• De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. (En relación a las observaciones del Ejecutivo federal). Aprobado en la sesión del viernes 14 de diciembre de 2001.

• Proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º y se adiciona un apartado "C" al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3º, párrafo primero, fracciones II, V y VI; y 31, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 176 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del PRI.

• De la Junta de Coordinación Política, relativo a la Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones.

• De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se someterá a consideración del Pleno el sábado 15 de diciembre de 2001.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

• Del diputado Juan Ignacio García Zalvidea.
• De la Junta de Coordinación Política.

• Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del PRD.
• Con punto de acuerdo sobre el próximo proceso electoral, en el estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del grupo parlamentario del PAN.
• Con punto de acuerdo para apoyar la solicitud del gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato al secretario de Educación Pública, para que la UNESCO declare al Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, patrimonio cultural de la humanidad, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo en relación al saqueo de petroglifos en Mina, Nuevo León, a cargo de la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del PVEM.
• Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública apoye la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios.
• Con punto de acuerdo sobre el gasto social y el presupuesto al combate a la pobreza, a cargo del diputado Rodrigo Carrillo Pérez, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2002 se eliminen las disposiciones que hagan referencia al cumplimiento de programas y la administración por resultados tanto del Poder Legislativo como del Judicial, a cargo de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del PSN.
• Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Seguridad Pública envíe a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan las prisiones federales y los consejos tutelares de menores, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del PRD.
• Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de la UNAM, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo en relación con la protección de la tortuga carey, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.
• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reanude de inmediato el Programa Especial de Verificación Ambiental en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a cargo del grupo parlamentario del PVEM.

 
• Con punto de acuerdo, con el fin de que se destine, del presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 30 por ciento a la construcción, pavimentación y conservación de caminos rurales, a cargo del diputado Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del PRD.
• Con punto de acuerdo en relación a la Universidad de Sinaloa, a cargo del diputado Fernando Díaz de la Vega, del grupo parlamentario del PRI.
• Con punto de acuerdo para que se destinen mayores recursos económicos al rubro de Marina en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo de integrantes de la Comisión de Marina.

• De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el sábado 15 de diciembre, a las 9:30 horas.
• De la Comisión de Equidad y Género, a la presentación del libro Violencia en Casa, el martes 18 de diciembre, a las 18 horas.
• De la Comisión Especial Sur-Sureste, a su reunión plenaria, el miércoles 19 de diciembre, a las 14 horas.

 
• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 19 de diciembre, a las 15 horas.
• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la reunión de la Subcomisión de Discapacidad, que se llevará a cabo el miércoles 19 de diciembre, a las 15 horas.
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la entrega de reconocimientos del Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, el miércoles 9 de enero de 2002, a las 9 horas.

CC. Secretarios de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presentes

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que con fecha 4 de septiembre de 1999, entró en vigor la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que abrogó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1979 y sus reformas y adiciones, publicadas en el mismo medio, de fecha 28 de diciembre de 1981 y 20 de julio de 1994.

II. Que dada la aprobación de la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el actual desarrollo de los trabajos legislativos en ésta H. Cámara de Diputados, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no se ajusta, en algunas de sus disposiciones, a la realidad de la vida parlamentaria.

III. Que el derecho parlamentario es una parte del orden jurídico que se caracteriza por su dinamismo y flexibilidad, así como por el uso de costumbres y prácticas que permiten al órgano legislativo preservar sus facultades y funciones y otorgar seguridad jurídica a los sujetos considerados en los supuestos de competencia del mismo.

IV. Que en el marco de la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, la Cámara de Diputados ha adoptado la práctica de suscribir y aprobar acuerdos parlamentarios que interpreten, integren y complementen la vigente Normatividad interna del Congreso General, con el propósito de proveer al mejor desarrollo de los trabajos legislativos.

Expuestas las consideraciones anteriores, se propone a la Honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo Parlamentario relativo a la Integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones

Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto integrar y complementar las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a los criterios a que habrá de sujetarse la integración del orden del día, así como los procedimientos que se seguirán para las discusiones y las votaciones, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la Mesa Directiva, según el inciso c) del numeral 2, del artículo 20 de la Ley Orgánica

En caso necesario, resolverá lo conducente la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Artículo Segundo. El orden del día de las sesiones de la Cámara será formulado por la Mesa Directiva considerando las propuestas que reciba oportunamente de la Junta de Coordinación Política y de los dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que emitan las comisiones.

El orden del día incluirá siempre los puntos relativos a las iniciativas de ley o decreto presentadas por quienes tienen ese derecho en términos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Tercero. Los asuntos a tratar durante las sesiones se integrarán para su desahogo, preferentemente de acuerdo al siguiente orden:

a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior;
b. Comunicaciones;
c. Iniciativas de Ley o Decreto;
d. Dictámenes de primera lectura;
e. Dictámenes o Minutas a discusión;
f. Excitativas;
g. Proposiciones con Punto de Acuerdo;
h. Agenda política;
i. Efemérides.

Todas las comunicaciones serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Sólo serán leídas por los Secretarios de la Mesa Directiva, aquellas a las que deba darse algún trámite reglamentario.

Artículo Cuarto. Podrá dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior por parte de la Mesa Directiva siempre y cuando haya sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. En este caso y de no haber objeción de algún diputado se pondrá de inmediato a votación.

Artículo Quinto. Para ser enlistadas debidamente en el orden del día las solicitudes no incluidas en las propuestas a que se refiere el artículo segundo, deberán presentarse a la Mesa Directiva por conducto de la Junta de Coordinación Política o directamente a aquélla en casos de urgencia, mediante escrito que contenga una breve descripción del asunto a tratar y del trámite que se solicita.

Artículo Sexto. La Junta de Coordinación Política podrá hacer suyas para su presentación ante el pleno y su resolución inmediata, aquellas proposiciones con punto de acuerdo que se le presenten, con pleno reconocimiento al promovente.

Artículo Séptimo. El orden del día será publicado en la Gaceta Parlamentaria, en la que además se incorporarán elementos documentales de los puntos a tratar, para que los diputados cuenten con la información oportuna. Asimismo, se deberá distinguir los asuntos que requieran votación, de aquellos meramente deliberativos o de información.

Artículo Octavo. Sólo por resolución del Pleno, a propuesta de la Mesa Directiva, se podrá incluir extraordinariamente algún asunto no contenido en el orden del día publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Artículo Noveno. Los dictámenes publicados podrán ser objeto de dispensa de primera o segunda lectura, sólo en el supuesto de que hayan sido publicados en la Gaceta Parlamentaria y previa consulta al Pleno en votación económica. En todo caso la publicación de los dictámenes surtirá los efectos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Artículo Décimo. Todo dictamen estará sujeto a votación en lo general y en lo particular sólo sobre los artículos reservados. La Mesa Directiva podrá acordar que la discusión en lo particular de un dictamen se realice en la sesión inmediata siguiente a aquella en que se discuta en lo general.

Artículo Décimo Primero. En la discusión en lo general de un dictamen podrán hacer uso de la palabra para fijar su posición un orador por Grupo Parlamentario en un tiempo no mayor de diez minutos.

En todo lo demás, la discusión del dictamen se ceñirá a lo que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo la Mesa Directiva, en consenso con los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios acordar los términos del debate en cuanto al número de oradores y tiempo de las intervenciones, de conformidad con el artículo 20, numeral 2, inciso d) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Décimo Segundo. Quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos. Toda propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión correspondiente, sin que proceda deliberación alguna, excepto si hubiere objeción de alguno de los diputados, en cuyo caso se sujetará a discusión y votación su admisión, para lo cual podrá intervenir un orador en contra y un orador en pro, hasta por cinco minutos, sin que en este caso se puedan presentar intervenciones para hechos. Si la proposición no hubiere alcanzado mayoría se considerará desechada.

Artículo Décimo Tercero. Los diputados que intervengan en la presentación de efemérides, dispondrán para tal efecto, de un tiempo no mayor a cinco minutos.

Artículo Décimo Cuarto. Las votaciones nominales se realizarán a través del sistema electrónico de control de asistencia y votación.

Artículo Décimo Quinto. En aquellos casos en que se requiera la verificación del quórum la Mesa Directiva ordenará abrir el sistema electrónico de control de asistencia y votación hasta por diez minutos para tal efecto. Mientras transcurre ese lapso, se continuará el desahogo de la sesión.

TRANSITORIOS

UNICO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2001.

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Rafael Rodríguez Barrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Dip. Martí Batres Guadarrama
(rúbrica; voto a favor, sin menoscabo de los derechos de los diputados consagrados en el Reglamento Interior y la Ley Orgánica del Congreso)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2001.)
 
 

ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL VIERNES CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con seis minutos del viernes catorce de diciembre de dos mil uno, con la asistencia de trescientos treinta y nueve diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la sesión anterior.

Comunicación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que informa que en los archivos de esa Comisión, se encuentra en resguardo el informe final de la Comisión de Investigación sobre el Impacto Ecológico Ambiental por las actividades de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Exportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, suscrito por diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura, y solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva, sea el conducto para entregarlo al Presidente de la República o designe una comisión de diputados para ese fin. Obséquiese la petición de la Comisión y gestione la Mesa Directiva una entrevista con el titular del Poder Ejecutivo, para que una comisión de diputados entregue el documento de referencia.

Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que modifica la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social. La Presidenta informa que, en virtud de que está agendado para su discusión el dictamen que contiene reformas a la Ley del Seguro Social, se le dará el trámite correspondiente en el curso de esa discusión.

La Presidenta informa que en el área de la Mesa Directiva se encuentran los ciudadanos: Patricia Flores Elizondo, Héctor Velázquez Corona y Alfonso Grey Méndez, cuyos nombramientos como Secretaria General, Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, y Contralor Interno, respectivamente, han sido aprobados por la Asamblea, e invitados a pasar al frente, rinden su protesta de ley.

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite observaciones que el Presidente de la República hace al decreto aprobado por el Congreso de la Unión el veintinueve de noviembre de dos mil uno, por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se adiciona el artículo treinta y siete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Presentan iniciativas los diputados:

Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Se turna a las comisiones de Salud y de Radio, Televisión y Cinematografía.

En votación económica, la Asamblea autoriza pasar a los capítulos de dictámenes de primera lectura y dictámenes a discusión y la Presidencia determina dar turno, en primer término, al dictamen de las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social.

La Presidenta concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, quien a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios, integrantes de las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, solicita se autorice la presentación primero de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia fiscal, para proceder después a la discusión del dictamen de la minuta del Senado que reforma esa Ley.

La Presidenta solicita que la presentación de esa iniciativa sea posterior a la discusión del dictamen de la minuta del Senado, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Desde su curul, el diputado Fernando Pérez Noriega hace observaciones sobre el procedimiento legislativo para procesar tanto la iniciativa como el dictamen referidos, y la Presidenta las considera pertinentes.

La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da lectura al texto del decreto de la iniciativa de diputados integrantes de las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Desde su curul, el diputado Samuel Aguilar Solís solicita suspender la lectura en virtud de que la iniciativa está publicada en la Gaceta Parlamentaria, y la Presidenta atiende la solicitud.

En votación económica, la Asamblea dispensa todos los trámites a la iniciativa de referencia, para ponerla a discusión y votación de inmediato.

Desde su curul, el diputado Samuel Aguilar Solís, a nombre de los diputados de las comisiones referidas, solicita se incorporen al proyecto de decreto diversas modificaciones. Regístrense e incorpórense.

Sin nadie que haga uso de la palabra, se aprueba el proyecto de decreto con las modificaciones propuestas, por trescientos ochenta y nueve votos en pro, dos en contra y cinco abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Es de segunda lectura.

Por las comisiones, fundamenta el dictamen el diputado Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática.

Fijan la posición de su partido o grupo parlamentario, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México; Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

Ernesto Saro Boardman, del Partido Acción Nacional; y Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Sin nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo general y la Presidencia informa que se reservan para su discusión en lo particular, los artículos cinco, nueve, doce, trece, quince, quince-A, quince-B, dieciséis, diecinueve, veintidós, veintisiete, veintiocho-A, treinta, treinta y uno, treinta y cuatro, treinta y nueve, treinta y nueve-A, treinta y nueve-B, treinta y nueve-C, treinta y nueve-D, cuarenta, cuarenta-A, cuarenta-B, cuarenta-C, cuarenta-D, cuarenta-E, cuarenta-F, setenta y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y nueve, doscientos treinta y dos, doscientos treinta y tres, doscientos cincuenta y uno, doscientos setenta, doscientos setenta y uno, doscientos setenta y dos, doscientos setenta y siete-B, doscientos setenta y siete-G, doscientos ochenta y seis-C, doscientos ochenta y siete, doscientos ochenta y ocho, doscientos ochenta y nueve, doscientos noventa, doscientos noventa y uno, doscientos noventa y siete, trescientos cuatro, trescientos cuatro-A, trescientos cuatro-B, trescientos cuatro-C, trescientos cuatro-D, del trescientos cinco al trescientos diecinueve, y quinto, séptimo, noveno, decimocuarto y decimosexto transitorios.

Desde su curul, el diputado Fernando Pérez Noriega solicita se reserven los artículos cinco-A y decimonoveno transitorio. La Presidenta consulta si esos artículos han sido reservados por las comisiones dictaminadoras y, desde su curul, el diputado Cuauhtémoc Rafael Montero Esquivel, a nombre de ellas, aclara que no.

A las quince horas con cincuenta y seis minutos, la Presidencia declara un

RECESO

A las quince horas con cincuenta y siete minutos, se reanuda la sesión.

Desde su curul, el diputado Fernando Pérez Noriega retira la reserva de los artículos cinco-A y decimonoveno transitorio.

La Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular por los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por trescientos noventa y cuatro votos en pro, uno en contra y dos abstenciones.

Sin que nadie haga uso de la palabra para referirse a los artículos reservados, la Presidenta informa que tales artículos se corresponden con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social, aprobado en esta sesión, y explica la mecánica para su votación.

Se aprueba desechar los artículos reservados por trescientos noventa y nueve votos en pro, y ninguno en contra.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que modifica la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, se turna a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Minutas de la Cámara de Senadores:

Dictamen de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Servicio Exterior Mexicano y la Ley Federal de Derechos. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, le dispensa la segunda lectura.

A nombre de las comisiones, fundamenta el dictamen la diputada Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional.

Sin que motive debate, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por trescientos noventa y cinco votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, autoriza pasar a la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos setenta y tres, setenta y seis, ochenta y nueve, ciento ocho, ciento nueve, ciento diez, ciento once y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al que se le dispensa la segunda lectura en votación económica.

Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones, habla el diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del Partido Acción Nacional.

Fijan la posición de sus grupos parlamentarios los diputados: Maria Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Víctor Hugo Círigo Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional; y Enrique Octavio de la Madrid Cordero, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel

Para hablar en pro, suben a la tribuna los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; y Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidencia concede la palabra, para rectificar hechos, al diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz, del Partido Acción Nacional.

La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el dictamen en lo general, y sin reserva de artículos para su discusión en lo particular, la Secretaría recoge la votación nominal del proyecto de decreto, mismo que se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y ocho votos en pro, diecisiete en contra y siete abstenciones. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal de dos mil. Es de primera lectura.

La Secretaría da lectura a los resolutivos del dictamen de las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, a fin de que tomen medidas en los ámbitos de su competencia, en relación con diversas adicciones.

Sin nadie que haga uso de la palabra, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo en votación económica.

