COMUNICADO
La Junta de Coordinación Política, en relación con los lamentables hechos suscitados el día de ayer, manifiesta:
2. Se pronuncia por una amplia investigación y porque se deslinden las responsabilidades y que, en términos de derecho, se lleven a cabo las acciones que correspondan.
3. La Cámara de Diputados en todo momento ha estado abierta al diálogo y hace un llamado para que quienes se dirijan a ella lo hagan a través de las vías institucionales.
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente de la Junta de Coordinación Política
y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica, p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
(Publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en diarios
de circulación nacional y en el Diario de los Debates. Diciembre
11 de 2002.)
Palacio Legislativo, a 11 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
LVIII Legislatura Federal
Presente
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted de manera respetuosa para manifestarle lo siguiente:
Que por haber recibido del Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designación como candidato a la Presidencia Municipal de Tlalnepantla de Baz, me veo en la necesidad de solicitar a esta soberanía los siguientes puntos:
Segundo. Llamar al C. Luis Trejo García, quien es mi suplente, a fin de que tome posesión del cargo.
Tercero. Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.
Atentamente
Dip. Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 11 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 11 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre
11 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las siguientes Comisiones:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 11 de 2002.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de diciembre de 2002.
Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente Comisión:
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 11 de 2002.)
Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del Congreso General, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley Agraria respecto a la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
La evolución de la sociedad nacional no ha perdido, en forma alguna, la figura de indudable y mayor importancia en el seno de la familia mexicana: la mujer.
Sin embargo, en la actualidad se mantienen condiciones de dependencia, subordinación, exclusión, discriminación y violencia en contra de las mujeres.
Un alivio en relación con ello, consiste, desde hace décadas, en su creciente posibilidad de acceso a la educación, pues la posibilidad de estudio le ha favorecido en la defensa de sus derechos humanos, sociales, políticos y económicos. La preparación ha coadyuvado a la reducción de las injusticias e iniquidades que ha enfrentado la mujer ancestralmente y le ha permitido participar cada vez más ampliamente en los diferentes espacios del quehacer económico nacional.
No obstante el avance en la media nacional, aún existen profundas diferencias entre el medio urbano y el rural.
En México, con cerca de 200 millones de hectáreas, de las cuales el 89.6% son tierras rústicas, habitamos, aproximadamente, 96 millones de personas, de los cuales alrededor de la cuarta parte radica en el ámbito rural; en éste subsisten marcadas diferencias acerca de la situación de los hombres y las mujeres. Ellas continúan llevando a cabo la mayor parte de las labores del hogar y, adicionalmente, se dedican también a procurar el sustento propio y el de sus hijos, trabajando en el campo.
A esa condición contribuye enormemente el desplazamiento de los varones, quienes emigran en busca de trabajo rural, con el objetivo de obtener más ganancia por su actividad, sin embargo, frecuentemente olvidan el principal motivo de esa decisión de emigrar: la familia.
Poco más de la mitad del territorio nacional es propiedad social, representándose por 103 millones de hectáreas y 30 mil ejidos y comunidades, integrados por casi 3.5 millones de derechohabientes.
Las mujeres, día con día, adquieren mayor importancia al interior de los núcleos agrarios, pues si en el año de 1970 había 31,459 ejidatarias o comuneras, para el año 2002 existen 564,592 mujeres como titulares de certificados parcelarios, implicándose el 22% de la población atendida mediante el Procede (fuente: Registro Agrario Nacional).
Esa nueva realidad de la sociedad rural mexicana, obligará a repensar las políticas respecto de la atención al agro, pues se debe tomar en cuenta a las mujeres para solventar sus carencias e inquietudes. La situación de las mujeres al interior de los ejidos y comunidades, no debe ser considerada solamente como titulares de la tierra, sino también en calidad de género sin tierra.
En efecto, por cada mujer a la que le corresponde tierra ejidal o comunal, existen varias más que aún no tienen acceso a ella y que jamás lo tendrán. En ese sentido, el actual problema se agravará, necesariamente, para las futuras generaciones.
Es imprescindible externarlo en esa forma, debido a que las políticas públicas dirigidas a las mujeres del campo son prácticamente inexistentes: del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, se destinaron sólo 50 millones de pesos para el Programa de la Mujer Campesina, cuyo objetivo consiste en promover la participación de la mujer campesina en el desarrollo de proyectos productivos viables, que generen beneficios para las mujeres y sus familias. Si bien son magros los recursos, ya existe la definición de apoyar a la mujer habitante del medio rural.
