De la Secretaría de Gobernación, tres con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del primer receso del tercer año

México, DF, a 8 de marzo de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-2228 signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/33 suscrito por el Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a un informe sobre la implementación de programas cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, 6 de marzo de 2012.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves

Subsecretario de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/0260/12, mediante el cual se remitió punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 25 de enero pasado, en el que se solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), “informe puntual y detalladamente si ha implementado, en términos de los artículos 3o. y 56 de la Ley Federal del Trabajo, programas cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo”.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe en su artículo 1o. toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Del mismo modo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, define como discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; dicho concepto incluye la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en condiciones de igualdad y equidad, ha sido necesario que el estado establezca instrumentos concretos con el objeto de eliminar conductas discriminatorias en el ámbito laboral. A lo cual, la STPS –de conformidad con lo que establece el Eje Rector Número 2, objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo– está en principio obligada a promover políticas y generar condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos en el sector formal.

Bajo el esquema del Plan Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, se contempla la Política de Igualdad Laboral, la cual tiene por objeto promover acciones que permitan mejorar las condiciones de acceso, promoción y permanencia en el mercado de trabajo; que fomenten el trabajo digno, en igualdad de condiciones, sin violencia ni discriminación para las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad laboral, así como mejorar las condiciones de empleabilidad.

Bajo esta tesitura la STPS, en materia de igualdad y no discriminación, viene realizando diversas acciones entre las que destacan:

Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres

Este instrumento jurídico es único en su género en América Latina, constituye un medio significativo para transitar de una igualdad en los derechos a una igualdad en los hechos y tiene como objetivo certificar el respeto de los mínimos laborales: libertad, equidad, accesibilidad, igualdad, previsión social y clima laboral, en dependencias y entidades públicas; en empresas privadas, y sindicatos.

Dentro de los indicadores que contempla la certificación bajo la norma mexicana se encuentran el de no requerir examen de no gravidez ni de VIH/SIDA para el ingreso al empleo; que las empresas públicas y privadas cuenten con la accesibilidad necesaria para personas con discapacidad y mujeres embarazadas, y se fomente la contratación de las personas adultas mayores.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General para la Igualdad Laboral, desde la entrada en vigor de la norma, el 8 de junio de 2009, se tienen los siguientes resultados:

Administración Pública Federal (APF)

• De las 21 entidades que integran el sector central, 20 se han sometido al proceso de certificación bajo la norma mexicana, habiendo obtenido el certificado aproximadamente 131 unidades responsables.

• Se han sometido al proceso de certificación un total de 40 organismos que integran el sector paraestatal con un aproximado de 136 unidades responsables.

• Se certificaron 6 unidades responsables pertenecientes al municipio de Querétaro, generando beneficios para 705 trabajadores, de los cuales 363 son mujeres y 342 son hombres.

• La certificación de las dependencias y entidades de la APF (sector central y paraestatal) ha beneficiado a 28 mil 473 trabajadores, de los cuales 47.5 por ciento (13 mil 507) son mujeres y 52.5 por ciento (14 mil 966) son hombres.

Iniciativa privada

• El total de empresas certificadas asciende a 13, con aproximadamente 705 sitios pertenecientes a empresas como Manpower, Scotiabank Inverlat, JW Marriot, Asociados Home Depot, SA de CV, por mencionar algunos.

• La certificación del sector privado ha generado beneficios para 20 mil 602 trabajadores, de los cuales 43 por ciento (8 mil 860) son mujeres y 57 por ciento (11 mil 742) son hombres.

Red Nacional de Vinculación

Es un mecanismo de coordinación interinstitucional para impulsar la capacitación, canalización, colocación y rehabilitación laboral de las personas en situación de vulnerabilidad; su objetivo es coordinar las acciones de instituciones públicas, privadas y sociales que prestan servicios especializados en materia de inclusión laboral, de acuerdo a las necesidades particulares de cada grupo de la población. Dicho mecanismo contempla la vinculación de los ofertantes y demandantes.

De acuerdo al 5o. Informe de Labores, de 2007 a 2011 las Redes de Vinculación Laboral han atendido a un total de 16 mil 503 personas con discapacidad; 19 mil 261 personas adultas mayores; y 157 personas con VIH/SIDA.

Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo

Es una estrategia para combatir la discriminación laboral que se ejerce en contra de las personas con discapacidad, adultos mayores o personas con VIH/SIDA; impulsa su rehabilitación para el trabajo y promueve su integración y permanencia laboral. Su objetivo es fomentar la participación de las empresas en la generación de oportunidades de empleo para las personas en situación de vulnerabilidad laboral y reconocer a las empresas que los contratan.

