Lectura del acta de la sesión anterior.
Presentación por el Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Informe de Actividades de dicha comisión, del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001.
Comunicaciones
De ciudadanos legisladores.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 503 Aniversario del Natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, tendrá lugar el 23 de febrero a las 10:00 horas, en el busto ubicado en el costado sur-poniente del atrio de la Catedral Metropolitana en la Plaza de la Constitución.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del Día de la Bandera, tendrá lugar el 24 de febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución.
De los Congresos de los estados de: Baja California, Chiapas, Jalisco y San Luis Potosí.
Iniciativas de ciudadanos legisladores
De reformas a diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, a cargo del Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De reformas al artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, a cargo del Sen. Francisco Fraile García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas al artículo 73 y otros artículos constitucionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De ley que establece modificaciones en materia indígena, suscrita por un grupo plural de ciudadanos diputados. (Turno a Comisión).
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite copia del oficio del director general de Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores.
Con el que se remite copia del oficio del director general de Radio, Televisión y Cinematografía, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer y Artemio Santos Santos, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ennio López Mora, Andrés de González-Argüelles Guasque, Carlos Olvera Moreno, Soraya Reené Garduño Estrada, Brenda Cruz Hernández, Paola Dominic Arozamena Aguilar, José Joel López Moreno, Manuel Mora González, María Esther Rojas Castañeda y Héctor Aguirre Osuna, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y comunica que ha dejado de prestar servicios el ciudadano Marco Antonio García Cárdenas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión).
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento de la ciudadana Margarita Diégues y Armas, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México, en Kenia.
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Eliezer Morales Aragón, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en la República de Bolivia.
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza, como Cónsul General de México, en Vancouver, Canadá.
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Juan Carlos Cué Vega, como Cónsul General de México, en El Paso Texas, Estados Unidos de América.
Ocho de la Segunda Comisión con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados a miembros del Ejército Mexicano.
De la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada por la Dip. Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que se congele el incremento anunciado en las tarifas eléctricas.
De la Tercera Comisión con punto de acuerdo relativo a la proposición presentada por el Sen. Elías Miguel Moreno Brizuela, a nombre de los grupos parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, para solicitar se exhorte a las autoridades del ISSSTE, hagan uso racional de los recursos, para beneficio de los derechohabientes.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, Francisco Javier Ortiz Ortiz, Horacio Ornelas García, José Guillermo Ordórica Robles, Ezequiel Osorio Chiñas, José Luis Vergara Ibarra y José Santiago Valdés Alvarez, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Corea, Federativa del Brasil, Santa Sede y la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, EUA, respectivamente.
La Cámara de Senadores, para los efectos del inciso g) del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remite el Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos, para el mes de febrero de 2002 y el ejercido en el mes de enero.
Proposiciones
Con punto de acuerdo relativo al Gobierno del Distrito Federal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comparezca ante las de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre créditos incobrables y controvertidos, a cargo de la Dip. Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal realice las acciones pertinentes para que se destinen los recursos del Fonden, para atender a los damnificados de las nevadas acaecidas en distintas entidades de la República Mexicana, a cargo del Dip. Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre el régimen fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre violación de los derechos humanos en el estado de Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para la equidad y el fortalecimiento de las universidades públicas de los estados, a cargo del Sen. Armando Chavarría Barrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Agenda política
Comentarios sobre la Reforma del Estado, a cargo de la Dip. Miroslava García Suárez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en relación a los procesos electorales realizados este año en el país.
Comentarios sobre educación superior, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la Guerra Sucia, la Fiscalía
Especial y la Comisión de la Verdad, a cargo del Sen. Armando Chavarría
Barrera del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
ACTA DE LA SESION DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MIERCOLES TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
Presidencia del diputado José Guillermo Anaya Llamas
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con una asistencia de treinta legisladores, a las once horas con diecinueve minutos del miércoles trece de febrero de dos mil dos, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo septuagésimo primer aniversario luctuoso del General Vicente Guerrero. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Guanajuato, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Guerrero, con acuerdo por el que se pronuncia en contra del incremento a las tarifas de peaje en las autopistas del país, particularmente en la del Sol. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Jalisco, con acuerdo para solicitar a las secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informen al Congreso Local sobre las acciones tendientes a combatir y controlar la venta de betanálogos. Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Michoacán, con acuerdo por el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, posponer la instrumentación de los incrementos en las tarifas del servicio de energía eléctrica, derivados de la cancelación de subsidios. Se turna a las comisiones de Energía de las cámaras de Diputados y de Senadores.
San Luis Potosí, con acuerdo por el que solicita la incorporación del programa IMSS-Solidaridad al Instituto Mexicano del Seguro Social y se transfieran los recursos económicos necesarios. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
San Luis Potosí, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Tlaxcala, con acuerdo por el que se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Colima, en el que se pronuncia a favor de que se erradique cualquier práctica discriminatoria hacia los trabajadores. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social de las cámaras de Diputados y de Senadores.
Yucatán, dos, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Los artículos veintisiete y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, de la Cámara de Diputados.
El Presidente informa de la recepción de las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:
Que reforma el último párrafo del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con la recepción de dos iniciativas suscritas por la diputada María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática, con proyectos de decreto por los que:
Se reforman y adicionan los artículos setenta y seis y setenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Uno, con el que remite copia de oficio del Oficial Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en relación con un punto de acuerdo sobre los programas asistenciales en la región del Soconusco, Chiapas, aprobado por la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Tres, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios, para que los ciudadanos mexicanos: Carlos María Abascal Carranza, Miguel Stuart Escobedo y Fulda, y Mario Alberto Góngora Villarreal, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren su Alteza Real, Don Carlos de Borbón, el gobierno del Reino de Bélgica, y la Armada de Chile, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.
Dos, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios, para que cuatro ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. Se turnan a la Primera Comisión.
Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Senadores a un Periodo Extraordinario de Sesiones, a celebrarse durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen en votación económica y sin discusión se aprueba el proyecto de decreto por treinta y un votos en pro y tres en contra. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto que conceden los permisos necesarios para que los ciudadanos:
Bernabé Bernardo Chávez Lira, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sin discusión se aprueban por treinta votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para requerir al Secretario de Economía y al Procurador Federal del Consumidor, se instrumenten las medidas necesarias para evitar los injustificados incrementos a los precios y otras prácticas especulativas en perjuicio de la economía familiar. Se aprueba en votación económica. Comuníquese al Ejecutivo.
La Presidencia informa de la recepción de una excitativa a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre tarifas eléctricas, presentada el día veintiocho de febrero de dos mil uno. El Presidente formula la excitativa correspondiente.
Suben a la tribuna, para presentar proposiciones con punto de acuerdo, los legisladores:
Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que instruya a los ejecutores responsables del gasto en todas las dependencias del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal, para que ejerzan el gasto aprobado por el Poder Legislativo para el ejercicio fiscal de dos mil dos, evitando subejercicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con los sobrejercicios ocurridos en el rubro de servicios personales del ejercicio fiscal de dos mil uno. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación económica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y solicita trámite de urgente resolución.
Hablan sobre el mismo tema los legisladores: Miguel Ángel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario Institucional; Abelardo Escobar Prieto, del Partido Acción Nacional; Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática; Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional; Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional; e Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos los legisladores: Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática; y Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional, quien es interrumpido por el legislador Miguel Ángel Navarro Quintero, para solicitar una moción de orden que el Presidente atiende.
Contestan alusiones personales los legisladores: Ildefonso Guajardo Villarreal; y Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional, quien es interrumpido por el legislador Elías Miguel Moreno Brizuela para solicitar una moción de orden, que el Presidente no considera pertinente y, desde su curul, el legislador Alejandro Zapata Perogordo solicita moción que el Presidente atiende.
Rectifica hechos el legislador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el tema en votación económica, y el Presidente turna la proposición con punto de acuerdo del legislador Elías Miguel Moreno Brizuela a la Tercera Comisión.
Continúan la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, los legisladores:
El Presidente turna la proposición del legislador Juan Carlos Regis Adame a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Antes de la intervención del legislador Alejandro Zapata Perogordo, el Presidente saluda la presencia en el salón del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Se concede el uso de la palabra, para referirse a la desaparición del señor Leovigildo Chiau Medina, en el Estado de Veracruz, a los legisladores: Elías Miguel Moreno Brizuela, del Partido de la Revolución Democrática; y José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional.
Se refieren a las declaraciones del Embajador de Alemania en México, respecto a la apertura del sector energético, los legisladores: Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Camilo Mouriño Terrazo, del Partido Acción Nacional.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión y
el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con treinta minutos,
citando para la que tendrá lugar el miércoles veinte de febrero
de dos mil dos, a las once horas.
Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente
Presente
Palacio Legislativo, a 18 de febrero 2002.
La suscrita, en mi carácter de diputada federal a la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del presente solicito a usted con el debido respeto, se sirva realizar los trámites necesarios a fin de que me sea otorgada licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo que ostento, toda vez que he sido llamada a participar dentro del gobierno del estado de Michoacán.
Por lo anterior, una vez que surta efectos la presente comunicación, ruego a usted llame al suplente C. Víctor Manuel Ochoa Camposeco, a fin de que rinda protesta y asuma el cargo a diputado federal por esta LVIII Legislatura.
Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi más distinguida consideración.
Atentamente.
Dip. Alejandra Barrales Magdaleno (rúbrica)
DOS DEL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente
Presente
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del DIII (503) aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de febrero a las 10:00 horas, en el busto ubicado en el costado sur-poniente del atrio de la Catedral Metropolitana en la Plaza de la Constitución y 5 de Mayo, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
El director general
Dr. Enrique Semo
Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente
Presente
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del Día de la Bandera, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 febrero a las 8:00 horas, en el patio poniente del Palacio del Ayuntamiento del Distrito Federal, Plaza de la Constitución y 5 de Febrero, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
El director general
Dr. Enrique Semo
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
C. Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
De conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, nos permitimos comunicarles la clausura del primer periodo ordinario de sesiones e instalación del segundo periodo ordinario así como la designación de la Mesa Directiva que comprende del 1 de febrero al 31 de mayo del año en curso, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California, la cual quedó integrada de la siguiente forma:
Presidente: Dip. Fernando Jorge Castro Trenti
Vicepresidente: Dip. Catalino Zavala Márquez
Secretario: Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa
Prosecretario: Dip. María Rosalba Martín
Navarro
Al hacer de su conocimiento lo anterior aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 1 de febrero del año 2002.
Dip. Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica)
Presidente
Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica)
Secretaria
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 15 de enero del 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Por acuerdo del honorable Congreso, comunicamos a ustedes, que con esta fecha quedó instalada legalmente la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política local, dio por iniciado su primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, quedando instalada la Mesa Directiva que fungirá durante el tercer mes a partir de esta fecha, de la siguiente manera:
Presidente: C. Dip. Agustín Santiago Albores.
Vicepresidente: C. Dip. Gloria Trinidad Luna Ruiz.
Vicepresidente: C. Dip. Deisy Castillo Cruz.
Lo cual comunicamos a ustedes para los efectos procedentes, reiterándoles la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Por el H. Congreso del estado
Dip. Guilmar Sarmiento Gutiérrez (rúbrica)
Secretario
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Secretario
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 1 de febrero del 2002.
C. Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
El pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en sesión de fecha 31 de enero del año en curso, tuvo a bien aprobar un punto de acuerdo, por medio del cual los diputados integrantes de esta soberanía popular del estado, se comprometieron a impulsar lo siguiente:
Primero: El H. Congreso del estado de Chiapas, rechaza enérgicamente la intención de retirar los subsidios al consumo de la energía eléctrica y consecuentemente elevar las tarifas por este concepto.
Segundo: Los legisladores de Chiapas, debido a las consideraciones expuestas, solicitan a las autoridades federales se decrete una tarifa preferencial al consumo de energía eléctrica en el estado.
Lo cual se hace de su conocimiento para su inmediata intervención y apoyo procedente, ante las autoridades del sector energético y hacendario del país.