Ese programa está dirigido a las ejidatarias, comuneras, posesionarias avecindadas o a las hijas de ellas o de los hombres que tengan cualquiera de esas categorías, como ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados.
La incorporación de las mujeres a ese programa u otro que fuera implementado, precisa del elemento tierra para poder desarrollar sobre ella cualquier tipo de proyecto productivo y, si se trata de un elemento indispensable, es imperioso lograr que se disponga de él en todo ejido o comunidad existente en el territorio nacional.
Por eso es de utilidad conocer en qué condición se encuentran actualmente los ejidos y las comunidades en relación con la disponibilidad de tierra para el uso exclusivo de las mujeres. Sólo el 9.8% de ejidos certificados al interior del Procede, tienen destinado un espacio específico para el desarrollo de las mujeres, además de los que existen en los ejidos no certificados y en las comunidades.
La Ley Agraria, en su artículo 23, al hacer mención de los asuntos materia de competencia exclusiva de la Asamblea General, expresa:
VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; ..."
En efecto, mientras en la Ley Agraria se encuentren insertas disposiciones que le permitan a la asamblea, dominada por hombres, hacer o dejar de hacer, no existirá obligación para indiscutiblemente llevar a cabo un beneficio a la mujer campesina. En su caso, en la actualidad es factible tomar decisiones perjudiciales para los intereses de las integrantes de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer.
Ahora, esta Legislatura tiene la oportunidad de subsanar el grave error de omisión que en esta materia existe. Para ello es indispensable nuestra participación, en calidad de representantes populares, de las mujeres campesinas entre otros mexicanos.
De conformidad con los motivos expuestos, se presenta el siguiente
Proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley Agraria
Artículo Unico. Se reforma el artículo 71 de la Ley Agraria para quedar como sigue:
"Artículo 71. En todos los ejidos habrá de constituirse la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer.
A su favor se destinará por la asamblea la extensión que por ella se determine; se localizará en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, entre las disponibles.
Será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria y de industrias rurales, explotadas y aprovechadas colectivamente por las mujeres del núcleo agrario de población, mayores de 16 años, que no sean ejidatarias o posesionarias, y que efectivamente estén radicadas en el ejido, como avecindadas o madres, cónyuges, concubinas o hijas de ejidatarios, posesionarios o avecindados, así como de ejidatarias, posesionarias o avecindadas.
A partir de la constitución de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer en sociedad cooperativa, de solidaridad social o en cualquier otra figura asociativa permitida por la ley, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, asimismo, contará con autonomía. Igualmente, desde su constitución formal en sociedad, será parte de la Asamblea Ejidal, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier ejidatario, excepto la posibilidad de ser votada para ocupar un cargo en los órganos de representación.
La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer de cada ejido será, además, con independencia de su forma de organización, sistema de administración y los derechos y las obligaciones de sus agremiadas, así como en general su funcionamiento, regulada por la Ley Agraria.
A esta Unidad se integrarán las obras e instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina.
Cada Unidad Agrícola Industrial de la Mujer será apoyada en su desarrollo mediante la implementación de proyectos productivos, en cuya planeación, coordinación, financiamiento y ejecución, siempre intervendrá la Secretaría de la Reforma Agraria, con el carácter de dependencia encargada de la planeación y coordinación, así como del apoyo para su constitución en sociedades, mientras que los recursos para implementar y ejecutar dichos proyectos productivos serán erogados por la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
A la Secretaría de la Reforma Agraria se le atribuye la facultad de vigilar que se haga efectiva esta disposición".
