Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3368-I, jueves 13 de octubre de 2011

Comunicaciones
Iniciativas de ley o decreto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Comunicaciones

De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por la que invita a la ceremonia cívica conmemorativa del 58 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto, la cual se realizará el lunes 17 de octubre, a las 10:00 horas

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

La Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 58 aniversario del derecho al voto de la mujer, el lunes 17 de octubre a las 10:00 horas, en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez número 30, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Elena Cepeda de León

Secretaria de Cultura

Del gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que en los sectores público, privado y social se fortalezcan la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad

México, DF, a 4 de octubre de 2011.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados

LXI Legislatura

Presente

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio número DMH/ JOJD/ DCPD/ 477/ 2011, mediante el cual el ciudadano Carlos Gelista González, director de Calidad y Proyectos Delegacionales en Miguel Hidalgo, da respuesta al punto de acuerdo por el que “la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las áreas y dependencias administrativas del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los congresos estatales; y a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad”.

Lo anterior, respecto al oficio número DGPL 61-II-4-1686, donde el vicepresidente y la secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo comunicaron la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 14 de septiembre del presente, relacionado con el asunto citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)

Secretario de Gobierno del Distrito Federal

Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón

Jefe del Gobierno del Distrito Federal

Presente

En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las aéreas y dependencias administrativas del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los congresos estatales; y a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad; y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre de 2010 y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad. Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal a generar, impulsar y, en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento y la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Tercero. Se exhorta respetuosamente a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, y de Economía del gobierno federal, y se hace un llamado público al sector empresarial y a los organismos sociales a impulsar el fortalecimiento, la integración, la difusión y la promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante la vinculación de los oferentes y los demandantes de empleo en un acuerdo nacional”.

Lo comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 14 de septiembre de 2011.

Diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica)

Vicepresidente

Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica)

Secretaria

México, DF, a 30 de septiembre de 2011.

Licenciado Eliseo Moyao Morales

Coordinador de Enlace Delegacional

Presente

Por instrucciones del jefe delegacional en Miguel Hidalgo, licenciado Demetrio Javier Sodi de la Tijera, me permito enviar la información solicitada, a través de su oficio número SG/ CED/ 2124/ 2011, para dar respuesta al punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 14 de septiembre del presente, que a la letra dice en la parte resolutiva:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las áreas y dependencias administrativas del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los congresos estatales, y a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad; y a reinstalar laboralmente cuando así corresponda a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre de 2010 y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad”.

Al respecto, la delegación Miguel Hidalgo remitió el punto de acuerdo a la Dirección General de Administración para que tome las medidas necesarias y se cumplan los señalamientos del punto de acuerdo.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

Carlos Gelista González (rúbrica)

Director de Calidad y Proyectos Delegacionales

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la liberación de los recursos del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas en estados del centro-norte

México, DF, a 10 de octubre de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-3822 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Guadalupe Pérez Domínguez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGFI 1447 12011 suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo Nacional de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la liberación de los recursos del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) en diversos estados del centro norte del país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 5 de octubre de 2011.

Licenciado Carlos Fernando Angulo Parra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/3279/11, de fecha 14 de septiembre de 2011, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual informa que mediante oficio D.G.P.L. 61-11-9-3822, los diputados Emilio Chuayfett Chemor y Guadalupe Pérez Domínguez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2011, y que se reproduce en su totalidad:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación, para que en el ámbito de su competencia emita la Declaratoria de Desastre Natural en términos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación libere los recursos del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) a los estados del centro norte del país: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luís Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Sonora, y Norte de Guanajuato, que abarcan los municipios de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Victoria, Xichú, Atarjea, Santa Catarina, Villa Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende.”

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a que se realicen las acciones correspondientes para mitigar los efectos derivados de la sequía”.

Sobre el particular, y considerando que el asunto de mérito fuera remitido a esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el día 21 de septiembre de 2011 para efectos de su atención correspondiente, nos permitimos comunicar que en el presente oficio nos pronunciaremos respecto de aquellos aspectos del referido punto de acuerdo que guardan relación con la esfera de competencia de la Segob. Tal pronunciamiento se realizará de conformidad con el marco jurídico vigente y aplicable al programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden), solicitando atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo siguiente:

• En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualmente los tres niveles de gobierno llevan a cabo acciones coordinadas y suman esfuerzos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de la población ante los daños ocasionados por la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores que durante los últimos años han afectado a varias entidades federativas de la República Mexicana. La participación que el gobierno federal tiene en esas tareas, se realiza a través de diversas dependencias, según su ámbito de competencia, de tal suerte que a la Segob le corresponde la coordinación del programa Fonden.

En ese orden de ideas, comunicamos que si bien es cierto el Fonden es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos de los fenómenos naturales perturbadores, y que en la implementación del instrumento financiero que denominamos Fonden Reconstrucción la Segob puede emitir Declaratorias de Desastre Natural, 1 con la finalidad de atender diversos fenómenos hidrometeorológicos entre los, que se incluyen las sequías severas, 2 comunicamos atentamente que la emisión de tales declaratorias se encuentra sujeta a las disposiciones contenidas en el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo las Reglas Generales ), así como en los “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales”, publicado en el referido órgano de difusión el 31 de enero de 2011.

• Cabe señalar que la sequía se entiende como un periodo anormal de tiempo seco, suficientemente prolongado, en el que la falta de precipitación causa un grave desequilibrio hidrológico, (una estación, un año o varios años consecutivos) con déficit de precipitación en relación con el valor medio estadístico de varios años (generalmente 30 años o más). La sequía es una propiedad normal y recurrente del clima, pero se considerará para el caso de la aplicación de las Reglas Generales que la sequía es severa cuando el déficit de precipitación le corresponda una probabilidad de ocurrencia igual o menor al diez por ciento (es decir, que dicho déficit ocurre en uno o menos de cada diez años), y que además no se haya presentado esta situación cinco veces o más en los últimos diez años (Sección II fracción VII, del Anexo I de los Lineamientos de Operación).

• Atentos al Anexo II de los Lineamientos de Operación, denominado “Metodología técnica para corroborar la presencia de la sequía severa, el dictamen de afectación en los sistemas de abasto de Agua Potable y el documental de soporte básico para la evaluación de daños en el subcomité hidráulico”, un sistema de abasto de agua potable será elegible para recibir apoyos del Fonden, si y sólo si, cumple de manera simultánea con las siguientes dos condiciones:

I. En el municipio al que pertenece la o las localidades que el sistema en cuestión abastece, es corroborado por la instancia técnica facultada responsable, la existencia del fenómeno natural perturbador, denominado “sequía severa” y,

II. Se cuenta con documental que soporte técnicamente una reducción en el caudal producido por las fuentes de abastecimiento tal, que no pueda ser cubierta con las fuentes e infraestructura disponible y que debido a ello, no puedan cubrirse a la población, sus necesidades y actividades básicas de supervivencia y de salud.

• Por su parte, es conducente precisar que para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, el artículo 7 de las Reglas Generales establece la necesidad de que la entidad federativa afectada por el fenómeno perturbador de que se trate debe solicitar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a la instancia técnica facultada para ello, 3 que corrobore la ocurrencia del fenómeno.

La solicitud deberá estar suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa o, en su defecto, por el servidor público facultado para tal fin, y deberá contener aspectos tales como la descripción del fenómeno natural perturbador, así como la fecha de su ocurrencia; las denominaciones de los municipios u órganos político-administrativos que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno de que se trate, así como el nombre localización, número telefónico y correo electrónico de un servidor público con quien la instancia técnica facultada pueda establecer comunicación para atender cualquier duda o requerimiento específico.

En el caso de sequía severa y cuando se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable, además de cubrir los requisitos referidos, las entidades federativas podrán solicitar la corroboración de la sequía severa en un plazo de hasta ocho días hábiles, contados a partir de que concluya el periodo normal de lluvias, para cuyos efectos el Anexo II de los Lineamientos de Operación ofrece un cuadro donde el país ha sido dividido en tres regiones distintas de acuerdo al régimen de lluvias de cada una de ellas, para determinar los periodos de observación respectivos, y en su caso, la presencia de una sequía severa (se adjunta copia simple como anexo para pronta referencia).

La solicitud del gobierno de la entidad federativa a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que corrobore el estado de sequía severa debe contener, en adición a lo mencionado líneas anteriores, la lista de los municipios que dicho gobierno considera en estado de sequía severa y para cada uno de ellos debe presentar la lámina de precipitación efectivamente ocurrida en la temporada de lluvias inmediata anterior (en milímetros) así como la climatología histórica de lluvias en la misma temporada (en milímetros) esto para cada uno de los municipios listados en lo individual. Para ello, podrá utilizar la metodología simplificada siguiente:

I. Para municipios que cuentan con una sola estación climatológica en su territorio y que tengan un área menor o igual a mil kilómetros cuadrados, se podrán utilizar los datos puntuales de dicha estación;

II. Para municipios que cuenten con dos o más estaciones climatológicas en su territorio y que tengan un área menor o igual a mil kilómetros cuadrados, se podrá utilizar cualquiera de dichas estaciones climatológicas;

III. Para municipios que tengan un área de más de mil kilómetros cuadrados, se deberá utilizar el promedio pesado de todas las estaciones climatológicas en su territorio y en su vecindad inmediata con pesos proporcionales a los llamados Polígonos de Thiessen en cada una de las estaciones climatológicas, y

IV. Para municipios que no tengan alguna estación climatológica en su territorio, se deberá utilizar el promedio pesado de todas las estaciones climatológicas disponibles en su vecindad inmediata con pesos proporcionales a los llamados Polígonos de Thiessen en cada una de dichas estaciones climatológicas.

En los casos III y IV, no es necesario que las estaciones climatológicas utilizadas se encuentren en el territorio de la misma entidad federativa que hace la solicitud; pueden localizarse en entidades federativas vecinas.

El valor de lámina de lluvia efectivamente precipitada en la temporada de lluvias inmediata anterior será la simple suma aritmética de los acumulados para los meses correspondientes (de mayo a noviembre en la región A, de octubre a marzo en la región B o una secuencia de 12 meses consecutivos en la región C). El valor de la climatología histórica de la lámina acumulada es simplemente el valor promedio aritmético de las acumulaciones en las temporadas de los años históricos previos en el mismo intervalo de tiempo. El análisis estadístico debe realizarse utilizando todos los registros históricos con que cuenta la Conagua.

En todos los casos la comparación entre lámina efectivamente precipitada en la temporada de lluvias inmediata anterior y la climatología histórica deberá hacerse con base en la (s) misma (s) estación (es) climatológica (s).

Los gobiernos de las entidades federativas están en libertad de utilizar una metodología más compleja que la metodología simplificada aquí descrita, cuando así convenga a la presentación de su caso, siempre y cuando se trate de prácticas de ingeniería ampliamente aceptadas. Los datos de las estaciones climatológicas podrán ser solicitados a la dirección local, al Organismo de Cuenca de la Conagua, o a la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional de la misma Conagua. El tiempo requerido por la instancia correspondiente de la Conagua para recopilar y enviar los datos que el gobierno de la entidad federativa le solicite no podrá ser nunca utilizado para extender el plazo disponible para solicitar la corroboración del estado de sequía severa que es de ocho días hábiles.

Los datos de lluvia de la presente temporada de lluvias pueden y debe o irse integrando conforme vaya avanzando la temporada de lluvias, sin necesidad de solicitar al final de la misma la totalidad de los datos. Los datos históricos pueden solicitarse con la debida anticipación. En la solicitud de los datos a la instancia correspondiente de la Conagua, el gobierno de la entidad federativa no debe solicitar los resultados del análisis y cálculo de la lámina efectivamente precipitada en la temporada de lluvia inmediata anterior ni de la climatología histórica, sino solamente los datos crudos (diarios o mensuales). De otra forma la Conagua estaría ya dictaminando en este paso preliminar del proceso. Sólo en casos extraordinarios evidentes de falta de datos adecuados en la región de interés se podrá recurrir a mediciones de lluvia de otras fuentes alternativas.

No se omite señalar que la Conagua se reserva el derecho de realizar los cálculos sobre la lámina efectivamente precipitada sobre el municipio en la temporada de lluvias previa, y la climatología histórica con los datos y métodos más completos a su disposición mientras sean congruentes con el breve plazo que las Reglas le otorga para ello (7 días hábiles), esta metodología no necesariamente coincidirá con la metodología simplificada descrita para los gobiernos de las entidades federativas.

De conformidad con el artículo 8 de las reglas generales, la instancia técnica facultada tendrá hasta tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, para notificar a la entidad federativa solicitante respecto del dictamen de corroboración del fenómeno natural perturbador en los municipios u órganos político-administrativos solicitados. En caso de sequía severa y cuando se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable, el plazo para emitir la corroboración será de hasta siete días hábiles contados a partir del día siguiente en que el solicitante presente la documental que motive y fundamente su solicitud.

Es importante señalar que de conformidad con el artículo 8 de las Reglas Generales, las solicitudes de corroboración que presenten las entidades federativas fuera de los plazos previstos en el artículo 7 del ordenamiento legal en cita, se considerarán improcedentes por la instancia técnica facultada.