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo y nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Por la Mesa Directiva
Dip. Agustín Santiago Albores (rúbrica)
Presidente
Dip. Guilmar Sarmiento Gutiérrez (rúbrica)
Secretario
En sesión ordinaria de fecha 31 de enero del 2002, celebrada por los diputados de la Sexagésima Primera Legislatura constitucional del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, con base a los siguientes:
Antecedentes
Que en fechas recientes fue anunciado por funcionarios del sector energético y hacendario de la Federación, el retiro del subsidio de las tarifas residenciales de electricidad, que será para las familias de clase media de por lo menos 90 por ciento, a este aumento originado por el retiro del subsidio se debe agregar un incremento adicional de 8.5 por ciento anual que quedó establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2002.
Que en la citada sesión ordinaria, diferentes diputados de diversos partidos políticos de la entidad integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, en diferentes intervenciones se manifestaron en contra del alza en las tarifas eléctricas, solicitando mantener el subsidio a los usuarios chiapanecos como una retribución al uso del suelo y explotación de recursos naturales en nuestro estado, por lo antes expuesto y de conformidad con los siguientes:
Considerandos
Primero: Que aún cuando Chiapas es el estado que ocupa el primer lugar en índices de marginación en todo el país, debido a que el 80% de su población es rural, genera el 43% de la energía eléctrica que se consume en el país, a través de la explotación de siete presas hidroeléctricas ubicadas en la geografía chiapaneca, dejando con ello de percibir millones de pesos de impuestos por tenencia de la tierra; recalcando además que a pesar de que ocupa el sexto lugar a nivel nacional en la producción de este servicio, no se han realizado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, obras de beneficio social o proyectos productivos en los municipios donde se encuentran ubicadas dichas presas. Estableciéndose en cambio un incremento de tarifas en comunidades en resistencia civil del pago por este servicio.
Segundo: Que a la presente fecha son 128 mil 635 usuarios los que tienen adeudos con la CFE, la mayoría de la zona rural en 48 municipios de las zonas Norte, Altos, Selva y Fronteriza de Chiapas, entre ellos Las Margaritas, Ocosingo, San Andrés Larráinzar y Chenalhó, entre otros, dichos deudores se han declarado en resistencia civil desde 1994.
Tercero: Que además es necesario mencionar que en el estado de Chiapas, por su geografía accidentada provoca, que existan comunidades dispersas y en consecuencia más núcleos de población que carecen de la energía eléctrica, pues únicamente el 62% aproximadamente de localidades del estado cuentan con este servicio elemental, generando esto un atraso substancial en nuestro desarrollo como estado.
Cuarto: El costo por convertirnos en uno de los principales estados productores de energía eléctrica ha sido muy alto, toda vez que pueblos enteros quedaron sepultados bajo las aguas, como sería la antigua cabecera municipal de La Concordia, Chiapas, sin dejar de mencionar las grandes extensiones de tierra fértil y productiva que tuvieron el mismo fin, así como los grandes riesgos que día a día vive la población de nuestra entidad, y que se hacen mas latentes en la temporada de lluvias.
Quinto: Que por tal razón la eliminación del subsidio federal en la energía eléctrica impacta gravemente, por una parte a la clase media chiapaneca, la cual es generadora de una economía sustancial; y por otra a la población de las comunidades marginadas rural y la indígena, que conforman gran parte de la población en el estado; toda vez que el salario mínimo que es percibido por la mayoría de la población se incrementó en tan sólo dos pesos, cuando el índice inflacionario del año pasado en el país fue del 6%.
Por las anteriores consideraciones el pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del estado de Chiapas, tiene a bien tomar el siguiente
Acuerdo
Primero: El H. Congreso del estado de Chiapas, rechaza enérgicamente la intención de retirar los subsidios al consumo de la energía eléctrica y consecuentemente elevar las tarifas por este concepto.
Segundo: Los legisladores de Chiapas, debido a las consideraciones expuestas, solicitan a las autoridades federales se decrete una tarifa preferencial al consumo de energía eléctrica en el estado.
Así lo resolvieron por unanimidad los diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los treinta y un días del mes de enero de 2002.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Por la Mesa Directiva
Dip. Agustín Santiago Albores (rúbrica)
Presidente
Dip. Guilmar Sarmiento Gutiérrez (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
C. Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 19 de diciembre del presente año, aprobó el acuerdo económico número 403/01, del que le anexo copia para los efectos legales, mediante el cual se solicita eleve a rango de ley, la obligación para comprometer recursos en proyección, para que al final del sexenio del Gobierno Federal se cumpla con la asignación del 8% del PIB como mínimo a educación, tal como se signó en la propuesta que se hiciera y se entregó al SNTE, asimismo promueva la asignación de mayores recursos en términos reales para fortalecer a las instituciones de previsión y seguridad social.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 19 de diciembre del 2001.
LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial mayor
Ciudadanos diputados:
José Guadalupe Madera Godoy, diputado de la LVI Legislatura del estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco, así como los artículos 85 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien someter a la consideración de esta H. Soberanía "iniciativa de acuerdo económico" misma que formulo con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
I
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco, es facultad de los diputados presentar iniciativas de leyes, decretos y en su caso de acuerdo económico, tal y como lo establece el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en este sentido y en relación con el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "toda persona tiene derecho a recibir educación".
II
Así, la educación de todos los mexicanos es un derecho elevado a garantía constitucional, de conformidad a lo establecido por el artículo 3º, tanto constitucional como de la Ley General de Educación, en este orden; la federalización del sistema educativo, fue concertada en términos de la transferencia del servicio educativo a las entidades federativas, incluyendo instalaciones, equipos, recursos financieros, administración, relaciones laborales y capacidad de incorporación de contenidos regionales a planes y programas de estudio.
III
No obstante, a nueve años de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), prevalecen rezagos importantes que contribuyen a la profundización de las desigualdades entre regiones y entidades del país. Considera que para abatir los rezagos, corregir las insuficiencias y alcanzar un nivel satisfactorio de calidad, es imprescindible elevar el financiamiento educativo hasta concretar la recomendación de la UNESCO y de diversas organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores de la educación, en el sentido de que la inversión federal en la educación pública debe equivaler al 12% del PIB en el país.
IV
Sin embargo, en México, el financiamiento público a la educación está lejos de ser suficiente: durante 1981, entre el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y los municipios destinaron a la educación pública únicamente el 5% del PIB, en 1982 el 4.9%, en 1983 el 3.6%, y la relación descendió a 3.2% en 1988, en 1989 alcanzó el 5.5%, en 1993 y 1994 el 5.8%, para 1999 el gasto público en educación fue de 4.5% del PIB, en el año 2000 se redujo a 4.1% y en el año 2001 el gasto público en materia educativa es ubicado en el 4.2%.
Esto es así, ya que el gasto público se refiere a los recursos provenientes de la sociedad, captados por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o de recursos provenientes de créditos que se destinan al beneficio social, de acceso universal y sin fines de lucro.
V
Frente a la urgente necesidad de abatir los rezagos, deficiencias o insuficiencias que afectan al sistema educativo, el SNTE sostiene que, quienes compartimos la reivindicación de dedicar crecientes recursos a la educación pública desde nuestros respectivos espacios realizamos esfuerzos para lograr cuanto antes que la inversión federal cumpla con la meta sugerida.
Nadie puede negar que la educación pública básica, media superior y superior, constituye uno de los grandes pilares del desarrollo nacional, la democracia, justicia, libertad, igualdad y equidad de la nación.
VI
En este sentido me permito proponer cuatro puntos vertebrales de la iniciativa: financiamiento educativo para impulsar un mayor crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso y un desarrollo equilibrado; financiamiento educativo para promover una efectiva participación social, financiamiento educativo para lograr poner especial énfasis en la calidad y equidad, y afrontar de manera satisfactoria el reto de incorporar nuevas tecnologías en el quehacer educativo; financiamiento educativo para recuperar y fortalecer la formación, capacitación, actualización y, sobre todo, el salario de los trabajadores de la educación de todos los tipos, niveles y modalidades.
VII
Es por ello que nuestro estado y, en particular esta LVI Legislatura, debe comprometerse para buscar un mayor financiamiento para elevar la calidad de todos y cada uno de los elementos que componen la educación en nuestro país, por tanto, me permito presentar a ustedes la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28, fracción I, de nuestra Constitución local, 85 y 88 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente proyecto de:
Acuerdo Económico
Primero.- Gírese atento oficio al Ejecutivo federal así como a los titulares del Ejecutivo de los estados de la República, para invitarlos a que asignen recursos crecientes en términos reales a la educación pública.
Segundo.- Gírese atento oficio al Ejecutivo federal, y al honorable Congreso de la Unión, elevar a rango de ley, la obligación de comprometer recursos en proyección para que al final del sexenio del Gobierno Federal, se cumpla con la asignación del 8% del PIB como mínimo a educación, tal como se signó en la propuesta que el Gobierno Federal entregó al CEN del SNTE.
Tercero.- Gírese atento oficio al titular del Ejecutivo federal, a efecto de que promueva la asignación de mayores recursos en términos reales para fortalecer a las instituciones de previsión y seguridad social (ISSSTE, pensiones, Forte, IMSS, entre otros).
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 19 de diciembre del 2001.
El diputado local
Profr. José Guadalupe Madera Godoy (rúbrica)
C. Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión de fecha 8 de noviembre del año próximo pasado, aprobó el acuerdo económico número 323/01 del que se anexó copia en el oficio de fecha 8 de noviembre del 2001 para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó girar a esa alta representación popular atento y respetuoso oficio, para manifestarles la recomendación de esta Legislatura jalisciense a efecto de que las contribuciones que se reciban por concepto de cuotas compensatorias a los productos de importación sean canalizados a las organizaciones que agrupan a productores y empresarios del ramo económico de que se trate, y estos sean destinados a la defensa y promoción de su actividad, realizando para tal efecto las reformas a las leyes fiscales y de comercio, mediante los mecanismos adecuados para tal propósito, solicitando de nueva cuenta dé contestación al mismo.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 28 de enero del 2002.
LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial mayor
C. Dip. José Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión celebrada el día 7 junio del año próximo pasado, aprobó el acuerdo económico No. 126/01 del que le anexo copia en el oficio de fecha 11 de junio del 2001 para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó girara esa alta representación popular, atento oficio para que se sume y enriquezcan el acuerdo que se acompaña y se formule a la brevedad posible dentro de su competencia el proyecto de norma oficial mexicana para la leche de vaca y que dentro de su contenido se incluyan los apartados siguientes:
Denominación, especificaciones, formación comercial, y métodos de prueba, solicitando de nueva cuenta dé contestación al mismo.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía estatal hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación y para los efectos procesales consecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 28 de enero del 2002.
LCTC Leonardo García Camarena (rúbrica)
Oficial mayor
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
30 de enero de 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del estado, abrió y clausuró el sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de su ejercicio legal. Asimismo, se eligió la Mesa Directiva que fungió durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Malaquías Guerra Martínez
Primer vicepresidente: Dip. Marco Lucano Vázquez
Rodríguez
Segundo vicepresidente: Dip. Santiago Hernández
Robles
Primer secretario: Dip. Ismael Trujillo Martínez
Segundo secretario: Dip. Humberto Paez Galván
Primer prosecretario: Dip. Arturo Ramos Medellín
Segundo prosecretario: Dip. Oziel Yudiche Lara
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Malaquías Guerra Martínez (rúbrica)
Presidente
Dip. Ismael Trujillo Martínez (rúbrica)
Secretario
Dip. Humberto Paez Galván (rúbrica)
Secretario
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2002.
Dip. Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139, 140, 141, 165 y 168 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración una INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA que presenta un grupo plural de legisladores de ésta H. Cámara de Diputados.
La presente INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA está sustentada en el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 16 de febrero de 1996, bajo el amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
De conformidad con lo anterior, nos permitimos solicitarle respetuosamente efectúe las acciones pertinentes, a efecto de que se incluya en el orden del día de la sesión permanente del próximo 20 de los corrientes.
Sin más por el momento, hacemos propicia esta ocasión, para enviarle un afectuoso saludo y reiterarle la seguridad de nuestra más distinguida consideración.
Dip. Jaime Cleofas Martínez Veloz (rúbrica)
Dip. Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
Presente
Exposición de Motivos
México está constituido por una diversidad de pueblos y culturas, entre los que se encuentran una serie de colectivos culturalmente diferenciados del resto de la sociedad nacional que se han denominado Pueblos Indígenas.