Comunicación del diputado Juan Ignacio García Zalvidea, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo por el primer distrito electoral del Estado de Quintana Roo. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo respectivos.

Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:

* Con acuerdo parlamentario relativo a la integración del Orden del Día, las Discusiones y las Votaciones de la Cámara de Diputados.

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul.

Se aprueba en votación económica.

Se aprueba en votación económica.

La Secretaría da lectura al dictamen. Es de primera lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura.

A nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen el diputado Armando Salinas Torre, del Partido Acción Nacional.

Sin nadie que solicite hacer uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva en lo general y en lo particular, misma que arroja los siguientes resultados: trescientos sesenta votos en pro, ninguno en contra y una abstención.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se adiciona el artículo treinta y siete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

La Secretaría, por indicaciones de la Presidenta, solicita a los diputados cuyas iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo estén pendientes de presentación, las hagan llegar por escrito antes de las diez de la mañana del día quince de diciembre de dos mil uno, a efecto de darles el trámite correspondiente en la sesión de dicho día.

Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecinueve horas con un minuto, citando para la que tendrá lugar el sábado quince de diciembre de dos mil uno, a las once horas.
 
 

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 14 de diciembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

ARTICULO UNICO.- Se REFORMAN los artículos 3, 4, 5, 6, 7, primer párrafo, 8, 9, 10, 11, primer y segundo párrafo, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, primer párrafo, 27, primer párrafo, fracciones I, III, V, y los tres últimos párrafos, 28, primer párrafo y fracciones III y V, 29, 30, 31, 32, fracciones I, II y VI, 33, 34, 37, inciso b) de la fracción I, fracción II y segundo y tercer párrafos, 38, 39, 40, 43, fracción I, 45, 47 fracciones III y IV, 48, 49, 51, segundo párrafo y el inciso b), 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, fracciones I, X, y XI, 59, 60, 61 y 62; se ADICIONAN los artículos 1, con un tercer párrafo, 1-BIS, 2, con la fracción X, y la antes X pasa a ser XI, 7 con un tercer párrafo, 11, con un tercer párrafo y el antes tercero pasa a ser cuarto, 11-BIS, 27 con la fracción VI, 27-BIS, 28 con las fracciones VI, VII y VIII, 37 con el inciso c) de la fracción I, con dos últimos párrafos, 37-BIS, 40-BIS, 40-TER, 41, con un tercer párrafo, 52-BIS, 53-BIS, 58, fracciones, XIII y XIV, 63, 64 y 65, y se DEROGA la fracción V del artículo 58, todos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1 ...

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mantendrán coordinación con la Secretaría para el ejercicio de acciones en el exterior.

ARTÍCULO 1-BIS.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

ARTÍCULO 4.- La rama diplomático-consular comprende los siguientes rangos:

Los miembros de carrera del Servicio Exterior podrán encontrarse, durante su pertenencia a éste, en alguno de los siguientes supuestos:

ARTÍCULO 7.- El personal temporal es designado por acuerdo del Secretario. Dicho personal desempeña funciones específicas en una adscripción determinada y por un plazo que no excederá de 6 años, al término del cual sus funciones cesarán automáticamente. Los así nombrados no forman parte del personal de carrera del Servicio Exterior ni figuran en los escalafones respectivos.

Los nombramientos de personal temporal se harán, cuando sea posible, en plazas que no pertenezcan al Servicio Exterior de carrera.

ARTÍCULO 8.- El personal asimilado se compone de funcionarios y agregados a misiones diplomáticas y representaciones consulares, cuyo nombramiento haya sido gestionado por otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal u otra autoridad competente, con cargo a su propio presupuesto. Cuando la Secretaría considere procedente la solicitud dicho personal será acreditado con el rango que ésta determine y su asimilación al Servicio Exterior tendrá efectos sólo durante el tiempo que dure la comisión que se le ha conferido.

El personal asimilado estará sujeto a las mismas obligaciones que los miembros del personal de carrera del Servicio Exterior y las dependencias o entidades que hayan solicitado su asimilación serán las únicas responsables de los actos realizados por sus representantes. Asimismo, estará comisionado en el extranjero bajo la autoridad del jefe de la misión diplomática o representación consular correspondiente, a quien deberá informar de sus actividades y atender las recomendaciones que formule sobre sus gestiones, especialmente por lo que se refiere a las políticas generales y las prácticas diplomáticas o consulares.

La Secretaría determinará los casos en que el personal temporal o asimilado deba acudir a cursos de capacitación en el Instituto Matías Romero, antes de asumir su cargo en el extranjero.

ARTÍCULO 9.- La Secretaría deberá mantener y gestionar ante las autoridades correspondientes, que la estructura de plazas en los diferentes rangos permita una adecuada movilidad escalafonaria, de tal modo que se mantenga una pirámide ascendente entre los rangos de agregado diplomático y Ministro. Lo anterior, se hará de acuerdo con los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

ARTÍCULO 10.- En el extranjero, los miembros del Servicio Exterior desempeñarán indistintamente sus funciones en una misión diplomática, representación consular, misiones especiales y delegaciones a conferencias o reuniones internacionales. La Secretaría fijará las modalidades de acreditación del personal adscrito en el exterior, de acuerdo con el derecho y las prácticas internacionales.

ARTÍCULO 11.- La Secretaría vigilará que la adscripción en el extranjero y en México del personal de carrera se ajuste a una rotación programada, asegurándose que, sin excepción, ningún miembro de éstas permanezca fuera del país o en la Secretaría más de ocho años continuos.

La Comisión de Personal a sugerencia de la Subcomisión de Rotación, recomendará al Secretario los traslados que por necesidades del servicio se deban llevar a cabo fuera del programa de rotación anual, procurando que el personal de la rama diplomático consular no permanezca menos de dos años, ni más de seis en una misma adscripción en el exterior.

Los miembros de la rama técnico-administrativa podrán permanecer en una misma adscripción un máximo de ocho años.

ARTÍCULO 11-BIS.- Las recomendaciones de traslado serán presentadas a la Comisión de Personal por la Subcomisión de Rotación. Esta Subcomisión se integrará por:

Los aspirantes que satisfagan los requisitos correspondientes a dichas oportunidades deberán presentar sus candidaturas a la Subcomisión de Rotación, misma que después del análisis del expediente y requisitos de los interesados resolverá lo conducente,

ARTÍCULO 12.- Las misiones diplomáticas de México ante gobiernos extranjeros tendrán el rango de embajadas y ante organismos internacionales, el de misiones permanentes; las representaciones consulares tendrán el rango de consulados generales, consulados, agencias consulares y consulados honorarios.

La Secretaría determinará la ubicación y funciones específicas de cada una de ellas incluyendo, en su caso, las concurrencias y las circunscripciones consulares.

ARTÍCULO 13.- El Secretario podrá designar cónsules honorarios, quienes no serán considerados personal del Servicio Exterior.

ARTÍCULO 15.- En todas las misiones diplomáticas y representaciones consulares, inmediatamente después del titular de las mismas habrá un jefe de cancillería y un representante alterno o cónsul adscrito, según corresponda; estos puestos los desempeñará el miembro del Servicio Exterior de carrera de mayor jerarquía. Las ausencias temporales de los titulares de las misiones diplomáticas o representaciones consulares, según el caso, serán cubiertas por el jefe de cancillería, representante alterno o por el cónsul adscrito.

ARTÍCULO 17.- El rango en el Servicio Exterior de carrera será independiente de la plaza o puesto que ocupen sus miembros en el exterior o en las unidades administrativas de la Secretaría en México.

Cuando los miembros del personal de carrera sean designados para ocupar un puesto en la Secretaría o en el exterior, se les cubrirán las remuneraciones que correspondan a la plaza asignada y tendrán los derechos y prestaciones que señala la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la presente Ley y su Reglamento.

Los miembros del Servicio Exterior de carrera conservarán su lugar en el escalafón, acumularán la antigüedad que corresponda para los efectos de esta Ley y podrán ascender independientemente de la plaza o puesto que les asigne la Secretaría.

ARTÍCULO 18.- El Secretario, previa recomendación de la Comisión de Personal, podrá autorizar, hasta en dos ocasiones, que funcionarios de carrera de la rama diplomáticoconsular, con una antigüedad mínima de cinco años de servicio y rango de Primer Secretario o superior puedan ser comisionados temporalmente en otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o Estatal u otras entidades públicas federales; en los Poderes Legislativo o Judicial y en instituciones de educación superior o en organismos internacionales.

Las autorizaciones podrán ser concedidas siempre y cuando las actividades a realizar sean de interés y utilidad para la Secretaría. Quienes desempeñan estas comisiones, conservarán sus derechos de antigüedad para efectos escalafonarios y podrán presentarse a los concursos de ascenso.

La duración y los términos de las comisiones concedidas con base en este artículo estarán regulados por el Reglamento de la Ley.

ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo que disponen la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.

Independientemente de que un funcionario de carrera sea designado Embajador o Cónsul General, el Presidente de la República podrá removerlo libremente en los términos de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a menos que la separación ocurra en los términos de la fracción II del artículo 57 de esta Ley.

ARTÍCULO 20.- Para ser designado Embajador o Cónsul General se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.

Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad.

ARTÍCULO 23.- Las designaciones de jefes de misiones diplomáticas permanentes ante Estados y organismos internacionales, de Embajadores Especiales y de Cónsules Generales serán sometidas a la ratificación del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, según lo disponen las fracciones II, VII y III de los artículos 76, 78 y 89, respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin este requisito la persona designada no podrá tomar posesión de su cargo.

ARTÍCULO 24.- Dentro del rango de Embajador habrá un máximo de diez plazas de Embajador Eminente, como distinción a los miembros de ese rango por su actuación destacada de servicio a la República en el ámbito de la política exterior.

ARTÍCULO 27. .............

En los casos en que la Comisión trate asuntos que incidan sobre el conjunto de los miembros del Servicio Exterior, ésta podrá, a través de invitaciones, asesorarse de personas ajenas a la Secretaría y al Servicio Exterior.

A propuesta de la Comisión, el Secretario expedirá las Reglas del Procedimiento de la Comisión de Personal.

Artículo 27 Bis.- La Comisión de Personal contará con cuatro subcomisiones:

ARTÍCULO 28.- El ingreso como funcionario de carrera a la rama diplomático-consular se realizará por oposición, mediante concursos públicos anuales que serán organizados en etapas eliminatorias y deberán contemplar los siguientes exámenes y cursos:

ARTÍCULO 30.- La Subcomisión de Ingreso estará integrada por:

ARTÍCULO 31.- Quienes sean admitidos en el Instituto Matías Romero para ingresar a la rama diplomático-consular serán considerados, durante el tiempo que estudien en el mismo, como becarios y tendrán las percepciones que determine la Secretaría, así como durante su periodo de práctica en ésta última.

Transcurrido el periodo al que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 28 de la presente Ley, la Comisión de Personal evaluará su desempeño en la Secretaría para determinar si recomienda su nombramiento como agregado diplomático. Después de seis meses podrán ser ascendidos a terceros secretarios como resultado de la evaluación de su desempeño.

ARTÍCULO 32.-...

ARTÍCULO 34.- El personal temporal o asimilado de la rama diplomático-consular y técnicoadministrativa, así como los funcionarios de la Secretaría, podrán ingresar al Servicio Exterior como personal de carrera de la rama diplomático-consular siempre que cumplan con los requisitos de ingreso previstos en las fracciones I, III, IV, V y VI del artículo 32 de la presente Ley y obtengan una evaluación favorable de su desempeño por parte de la Comisión de Personal.

Asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos para ingresar a los rangos que a continuación se indican:

Los aspirantes al rango de Consejero deberán, además, aprobar el examen de media carrera a que se refiere el artículo 38.

A más tardar seis meses después de satisfechos los requisitos de ingreso al rango de Consejero, quienes hayan obtenido dicho rango serán comisionados a una adscripción de tipo consular, de conformidad con la definición que de ésta establezca el Reglamento de la presente Ley.

El ingreso al Servicio Exterior, conforme a este artículo, sólo podrá tener lugar cuando la Secretaría disponga de plazas nuevas en cada uno de los rangos de Segundo Secretario, Primer Secretario y Consejero. Independientemente del número de plazas de que se disponga, siempre se concursará el mismo número de ellas en cada uno de los rangos mencionados.

ARTÍCULO 37.- ...

El resultado final de los concursos será del dominio público e inapelable.

No podrán presentarse a concurso de ascensos quienes se encuentren en disponibilidad conforme a la presente Ley.

El Secretario acordará los demás ascensos del personal de carrera previa recomendación de la Comisión de Personal una vez que reciba de la Subcomisión de Evaluación, las evaluaciones de los expedientes personales u hoja de servicios según el caso. En la evaluación se tomará en cuenta los méritos, la preparación académica y las antigüedades del personal, de conformidad con el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 37-BIS.- La evaluación de los expedientes personales será realizada por la Subcomisión de Evaluación y dada a conocer a los interesados con anticipación a la celebración de los exámenes.

La Subcomisión de Evaluación se integrará por:

Para ascender al rango de Consejero se requiere además, una antigüedad mínima de ocho años como funcionario en el Servicio Exterior o en la Secretaría, haber estado comisionado a una adscripción de tipo consular y aprobar un examen que se denominará "de media carrera" conforme a los términos de la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 39.- El examen de media carrera a que se refiere el artículo anterior será presentado por los primeros secretarios. Es un requisito para permanecer en el Servicio Exterior y tiene como finalidad evaluar el desempeño laboral y profesional de los miembros del Servicio Exterior con vistas a determinar su capacidad para asumir mayores responsabilidades, especialmente la de titular de representaciones de México.

El Instituto Matías Romero elaborará guías de estudio e impartirá cursos de capacitación para los participantes en el examen de media carrera.

El examen será diseñado por profesionales bajo criterios que proporcionará el Instituto Matías Romero y podrán ser presentados en tres ocasiones como máximo dentro de los siguientes términos:

Quien en la tercera ocasión no apruebe el examen causará baja inapelable del Servicio Exterior. En todo caso se le indemnizará en los términos que señalen esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 40.- Como requisito de permanencia en el Servicio Exterior y a efecto de verificar que los miembros del Servicio Exterior hayan cumplido cabalmente con las obligaciones que les imponen los artículos 41 y 42 de la presente Ley y que continúen satisfaciendo los requisitos contenidos en los incisos I, III, IV y V del artículo 32, la Secretaría, por medio de la Comisión de Personal, hará, cada cinco años, una evaluación a todos sus miembros.

La evaluación a que se refiere el párrafo anterior podrá merecer la calificación de satisfactoria o insatisfactoria.

ARTÍCULO 40 BIS.- La evaluación a que se refiere el artículo 40 consiste de:

La Comisión deberá resolver las solicitudes de revisión dentro de los quince días naturales siguientes a su recepción dando oportunidad al solicitante de expresar lo que a su derecho convenga en el proceso de revisión.

Si la conclusión de la revisión fuera nuevamente insatisfactoria, o si no se hubiere solicitado en tiempo la revisión correspondiente, el miembro del Servicio Exterior causará baja definitivamente del Servicio Exterior sin posibilidad de volver a incorporarse a él. En todo caso, se le indemnizará en los términos que señalen esta Ley y su Reglamento.

Artículo 41.- .............

................

Asimismo, en términos de la legislación aplicable, los miembros del Servicio Exterior deberán abstenerse de incurrir en conductas de naturaleza partidista o electoral incompatibles con el desempeño de su función pública, y de realizar declaraciones que comprometan los intereses del país.