Visto lo anterior, comunicamos primeramente, según se tendrá oportunidad de verificar en el anexo del presente oficio, los Lineamientos de Operación han dividido a la República Mexicana en tres regiones (A, B y C), según sus regímenes de lluvias. En ese mismo sentido, los lineamientos refieren los periodos de observación de lluvias que deben tomar en consideración las entidades federativas a efecto de que, una vez concluidos los periodos establecidos para cada región, presenten ante la Conagua las solicitudes de corroboración de la condición de sequía severa.

En ese mismo tenor, la Segob se muestra atenta a dar atención inmediata dentro del marco del Fonden, a cualquier solicitud de Declaratoria de Desastre que, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para tales efectos se disponen en las Reglas Generales y en los Lineamientos de Operación, presenten los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Sonora, y Guanajuato.

Sin otro particular por el momento, y esperando que la información suministrada en el ámbito de nuestra competencia resulte de utilidad, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

Notas

1. Con las cuales declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios, así como a los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que se pueda tener acceso a los recursos del Fonden.

2. Precisamos que aún y cuando del punto resolutivo primero del punto de acuerdo que se atiende no se especifica que la emisión de la Declaratoria de Desastre solicitada sea por sequía, de los antecedentes que se adjuntan al oficio SEL/UEL/311/3279/11, se infiere que dicho requerimiento se efectúa por virtud de ese fenómeno natural perturbador.

3. Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos; la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), para el caso de los fenómenos geológicos.

Atentamente

Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica)

Director General

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos suficientes destinados al Programa de Estancias Infantiles para Apoyo a Madres Trabajadoras, operado por la Sedesol, presentada por Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

México, DF, a 11 de octubre 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se consideren recursos suficientes para el Programa de Estancias Infantiles para apoyo a Madres Trabajadoras operado por la Secretaría de Desarrollo Social.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes

Vicepresidente

Senador José González Morfín

Presidente de la Mesa Directiva

Del Senado de la República

Presente

La que suscribe, Lazara Nelly González Aguilar, senadora de la república a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se consideren recursos suficientes para el Programa de Estancias Infantiles para apoyo a Madres Trabajadoras operado por la Secretaría de Desarrollo Social, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Desarrollo Social, institución encargada del combate a la pobreza en México, así como de la promoción de una vida mejor para los mexicanos, cuenta con diversos programas a efecto de cumplir sus fines establecidos en la normatividad de la materia.

Uno de estos instrumentos de política social es el Programa de Estancias Infantiles para apoyo a madres trabajadoras, el cual cumple una función social importante en cuanto ve al bienestar de las familias, puesto que coadyuva en diversos ámbitos.

El primero de ellos tienen que ver con la posibilidad de permitir a las madres el acceder a un empleo, el cual le permitirá acercarse de recursos de manera digna para el sostenimiento de su familia, sabemos de las difíciles condiciones económicas por las que pasan muchas familias mexicanas, por lo que es necesario que las mujeres se desarrollen en una actividad productiva.

En otro ámbito, el programa permite brindar un cuidado oportuno y profesional a los menores de edad, los cuales por su minoría de edad requieren cuidados propios para su desarrollo, mismos que deben darse en las mejores condiciones y en un ambiente propicio para su desarrollo.

Apoyar la incorporación de las mujeres a la vida productiva del país es una necesidad de cualquier economía, toda vez, que es necesario que todos los miembros de la sociedad aporten en igualdad de circunstancias sus saberes y competencias en beneficio de una mayor generación de bienes y servicios.

En el Senado frecuentemente nos informan los ciudadanos de su problemática, y es el caso que se nos han acercado diversos comités responsables de estancias infantiles, de forma verbal y escrita, en donde nos manifiestan que el subsidio otorgado de setecientos pesos, cantidad que reciben actualmente por niño, resulta insuficiente.

Se nos menciona que los gastos que genera cada niño atendido, asciende a la cantidad de tres mil quinientos pesos, por tanto, es necesario generar un mayor apoyo a este programa que como hemos venido sosteniendo genera múltiples beneficios a las familias mexicanas.

Asimismo, tenemos conocimiento que la cantidad de setecientos pesos mensuales que actualmente se reciben como subsidio por niño, es la misma ayuda desde hace cuatro años, es decir, desde que se implemento el programa, no se ha aumentado este apoyo en cuatro años, lo cual a todas luces requiere un ajuste a la alza, dado el incremento en los bienes de consumo necesarios para otorgar el servicio.

Por otra parte las condiciones de los inmuebles en los que se presta el servicio, requieren como todos sabemos, cumplir con normas de seguridad e higiene que con el subsidio actual en algunos casos no permite generar las condiciones necesarias para el brindar el servicio de manera óptima.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se consideren recursos suficientes para el Programa de Estancias Infantiles para apoyo a Madres Trabajadoras, operado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de octubre de 2011.

Senadora Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a derogar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 el impuesto especial de 3 por ciento a las telecomunicaciones y el IVA a los servicios de acceso a Internet, presentada por Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete económico para el año 2012, se derogue el impuesto especial de 3 por ciento a las telecomunicaciones, así como el IVA a los servicios de acceso a Internet.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete económico para 2012, se derogue el impuesto especial de 3 por ciento a las telecomunicaciones, así como el IVA a los servicios de acceso a Internet, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), contribuye decisivamente en el desarrollo económico de los países, pues mejoran su competitividad e incrementan la calidad de vida de su población.

El impulso de la sociedad de la información requiere de un apoyo firme y determinante al desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Es a partir de la expansión de la red de Internet y de las telecomunicaciones que se pueden generar innumerables ventajas en la disponibilidad de información de todo tipo, lo que ha cambiado patrones de comportamiento entre los usuarios y transformado formas de organización de la sociedad.

Según datos publicados en mayo de este año por la Asociación Mexicana de Internet, AC, en México existen 34.9 millones de usuarios de Internet. Este mismo estudio refleja el tipo de actividad que llevan a cabo los internautas: enviar-recibir correo electrónico (90 por ciento); enviar-recibir mensajes instantáneos (75 por ciento); ver/bajar fotos o videos (68 por ciento); acceder a redes sociales (61 por ciento); enviar postales electrónicas (38 por ciento); subir fotos o videos en un sitio para compartirlos (33 por ciento); acceder-crear-mantener sitios propios (22 por ciento); acceder-crear-mantener blogs (21 por ciento); encuentros online (búsqueda de pareja) (14 por ciento), otras actividades (11 por ciento).

Para la educación, Internet se ha convertido en una herramienta de comunicación para la difusión del conocimiento. La educación en la era de Internet ha resultado fuertemente alterada por el desarrollo de las TIC, por lo que hoy en día es impensable separar a la educación del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Asimismo, muchas de las operaciones financieras se realizan por Internet y de manera creciente la actividad económica se desplaza a través de las comunicaciones que conlleva la red.

Actualmente, las telecomunicaciones constituyen una de las industrias más dinámicas en el mundo, ya que fomentan la creación de nuevos empleos, promueven la inversión y generan nuevos ingresos fiscales. Su desarrollo es un factor decisivo de productividad y competitividad de diversas industrias y empresas de servicios, ya que constituye una infraestructura indispensable para su expansión nacional e internacional.

De acuerdo con el estudio Communications Outlook 2009 publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México tiene la banda ancha más cara por megabit por segundo de los 30 países que conforman dicha organización, al presentar tarifas que van desde los 18 dólares por mes y que se elevan hasta los 115 dólares.

En cuanto a la telefonía, el mismo estudio indica que las llamadas en el segmento empresarial menos caras están disponibles en Alemania, con un precio de 0.10 dólares, Turquía con 0.18 y Noruega con 0.21. Mientras que las llamadas más caras de negocio están en México, donde cuestan 2.43 dólares en términos de poder de paridad de compra (PPP). Además, refiere que la llamada internacional cuesta 22 veces más en México que en Alemania, en términos de PPP, e incluso en términos nominales, el precio en México es 12 veces más alto que en Alemania.

El uso de Internet, al igual que el de la telefonía, no puede ser considerado un lujo, pues la realidad nos muestra que este tipo de servicios cada vez son más usados por los mexicanos, atendiendo necesidades básicas y actividades prioritarias para millones de familias y empresas. Además, su desarrollo contribuye al avance de la economía nacional y permite cerrar la brecha de desigualdad que tanto daño le ha hecho a nuestro país.

Por lo que un impuesto especial que grava las telecomunicaciones es un “duro golpe” para los consumidores, pues somos nosotros –más que las empresas– quienes “cargamos” con un aumento de este tipo.

En este tenor, el 21 de julio de 2010, junto con el senador Carlos Sotelo García y el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, presenté una iniciativa para derogar el inciso c) de la fracción II del artículo 2o., así como la fracción IV del artículo 8o., de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la colegisladora y que aún no ha sido dictaminada.

La iniciativa pretende eliminar el gravamen especial al servicio de telecomunicaciones, con la finalidad de que los servicios de telefonía fija y móvil, los satelitales, así como los de conectividad, regresen al esquema en el que estaban antes del año 2009 cuando no se pagaba ningún impuesto adicional por el uso de este tipo de servicios, los cuales no pueden ser concebidos como un lujo.

Expusimos que ese gravamen representaba un retroceso importante en lo económico y en lo social, pues impactaba negativamente a los niveles más bajos de la economía nacional, ampliando la brecha en materia de telecomunicaciones con respecto a otras naciones en desarrollo.

A partir de la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las telecomunicaciones en México (vigente desde enero de 2010), el consumo de los usuarios bajó. Por ejemplo, en telefonía móvil, segmento en el que el 90 por ciento de los clientes son de prepago, el efecto se registró principalmente en el consumo de minutos, pues aunque los usuarios compraron las tarjetas de las denominaciones acostumbradas, el valor en tiempo aire fue menor por el aumento en las tarifas.

En tanto, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) informó que el tráfico de minutos por celular descendió 3.2 por ciento en enero de 2010 respecto al mes inmediato anterior. Esto es, que en diciembre de 2009 se cursó un total de 15 mil 392.8 millones de minutos celulares entre las redes de los operadores móviles, pero en enero de 2010 esta cifra disminuyó a 14 mil 800 millones de minutos, descendiendo a 14 mil 400 millones de minutos en febrero del mismo año.

A su vez, los operadores de telefonía y televisión de paga informaron que los clientes resintieron los aumentos en los precios, creciendo la tasa de morosidad, sobre todo en el servicio telefónico fijo y en la tv de paga, e incrementándose la cartera vencida y el número de desconexiones.

Por lo tanto, considero que se debe reconsiderar este gravamen, pues su impacto recaudatorio ha sido bajo, y por el contrario, ha restringido considerablemente el acceso de estos servicios a los segmentos más desfavorecidos de la población.

Posteriormente, el 12 de abril de este año, el senador Carlos Navarrete Ruiz y quien suscribe, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la que propusimos que se aplicara una tasa de 0 % de IVA a los servicios de acceso a Internet que se presten a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presenten a través de una red de telecomunicaciones.

Argumentamos que era preocupante la carga impositiva que las telecomunicaciones y en especial la Internet tenían en nuestro país; por lo que propusimos la eliminación de todo tipo de gravamen a Internet, ya que lamentablemente en México tenemos una tasa impositiva muy alta para este servicio, pues solamente por concepto de IVA se paga un 16% y en algunos casos hasta el 19% cuando no se cumple con los requisitos que de acuerdo a la ley lo exentan del pago del Impuesto Especial sobre Bienes y Servicios (IEPS). Por lo que consideramos necesaria la desgravación de este servicio para coadyuvar a la disminución de la brecha digital.

Estoy convencido que gravar las telecomunicaciones le ha restado competitividad al país, pues se han incrementando los costos de comunicación de las empresas y de aquellos trabajadores que realizan sus actividades por cuenta propia, complicándose por tanto la capacidad de generar y conservar empleos. Por lo tanto, considero que ningún servicio de telecomunicaciones que se preste en nuestro país debe ser gravado, pues una medida de esta naturaleza sólo ha demostrado que nuestra competitividad como país sigue a la baja, retrasándonos en el camino de la modernización tecnológica y haciendo cada día más grandes las brechas tecnológicas, desincentivando la inversión de nuevos oferentes en materia de telecomunicaciones.

De igual forma, considero que el impulso a las TIC y el acceso a Internet contribuyen de forma significativa al crecimiento del producto interno bruto y al bienestar económico general, no sólo a través de su impacto directo sino también por medio de sus importantes externalidades positivas a lo largo de la economía. El acceso y uso de Internet no debe concebirse como un lujo sino, hoy más que nunca, como una necesidad.

Por lo tanto, es urgente que la honorable Cámara de Diputados, en el proceso de discusión y aprobación del Paquete Económico para el año entrante, considere derogar el Impuesto Especial de 3 por ciento a las telecomunicaciones contemplado en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Asimismo, es pertinente que la colegisladora elimine el impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios de acceso a Internet, realizando las reformas correspondientes a la Ley en la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de discusión y aprobación del Paquete Económico para el año 2012, se derogue el Impuesto Especial de 3 por ciento a las telecomunicaciones.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de discusión y aprobación del Paquete Económico para 2012, se elimine el impuesto al valor agregado a los servicios de acceso a Internet.

Dado en el Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los once días del mes de octubre del año dos mil once.

Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos suficientes para cumplir lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada por Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia

México, DF, a 11 de octubre 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se asignen los recursos suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ricardo García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

Senador José González Morfín

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Senadores

Presente

El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se asignen los recursos suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Educación, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Estado mexicano tiene una enorme deuda social en materia educativa, pues no ha logrado alcanzar la pretendida meta de universalizar la educación básica. Por lo que año con año miles de niños en edad de incorporarse al sistema educativo ven truncado su derecho constitucional, y demás disposiciones contenidas en declaraciones y convenios internacionales en la materia.

Es de destacar que el promedio de escolaridad en México es de 8.5 años, colocándolo en desventaja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en donde la media es de 12 años cursados. Lo que significa que la población de aquellos países alcanzará a concluir la educación secundaria, mientras que en nuestro país apenas terminarán la instrucción primaria.

Lo que implica que los mexicanos se encuentran menos calificados para competir a nivel internacional, y además su rezago educativo incrementa año con año exponencialmente debido al cambio en la estructura poblacional, afectando mayormente a la población que oscila entre los 15 años de edad.

Para revertir esta penosa realidad se requiere una mayor y mejor administración de los recursos financieros. El contar con recursos humanos y materiales suficientes y eficientes pueden ser el factor de cambio respecto a la calidad en la educación que reciben los niños y jóvenes mexicanos.

En ese sentido, es prioritario que el Estado cumpla con los lineamientos de la Ley General de Educación, que expresamente establece en su artículo 25 que “El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas...”

Mandato que no se cumple, pues para el ejercicio fiscal 2011, apenas se destinó el 3.7 por ciento del PIB nacional, es decir cerca de 520 millones de pesos.

Estamos ante el dilema y la discusión de valorar si los recursos que solicitan el Ejecutivo federal y los que finalmente aprueba la Cámara de Diputados son suficientes para que cada uno de niños y jóvenes mexicanos estén en condiciones de ejercer su derecho constitucional a la educación, y que ésta además sea de calidad.

El sistema educativo nacional se enfrenta ante el reto de asegurar la cobertura universal de la educación básica, a través de la construcción de escuelas pública y el mantenimiento de las ya existentes.

Hasta hace poco tiempo no se le había dado la importancia que merece en el proceso educativo. Las aulas y el espacio físico son parte fundamentales y contribuyen notablemente en el aprovechamiento escolar de los alumnos.

De acuerdo al Informe Nacional sobre Violencia de Género en Educación Básica en México, emitido por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en conjunto con la Secretaría de Educación Pública el pasado mes de abril, respecto a la precariedad de la infraestructura escolar da a conocer que los educandos se encuentran más estimulados a estudiar y permanecer en el sistema escolarizado cuando las instalaciones se encuentran en buen estado; pues cuentan con un espacio limpio, digno y adecuado para desempeñar las tareas educativas.

El estudio concluye que el estado de la infraestructura y el mobiliario escolar repercuten directamente en el aprendizaje y desarrollo de capacidades psicosociales de los alumnos de educación básica en todo el país.

Entre los puntos de mayor relevancia está la carencia de instalaciones sanitarias adecuadas, mobiliario escolar, y falta de espacios para la recreación. Claro que estas carencias se acentúan de acuerdo a la zona en que se encuentren. Por ejemplo, en centros escolares rurales e indígenas, la falta de agua potable y de aulas dignas es el común denominador.

La situación prevalece cuando se habla de educación media superior. De acuerdo a la Comisión Especial de Impulso a la Calidad Educativa de la Cámara de Diputados, cada año crece la demanda de infraestructura escolar en un 7 por ciento, de ahí que al no haber inversión suficiente en este rubro, cada ciclo escolar deja sin lugar en el bachillerato y universidad a más de 10 millones de jóvenes mexicanos.

Sin oferta educativa, sin oportunidades y esperanzas de un mejor futuro estos jóvenes se convierten en presa fácil de la delincuencia, de la economía informal, de la ola migratoria o de la explotación en todas sus expresiones; generando problemas sociales de alto impacto.

Las deficiencias educativas, constituyen sin duda un obstáculo para el desarrollo nacional.

De ahí, que es imperativo que el Estado, asuma de manera inmediata su responsabilidad de proporcionar los medios adecuados para que los mexicanos accedan y ejerzan su derecho a la educación, procurando, cobertura, permanencia y conclusión de por lo menos la instrucción básica.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se asignen los recursos suficientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de octubre de 2011.

Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos para crear un fondo en apoyo de las diez ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio de la humanidad, presentada por integrantes de diversos grupos parlamentarios

México, DF, a 11 de octubre de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, senadores de diversos grupos parlamentarios presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de pesos, con la finalidad de crear un Fondo administrado por la Secretaría de Turismo y asignado mediante proyectos ejecutivos los cuales serán previamente presentados y validados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Patrimonio Mundial; con el objetivo de conservar, mantener y mejorar las zonas y/o polígonos declarados.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes

Vicepresidente

México, DF, a 29 de septiembre de 2011.

Senador José González Morfín

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Senadores

Del Congreso de la Unión

LXI Legislatura

Presente

El que suscribe, senador a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, VII y X, 76, numeral 1, fracción IX, 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Senadores, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de pesos, con la finalidad de crear un Fondo administrado por la Secretaría de Turismo y asignado mediante proyectos ejecutivos los cuales serán previamente presentados y validados por él Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Patrimonio Mundial; con el objetivo de conservar, mantener y mejorar las zonas y/o polígonos declarados; al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde su creación, el 16 de noviembre de 1945, ha buscado crear las condiciones propias para generar un diálogo ente las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos que se encuentran en el centro mismo de su misión y actividades.

Los objetivos de la UNESCO, relacionados a la cultura son: promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz mediante la salvaguardia del patrimonio en sus diversas dimensiones y la valorización de las expresiones culturales.

A fin de cumplir con estos objetivos la UNESCO aprobó en 1972 la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con el objetivo de identificar y conservar sitios y monumentos con valor universal que recibimos del pasado, a fin de transmitirlos a las generaciones futuras. Ese legado pertenece a todos los pueblos del mundo, independientemente del territorio en que esté ubicado y por eso se les considera y denomina como Patrimonio de la Humanidad.

Mediante dicha convención y acuerdo se condujo a la creación de la Lista del Patrimonio Mundial en la cual se inscriben todos los sitios y monumentos aprobados por la UNESCO.

La convención define los criterios y las categorías de sitios que pueden ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, y fija los lineamientos de los Estados parte de la convención a fin de incorporar nuevos sitios, así como su protección y preservación.

Al año 2011, la lista del patrimonio mundial comprende 936 sitios del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, distribuidos en 153 países, siendo Italia el país con más sitios (47 sitios). El Centro del Patrimonio Mundial es la Secretaría permanente de esta Convención. 1

Los Estados Unidos Mexicanos suscribieron en 1984 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, donde el Estado parte asumió el compromiso internacional de trabajar por el cuidado del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades, así como en otorgarle a esas ciudades una proyección urbana, económica, social, turística, cultural y artística.

Las ciudades históricas de México declaradas e inscritas por la UNESCO como patrimonio mundial son:

1. Centro histórico de México y Xochimilco, inscrita el 11 de diciembre de 1987.

2. Centro histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica de Monte Albán, inscrita el 11 de diciembre de 1987.

3. Centro histórico de Puebla, inscrita el 11 de diciembre de 1987.

4. Villa histórica de Guanajuato y Minas adyacentes, inscrita el 9 de diciembre de 1988.

5. Centro histórico de Morelia, inscrita el 13 de diciembre de 1991.

6. Centro histórico de Zacatecas, inscrita el 11 de diciembre de 1993.

7. Zona de monumentos históricos de Querétaro, inscrita el 7 de diciembre de 1996.

8. Zona de monumentos históricos de Tlacoltlapan, inscrita el 2 de diciembre de 1998.

9. Ciudad histórica fortificada de Campeche, inscrita el 4 de diciembre de 1999.

10. Villa protectora de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, inscrita el 8 de julio de 2008.

México es el sexto país en número de bienes declarados por la UNESCO como patrimonio mundial, sólo detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. La cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio mundial en el Continente Americano se encuentran en nuestro país, lo que implica una gran responsabilidad con la humanidad y un gran orgullo para los mexicanos. 2

Por esto el 15 de agosto de 1996 los presidentes municipales de las ciudades mexicanas que son patrimonio mundial, constituyeron en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC.

Siendo miembros fundadores de la asociación las ciudades de Oaxaca, Puebla, México, Guanajuato, Morelia y Zacatecas, posteriormente se integraron las de Querétaro, en mayo de 1997; Tlacotalpan, en noviembre de 2000 y finalmente Campeche y San Miguel de Allende, en septiembre de 2008.

El objeto de la Asociación es la unión de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura, para el reconocimiento y fortalecimiento de su cultura, tradición urbanística y arquitectónica, permitiendo la obtención de beneficios comunes de las acciones y experiencias de las demás ciudades, y de las soluciones que han encontrado para resolver sus problemas y enfrentar sus retos.

Bajo este contexto, la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC, ha conjuntado esfuerzos para la obtención de apoyos económicos. Desde el año 2001 ha logrado obtener recursos por parte del Gobierno Federal, para la realización de obras de mejoramiento del entorno urbano, señalética urbana e iluminación, y así como la regeneración de la imagen urbana de los centros históricos de estas ciudades. 3

Considerandos

Desde el año 2004, ha sido trabajo de los alcaldes de las diez ciudades Patrimonio Mundial gestionar ante la honorable Cámara de Diputados, particularmente con la Comisión de Cultura, la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, trabajo que se ha venido realizando año con año.

Los alcaldes de dichas ciudades pertenecen a diferente extracción partidista, lo cual ha contribuido a la obtención de apoyo de todas las fracciones parlamentarias para la asignación de recursos para estas ciudades. El problema es que nunca se ha especificado el procedimiento para asignar dichos recursos y por si fuera poco, el encargado de la administración de dichos recursos es cada una de las entidades federativas a la que pertenece, como lo establece el artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. Dichos recursos son administrados bajo el Ramo 20, referente a Desarrollo Social. La modalidad de asignación de dichos recursos es mediante proyectos y el monto de apoyo se desglosa de la siguiente manera: el 70 por ciento corresponde aportarlo por medio del programa Hábitat y el 30 por ciento restante es aportación del gobierno estatal o municipal.

Al ser mediante el Programa Hábitat Centros Históricos no se tiene un monto asegurado por año y la asignación de recursos no es de manera equitativa en las 10 ciudades, es decir que depende del presupuesto de cada gobierno estatal o municipal y de los proyectos de cada municipio, además no existe la certeza de que dichos recursos sean asignados en la infraestructura de las ciudades respecto al mantenimiento de los polígonos considerados Patrimonio Mundial. No se cuenta con reglas claras de operación que garanticen que dichos recursos serán usados en actividades que permitan la correcta conservación de estas ciudades como Patrimonio Mundial o que sean revisados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dependencia experta en la materia.

En los años 2004, 2005, 2006 y 2007, se asignó un presupuesto cercano a los 100 y 150 millones anuales. Lo que se busca con este Fondo no sólo es regular la forma de asignación de los recursos, también es aumentar el presupuesto de apoyo a las ciudades Patrimonio Mundial de manera equitativa en actividades específicas y puntuales para una objetiva y correcta conservación y salvaguardia del valor universal excepcional de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la H. Cámara de Diputados para que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se asignen recursos por la cantidad de 500 millones de pesos, con la finalidad de crear un Fondo en apoyo a las 10 ciudades mexicanas declaradas Patrimonio de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO con el objetivo de conservar, mantener y mejorar las zonas y/o polígonos declarados.

Segundo. El fondo estará bajo la administración de la Secretaria de Turismo, otorgándose a través de la Subsecretaría de Operación Turística, mediante proyectos ejecutivos previamente presentados y validados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Dirección de Patrimonio Mundial.

Los proyectos deberán estar dirigidos a:

I. Imagen urbana

a) Rehabilitación, restauración y conservación del patrimonio edificado.

b) Mejoramiento y conservación de fachadas dentro del polígono detallado por la UNESCO y en los accesos al mismo.

c) Mobiliario urbano, señalización, señalética, nomenclatura de calles, información histórica, artística y turística, además de movilidad de tránsito vehicular y peatonal.

d) Conservación y mantenimiento de espacios públicos.

e) Rehabilitación de calles y avenidas hasta por un 30 por ciento total de la bolsa asignada por ciudad, en ningún caso para bacheo.

f) Creación de nuevos espacios públicos como plazas y plazuelas.

g) Iluminación de edificios civiles y religiosos incluyendo la rehabilitación de la ya existente, hasta por un 15 por ciento del total de la bolsa asignada por ciudad. En ningún caso podrán asignarse a alumbrado público.

h) Mejoramiento y sustitución de parque vehicular del transporte público para pasajeros que tenga como objetivo mejorar el servicio, garantizar la seguridad del usuario y adecuación a las características propias del patrimonio cultural edificado de cada ciudad, que contribuya a su protección y mejor mantenimiento.

Notas

1 UNESCO. Ordinary Sessions of the World Heritage Committee (en inglés). Consultado el 17-08-2011.

2 Datos de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.

3 Datos obtenidos de la página de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial http://www.ciudadesmexicanaspatrimonio.org/ consultada el 22 de agosto de 2011.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el mes de octubre de dos mil once.