Busca favorecer la autonomía e independencia de las personas en situación de vulnerabilidad y sensibilizar a los centros de trabajo sobre su potencial, capacidades y habilidades laborales. De acuerdo al 5o. Informe de Labores, entre 2005 y 2011 se otorgó el distintivo a 516 centros de trabajo, beneficiando a más de 6 mil trabajadores.

Distintivo Empresa Familiarmente Responsable

Es un instrumento que permite reconocer las buenas prácticas laborales, además de mostrar rutas posibles de mejora continua a través del desarrollo del capital humano, que incidan en la productividad y competitividad de las empresas. Constituye un sistema de ética laboral integrado por tres grupos de prácticas laborales relacionadas con la conciliación de la vida laboral-familiar; igualdad de oportunidades y combate a la violencia laboral; y al hostigamiento sexual.

Sólo en el año 2010 se distinguieron 78 empresas de 17 entidades federativas, las cuales tienen contratadas a 50 mil 691 personas, de las cuales 18 mil 093 son mujeres y 32 mil 598 hombres, (5o. Informe de Labores)

Programa Nacional de Trabajo y Capacitación para Personas con Discapacidad 2010-2012

Promueve la adopción de políticas favorables a la inclusión laboral, el autoempleo y la capacitación en y para el trabajo de las personas con discapacidad. Es instrumentado por el Comité de Trabajo y Capacitación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, coordinado por la STPS e integrado por doce dependencias de la administración pública federal y 6 organizaciones de la sociedad civil.

Promoción de incentivos fiscales

El 8 de marzo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta, a los contribuyentes que se indican”, que tiene la finalidad de promover y concientizar a los empleadores de la importancia de incluir laboralmente a los adultos mayores y a las personas con discapacidad y dotarlos de herramientas para hacer sus centros laborales más productivos.

La aplicación de éstos corresponde al Sistema de Administración Tributaria; no obstante la STPS promueve ante el sector empresarial los beneficios y diferentes modalidades existentes para aquéllos patrones que incluyan en sus plantillas a personas con discapacidad o a mayores de 60 años, como:

• Poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a personas de 65 años o más o con discapacidad (artículo 1o. del decreto publicado el 8 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación).

• Deducción del 100 por ciento a las inversiones para adaptaciones en instalaciones que impliquen adiciones o mejoras, siempre que tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente (artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta).

• Las empresas que tengan como actividad la atención de personas con discapacidad, no pagarán los impuestos al comercio exterior en mercancías que suplan o disminuyan la discapacidad y que permitan a dichas personas su desarrollo físico, educativo, profesional o social (artículo 61·de la Ley Aduanera).

• En el caso de concurso para la adquisición de bienes o servicios se adjudicarán preferentemente a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción de 5 por ciento (artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público).

• En caso de empate técnico entre empresas licitantes, se adjudicará la obra a las empresas que tengan en su planta laboral 5 por ciento de personas con discapacidad (artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados).

Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (Procadist)

Estrategia de capacitación a distancia, flexible, participativa y gratuita que busca fortalecer las competencias laborales de empleadores y trabajadores en activo, a través de un esquema en línea en materia de capacidades de formación para la vida, alfabetización digital, generales, técnicas y directivas. Actualmente oferta 38 cursos en línea en siete áreas: alfabetización digital, formación para la vida, capacidades directivas, técnicas y generales, inspección federal del trabajo, así como seguridad y salud en el trabajo.

El Procadist se instrumenta como un medio de apoyo para que las empresas organicen el proceso y accedan a una oferta de capacitación en línea, en beneficio de sus trabajadores. Desde su creación ha beneficiado a 24 mil 005 trabajadores.

Programa Abriendo Espacios

El servicio Abriendo Espacios, funciona a nivel nacional, a través de bolsas de trabajo especializadas así como con centros de evaluación de habilidades laborales de las personas con discapacidad o personas adultas mayores, que buscan integrarse al aparato productivo. Dicho programa está dirigido principalmente a personas mayores de 18 años o personas adultas mayores que se encuentren en desempleo o subempleo.

El programa incluye acciones de capacitación, orientación laboral y vinculación del Servicio Nacional de Empleo, a fin de cubrir vacantes e incorporación a cursos del subprograma de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate); asimismo, para el fomento al autoempleo se registran los beneficiarios. De esta manera de 2007 a noviembre de 2011 se brindó atención a 110 mil 825 personas con discapacidad, de las cuales se colocó en un empleo a 33 mil 858 personas. (5o. Informe de labores)

Convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

EI17 de abril de 2008 (2o. Informe de labores), la STPS y el Conapred firmaron un convenio de colaboración para enfrentar y resolver la problemática de la discriminación que se presenta en el mercado de trabajo. Este instrumento tiene por objeto el desarrollar acciones para incorporar la igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral y avanzar en la toma de conciencia, compromiso, defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas.