ARTÍCULO 43. ...

Asimismo, dichos funcionarios deberán informar con diligencia a la Comisión de Personal sobre todas aquellas faltas o violaciones a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento que cometan sus subordinados, estando facultados para imponer en su caso, amonestaciones y apercibimientos.

El personal del Servicio Exterior de carrera de los rangos de tercer secretario a consejero presentará a la Comisión de Personal, durante el mes de junio de cada año, una "autoevaluación" en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.

Asimismo, el personal de carrera elaborará, durante el mes de junio de cada año, un informe sobre el desempeño del titular de la misión diplomática, representación consular o unidad administrativa de la Secretaría a que se encuentre adscrito. Este informe se elaborará conforme a los términos que señale el Reglamento de esta Ley, será confidencial y remitido a la Comisión de Personal.

ARTÍCULO 47.- ...

La Comisión de Personal podrá recomendar al Secretario, en los casos de adscripciones de condiciones de vida difícil, que esta prestación se otorgue cada doce meses.

ARTÍCULO 49.- La Secretaría contratará, en los términos del Reglamento, un seguro de gastos médicos para los miembros del Servicio Exterior comisionados en el extranjero, que incluirá a su cónyuge y a sus dependientes económicos hasta el primer grado en línea recta, ascendiente o descendiente, que vivan con él o ella, según el caso. Tratándose de los hijos de los miembros del Servicio Exterior esta prestación será extensiva únicamente a los menores de 18 años siempre que vivan con el o ella, según el caso.

ARTÍCULO 51.- ...

El miembro del Servicio Exterior que con motivo de la ausencia del jefe de misión diplomática o del titular de un consulado quede acreditado como encargado de negocios o como encargado de la representación consular, recibirá, conforme a lo dispuesto por el Reglamento una compensación por encargaduría, a menos que otras disposiciones consignen condiciones más favorables, en cuyo caso se aplicarán dichas previsiones.

..................

ARTÍCULO 52-BIS- La disponibilidad deberá solicitarse por escrito a la Dirección General del Servicio Exterior y de Personal de la Secretaría, la que su vez la turnará a la Comisión de Personal, a efecto de que en un término máximo de 30 días de respuesta al interesado, quien no podrá abandonar su lugar de adscripción en tanto no reciba la respuesta correspondiente.

El escrito deberá expresar las causas o motivos de la solicitud y se regirá por los siguientes criterios:

ARTICULO 53-BIS.- Son causas de baja del Servicio Exterior las siguientes:

Los períodos de suspensión temporal, disponibilidad y licencias sin goce de sueldo, no se contabilizarán como tiempo de servicio.

En caso de fallecimiento, la compensación se entregará al beneficiario que el miembro del Servicio Exterior hubiese designado o, en su defecto, a sus legítimos herederos.

ARTÍCULO 55.- Causarán baja por jubilación los miembros de carrera del Servicio Exterior que cumplan 65 años de edad.

Los miembros de carrera del Servicio-Exterior que durante los 10 años anteriores a su jubilación no hayan sido objeto de sanciones, serán jubilados en el rango inmediato superior.

ARTÍCULO 56.- Los gastos de funerales de los miembros del Servicio Exterior, de su cónyuge, de sus dependientes económicos hasta el primer grado en línea recta, ascendiente o descendiente, que vivan con él o ella, según el caso, fallecidos en el extranjero o en delegaciones foráneas, incluyendo el traslado de sus restos a México, por cuenta de la Secretaría.

ARTÍCULO 57.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en.

ARTICULO 58.- ...

En las sesiones de la Comisión de Personal en las que se ventilen asuntos disciplinarios, participará el Contralor Interno o un representante que éste designe con nivel de Director de Área.

ARTÍCULO 60.- Para la substanciación de procedimientos disciplinarios, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios observará el siguiente procedimiento:

ARTÍCULO 61.- El Secretario tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que la Comisión de Personal someta a su consideración la resolución propuesta por la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios para determinar la sanción administrativa a imponer. Dicha sanción será aplicada por el Director General que tenga bajo su cargo los asuntos correspondientes al personal del Servicio Exterior, según lo disponga el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores una vez que quede firme, dándose vista a la Contraloría Interna y en el caso de imposición de sanciones económicas, deberá notificar a la Tesorería de la Federación la resolución, a efecto de que proceda a efectuar el cobro correspondiente.

En el caso de embajadores y cónsules generales, someterá la opinión de la Comisión de Personal al Presidente de la República.

Las resoluciones del Secretario podrán ser impugnadas ante los tribunales competentes.

ARTICULO 62.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

Las sanciones económicas se pagarán una vez determinadas en cantidad liquida.

ARTÍCULO 64.- En el caso de las faltas previstas en las fracciones I, IV, VI, VII, IX, X y XIV del artículo 58 de la presente Ley, procederá la destitución del miembro del Servicio Exterior. También procederá la destitución en el caso de quienes sean sancionados en dos ocasiones por incurrir en las conductas establecidas en las fracciones III, VIII, XI y XIII o en tres ocasiones por las conductas contempladas en las fracciones II y XII de la misma disposición.

ARTÍCULO 65.- En caso de que los hechos pudieran configurar algún delito y que la averiguación previa no se hubiese iniciado por otros medios, se turnará el expediente a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a efecto de que se presente la denuncia correspondiente."

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- El primer examen al que se refiere el artículo 34, se aplicará durante el primer año de vigencia del presente Decreto.

CUARTO.- El primer examen de media carrera a que se refieren los artículos 38 y 39, se aplicará durante el primer año de vigencia de este Decreto.

QUINTO.- Quienes al entrar en vigor el presente Decreto tengan el rango de primeros secretarios no requerirán, para ascender al rango de consejero, haber tenido una adscripción de tipo consular como lo señala el artículo 38 de este Decreto. Sin embargo, para ascender al rango de ministro, deberán haber tenido, durante su carrera, una adscripción diplomática o consular conforme a lo dispuesto por las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

SEXTO.- La evaluación a que se refiere el artículo 40, se aplicará por primera vez durante el primer año de vigencia del presente Decreto a quienes tengan una antigüedad mínima de 5 años dentro del Servicio Exterior.

SÉPTIMO.- Las comisiones, disponibilidades o licencias otorgadas al momento de la entrada en vigor del presente Decreto continuarán en los términos autorizados hasta su conclusión.

OCTAVO.- Los procedimientos administrativos disciplinarios en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se substanciarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se iniciaron.

SALON DE SESIONES DE LA H. CAMARA DE SENADORES.- México, DF, a 14 de diciembre de 2001.

Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos (rúbrica)
Presidente

Sen. Yolanda González Hernández (rúbrica)
Secretaria
 
 

México, DF, a 11 de diciembre de 2001.

C. Diputada Federal Beatriz Paredes Rangel
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente

Estimada diputada:

Por medio de la presente y de conformidad con la reglamentación vigente, artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted la licencia por tiempo indefinido a partir del 15 de diciembre del 2001, para separarme del cargo de diputado federal por mayoría del distrito 01 del estado de Quintana Roo, para participar en el proceso electoral del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, periodo 2002-2005, como candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México.

Lo anterior es requisito de la Ley Orgánica Municipal y la legislación del estado. Y sin otro particular reitero a usted mi agradecimiento por todas sus atenciones y le brindo mi consideración más distinguida.

Atentamente
Dip. Juan Ignacio García Zalvidea (rúbrica)
 
 
 
 
 

DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de diciembre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, Subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar lo siguiente:

• Que la Diputada Arcelia Arredondo García sustituya a la Diputada María del Rocío García Gaytán, como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de diciembre de 2001.

Dip. Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, Subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar lo siguiente:

• Que el Diputado Enrique A. Villa Preciado, sustituya a la Diputada Arcelia Arredondo García, en la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y ésta a su vez quede como integrante de la misma Comisión.

 
• Que la Diputada Alba Leonila Méndez Herrera sustituya a la Diputada Beatriz Grande López, en la Secretaría de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y ésta a su vez quede como integrante de la misma Comisión.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Presidente
 
 

En una de sus primeras comparecencias, ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, responsabilizó al Legislativo de haber aprobado un presupuesto inferior al que se le venía designando con anterioridad a la Cancillería.

Dejando a esa dependencia con serias restricciones presupuestales, que se verían reflejadas en áreas importantes como:

Lo que no nos dijo, el canciller Castañeda es que, la mayor parte de ese presupuesto, sería utilizado para cubrir los gastos de grandes comilitonas, de extensos viajes, de inmensas viandas, de compra de vinos, además de los gustos tan refinados y caros de los funcionarios de primer nivel de la dependencia, así como de los gastos excesivos de los consulados, en lo que respecta a las fiesta patrias.

De acuerdo con los datos registrados, por la propia dependencia en el sistema Compranet, suman 63 millones 956 mil pesos, por concepto de la compra de alimentos y artículos de representación diplomática, bebidas alcohólicas, incluyendo vinos de mesa, a 2 mil 410 pesos la botella, así como whisky, coñac, champaña, elaboración de alimentos y atención a comensales así como los gastos que las representaciones diplomáticas en el exterior festejan, principalmente en las fiestas patrias, tales gastos representan más de la mitad de las compras totales de la Cancillería que suman aproximadamente 122 millones de pesos.

Como se ve, la austeridad sólo se le aplica hacia el mejoramiento de las condiciones de nuestras hermanas y hermanos que se encuentran en el extranjero, y no, hacia los gastos que tiene que ver con los privilegios y gustos de ciertos funcionarios, ya que se derrocha más de 1 millón 600 mil pesos en vinos.

En estos momentos, en que está por discutirse el presupuesto, para el próximo año, sería conveniente, que se tomara en cuenta las necesidades prioritarias en ese sector, como las que tiene que ver con el apoyo a los migrantes, sus intereses y derechos humanos, la integridad de ellos y la de sus familias.

No se nos olvide el recrudecimiento xenofóbico, por parte de organizaciones racistas establecidas en los Estados Unidos, después de los acontecimientos ocurridos el pasado 11 de septiembre en la Unión Americana. Y la gran lista, de compatriotas en espera de ser ejecutados, en cárceles norteamericanas. Según el consultor jurídico de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, en el próximo año, unos 40 de los 53 mexicanos condenados, estarían en la situación de la pena de muerte y esto es debido, a que no se cuenta con un buen equipo de abogados especializados y conocedores de la materia, ya que en algunos consulados se encuentran abogados improvisados y mal pagados y, en ocasiones ni con ellos se cuenta.

Desde que dio inicio esta Legislatura, mi Partido de la Revolución Democrática, no ha dejado de pugnar por un mayor apoyo a los mexicanos procesados en las cárceles norteamericanas. Esto, debido a que no se le da el tratamiento legal oportuno a cada uno de ellos.

En otros casos, los familiares han sufrido la falta de comunicación, con los condenados y recluidos. Carecen de los medios para trasladar los cadáveres a sus lugares de origen.

Junto con la representación de senadores y diputados, tuvimos la oportunidad de participar en el recorrido por la franja fronteriza en el Paso Texas, visitando en los Centros de Retención a ilegales, así como estuvimos presentes en la Corte, para presenciar el juicio de varios connacionales detenidos en el vecino país del norte, donde en todo momento pudimos observar la ausencia de defensores consulares dejando en estado de indefensión a mexicanos inculpados.

Que no se vitoree el apoyo a nuestros paisanos en su regreso, que el compromiso del Legislativo no se limite nada más en temporadas navideñas, acudiendo a la frontera para recibir a nuestros hermanos mexicanos, claro, no deja de ser importante y significativo.

También hay que recibirlos, con nuevas noticias, con nuevas iniciativas que vayan encaminadas a velar por los intereses de ellos en el exterior. Todo este movimiento migratorio es debido a los modelos neoliberales que se han implementado en las últimas administraciones, limitando la oportunidad de permanecer en su patria a lado de sus familiares, a miles de mexicanos, lo mínimo, que debió proporcionarles los anteriores gobiernos y el actual a los connacionales, es el compromiso real de velar porque su estancia en el extranjero sea lo humanamente digna, en todo lo que respecta a sus derechos humanos.

Por lo que nos toca, a nosotros como representantes populares, y dado que nosotros nos debemos a ellos, y no ellos a nosotros, es seguir pugnando por que se destinen partidas presupuestales que garanticen un mejor desempeño de nuestras representaciones diplomáticas, en la atención de los migrantes.

Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero: Que antes de la dictaminación del proyecto de presupuesto de egresos, para el año 2002 se revise exhaustivamente en el correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de evaluar la asignación enviada por el Ejecutivo.

Segundo: Que se instale a la brevedad posible una mesa plural e integral, entre funcionarios de la Cancillería, de la Secretaria de Hacienda, Legisladores y ONG?s, para que se elabore un presupuesto acorde con las necesidades para el buen funcionamiento de las representaciones diplomáticas y consulares.

Tercero: Que en las partidas que tengan que ver, con gasto como los mencionados al inicio, que son comidas ostentosas, licores, viajes, ropa, autos, entre otras, considerados de lujo, y por lo regular utilizados por funcionarios, se sustituya por mayor atención legal hacia la defensa de nuestros connacionales en el exterior. Así también, canalizarlos hacia los programas de asistencia a los migrantes.

Diputados: Sergio Acosta Salazar, José Narro Céspedes, Jaime Cervantes Rivera, Timoteo Martínez Pérez, José Manuel del Río Virgen, Mario Cruz Andrade (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS PALLARES BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LVIII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración del pleno de está H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo para la equidad en el uso de los medios de comunicación en las próximas elecciones en el estado de Quintana Roo, y en especial en el municipio de Benito Juárez (Cancún).

Consideraciones

Se dice que los medios de comunicación son el sistema nervioso de la sociedad y que, al circular todo tipo de información por ellos se producen determinadas conductas sociales, y que dependiendo de la calidad e intención en la información son las decisiones que se toman, ya que sin información atinada y oportuna, no hay decisión correcta.

En estos tiempo democráticos, los medios de comunicación se han vuelto indispensables en el desarrollo de campañas políticas y electorales, lo que ha permitido mayor participación de la ciudadanía en los acontecimientos político-sociales que se desarrollan en el país.

Ahora bien, como sabemos, el próximo 17 de febrero del 2002 se llevarán a cabo elecciones intermedias en el estado de Quintana Roo para renovar el Congreso y para elegir ayuntamientos, siendo los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, indispensables en el desarrollo del proceso electoral.

Desafortunadamente, en estas campañas se han producido fenómenos provocados por el hombre y que van en contra de la competencia leal, pero sobre todo de la imparcialidad que debe prevalecer en este tipo de contiendas electorales; me refiero en específico a los que suceden en el municipio de Benito Juárez (Cancún), en el que el candidato a la Presidencia Municipal del Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano Gastón Alegre, que por ser dueño de dos radiodifusoras y cuatro repetidoras en todo el estado, ha desplegado una impresionante campaña publicitaria, acaparando espacios y desfavoreciendo la equidad entre los candidatos. Las estaciones de radio tiene la siguiente frecuencia: 91.5 fm y 105.1 fm, ambas se escuchan en Cancún y sus repetidoras 93.9 fm en Cozumel, 99.7 fm con repetidoras en Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Chetumal, 100.1 fm con repetidora en Tulum y Kantuninkin, y 104.5 con repetidora en Nuevo Xcan repartidas por todo el estado de Quintana Roo.