Suscriben el Presente Punto de Acuerdo, los siguientes senadores: Senador Luis Alberto Villarreal García, José Isabel Trejo Reyes María del Socorro García Quiroz, Sebastián Calderón Centeno, Federico Döring Casar, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, José González Morfín, Adolfo Toledo Infanzónm Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Juan Bueno Torio, Tomás Torres Mercado, Jesús Garibay García, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Ericel Gómez Nucamendi, Pablo Gómez Álvarez, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Melquiades Morales Flores (rúbricas).

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a ampliar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 los recursos de la Universidad Autónoma de Guerrero, presentada por Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

México, DF, a 11 de octubre de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presente

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita una ampliación presupuestal a la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes

Vicepresidente

El suscrito, Julio César Aguirre Méndez, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una ampliación presupuestal a la Universidad Autónoma de Guerrero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Guerrero se ubica dentro de los integrantes de la federación con uno de los índices de pobreza y marginación más altos de México, la misma pobreza que combinado con los bajos niveles de crecimiento, falta de oportunidades, son un caldo de cultivo para el crimen organizado, los denominados ninis o lanzarse a la aventura del sueño mexicano en tierras extranjeras.

La idea de un proyecto educativo público es uno de los pilares de la revolución mexicana, la idea de que cualquier persona independientemente de su condición social sea capaz de superarse a través de la educación es un logro de la revolución, cualquier otra alternativa basada en la ganancia de privados a costa del escaso ingreso familiar de los más pobres, destruye el proyecto educativo que dio vida a universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México.

Es fundamental, que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, se amplíen los recursos a la educación pública superior de los estados.

El 21 de septiembre de 2010 presente un punto de acuerdo donde se expresaba el importante papel que cumple la Universidad Autónoma de Guerrero con los jóvenes, entonces contaba con una matrícula de 67 mil 725 alumnas y alumnos, en el nivel superior y bachillerato, un esfuerzo del sector público estatal en las 7 regiones geográficas del estado. Es la institución donde se concentran la mayor cantidad de jóvenes estudiantes ubicados por debajo de los cuatro salarios mínimos. En los últimos tres años (2007-2009) la Universidad de Guerrero ha gestionado recursos económicos extraordinarios para abatir su rezago académico y el déficit presupuestal causado por pensiones.

Durante 2009-2010 la Universidad presentó avances relevantes en el ámbito académico, financiero y de seguridad social, producto de la instrumentación de una serie de políticas, como:

• 29 programas educativos de licenciatura debidamente acreditados en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES); asimismo, que contamos con 7 programas educativos en el nivel 2.

• 52 programas educativos de nivel de licenciatura.

• La matrícula total inscrita en Programas de Buena Calidad es superior al 86 por ciento.

• El personal académico con perfil Promep es de 341 maestros, lo que nos ubica en la media nacional de las Instituciones de Educación Superior del país en este rubro.

• La Secretaría de Educación Pública otorgó a la Universidad Autónoma de Guerrero, a finales de 2009, el “Reconocimiento Nacional por la Calidad en sus Programas Educativos”.

Actualmente, con los datos del primer informe de actividades del rector Ascencio Villegas Arrizón, de abril de 2011, queda claro que las precariedades económicas del Estado de Guerrero y del contexto nacional no han sido excusa para mantener la matrícula en 66 mil 43 estudiantes, de los cuales 40 mil 529 están en bachillerato; 23 mil 539, en licenciatura y en posgrado 957 y técnicos superior universitarios, mil 18 estudiantes. Se cuenta con la cobertura de 87.1 por ciento en nivel superior con 19 programas educativos ubicados en el nivel uno de los CIEES y 9 programas educativos acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, AC, con 342 maestros de tiempo completo están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, lo que equivale a 38 por ciento del total de la planta docente del nivel superior.

El mismo informe menciona que aunque se tuvo un presupuesto de 2 mil 423 millones de pesos para 2010, sólo se autorizaron como recurso ordinario mil 202 millones y por subsidio extraordinario fue de 247 millones producto de la presentación de proyectos sujetos a concurso.

Existe una amplia preocupación de la comunidad universitaria sobre su futuro, la precariedad de las finanzas institucionales mostraron un pasivo institucional de 213 millones de pesos solo al cierre de 2010. Este déficit está directamente relacionado con los sueldos y prestaciones de los trabajadores universitarios. Sin embargo al mes de junio de 2011, la Universidad Autónoma de Guerrero presenta ya un déficit anual de 640 millones de pesos, debido a los adeudos que tiene la institución con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En nuestro papel de representante de la sociedad guerrerense y en respaldo a las gestiones del Rector Ascencio Villegas Arrizón, nos sumamos a las demandas de la Universidad Autónoma de Guerrero y de todas universidades que presentan la misma situación en sus finanzas institucionales y exigimos a la Cámara de Diputados coherencia y corresponsabilidad con la educación superior del sector público.

Ciertamente mientras no se regularice dicha plantilla, la Universidad Autónoma de Guerrero no podrá sanear plenamente sus finanzas; toda vez que la ayuda recibida vía subsidio extraordinario representará solo un paliativo a la solución momentánea que se dé a las deudas que anualmente contrae la Universidad ante instancias externas (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, Sistema de Ahorro para el Retiro y Secretaría de Hacienda y Crédito Público). Toda vez que mediante las retenciones ha sido posible cubrir el déficit en sueldos y prestaciones de nuestra institución universitaria.

El subsidio federal y estatal que se recibe anualmente no es proporcional al total de alumnos con que se cuenta, determinándose aún un costo promedio por alumno inferior a la media nacional de las universidades públicas estatales. Por estas razones solicitamos a la federación un apoyo extraordinario para las necesidades de los sueldos y prestaciones de la plantilla de personal, con un déficit aproximado para 2012 de 640 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El senado de la República solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se considere, en el proceso de discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012 un incremento en el subsidio federal ordinario correspondiente al gasto de la Universidad Autónoma de Guerrero por un monto de 640 millones de pesos, para efecto de cubrir con suficiencia los gastos que genera su operación regular.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de octubre de 2011.

Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)

De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, presentada por Jaime Rafael Díaz Ochoa, en nombre propio y de los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte

México, DF, a 11 de octubre 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar el monto de 8 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, asimismo exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-­2012, se elabore e implemente una estrategia para la frontera norte de México.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnaran a la Comisión de Derechos Humanos los resolutivos segundo y tercero.

Senador Ricardo Francisco García Cervantes

Vicepresidente

Jaime Rafael Díaz Ochoa, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, Jesús María Ramón Valdés y Lázara Nelly González Aguilar, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a aprobar el monto de 8 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, así como, al titular del Ejecutivo federal a que, dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-2012, se elabore e implemente una estrategia para la frontera norte de México, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La trata de personas entendida como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación, según lo establece el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, firmado por México en diciembre del 2000, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como una forma contemporánea de esclavitud, resultante de un engramado multifactorial, donde las vulnerabilidades culturales, socioeconómicas y legales a las que se afrontan las victimas representa la base de este atroz fenómeno que daña la integridad y dignidad de millones de personas que actualmente se encuentran sumergidas en ella.

De acuerdo con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), que lanzó en 2008 la campaña “Corazón Azul” con el designio de despertar la conciencia de la población y movilizar las intervenciones de las organizaciones internacionales, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y, en última instancia, cada individuo en favor de la lucha contra la trata de personas y de la cual estados de la República Mexicana, como Baja California, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán ya son participes desde 2010, las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80 por ciento de las víctimas identificadas dentro de este lacerante delito, y entre el 15 y el 20 por ciento equivale a niños varones, destacando que la trata infantil existe en todas las regiones del mundo y en algunos países es la modalidad principal de la trata de personas.

Si bien, esta transgresión a los derechos humanos abarca múltiples crímenes, la explotación sexual en 2009 representaba aproximadamente el 80 por ciento de los casos registrados a nivel internacional, y en lo referente a explotación laboral, la Organización Internacional del Trabajo estimó en 2005 unos 2.4 millones de personas permanentes que eran víctimas de trabajos forzados, aunque los expertos mencionan que las cifras son muy inferiores a la realidad.

A nivel nacional, nuestro país como territorio de origen, tránsito y destino de migrantes, lo es también de trata de personas, con por lo menos 20 mil individuos que anualmente son víctimas de ese flagelo, en su mayoría mujeres, niñas y niños, llegando a ocupar en 2010, de acuerdo con estudios de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, el quinto lugar de los países latinoamericanos con mayores índices de explotación.

Ambas franjas fronterizas de México que lo enmarcan en una geografía particular proclive a la dinámica migratoria, son escenarios persistentes de este crimen, tal y como se reflejó en el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, que identificó las ciudades con mayor incidencia de casos de trata en el país, destacando la ciudad de Tapachula, en el estado fronterizo del sur Chiapas, pero sobre todo, las ciudades fronterizas del norte del país: Tijuana y Mexicali, en Baja California; Nogales, en Sonora; Ciudad Juárez, en Chihuahua; y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

De acuerdo con diversos estudios realizados, la población migrante presenta ciertas características específicas que la perfilan como blanco potencial de los tratantes de personas, siendo la principal razón que presenta a la frontera norte de México como la región más preocupante del país por su alta incidencia de casos, situación que se corrobora con el diagnóstico preliminar del proyecto denominado “combate a la trata de mujeres, adolescentes, niños y niñas en México”, iniciado en 2004 por el gobierno mexicano, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional de la Migración (OIM), mismo que se enfocó particularmente en Baja California, concluyendo que la mayor parte de las víctimas son mujeres que desean migrar hacia Estados Unidos, de las cuales el 93 por ciento son mexicanas, y el resto provenientes de países como El Salvador, Guatemala, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, España, Estados Unidos y China.

Por otro lado, se identificaron cinco rutas de la trata de personas en la frontera norte, donde la primera inicia en Sudamérica, llega al Distrito Federal o Puerto Vallarta, Jalisco, y de ahí va hacia Baja California; la segunda parte, de Centroamérica hacia Tijuana directamente; la tercera se sitúa en el interior de Baja California, desde Tijuana a los otros cuatros municipios de la entidad; la cuarta es trazada desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, y Sonora, pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta; y finalmente, la quinta ruta parte de Tijuana hacia Estados Unidos, por San Diego, la cual opera diversos puntos como La Escondida, Vista, Las Antenas, Carlsbad, Carrizales, Oceanside y Del Mar y Los Gatos en Valley Center.

El panorama se agudiza con los resultados arrojados por otra investigación financiada en parte por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2004, a cargo de la dirigente del Corredor de Seguridad Binacional Tijuana-San Diego, organización que durante dos décadas ha trabajado en el rescate y asesoramiento de víctimas de tráfico y explotación humana, con la cual se vislumbró que la corrupción y participación de autoridades en el negocio criminal convertía a esas dos ciudades en mercados perfectos para llevar a cabo la trata de personas en toda su amplitud, desde explotación sexual hasta laboral.

Una segunda investigación llevada a cabo por la misma organización en 2008, que se centró en descubrir el sistema operativo de la trata de personas en Mexicali, Tecate y Tijuana, censó alrededor de 5 mil células inmiscuidas en este delito, evidenciando además, la íntima relación de la trata de personas con la delincuencia organizada, debido a que se observó que las grandes organizaciones son por lo general células que en origen se dedicaban al tráfico de estupefacientes y que ahora suelen ser las que dominan las rutas de trasiego, aseguramiento y explotación de humanos.

Por otra parte, la explotación laboral también se evidencia en la frontera norte con alarmantes cifras, como las resultantes de una encuesta realizada en 2010 por el conglomerado de organizaciones defensoras de los derechos humanos en San Diego, “Centro de Promoción Social”, a 505 migrantes residentes en Estados Unidos pero trasladados desde México la mayoría bajo engaños de los empleadores, de los cuales 321 reportaron información que los convierte en victimas de trata, al trabajar con pagas miserables y bajo amenaza; recibir cheques sin fondos; no recibir remuneración alguna y trabajar en zonas de alto riesgo amenazados con dañar a sus familias si desertaban.

Ante tan desolador escenario, un paso sin duda determinante hacia el combate de la trata de personas, fue la promulgación en 2007 de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, mediante la cual se otorgó protección jurídica a las víctimas de dicho delito, y en cuyo marco el pasado 6 de enero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-2012 de la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

Este programa cuenta con 56 acciones y cuatro objetivos específicos, con el propósito general de implementar las políticas públicas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas a nivel nacional, siendo vinculante para las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la República, quienes elaborarán sus respectivos programas anuales, que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del programa, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En este sentido, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinaron 2 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas, y hoy observamos con regocijo el compromiso y responsabilidad del Ejecutivo Federal con las víctimas de este crimen al ampliar plausiblemente dichos recursos más de un 300 por ciento en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerció Fiscal de 2012 presentado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el que se prevén 8 millones 500 mil pesos para el logro de tal fin, mismos que sin duda coadyuvan a continuar emprendiendo acciones a nivel nacional, como las llevadas a cabo en entidades de la frontera norte como Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, para combatir la trata de personas, donde en coordinación con el gobierno federal se han llevado a cabo eventos, talleres de capacitación, entre otras actividades, enfocadas principalmente a educar a niños, adolecentes y jóvenes sobre la prevención de dicho delito, así como a capacitar a funcionarios públicos para atender a las personas que ya han sido víctimas.