En la actualidad existen 59 pueblos distintos que en su conjunto hacen un total aproximado de 10 millones de habitantes, es decir, aproximadamente el 10% del total de la población nacional mexicana.
Algunos Pueblos Indígenas se encuentran concentrados en un territorio relativamente compacto (como los mixes), mientras otros se hallan dispersos en muy distintas regiones (como los nahuas). Algunos están formados por cientos de miles de personas (hasta un millón y medio los nahuas), mientras en otros sólo sobreviven unas cuantas familias (8, los kiliwes).
La condición india y la pobreza están claramente asociadas. El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) clasifica como extremadamente pobres a todos aquellos municipios en que el 90% o más de la población son indígenas. De este modo, más de las tres cuartas partes de la población india vive en cerca de 300 municipios clasificados en el rubro de extrema marginación.
Casi la mitad de los indígenas son analfabetos, cuando el promedio a nivel nacional es de poco más del 10% de la población. Alrededor de la mitad de los municipios indígenas carecen de electricidad y servicio de agua potable (frente al 13 y el 21% de los promedios nacionales respectivos).
En tres quintas partes de dichos municipios se observa migración regular de una porción significativa de sus habitantes. Cuatro quintas partes de los niños indígenas menores de 5 años presentan elevados índices de desnutrición.
En ese rubro de edad se observa una cuota de mortalidad del 26%, frente al 20% nacional. La situación anterior no es casual ni gratuita; por el contrario, tiene hondas raíces sembradas por cientos de años. Analizarla, conocerla y combatirla es nuestra tarea.
En nuestro país, a partir de la independencia y, sobre todo, después de restaurada la República, México se planteó la incorporación de los indígenas para que adoptaran los rasgos de la nación moderna y mestiza que se pensaba construir.
La Constitución de 1917, continuando con esta tendencia, preservó la concepción unitaria bajo el principio de la igualdad jurídica, no reconoció la pluralidad cultural del país y, por tanto, se definió la nacionalidad mexicana a partir de una sola lengua, un territorio, una historia y una cultura común.
En 1989 se aprobó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Dentro de las posibilidades que ofrece este Convenio encontramos que su ratificación produce efectos jurídicos inmediatos para el orden interno en casi todo el sistema constitucional latinoamericano.
Esta implicación en términos del proceso de juridicidad significa un avance porque en este instrumento se asumen conceptos básicos relativos al ámbito de los derechos colectivos frente a la hegemonía de los derechos individuales, de esta naturaleza es el sujeto de derecho, el pueblo indígena se define en atención a su origen histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, destacando en este concepto el principio básico de la autoidentificación. Asimismo, establece que el concepto de tierras debe comprender al de territorio entendido como el hábitat. Sus limitaciones están dadas por la naturaleza misma de un convenio que siendo internacional debe perfilar criterios tan generales que permitan su adaptación a las diversas situaciones de los países integrantes de la OIT.
México fue el primero de América Latina que lo ratificó cuando aún no se reformaba su constitución para incluir la pluriculturalidad. Así, el Senado de la República dictaminó que "el presente convenio no contiene disposición alguna que contravenga nuestro orden constitucional ni vulnere la soberanía nacional".
La ratificación constituye una obligación para que el Estado cumpla con todas las disposiciones y asegure que en el orden jurídico interno no haya leyes en contra y esto incluye la misma constitución.
Perfil de la iniciativa
En primer lugar habría que anotar que la propuesta de iniciativa de modificaciones constitucionales, pactada en los Acuerdos de San Andrés, consiste en reconocer la libre determinación y como expresión de esta la autonomía como garantía constitucional para los pueblos indígenas, a fin de dotarles de derechos específicos en torno a los aspectos sustantivos que constituyen su razón de ser como pueblos, por ejemplo, formas propias de organización social y política, promoción y desarrollo de sus culturas, aplicación de sus sistemas normativos internos, definición de estrategias para su desarrollo, acceso al uso y disfrute de recursos naturales.
Vista así la autonomía sería un derecho constitucional de los pueblos indígenas, de carácter colectivo ya que ninguno o ninguna de sus integrantes se puede apropiar de él a título individual.
Estos derechos colectivos tendrían el mismo rango, coexistirían con los derechos individuales que ya tenemos todos y todas.
En síntesis, la autonomía de los pueblos indígenas no implica segregación ni reservación o separatismo, pues se dará en el marco del Estado nacional.
Permite una nueva relación de los Pueblos Indígenas con la Sociedad y con el Estado. Este es el sentido de la propuesta de reformas al artículo cuarto.
Las relativas al artículo 115 constitucional buscan propiciar el ejercicio del poder político en todos los niveles y ámbitos de gobierno, desde la base, la comunidad, establecer la integración de los ayuntamientos para que los que tengan población mayoritariamente indígena, si así lo deciden, se remunicipalicen para buscar coincidencia con los territorios actualmente ocupados por los pueblos indígenas y así se establezca la posibilidad de coordinación entre dos o más municipios o varias comunidades entre sí. Todo ello no implica la creación de un cuarto nivel de gobierno.
Así, tenemos a un sujeto de derecho, los pueblos indígenas, con una definición general y abstracta como corresponde a este tipo de normas.
Este sujeto de derechos que existe históricamente sería reconocido con los atributos de libre determinación y autonomía acotadas al ejercicio de derechos específicos en sentido material, esto es en cuanto a su contenido. Por lo que se refiere a su ámbito espacial, esto es el ámbito de aplicación, se respetan los niveles del pacto federal.
La posterior reglamentación de estos derechos constitucionales precisaría el tipo de competencias y regulaciones necesarias para garantizarlos en un marco de paulatina modificación del orden jurídico nacional a fin de que refleje todo él la pluriculturalidad que es característica de la Nación mexicana.
Así pues, la inserción del derecho indígena no implicaría la creación de diversos órdenes jurídicos como se ha señalado ni tampoco se trataría de normas destinadas al 10% de la población nacional considerada indígena.
Criterios constitucionales para abordar la presente iniciativa
La reforma indígena debe analizarse a partir de los principios básicos de supremacía constitucional, de igualdad de las normas constitucionales.
Asimismo se deben tener presente las distinciones entre conceptos propios del derecho internacional público respecto de los del derecho público interno: es el caso de los conceptos de soberanía, territorio y libre determinación
El constitucionalismo es un sistema que, si merece el nombre, si no se reduce a mera cobertura de poderes, toma como punto de partida el reconocimiento de derechos.
Lo hace para el mismo establecimiento de poderes, de unos poderes sociales. Los unos se deben a los otros, los poderes a los derechos. Han de garantizarlos y promoverlos. Para eso sirven constitucionalmente. Lo primero, el derecho, es lo primario o precedente; lo segundo, el poder, lo secundario o derivado.
La definición de reformas constitucionales es momento del derecho sustantivo más que del adjetivo. La armonización y la precisión de procedimientos se verán en la etapa reglamentaria.
Hay conciencia sobre la complejidad jurídica de las reformas propuestas; no están en la lógica que ha imperado en el orden jurídico. Por lo tanto, habría que encontrar los equilibrios necesarios entre unidad y diversidad, entre derechos individuales y derechos colectivos, entre normas legales generales y otras particulares, entre los principios de competencia y jerarquía de las normas, entre Constitución General y legislaciones locales y secundarias.
Los constitucionalistas han analizado que, como tendencia, en nuestros países muchas veces se busca crear normas constitucionales programáticas para el futuro, para cuando seamos grandes, para cuando seamos democráticos; otra tendencia es crear normas para mañana, para lo que necesitamos mañana, y pasado hay que reformar otra vez la Constitución; pero una tercera tendencia, que es la más grave y que es el peligro que pueden tener las nuevas normas constitucionales de derecho indígena, es la de no reflejar siquiera la realidad que está sustentando las demandas de los pueblos indígenas, y provocar distorsiones en la naturaleza de las demandas.
Es necesario aclarar que es un falso dilema preguntamos si sólo con el contenido de nuevas normas constitucionales se resolverá la grave situación de los pueblos indígenas, conociendo de antemano la respuesta. Esta lógica nos podría llevar a la peligrosa conclusión de que da lo mismo tener el derecho que no tenerlo.
Otro argumento que suele interponerse resulta menos constitucional, aunque parezca más democrático. Se refiere al de las mayorías y las minorías allí donde ocurre o se presume que los pueblos indígenas se comprenden entre estas últimas, entre unas minorías.
Mas una cuestión constitucional tan primaria como la de unos derechos colectivos de alcance constituyente no es cuantitativa, sino cualitativa.
No es de demografía, sino precisamente de derecho constitucional. No depende de mayorías y minorías, de cuántos sean los unos y los otros, los de unas o los de otras culturas, sino de que la pluralidad cultural se dé.
Una vez que dichas normas se integren a la Constitución, serán parte del interés general que dicha Carta Fundamental representa.
Son normas para todos los mexicanos, si bien para los pueblos indígenas tienen implicaciones directas en su ejercicio, para el resto las tiene en la obligación de respetarlas y para el Estado el garantizar su ejercicio.
La definición de los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho
A la definición contenida en la iniciativa debe relacionársele con el elemento adicional que establece el Convenio 169 de la OIT, esto es el de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental.
El texto de la iniciativa reconoce derechos, no asigna competencias, no crea nuevos niveles de gobierno; consigna el reconocimiento de derechos colectivos a un nuevo sujeto jurídico constituido por cada pueblo indígena, derechos de naturaleza diferente a los individuales (derechos fundamentales que no se cuestionan y a los que no renuncian los integrantes de los pueblos indígenas).
Cuando se reconoce en la primera frase del párrafo primero del artículo 2o., hoy vigente, que "la Nación Mexicana tiene un carácter pluricultural sustentado originalmente en sus pueblos indígenas", se refiere a que existe un sujeto preconstitucional y constituyente de la nación mexicana.
La gran mayoría de los mexicanos somos descendientes de los pueblos originales y de los españoles; sin embargo, algunos mexicanos pertenecen a los pueblos indígenas y conservan todas o parte de sus culturas propias. Por lo tanto, no todos los mexicanos tenemos existencia distintiva en tanto pueblos indígenas, ni funcionamiento colectivo a partir de culturas diferentes.
Debe considerarse la naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, dimensión que no puede incluirse en los derechos individuales.
Como sabemos, la concepción clásica de los derechos humanos define como destinatario o destinataria a la persona. Así lo podemos constatar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y en el de los Derechos Económicos y Sociales.
Situación que se refleja de manera similar en la Declaración Americana y en el Pacto de San José. Hay, así, derechos humanos básicos para toda persona independientemente de su género, raza, lengua, religión. Son derechos universales, derechos iguales.
Esta concepción ha sido ampliada del plano de los derechos civiles y políticos a los económicos y sociales, es decir, al del contexto necesario para que se respeten y ejerzan los derechos inherentes a todo ser humano.
Según la doctrina clásica a cada derecho individual corresponde una acción individual y el titular del derecho es el titular de la acción.
En este caso se trata de derechos cuya titularidad es difusa, porque no puede ser individualizada. Por ejemplo, todos los integrantes de un pueblo son sujetos del mismo derecho; todos tienen su disponibilidad y, al mismo tiempo, no pueden contrariarlo porque violarían los derechos de todos los otros miembros del pueblo. Por ello, su violación o desconocimiento acaba por condicionar el ejercicio de los derechos individuales tradicionales.
Se trata del reconocimiento constitucional a una realidad social que permanece a contrapelo de la pretensión de homogeneidad y de igualdad. Los pueblos indígenas persisten, han practicado y practican formas de organización social y política, y cuentan con culturas diferentes que por lo demás están en nuestras raíces como nación. Ninguna de las llamadas garantías individuales permite la adaptación a estos derechos colectivos, a estos derechos de pueblo, a este nuevo sujeto jurídico.
Los pueblos indígenas están asentados en comunidades que a su vez lo están en uno o varios municipios de una o varias entidades federativas (por ejemplo, en Chiapas, el pueblo tzotzil se encuentra en Zinacantán y San Juan Chamula, o el tojolabal en Las Margaritas, Comitán y Altamirano; en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas están los huicholes).
Por lo tanto, la garantía constitucional de autonomía cuya titularidad correspondería a los pueblos indígenas se ejercería a partir del espacio comunitario, que sería su unidad primaria de representación. Pero no sólo en él, no se encerraría el ámbito de la autonomía en los límites territoriales de la comunidad, por ello se plantea la asociación de comunidades de uno o más pueblos.