Además de que debemos mencionar que en campañas anteriores, en las que el mismo ciudadano contendió para gobernador y senador, ya había puesto en práctica esta desleal y ventajosa publicidad en su favor y que no se denunciaron públicamente ante los órganos correspondientes pero que son ya del conocimiento de todos los quintanarroenses.

Por otro lado no podemos dejar de mencionar que los medios de comunicación que están al servicio de la Comunicación Social del Gobierno del estado, que por cierto son "bastantitos", también tendrán que hacer su parte y no favorecer a los candidatos del PRI únicamente y asumir un papel de equidad que permita a los candidatos de todos los partidos políticos exponer sus propuestas y sobre todo llevar a efecto debates y foros donde participen la sociedad civil y todos los candidatos.

Si realmente nos asumimos como una sociedad que se está integrando sobre bases democráticas, debemos pugnar por la equidad como uno de los elementos principales de la democracia.

No se puede abusar de estos medios de comunicación en los que la ciudadanía confía para tomar una decisión política y que será reflejada en el presente y futuro del país.

En todo proceso electoral, la equidad debe ser el principio rector que permita la imparcialidad y la igualdad entre candidatos en la contienda por el puesto de elección popular.

En este sentido, cabe acotar que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Quintana Roo establece en sus artículos 40, 141 y 144 que el Consejo General del Consejo Estatal Electoral, celebrara convenios con permisionarios de radio y televisión particulares que operen en la entidad para garantizar que las tarifas que se cobren a los partidos políticos sean menores a la publicidad comercial, así como a los medios de comunicación pertenecientes al gobierno local procurar la participación de todos los partidos políticos haciendo convenios con el Consejo Estatal Electoral. Así como evitarán los medios de comunicación hacer alusión a la vida privada de los candidatos, difamaciones o calumnias que denigren al candidato, partidos políticos o instituciones y tiendan a evitar el desorden público, utilizar símbolos, señales o motivos religiosos o racistas. Por último los topes de campaña serán asignados por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral en base a estudios de mercado y los gastos de propaganda en prensa, radio y TV. Estos gastos comprenden los realizados en cualquiera de estos medios y tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus similares tendientes a la obtención del voto.

Por lo antes expuesto es necesario que se ponga en práctica la vigilancia y revisión del manejo y destino de recursos que se emplearán en esta enorme campaña publicitaria desplegada por todos los partidos políticos en los medios de comunicación tanto en los públicos como en los privados.

Por ello, acudimos hoy a esta alta tribuna para denunciar los hechos mencionados, en virtud de la pluralidad reflejada en la misma, y por la que sabemos que debe ser interés de todos velar por la democracia y sus principios rectores, que no sólo han de verse reflejados en nuestro Recinto Legislativo, sino en todo el país.

En aras de la permanencia y desarrollo de la democracia en nuestros procesos electorales y por las razones antes expuestas, presento y someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Unico. Que este órgano colegiado, haga respetuosamente una invitación al Consejo General del Consejo Estatal Electoral del estado de Quintana Roo para que en usos de sus atribuciones, vele por la equidad en la publicidad hecha a través de los medios de comunicación, especialmente por los electrónicos. Así como se exhorte al Consejo General del Consejo Estatal Electoral del estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus competencias de fiscalización y supervisión establezcan y revisen los topes en el financiamiento y autofinanciamiento de las campañas electorales y su utilización en los medios de comunicación, con especial énfasis en el municipio de Benito Juárez (Cancún) porque como todos sabemos el peso y la importancia que tiene dicha localidad por ser un destino turístico de interés mundial y le da a la Federación recursos por dicho concepto.

Palacio de San Lázaro, México, DF, a 14 de diciembre de 2001.

Dip. Juan Carlos Pallares Bueno (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA APOYAR LA SOLICITUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, PARA QUE LA UNESCO DECLARE AL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los que suscriben, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, venimos a proponerle a esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo para apoyar la solicitud del Gobierno del Estado de Guanajuato, realizada al secretario de Educación para que el Centro Histórico de la Ciudad de San Miguel de Allende, municipio del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, sea declarado patrimonio cultural de la humanidad, por la UNESCO, bajo las siguientes:

Consideraciones

1.- La Villa de San Miguel el Grande, hoy de Allende, fue fundada en el año de 1542 por Fray Juan de San Miguel, en el manantial llamado Izquinapan o sea "Río de Perros", conocido actualmente cono "Manantiales del Chorro". El 18 de julio de 1561 el virrey Luis de Velasco autorizó al alcalde mayor de la jurisdicción que concediera solares, sitios para estancia de ganado menor y las caballerías de tierra solicitados por los vecinos y moradores. En un principio la Villa de San Miguel formó parte de la alcaldía mayor de Xilotepec; posteriormente, en el siglo XVII, alcanzó la categoría de alcaldía.

2.- La población fue elevada a la categoría de ciudad, el 8 de marzo de 1826, por decreto del Congreso Constituyente, con el nombre de San Miguel de Allende. En el siglo XVIII y primera década del XIX, San Miguel era un centro mercantil, industrial y agrícola de mucha importancia, actividades generadas por el tránsito obligado a las minas de Guanajuato, San Luis de la Paz y Zacatecas.

En todas sus épocas, la Villa ha sido exquisitamente edificada por construcciones de extremo valor artístico y cultural, que en su conjunto conforman una armoniosa ciudad, con un centro histórico que sobresale, no sólo porque huele a patria, independencia y libertad, sino porque esta engalanado por la arquitectura de sus majestuosos palacios, iglesias y conventos como: el templo de La Purísima Concepción, conocido como "Las Monjas" de estilo neoclásico en su claustro, que se concluyó en 1842, a instancias de Josefa Lina de la Canal, de la cual sobresale su majestuosa cúpula realizada por el maestro sanmiguelense Zeferino Gutiérrez, quien además proyectó la Parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo seudogótico en sus pilares; el Templo de San Francisco, construido en 1779, su torre se considera una de las mejores del churrigueresco, su fachada es hermosísima y de muy rica y fastuosa labor en piedra; El templo del Oratorio de San Felipe Neri, del siglo XVII; el Colegio de San Francisco de Sales del mismo siglo; la Casa del Mayorazgo de la Canal que resalta por su belleza en el jardín principal de la ciudad, y muchas otras exquisitas construcciones que, aunadas a sus plazas, callejas, callejones y casas de habitación popular de la misma época, hacen que en su conjunto San Miguel de Allende, sea lugar para la admiración universal de miles de personas que año con año la visitan y al marcharse se la llevan en la memoria del alma.

3. Aunado a esto, el municipio posee una gran diversidad de riquezas: riqueza de recursos naturales como los de la cañada de La Virgen, santuario de cactáceas, donde se ubica el sitio arqueológico del mismo nombre; riqueza arqueológica por los asentamientos chichimecas, otomíes que allí subsisten; riqueza paleontológica, como la que se ubica en la zona de Palo Colorado; riqueza de aguas termales, que se traduce en una enorme cantidad de balnearios y spa?s; riqueza artesanal, de manos talentosas que transforman la lana, el latón, la madera, el vidrio en valiosas y exquisitas obras de arte, reflejo de nuestra riqueza de tradiciones que van desde lo indígena a lo mestizo o hispano, de lo norteamericano a lo irlandés, de lo religioso a lo pagano. Tradiciones que, como los colores en la paleta del pintor se entremezclan y crean un sincretismo cultural que desemboca en gente y pueblo con riqueza. Riqueza en gente cálida con el visitante, riqueza en gente comprometida con su patria, dos de los nombres inscritos hasta arriba de las cuatro columnas a mis espaldas, de este recinto, en letras de oro corresponden a ilustres sanmiguelenses como Juan Aldama e Ignacio Allende.

4.- A últimas fechas, su pueblo, siempre inquieto, ha generado una iniciativa social, de reconocer definitivamente el Patrimonio Histórico y Cultural de esta ciudad, promoviendo ante la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, UNESCO, para que sea considerado el centro histórico de esta ciudad, como patrimonio cultural de la humanidad.

5.- Esta iniciativa ha sido apoyada por el H. ayuntamiento de la ciudad, así como por el gobierno de Guanajuato, llevando a cabo una intensa campaña ante la representación en México de la UNESCO, para lograr este objetivo, integrando un completo expediente, que documenta el acervo arquitectónico de esa localidad, así como la historia de la misma.

6.- Así las cosas, el gobierno de Guanajuato a cargo del Lic. Juan Carlos Romero Hicks, firmó con fecha 7 de febrero de 2001, un oficio dirigido al Dr. Reyes Tamez Guerra, secretario de Educación Pública, y presidente de la Sociedad Mexicana de Cooperación con la UNESCO, para que San Miguel de Allende, Gto., sea propuesto por nuestro país como patrimonio de la humanidad.

Compañeras y compañeros diputados:

La patria tiene un deber moral histórico, con la fragua de Independencia nacional. con este pueblo de la nación al que no le ha sido reconocida su aportación conspiradora, fundamento del México de hoy. A esta tierra le ha sido negado el reconocimiento de su grandeza y lealtad a la patria, no le ha sido aún otorgado, el título de bastión nacional, que sus hijos han ganado con sangre, valor e inteligencia. Desde la insurrección popular de 1810 hasta instalación del primer ayuntamiento independiente de la nación o del patriotismo militar de Allende al patriotismo intelectual de don Ignacio Ramírez "El Nigromante".

Resulta justo pues, que esta representación soberana, haga eco de la voz de los ciudadanos de San Miguel de Allende, que quieren que esta ciudad vuelva a ser grande, y se reconozca su centro histórico como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la aprobación de esta H. Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respalda la propuesta realizada por el gobierno del estado de Guanajuato ante el secretario de Educación Pública para que a nombre de México proponga ante la Organización Educacional, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, la UNESCO, que el centro histórico de la ciudad de San Miguel de Allende, Gto., sea nombrado patrimonio cultural de la humanidad.

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Educación Pública, informe a esta soberanía sobre los trámites que realice para lograr el fin propuesto en el presente punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF,
13 de diciembre del 2001.

Diputados: Luis Alberto Villareal García, Salvador Rocha Díaz, Mercedes Hernández Rojas, Mario Garza, Víctor Hugo Círigo Vázquez, Elías Martínez Rufino, Martí Batres Guadarrama, Rafael Servín Maldonado, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Rogaciano Morales Reyes, Rubén Aguirre Ponce, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Adela Graniel Campos, Martín Morales Barragán, Juan Mandujano Ramírez, Felipe Calderón Hinojosa, Arcelia Arredonda García, Silvia Alvarez Bruneliere, Juan Alcocer Flores, Jorge Lara Rivera, Oscar Maldonado Domínguez, José María Anaya Ochoa, Fernando Ugalde Cardona (rúbricas).
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL SAQUEO DE PETROGLIFOS EN MINA, NUEVO LEON, A CARGO DE LA DIPUTADA ERIKA SPEZIA MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las Comisiones de Cultura y a la de Gobernación, Población y Seguridad Pública, de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Consideraciones

La riqueza natural y cultural de nuestro país constituye la parte más importante de nuestro patrimonio. Lo que la naturaleza y la historia nos han legado son bienes irremplazables e irrepetibles, por lo que dichos bienes constituyen la herencia más valiosa que podemos legar a nuestros hijos.

Los diputados del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que la defensa de nuestro patrimonio natural y cultural constituye una de las causas más justas. Más aún, estamos seguros de que a mediano plazo, los objetivos ambientalistas resultan ser los más incluyentes y de interés más general. No se puede concebir ningún asunto que revista un carácter más público que la defensa del patrimonio natural y cultural, ya que involucra los intereses de todos los ciudadanos, de la presente y de futuras generaciones.

Mientras en otros países se tiene una clara conciencia de lo anterior, y se protege de manera especial el patrimonio cultural y natural, a pesar de contar con una riqueza arqueológica, histórica, cultural y en términos de biodiversidad mucho menor que la que nosotros disfrutamos.

En nuestro país, innumerables sitios arqueológicos son abandonados a su suerte, convirtiéndose en presa fácil para el saqueo y el vandalismo. El comercio ilegal de piezas arqueológicas, o inclusive su destrucción por simple ignorancia o indolencia se han convertido por desgracia en algo común.

Tal es el caso de los grabados en piedra o petroglifos del paraje Presa de la Mula, en el municipio de Mina, Nuevo León.

Recientemente, exploradores y activistas de nuestro partido han denunciado el saqueo de partes de estos grabados, así como su destrucción por acciones vandálicas.

Cabe mencionar que los petrograbados de Mina, Nuevo León, están considerados entre los sitios arqueológicos más importantes del norte de México. Según estudios practicados a dichos grabados se calcula que estos datan de hace ocho mil años y representan un importante recurso para entender a las culturas que ahí existieron, las cuales eran principalmente cazadores y recolectores. Tal es la importancia de dichos grabados y dichas culturas, que éstas se encuentran representadas en el propio escudo del municipio.

El saqueo y contrabando de piezas arqueológicas y artísticas se ha convertido en un jugoso negocio para las poderosas redes de complicidad que comercian a nivel internacional. Nuestro país ha sufrido por ese grave problema durante muchos años. Objetos que deberían formar parte de nuestro patrimonio cultural, adornan y enriquecen las colecciones de quienes propician este comercio ilícito.

Sabemos que éste no es el único de los problemas de seguridad pública que sufre nuestro país y estamos conscientes de la escasez de recursos para combatir al crimen organizado. Sin embargo, dada la relevancia que para nuestro patrimonio tiene la protección de los sitios arqueológicos, consideramos de especial importancia en este caso el que se vigile adecuadamente el paraje de Presa de la Mula, municipio de Mina, Nuevo León, y que se investigue y castigue el saqueo y el daño al patrimonio nacional. No podemos permitir que este tipo de hechos se conviertan en algo cotidiano en nuestro país.

Sabemos también que muchos otros problemas aquejan a nuestro país, y que siendo un país con millones de personas en condiciones de pobreza este tipo de asuntos podrían ser considerados como secundarios. Lo que me interesa destacar y recordar a ustedes compañeros diputados, es que lo que se encuentra en juego en este tipo de asuntos es precisamente el patrimonio de todos los mexicanos, y que si dejamos que esto pase, la pobreza de ésta y de las futuras generaciones simplemente se agravará.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica), Francisco Agundis Arias (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Esveida Bravo Martínez (rúbrica), María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica), Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken (rúbrica), Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado (rúbrica).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA APOYE LA CREACION DEL CENTRO NACIONAL DE GEOCIENCIAS Y ADMINISTRACION DE ENERGETICOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, A CARGO DE INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Es indiscutible que el esfuerzo realizado por las instituciones de educación superior, orientadas a la formación de profesionales en actividades relacionadas con la exploración, aprovechamiento y administración de los recursos geológicos de la nación, ha incidido de manera muy importante en el desarrollo del sector energético.

En tal sentido, valga mencionar, que la participación de varias generaciones de ingenieros y técnicos egresados de los centros universitarios ha sido fundamental en el descubrimiento y extracción de los recursos petroleros y de gas natural, en la fabricación de productos derivados del petróleo, en la generación y transmisión de energía eléctrica, en la dirección y operación de organismos y empresas estatales dedicadas a la investigación, explotación, producción y administración de nuestros bienes energéticos, tales como: la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras.