Diputados. Augusto Gómez Villanueva, Martha O. Meza Escalante, Josefina Hinojosa Herrera, J. Timoteo Martínez Pérez, Roberto Domínguez Castellanos, J. Ignacio Mendicuti Pavón, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Aarón Irizar López, José Luis González Aguilera, Melitón Morales Sánchez, Jaime Rodríguez López, Víctor M. Gandarilla Carrasco, Maricela Sánchez Cortés, Jacobo Nazar Morales, Nicolás Alvarez Martínez, Cándido Coheto Martínez, Jorge Schettino Pérez, Laura Pavón Jaramillo, Olga Margarita Uriarte Rico, Santiago López Hernández, Hilda Anderson Nevárez, Araceli Domínguez Rodrígez, Julián Luzanilla Contreras, César Duarte Jáquez, Arturo B. de la Garza Tijerina, Juan Paredes Gloria, José Manuel Díaz Medina, Héctor Esquilano Solís, Edilberto Buenfil Montalvo, Federico Granja Ricalde, Edith Escobar Camacho, Concepción González Molina, Librado Treviño Gutiérrez, Elba Arrieta Pérez, Eusebio Ponce Cruz, Maricruz Cruz Morales, Miguel Vega Pérez, Lorenzo Martínez Rodríguez, Patricia Aguilar García (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Reforma Agraria. Diciembre
11 de 2002.)
El suscrito, Diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
La Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, adscrita a la Secretaría de Educación Pública, constituye el conducto administrativo que recibe los recursos públicos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para aquellas instituciones de educación media superior y superior de carácter tecnológico.
El sistema de educación tecnológica media superior se integra de mil 93 planteles centralizados y 918 organismos descentralizados y desconcentrados, dando un total de 2,011 centros de educación donde acuden un millón 705 mil alumnos atendidos por 97 mil profesores.
En tanto que el sistema de educación tecnológica superior se constituye de 214 escuelas dependientes de 52 instituciones, con una matrícula de más de 60 mil alumnos y alrededor de ocho mil académicos.
Dicho sistema se caracteriza por contar con estructura curricular integrada por un componente de formación profesional para ejercer la especialidad tecnológica y otro de carácter propedéutico que permite a quienes lo cursan continuar los estudios de nivel superior, con lo cual se convierte en una verdadera alternativa de desarrollo para el estudiantado que pretende atender labores técnicas afines a su ámbito geográfico o bien continuar sus estudios superiores para enriquecer su calidad profesional.
En este contexto, las instituciones que se enmarcan en este concepto educativo son los Institutos de Educación Tecnológica Industrial, de Educación Tecnológica Agropecuaria y de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, así como los Institutos Tecnológicos del país.
No obstante la importancia de este sistema educativo y su impacto en amplios sectores de la población, resulta que es objeto de limitaciones normativas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos que para tales efectos autoriza la honorable Cámara de Diputados.
Lo anterior, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aplica con un criterio amplio y con responsabilidad social lo especificado en el capítulo 4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias, incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Educación Pública, bajo el argumento que los recursos autorizados a los planteles de educación tecnológica media superior y superior deben provenir de recursos propios.
De esta manera, se eliminan las transferencias y se obliga a realizar el ejercicio presupuestal de manera centralizada, por lo que las adquisiciones y comprobación del gasto deben llevarse a cabo por las instancias adscritas a la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, lo que afecta seriamente la operación y funcionamiento de los planteles del Sistema de Educación Tecnológica.
Lo antes expuesto resulta preocupante dado que el propio Presupuesto de Egresos faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para interpretar las disposiciones del mismo en efectos administrativos y, de conformidad con éstas, establecer para las dependencias y entidades, con la participación de la Contraloría en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para su correcta aplicación, con el objeto de mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia, control y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, las Instituciones y Centros de Educación Tecnológica Media Superior y Superior no han sido objeto de un tratamiento adecuado por parte de dicha Secretaría, representando por lo mismo un obstáculo para el desenvolvimiento racional de sus funciones.
Cabe señalar que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 el concepto de Transferencias se establece en el artículo 60 y en la fracción XXII del artículo segundo del proyecto de Presupuesto de Egresos 2003, mismo que se propone ampliar para dar cauce al manejo ágil y transparente de los recursos asignados al Sistema de Educación Tecnológica Media Superior y Superior.
Por lo antes expuesto y con el firme propósito de evitar se continúe afectando la noble misión de las instituciones y centros de educación tecnológica media superior y superior y por el contrario fortalecer su actuación y capacidad de administración que les permitan atender con mayor eficacia y eficiencia sus funciones, me permito someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Se modifique el concepto de Transferencias a que se refiere el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, quedando por consiguiente en los siguientes términos:
Para efectos del presente decreto se entenderá:
Transferencias: A las asignaciones previstas en los presupuestos de las dependencias, destinadas a las entidades apoyadas presupuestariamente bajo su coordinación sectorial, así como a los órganos administrativos desconcentrados de las dependencias y a los planteles de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica ubicados en las entidades federativas, para sufragar los gastos de operación y de capital, entre otros, remuneraciones al personal; construcción y/o conservación de obras; adquisición de todo tipo de bienes; contratación de servicios, así como las transferencias para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, con la finalidad de mantener los niveles de los bienes y servicios que prestan de acuerdo con las actividades que tienen encomendadas por ley. Incluye las transferencias para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2002.