La comunidad encierra el ejercicio de derechos hacia adentro y en el marco del horizonte actual de cada una de ellas acostumbradas a la sobrevivencia, muy ligada al autoconsumo.
En contraste, el concepto de pueblos proyecta hacia afuera los derechos de la comunidad.
El concepto de pueblo indígena constituye una apuesta a su paulatina reconstitución que no obliga a sus comunidades de manera mecánica a romper su unidad interna o transformarse y abrirse si no lo deciden, pero permite un horizonte de futuro para aquellas que así lo definan.
Asumir la pluriculturalidad desde el punto de vista jurídico significa reconocer que el país tiene divisiones culturales y políticas a lo largo y ancho del país e independientemente de la división territorial en entidades y municipios, pueblos que no obstante la pulverización en comunidades continúan reconociendo su pertenencia a ese concepto mas amplio.
Reconocer a los pueblos indígenas como la matriz de esas culturas plantea la necesidad de que la nación se organice y su orden constitucional exprese esa característica.
La libre determinación y la autonomía
Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificados por México y que por ello constituyen también parte de la ley suprema conforme el artículo 133 constitucional.
En su artículo primero (numeral 1.1) señalan: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural".
El Convenio 169 de la OIT, si bien no menciona de manera explícita el derecho a la libre determinación, sí lo presupone al señalar desde su inicio, en el preámbulo, la necesidad de que los pueblos controlen sus instituciones propias dentro del marco del Estado en que viven; también dispone los principios de participación y consulta en la toma de decisiones y el control sobre su desarrollo social y cultural. Esta normatividad internacional ha sido asumida por nuestro país al ratificar dichos instrumentos jurídicos.
El ejercicio de este derecho fundamental en el marco del Estado nacional es la garantía de existencia y desarrollo de los pueblos indígenas.
Derivada de ello, la autonomía y autogobiemo son condiciones básicas. La autonomía y el autogobiemo no son otra cosa que la capacidad de decidir los asuntos fundamentales de acuerdo con su cultura y bajo unas reglas pactadas con el Estado.
La propuesta, incluida en los Acuerdos de San Andrés, es reconocer la autonomía como garantía constitucional para los pueblos indígenas, con el fin de dotarlos de derechos específicos en tomo a los aspectos sustantivos que constituyen su razón de ser como pueblos, por ejemplo, formas propias de organización social y política, promoción y desarrollo de sus culturas, sistemas normativos, definición de estrategias para su desarrollo, acceso al uso y disfrute de recursos.
Para valorar esta iniciativa es indispensable advertir sobre la confusión que se ha planteado entre soberanía y autonomía. De ella derivó el razonamiento sobre la supuesta balcanización. La autonomía no implica separatismo. No se cuestiona el dominio eminente del Estado sobre el territorio nacional.
Por otra parte, el artículo cuarto constitucional se ubica en la parte dogmática de la Constitución, la que refleja los derechos fundamentales y, por ende, los valores que serán garantizados, entre los que ha estado ausente el de la pluriculturalidad. No contiene, por lo tanto, expresión alguna que vulnere el pacto federal contenido en su parte orgánica.
La iniciativa que presentamos el día de hoy, precisa la libre determinación y la autonomía relativa a un conjunto de derechos limitados, acotados, no está colocando a los pueblos indígenas por encima de la nación mexicana.
Acerca de la protección de sus territorios: las tierras y los recursos naturales
El territorio es un concepto clave en la delimitación y reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Se refiere al espacio geográfico que se encuentra bajo la influencia histórico cultural y el control político de un pueblo, lo que permite tomar decisiones sobre los recursos naturales para definir cómo se usan y cómo se dispone de ellos.
Recordemos que estos pueblos cuentan con conocimientos ancestrales y que el territorio está asociado a su vida ritual, creencias, lugares sagrados; incluso su organización social se relaciona con la ocupación y distribución adecuada de los recursos naturales.
Es importante aclarar que el ejercicio de este derecho, como todos los demás, está sujeto a la delimitación de competencias frente al Estado; no se trata de ejercer soberanía.
Este concepto está definido en el parágrafo 2 del artículo 13 del Convenio 169, al señalar que la utilización del término "tierras" deberá incluir el concepto de territorios, "lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera".
La propiedad y posesión se refiere, por lo tanto, a las tierras y no al territorio; ocupación y utilización es sinónimo de uso y disfrute. Siendo éste el significado del territorio para la preservación y desarrollo de los pueblos indígenas, resulta clara su distinción con la mera tenencia de la tierra, cuya regulación jurídica y tipos de propiedad establecidos se mantienen.
Sistemas normativos
Hoy en día los pueblos indígenas aplican sus normas y las modifican y en efecto administran justicia. Se trata de que adquieran el derecho constitucional sobre esas prácticas históricas.
El reconocimiento de los sistemas normativos es otro de los derechos referidos a situaciones que históricamente se han ejercido por los pueblos indígenas como un importante elemento para mantener su cultura.
Son formas de justicia que les han permitido regularse internamente, enfrentar el conflicto y mantener la cohesión colectiva. Se habla de "sistemas" porque cuentan con órganos específicos de tipo colegiado, procesos orales con garantía de audiencia para los implicados, sistema de sanciones y de verificación de su cumplimiento y, sobre todo, normas de cohesión y control social.
Con base en lo señalado, parece conveniente el reconocimiento constitucional a los sistemas normativos. Ello no implicaría violación a la división de poderes.
Se establece la coexistencia con otras normas como las que se refieren en el artículo 21 constitucional, el cual señala: "la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial", y la del artículo 17 constitucional que establece que: "ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho".
El reconocimiento constitucional otorgaría validez jurídica a las decisiones de estos pueblos y estatus de derecho público. Quedaría así claro que la justicia indígena es justicia propiamente dicha y no forma de resolución de conflictos entre particulares, como se ha pretendido equiparar.
Con este reconocimiento, no se crearían "fueros indígenas especiales".
En primer lugar, el centro de la norma constitucional es el reconocimiento a los sistemas normativos.
La convalidación sería parte de los mecanismos de articulación de dicho reconocimiento con el conjunto del orden jurídico y esta característica no la tienen los fueros o tribunales especiales.
Es decir, la materia de la convalidación serían las resoluciones específicas de los pueblos indígenas y de ninguna manera el derecho autonómico de "aplicar sus sistemas normativos".
La precisión en cuanto a la materia del orden jurídico, civil, penal, fiscal, mercantil, administrativo y laboral, se regularán en la legislación secundaria.
Este sistema de administración de justicia indígena, en un proceso reglamentario podría válidamente considerarse como base de instancia final en casos menores y de primera instancia jurisdiccional en casos graves, dejando a las autoridades externas la posibilidad de resolver en apelación, siempre y cuando se introduzcan reformas que permitan la consideración de los elementos culturales que incidieron en los hechos materia del litigio, tales como uso del traductor en lengua indígena, peritajes de autoridades tradicionales, testimoniales de la comunidad, entre otros.
De ser el caso, la siguiente etapa consistiría en precisar los ámbitos materiales y espaciales de la jurisdicción reconocida a los pueblos indígenas: sin duda requiere reglamentación, delimitación de funciones, de competencias, habrá asuntos que deben quedar a cargo del Estado, incluso muchos de ellos demandados por los propios pueblos, como por ejemplo, el combate al narcotráfico.
Se precisaría si la capacidad jurisdiccional de los pueblos se refiere a todas aquellas situaciones que se presenten en el territorio ocupado por ellos, independientemente de que en ellas participen indígenas y/o no indígenas, o bien si en algunas situaciones se requiere establecer la "opción de jurisdicción" para que se defina quién atiende tal o cual situación o conflicto.
La comunidad como entidad de derecho público
Otro de los elementos de la iniciativa se refiere al reconocimiento de la comunidad indígena como entidad de derecho público en atención a su origen histórico y a que no tiene como finalidad la satisfacción de intereses particulares: operaría independientemente del tipo de tenencia de la tierra. Con ello permitiría el manejo de recursos públicos, le dotaría de personalidad jurídica para ser sujetos de derechos en los asuntos que les atañen, como realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que fortalezcan a los pueblos indígenas, otorgar presunción de legalidad y legitimidad a sus actos, definir representantes para la integración de los ayuntamientos y, entre otras funciones, establecer y aplicar las disposiciones relativas a su gobierno interno.
Así pues, el reconocimiento al pueblo indígena y el específico a las comunidades que lo integran no es excluyente, sino complementario o derivado. No implica modificación al pacto federal, no es un cuarto nivel de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa elaborada por la COCOPA y presentada por el Ejecutivo Federal que reforma los artículos constitucionales en materia indígena, lejos de conseguir los objetivos que le dieron fundamento, provocó la suspensión inmediata del diálogo y la negociación con el EZLN.
SEGUNDO. Que consecuencia de ello es la vigencia de la declaración de guerra que hizo el EZLN al gobierno federal en 1994 y la imposibilidad de firmar un acuerdo de paz con justicia y dignidad.
TERCERO. Que la publicación del decreto, más que significar un avance en la distensión nacional, provocó el malestar de las comunidades indígenas que han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 300 controversias a cinco puntos constitucionales expresados en dicha reforma: los ámbitos de la autonomía, la libre determinación, tierra y territorio, recursos naturales, el reagrupamiento de nuevos municipios y los pueblos indígenas como entidades de derecho público.
CUARTO. Que el procesamiento legislativo al cumplir sus fases jurídicas no satisface las demandas y exigencias de un vasto sector de la sociedad mexicana, precisamente el principal destinatario de la ley y que han sido apoyados por millones de mexicanos físicamente, con su presencia en calles y plazas en las movilizaciones, y con su opinión, en las consultas públicas realizadas por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena.
QUINTO. Que los legisladores debemos reconocer que la incitativa de ley de modificaciones constitucionales en materia indígena, elaborada por la COCOPA, que hoy presento nuevamente al pleno de esta honorable Legislatura, a nombre de un grupo de diputados, tiene una dimensión mayor que otras iniciativas elaboradas por los partidos políticos o el Poder Ejecutivo, pues es el resultado de una negociación bilateral entre el gobierno y el EZLN.
SEXTO. Que la iniciativa de ley que hoy se presenta, formaliza los acuerdos entre el EZLN y el gobierno, conocidos como de San Andrés Larráinzar, que especifican cuáles son las aspiraciones de las poblaciones originarias de México, por lo que se debe aceptar esta iniciativa de ley como el documento que finca y antecede la firma de un acuerdo de paz.
SÉPTIMO. Que el procesamiento legislativo no puede perder de vista que las reformas a la Constitución aquí propuestas son una condición ineludible para despejar los riesgos de inestabilidad y avanzar en la pacificación, la concordia y el desarrollo equilibrado y democrático de amplias regiones del país donde se asientan las comunidades indígenas.
OCTAVO. Que el Congreso de la Unión no es una oficialía de partes que recibe y daca, con rúbricas indelebles, acuerdos que no reflejan la esperanza de los mexicanos, sus demandas sociales, políticas, económicas, culturales e históricas. Por el contrario, el Congreso de la Unión es un espacio creado por la ciudadanía en complejos y frecuentemente penosos procesos históricos. Su fin es producir los argumentos que vinculen la buena fe con la lucidez, la responsabilidad con la oportunidad de lograr que prevalezcan los intereses colectivos por sobre los intereses de facciones, grupos o minorías ilustradas que pretenden negar la existencia de individuos y comunidades que reclaman, el respeto a su cultura sus derechos de posesión y acceso a los recursos naturales de los territorios donde ancestralmente han vivido.
NOVENO. Que corresponde a los legisladores propiciar, con su participación decidida, a que la iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena, elaborada por la COCOPA, tenga un procesamiento donde participen, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y a favor de la paz, todos los pueblos indígenas de México y la sociedad en general en una consulta pública convocada por el Congreso de la Unión, y que el dictamen final que se presente, sea el resultado de esta consulta, tal como lo dispone el actual marco jurídico nacional.