En esta encomiable tarea educativa, destaca la realizada por el Instituto Politécnico Nacional, que desde hace más de sesenta años viene formando profesionales y especialistas en distintas disciplinas relacionadas con la energía. Así, en 1938, esta casa de estudios creó la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura -ESIA-, en la que se formaron los primeros ingenieros petroleros del país; en 1941, estableció la carrera de ingeniero químico petrolero; a finales de esa misma década, con motivo del surgimiento de la industria petroquímica en México, instauró la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas; en 1971, fundó la carrera de ingeniero geofísico, misma que dio lugar al área de Ciencias de la Tierra en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.

Asimismo, a principios de la década de los ochenta, el Instituto Politécnico Nacional inicia dos maestrías estrechamente vinculadas con la exploración y administración económica de los hidrocarburos en México: la Maestría en Geología, con opciones Petrolera, Minera y Riesgo Geológico y la Maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos. La Sección de Estudios de Posgrado encargada de la impartición de estas maestrías, primero estuvo adscrita en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, pero a partir de 1997 está en la ESIA de la Unidad Ticomán.

La misión académica de ambas maestrías es estudiar localizar y explotar los energéticos y su gestión nacional; proporcionar asesoría a profesionales que trabajan en instituciones públicas; formar expertos en esas disciplinas energéticas en regiones petroleras y mineras del país y realizar estudios de investigación, para su publicación en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.

Conviene señalar, que no obstante sus precarias condiciones estos posgrados han logrado tener una amplia presencia nacional, han establecido una sólida vinculación académica en las regiones petroleras y mineras del país, representan una posibilidad inmediata de formar recursos humanos a bajo costo y de alto nivel académico, contribuyen a aumentar las reservas de hidrocarburos del país y permiten actualizar los conocimiento científicos, entre otros tantos beneficios.

De este modo, la Maestría en Geología imparte su programa curricular a egresados de las carreras de ingeniero geólogo, ingeniero petrolero, ingeniero geofísico y biólogos-paleontólogos que laboran en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad y en otros organismos del sector público y privado. Por su parte, la Maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos se imparte desde hace veinte años a ingenieros petroleros, ingenieros químico petroleros, ingenieros civiles y economistas de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo.

Otra significativa contribución de estos programas son los trabajos de tesis para obtener el grado de maestría, los cuales abordan una gama de temas relevantes para el desarrollo de nuestro sector energético. Así, se realizan estudios geológicos para incrementar la producción de campos petroleros de diferentes regiones del país; tesis sobre la caracterización de yacimientos petroleros, estudios para el confinamiento de desechos tóxicos en domos salinos, entre otros. En la Maestría de Administración y Finanzas se desarrollan trabajos relacionados con el esquema tributario de Pemex, con la factibilidad financiera de inversiones en esta paraestatal, así como estudios económicos sobre producción, transporte y distribución de hidrocarburos.

Sin embargo, y a pesar de estas y otras valiosas aportaciones, las maestrías tienen una serie de limitaciones administrativas y una serie de restricciones para ejercer sus recursos presupuestales, ya que académicamente dependen de la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación del IPN y administrativamente están supeditadas a la Dirección de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán.

Esta falta de autonomía impide atender de manera eficaz la fuerte demanda de cursos por parte de profesionales que trabajan en diferentes regiones petroleras y mineras del país lo que, a su vez, también cancela la oportunidad de brindar servicios de asesoría para solucionar problemas apremiantes sobre energéticos. Asimismo, por la situación actual en que se encuentra el posgrado, las maestrías no alcanzan una adecuada proyección nacional e internacional.

De ahí, entonces, la necesidad de modificar el estatuto administrativo actual del posgrado de la citada Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, para crear el Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional, el cual sería la institución nacional académica rectora que prepare recursos humanos de alto nivel, en las disciplinas de ciencias de la Tierra (geología petrolera, minera y riesgo geológico) y en la administración y finanzas de energéticos.

Con plena autonomía académica y presupuestal, este centro estará en capacidad de capitalizar la labor realizada en las áreas de investigaciones geológicas y administrativas; de consolidar en todo el país los programas académicos y de investigación de las dos maestrías; de intensificar la oferta de servicios de consultoría a diversos organismos y empresas del sector publico federal y estatal; y podrá establecer convenios de colaboración académica y de investigación con instituciones de otras naciones.

Es evidente, que si contamos con recursos humanos que estén en la vanguardia de los conocimientos teóricos, técnicos y tecnológicos y que posean una sólida experiencia en el sector energético, podrán solventarse los enormes desafíos que tiene por delante este rubro estratégico de la economía, y podrá convertirse en el motor de desarrollo que tanto anhelamos los mexicanos. Justamente, en aras de contribuir a este alto propósito y con el afán de que el Instituto Politécnico Nacional continúe con la trayectoria de preparar técnicos y profesionales al servicio de la patria, compromiso que históricamente ha distinguido a esta casa de estudios, es por lo que se propone la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos.

Por lo anteriormente expuesto y en atención a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, (los dipulados Juan Camilo Mouriño Terrazo, Rosario Tapia Medina, Roque Joaquín Gracia Sánchez, Noé Navarrete González y Marco Antonio Dávila Montesinos) someten a la consideración del Pleno de esta Cámara el siguiente:

Punto de Acuerdo

1. Que se exhorte a la Secretaría de Educación Publica para que apoye con recursos presupuestales la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos del Instituto Politécnico Nacional.

2. Que se exhorte al director general del Instituto Politécnico Nacional, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 14, fracciones IV y VI, de la Ley Orgánica de esa casa de estudios, gestione y establezca el Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos; dotándolo para este efecto de los recursos presupuestales necesarios.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2001.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL GASTO SOCIAL Y EL PRESUPUESTO AL COMBATE A LA POBREZA, A CARGO DEL DIPUTADO RODRIGO CARRILLO PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo para incrementar la asignación presupuestal a los programas destinados a la población en pobreza extrema, al tenor de las siguientes consideraciones:

1. Frente a los rezagos heredados en casi todas las materias del bienestar social, producto de una política económica que en casi dos décadas tuvo como razón de Estado la concentración del ingreso, poco o nada se ofrece en materia presupuestal para el próximo año.

El presupuesto es uno de los pocos mecanismos con que cuenta el Estado para redistribuir la riqueza. Constitucionalmente, los instrumentos económicos del Estado, como el presupuesto, deben ser utilizados para beneficiar a los más desprotegidos, propiciando su desarrollo individual, en lo económico y social. Sin embargo, la lógica neoliberal impuesta a las finanzas públicas ha ocasionado lo contrario.

Mientras que las necesidades sociales son cada vez más apremiantes, el gasto social es cada vez menos importante.

El gasto social sigue condicionado al pago de la deuda externa y el rescate bancario. Debemos recordar que por segundo año consecutivo la erogación de intereses del rescate bancario casi doblan el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social; las prioridades están clarísimas: menos de un peso diario para millones de pobres; réditos millonarios a un puñado de criminales de cuello blanco.

2. La participación del gasto social dentro del gasto programable ha crecido más como resultado de la reducción relativa del segundo concepto con respecto al PIB que como resultado de una política consistente de expansión del componente social. La propuesta enviada por el Ejecutivo evidencia que el gasto social ha llegado a un límite y que no es posible que los recursos continúen creciendo si no se incrementa la capacidad recaudatoria del sector público. En la última década, el gasto social se mantiene entre 8 y 9 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto, salvo el ejercicio del 2001 (sin contar los recortes y ajustes y un PIB menor al esperado) en que se superó el 10 por ciento.

Sin embargo, en el Presente ejercicio presupuestal, el gasto social, de 592,437.9 millones de pesos, tiene su primer caída desde 1995. Este gasto representa una proporción de 9.6 por ciento del PIB (frente a un 10.6 del año que transcurre) y un 60.4 por ciento del gasto programable. En comparación con el gasto social aprobado para 2001, esto representa una reducción del 4.5 por ciento en términos reales.

Asimismo, los componentes del gasto social sufrirían una severa contracción respecto al presupuesto aprobado en esta soberanía. Educación, 2.7 por ciento; salud, 9.8 por ciento; laboral, 7.6 por ciento; abasto y asistencia social, 3.3 por ciento, y desarrollo regional y urbano, 25.2 por ciento.

La evolución de los componentes del gasto social también evidencia las reducciones de estos componentes como proporción del PIB. Educación pasa de 4.2 a 4.0; salud, de 2.4 a 2.1 y desarrollo regional y urbano, de 1.2 a 0.9 por ciento. Los demás se mantienen.

Sin embargo, el recorte no es parejo, porque en términos reales algunas funciones como la gestión gubernamental tiene un incremento real de 8.1 por ciento. Otros de los rubros que no sufre reducciones -y que revela la marca de origen de los presupuestos recientes- son los recursos destinados al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

3. Para 2002, el Ejecutivo propone un gasto de 67,251 millones de pesos para las políticas de combate a la pobreza, 0.3 por ciento mayor que el aprobado para el presente ejercicio. Con esto, el Pasto dirigido a subsanar las diferencias más lacerantes de nuestra sociedad se mantendrá, igual que el año pasado, en 1.1 por ciento como proporción del PIB.

El incremento, de unos 4 mil millones de pesos, proviene del Programa de Desarrollo Regional Sur Sureste, Progresa y de los programas compensatorios del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Sin embargo, los incrementos y los recursos para programas nuevos (como el de Microrregiones, Oportunidades Productivas y Programas Estatales por Demanda) provienen de los recortes al resto. En algunos casos, incluso ya no se destinan recursos fiscales para su mantenimiento. Son, por ejemplo, el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, Crédito a la Palabra y Productores Agrícolas de Bajos Ingresos. La Propuesta del Ejecutivo no explica en ningún momento la razón de estas omisiones.

Por su monto, destacan las reducciones al Fondo de Asistencia Social del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33; el componente de salud de Progresa e Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua. No mencionamos puntualmente cada recorte porque abarcan toda la gama de programas que ofrece el Ejecutivo federal para paliar la pobreza.

4. Nuestro grupo parlamentario tiene claro que el centro de la política social debe ser el empleo, los salarios y la redistribución del ingreso que amplíen las oportunidades de acceso a los derechos sociales, cuyo cumplimiento si bien es responsabilidad solidaria de la sociedad con cada uno de sus miembros es, fundamentalmente, una obligación de Estado.

El gasto público debe destinarse a fortalecer las capacidades productivas del país y reactivar la demanda: impulsar programas productivos en el campo y la industria (sobre todo para micro y pequeñas industrias), capacitar productivamente a la población desempleada, apoyar proyectos con alto contenido de capital trabajo, entre otros.

Los criterios de la estabilidad financiera del país deben sujetarse a criterios prioritarios de estabilidad social y de recuperación de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Evidentemente, las condiciones de recaudación de la economía nacional, y de las actuales condiciones del entorno económico internacional, es poco plausible esperar que se alcancen grandes metas en materia social; sin embargo, dentro de tales limitaciones es posible reclamar un esfuerzo presupuestal adicional a fin de no reducir la actual cobertura de los programas sociales en su conjunto e incluso ampliarla. El contexto recesivo y de escasez de recursos no tiene porque afectar más al gasto social que a otros componentes del gasto público.

En este sentido consideramos pertinente retomar la propuesta de eliminar la sobretasa del 0.87 por ciento que se propone pagar por concepto de los pagarés que posee el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que para el año 2002 se proyectan con un monto de 697,168 millones de pesos, lo que significa para los contribuyentes destinar recursos adicionales por $6 mil 65 millones de pesos.

En todo caso estamos seguros que si el instituto cumple con su obligación de recuperar activos, puede fácilmente sustituir este financiamiento público para cubrir la sobretasa mencionada.

Sobre todo si queremos hacer realidad el propósito de poner a México al día y a la vanguardia, debemos exigir eficiencia y eficacia a instituciones como el IPAB, que hasta el momento sólo ha cumplido oportunamente con el pago a los banqueros, pero no lo ha hecho con la recuperación de activos, puesto que al mes de septiembre de 2001 había captado 5 mil 549 millones de pesos, de los 20 mil millones que previo recuperar este año, por lo que probablemente al finalizar el ejercicio, no cumplirá la meta de recuperación.

Para destinar los recursos que no se autorizarían al IPAB y dirigirlos al desarrollo social, concretamente proponemos una reasignación que evite la caída presupuestal de los programas de combate a la pobreza a niveles inferiores a los aprobados para el ejercicio del año 2001. Esto significaría un incremento de 6,065 millones de pesos al gasto destinado al combate a la pobreza.

Nuestra propuesta incluye distribuir 3,034.7 millones de pesos para la vertiente "Desarrollo de las Capacidades", en apoyo a los programas de Ampliación de Cobertura (en Salud), Bienestar Social a cargo del Instituto Nacional Indigenista, Educación Indígena, Diconsa, el Fondo de Asistencia Social del Fondo IV del Ramo 33 y Abasto Social de Leche y Tortilla.

Para la vertiente "Oportunidades de Ingreso", proponemos una reasignación de 2,164.1 millones de pesos para fortalecer los programas de Crédito a la Palabra, Productores Agrícolas de Bajos Ingresos, Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, Desarrollo Rural, Infraestructura Hidroagrícola, Zonas Aridas, Maestros Jubilados, Servicio Social y Coinversión Social.

Finalmente , proponernos 866.2 millones de pesos adicionales para la vertiente de "Activos", para incrementar los recursos para el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social del Ramo 33, programas de Agua Potable y Saneamiento, Caminos Rurales y Fonhapo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2002 los recursos suficientes para que no se reduzcan en términos reales el presupuesto y las metas de ninguno de los programas de combate a la pobreza respecto al ejercicio fiscal del año 2001.

Dip. Rodrigo Carrillo Pérez (rúbrica)
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002 SE ELIMINEN LAS DISPOSICIONES QUE HAGAN REFERENCIA AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y LA ADMINISTRACION POR RESULTADOS TANTO DEL PODER LEGISLATIVO COMO DEL JUDICIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA, DEL PSN

La suscrita diputada federal, de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 49 constitucional el principio de división de poderes, de dicho artículo se desprende que el Supremo Poder de la Federación se encuentra dividido para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Segundo: Con las elecciones del dos de julio de 2001 se inicia un momento de transformación política y democrática del país: asume la titularidad del Poder Ejecutivo una persona integrante de un partido político diferente al Partido de Estado, quien pretende dejar atrás los vicios y costumbres de intervenir en las decisiones internas de los otros poderes, es decir, se manifiesta respetuoso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la división de poderes.

Tercero: Con fundamento en el artículo 74 constitucional el titular del Ejecutivo Federal envió a esta Honorable Asamblea la iniciativa del decreto aprobatorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación para el ejercicio fiscal 2002, el 13 de noviembre del año en curso.

Cuarto: Este proyecto se inscribe en un nuevo contexto político, lo cual implica romper, aunque no del todo con los esquemas anteriores; sin embargo este nuevo proyecto, al igual que los anteriores, se mantiene en la constante de pretender atentar contra la autonomía de los Poderes Legislativo y Judicial.

Quinto: El Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación para el ejercicio fiscal 2002, en los artículos 1º, 2º, 11, 12, 20, 24, 28, 49, 71, 74, 76 y Décimo tercero Transitorio contemplan disposiciones que pretenden controlar y condicionar la entrega y aplicación de los recursos presupuéstales de estos últimos, con base en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, soslayando la autonomía para ejercer su presupuesto al Poder Legislativo e inclusive al Judicial.