Dip. Ramón León Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA QUE ATIENDAN DEMANDAS SOCIALES PLANTEADAS POR VECINOS DE LA ASOCIACION DE BARRIO NUEVO TULTITLAN, AC, ASAMBLEA DE BARRIOS PATRIA NUEVA, DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, PRESENTADA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SUBCOMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA SESION DEL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2002
Las diputadas y los diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y miembros de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los tres órdenes de gobierno a que se coordinen para que atiendan las demandas sociales que presentan los vecinos de la Asociación de Barrio Nuevo Tultitlán, AC, Asamblea de Barrios Patria Nueva, del municipio de Ecatepec de Morelos, en el estado de México.
Considerandos
La Asociación de Barrio Nuevo Tultitlán, AC, Asamblea de Barrios Patria Nueva, fue creada para obtener financiamiento de viviendas. En 1990 solicitó un crédito al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) para la compra de un terreno de aproximadamente 6.7 hectáreas, en el que se construyeron 660 departamentos, autorizándosele 2,894.68 veces el salario mínimo, que se pagarían en 15 años.
Por el incremento poblacional del pueblo Guadalupe Victoria, los vecinos de Barrio Nuevo Tultitlán y varias de las colonias se han conectado con el emisor Francisco Villa, que es el que corresponde a las viviendas de la Asociación de Barrio Nuevo Tultitlán, sobrepasando su máxima capacidad.
Esto ha dado origen a inundaciones periódicas de aguas negras en las viviendas de la unidad, creando situaciones de insalubridad y afectando principalmente a niños, niñas y adultos mayores.
En 1993 inicia la obra pública del colector de drenaje Las Flores, que quedó inconclusa, por lo que el sistema de alcantarillado no tiene la suficiente capacidad dado el volumen de aguas negras y de lluvia.
Esta situación motivó a los vecinos de dicha asociación a que acudieran a las autoridades correspondientes sin obtener resultados, hasta que finalmente solicitaron la intervención de esta Comisión de Desarrollo Social para obtener ayuda sobre su problemática que se da desde 1993. Por ello, el diputado Francisco Javier Cantú Torres, Presidente de la Comisión, turnó la gestoría a la Subcomisión de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano.
El diputado Nemesio Domínguez Domínguez, coordinador de la subcomisión, llevó a cabo una reunión el día 3 de octubre, en la cual se citó a las instancias de gobierno correspondientes para que los vecinos de Barrio Nuevo Tultitlán expusieran sus demandas sobre las inundaciones que se dan en su unidad habitacional. Explicaron que sufren inundaciones porque el colector Las Flores no ha sido terminado.
El día 10 de octubre del presente año se realizó por parte de la subcomisión una visita para ver los daños a las viviendas de los vecinos de esa asociación, ya que con las lluvias que se presentaron durante los meses de septiembre y octubre se inundaron 420 departamentos, por lo que se han incrementado las enfermedades intestinales, dermatológicas y respiratorias entre los habitantes de la unidad. Se pudo constatar el nivel a que llegan las inundaciones de aguas negras que sufren los vecinos.
Por todo lo anteriormente expuesto, en uso de nuestras facultades y con el ánimo de contribuir a la solución de los problemas de inundación de los vecinos de Barrio Nuevo Tultitlán, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al ayuntamiento del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, a que, en cumplimiento de las facultades que le otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a), termine el colector de drenaje Las Flores, destinando los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33.
Segundo: Se exhorta a los gobiernos estatal y federal a que coadyuven a terminar el colector de drenaje Las Flores, en el municipio de Ecatepec, estado de México.
Tercero: Se exhorta al ayuntamiento del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, a que realice una ficha técnica que contenga la planeación del servicio público de drenaje a 20 años para la zona en que se encuentra ubicada la Asociación de Barrio Nuevo Tultitlán.