Con ello se da mayor viabilidad a la ejecución del Programa Nacional para Prevenir la Discriminación 2008-2012, que actualmente es aplicado por todas las dependencias de la administración pública federal.

Estrategia para la atención de los jornaleros agrícolas y sus familias

Por mandato presidencial, desde 2007 la STPS coordina las acciones del gobierno federal dirigidas a lograr que la población jornalera agrícola tenga acceso a un trabajo digno, en condiciones de seguridad y previsión social, protección de sus derechos laborales, y desarrollo social y económico en condiciones de equidad, justicia y legalidad que permita el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, destino y en tránsito.

En el periodo de 2007 a 2011, se ha consolidado y fortalecido la coordinación interinstitucional y la sinergia de los programas gubernamentales a través del grupo de coordinación interinstitucional que preside la STPS, y en el cual participan 13 dependencias y entidades del gobierno federal. Desde el 22 de noviembre de 2007, se han celebrado 14 sesiones plenarias, además de 39 reuniones de los grupos temáticos de trabajo. En el seno del grupo se formulan estrategias de atención en cinco temas prioritarios: i) inspección y marco normativo; ii) seguridad y previsión social; iii) educación; iv) promoción del desarrollo, y v) integración de información.

También se han logrado constituir 27 grupos de coordinación estatal que atienden a los jornaleros agrícolas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En donde por vez primera se ha logrado consolidar un espacio de concurrencia institucional del gobierno federal, para la atención de la población jornalera agrícola.

Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil

Que surge como resultado de la estrategia antes descrita y promueve en las empresas agrícolas del país la adopción de buenas prácticas laborales, que eviten de manera sistemática y permanente la utilización de mano de obra infantil en las áreas y procesos internos, tanto productivos como de distribución, comercialización y de servicio. Es un modelo de gestión y organización que permite a las empresas agrícolas que contratan a trabajadores del campo:

• Incorporar medidas para la no contratación de mano de obra infantil en ninguna de sus áreas.

• Contar con reglas, guías y criterios para la realización de acciones a favor de los jornaleros y sus familias.

• Demostrar el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos, estándares de calidad y responsabilidad social vigentes.

A la fecha han recibido el distintivo 38 empresas en los estados de Baja California, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Vigilancia del cumplimiento de la normatividad

Ahora bien, por lo que toca a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, la STPS, a través de la Inspección Federal del Trabajo y las delegaciones federales del trabajo, como instancias normativa y operativa respectivamente, en los términos de lo dispuesto por los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 540 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y de conformidad con la distribución de competencias prevista en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, 527-A y 529 de la Ley Federal del Trabajo, realizan visitas de inspección en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, en las que realiza la verificación puntual del cumplimiento con la normatividad laboral.

Es así, que durante el presente sexenio se ha puesto especial énfasis en ampliar el número de inspecciones y centros de trabajo verificados, así como incrementar el cuerpo de inspectores federales del trabajo. A enero de 2012, se han practicado 217 mil 851 inspecciones (46 por ciento más en relación a los 62 últimos meses de la anterior administración) a 125 mil 622 centros de trabajo, en beneficio de 15 millones 028 mil 424 trabajadores; en tanto que el número de inspectores se verá fortalecido en 228 por ciento, ya que en diciembre de 2006 se contaba con 218 plazas de inspector y al cierre del presente año se contará con 776 de dichas plazas.

Asimismo, se han llevado a cabo diversos operativos, entre los que destaca los dirigidos a jornaleros agrícolas, habiéndose practicado de 2008 a la fecha 798 inspecciones, en las que se dictaron 12 mil 539 medidas de seguridad e higiene y fueron beneficiados 141 mil 972 trabajadores.

Por otra parte, se ha firmado con 22 entidades federativas el Convenio de Coordinación para Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo y Fortalecer la Inspección Laboral, con el que se materializa la coordinación que debe existir entre las autoridades federales y locales, tratándose de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo en cumplimiento al mandato constitucional y legal.

Reforma al marco normativo

Finalmente, cabe destacar que el gobierno federal promueve una iniciativa de reforma laboral que incluye, entre otros, los siguientes aspectos:

• Trabajo decente: incorpora a la legislación laboral el concepto de trabajo decente promovido por la OIT.

• No discriminación: prohíbe establecer condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de género, preferencia sexual, discapacidades, opiniones, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

Con estas acciones la STPS reafirma su compromiso con la equidad e inclusión laboral de toda persona sin distingo alguno, que busquen dar cumplimiento a demandas concretas de mujeres y hombres que pretendan válidamente mejorar su nivel de vida a través de condiciones laborales equitativas, relaciones laborales sin discriminación y la garantía de sus derechos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica)

Subsecretario

México, DF, a 7 de marzo de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-2282 signado por el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/ 00001245 suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec, para la explotación de la energía eólica.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

México, DF, a 6 de marzo de 2012.