Sexto: La intervención e invasión de competencias del Poder Ejecutivo Federal hacía los poderes Legislativo y Judicial de la Federación se refuerza con el establecimiento, imposición e introducción en el artículo 24 de la administración por resultados, con lo cual los titulares del Poder Legislativo y Judicial deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas.

Séptimo: De especial cuidado y atención por parte de todos los legisladores es el artículo Décimo Tercero Transitorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, en donde se advierte la intención del Poder Ejecutivo de centralizar, contralor y vigilar estrechamente el uso y destino de los recursos presupuéstales, ya que, según se indica, en dicho artículo, sito:

Por otro lado el artículo 79 de la Ley Suprema establece que la Auditoria Superior de la Federación, tiene a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, por lo que la creación del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) invadiría las facultades que le corresponde a la Auditoria Superior de la Federación.

Octavo: Con fundamento en los artículos 26 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Plan Nacional de Desarrollo la administración por resultados, con base en programas sólo compete a la administración pública federal.

Noveno: El artículo 2 del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo establece que los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas contenidos en el mismo regirán la actuación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los cuales se evaluaran de forma periódica y con base en indicadores por resultados de sus acciones e informaran al respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Décimo: La doctrina y la practica en la administración pública indican que todo programa se realiza mediante la técnica presupuestaria denominada presupuestos por programas el cual pone especial atención a las actividades que se realizan, más que a los bienes y servicios que se adquieren; e integran un conjunto armónico de programas y proyectos y metas que se deben de realizar a corto plazo y permiten la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

Décimo Primero: De los considerandos noveno y décimo se desprende que el Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo es de observancia exclusivamente para el Poder Ejecutivo Federal, y de ninguna manera es extensivo directa o indirectamente a los Poderes Legislativo y Judicial, por lo tanto estos poderes no están obligados a elaborar programas de ningún tipo.

Décimo Primero: Los artículos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, mencionados en el cuerpo del presente no sólo atentan con la división de poderes, sino con la autonomía de gestión administrativa y presupuestal, además perfeccionan el control del Poder Ejecutivo Federal sobre los otros dos poderes.

Décimo Segundo: El Poder Legislativo Federal encarnado en la figura del Congreso General tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que respondan a las complejas necesidades sociales y con ello sentar las bases para una convivencia justa y pacifica entre los individuos de la sociedad, en síntesis su misión es legislar y nuestra labor no puede ser medible cuantitativamente y cualitativamente, a través de programas.

Décimo Tercero: El Poder Judicial de la Federación como uno de los tres poderes de la Unión le corresponde vigilar, defender y hacer respetar el orden jurídico nacional, su misión es prestar con eficacia, eficiencia, congruencia y pertinencia, el servicio público de justicia; asimismo mediante la aplicación del Derecho fomentar el respeto, la cooperación y la voluntad social, a fin de que la justicia sea el medio para que la sociedad alcance su pleno desarrollo.

Décimo Cuarto: Los legisladores de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Poder Judicial de la Federación, estamos cumpliendo con responsabilidad nuestro encargo y hemos reiterado en todo momento nuestra disposición por crear un marco jurídico que atienda de manera expedita los problemas reales y actuales de la sociedad, para responder al momento histórico que vivimos y no debemos y podemos subordinar nuestra actuación a los intereses del Poder Ejecutivo.

Décimo Quinto: Una verdadera y real división de poderes y de facultades, así como el respeto irrestricto de nuestra Ley Suprema, es necesaria para el desempeño eficaz de la misión que cada uno de los tres poderes de la Unión tienen encomendado, sin embargo todas aquellas disposiciones que pretendan subordinar la actuación de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación hacía el Poder Ejecutivo deben ser eliminadas para no violentar el orden constitucional.

Décimo Sexto: Los diputados integrantes de la LVIII Legislatura debemos realizar un ejercicio consciente y comprometido sobre el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002 y eliminar todas aquellas disposiciones que soslayen nuestra autonomía y nuestra esfera de competencia, ya que el Ejecutivo Federal no puede condicionar la entrega de recursos a la actuación y desempeño de los Poderes Legislativo y Judicial, en virtud de que su actuación no puede ser fiscalizada por programas e indicadores que no reflejarían su verdadera misión.

Por lo antes expuesto y con fundamento con lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputada federal integrante del Partido de la Sociedad Nacionalista, someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo.

Primero: Que para asegurar y preservar la constitucionalidad y en especial la división de poderes esta soberanía dictamine, de acuerdo a la facultad constitucional exclusiva en materia de presupuesto establecida en el artículo 74, de forma en que se elimine de todo artículo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002 las disposiciones que condicionen la entrega y aplicación de recursos a cargo de los Poderes Legislativo y Judicial al cumplimiento de los programas y la administración por resultados, ya que es inadmisible que se atente contra la autonomía de estos en beneficio del Poder Ejecutivo.

Segundo: Se suprima el artículo Décimo Tercero Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerció fiscal 2002, ya que contraviene lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo a los catorce días del mes de diciembre de 2001.

Dip. Norma Patricia Riojas Santana
 

CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ENVIE A ESTA SOBERANIA UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PRISIONES FEDERALES Y LOS CONSEJOS TUTELARES DE MENORES, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo como urgente y de obvia resolución, a fin de proteger los derechos humanos y las condiciones de seguridad en las prisiones federales y en los consejos de menores federales.

Dicho Punto lo sustento en base a las siguientes:

Antecedentes

I. En México existen 445 centros penitenciarios dentro del Sistema Nacional Penitenciario, los cuales albergan a 44 mil, 978 reos por delitos federales, de estos 13 mil 447 se encuentran en proceso y 31 mil 531 están sentenciados.

II. En estos centros federales también se encuentran 121 mil 852, reos por delitos del orden común, que sumados a los reos federales nos dan un total de 166 mil 830 internos, lo cual significa que en los Centros de Readaptación Social a cargo del Gobierno Federal existe una sobrepoblación de 39,711 reos.

III. Esta sobrepoblación ha hecho que en la mayoría de los centros penitenciarios se violen los derechos humanos de los reos tanto del orden común como del orden federal, a esto hay que agregarle que los sentenciados y procesados tienen que pagar cuotas y dádivas, de la más diversa índole a las autoridades de los penales para poder recibir cobijas, jabón, alimentos, medicinas y un buen trato por parte de los custodios.

IV. Esto ha llevado a convertir los centros de readaptación social en escuelas de vicio, en centros de perversión ya que son pocos los que tienen acceso a una verdadera educación o a un trabajo que los oriente y prepare para salir socialmente readaptados a la calle cuando cumplan su condena.

V. Pero además no se pueden dar soluciones de fondo cuando el mismo secretario de Seguridad Pública esconde las estadísticas, datos y cifras del problema en que viven los internos de las prisiones federales, situación que se agrava aún más cuando los directores de las penitenciarias se hacen de la vista gorda ante los múltiples quejas de los familiares, que por cierto ha favorecido que la corrupción y la anarquía dentro de las prisiones federales crezca como en ningún otro lado.

VI. Un ejemplo de ello fue el amotinamiento ocurrido el pasado 24 de noviembre del año en curso en el Centro de Readaptación de Varones, ubicado en la delegación Tlalpan de esta ciudad.

VII. En dicho motín los menores se inconformaron por el maltrato cotidiano a que son sujetos por parte de la directora de ese Plantel. Señalando que les violan de manera cotidiana sus derechos humanos, sometiéndolos a castigos infrahumanos y retirándoles la comida como castigo.

¿Entonces donde queda la readaptación social de los menores?

VIII. Para constar esta situación el 28 de noviembre acudimos a este Centro ya que los familiares de los menores nos reportaban graves irregularidades. Desafortunadamente no pudimos ingresar, ya que nos indicaron los encargados que los menores habían llegado a la bodega donde se resguardan los solventes, por lo que se en ese momento se encontraban drogados los jóvenes. Realmente no sabemos si ellos se drogaron o si los drogaron, ya que es muy conocido que es muy socorrido el drogar a los internos cuando hay este tipo de problemas.

IX. Además nos enfrentamos a la corrupción y a la ineficiencia de las autoridades del sistema penitenciario federal ya que dejan escapar a peligrosos narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que por cierto se nos dice que ya están a unos pasos de su captura. A esto hay que agregarle el hecho que las libertades anticipadas, y las preliberaciones se ofrecen al mejor postor y no a quienes realmente lo merecen.

X. Entonces nos preguntamos ¿para qué esta sirviendo el esfuerzo hecho por esta soberanía, para crear una Secretaría de Seguridad Pública?

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberana el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acuerde que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, remita a esta soberanía un informe detallado sobre el estado que guardan el Centro de Readaptación de Varones ubicado en la delegación Tlalpan de esta Ciudad.

Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acuerde que se envíen mensualmente un estado detallado de las condiciones que guardan las prisiones, Ceferesos y centros de readaptación social a cargo de la Federación.

Tercero. El pleno de esta soberanía faculte a los integrantes de la Comisión Especial de Seguridad Pública para realizar una visita al Centro de Readaptación de Varones.

Palacio Legislativo, a 11 de diciembre del 2001.

Dip. Alfredo Hernández Raigosa (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION AL PRESUPUESTO DE LA UNAM, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, en base a las siguientes:

Consideraciones

I. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la educación para todos los mexicanos, define los principios que sustentan nuestro proyecto educativo y establece los instrumentos para hacer de la educación, la palanca de desarrollo nacional.

II. Nuestra Carta Magna establece la obligación del Estado de impartir, promover e impulsar los esfuerzos en materia educativa, y faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes necesarias que permitan coordinar los esfuerzos que en materia educativa realizan los tres ordenes de gobierno y los sectores social y privado. Por mandato constitucional corresponde al Congreso la responsabilidad de fijar las aportaciones económicas, principalmente a través del presupuesto federal que requiere la prestación de este servicio público vital.

III. Impulsar y fomentar la educación representa una de las más altas prioridades del Estado mexicano, y como tal tiene que verse reflejada en la definición de las políticas públicas.

IV. Aunque el Ejecutivo Federal ha reiterado su compromiso de hacer de la educación "el eje fundamental y prioridad central de su gobierno", por lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 remarca que "la elevada prioridad de la educación habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, Iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo.

V. Se ha ignorado el mandato constitucional y los compromisos asumidos públicamente, la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo, no es congruente con las necesidades financieras del sector educativo nacional, ni con las aspiraciones de progreso y justicia social de los mexicanos. En tiempos de estrechez económica, los ajustes presupuestases del Gobierno Federal sacrifican especialmente al gasto social frente a otros ramos presupuestases, agravando la desigualdad social y frustrando la esperanza de cambio de millones de mexicanos expresada el 2 de julio de 2000.

VI. Los diputados vemos con preocupación que la iniciativa presupuesta para el año 2002 en materia de gasto social, particularmente en el ramo educativo, no se corresponde con la más elevada prioridad comprometida por el jefe del Ejecutivo.

VII. El presupuesto asignado al sector educativo, en términos reales es de -5.7% con relación al de 2001; y el presupuesto para educación superior y de postgrado es de -18% con relación al del presente año. Con relación al PIB, ambos descienden de 4.4 a 4.0% y de 0.7 a 0.6%, respectivamente.

VIII. En caso de aprobarse, el descenso de recursos afectaría negativamente la cobertura y la calidad de los servicios que imparte el sistema educativo nacional. Al limitar los recursos destinados al desarrollo de proyectos sustantivos para la educación y la investigación científica del país, se pone en riesgo los avances registrados durante décadas, con gran esfuerzo, por nuestras instituciones educativas.

IX. Un país que no invierte recursos crecientes en su desarrollo educativo, está condenado al atraso tecnológico y al rezago social y económico. Hoy más que nunca ni la sociedad ni el Estado mexicano pueden eludir su responsabilidad con las nuevas generaciones. Está fuera de duda el papel que la inversión educativa tiene para el desarrollo equitativo y sostenible, tanto como para el fortalecimiento de la identidad nacional y la democracia.

X. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, plantea asignar 12 mil 126 millones de pesos, que en términos reales, significa una disminución de -1.4% frente al presupuesto estimado para el cierre del año en curso.

XI. En particular resulta preocupante que el presupuesto asignado no contempla un solo peso a inversión física, afectando así no solamente a obras en proceso, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles, adquisición de equipo e instrumental de laboratorio e insumos para proyectos de investigación, sino incluso para la compra de libros y material de investigación que resultan indispensables para las funciones de docencia y extensión universitaria. Baste señalar que la UNAM tiene a su cargo 141 bibliotecas.

XII. El impacto directo en las actividades sustantivas de la UNAM se estima en 1, 045 millones de pesos, afectando seriamente los programas de inversión, así como los servicios generales indispensables para la operación de la institución, como son comunicaciones, consumo de energía eléctrica, cómputo, fotocopiado, transporte, gastos de intercambios, gastos de edición e impresión de publicaciones, entre otros.

XIII. Los efectos sobre las funciones sustantivas de la UNAM son ciertamente incuantificables, si consideramos que están en riesgo actividades tan importantes como es la cobertura y calidad de los servicios educativos a una población de más de 253 mil estudiantes, 60 mil de los cuales son de nuevo ingreso, así como el desarrollo de cientos de Investigaciones de alto impacto científico, social y productivo.

XIV. Igualmente, las restricciones presupuestales incidirían, sobre el pleno funcionamiento de sistemas estratégicos para el país como el servicio Sismológico, Mareográfico y el Observatorio Astronómico Nacional.

XV. El aporte de la UNAM al engrandecimiento del país está fuera de toda duda. La UNAM atiende a más de 253 mil alumnos de bachillerato, licenciatura y postgrado. Cada año ingresan 60 mil alumnos a esta noble institución, uno de cada diez estudiantes de licenciatura del país está inscrito en la UNAM, así como uno de cada seis estudiantes de postgrado. Uno de cada dos doctores graduados en México egresó de la UNAM. En la UNAM se realiza la mitad de la investigación científica del país.

XVI. Destinar mayores recursos para el fortalecimiento del sistema educativo,, la educación superior y en especial a universidades públicas como la UNAM, es un elemental acto de congruencia política y ética.

XVII. Es urgente elevar los recursos para educación, por lo que desde esta alta tribuna hacemos un llamado a todos los integrantes de la Cámara de Diputados para que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo las modificaciones al presupuesto de egresos para el año 2002, que permita ampliar dichos recursos en congruencia con las metas y compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional de Educación 2001-2006.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados considera que el decremento del presupuesto federal destinado a educación ciencia y tecnología, en combinación con las restricciones impuestas a los recursos destinados a las entidades federativas, tendría un impacto adverso sobre el desarrollo del sector educativo y el bienestar social, presente y futuro de la nación, por lo cual es urgente llevar a cabo adecuaciones a la iniciativa de presupuesto de egresos para el año 2002 enviada por el Ejecutivo a esta soberanía, que permita el crecimiento real de los recursos destinados al sector educativo del país.

Segundo: En materia de educación superior ciencia y tecnología debe realizarse un esfuerzo para que el gasto público alcance las metas que el Ejecutivo federal ha comprometido públicamente ante la nación, de manera que los recursos crezcan de manera sostenida y aseguren la continuidad de los programas encomendados a las instituciones públicas de educación superior.

Tercero: La propuesta enviada por el Ejecutivo federal afectaría gravemente la operación institucional, así como el desarrollo de proyectos sustantivos no sólo para la UNAM, sino para el país. Por lo tanto, se debe asegurar el incremento del subsidio federal asignado a la UNAM para el ejercicio 2002, en particular en lo que corresponde a sus necesidades de inversión y servicios generales esenciales para operar y asegurar la calidad de los servicios que presta a la sociedad mexicana.