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139, 140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a su consideración, la siguiente
INICIATIVA DE LEY QUE ESTABLECE MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDÍGENA
Artículo Único.- Se reforman y adicionan los artículos 2, 4, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos para quedar como sigue:
Art. 2º.- Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Art. 4º.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano, para:
II.- Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado;
III.- Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad;
IV.- Fortalecer su participación y representación política de acuerdo con sus especificidades culturales;
V.- Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación;
VI.- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad, y
VII.- Adquirir, operar y administrar sus propios medios de la comunicación.
Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural.
El Estado impulsará también programas específicos de protección de los derechos de los indígenas migrantes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Para garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores, particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus lenguas y cultura.
El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con dichos pueblos.
Las Constituciones y las leyes de los Estados de la República, conforme a sus particulares características, establecerán las modalidades pertinentes para la aplicación de los principios señalados, garantizando los derechos que esta Constitución reconoce a los pueblos indígenas.
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Art. 26º.- ...
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La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional.
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Art. 53.- ...
Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional...
Art. 73.- El Congreso tiene facultad:
XXVIII.- Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto de los pueblos y comunidades indígenas, con el objeto de cumplir los fines previstos en el artículo 4º Y 115 de esta Constitución;
III.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento
y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento
y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del
artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e
i) Los demás que las legislaturas locales determinen
según las condiciones territoriales y socioeconómicas de
los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas.
Asimismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio Municipio;
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la Ley.
IV a V.-...
a) a j) ...
..........
En los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán participación en los núcleos de población ubicados dentro de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social.
VI a VIII.- ...
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.
Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena, tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las Legislaturas Estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y
X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La Legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho.
Art. 116.- ...
..................
II.- ............
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............
Artículos Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan los artículos transitorios del Decreto de Reformas Constitucionales de fecha 15 de agosto de 2001.
México, DF, Palacio de San Lázaro, a 18 de días de febrero del año 2002.
Diputados: Jaime Martínez Veloz, José
Narro Céspedes, José Manuel del Río Virgen, Humberto
Mayans Canabal, Raquel Cortés López, Juan Carlos Regis Adame,
Víctor Roberto Infante González, Félix Castellanos
Hernández, Rosa Delia Cota Montaño, Luis Priego Ortiz, Ildefonso
Zorrilla Cuevas, Josefina Hinojosa Herrera, César Augusto Santiago,
Jorge Esteban Sandoval, Samuel Aguilar Solís, Librado Treviño
Gutiérrez, Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Hermilo Monroy Pérez,
Angel Meixueiro González, Efrén Leyva Acevedo, Lilia Araceli
Mendoza Cruz, Bulmaro Rito Salinas, Cándido Coheto Martínez,
Rodolfo González Guzmán, Irma Piñeiro Arias, Beatriz
Lorenzo Juárez, José Calderón Cardoso, Benjamín
Ayala Velázquez, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Larrazábal
Bretón, José Soto Martínez, José María
Guillén Torres, José Gerardo de la Riva Pinal, Salvador Castañeda
Salcedo, Oscar del Real Muñoz, Sergio Acosta Salazar, Lorena Beaurrregard
de los Santos, Jesús de la Rosa Godoy, Flor Añorve Ocampo,
Nabor Ojeda Delgado, Sergio Maldonado Aguilar, Félix Salgado Macedonio,
Héctor Pineda Velázquez, Andrés Carballo Bustamante,
Eréndira Cova Brindis, Maricruz Cruz Morales, Santiago López
Hernández, Claudio Bres Garza, María Luisa Araceli Domínguez
Ramírez, Laura Hermelinda Pavón Jaramillo, Maricela Sánchez
Cortés, Olga Margarita Uriarte Rico, Adela Cerezo Bautista, Víctor
Antonio García Dávila, Alberto Anaya Gutiérrez, Lorena
Martínez Rodríguez, Ernesto Higinio Rodríguez Escalona,
Jaime Alcántara Silva, Jaime Vázquez Castillo, Roberto Javier
Fuentes Domínguez, Gustavo Lugo Espinoza, Beatriz Cervantes Mandujano,
José Luis González Aguilera, Ranulfo Márquez Hernández,
Ramón León Morales, Magdalena del Socorro Nuñez Monreal,
Arturo Herviz Reyes, María del Rosario Tapia Medina, Emilio Ulloa
Pérez, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Héctor Sánchez
López, Rafael Servín Maldonado, María Miroslava García
Suárez, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Rafael
Hernández Estrada, Esteban Daniel Martínez Enríquez,
Rufino Rodríguez Cabrera, Francisco Patiño Cardona, David
Augusto Sotelo Rosas, Eric Eber Villanueva Mukul, Auldárico Hernández
Gerónimo, Rufino Elías Martínez, Petra Santos Ortíz,
Bonifacio Castillo Cruz, Martí Batres Guadarrama, Angel Enrique
Herrera y Bruquetas, Alfredo Hernández Raigosa, Hortensia Aragón
Castillo, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, J. Jesús Garibay
García, Gregorio Urias Germán, Pedro Miguel Rosaldo Salazar,
Genoveva Domínguez Rodríguez, Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, José Antonio Magallanes Rodríguez, Tomás
Torres Mercado, Mario Cruz Andrade, Rogaciano Morales Reyes, Luis Herrera
Jiménez, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Manuel Duarte Ramírez,
Rosalinda López Hernández, Rubén Aguirre Ponce, Uuc-Kib
Espadas Ancona, Alejandro Gómez Olvera, Adela del Carmen Graniel
Campos, Rodrigo Carrillo Pérez, Miguel Bortolini Castillo, Ricardo
Moreno Bastida, Martha Angélica Bernardino Rojas, María Alejandra
Barrales Magdaleno, José Delfino Garcés Martínez,
Jaime Cervantes Rivera, Neftalí Jiménez Olan, Julio César
Vidal Pérez, Jorge Luis García Vera, Silverio López
Magallanes, Simón Iván Villar Martínez, Maricruz Montelongo
Gordillo, Marco Antonio Dávila Montesinos, Miguel Arizpe Jiménez,
César Horacio Duarte Jáquez, Raúl Homero González
Villalva, Celestino Bailón Guerrero, Ernesto Higinio Rodríguez
Escalona, Manuel Añorve Baños, Bernardo de la Garza Herrera,
Concepción Salazar González, Diego Cobo Terrazas, Nicasia
García Domínguez, Esveida Bravo Martínez, José
Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, María
Teresa Campoy Ruy Sánchez, Arena Alejandro Rafael García
Sainz, Francisco Agundis Arias, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, María
Cristina Moctezuma Lule (rúbricas).
México, DF, 12 de febrero de 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III.-324 de fecha 13 de diciembre de 2001, suscrito por el C. Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. DG-80-02-028/2002 de fecha 7 del mes en curso, signado por el C. Marcos Ramírez Silva, director general de Gas y Petroquímica Básica de Petróleos Mexicanos, por el que da contestación al punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Energía del Senado de la República, en relación con las propuestas del Congreso del estado de Coahuila y de los senadores Adalberto Madero Quiroga y Natividad González Parás.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
México, DF, 7 de febrero de 2002.
Sr. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Director General de Gobierno de la Secretaría
de Gobernación
Presente
En atención a su oficio No. DGG/210/2852/01 del pasado 18 de diciembre, dirigido al Ing. Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos, me permito comentarle lo siguiente con relación a los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión de Energía del Senado de la República:
l.- La conducción y definición de la política energética de largo plazo corresponde a la Secretaría de Energía, mientras que la definición de las condiciones regulatorias de la industria corresponde a la Comisión Reguladora de Energía. En este sentido, Petróleos Mexicanos y Pemex Gas siguen los lineamientos que ambas entidades dicten en materia de gas natural y de gas licuado.
2.- La potencial cancelación del Convenio 4x3, implicaría que Pemex Gas dejaría de percibir utilidades por aproximadamente 350 millones de dólares. Se están estudiando, conjuntamente con las autoridades en la materia, diferentes alternativas del procedimiento a seguir en caso de que se decidiera la cancelación del dicho Convenio.
3.- La metodología de fijación de precios de todos los productos comercializados por Petróleos Mexicanos, considera el costo de oportunidad en los mercados internacionales relevantes, ajustando el valor correspondiente con los costos de logística o con variables de calidad. En el caso del gas natural, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía analizar las alternativas y, en su caso, promover los cambios que se consideren oportunos.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.
Atentamente
Marcos Ramírez Silva (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE SE REMITE COPIA DEL OFICIO DEL DIRECTOR GENERAL DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA, EN RELACION A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS
México, DF, 14 de febrero de 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. DGPL 58-II-1-529 de fecha 11 de diciembre de 2001, signado por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia de la comunicación No. DG/160/02 suscrita por el Lic. Manuel Gómez Morín Martínez del Río, director general de Radio, Televisión y Cinematografía, de esta propia Secretaría, dando contestación al punto de acuerdo relativo al programa radiofónico "Fox en vivo, Fox contigo", promovido por el C. Dip. Efrén Leyva Acevedo.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
México, D.F., a 8 de febrero de 2002.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Director General de Gobierno
Presente
Me refiero a su oficio número DGG/210/2693/01, recibido en esta dirección general el 2 de enero del presente año, mediante el cual solicita atender el oficio emitido por los CC. secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el cual exhorta a esta dependencia para que evalúe el programa radiofónico "Fox en vivo, Fox contigo" y verifique que sus transmisiones se apeguen a lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 10, fracción I.
Sobre el particular, le informo que se supervisaron cuatro transmisiones por radio del programa "Fox en vivo, Fox contigo", constatándose que las mismas cumplen con lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en virtud de que se mantienen dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, no atacan derechos de tercero, ni provocan la comisión de algún delito o perturban el orden y la paz pública.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general
Lic. Manuel Gómez Morín Martínez
del Río (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, 14 de febrero de 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de Bélgica.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su carta de naturalización y copia simple de su currículum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
México, DF, 14 de febrero de 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el C. Ing. Artemio Santos Santos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Rio Branco, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno del República Federativa del Brasil.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento, y copia simple de su currículum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y COMUNICA QUE HA DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS EL CIUDADANO MARCO ANTONIO GARCIA CARDENAS, EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO
México, DF, 14 de febrero de 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Ennio López Mora.
Puesto: Auxiliar administrativo.
Lugar de trabajo: Embajada de la República
Oriental del Uruguay, en México.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, originales de la nota diplomática K.16/002-005 y carta del interesado, con la que se solicita se realicen los trámites correspondientes, así como copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
México, DF, a 11 de febrero de 2002.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno que se menciona:
Nombre: Andrés de González-Argüelles
Guasque.
Puesto: Empleado de oficina.
Lugar de trabajo: Agencia Consular de los Estados
Unidos de América en San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Nombre: Carlos Olvera Moreno.
Puesto: Mecánico de mantenimiento.
Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados
Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Soraya Reené Garduño Estrada.
Puesto: Operadora telefónica.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Nombre: Brenda Cruz Hernández.
Puesto: Empleada de la Sección de Visas.
Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos
de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Paola Dominic Arozamena Aguilar.
Puesto: Asistente de Visas
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Nombre: José Joel López Moreno.
Puesto: Ayudante general.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Nombre: Manuel Mora González.
Puesto: Almacenista.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Nombre: María Esther Rojas Castañeda.
Puesto: Asistente de Visas.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Nombre: Héctor Aguirre Osuna.
Puesto: Asistente consular.
Lugar de trabajo: Agencia Consular de los Estados
Unidos de América en Puerto Vallarta, Jalisco.
Para tal efecto, se anexan copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de las personas mencionadas, así como los originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Por otra parte, comunico a usted que la siguiente persona se dirigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitando la cancelación del permiso que le fuera concedido por el H. Congreso de la Unión, para prestar sus servicios al gobierno estadounidense:
Nombre: Marco Antonio García Cárdenas.
Puesto: Técnico en contabilidad.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.