Cuarto: Se exhorta al gobierno del estado de México a que realice un peritaje y dictamen técnico sobre el estado en que se encuentran los condominios de Barrio Nuevo Tultitlán y su deterioro por las constantes inundaciones de aguas negras.
Quinto: Se exhorta al Comité Técnico del Fondo Nacional de Habitaciones Populares a que, con base en los estudios técnicos que le presente el gobierno del estado de México, autorice la suspensión temporal de pagos para los acreditados cuyas viviendas han sido afectadas por las inundaciones en los condominios de Barrio Nuevo Tultitlán.
Sexto: Se exhorta a las autoridades correspondientes del estado de México a que presten los servicios públicos de salud necesarios a efecto de que los vecinos de Barrio Nuevo Tultitlán no se vean afectados por la inundación de aguas negras, debido a la insuficiencia de la capacidad del drenaje.
Séptimo: Se informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas.
México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre del año dos mil dos.
Por la Subcomisión de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de la Comisión de Desarrollo Social:
Del punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a que se coordinen a efecto de que atiendan las demandas sociales que presentan los vecinos de la Asociación de Barrio Nuevo Tultitlán, AC, Asamblea de Barrios Patria Nueva, del municipio de Ecatepec de Morelos, en el estado de México.
Diputados: Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), coordinador; Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica), Juan de la Cruz Cano Cortezano (rúbrica), Salvador Castañeda Salcedo, José I. Mendicuti Pavón.
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS, A LAS LEGISLATURAS LOCALES, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS MUNICIPIOS A QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2° CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDIGENAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO EZEQUIEL JURADO CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta LVIII Legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las Legislaturas locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los municipios, para dar cumplimiento a lo que establece el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos y cultura indígenas, el cual se sustenta en las siguientes
Consideraciones
En el mes de abril del año 2001, fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, nuestra Ley Fundamental reconoce la composición pluricultural y pluriétnica de la nación mexicana, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas, así como el derecho de éstos a la libre determinación dentro de un marco constitucional de autonomía, y a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
En el mismo texto constitucional se establece que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las Constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los primeros párrafos del artículo segundo constitucional, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
Por otro lado, dicta que las Constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de la libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, con el propósito de fortalecer la participación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
Nuestra Carta Magna también establece que se deberá consultar con los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, estatales y municipales e incorporar las propuestas y recomendaciones que éstos realicen, así como establecer partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos.
A pesar de éstas y otras consideraciones ya establecidas en nuestra Constitución, la gran mayoría de las Legislaturas locales no han modificado la suya ni sus leyes secundarias después de la aprobación de la reforma mencionada.
Si bien es cierto que en algunos estados ya existen importantes avances en cuanto a derechos indígenas, las reformas a sus ordenamientos se realizaron a principios de la década de los noventa, hace más de diez años en algunos casos.
Por ello resulta impostergable que en el ámbito local, se inicien cuanto antes los trabajos necesarios para modificar las normas jurídicas y el diseño e instrumentación de las políticas de desarrollo social que actualmente se aplican.
Por su parte, el Congreso de la Unión ya inició esta tarea, por lo que ahora corresponde también a los estados y ayuntamientos adecuar sus leyes y programas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Constitución.
Las reformas constitucionales realizadas en el sentido de reconocer la composición pluricultural y pluriétnica de la nación mexicana, corresponden a una visión general de todos los pueblos y comunidades indígenas que habitan en el territorio nacional, por lo que es urgente que a nivel local se concrete el mandato constitucional, incorporando las particularidades de las etnias del país en cuanto a lengua, tradiciones, costumbres, usos y medio natural y geográfico propios de los lugares en donde habitan.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Se conmina de forma respetuosa y atenta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y a las Legislaturas locales para que, en el ámbito de sus facultades, inicien acciones necesarias para reformar la Constitución y sus leyes locales, a fin de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Segundo.- Se invita asimismo a las autoridades municipales, a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y a las Legislaturas locales para que, conforme a lo que dicta la Constitución federal, promuevan la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminen cualquier práctica discriminatoria, establezcan las instituciones, determinen las políticas necesarias y establezcan las partidas específicas en sus presupuestos de egresos que aprueben, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo integral de sus comunidades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2002.