Palacio Legislativo, a 11 de diciembre del 2001.

Diputados: Alfredo Hernández Raigosa, Martí Batres Guadarrama, Manuel Añorve Baños, Beatriz Lorenzo Juárez, José A. Calderón Cardoso, José Manuel del Río Virgen, Rosa Delia Cota Montaño, José Narro Céspedes, Jaime Cervantes Rivera, Bernardo de la Garza Herrera, Florentino Castro López, Genoveva Domínguez Rodríguez (rúbricas)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION CON LA PROTECCION DE LA TORTUGA CAREY, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:

Acuerdo

Las tortugas carey son reptiles marinos muy complejos y especializados. Para madurar, llegar a la edad adulta, reproducirse y completar un ciclo vital necesitan de una diversidad de medios, en particular playas terrestres, el mar abierto, aguas costeras y estuarinas. Durante un ciclo vital normal, las tortugas se dispersan, migran recorriendo grandes distancias, a menudo miles de kilómetros, desplazándose hacia alta mar, así como a las aguas territoriales de varios países. El ritmo de crecimiento es bastante lento, necesitando hasta decenios para madurar.

En condiciones normales, la tortuga carey promedio es capaz de reproducirse por lo menos diez años después de alcanzar la madurez. A pesar de su alta fecundidad, presenta una alta mortalidad sobre todo durante las primeras fases de su ciclo vital: muchos huevos no sobreviven al desove; muchas crías no llegan al mar; y muchas de las que lo consiguen no sobreviven más de un día. Una gran variedad de depredadores pueden hacer presa de las tortugas carey en todas las etapas de su vida, pero la depredación más intensa la sufren los huevos, las crías y evidentemente también los especímenes inmaduros.

En México, la tortuga carey tiene sus principales sitios de anidación en el norte de la Península de Yucatán y costas de Campeche.

México presenta uno de los programas más exitosos de recuperación de esta especie, logrando una protección de nidos y hembras sobre todo en las costas antes mencionadas. Este esfuerzo de autoridades, sociedad civil, y organizaciones no gubernamentales debe consolidarse y protegerse hasta que las poblaciones de tortuga carey muestren signos claros de recuperación en sus poblaciones generales.

La tortuga carey en la CITES

La tortuga carey cumple con los criterios de la UICN de 1996 para declarar una especie en peligro crítico de extinción, sobre la base de reducciones de la población global de 80 por ciento o más en las últimas tres generaciones(105 años) y disminuciones previstas en las tres próximas generaciones.

Los datos científicos demuestran que la tortuga carey es la que ha sufrido la más larga y continuada explotación. Además de las amenazas que comparte con otras tortugas marinas, como la pérdida del hábitat de anidación y alimentación, la contaminación del petróleo, la ingestión de desechos marinos, así como el enmarañamiento con ellos, la tortuga carey es explotada por su concha, que en Japón, donde el llamado BEKKO, se maneja artesanalmente para la elaboración de elementos suntuarios, como prendedores, armazón de anteojos, pulseras y otros.

La intensidad de la demanda de conchas de carey en el mundo han influido profundamente en el estado crítico actual de esta especie.

La tortuga carey ha estado listada en el apéndice I de la Convención desde 1975 en que la CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) entra en vigor.

El grupo especial de estudio de la tortuga carey de la CITES reconoció que a causa de sus hábitos migratorios, las tortugas marinas rara vez o nunca caen dentro de la jurisdicción o que son propiedad exclusiva de una nación, por lo que representan un caso especial para dicha Convención, lo que justifica la adopción de medidas especiales. Por lo anterior se propuso la comunicación, cooperación y adopción de un enfoque regional para la conservación de las poblaciones

Tanto en 1997, como en el año 2000 se han presentado propuestas por parte de Cuba y Dominica para transferir la población caribeña de E. Imbricata al apéndice II para exportar una reserva de conchas a Japón, además de una exportación anual de no más de 500 especímenes por año a Japón.

A pesar de que ambas propuestas han sido rechazadas en las dos últimas Convenciones Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 1997 y 2000, sabemos que durante la 12ava Conferencia de las Partes que se llevará a cabo durante el año 2001, existe una alta posibilidad de que se vuelvan a presentar las dos propuestas, y de que en caso de ser aprobada por las partes se afecte un recurso compartido por más de dos naciones del caribe, entre ellas y de manera muy importante las poblaciones del caribe mexicano.

En conclusión, la tortuga carey una especie en peligro crítico de extinción, un recurso compartido de varios países del caribe, y que se sigue explotando clandestinamente por su valor comercial en todos los países de la región, sin lograr un adecuado control, (como lo demuestran los estudios de TRAFFIC).

En México se han llevado programas adecuados de control, con un alto costo económico, por lo que las medidas de protección se deben consolidar.

La amenaza de que la tortuga carey se pase al apartado II de la CITES PUEDE ATENTAR DE MANERA GRAVE CONTRA LAS POBLACIONES QUE MÉXICO PRESERVA Y PROTEGE.

Por lo anterior es necesario que se realice una revisión a fondo de todos los aspectos que influyen en las poblaciones de las tortugas carey, así como de su ecología para determinar la posición que nuestro país deberá llevar a la próxima Conferencia de las Partes a celebrar en el año 2002

Punto de Acuerdo

Primero.- Que la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados realice una consulta con especialistas acerca de la biología y ecología de tortugas marinas en especial de tortuga carey, así como su distribución nacional y regional, con el objeto de conocer la problemática real que presenta la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), tanto a nivel nacional como regional.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que haga pública la posición que llevará nuestro país, particularmente en lo que se refiere a tortuga carey (Eretmochelys imbricata), ante la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, con anterioridad a la misma.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de diciembre del 2001.

Diputados Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica) Coordinador; Francisco Agundis Arias Vicecoordinador, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A TRAVES DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, REANUDE DE INMEDIATO EL PROGRAMA ESPECIAL DE VERIFICACION AMBIENTAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:

ACUERDO, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1.- En 1975 se declara veda total para la pesca de la Totoaba (Cynoscion macdonaldi).

2.-El 10 de junio de 1993 se crea por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Area Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, entre los 31º 00´-32º 10´ norte y 115º 30´-115º 15´ oeste, con una superficie de 934,756 Ha que incluye una zona núcleo de 164,779 Ha y una zona de amortiguamiento de 769,976 Ha. Incluyendo dos provincias fisiográficas de suma importancia ecológica, la del alto Golfo de California, y parte del desierto sonorense encontrándose en esta, comunidades bióticas marinas representantes del Alto Golfo de California; humedales del Delta del Río Colorado; y comunidades terrestres, en parte de matorral desértico sonorense y el valle del Bajo Río Colorado. Así el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado albergan más del 17 por ciento de las especies endémicas de flora y fauna marina y costera de México, entre ellas la Vaquita marina (Phocoena sinus) único cetáceo marino endémico de nuestro país y la Totoaba (Cynoscion macdonaldi) único pez marino endémico de México, ambos en grave peligro de extinción.

3.-El 5 de junio de 1996 fue entregado el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado por el C. Presidente de la República Mexicana, Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León a la comunidad que habitaba en la región y haciéndose oficial el 5 de julio de 1996 al publicarse el aviso secretarial en el Diario Oficial de la Federación.

4.-El 30 de noviembre del 2000, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a partir de estos antecedentes, exponemos las siguientes:

II. Consideraciones

La Ley General del Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en su Artículo 48, primer párrafo, establece que

Aproximadamente una semana después de iniciado el operativo, representantes de la industria pesquera de la región del Alto Golfo de California y el director de Fomento Pesquero del estado de Sonora sostuvieron una audiencia con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exigiéndoles se suspendiera el operativo mencionado, bajo razones de índole socio-económica.

El día 13 de noviembre del 2001 se suspendió el operativo sin saber de qué autoridad vino la orden, e inmediatamente un número aproximado a 40 barcos volvieron a pescar con redes de arrastre en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Cabe mencionar que una semana después los barcos dejaron de entrar a la zona de amortiguamiento debido probablemente a un llamado de atención o a las condiciones climáticas, no obstante que el operativo sigue suspendido, por lo cual podrían volver a entrar en cualquier momento, en detrimento de las poblaciones sujetas a diversos estatus de conservación por el Gobierno Mexicano dentro de dicha Reserva de la Biosfera.

Es imprescindible dar cumplimiento a la Ley y a su Reglamento y de esta manera, mantener a los barcos camaroneros fuera de la zona de amortiguamiento ya que esta es la única forma en que se puede garantizar la conservación del hábitat para la reproducción, desove y crianza de especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción como son la vaquita marina y la totoaba, así como de otras especies de importancia comercial para la pesca ribereña.

Los pescadores originarios de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado al momento de su decreto, únicos legalmente autorizados para pescar en la zona de amortiguamiento, consideran indispensable el cumplimiento del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas y las políticas del Plan de Manejo de la Reserva publicado en el Diario Oficial de la Federación como se mencionó en los antecedentes, para poner en marcha un programa de recuperación de la vaquita marina.

Los pescadores originarios de la región están dispuestos a eliminar redes agalleras que causan parte de la mortalidad de la vaquita marina, pero demandan que se prohiba la entrada de barcos pertenecientes a compañías ajenas a la zona de amortiguamiento en el momento de su decreto, zona en la cual legalmente sólo pueden trabajar aquellas personas que habiten en el área al momento de su decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Adicionalmente, nuestro país corre el grave riesgo de sufrir un embargo camaronero por parte de los Estados Unidos de Norte América, ya que diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales de esa nación se han percatado de la flagrante violación a la legislación ambiental en México. La zona de la reserva constituye solamente el 6 por ciento del área del Golfo de California donde la flota camaronera puede trabajar. Es inconcebible que por unas cuantas compañías que violan la Ley se ponga en riesgo a la industria camaronera de nuestro país y más aún a dos especies en grave peligro de extinción en México, que de desaparecer posicionarían a México como el primer país que pierde un cetáceo marino en la historia de la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados del Partido Verde Ecologista de México proponemos el siguiente.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reanude en forma inmediata el programa especial de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

SEGUNDO.- Se mandata al Ejecutivo Federal para que gire instrucciones al C. Víctor Lichtinger Waisman, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que dé cumplimiento a lo establecido por la Ley General del Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas.

TERCERO.- Se cita a comparecer al C. Víctor Lichtinger Waisman, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que explique las razones por las cuales suspendió el operativo de verificación ambiental en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en violación a lo dispuesto por la Ley General del Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de diciembre del 2001.

Diputados: Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica) Coordinador; Francisco Agundis Arias Vicecoordinador, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera (rúbrica), Sara Guadalupe Figueroa Canedo (rúbrica), Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González (rúbrica), Erika Elizabeth Spezia Maldonado
 

CON PUNTO DE ACUERDO, CON EL FIN DE QUE SE DESTINE, DEL PRESUPUESTO PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL 30 POR CIENTO A LA CONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, A CARGO DEL DIPUTADO RUBEN AGUIRRE PONCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

En esta Cámara de Diputados se escuchan propuestas cuyos beneficios van dirigidos a las grandes elites capitalistas explotadoras de servicios de Comunicaciones y Transportes, pero poca es la preocupación de que esos servicios prioritariamente beneficien a los sectores rurales, indígenas y marginados de nuestro país, por ello como de urgente resolución, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo un punto de acuerdo, para que al aprobar la Cámara de Diputados el Presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precise que de la parte que corresponda a infraestructura carretera, deberá destinar el 30 por ciento a la construcción, pavimentación y conservación de los caminos rurales existentes en todos y cada uno de los estados de la Federación.

Exposición de Motivos

Sexenio tras sexenio, el Gobierno Federal promete el bienestar social para las comunidades rurales e indígenas, repiten una y otra vez sus propósitos para incorporarles a los avances tecnológicos de la vida moderna, sin embargo siguen marginadas arrastrando sus polvorientos pies transitando por sus brechas ancestrales, mientras los representantes populares poco atienden la lucha por reivindicar para ellos prestaciones en materia de comunicaciones y transportes.

Se legisla sobre reglas para la coordinación de competencia entre las elites de los grandes capitales que explotan infraestructuras carreteras, navieras, aéreas de telecomunicaciones, y otras más, pero los caminos rurales y la telefonía rural sigue tratándose como una dádiva y no como prestaciones de obligación nacional.

Si bien existe el apoyo del Gobierno Federal a través de aportaciones de recursos públicos, esto se hace como algo aleatorio, y por ello en los informes anuales del Ejecutivo Federal, sólo se reporta la cifra global y kilómetros resultado de lo invertido, sin que se toquen aspectos de cómo se distribuyeron entre los Estados, como fueron utilizados, ni bajo que formas de compromisos se otorgaron.

En el sexenio de Ernesto Zedillo, en el tercer informe de gobierno, se reporta que para 1997, se invirtieron 2,383.7 millones de pesos a la construcción y ampliación de infraestructura carretera, y de ellos se destinaron 1,396.2 millones de pesos, para construir, pavimentar y conservar 59, 603.3 kilómetros de caminos alimentadores y rurales (lo que representó una inversión de casi el 58.64 por ciento del presupuesto).

Cabe resaltar que en este tercer informe, se anuncia que con el propósito de avanzar en la modernización de los tramos estratégicos ubicados en los ejes troncales y la construcción de caminos rurales, con parte de los recursos provenientes de las concesiones del servicio ferroviario, en junio de 1997 se constituyó el Fondo para Infraestructura Carretera por un monto de 8 mil millones de pesos. Sin embargo en los posteriores informes ya no se hace referencia a este fondo ni se reporta el ejercicio de dicha cantidad.

En el cuarto informe de gobierno, se informa que entre septiembre de 1997 y agosto de 1998, se invirtieron 5,505.5 millones de pesos para infraestructura carretera, y de ellos se destinaron 899.5 millones a la atención de 68,292.4 kilómetros de la red de caminos alimentadores y rurales, (lo que representó una inversión de casi al 16.34 por ciento del presupuesto).

Según el quinto informe de gobierno, entre septiembre de 1998 y agosto de 1999, la inversión presupuestaria en infraestructura carretera ascendió a 6,853.4 millones de pesos, de los cuales se destinaron 1,857.5 millones para la construcción, mejoramiento y atención de 62,727 kilómetros de carretera alimentadoras y caminos rurales, (lo que representó una inversión de casi al 27.4 por ciento del presupuesto).

En el sexto informe de gobierno, se informa la inversión de 12,752 millones de pesos para infraestructura carretera, y de ellos se destinaron 2,185.6 millones a la atención de 68,292.4 kilómetros de la red de caminos alimentadores y rurales, (lo que representó una inversión de casi al 17.4 por ciento del presupuesto).

Es muy notorio que en el gobierno zedillista la inversión pública para caminos rurales del año de 1997 al 2000, se redujo del 58.64 por ciento al 17.4 por ciento. Para comprender el porqué de esta reducción en la inversión, basta echar un vistazo a la política de inversión en carreteras de cuota que ocasionó el desastre del rescate carretero.

En el primer año del gobierno foxista, de la inversión de 4,101.1 millones de pesos destinados a infraestructura carretera, para caminos rurales se invirtieron 1,496.40 millones a la construcción de 589.3 kilómetros, a la reconstrucción de 5,113.2 kilómetros y a la conservación de 39,015.5 kilómetros.