Atentamente
El director general de Gobierno
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 240, año segundo, sección primera, índice "N", fojas 43-2 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Germán Noriega Mejía, como General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
b) Para efectos de ascenso se le computan 29 años, 2 meses y 16 días de tiempo de servicios y 5 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondientes.
d) Su formación profesional la inició en la Escuela Militar de Aviación, realizó los cursos de aplicación de Adiestramiento Táctico, de Medicina de Aviación y Medidas de Seguridad en Vuelo. En la Escuela Superior de Guerra efectuó los cursos de Mando y Estado Mayor Aéreo, y Superior de Guerra. En la Escuela Naval de Posgrados en Monterrey, California, EUA, efectuó el curso de Administración Internacional de Defensa.
e) Habiendo ejercido el mando en escuadrones aéreos de combate, de transportes medianos y pesados. En el Noveno Grupo Aéreo y en la Base Aérea Militar número Nueve, desempeñó el cargo de agregado militar adjunto aéreo a la Embajada de México, en Washington, DC, EUA. Prestó sus servicios en la planta de la Escuela Superior de Guerra y en el Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Aérea.
f) Se le han conferido las condecoraciones de perseverancia hasta de segunda clase.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Germán Noriega Mejía.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, DF, a 29 de enero del año 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, secretario
(rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Dip. Efrén Leyva Acevedo
(rúbrica); Sen. César Camacho Quiroz; Dip. Manuel Medellín
Milán (rúbrica); Sen. Francisco Fraile García; Dip.
José Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Guadalupe López
Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz; Dip. Juan Camilo Mouriño
Terrazo; Sen. Armando Chavarría Barrera; Sen. Sara Isabel Castellanos
Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava García Suárez
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 241, año segundo, sección segunda, índice "G", fojas 43-2 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Otoniel Gómez Morales, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
b) Para los efectos de ascenso se le computan 30 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 5 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondientes.
d) Su preparación profesional abarca diversas especialidades de servicios en la Fuerza Aérea Mexicana y la Profesión de Piloto Aviador. En la Escuela Superior de Guerra realizó el curso de Mando y Estado Mayor Aéreo para continuar sus estudios en la agregaduría de defensa militar y aérea a la Embajada de México en Washington, DC, EUA, con el curso de "Colegio de Mando y Estado Mayor Aéreo".
e) Coronel Piloto Aviador con amplia experiencia profesional, habiendo ejercido el mando en 7 escuadrones aéreos, dos grupos aéreos y en la 1a. Ala de Combate; desempeñó funciones de Estado Mayor en el Cuartel General de la Región Aérea del Sureste y en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. En el ámbito docente fue profesor en la Escuela Superior de Guerra.
f) Se le han conferido las condecoraciones de perseverancia hasta la de primera clase.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Otoniel Gómez Morales.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 29 de enero del año 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, secretario
(rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Dip. Efrén Leyva Acevedo
(rúbrica); Sen. César Camacho Quiroz; Dip. Manuel Medellín
Milán (rúbrica); Sen. Francisco Fraile García; Dip.
José Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Guadalupe López
Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz; Dip. Juan Camilo Mouriño
Terrazo; Sen. Armando Chavarría Barrera; Sen. Sara Isabel Castellanos
Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava García Suárez
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 242, año segundo, sección cuarta, índice "R", fojas 43-2 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Benjamín Romero Fuentes, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
b) Para los efectos de ascenso se le computan 27 años, 2 meses y 18 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondientes.
d) Su formación profesional la inició en la Escuela Militar de Aviación, realizando los cursos de: Piloto Aviador y de Aplicación y Adiestramiento Táctico Aéreo. En la Escuela Superior de Guerra cursó los estudios de Mando y Estado Mayor Aéreo. En Monterrey, California, EUA, efectuó el curso de administración de recursos de defensa.
e) Ha desempeñado sus servicios en mandos de escuadrones aéreos de pelea, de búsqueda y rescate; en los grupos aéreos quinto y séptimo, en la planta de la Escuela Superior de Guerra y en el Cuartel General de la Comandancia de la Fuerza Aérea.
f) Se le han conferido las condecoraciones de perseverancia hasta de segunda clase.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Benjamín Romero Fuentes.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 29 de enero del año 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, secretario
(rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Dip. Efrén Leyva Acevedo
(rúbrica); Sen. César Camacho Quiroz; Dip. Manuel Medellín
Milán (rúbrica); Sen. Francisco Fraile García; Dip.
José Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Guadalupe López
Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz; Dip. Juan Camilo Mouriño
Terrazo; Sen. Armando Chavarría Barrera; Sen. Sara Isabel Castellanos
Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava García Suárez
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 243, año segundo, sección quinta, índice "H", fojas 44-2 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Darwin Hernández Chable, como Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
b) Para los efectos de ascenso se le computan 26 años, 2 meses y 4 días de tiempo de servicios y 4 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondiente.
d) Inició su formación profesional en el Heroico Colegio Militar graduándose como Oficial de Caballería; posteriormente efectuó los estudios correspondientes en la Escuela Militar de Aviación donde se graduó como Piloto Aviador; efectuó los cursos básicos de entrenamiento y de aplicación y adiestramiento táctico; en la Escuela Superior de Guerra cursó los estudios correspondientes de Mando y Estado Mayor Aéreo.
e) Piloto Aviador con gran experiencia en el ejercicio del mando en unidades de la Fuerza Aérea, prestó sus servicios en Alas de Pelea y Combate, así como en la Base Aérea Militar No. 7 y en el Cuartel General de la Región Aérea del Centro.
f) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de segunda clase, fue condecorado por el Gobierno de la República de Nicaragua con la Medalla de Honor al Mérito Militar "Soldado de la Patria".
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Darwin Hernández Chable.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 29 de enero del año 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, secretario
(rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Dip. Efrén Leyva Acevedo
(rúbrica); Sen. César Camacho Quiroz; Dip. Manuel Medellín
Milán (rúbrica); Sen. Francisco Fraile García; Dip.
José Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Guadalupe López
Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz; Dip. Juan Camilo Mouriño
Terrazo; Sen. Armando Chavarría Barrera; Sen. Sara Isabel Castellanos
Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava García Suárez
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 244, año segundo, sección primera, índice "M", fojas 44-2 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Coronel de Fuerza Aérea Meteorólogo Carlos Minero Rodríguez, como General Brigadier Meteorólogo, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
b) Para los efectos de ascenso se le computan 31 años, 2 meses y 18 días de tiempo de servicios y 5 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondiente.
d) Posee una sólida formación en el Servicio Meteorológico que se inicia con el Curso de Observador Meteorologista, continuando su especialidad con los cursos de Oficial Aerologísta y el de Meteorólogo; realizó estudios de orientación de actividades de su servicio y de aplicación y adiestramiento táctico en la Comandancia de la Fuerza Aérea y en el Escuadrón Mixto de Entrenamiento Táctico respectivamente, y el Curso Superior de Armas y Servicios en la Escuela Superior de Guerra.
e) Ha ejercido la jefatura en seis estaciones meteorológicas de la Fuerza Aérea Mexicana; desempeñó el cargo de Comandante del Cuerpo de Cadetes de la Escuela Militar de Especialista de Fuerza Aérea y el de Jefe de la Sección del Servicio Meteorológico de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana.
f) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta de primera clase.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico.- Se ratifica el grado de General Brigadier Meteorólogo que eltitular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carlos Minero Rodríguez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 29 de enero del año 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen.
Natividad González Parás, Presidente (rúbrica); Sen.
Juan José Rodríguez Prats, secretario; Dip. Alfredo Ochoa
Toledo, secretario (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Dip. Efrén
Leyva Acevedo (rúbrica); Sen. César Camacho Quiroz; Dip.
Manuel Medellín Milán (rúbrica); Sen. Francisco Fraile
García; Dip. José Alfredo Botello Montes (rúbrica);
Dip. Guadalupe López Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz;
Dip. Juan Camilo Mouriño Terrazo; Sen. Armando Chavarría
Barrera; Sen. Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica); Dip.
Miroslava García Suárez (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 245, año segundo, sección segunda, índice "T", fojas 44-2 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Coronel Médico Cirujano Roberto Octavio Torres Romero, como General Brigadier Médico Cirujano, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes de¡ interesado esta Comisión advierte que:
b) Para efectos de ascenso se le computan 34 años, 10 meses y 19 días de tiempo de servicios y 6 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondiente.
d) Efectuó el Curso de Formación de Oficial de Artillería en el Heroico Colegio Militar y posteriormente en la Escuela Médico Militar cursó estudios de Médico Cirujano; ha efectuado los cursos de Anestesiología, Terapia Intensiva y Medicina Crítica, Cirugía Laparoscópica; en la Escuela Superior de Guerra efectuó el Curso Superior de Armas y Servicios y actualmente se encuentra como cursante en el Colegio de Defensa en la Maestría de Seguridad y Defensa Nacionales.
e) Coronel Médico Cirujano que se ha mantenido actualizado en su profesión y en su especialidad de Anestesiología; ha prestado sus servicios inicialmente como Oficial de Artillería en los 1º y 2º Batallones del Arma y como Médico Militar en diversas instalaciones del servicio. En el Hospital Central Militar como jefe de servicios de Anestesiología, jefe del Curso de Anestesiología en el mismo nosocomio. En el área docente su actuación fue destacada habiendo sido director de la Escuela Médico Militar.
f) Se le han conferido las condecoraciones de perseverancia hasta la de primera clase, así como la del "Mérito Docente".
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Octavio Torres Romero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 29 de enero del año 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, secretario
(rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Dip. Efrén Leyva Acevedo
(rúbrica); Sen. César Camacho Quiroz; Dip. Manuel Medellín
Milán (rúbrica); Sen. Francisco Fraile García; Dip.
José Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Guadalupe López
Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz; Dip. Juan Camilo Mouriño
Terrazo; Sen. Armando Chavarría Barrera; Sen. Sara Isabel Castellanos
Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava García Suárez
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 246, año segundo, sección cuarta, índice "C", fojas 42-5 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, como Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
b) Para los efectos de ascenso se le computan 24 años, 2 meses y 19 días de tiempo de servicios y 4 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Todos sus ascensos los obtuvo en tiempo y forma en la primera oportunidad de cada grado.
d) Su formación profesional la inició en el Heroico Colegio Militar, donde realizó el Curso de Formación para Oficiales de Caballería y en la Escuela Superior de Guerra efectuó el curso de Mando y Estado Mayor General. En la República de Venezuela realizó el curso integral de Caballería y Blindados; en la Escuela de las Américas en el Fuerte Benning, Georgia, EUA, efectuó el curso de Instructores de Doctrina del Ejército de los Estados Unidos.
e) Ha desempeñado sus servicios en actividades de Estado Mayor y docencia, en cuarteles generales de Zona Militar, en la planta de la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios; en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra. Desempeñó funciones de Estado Mayor en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue agregado militar y aéreo adjunto a la Embajada de México en la República de Corea, con sede en la ciudad de Seúl.
f) Se le han conferido las condecoraciones de perseverancia hasta la de tercera clase y la República de Venezuela le confirió la condecoración al Mérito "Estrella de Carabobo".
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica, el grado de Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rogelio Castellanos Franco.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, México, DF, a 29 de enero del año 2002.
Segunda Comisión de Trabajo: Sen. Natividad
González Parás, Presidente (rúbrica); Sen. Juan José
Rodríguez Prats, secretario; Dip. Alfredo Ochoa Toledo, secretario
(rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy; Dip. Efrén Leyva Acevedo
(rúbrica); Sen. César Camacho Quiroz; Dip. Manuel Medellín
Milán (rúbrica); Sen. Francisco Fraile García; Dip.
José Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Guadalupe López
Mares; Sen. Jesús Galván Muñoz; Dip. Juan Camilo Mouriño
Terrazo; Sen. Armando Chavarría Barrera; Sen. Sara Isabel Castellanos
Cortés (rúbrica); Dip. Miroslava García Suárez
(rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con número 247, año segundo, sección quinta, índice "A", fojas 45-2 del libro respectivo; que contiene la hoja de servicios y el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2001, por el Presidente de la República, a favor del Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Darío Ávalos Pedraza, como Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo Federal envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta Comisión advierte que:
b) Para efectos de ascenso se le computan 25 años, 2 meses y 3 días de tiempo de servicios y 5 años de antigüedad en el grado anterior.
c) Obtuvo sus ascensos en los concursos de selección correspondientes.
d) Realizo el curso de formación de oficiales en el Heroico Colegio Militar; el curso de paracaidismo y el de maestro de salto, en la Brigada de Fusileros Paracaidistas; en la Escuela de las Américas en el Fuerte Gulik en la República de Panamá realizó el curso de operaciones de patrulla. En la Escuela Superior de Guerra, en EUA, realizó los siguientes cursos: de Comando y Estado Mayor en Inglés en el Fuerte Leavenworh, Kansas y el de Programa Internacional de Colegas del Colegio de Guerra. Actualmente desempeña el cargo de agregado de defensa, militar y aéreo a la Embajada de México en Washington, DC, EUA.
e) Ha ejercido con eficiencia con el mando de tropas en unidades de paracaidistas, en zonas militares y ha destacado en actividades docentes en planteles de educación militar asimismo se ha desempeñado en actividades de su especialidad en la planta del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
f) Se le han conferido las condecoraciones de perseverancia hasta de tercera clase.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente.