Es con ese ánimo, pero sobre todo en aras de propiciar la colaboración y coordinación con los gobiernos locales de lo seis Estados que conforman la zona norte del país para llevar a cabo un trabajo fortalecido a través de la unión, que contribuya a la eficaz erradicación de este flagelo en una región que constituye un nicho persistente para cometerlo, que los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, consideramos conveniente que dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-2012 se prevea una estrategia de combate a la trata de personas para la frontera norte de México, focalizada a diagnosticar la realidad particular de dicha franja e implementar políticas públicas acordes a la misma.

Además, en el mismo tenor, consideramos imperante para atender la trata de personas en su total amplío espectro íntimamente ligado con la migración, que dentro de la Estrategia propuesta, se realicen las gestiones pertinentes para concretar el Memorándum de Entendimiento relativo al Programa OASISS sobre el procesamiento penal de traficantes y tratantes de personas que ponen en riesgo a migrantes, puesto en marcha en agosto de 2005 por los gobiernos de México y Estados Unidos de América, en aras de salvaguardar la integridad física de los migrantes, desalentar el tráfico y la trata de personas, evitar la impunidad y contribuir al fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo con el quinto Informe del Gobierno federal, en noviembre de 2010, funcionarios del Departamento de Seguridad Interna de nuestro vecino país, se comprometieron a analizar la viabilidad de continuar con el proceso de negociación de dicho memorándum, sin embargo, a pocos meses de concluir 2011, no se tiene información de un avance al respecto.

La trata de personas es resultado de la vulnerabilidad colectiva resultante de una persistente desigualdad social y económica, pero preponderantemente es en la enraizada corrupción dentro de las instituciones que debieran velar por la integridad de las personas, que este desdeñable negocio ha encontrado encubrimiento para continuar operando, constituyendo el mayor obstáculo para hacer frente a este crimen que quebranta la dignidad de sus víctimas, porque una raíz carente de integridad y honradez para cumplir con proteger a sus ciudadanos, impide el crecimiento de los frutos de políticas públicas implementadas, recursos económicos destinados y trabajo impulsado desde el seno de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión.

Es por ello que, tras conmemorar el pasado viernes 23 de septiembre un año más el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, es menester redoblar la lucha contra la trata de personas que afecta a familias y comunidades enteras, fracturando el tejido social y lacerando la condición de humanidad de quienes sufren este crimen.

En virtud de lo expuesto, ponemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a aprobar para el Presupuesto de Egresos 2012 el monto de 8 millones 500 mil pesos para promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que dentro del Programa Nacional para prevenir y sancionar la Trata de Personas 2010-2012 se elabore e implemente una estrategia de combate a la trata de personas para la frontera norte de México.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo las gestiones y negociaciones pertinentes con Estados Unidos de América para concretar el memorándum de entendimiento relativo al Programa OASISS sobre el procesamiento penal de traficantes y tratantes d personas que ponen en riesgo a migrantes.

La Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte

Senadores: Jaime Rafael Díaz Ochoa, presidente; Jesús María Ramón Valdés, secretarios; Lázara Nelly González Aguilar (rúbricas).

Del Congreso de Durango, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 los recursos del Fondo Metropolitano

Diputados Secretarios

De la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo

México, DF

Presentes

En sesión ordinaria verificada el jueves 22 de septiembre del presente año, la honorable LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó el punto de acuerdo, que a la letra dice:

Único. Que la LXV Legislatura, exhorte respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a los diputados federales por nuestro estado, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se incrementen los recursos del Fondo Metropolitano.

Sin otro particular nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Victoria Durango, Durango, a 25 de septiembre de 2011.

Diputados: Aleonso Palacio Jáquez (rúbrica), Elia María Morelos Favela (rúbrica), secretarios.

Del Congreso de Durango, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 mayores recursos a los programas de apoyo al campo

Diputados Secretarios

De la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo

México, DF

Presentes

En sesión ordinaria verificada el martes 27 de septiembre del presente año, la honorable LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó el punto de acuerdo, que a la letra dice:

Primero. Esta LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012 enviado por el Ejecutivo federal, con la finalidad de que los recursos que se asignen a los programas de apoyo al campo sean iguales o mayores a los asignados para este año;

Segundo. De la misma manera, se exhorta a las comisiones correspondientes del mencionado órgano legislativo, para que asignen recursos económicos de manera a extraordinaria a una partida especial, a efecto de que sean aplicados en un programa especial de atención por sequia al Estado de Durango;

Tercero. Esta LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, exhorta de manera atenta y respetuosa al gobierno del estado, con el objeto de que se incremente en la iniciativa de Ley de Egresos del gobierno del estado correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2012, los recursos asignados a los programas de apoyo al campo, contemplando una partida presupuestal destinada a la sequía.

Sin otro particular nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Victoria Durango, Durango, a 28 de septiembre de 2011.

Diputados: Aleonso Palacio Jáquez (rúbrica), Elia María Morelos Favela (rúbrica), secretarios.

Del Congreso de Durango, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a no reducir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 el monto asignado al programa 70 y Más de zonas rurales y suburbanas

Diputados Secretarios

De la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo

México, DF

Presentes

En sesión ordinaria verificada el martes 27 de septiembre del presente año, la honorable LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó el punto de acuerdo, que a la letra dice:

Primero. La LXV Legislatura exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012, no se reduzca el monto asignado al Programa 70 y Más de zonas rurales y áreas suburbanas, y que el apoyo que recibe cada beneficiado se incremente a cuando menos ochocientos noventa y ocho pesos;

Segundo. De igual forma se amplíe dicho programa para beneficiar a los adultos mayores que viven en zonas urbanas de localidades de más de 500 mil habitantes.

Tercero. Asimismo, se exhorta a la secretaría correspondiente para que se modifiquen las Reglas de Operación de este programa para que los recursos federales sólo se apliquen mediante convenios con las entidades federativas, donde su ejercicio exija una mezcla con los recursos estatales y municipales;

Cuarto. Esta LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, exhorta de manera atenta y respetuosa al gobierno del estado, con el objeto de que se incremente en la Iniciativa de Ley de Egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012 los recursos destinados al Programa Crecemos, aumentando con ello el apoyo que recibe cada beneficiario en este programa.

Sin otro particular nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Victoria Durango, Durango, a 28 de septiembre de 2011.

Diputados: Aleonso Palacio Jáquez (rúbrica), Elia María Morelos Favela (rúbrica), secretarios.

Del Congreso de Durango, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 mayores recursos al sector minero

Diputados Secretarios

De la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo

México, DF

Presentes

En sesión ordinaria verificada el jueves 22 de septiembre del presente año, la honorable LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó el punto de acuerdo, que a la letra dice:

Primero. La LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango exhorta, de manera atenta y respetuosa, al gobernador del estado, con la finalidad de que considere para el próximo Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Durango, correspondiente al ejercicio 2012, destinar mayores recursos al rubro de fomento a la minería;

Segundo. Esta LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango exhorta, de manera atenta y respetuosa, al Congreso de la Unión con la finalidad de que considere, para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2012, destinar mayores recursos al sector minero del país, con el objeto de incentivar y fomentar la pequeña y mediana minería.

Sin otro particular nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Victoria Durango, Durango, a 26 de septiembre de 2011.

Diputados: Aleonso Palacio Jáquez (rúbrica), Elia María Morelos Favela (rúbrica), secretarios.

Del Congreso de Durango, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos para constituir un fondo de urgencia que salve el campo duranguense

Diputados Secretarios

De la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo

México, DF

Presentes

En sesión ordinaria verificada el jueves 29 de septiembre del presente año, la honorable LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó el punto de acuerdo, que a la letra dice:

Primero. La LV Legislatura del honorable Congreso de Durango, respetuosamente exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro del proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2012, se considere destinar los recursos necesarios para constituir un fondo de emergencia para salvar al campo duranguense. Así como la declaración de emergencia por desastres naturales por la afectación en los cultivos y ganado de Durango, además de ser un respetuoso exhorto a los tres niveles de gobierno para que incrementen de manera urgente una bolsa de recursos extraordinarios para la atención en el presente año.

...

Sin otro particular, nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Victoria Durango, Durango, a 3 de octubre de 2011.

Diputados: Aleonso Palacio Jáquez (rúbrica), Elia María Morelos Favela (rúbrica), secretarios.

Del Congreso de Durango, con la que remite acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional del Agua a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 criterios compensatorios por la dotación del líquido de dicha entidad a otras

Diputados Secretarios

De la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo

México, DF

Presentes

En sesión ordinaria verificada el miércoles 14 de septiembre del presente año, la honorable LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó punto de acuerdo , presentado por el diputado Otniel García Navarro, que a la letra dice:

Único. Exhórtese respetuosamente al honorable Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional del Agua, para que haga los estudios necesarios e incluya criterios compensatorios, dada la dotación de agua de Durango hacia otras entidades federativas, en el Presupuesto de 2012.

Sin otro particular nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Victoria Durango, Durango, a 15 de septiembre de 2011.

Diputados: Aleonso Palacio Jáquez (rúbrica), Elia María Morelos Favela (rúbrica), secretarios.

Del Congreso de Hidalgo, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos para el mantenimiento de las escuelas de educación básica del país

Pachuca, Hidalgo, a 29 de septiembre de 2011.

Secretarios de la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Los ciudadanos diputados integrantes de la primera Comisión Permanente de Educación, de la LXI Legislatura, emitieron acuerdo económico, relativo al planteamiento realizado por el diputado Julián Meza Romero, con el tema: “Escuelas Públicas”, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual le estoy enviando copia, en suplencia de la Secretaría, para su conocimiento y efectos.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Licenciado Laman Carranza Ramírez (rúbrica)

Secretario de Servicios Legislativos

del Congreso de Hidalgo

Primera Comisión Permanente de Educación de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

Ciudadanos diputados

A los diputados Francisco Javier Pérez Salinas, Ramón Flores Reyes, Juan Manuel Camacho Bertrán, Myrlen Salas Dorantes y Martín Pérez Sierra, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Educación, por instrucciones del presidente de la Directiva del Congreso del estado, nos fue turnado el planteamiento del diputado Julián Meza Romero, por lo que con fundamento en lo que establecen los artículos 75, 77, fracción V, y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y con relación a los siguientes

Antecedentes

1. En sesión de la Diputación Permanente de fecha 17 de agosto del año en curso, se nos turnó el asunto con el tema: “Escuelas públicas”, con los comentarios de las diputadas Sandra María Ordaz Oliver y Myrlen Salas Dorantes, para los efectos procedentes.

2. Este asunto se registró en el Libro de Gobierno de la Comisión bajo el número 13/2011.

3. En el planteamiento de referencia, se solicita se emita un exhorto para que las escuelas cuenten con las condiciones materiales, académicas y sociales suficientes que garanticen la calidad y equidad de la educación para la niñez y la juventud hidalguense, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la gratuidad de la educación.

4. Derivado de lo anterior en sesión de la comisión actuante, de fecha 22 de agosto del presente año, se acordó invitar al Dip. Julián Meza Romero, para que abundara sobre su tema planteado, con fundamento en lo que establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

5. Con fecha 13 de los corrientes, tuvo verificativo la sesión de la comisión, en donde el diputado Julián Meza Romero, abordó el tema y en un intercambio de opiniones con los integrantes de la comisión, se profundizó en el estudio y resolución de éste, y

Considerando

Primero. Que la comisión que suscribe resulta competente para estudiar, analizar y resolver de los asuntos que les sean turnados por la Directiva, de conformidad, con lo que establece el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Hidalgo.

Segundo. Que coincidimos con los argumentos del diputado Julián Meza Romero, con relación a que al inicio de cada ciclo escolar, en las escuelas de educación básica, por acuerdo de los padres de familia se solicita una cooperación económica voluntaria para la compra de material didáctico, de aseo, de oficina, para la celebración de eventos cívicos y sociales, en general para el mantenimiento de estos planteles escolares.

Tercero. Que las aportaciones voluntarias que realizan los padres de familia varían, según las necesidades que se tengan, las cuales en ocasiones se realizan mediante un depósito bancario a nombre de las asociaciones de padres de familia, situación que no es una obligación, sino la voluntad de los padres de familia y que sin duda es de gran beneficio para el mantenimiento.

Cuarto. Que los recursos que se obtienen de las aportaciones voluntarias de los padres de familia, se destinan al mantenimiento de las escuelas, en donde sus hijos cursan su educación, los cuales son administrados por los propios padres de familia de la institución escolar.

Quinto. Que la obligación del Estado es de proporcionar educación laica y gratuita, que el Estado, en concurrencia con la Federación y los municipios invertirán recursos económicos que garanticen el óptimo funcionamiento de los servicios educativos para la educación básica.

Sexto. Que en este orden de ideas y derivado del régimen de gobierno bajo el cual nos regimos, el Titular del gobierno federal es el encargado de destinar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para cubrir las demandas que tiene nuestro país.

Séptimo. Que toda vez que la iniciativa de decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para 2012, ya fue enviada al Congreso de la Unión para su aprobación, consideramos pertinente dirigir el exhorto a éste, para que atienda esta necesidad.

Por lo que, con fundamento en lo que establecen los artículos 132, 134, 136 y 137 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Hidalgo, nos permitimos someter a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo Económico

Primero. Los diputados que integran la LXI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que dentro del Presupuesto de Egresos para 2012, en el ramo de “Educación” consideren una partida que se destine al mantenimiento de las escuelas de educación básica del país.

Segundo. A efecto de lo anterior gírese oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los Efectos correspondientes, anexando copia de este acuerdo.

