analice cuidadosamente el proyecto de Presupuesto 2004 para la Sagarpa y la aplicación del mismo de forma eficiente y oportuna por parte de la Secretaría.
Sobre la subcomisión de trabajo encargada del paquete económico que incluye Ley de Ingresos y miscelánea fiscal, quedó integrada por los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión y los diputados que quisieran incorporarse.
Durante el transcurso de la reunión se entregó a los legisladores un cuadro sinóptico en el cual escogieron libremente a qué subcomisión de trabajo querían integrarse para dictaminar las iniciativas de ley pendientes que existen en la Comisión, quedando integradas de la siguiente manera:
1. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo de las Iniciativas de Ley de la Agroindustria Azucarera:
Diputados: Gonzalo Ruiz Cerón, Lázaro Arias Martínez, Juan Manuel Vega Rayet, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Marcelo Herrera Herbert, Diego Palmero Andrade, Guillermo del Valle Reyes, José María de la Vega Lárraga.
2. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo de la Iniciativa de Almacenamiento Rural:
Diputados: Juan Manuel Dávalos Padilla, Antonio Mejía Haro, Lázaro Arias Martínez, Javier Castelo Parada, Víctor Suárez Carrera, Gaspar Avila Rodríguez, Esteban Valenzuela García.
3. Integración de la Subcomisión de Trabajo de las Iniciativas de Ley de Fomento a la Cafeticultura:
Diputados: Gonzalo Ruiz Cerón, Julián Nazar Morales, Juan Manuel Vega Rayet, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio, Valentín González Valencia, Marcelo Herrera Herbert.
4. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo del Proyecto de Decreto por el que se Ordena la Extinción por Liquidación de Pronase:
Diputados: Javier Castelo Parada, Gaspar Avila Rodríguez.
5. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo de la Minuta con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados:
Diputados: Mario Ernesto Dávila Aranda, Antonio Mejía Haro, Alejandro Saldaña Villaseñor, Arturo Robles Aguilar, Isidro Camarillo Zavala, Marcelo Herrera Herbert, Víctor Suárez Carrera.
6. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo de la Minuta con Proyecto de Reformas a la Ley de Sanidad Animal:
Diputados: Mario Ernesto Dávila Aranda, Antonio Mejía Haro, Enrique Torres Cuadros, Gonzalo Moreno Arévalo, José María de la Vega Lárraga.
7. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo para la Creación de la Iniciativa de Ley de Planeación Agropecuaria, Seguridad y Soberanía Alimentarias:
Diputados: Gonzalo Ruiz Cerón, Antonio Mejía Haro, Lázaro Arias Martínez, Jesús Morales Flores, Rafael Galindo Jaime, Arturo Robles Aguilar, Víctor Suárez Carrera, José María de la Vega Lárraga, Regina Vázquez Saut, Valentín González Bautista.
8. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo para la creación de la iniciativa de Ley de Capitalización, Servicios Públicos e Infraestructura Básica y Productiva:
Diputados: Julián Nazar Morales, Rafael Galindo Jaime, Arturo Robles Aguilar, Guillermo del Valle Reyes, Roger David Alcocer García.
9. Integrantes de la Subcomisión de Trabajo para la creación de la iniciativa de Ley de Rentabilidad, Generación de Opciones Empresariales y Certidumbre en el Ámbito Rural.
Diputados: Juan Manuel Dávalos Padilla, Rafael Galindo Jaime, Isidro Camarillo Zavala, Enrique Torres Cuadros, Gaspar Avila Rodríguez, Guillermo del Valle Reyes, Esteban Valenzuela García, Roger David Alcocer García, José María de la Vega Lárraga.
Enseguida se dio paso a la lectura de los seis proyectos de dictamen de las proposiciones con punto de acuerdo turnadas a la Comisión; después de la lectura de cada uno de ellos, se sometió a su aprobación, la cual fue por unanimidad de los diputados presentes a la reunión, sufriendo una pequeña modificación el dictamen referente al uso de betaanálogos y el referente a los apoyos directos al campo, mismos que se ajustaron y se aprobaron también de manera unánime.
Siguiendo con el orden del día, los diputados asistentes aprobaron unánimemente el proyecto de agenda legislativa que el Presidente de la Comisión, decidiéndose incorporar las observaciones que hubieren remitido los diputados miembros de la Comisión.
En cuanto a los avances de los acuerdos tomados en anteriores reuniones se entregó a los legisladores un cuadro donde se indica el grado de avance de cada uno de los acuerdos y que también fue aprobado, de lo cual los miembros de la Comisión se dieron por enterados.
Del desarrollo de esta reunión de trabajo se llegó a los siguientes
Acuerdos
1. Enviar un oficio a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitando la ampliación del techo presupuestal de la Comisión, ya que con el actual presupuesto es imposible realizar las actividades que se nos tienen encomendadas por ley.
2. Se crea el grupo de trabajo para análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del 2004, formado por los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión, a reserva de que se integren otros legisladores de la Comisión.
3. Se crean las subcomisiones de trabajo para dictaminar las iniciativas pendientes en la Comisión y los nuevos proyectos determinados como prioritarios.
4. Solicitar la comparecencia de funcionarios de la Sagarpa, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía que tengan que ver con la producción, comercialización, importación y aplicación de los betaagonistas y que son dañinos para la salud humana.
Agotados los asuntos en cartera del orden del día, se clausuró la reunión a las 12:17 horas.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura:
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica),
Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), secretario;
Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), secretario; Mario Ernesto Dávila
Aranda (rúbrica), secretario; Diego Palmero Andrade (rúbrica),
secretario; Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretario.
A su reunión ordinaria de trabajo correspondiente al mes de diciembre, que se llevará a cabo el miércoles 17, a las 8:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre, a las 17 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión con los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Pesca, de Reforma Agraria, y de Recursos Hidráulicos, que se realizará el miércoles 17 de diciembre, a las 17:30 horas, en el salón de usos múltiples del edificio D, planta baja, donde se analizárán aspectos presupuestarios para el ejercicio fiscal de 2004 en diversas materia.
Atentamente
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la presencia del oficial mayor, licenciado Pablo Gómez Domínguez, el jueves 18 de diciembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Informe sobre las actividades de la Mesa Directiva:
Reuniones con el fiscal especial para delitos cibernéticos.
Reunión con la Asociación de Empresas de
Paquetería.
Reuniones para atender la propuesta de preuspuesto del
subsector carretero.
5. Integración de las subcomisiones y atención
delos asuntos pendientes de la LVIII Legislatura, así como los turnados
por la Mesa Directiva de la actual Legislatura.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A su sexta reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre, a las 16 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Orden del Día
4. Se someterá a consideración del pleno
la aprobación del acta de la reunión de trabajo de fecha
9 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 18 de diciembre
del mismo año.
5. Se someterá a consideración del pleno
el punto de acuerdo para solicitar mayores recursos en beneficio de los
grupos vulnerables, realizado por la Mesa Directiva de la Comisión.
6. Se someterá a consideración del pleno
el calendario de las sesiones a realizar para los meses de enero, febrero
y marzo de 2004.
7. Se someterá a consideración del pleno
el nombre y fecha de los funcionarios que serán llamados a comparecer
ante el pleno de esta H. Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión de trabajo con procuradores de Justicia, la cual se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jorge Uscanga Escobar
Presidente