Punto de Acuerdo
Unico: Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Darío Avalos Pedraza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal,
a 29 de enero del año 2002.
DE LA TERCERA COMISION, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PROPOSICION PRESENTADA POR LA DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, PARA QUE SE CONGELE EL INCREMENTO ANUNCIADO EN LAS TARIFAS ELECTRICAS
H. Comisión Permanente
A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y análisis el punto de acuerdo presentado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del día miércoles 30 de enero del año en curso, donde la diputada Miroslava García Suárez, presentó una proposición para solicitar se exhorte al Ejecutivo Federal para que se posponga la entrada en vigor de la disminución del subsidio a las tarifas eléctricas y requerir más información sobre la política de reestructuración de los subsidios a las tarifas, con el objeto de que esta instancia legislativa cuente con los elementos suficientes para emitir una evaluación y para garantizar que el impacto de la medida afecte lo menos posible a las estratos de la población con menores ingresos, el cual fue turnado en sesión plenaria de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de su análisis en los términos de los artículos 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir del estudio del expediente en cuestión y de conformidad con los artículos 93, 94 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos exponer los siguientes:
Considerandos
II. Que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se consideró un incremento importante de recursos para el rubro de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
III. Que existe un acuerdo que propicia un alza mensual en las tarifas eléctricas que al parecer será en el transcurso del año 2002 del 8.5%.
IV. Los legisladores integrantes de las Comisiones Tercera de la Comisión Permanente, de Energía de la Cámara de Diputados y de Energía del Senado de la República realizarán una reunión de trabajo con los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, a efecto de conocer los pormenores de la decisión de disminuir los subsidios a las tarifas de servicios eléctricos para uso residencial, misma que se llevará a cabo el día 12 de febrero del año en curso.
Punto de Acuerdo
Unico.- Exhortar, a través de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, para que se suspenda la decisión de retirar el subsidio a las tarifas del servicio eléctrico para uso doméstico, en tanto esta representación nacional y las áreas correspondientes al Ejecutivo, no hayan encontrado alternativas que eviten el impacto económico y social de tal medida.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2002
Tercera Comisión: Dip. Efrén Leyva
Acevedo (rúbrica), Presidente; Dip. Miroslava García Suárez
(rúbrica), Secretaria; Sen, César Camacho Quiroz, Secretario;
Dip. J. Camilo Mouriño Terrazo, Secretario; Sen. José Antonio
Aguilar Bodegas (rúbrica); Sen. Fauzi Hamdam Amad; Sen. Miguel Angel
Navarro Quintero; Dip. Roberto Ruiz Angeles (rúbrica); Sen. Francisco
Fraile García; Dip. Manuel Medellín Milán (rúbrica);
Dip. Manuel Sepúlveda Fayad (rúbrica); Dip. Jaime Salazar
Silva; Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica);
Dip. Juan Carlos Regis Adame (rúbrica); Dip. Herbert Taylor Arthur.
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Embajador Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador DEMA Horacio Ornelas García, licenciado José Guillermo Ordorica Robles, Capitán de Navío C.G. Ezequiel Osorio Chiñas, Capitán de Navío C.G. DEM José Luis Vergara Ibarra y Vicealmirante C.G. DEM José Santiago Valdés Alvarez, para que puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República de Corea, Federativa del Brasil, Santa Sede y la Junta Interamericana de Defensa en Washington, DC, EUA.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Embajador Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Heung-In, en Segundo Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Francisco Javier Ortiz Ortiz, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Heung-In, en Segundo Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Horacio Ornelas García, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla del Pacificador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano licenciado José Guillermo Ordorica Robles, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, en Grado de Comendador (Clase Civil), que le confiere la Santa Sede.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío Cuerpo General Ezequiel Osorio Chiñas, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Especial, Medallón y Cinta, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de Washington, DC, EUA.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor José Luis Vergara Ibarra, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla Especial, Medallón y Cinta, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de Washington, DC, EUA.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor José Santiago Valdés Alvarez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla Especial, Medallón y Cinta, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa de Washington, DC, EUA.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de febrero de 2002.
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales
y Justicia: Dip. Alejandro Zapata Perogordo, Presidente (rúbrica);
Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario (rúbrica);
Sen. Jorge Zermeño Infante, secretario (rúbrica); Sen. Sadot
Sánchez Carreño (rúbrica); Sen. David Jiménez
González (rúbrica); Sen. Ernesto Gil Elorduy (rúbrica);
Dip. Juan Manuel Sepúlveda Fayad (rúbrica); Dip. Efrén
Leyva Acevedo (rúbrica); Sen. Fauzi Hamdan Amad (rúbrica);
Sen. Jesús Galván Muñoz (rúbrica); Dip. José
Alfredo Botello Montes (rúbrica); Dip. Herbert Taylor Arthur (rúbrica);
Sen. Rafael Melgoza Radillo; Dip. Magdalena Núñez Monreal
(rúbrica).
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre los llamados créditos controvertidos y créditos incobrables y el estado que guarda la designación del titular del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de las siguientes consideraciones:
2.- La administración fiscal comprende aquellas actividades relacionadas con la recaudación de los ingresos públicos. El Estado mexicano depende de que monto recaudado es suficiente para financiar el gasto gubernamental. Una eficiente administración tributaria permitirá una recaudación más amplia y a más bajos costos. La recaudación de impuestos será eficiente entre menos recursos fiscales se usen para ello, y menos evasión y elusión fiscal ocurran en la economía.
3.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se instituye en julio de 1997, siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y cuyo propósito es recaudar los impuestos federales destinados a cubrir los gastos presupuestados por el gobierno.
4.- El SAT tiene a su cargo las facultades y el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Servicio de Administración Tributaria y de los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente, también administra los programas especiales y los asuntos encomendados por la Secretaría de Hacienda.
5.- El SAT tiene por principio la realización de la actividad estratégica del Estado, la cual consiste en la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones por mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y accesorios para el financiamiento del gasto público.
6.- Como resultado de lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones derivadas de la legislación.
7.- Sin embargo, si todo lo anterior es la base sobre la cual el Servicio de Administración Tributaria trabaja, no deja se ser preocupante que este organismo presente deficiencias que se traducen en engorrosos trámites para los contribuyentes y en crecientes problemas en el cobro de los impuestos.
8.- Las autoridades hacendarias están orgullosas de la reciente calificación favorable de la firma calificadora Standard and Poor?s, por el grado de inversión; entre las razones por las que se le otorgó esta valoración es por un mejor desempeño en la administración tributaria.
9.- Sin embargo, observamos que en el reciente Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre del 2001, el saldo de créditos fiscales por tipo de crédito a diciembre del 2001, específicamente en los llamados créditos controvertidos y créditos incobrables, es de 131 mil 551 millones de pesos y 63 mil 603 millones de pesos respectivamente.
10.- Los créditos controvertidos se definen como: "[...] aquellos que no pueden ser objeto de acciones coactivas de cobro por parte de la administración tributaria, debido a que están sujetos a algún procedimiento de carácter legal. Es decir, su cobro depende de una resolución o sentencia de la autoridad competente."; mientras los créditos incobrables se refieren a los: "[ ... ] créditos que la administración tributaria ha determinado como a cargo de deudores insolventes o no localizados. La administración tributaria determina que los créditos son incobrables después de aplicar una serie de procedimientos para intentar su cobro, tales como verificación en el Registro Público de la Propiedad, en los diferentes padrones de registro de propiedad de automóviles, de teléfonos, etc. Una vez que se han agotado las diversas instancias se procede a cancelar estos créditos". Sin embargo, en el informe de Hacienda no se da más información sobre quiénes son los que están en la categoría, y en qué sectores de la actividad económica están dichos créditos.
11.- Recordemos la propuesta de recaudación de la Reforma Hacendaria del Ejecutivo, en ella se mencionaba que se recaudarían alrededor de 120 mil millones de pesos; si se hicieran efectivos los créditos controvertibles y los que llaman incobrables, tendríamos mayores recursos para destinarlos a áreas prioritarias de carácter social.
12.- La falta de capacidad por parte del Servicio de Administración Tributaria para el cobro efectivo de los impuestos refleja la ineficiencia de la administración tributaria mexicana, no se ha logrado resolver el rezago en esta materia. Por ello el PRD propuso una iniciativa para que sea el Congreso de la Unión el que nombre al presidente del SAT y que el mismo SAT no tenga la facultad de interpretación de la norma fiscal, ya que esta práctica se presta a disposiciones discrecionales que perjudican a los contribuyentes.
13.- Cabría agregar que hasta el día de hoy, no hay un titular en el Servicio de Administración Tributaria, la presidencia la sigue detentando el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ya hace más de un año que no se designa al presidente de ese órgano desconcentrado de la Secretaría, quién, además, tiene que ser ratificado por el Senado de la República.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga del conocimiento a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre quiénes son los que se encuentran en el rubro de créditos controvertidos y créditos incobrables y en que sectores de la actividad económica se ubican dichos créditos.
Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión solicita a dicha Secretaría informe
sobre el estado que guarda la designación del titular del Servicio
de Administración Tributaria, dada la importancia que reviste para
el funcionamiento eficaz en la obtención de ingresos fiscales para
la Federación.
Se hace una atenta y respetuosa invitación a los CC. diputados y senadores del Congreso de la Unión, a la visita que efectuará el Excelentísimo señor Alfonso Portilla Cabrera, Presidente de la República de Guatemala, la cual tendrá lugar en el salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, el jueves 21 de febrero del año en curso, a partir de las 12:15 horas.
Atentamente
Dip. Guillermo Anaya Llamas
Presidente de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión
A su reunión ordinaria de trabajo, que se efectuará el miércoles 20 de febrero de 2002, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Mesa Directiva
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión plenaria ordinaria, el miércoles 20 de febrero, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.
4. Lectura y aprobación de dictámenes.
5. Comunicación sobre el programa de trabajo para
el segundo semestre del año en curso.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.
Atentamente
Dip. José Ramírez Gamero
Presidente
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS
A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 20 de febrero de 2002, a las 10 horas, en la sala de juntas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el cual se encuentra en el edificio D, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.
4. Presentación del informe anual de labores del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
5. Propuesta de programa de trabajo 2002 del Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas.
6. Comentarios de los resultados obtenidos de la primera
encuesta realizada por el Comité del Centro Estudios de las Finanzas
Públicas.
7. Asuntos generales.
8. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Moisés Alcalde Virgen
Presidente
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de la Subcomisión de Adultos Mayores, que se llevará a cabo el miércoles 20 de febrero de 2002, a las 11 horas, en las instalaciones de la Comisión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Informe sobre la reunión del grupo de apoyo.
3. Comentarios al plan general de trabajo de la Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables, en relación con los trabajos
legislativos de la Subcomisión de Adultos Mayores.
4. Actividad legislativa:
Atentamente
Dip. Raquel Cortés López
Coordinadora de la Subcomisión
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, el miércoles 20 de febrero, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
II.- Avances del grupo especial de trabajo de Renave, y gas natural y LP.
III.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía) para que permita la importación de cualquier auto que por sus características especiales permitan a los discapacitados conducir con mayor seguridad. Presentada el 14 de noviembre de 2000 por la Dip. Esveida Bravo Martínez.
IV.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lleve a la brevedad a un panel de controversias comerciales, la normatividad del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y de la Organización Mundial de Comercio, sobre las restricciones al comercio del aguacate mexicano en el mercado norteamericano, presentado por el Dip. Cuauhtémoc Montero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 23 de noviembre de 2000 y a la proposición con punto de acuerdo, para que se instale un panel de discusión y análisis entre México y Estados Unidos, para resolver positivamente la solicitud de los productores mexicanos de aguacate, presentada por el Dip. Jaime Rodríguez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de noviembre de 2000.