Tercero. Asimismo gírense oficios anexando copia del presente acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, solicitando su adhesión, de considerarlo procedente.

Elaborado en la sala de sesiones de la comisión, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil once.

Por la Primera Comisión Permanente de Educación

Diputados: Francisco Javier Pérez Salinas, Ramón Flores Salinas, Juan Manuel Camacho Beltrán, Myrlen Salas Dorantes, Martín Pérez Sierra (rúbricas).

Del Congreso de Guerrero, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos suficientes para atender las necesidades del sistema educativo nacional

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 4 de octubre de 2011.

Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

México, Distrito Federal

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que se realiza un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 mayores recursos que sean suficientes para atender las necesidades del sistema educativo nacional, particularmente en el nivel básico: inicial, preescolar, primaria y secundaria, que permitan materializar una educación de calidad para todos los mexicanos, así como el desarrollo integral de nuestro país.

Aprobado en sesión celebrada el martes 4 de octubre del año en curso

Atentamente

Licenciado Benjamín Gallegos Segura (rúbrica)

Oficial Mayor

La Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 4 de octubre del 2011, el diputado José Natividad Calixto Díaz presentó una propuesta de acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero realiza un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus atribuciones, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 mayores recursos que sean suficientes para atender las necesidades del sistema educativo nacional, particularmente en el nivel básico: inicial, preescolar, primaria y secundaria, que permitan materializar una educación de calidad para todos los mexicanos, así como el desarrollo integral de nuestro país, en los juicios de los que sean parte, en los siguientes términos:

“El Presupuesto de Egresos de la Federación es la herramienta principal del gobierno federal para la ejecución de la política pública. En el paquete económico 2012, el gobierno federal ha propuesto un gasto neto total equivalente a los 3 619 907.1, lo que corresponde al total de ingresos propuestos en la Ley de Ingresos de la Federación para el año en cuestión.

Ante un panorama de incertidumbre y volatilidad económica, el gobierno federal, mediante la política del gasto propuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012, expone prioridad en tres ejes: seguridad pública, crecimiento económico y desarrollo social. Estos ejes se reflejan en las asignaciones presupuestarias a través de los remos administrativos y su clasificación funcional.

En ese sentido, la educación como pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país, debe ser un elemento prioritario en la asignación de recursos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos establece que para países como México, la inversión anual en educación, para alcanzar los niveles medios de los países que integran esta organización, debe ser del 8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Analizando la asignación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012, en los diferentes rubros nos percatamos de lo lejos que se encuentra nuestro país de alcanzar esta meta, lo que se refleja en los niveles de cobertura y de calidad de los diferentes niveles educativos.

Para el ciclo escolar 2010-2011, el sistema educativo nacional atendió aproximadamente a 34.3 millones de alumnos. El sector público atiende al 87.1 por ciento del total (29.9 millones). En cuanto al gasto, los recursos que se destinan a la educación constituyen menos del 6 por ciento del PIB, de los cuales se prevé que para el 2012 la Federación aporte tan sólo el 3.75 por ciento, el 1.0 por ciento los estados y el restante 1.4 por ciento es aportado por la iniciativa privada.

Para el ejercicio fiscal 2012, el Poder Ejecutivo propone un presupuesto de egresos para la función educativa de 535 mil 891 millones de pesos, cifra 3.0 por ciento menor, en términos reales, que el presupuesto aprobado para el 2011, y 2.6 por ciento menor que el gasto ejercido en el 2010. Con ello, se confirma que el Ejecutivo Federal, no considera a la educación como tema prioritario, situación que se hace patente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos antes aludido.

De los más de 535 mil millones de pesos propuestos para el gasto en educación pública en 2012, 96.8 por ciento están destinados a gasto corriente y el 3.2 por ciento a gasto de inversión. El gasto corriente es 1.8 por ciento menor en términos reales que el aprobado en 2011, y 2.4 por ciento menor que el ejercido en el 2010, respectivamente. El gasto corriente está compuesto en su mayoría por gasto en servicios personales y subsidios, el resto se campan e en gastos de operación y otros. Por su parte, el gasto de inversión se divide en inversión física, subsidios y otros programas.

De igual forma se aplica para educación básica como se aprecia en la siguiente tabla del Presupuesto de Egresos para la función de educación por subfunción.

De lo anterior, observamos que a la educación básica, la cual representa los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria, se presenta una disminución de recursos económicos para el 2012, del menos cero dos por ciento (-02 por ciento) en comparación con lo aprobado en el ejercicio fiscal de 2010 y un pequeño incremento del uno punto nueve por ciento (1.9 por ciento) en comparación de 2011. Si tomamos en cuenta las múltiples necesidades que se presentan en estos niveles educativos, estos recursos no son suficientes para atender las necesidades del nivel básico del Sistema Educativo Nacional y consolidar una educación de calidad y abatir el rezago.

De igual forma, resulta importante mencionar la desincorporación de las subfunciones de cultura y deporte de la función educativa, para formar parte de una nueva función (recreación, cultura y otras manifestaciones sociales). Respecto a ello, destacan los programas dedicados a promover y difundir la cultura en las entidades federativas y municipios. Sin embargo, la promoción de una cultura de deporte y actividad física cotidiana sobre todo para niños y jóvenes, así como la búsqueda del impulso de los atletas mexicanos ante las próximas Olimpiadas en Londres, Inglaterra, no se ve reflejada en el presupuesto asignado a Deporte, ya que presenta una disminución respecto al presupuesto aprobado para 2011 y el ejercido en 2010.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, solicitó más de 9 mil millones de pesos adicionales para apoyar a las universidades públicas del país, en virtud de que se presentó una disminución de recursos al presupuesto federal para el próximo año y no podrían mantener proyectos de gran trascendencia.

Aún más, por la falta de recursos en el sector educativo, se han presentado diversos problemas, uno de ellos es la falta de infraestructura; existen comunidades en las que los alumnos toman clases en aulas con techo de cartón y de madera, incluso hay casos extremos en que lo hacen a la intemperie, bajo los árboles.

Otro de los problemas que presenta el sector educativo, que aún se acentúa, es la inseguridad. Muchos maestros han sido acosados por la delincuencia organizada en nuestro Estado de Guerrero, lo cual generó que se perdieran clases por más de un mes; asimismo, en otros estados de la república, existen escuelas cerradas por la misma causa. Sin embargo, considero que con el aumento del presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública federal para el próximo año y con la compra de más armamento para combatir la inseguridad, esta no se va a erradicar, sino que con mayor inversión en educación, con la implementación de programas, becas para estudiantes, el fomento a los valores, el aumento a la matrícula escolar y la construcción de más y mejores escuelas, muchos jóvenes no estarán expuestos ni tentados para formar parte de las filas de la delincuencia organizada.

En ese sentido, es imprescindible canalizar recursos urgentes para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa, así como para la creación de nuevos y mejores espacios físicos, porque la mayoría de los mexicanos vivimos en áreas con gran actividad sísmica lo cual representa un gran riesgo, sobre todo para los alumnos de los planteles de Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria; es por ello que se tienen que llevar a cabo en cada una de las escuelas del territorio que tienen un período de vida de más de una década, la restitución de aulas escolares; la infraestructura educativa actual tiene un déficit impresionante de espacios educativos y los que actualmente subsisten de manera precaria es gracias a las aportaciones de los padres de familia.

No es posible pedir una educación de calidad cuando no se dan las condiciones mínimas necesarias para el proceso enseñanza - aprendizaje; la creación de nuevos espacios educativos conlleva, de entrada, deficiencias de todo tipo, falta de material didáctico, falta de mobiliario escolar y falta de espacios educativos adecuados; de esta forma, ¿cómo les pedimos a los niños y jóvenes estudiantes el mejor de sus esfuerzos? si no cuentan con las herramientas necesarias para cumplirlo.

Asimismo, existe información fidedigna de que impera más de un centenar de escuelas cerradas por falta de maestros en comunidades y ciudades de todas las regiones de nuestro estado de Guerrero y sobre todo en áreas indígenas. Esto, a partir de declaraciones de padres de familia que constantemente acuden a esta representación popular a exigir apoyo para atender este tipo de requerimientos.

Como diputado integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura y en mi calidad de representante del Partido Nueva Alianza, apoyaré siempre las causas justas del sector educativo, velando por los derechos de los trabajadores y de los alumnos, pero sobre todo por el derecho a la educación de todo aquel que la demande”.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 4 de octubre del 2011, la Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de Acuerdo Parlamentario presentada por el Diputado José Natividad Calixto Díaz.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Único. La Quincuagésima Novena Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, realiza un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus atribuciones, asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, mayores recursos que sean suficientes para atender las necesidades del sistema educativo nacional, particularmente en el nivel básico: inicial, preescolar, primaria y secundaria, que permitan materializar una educación de calidad para todos los mexicanos, así como el desarrollo integral de nuestro país.

Transitorios

Artículo Primero: El presente acuerdo parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Artículo Segundo: Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Artículo Tercero: Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al titular del Poder Ejecutivo del estado, para su conocimiento.

Artículo Cuarto: Comuníquese el presente acuerdo parlamentario a los honorables Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de considerarlo pertinente, se adhieran al mismo.

Artículo Quinto: Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página web de este Poder Legislativo.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil once.

Diputados: Irma Lilia Garzón Bernal, presidenta; José Natividad Calixto Díaz, María Antonieta Guzmán Visairo (rúbrica), secretarios.

Del Congreso de Jalisco, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 recursos para desplegar en el país campañas de difusión sobre los beneficios de la carne de cerdo mexicana

Honorable Cámara de Diputados

Del Congreso de la Unión

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 1193-LlX-11, en el que de manera atenta y respetuosa se les solicita se tenga a bien analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 para que se etiqueten recursos para el desarrollo de campañas de difusión al interior del país, de los beneficios de la carne de cerdo mexicana, clarificando la imagen en la sociedad de las bondades en su consumo.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, adjuntándole copia del acuerdo legislativo de referencia, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, a 27 de septiembre de 2011.

Licenciado José Manuel Correa Ceseña (rúbrica)

Secretario General del Congreso del Estado

Congreso del Estado de Jalisco

Presente

El que suscribe, diputado José Nicolás Morales Ramos, integrante de esta LIX Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 28, fracción I de la Constitución Política y 22, fracción I, 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de este honorable Congreso, iniciativa de acuerdo legislativo que solicita al secretario de Educación, al Consejo Técnico Nacional de la Educación, al secretario de Salud del gobierno federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en la esfera de sus respectivas competencias, clarifiquen el texto de segundo grado de primaria y, en su caso, apoyen campañas de difusión de los beneficios de la carne de cerdo, derivado del contenido de la página 16, el cual puede afectar el consumo de carne de cerdo y por ende el sector porcícola en nuestro país, bajo las siguientes:

Consideraciones

1. Que es facultad del Congreso del estado legislar en todas las ramas del orden interior del estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I. del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

2. Que conforme a lo dispuesto por la fracción I. del numeral I. del artículo 150 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, es iniciativa de acuerdo legislativo la que tiene por objeto establecer la posición política, económica, social o cultural del Poder Legislativo respecto de asuntos de interés público.

3. Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, entre otros aspectos, organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas; la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural, la enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la enseñanza superior y profesional, así como ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la república.

4. La fracción III y IV del artículo 12 de la Ley General de Educación, establece que le corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones de elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, y autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, la primaria y la secundaria. En dicha ley, también se prevé que el Consejo Nacional Técnico de la Educación, y los correspondientes en las entidades federativas, son órganos de consulta de las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia. Entre las funciones de estos consejos está la de realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico acerca de planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales de estudio, materiales didácticos y de apoyo al proceso educativo, métodos e instrumentos de evaluación, diseño de espacios, mobiliario, equipos y, en general, de todos los elementos que integran el currículo de la educación básica y los factores que afectan la calidad de los servicios.

De igual manera, el Consejo Técnico Nacional de la Educación está facultado para emitir opinión fundada respecto a planes y programas de estudio que proponga la autoridad competente, las actualizaciones de libros de texto, los libros y materiales didácticos y los contenidos educativos, así como los requisitos académicos de los planes y programas de estudio de los particulares.

5. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 febrero 1980 1 , se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como organismo público descentralizado, estableciendo en su artículo 2 que para el cumplimiento de su objeto la comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Editar e imprimir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares, mediante sus propias instalaciones, por concursos o de otro modo si estos resultaren insuficientes;

II. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en el diseño de libros de texto gratuitos y otros materiales didácticos;

III. Participar, con un representante, en el Consejo de Contenidos y Métodos Educativos de la Secretaría de Educación Pública;

IV. Distribuir los libros y toda clase de materiales didácticos similares que produzca, y

V. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto.

6. Que en el ciclo escolar 2011-2012, se han proporcionado por parte de la Secretaría de Educación Pública de manera gratuita a los niños de primaria los libros de texto, para el cumplimiento de los planes y programas educativos, sin embargo en lo que respecta al libro de texto de segundo grado en la materia de Formación Cívica y Ética, se aprecia en la página 16, un esquema que contempla consideraciones de nutrición, advirtiendo en uno de sus puntos que las niñas y los niños sanos y fuertes “Prefieren comer carne de aves como pollo, también pescado, atún o sardina, en lugar de carne de cerdo o comida con mucha grasa” .

Al final de la página se cita “Secretaría de Salud”.