De la inversión total que el gobierno zedillista destinó a infraestructura carretera, el gobierno de Vicente Fox la redujo en 8,651.1 millones de pesos, y para caminos rurales aún cuando la inversión fue del 36.5 por ciento, lo cierto es que para caminos rurales la inversión se redujo en 68,292.40 millones de pesos.

A la fecha, la inversión en caminos rurales sigue siendo un acto de dádivas del Gobierno Federal, ya que en esta Cámara de Diputados no se tiene contemplado proyecto o estudio para que la inversión en infraestructura carretera promueva una política en beneficio de social de las comunidades.

Hasta ahora los registros estadísticos para caminos rurales, siguen siendo los del gobierno zedillista, que al inicio de su gestión en el Programa de Trabajo de la SCT, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1996, se reportaron a nivel nacional 147,465 kilómetros y en estadísticas de 1999 se señalan 166,002 kilómetros de los cuales 21,816 son de terracería, 135,405 revestida y 8,781 kilómetros pavimentada. De lo anterior se puede deducir que en 6 años de gobierno la inversión en este renglón solo permitió un crecimiento aproximado de 25.5 por ciento.

Estamos siendo testigos de que en la nueva administración, el Gobierno Federal repitiendo el patrón de los anteriores gobernantes, se preocupa por que la inversión en comunicaciones y transportes, esté dirigida a proteger los intereses de los capitalistas explotadores de servicios, baste citar el proyecto de subvencionar a la industria aeronáutica nacional.

En el ámbito legislativo la Comisión de Transportes de esta Cámara, en su Programa de Trabajo septiembre 2001- agosto 2002, nada refiere a caminos rurales, solo señala temas referidos a "Revisión de presupuesto en materia de mantenimiento, conservación y construcción de infraestructura " y "Nuevos esquemas de participación privada para la construcción y mantenimiento de la infraestructura".

Por ello compañeras y compañeros diputados, desde esta tribuna los convoco para que en el renglón de infraestructura carretera, su inversión tenga una orientación prioritaria para los caminos rurales por los que transitan los más pobres y aislados de nuestro país, y que es quizás la única alternativa que les abra la puerta al desarrollo, a la educación, a la difusión de su cultura y valores, a la salud, al comercio y a su integración nacional.

Es necesario establecer verdaderas alternativas políticas y no simples dádivas, por ello propongo a este pleno etiquetar los recursos federales que se destinarán para los caminos rurales, y creando una comisión que sea instancia que verdaderamente se aboque a realizar una planeación política para modernizar los existentes en nuestro país.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Que al aprobar la Cámara de Diputados el presupuesto para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precise que de la parte que corresponda a infraestructura carretera, se deberá destinar el 30 por ciento a la construcción, pavimentación y conservación de los caminos rurales existentes en todos y cada uno de los estados de la Federación.

Segundo.- Que en comisiones unidas, la de Transportes y la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, integren una comisión especial encargada de coordinar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el análisis y evaluación de los caminos rurales existentes en cada uno de los estados de la Federación, registrar los recursos federales que a cada uno de ellos se otorga para ese fin y determinar los recursos requeridos tanto federales como estatales para su construcción, pavimentación y conservación.

Tercero.- Que dicha Comisión también se encargue de investigar y dictaminar sobre el destino que al año 2001 se ha dado al Fondo para Infraestructura Carretera, constituido por Ernesto Zedillo en el año de 1997, con recursos provenientes de las concesiones del servicio ferroviario, por un monto de 8 mil millones de pesos para la modernización de los tramos estratégicos ubicados en los ejes troncales y la construcción de caminos rurales.

Diputados: Esteban Martínez Enríquez, Francisco Patiño Cardona, Rogaciano Morales Reyes, Rafael Servín Maldonado, Rosario Tapia Medina, Raúl González Villalva, Timoteo Martínez Pérez, María de los Angeles Sánchez Lira, Petra Santos Ortiz, Miroslava García Suárez, Félix Salgado Macedonio, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Auldárico Hernández Gerónimo, Adela Graniel Campos, Alejandro Gómez Olvera (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACION A LA UNIVERSIDAD DE SINALOA, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO DIAZ  DE LA VEGA,  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados, ponemos a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para resolver la grave problemática que enfrenta la Universidad Autónoma de Sinaloa, ante la estrechez financiera que amenaza la viabilidad de la institución.

El cinco de mayo de 1873 abre sus puertas en la ciudad de Mazatlán, la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el nombre de Liceo Rosales. Caracterizada por una visión positivista de la ciencia fue la pionera de la educación superior en el noroeste mexicano. Así empezó a desarrollarse lo que sería el árbol frondoso que al paso del tiempo, cubriría gratamente al estado de Sinaloa entero y plantaría los brotes prometedores en muchísimas partes de la región y del país.

Transcurridos más de 128 años, esta institución se integra por una plantilla de 8, 372 trabajadores, cuenta con al menos un plantel educativo en cada uno de 17 municipios, de los 18 que conforman el estado y ofrece 52 carreras diferentes de nivel licenciatura en los cinco principales municipios. Actualmente, cubre el 45.10% del total de los servicios educativos en el estado, con 106,545 estudiantes en sus aulas. Específicamente en la Educación Superior Pública atiende el 71.4% de licenciatura y el 52.5% en el bachillerato. En síntesis es la institución de educación superior con más tradición y presencia en Sinaloa y el noroeste del país, ocupando el cuarto lugar nacional por el número de estudiantes que atiende. La eficiencia terminal de la Universidad Autónoma de Sinaloa es del 66%, mientras que la media nacional es de 54%.

Por otro lado, es importante destacar, entre otros problemas estructurales, el desfase que se ha dado entre la plantilla reconocida por la SEP y la plantilla real de la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el periodo de 1993 a 2001, con los siguientes datos:

Estas iniquidades se ven reflejadas de manera ostensible en el costo por alumno, de tal suerte, mientras la media nacional de las universidades públicas estatales es del orden de los 30 mil pesos y el de las instituciones de educación superior nacionales es de casi 52 mil pesos, el de la Universidad Autónoma de Sinaloa apenas alcanza los 21 mil pesos.

Compañeras y compañeros diputados:

Con ésta apretada síntesis de la realidad que hoy vive la Universidad Autónoma de Sinaloa convocamos a la convicción de todos Ustedes para considerar que una institución como la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está cumpliendo cabalmente con su función en el marco de los logros a los que hemos hecho referencia, debe recibir un trato justo y equitativo para aproximarse al promedio nacional de subsidio ordinario por alumno de las universidades públicas estatales.

El esfuerzo encomiable que hasta ahora ha venido realizando, bien merece una mirada cercana para comprender que los beneficios que haya de obtener la Universidad Autónoma de Sinaloa, son a la vez, beneficios directos para muchos miles de mexicanos que en sus espacios académicos, culturales y deportivos, desarrollan sus anhelos de una vida mejor.

Por lo anterior expuesto, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere la critica situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la revisión y dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 y, en su caso, se le asignen recursos suficientes para que el costo por alumno de dicha universidad, alcance la asignación promedio que en este rubro tienen las Instituciones de educación superior estatales, en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, trece de diciembre de 2001.

Diputados: Fernando Díaz de la Vega (rúbrica), Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), Florentino Castro López (rúbrica), José Jaime Barrón Fonseca (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Policarpo Infante Fierro (rúbrica), Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Martha Ofelia Meza Escalante (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica), Rubén Félix Hays (rúbrica), Enrique Aguilar Borrego (rúbrica), Hilda Anderson Nevares (rúbrica), Francisco Salvador López Brito, Emilio Rafael José Goicoechea (rúbrica), Gregorio Urías Germán, Víctor Antonio García Dávila (rúbrica).
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE DESTINEN MAYORES RECURSOS ECONOMICOS AL RUBRO DE MARINA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, A CARGO DE LA COMISION DE MARINA

Los suscritos legisladores federales integrantes de la Comisión de Marina, en la LVIII Legislatura, nos permitimos aludir el contenido del artículo 71, fracción II, constitucional, así como los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y precepto duodécimo, inciso a, del Acuerdo referente a las Comisiones, nos permitimos presentar la siguiente Propuesta, a efecto de solicitar mayores recursos económicos al Presupuesto de Egresos de la Federación, tocante al rubro de Marina, para el Ejercicio Fiscal del 2002, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Los presupuestos de egresos asignados al Sector Marina, en los últimos 3 años se han incrementado en comparación con el año antecesor, lo cual se representa de la siguiente manera:

Año 1999

13 Marina $6,606,990,000.00

Año 2000

13 Marina $8,396,779,400.00

Año 2001

13 Marina $8,873,400,000.00

En términos porcentuales, podemos apreciar comparando entre 1999 y 2000, se otorgó un incremento de $1,789,789,400.00, lo que representa el 27.089%.

Entre el presupuesto de 2000 y 2001, la diferencia fue de $476, 620,600.00, es decir el 5.676%.

Es por los antecedentes ya citados, los cuales reflejan cifras insignificantes respecto a los recursos asignados para la ejecución de los programas de trabajo, y las metas establecidas en los ordenamientos de planeación del propio Ejecutivo, que solicitamos incremento de recursos económicos, para impulsar mayormente las actividades marítimas, y el fortalecimiento y profesionalización de las Fuerzas Armadas del país, todo ello bajo los siguientes

Considerandos

Que para el año 2002, se tienen considerados $8,518,470,000.00, siendo incongruente dicha partida presupuestal en comparación con los tiempos actuales, las circunstancias por las que atraviesa el sector marítimo y el impulso generado con mayor auge en torno a la reactivación de la marina mercante y las fuerzas armadas.

Que lo que se tiene previsto asignar en 2002, en comparación con el año 2001, representa un decremento de $-354,930,000.00, lo que se traduce en -3.99%.

Que de acuerdo al documento sobre la propuesta de reducción para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, conforme a directivas SHCP (Gasto de Inversión), se aprecia una considerable disminución en tres rubros de esencial importancia para la Marina, rubros en los cuales hemos estado insistiendo y trabajando para dar mayor impulso a las tareas de la Marina.

Que no se ha estimado en el documento emitido por la SHCP que estos rubros implican además la apertura no sólo una gran fuente de inversión y de capitales, sino de fuentes de trabajos encaminados a la construcción, rehabilitación y ejecución real de otras obras.

Que lo anterior contribuirá a consolidar una de las metas que se ha fijado en Gobierno Federal, resumida en mayores fuentes de empleo, bajo un esquema 100% humanista y social.

Que los rubros fundamentales para la inversión son:

Que no podemos dejar de percibir que los apartados mencionados se refieren a gastos de inversión, lo cual implica por razones obvias, mayores posibilidades de captación de recursos y modernización de instrumentos generadores de riqueza, bajo esta premisa es esencial justificar y argumentar se debe invertir para producir.

Que del análisis del documento mencionado, es viable optar por la reconducción de recursos en rubros tocantes a gasto corriente y gastos de inversión que no resultaron afectados con la propuesta de reducción al Presupuesto de Egresos para el año 2002, inyectándolos a. los tres programas esenciales de gasto de inversión afectados.

Proponemos que estas reconducciones sean de la siguiente forma:

Una de las razones por las cuales proponemos sean estos rubros señalados los que disminuyan la asignación presupuestal, es por considerar que en la mayoría de los casos, se tratan de obras que pueden irse construyendo o perfeccionando poco a poco incluso pueden progresar y concluir en más o menos dos años y no es prioritario, a comparación de los tres programas de inversión que han venido esperando para su ejecución por lo menos desde el año pasado.

Asimismo, en el documento emitido por la SHCP, se aprecian palabras como modernizacíón, y construcciones complementarias, y la argumentación lógica de los legisladores es: ¿si ya existen construcciones primarias, por que no invertir paulatinamente durante los próximos años en esos proyectos y aplicar mayores recursos a rubros fundamentales que incluso pueden generar recursos aplicables a los mismos?

En resumen, la cantidad que pretendemos se aumente al presupuesto de Marina, es de $224,896,460.00 procediendo con este incremento a la ejecución de los planes y objetivos de la actual administración en materia de Marina-Armada de México, con un presupuesto final de $8,743,366,460.00.

Considerando que esta cantidad comparada con el Presupuesto propuesto para el 2002, varía en un + 1.032% aproximadamente, es realmente mínimo el porcentaje que se solicita.

Por todo lo anterior sometemos a su consideración, la siguiente:

Propuesta

Para la aplicación de mayores recursos en proyectos prioritarios de inversión, dentro del área Secretaría de Marina-Armada de México, es menester pugnar para:

Legisladores integrantes de la Comisión de Marina en la LVIII Legislatura: César Patricio Reyes Roel (rúbrica), Presidente de la Comisión; Julio C. Lizárraga López (rúbrica), secretario; José A. Vallarta Ceceña (rúbrica), secretario; Luisa A. Domínguez Ramírez (rúbrica), secretario; Angel A. Meixueiro González (rúbrica), Carlos A. Flores Gutiérrez (rúbrica), Eréndira O. Cova Brindis (rúbrica), Alfredo Ochoa Toledo (rúbrica), Guillermo Díaz Gea (rúbrica), Gustavo A. González Balderas (rúbrica), Héctor N. Esquiliano Solís, Héctor Sánchez López (rúbrica), José A. Botello Montes, José R. Escudero Barrera, José T. Lozano y Pardinas (rúbrica), Julieta Prieto Fuhrken, Luis M. G. Barbosa Huerta, Manuel A. Narváez Narváez (rúbrica), Manuel Braulio Martínez Ramírez (rúbrica), Mercedes Hernández Rojas, N. Salvador Escobedo Zoletto (rúbrica), Raúl Covarrubias Zavala, Ricardo A. Ocampo Fernández, Rigoberto Romero Aceves, Rufino Rodríguez Cabrera (rúbrica).
 
 

A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el sábado 15 de diciembre, a las 9:30 horas, en el salón A de del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Declaración quórum. (Tratado).

2. Lectura del orden del día. (Tratado).

3. Exposición del diputado César Augusto Santiago sobre su iniciativa de reformas al artículo 3º y al Título Segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Tratado).

4. Discusión del proyecto de dictamen y de decreto que reforma los artículos 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Votación).

5. Discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General. (En discusión).

6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Augusto Gómez Villanueva
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO

A la presentación del libro Violencia en Casa, el martes 18 de diciembre, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).

Atentamente
Dip. Concepción González Molina
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION ESPECIAL SUR-SURESTE

A su reunión plenaria, el miércoles 19 de diciembre, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

Atentamente
Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto
Presidente
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la reunión de su Mesa Directiva, el miércoles 19 de diciembre, a las 15 horas, en las oficinas de la Comisión.

Atentamente
Dip. Arcelia Arredondo García
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

A la reunión de la Subcomisión de Discapacidad, que se llevará a cabo el miércoles 19 de diciembre, a las 15 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Lectura del acta anterior.

3. Presentación del avance en las excitativas.
4. Avances generales de los trabajos y actividades de la Subcomisión.
5. Plan de acciones próximas a desarrollar.

6. Asuntos generales.

Atentamente
Dip. Enrique Adolfo Villa Preciado
Coordinador de la Subcomisión
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A la entrega de reconocimientos del Seminario Taller sobre Agua y Desarrollo Sustentable, el miércoles 9 de enero de 2002, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales, contanto con la presencia del diputado Diego Cobo Terrazas, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la M en C Julia Carabias Lillo, presidenta del Centro Interdiciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CeIBA.

Atentamente
Dip. Diego Cobo Terrazas
Presidente