V.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que se revise el TLC en materia agropecuaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001, se dé apoyo a los productores de maíz y al campo. Presentada el 28 de noviembre de 2000, por el Dip. Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
VI.- Análisis, discusión y en su caso aprobación al proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que solicitan al Congreso de la Unión se autorice una prórroga al plazo que establece la Ley para la Inscripción de Vehículos Extranjeros, enviada por el Congreso del estado de Durango, el 15 de agosto de 2001, y el punto de acuerdo por el que solicita a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, se expida una nueva Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, enviada por el H. Congreso del estado de Zacatecas, en día 11 de diciembre de 2001.
VII.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación al proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 226 de la Ley de Propiedad Industrial, presentada por la Dip. María Teresa Campoy Ruy Sánchez del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 26 de abril del 2001.
VIII.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la comunicación del H. Congreso del estado de Jalisco, con la que remite acuerdo económico por el que comunica el interés de esa legislatura, para que el proyecto de norma oficial denominada "Leche de vaca, denominación, especificaciones, información comercial y métodos de prueba", elaborado por el Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, AC, sea tomado en cuenta por las secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de elaborar la norma oficial mexicana respectiva, enviada el 18 de octubre de 2001.
IX.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo para incorporar dentro del decreto presupuestal de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2001, una partida para cubrir el diferencial entre el precio del mercado y el préstamo que se otorga al Consejo Nacional de Productores de Frijol, presentada por el C. diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el día 30 de octubre de 2000, y del punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo federal, se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, al producto frijol en el Programa de Apoyo a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Regionales, presentada por el C. diputado José Antonio García Leyva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 30 de octubre de 2000.
X.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo para pronunciarse en el sentido de que se revisen los términos en que fue firmado Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en materia de propiedad intelectual así como su efectos en la industria farmacéutica y farmacoquímica de capital nacional, presentada por el Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 9 de abril de 2001 y la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie a fin de que se amplíe el plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para que los laboratorios farmacéuticos transnacionales inicien ventas al sector público mexicano, presentada por el Dip. Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 16 de octubre de 2001.
XI.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen a la proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Energía, de Agricultura y Ganadería, y de Hacienda y Crédito Público, discutan las bases técnicas y criterios para el subsidio de energía eléctrica y el diesel en materia agropecuaria, presentada por el Dip. Alfonso Oliverio Elías Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 23 de noviembre de 2000.
XII.- Análisis y discusión de la iniciativa de Ley sobre la Producción, Distribución, Comercialización, Control y Fomento de los Productos Transgénicos, presentada por el Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de la iniciativa por la que se adicionan los artículos 34-A, 34-B y 34-C, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el Dip. José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
XIII.- Informe de actividades de las subcomisiones, a cargo de los diputados coordinadores, así como informe de actividades del secretariado técnico.
XIV.- Asuntos generales.
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 20 de febrero, a las 13 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales, a la cual asistirán como invitados especiales los miembros del Consejo de la Sociedad Civil en México, con el objetivo de mantener una vinculación e intercambiar proyectos de trabajo relacionados con las organizaciones de la sociedad civil.
Atentamente
Dip. Miguel Gutiérrez Hernández
Presidente
DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
La Cámara de Diputados, a través de la Dirección General de Bibliotecas, entregará reconocimientos a los editores y productores de material bibliográfico y documental que cumplieron con lo dispuesto en el Decreto del Depósito Legal, durante el año 2001. El evento se llevará a cabo el próximo día 20 de febrero a las 17 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Legislativa, ubicada en el segundo piso del edificio C del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Juan Alcocer Flores
Presidente
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo con el Lic. Manuel Zubiría y Maqueo, director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que se realizará el jueves 21 de febrero de 2002, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jesús Orozco Alfaro
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su décima tercera reunión plenaria, que se realizará el jueves 21 de febrero de 2002, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Ernesto Rodríguez Escalona
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
Al Foro de Consulta Pública de la Reforma Estructural en Materia de Transporte Marítimo, que tendrá verificativo los días 22 y 23 de febrero, a partir de las 9 horas, en el World Trade Center, en Boca del Río, Veracruz.
La Subcomisión de Puertos y Transporte Marítimo de la Comisión de Transportes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, atendiendo a las inquietudes y preocupaciones de los sectores políticos, sociales y ciudadanos en general y de conformidad con el artículo 71, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como el artículo 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a los académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones, usuarios y a todos aquellos trabajadores de la industria del transporte marítimo, así como al público en general, a participar en el:
Foro de Consulta Pública de la Reforma Estructural en Materia del Transporte Marítimo
Misión: Abrir un espacio de comunicación entre la Comisión de Transportes y académicos, investigadores, instituciones públicas, privadas, sindicatos, cámaras, asociaciones y todos aquellos trabajadores de la industria del transporte, así como el público en general para enriquecer con propuestas la reforma estructural del transporte.
Visión: Dictaminar una reforma estructural consensuada con los actores políticos y sociales del país, cuyo contenido plasme las inquietudes, necesidades y propuestas para el desarrollo del sector marítimo en México.
Objetivos
1. Conocer las distintas opiniones y propuestas del sector marítimo para enriquecer la iniciativa de la reforma estructural.
2. Recopilar la información presentada por cada uno de los sectores y la población en general.
3. Elaborar una memoria que sirva de documento base para enriquecer con propuestas la reforma estructural de transporte.
Fecha y Sede
22 y 23 de febrero, World Trade Center, Boulevard Adolfo Ruíz Cortines núm. 3497, col. Ylang Ylang, Boca del Río, Veracruz.
Registro y entrega de propuestas
Mesa 2.- Los contratos y los servicios públicos del transporte federal, contenidos en el título V. De los Contratos, y capítulos III, IV, V y VIII y título VI. De los Servicios Públicos del Transporte.
Mesa 3.- Del Sistema Nacional de Transporte Federal, contenido en los títulos VII. Tarifas, VIII. Requisa; IX. De la Construcción, Conservación y Explotación de las Vías Generales de Comunicación; X. De las Responsabilidades; XI. Verificación; XII. Accidentes y Salvamento; XIII. Infracciones y Sanciones; XIV. De la Comisión Técnica Consultiva; XV. del Sistema Nacional de Transporte Federal; XVI. de la Comisión Reguladora del Transporte Federal; XVII. Del Registro Público.
Mesa 4.- De la Operación Portuaria, título VI, capítulos VIII. De los servicios portuarios y IX. De las Administraciones Portuarias Integrales.
Mesa 5.- Ley para la Reactivación de la Marina Mercante, Disposiciones Generales, Medidas de apoyo a las líneas navieras mexicanas, medidas de apoyo a la construcción y reparación naval, términos de contratación de tripulantes mexicanos, el seguro y comercio marítimo.
Mesa 6.- Protección y Conservación Ecológica.
El registro de participación deberá dirigirse a la Comisión de Transportes, los registros de asistencia podrán realizarse el mismo día del foro.
Para mayor información, los interesados podrán dirigirse a la Comisión de Transportes, sito en Palacio Legislativo, Avenida Congreso de la Unión No. 66, Colonia El Parque; CP 15969, México DF; tel. conmutador: 5628-1300, extensiones 6203, 6204, 6205; fax: 6226, página web:
www.cddhcu.gob.mx/comisiones.transpor
E-mail: jmduarte@comisiondetransportes.gob.mx, jduarte@infosel.com.mx, jescudero_43@hotmail.com
Atentamente
Dip. Fed. Juan Manuel Duarte Dávila
Presidente de la Comisión de Transportes (PAN)
Dip. Fed. José Rodolfo Escudero Barrera
Coordinador de la Subcomisión de Puertos y Transporte
Marítimo (PVEM)
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A la reunión de su Junta Directiva, que se llevará a cabo el martes 26 de febrero, a las 16 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Informe de la Dirección General de Apoyo Parlamentario.
4. Foro Los Infantes y Adolescentes Frente a los Medios
de Comunicación Electrónica.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A la reunión de trabajo de la Subcomisión Responsable de Analizar el Proyecto de Ley Federal de Derechos Lingüísticos, que se realizará el miércoles 27 de febrero de 2002, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en el edificio D, cuarto nivel.
Atentamente
Dip. Héctor Sánchez López
Presidente
DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE LA PLANTA NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA VERDE, VERACRUZ
A su quinta reunión de trabajo, el miércoles 27 de febrero, a las 9 horas, con la presencia de la C. Lic. Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Programa de emergencia radiológica externa.
3. Intervención de los CC. diputados.
4. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Héctor González Reza
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de la Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención Primaria", el miércoles 27 de febrero, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
Asu reunión ordinaria correspondiente al mes de febrero, el miércoles 27, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la reunión anterior.
4. Análisis de anteproyectos de dictamen pendientes
de trámite legislativo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la reunión.
Atentamente
Dip. Cuahutémoc Montero Esquivel
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la décima tercera reunión de la Primera Subcomisión "Asistencia Médica", el miércoles 27 de febrero, a las 11 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su vigésima primera sesión de Mesa Directiva, el miércoles 27 de febrero, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
A su décima octava sesión plenaria, el miércoles 27 de febrero, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de los anteproyectos de dictamen.
Primera Subcomisión "Administración de Salud"
Coordinadora: Dip. Ma. Elena de las Nieves García
Fernández
Expediente III Horario de Verano. Para que se derogue el decreto que establece el Horario de Verano.
Expediente 28, IMSS-Solidaridad Guerrero. Proposición con punto de acuerdo para que las comisiones de Salud, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones legales, recomienden al Instituto Mexicano del Seguro Social, revise la estructura y funcionamiento actual de los hospitales de Alvarez, Tlapa de Comonfort, Huitzuco, Coahuayutla, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Arcelia, en el estado de Guerrero, con el propósito de ampliar la cobertura en el régimen de la seguridad social.
Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva o Prevención
Primaria"
Coordinador: Dip. Manuel Wistano Orozco Garza
Expediente 11. Elevar la calidad de la nutrición
láctea de los mexicanos. Proposición con punto de acuerdo
para que las comisiones de Salud, Comercio y de Agricultura y Ganadería,
estudien la legislación vigente y las iniciativas en comisiones,
para garantizar que la leche cumpla su papel de mejorar la nutrición
de los mexicanos.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. María Eugenia Galván Antillón
Presidenta
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A la presentación del libro Construyendo el Nuevo Federalismo, que se realizará el miércoles 27 de febrero, a las 16 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
Bienvenida (5 min.)
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente de la Comisión de Fortalecimiento del
Federalismo
Exposición de motivos (5 min.)
Dip. Ulises Ramírez Núñez (moderador)
Coordinador de la Subcomisión de Federalismo Político
Comentaristas
1. Rodolfo García del Castillo (CIDE) (10 min.)
2. Dr. Jorge Fernández Ruiz (IIJ-UNAM) (10 min.)
3. Lic. Ricardo Baptista González (AALMAC) (10
min.)
4. Lic. José Oscar Vega Marín (AMMAC) (10
min.)
5. Lic. Sergio Arredondo (Fenamm) (10 min.)
Intervenciones
Dip. Rogaciano Morales Reyes (5 min.)
Integrante de la Subcomisión de Federalismo Político.
Dip. Jaime Vázquez Castillo (5 min.)
Integrante de la Subcomisión de Federalismo Político.
Dip. Marcos Pérez Esquer (5 min.)
Integrante de la Subcomisión de Federalismo Político.
Vino de honor
Organismos Invitados
H. Cámara de Diputados
Comisión de Fortalecimiento del Federalismo
Senado de la República
Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal
Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE)
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Asociación de Autoridades Locales de México,
AC (AALMAC)
Asociación de Municipios de México, AC
(AMMAC)
Federación Nacional de Municipios de México,
AC (Fenamm)
Secretaría de Gobernación
Centro de Desarrollo Municipal (Cedemun)
Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP)
Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara" (Cesem)
Gobierno del estado de México
LIV Legislatura del estado de México
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
H. Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez
H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos
H. Ayuntamiento de Atizapán
Atentamente
Dip. Enoch Araujo Sánchez
Presidente
DE LA COMISION DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 28 de febrero, a las 16 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer piso.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Informe de la Dirección General de Apoyo Parlamentario.
4. Foro Los Infantes y Adolescentes Frente a los Medios
de Comunicación Electrónica.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Dip. Lionel Funes Díaz
Presidente