Sin lugar a duda, fomentar hábitos de una alimentación balanceada en las niñas y niños es de interés para esta soberanía, y muestra de ello son las iniciativas y dictámenes que se han presentado en la presente legislatura en la materia, sin embargo el tema obedece a preservar la nutrición y la salud de los niños para un futuro mejor.

7. La carne de cerdo en México ha sufrido altibajos por los acontecimientos que se han suscitado en nuestra entidad y en el país, como lo fue la presencia del virus de la influenza A (H1N1) ya que hubo quienes la relacionaron con el consumo de la carne de cerdo, afectando seriamente la producción y distribución a los productores del sector porcícola. No obstante lo anterior, gracias al apoyo del gobierno, las confederaciones y uniones de porcicultores, y los propios productores, entre otros actores involucrados, fue posible llevar a cabo campañas donde se informó a la sociedad de los beneficios de la carne de cerdo, y se diera a conocer con oportunidad que su consumo no se atribuía al contagio del virus.

Que de conformidad con datos de página web de la Confederación de Porcicultores Mexicanos 2 , la carne de cerdo es de las que menos grasa tiene, casi 70 por ciento de sus grasas son insaturadas, y contribuyen a mantener bajo el nivel de colesterol en la sangre, la carne de cerdo ha reducido 31 por ciento en grasa, 14 por ciento en calorías, 10 por ciento en colesterol en los últimos 30 años, 100 gramos de un corte primario de carne de cerdo mexicana, sólo contiene 61 miligramos de colesterol=20. 3 por ciento de la Ingesta Diaria Recomendada, es rica en ácido linoieico, tiamina (vitamina 81), niacina (vitamina 83), fósforo, potasio.

Por lo anterior, resulta necesario fomentar el consumo de la carne de cerdo, y solicitar al secretario de Educación las adecuaciones al libro de texto de segundo grado, así como al Consejo Técnico Nacional de la Educación.

Aunado a lo anterior se estima apropiado solicitar al Congreso de la Unión su valiosa intervención para dar continuidad a las campañas donde se difundan los beneficios del consumo de la carne de cerdo, y coadyuvar en contrarrestar los efectos de la publicación anteriormente citada, en apoyo a la porcicultura mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 150 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, presento a la elevada consideración de ustedes la siguiente iniciativa de

Acuerdo Legislativo

Primero. Gírese atento y respetuoso exhorto al secretario de Educación del gobierno federal, maestro Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal; al presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), licenciado Miguel Agustín Limón Macías; así como al secretario federal de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, anexando las consideraciones del presente acuerdo, mediante el cual se les solicita que se lleven a cabo las acciones que estimen procedentes a fin de que se clarifique y, en su caso, se efectúen las correcciones pertinentes a la información contenida en la página 16 del libro de texto segundo grado de primaria, en la materia de Formación Cívica y Ética, relativa a la carne de cerdo, toda vez que su consumo es saludable y cuenta con beneficios alimenticios, puesto que la redacción contenida puede afectar seriamente su consumo y por ende al sector porcícola en nuestro país y su economía.

Segundo. Gírese atento y respetuoso oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de Unión, solicitándoles tengan a bien analizar que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se etiqueten recursos para el desarrollo de campañas de difusión al interior del país, de los beneficios de la carne de cerdo mexicana clarificando la imagen en la sociedad de las bondades de su consumo.

Notas

1. http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/5f081c03-5ef8-415b-al df- 35b660088c24/decreto_conaliteg.htm

Consultado el 12 de Septiembre de 2011.

2. http://www.carnedecerdomexicana.com.mx/beneficiosconsultada el 7 de septiembre de 2011.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 13 de septiembre de 2011.

Diputado José Nicolás Morales Ramos (rúbrica)

Del Congreso de Puebla, con la que remite acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a reformar la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a 2012 para fortalecer el ramo 38, “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”

Diputado Emilio Chuayffet Chemor

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En sesión de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada en esta fecha, se aprobó el acuerdo a través del cual en lo conducente resuelve lo siguiente:

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades modifique y en su caso adicione el artículo 1 de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para establecer que las cantidades que se recauden por concepto de multas impuestas por el Instituto Federal Electoral sean reasignadas al ramo 38 “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”.

Segundo. Envíese el presente acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal solicitando se adhieran al mismo.

Por lo anterior, se anexa a la presente copia simple del citado acuerdo para los efectos correspondientes.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de septiembre de 2011.

Atentamente

Comisión Permanente

del Honorable Congreso del Estado

Zeferino Martínez Rodríguez (rúbrica)

Presidente

Ana María Jiménez Ortiz (rúbrica)

Secretaria

Comisión Permanente del honorable

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

Considerando

En sesión pública de la Comisión Permanente de esta fecha, se tuvo a bien aprobar el acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus facultades modifique y, en su caso, adicione el artículo 1 de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para establecer que las cantidades que se recauden por concepto de multas impuestas por el Instituto Federal Electoral sean reasignadas al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Que en estas fechas se encuentra en estudio para su aprobación por parte del honorable Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2012.

El contenido del paquete fiscal incluye la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2012, la cual tiene proyectado que durante el próximo año la federación cuente con ingresos por una cantidad que supera los tres punto seis billones de pesos.

De acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos en lo tocante a la Ciencia y Tecnología que se concentra en el ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se estima que habrán de destinarse para este rubro poco más de veintiún mil millones de pesos, presupuesto aumentado en unos cuatro mil millones de pesos, con respecto a lo proyectado para el ejercicio fiscal del año dos mil once, que si bien resulta favorecido al incrementarse, lamentablemente aún no alcanza a cumplir la normatividad que dispone que se debe invertir el uno por ciento del producto interno bruto en esta materia.

Tanto en la exposición de motivos como en el cuerpo de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se prevé que se reasignen 3 mil millones de pesos para financiar el ramo 38 “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, del monto que se genera por el concepto “derecho para investigación científica y tecnológica en materia de energía” que paga Petróleos Mexicanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, el cual tradicionalmente se destina al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo, así como al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, es decir, que si bien se financiará el monto destinado a la ciencia y tecnología, se reducirá al final de cuentas, al mismo tiempo, el monto destinado a la investigación relacionado con el petróleo y los hidrocarburos en nuestro país.

Ante esta realidad resultan urgentes las propuestas que permitan utilizar otras fuentes de recursos que han sido ya probadas para generar dividendos económicos a favor de la ciencia y la tecnología.

En esta tesitura es pertinente señalar que la Iniciativa de Ley de Ingresos, prevé en su artículo 1, fracción VI, numeral 1, que habrán de recaudarse poco más de mil millones de pesos por conceptos de multas, entre estas las que aplique el Instituto Federal Electoral, que en un año de comicios, seguramente permitirán superar la suma proyectada y pueden válidamente destinarse al ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como una opción viable para fortalecer este trascendental rubro en el desarrollo de nuestro país, lo cual puede traducirse sin duda en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos.

En razón de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 94, 130 y 131 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio de sus facultades modifique y en su caso adicione el artículo 1 de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para establecer que las cantidades que se recauden por concepto de multas impuestas por el Instituto Federal Electoral sean reasignadas al ramo 38, “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”.

Segundo. Envíese el presente acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal solicitando se adhieran al mismo.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, a los 26 días de septiembre de dos mil once.

Diputado Zeferino Martínez Rodríguez (rúbrica)

Presidente

Diputada Ana María Jiménez Ortiz (rúbrica)

Secretaria
Iniciativas de ley o decreto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con proyecto de decreto, que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Recinto Legislativo, a 11 de octubre de 2011.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, y 36, fracciones V y XVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito remitir a usted el original de la iniciativa por la que se reforman los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini (rubrica)

Presidente

Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

Exposición de motivos

La iniciativa presentada por el diputado Erasto Ensástiga Santiago señala, en su exposición de motivos, que con la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en 1978, entró en vigor al actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que sustentó un sistema de coordinación fiscal uniforme, y que cumple parcialmente con el compromiso del pacto federal en la celebración de convenios de adhesión al sistema entre la federación y las entidades federativas.

Haciendo una recapitulación de los resultados que se derivan del SNCF, el proponente señala: “Desde su aprobación en 1978, la Ley de Coordinación Fiscal ha sido modificada en numerosas ocasiones. Fundamentalmente por la inequidad en el pacto fiscal. En 1978 la relación de participaciones equivalía a 12.07 por ciento de la recaudación participable y en 1980 los estados que se adhirieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y firmaran un convenio de coordinación con las autoridades federales recibirían el 13 por ciento de la recaudación federal total, que se incrementaría con el porcentaje de dicho ingreso en la recaudación de gravámenes locales o municipales que las entidades convinieran en derogar o suspender. La cesión de las potestades tributarias de los estados hacia la federación condujo a la centralización de la capacidad de financiamiento por parte de la federación y a la concentración en la toma de decisiones en las acciones de gasto público, dejando a las entidades federativas con una participación de la conducción de las políticas públicas y la oferta de bienes y servicios muy reducida. En contrapartida, se otorgaron facultades a los estados a establecer derechos por la expedición de licencias para el funcionamiento de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas y por la colocación de anuncios y carteles o publicidad. A partir de 1995 las entidades federativas incorporaron la aplicación de impuestos sobre la adquisición de inmuebles. En 1997 se estableció el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en los gobiernos municipales. Se derogó la exclusividad que tenía la federación para cobrar el gravamen de IVA en los servicios de hospedaje, pasando a los estados. Se suscribió un nuevo convenio de colaboración administrativa ante la SHCP y las entidades federativas para que los estados pudieran auditar y fiscalizar, además del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo y los impuestos especiales sobre la producción y servicios”.

Al abordar el tema de otro efecto del SNCF, el diputado afirma que este esquema ha hecho dependientes económicos de la federación a las entidades federativas y municipios. El establecimiento de porcentajes en los rubros de las participaciones a la recaudación federal participable (RFP), eliminó de alguna manera la discrecionalidad en la asignación de los montos de financiamiento del gasto de las entidades federativas, pero ese financiamiento depende fuertemente del comportamiento de la recaudación del gobierno federal.

Asimismo, afirma que con la modificación de las fórmulas de asignación de los fondos de participaciones y aportaciones, no se previó mecanismos de compensación para las Entidades Federativas que cedieron proporcionalmente recursos.

Para ilustrar lo anterior, el diputado Ensástiga Santiago explica que para el actual ejercicio fiscal 2011, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó 377 mil 434.2 millones de pesos para el Fondo General de Participaciones, este monto es equivalente al 11 por ciento del presupuesto total aprobado por 3 billones 438 mil 895.5 millones de pesos para el gobierno federal. Es decir, los gobiernos estatales para solventar las necesidades locales, disponen sólo de una décima parte del Presupuesto.

Para fundamentar su propuesta, el diputado señala que actualmente el Fondo General de Participaciones, es equivalente al 20 por ciento de la recaudación federal participable, incrementar este porcentaje al 25 por ciento, permitiría a los gobiernos estatales contar con ingresos adicionales por 93 mil 600 millones de pesos, que les permitiría una mayor holgura en la provisión de una mayor cantidad de bienes públicos a la población local, y que sólo representaría para el gobierno federal trasladar el equivalente al 2.7 por ciento de su presupuesto, pero ello además significaría no sólo el fortaleciendo del federalismo, si no que se daría un paso más, hacia la corresponsabilidad de la gestión pública entre federación y estados.

Con base en los argumentos anteriores, el diputado propone las siguientes reformas a la Ley de Coordinación Fiscal:

“Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3 por ciento sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2 por ciento en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto sobre automóviles nuevos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta ley; ni la parte correspondiente al régimen de pequeños contribuyentes; ni la recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., fracción II, inciso 8), y 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ni las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-8 de esta ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la federación por aplicar una tasa superior al 1 por ciento a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:

Las entidades deberán rendir cuenta comprobada de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus impuestos y derechos locales. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho fondo en 2007. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades.

También se adicionará al fondo general un monto equivalente al 80 por ciento del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80 por ciento de la recaudación por bases especiales de tributación en el año de 1989.

Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50 por ciento de su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales.

Noveno párrafo (se deroga).

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100 por ciento de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 25 por ciento a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.”

“Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25 por ciento de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

La federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la federación hará la entrega directa a los municipios descontando la participación del monto que corresponda al estado, previa opinión de la comisión permanente de funcionarios fiscales.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 25 por ciento de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.

Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Los gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de esta ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales.

También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.

Transitorios

Primero. Envíese al presidente de la República para su publicación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de Gobierno del Distrito Federal para su mejor difusión.

Considerandos

Primero. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos a) y ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1o., 7, 10, fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1o., 28, 30, 32, 33, 85, fracción I, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior; y 8, 9, fracción I, del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para analizar y dictaminar la iniciativa de mérito.

Segundo. Que el pacto federal se debe sustentar en principios de equidad, proporcionalidad y justicia, incluyendo la distribución de los recursos que aportan las entidades federativas.

Tercero. Que bajo el actual esquema de integración y distribución del Fondo General Participable no es posible cumplir con la totalidad de proyectos y programas de las entidades federativas y sus municipios, más aún bajo la actual proyección de menores recursos por la eliminación de tributos de carácter federal.

Cuarto. Que es el momento propicio para que la Cámara de Diputados federal, en el análisis y discusión del paquete económico de la federación para el ejercicio fiscal de 2012, realice la modificación que aquí se propone, previo a la distribución de recursos a las entidades federativas.