Dip. Francisco Ezequiel Jurado Contreras (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y
de Asuntos Indígenas. Diciembre 11 de 2002.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, Y DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CONSIDEREN UN INCREMENTO AL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO 2003, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2002
El suscrito diputado federal de esta honorable LVIII Legislatura, en pleno uso de mis facultades constitucionales y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público de esta H. Cámara de Diputados contemplen en las modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación un incremento al programa IMSS-Solidaridad, hoy llamado IMSS-Oportunidades del Ramo 12, Secretaría de Salud por 1 mil 497 millones de pesos, bajo las siguientes
Consideraciones
Uno de los programas más nobles y eficaces que han venido proporcionando servicios médicos a núcleos de población sin capacidad contributiva calificados por el Gobierno Federal como de extrema pobreza y profunda marginación, es el programa IMSS-Oportunidades.
Este programa que atiende a casi 11 millones de mexicanos ha sido profundamente afectado por las políticas de contención y disminución presupuestal en los últimos años, nuevamente está a punto de ser una vez más sujeto de una disminución de 7% en términos reales.
El proyecto de presupuesto del Ejecutivo para el ejercicio 2003, es de 3 mil 911 millones 165 mil 574 pesos implicando una disminución nominal de 828.1 millones de pesos con relación al presupuesto autorizado para el año 2002, afectando gravemente los servicios de salud de los mexicanos que se encuentran en 17 estados de extrema pobreza y profunda marginación ubicados fundamentalmente en zonas rurales de los estados de: Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Baja California, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, los cuales, no cuentan con otra opción para su atención médica más que con este programa que ha demostrado su eficacia y sus bondades por casi 30 años.
Esta reducción al presupuesto autorizado para el año 2003 implica una drástica reducción en el Gasto de Operación e Inversión. Por capítulo la reducción del consumo de bienes es de 262.8 millones, lo cual llevará a un desabasto importante, sobre todo en medicamentos e insumos, lo que redundará en graves riesgos a la salud de la población que ampara el programa.
En el rubro de inversiones el presupuesto se reduce en más de 94% respecto al año 2002, por lo que no se va a contar con recursos suficientes para conservación, mantenimiento ni reequipamiento en instrumental médico y vehículos.
Es importante aclarar que en el presupuesto de los últimos tres años, se ha presentado un déficit en el Capítulo de Personal, principalmente debido a que no se reconoce el incremento salarial autorizado al IMSS.
Pero además de considerar este incremento, se requiere etiquetar el presupuesto de este programa para que no sean transferidos a otros del Ramo 12, toda vez esta H. Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo por aumentar los recursos al programa para el ejercicio 2002 y por disposición del titular del ramo fueron transferidos a otros programas e incluso el programa se vio afectado por los recortes presupuestales deteriorando la operación y la inversión.
No podemos permitir que se siga golpeando a los mexicanos que más necesitan ni mucho menos que las disposiciones en materia de presupuesto aprobadas por esta Cámara de Diputados no sean acatadas por el secretario del ramo, por ello se propone que el presupuesto del programa para el ejercicio de 2003 sea de 5 mil 408.4 millones de pesos.
Con el esfuerzo y voluntad de todos se puede considerar este incremento presupuestal para el programa acorde a las demandas de las comunidades rurales de México.
Por todo lo anterior, presentamos la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero: Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público de esta H. Cámara de Diputados, se considere un incremento presupuestal al programa IMSS-Oportunidades del Ramo 12, Salud, en 1,497 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2003.
Segundo: Que el presupuesto asignado al programa IMSS-Oportunidades sea etiquetado para no ser afectado con transferencias a otros programas o disminuciones presupuestales.
Palacio Legislativo, a 11 de diciembre de 2002.
Dip. Francisco Javier López González (rúbrica)
A su reunión de trabajo, para analizar, discutir y -en su caso- aprobar el dictamen con proyecto de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, que se llevará a cabo el jueves 12 de diciembre, a las 9 horas, en la carpa instalada en el patio central del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Jaime Rodríguez López
Presidente
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su sesión plenaria ordinaria, que se realizará el jueves 12 de diciembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, el jueves 12 de diciembre, a las 10 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el primer piso del edificio H.
Atentamente
Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión extraordinaria, el jueves 12 de diciembre, a las 10 horas, en el auditorio norte.
Orden del Día
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión ordinaria de trabajo, que se realizará el jueves 12 de diciembre, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el viernes 13 de diciembre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Silvia Alvarez Bruneliere
Presidenta