Maestro Antonio Hernández Legaspi

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

En respuesta a su oficio SEL/UEL/311/0270/12, referente al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 25 de enero del presente año, relativo a los contratos de arrendamiento firmados por empresas trasnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de la energía eólica, me permito anexar al presente copia del oficio número SGPA/DGIRA/DG.-1753, suscrito por el maestro Alfonso Flores Ramírez, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, mediante el cual, en el ámbito de su competencia, da respuesta al acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica)

Titular de la Unidad Coordinadora

Al respecto, y una vez analizada la información que acompaña al punto de acuerdo, esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, manifiesta lo siguiente:

1) Que de la revisión que se realizó tanto en el Sistema Nacional de Trámites y Servicios de esta dependencia, así como del acervo documental con que cuenta esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental en su archivo dinámico, se tiene a bien informar que no se cuenta con el ingreso o autorización del proyecto del Corredor Eoloeléctrico del Istmo.

2) Asimismo, se informa a esa soberanía que esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene dentro de sus atribuciones la revisión de los términos de contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Alfonso Flores Ramírez (rúbrica)

Director General

México, DF, a 1 de marzo de 2012.

Licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza

Directora General Adjunta de Legislación

y Consulta

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presente

En relación a su oficio número 112/0000713 de fecha 31 de enero de 2012, por el cual nos hace del conocimiento sobre el punto de acuerdo emitido por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto, de que se brinde la debida respuesta.

El punto de acuerdo se transcribe para pronta referencia:

“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, con la participación que corresponda a las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, procedan a revisar los términos de los contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec, para la explotación de la energía eólica y promuevan conforme a derecho la modificación de las cláusulas que lesionen los derechos de los ejidatarios y campesinos de los territorios afectados en el Istmo de Tehuantepec, así como para que se reduzcan los impactos negativos, económicos y sociales que pudieran provocar en la región e informe a esta soberanía”

(Sic.).

México, DF, a 7 de marzo de 2012.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-2163, signado por el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0303/12, suscrito por el maestro Sergio Martínez Escamilla, director general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los criterios que se han aplicado para atender las solicitudes de información sobre la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 2 de marzo de 2012.

Maestro Antonio Hernández Legaspi

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

De la Secretaría de Gobernación

Presente

En respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/0251/12, por el que comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que solicita a la procuradora general de la República y al secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública proporcionar en el término de diez días naturales a partir de la notificación correspondiente la información que a continuación se transcribe: a) los criterios que se han aplicado para atender las solicitudes de información sobre la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011; b) las razones por las que decidieron dejar de informar sobre el tema en 2011, no obstante que en años anteriores fue difundida tal información; c) las cifras de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011, precisando su fuente y los métodos que se siguieron para su validación.

Sobre el particular, me permito hacer a usted las siguientes consideraciones.

a) Los criterios que se han aplicado para atender las solicitudes de información sobre la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011.

Durante 2011, esta institución recibió solicitudes de información para conocer el número de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial ocurridos en los años 2010 y 2011.

Sobre la cifra de 2010, se orientó a los solicitantes para consultar la página de internet de la Presidencia de la República, http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos, en la que se encuentra la base de datos correspondiente. Por lo que respecta a 2011, se especificó que los datos se encontraban en proceso de validación, por lo que se estaba en espera de su actualización, de conformidad con lo acordado por el grupo de trabajo interinstitucional cuyo objetivo es recopilar e integrar tal información, con la finalidad de crear una base de datos confiable que coadyuve a la generación de análisis oportuno de este fenómeno.

b) Las razones por las que decidieron dejar de informar sobre el tema en 2011, no obstante que en años anteriores fue difundida tal información.

Al respecto, es de destacarse que en ningún momento se determinó “dejar de informar sobre el tema en 2011”; por el contrario, cada una de las solicitudes sobre la materia, se respondió indicando a los solicitantes sobre la situación que imperaba al respecto, es decir, que la información se encontraba en proceso de validación para hacerse disponible al público en el portal señalado.

En congruencia con lo señalado, es que fue hasta los primeros días del mes de enero del año en curso, cuando se acordó la publicación de los datos respectivos, actualizados hasta septiembre de 2011, periodo que ya se encuentra validado por los integrantes de este grupo de trabajo interinstitucional.

c) Las cifras de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011, precisando su fuente y los métodos que se siguieron para su validación.

La cifra de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2011, asciende a 12 mil 903 muertes, tal y como se publicó en el portal web de la PGR el 11 de enero de 2012.

La metodología atiende a la forma en que se suscitó el homicidio, el tipo de arma utilizada y las particularidades de violencia registrada en el mismo. El intercambio de información entre instituciones se realiza diariamente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Maestro Sergio Martínez Escamilla (rúbrica)

Director General