Quinto. Que ante la posibilidad real de que el Distrito Federal reciba menores recursos federales, como se vislumbra en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, la alternativa que aquí se propone permitiría que no se creen o incrementen las contribuciones que actualmente reciben las haciendas públicas locales, tal como lo explica el diputado Ensástiga al señalar que “incrementar este porcentaje (del Fondo General Participable) al 25 por ciento, permitiría a los gobiernos estatales contar con ingresos adicionales por 93 mil 600 millones de pesos, que les permitiría una mayor holgura en la provisión de una mayor cantidad de bienes públicos a la población local, y que sólo representaría para el gobierno federal trasladar el equivalente al 2.7 por ciento de su presupuesto”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno

Resuelve

Primero. Con base en los fundamentos legales y las razones expuestas en el se propone presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3 por ciento sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2 por ciento en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto sobre automóviles nuevos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta ley; ni la parte correspondiente al régimen de pequeños contribuyentes; ni la recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., fracción II, inciso B), y 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ni las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B de esta ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la federación por aplicar una tasa superior al 1 por ciento a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:

Las entidades deberán rendir cuenta comprobada de la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de sus impuestos y derechos locales. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la recaudación federal participable sea inferior a la observada en 2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho fondo en 2007. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que estime necesaria para verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades.

También se adicionará al fondo general un monto equivalente al 80 por ciento del impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80 por ciento de la recaudación por bases especiales de tributación en el año de 1989.

Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de la federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50 por ciento de su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales.

Noveno párrafo (Se deroga).

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán celebrar con la federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100 por ciento de la recaudación que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 25 por ciento a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.”

Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 25 por ciento de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

La federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al estado, previa opinión de la comisión permanente de funcionarios fiscales.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 25 por ciento de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.

Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos de las entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de esta Ley, deberán publicar en el Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales.

También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.

Transitorios

Primero. Envíese al presidente de la República para su publicación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de Gobierno del Distrito Federal para su mejor difusión.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 11 de octubre de 2011.

Por la Mesa Directiva

Diputado Rafael Miguel Medina Perderzini (rúbrica)

Presidente

Diputado Juan José Larios Méndez (rúbrica)

Secretario

Diputado Jorge Palacios Arroyo (rúbrica)

Secretario

Del Congreso de Tabasco, con proyecto de decreto que deroga el último párrafo de la fracción III del artículo segundo y la fracción III del sexto de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado el 21 de diciembre de 2007

Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2011.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

Del Congreso de la Unión

Presente

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a ese Poder Legislativo un tanto del decreto 140, aprobado por esta soberanía legislativa en sesión ordinaria celebrada hoy, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por el que envía iniciativa de decreto al Congreso de la Unión para derogar diversas disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007.

No omitimos manifestarle que tan luego se haya publicado en el Periódico Oficial dicho decreto se le hará llegar.

Sin otro particular nos es grato saludarlo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica)

Presidente

Diputado Jesús González González (rúbrica)

Secretario

La Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 36, fracciones I y XVI, y 83 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Que conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de las legislaturas de los estados iniciar leyes o decretos.

Segundo. Que en virtud de lo anterior, con fecha 8 de septiembre de 2011, la diputada Marcela de Jesús González García, integrante de la LX Legislatura del Congreso de Tabasco, suscribió una iniciativa mediante la cual se busca derogar diversas disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007. Dicha iniciativa fue presentada el 8 de septiembre de 2011, en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la presente legislatura. La iniciativa del caso fue turnada el mismo día a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Tercero. Que del análisis de la iniciativa los integrantes de esa comisión consideraron que resulta procedente la iniciativa y que aunado a que corresponde a las legislaturas de los estados el derecho de iniciar leyes o decretos, facultad que en el caso se ejercita para los efectos de que el Congreso de la Unión, y en términos del numeral 73, fracciones VII, X, XXIX puntos 4o. y 5o., inciso a), de ese ordenamiento supremo, que confiere la facultad de legislar, en su carácter de contribuciones, en nuestra calidad de legislatura local del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, previa aprobación del pleno y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, se deberá presentar el correspondiente decreto, con las formalidades del caso, a la consideración y aprobación del Congreso de la Unión.

Cuarto. Que en virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 63, fracción V, inciso A), del Reglamento Interior del Congreso del estado, nos permitimos someter a la aprobación del pleno la iniciativa de decreto que deberá ser enviada al Congreso de la Unión, en los términos que se precisan en el presente

Decreto 140

Artículo Único. Con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LX Legislatura del Congreso del estado envía iniciativa de decreto al Congreso de la Unión para derogar diversas disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007, en los términos siguientes:

Villahermosa, Tabasco, a 5 de octubre de 2011.

Asunto: Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, derivado de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007.

Presidente de la Cámara de Diputados

Del Congreso de la Unión

México DF

Con la facultad establecida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación unánime de sus integrantes, la LX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco somete a consideración de esa Cámara iniciativa de decreto para derogar diversas disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007; en los términos siguientes

Considerandos

Primero. Que del análisis de la iniciativa con proyecto de decreto presentada se advierte que ésta tiene como finalidad derogar diversas disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; a saber: el último párrafo de la fracción III del artículo segundo; y la fracción III del artículo sexto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 21 de diciembre de 2007, por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Segundo. Con relación a la iniciativa con proyecto de decreto presentada, nos referimos en los términos siguientes:

La exposición de motivos que sustenta la iniciativa de reforma de las disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en términos generales, refiere que de entrar en vigor esas disposiciones transitorias, a partir de 2012, que a la letra se transcriben la parte conducente:

Disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Segundo. Para los efectos de las modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal previstas en el artículo anterior se estará a lo siguiente:

I. a III. ...

...

El 1 de enero de 2012 quedará derogada la fracción I del artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. A partir de esa fecha, las cuotas federales aplicables a la venta final de gasolina y diesel, previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se disminuirán en 9/11. El remanente, de 2/11, se destinará al fondo de compensación a que se refiere la fracción II del primer artículo mencionado.

Ésta se encuentra relacionada con

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Sexto. Las reformas y adiciones de los artículos 2o.-A, 2o.-B, 7o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios entrarán en vigor a los quince días naturales siguientes a la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

...

I. y II. ...

III. A partir del 1 de enero de 2012, las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se disminuirán en una proporción de 9/11 para quedar en 2/11 de las cuotas contenidas en dicho artículo.

Se tiene que, manifiesta la legisladora

1. Reduciría las cuotas establecidas en la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

2. Subsistiría únicamente una forma de distribución prevista en el artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, que del total de lo que se recaude únicamente lo recibirán las 10 entidades federativas con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.

3. Se dejaría a un lado al resto de las entidades federativas en la participación de las cuotas provenientes de la venta final de gasolina y diesel.

4. Habría una disminución de los “ingresos que por ese concepto reciben las entidades federativas que de acuerdo con la proyección elaborada por la Dirección Política Fiscal y Prospectiva del Indetec se tiene que las 32 entidades federativas dejarán de percibir en 2012 más de 20 mil 872 millones de pesos; y para 2013 se estima que dicha cantidad ascenderá a 21 mil 727 millones de pesos.

5. Solamente Tabasco dejaría de percibir el orden de 667 millones 296 mil 229 pesos para 2012 y de 694 millones 655 mil 374 pesos para 2013.

La diputada refiere las reformas identificadas como “reforma integral de la hacienda pública”, las cuales – en su opinión– fueron hechas con el ánimo de fortalecer las haciendas públicas locales, toda vez que dichas reformas 1 facultaron a las entidades federativas para que por sus legislaturas incorporasen a su legislación el impuesto sobre tenencia vehicular e imponer contribuciones locales a la venta final de gasolinas y diesel.

Y concretamente alude a los textos del penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 2o.-A y de la fracción VIII del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal:

Artículo 2o.-A. Las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio nacional estarán sujetas a las tasas y cuotas siguientes:

II. ...

...

...

...

La aplicación de las cuotas a que se refiere esta fracción se suspenderá parcialmente en el territorio de las entidades federativas que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan impuestos locales a la venta final de gasolina y diesel. Dicha suspensión se llevará a cabo en la misma proporción que la tasa del impuesto local, por lo que el remanente seguirá aplicando como impuesto federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de la suspensión del impuesto mencionado, la cual se publicará en el periódico oficial de la entidad federativa de que se trate y en el Diario Oficial de la federación.

...

Artículo 10-C. Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta ley ni de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a que hace referencia el artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Tratándose de gasolinas y diesel, el monto recaudado se destine exclusivamente a infraestructura vial, rural y urbana e hidráulica, así como a programas ambientales, entre otros, de movilidad urbana.

De los contenidos se advierte efectivamente que la intención del legislador federal es el otorgamiento de facultades a las entidades federativas para que establezcan contribuciones locales a la venta o consumo final de bienes, al señalar: “podrán establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio de la entidad de que se trate y...” Sin embargo, la porción normativa al disponer “siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre reservado a la federación”, parecería que no se refiere a las competencias exclusivas de la federación; entendiéndose o interpretando que se estarían respetando las facultades exclusivas del Congreso de la Unión contenidas en el artículo 73, fracción XIX, de la Constitución federal. No obstante, si se lee la fracción VIII del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal [VIII. Tratándose de gasolinas y diesel, el monto recaudado se destine exclusivamente a infraestructura vial, rural y urbana e hidráulica, así como a programas ambientales, entre otros, de movilidad urbana], se deriva la posibilidad en que las entidades federativas graven la venta o consumo final de gasolina y diesel a través de un impuesto local.

Tal aseveración o argumento encuentra refuerzo con el texto del penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: “La aplicación de las cuotas a que se refiere esta fracción se suspenderá parcialmente en el territorio de aquellas entidades federativas que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan impuestos locales a la venta final de gasolina y diesel”.

Esta soberanía advierte, coincidiendo con el razonamiento jurídico efectuado por la legisladora local, que en ese contexto fue que el legislador federal al otorgar la facultad referida a las entidades federativas, determinó [por medio del último párrafo de la fracción III del artículo segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007 por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios] que la distribución de los ingresos provenientes de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A., fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en términos de la fracción I del artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal, ya no subsistirían a partir de 2012.

Y es que la disposición transitoria referida señala:

El 1 de enero de 2012 quedará derogada la fracción I del artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. A partir de esa fecha, las cuotas federales aplicables a la venta final de gasolina y diesel, previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se disminuirán en 9/11. El remanente de 2/11 se destinará al fondo de compensación a que se refiere la fracción II del primer artículo mencionado.

Ésta se relaciona con la fracción III del artículo sexto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicadas en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007:

III. A partir del 1 de enero de 2012, las cuotas previstas en el articulo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se disminuirán en una proporción de 9/11 para quedar en 2/11 de las cuotas contenidas en dicho artículo.

Se advierte que, en efecto, con tales disposiciones

1. Se suprime el procedimiento de distribución de los ingresos por concepto de las cuotas establecidas a la venta final de la gasolina y diesel, implicando con ello que las 32 entidades federativas (de acuerdo a un cálculo elaborado por la Dirección Política Fiscal y Prospectiva del Indetec) dejarán de percibir en 2012 más de 20 mil 872 millones de pesos y para 2013 dicha cantidad ascenderá a 21 mil 727 millones de pesos. Tan sólo Tabasco dejará de recibir ingresos por el orden de 667 millones 296 mil 229 pesos para el año 2012.

2. Subsistirá únicamente la mecánica de distribución prevista en la fracción 11 del artículo 4°-A.- de la Ley de Coordinación Fiscal. Esto es, que del total que se recaude únicamente lo recibirán las 10 entidades federativas con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.

3. Se reducirían las cuotas federales a la venta final de gasolina y diesel establecidas en la fracción 11 del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, dejándolos en 2/11 a partir de 2012; es decir, las cuotas federales quedarían en el equivalente a 18.18 por ciento de las cuotas establecidas actualmente.

En igual forma, al dejar de percibir las entidades federativas –concretamente se habla de los estados situados en el contexto normativo de la fracción I del artículo 4o.A de la Ley de Coordinación Fiscal–, los ingresos derivados por las cuotas federales establecidas a la venta final de gasolina y diesel se estaría violentando el derecho que tienen las entidades federativas y los municipios de recibir participaciones por aquel concepto, toda vez que de acuerdo con la Carta Magna, la federación tiene la obligación constitucional de participar la financiación pública estatal y municipal, en términos de lo establecido en los artículos 73, fracción XXIX, y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente disponen:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXVIII. ...

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. a 4o. ...

5o. Especiales sobre

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos labrados;

c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fermentación;

f) Explotación forestal; y

g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. a III. ...

IV. ...

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados.

Toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad número 29/2008, 2 con motivo de la acción de inconstitucionalidad promovida por los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión por los preceptos y las disposiciones aprobadas a las Leyes de Coordinación Fiscal, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007, determinando que lo referente a la gasolina y al diesel es de competencia federal, cuyo razonamiento se encuentra ampliamente detallado en el considerando noveno de la resolución referida, dejando sin efecto, entre otros preceptos, la fracción VIII del artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal, y el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pues consideró que a través de estos preceptos facultaba a los estados para imponer impuestos locales a la venta final de gasolina y diesel, siendo que son facultades exclusivas de la federación.

El resolutivo cuarto de la sentencia a la acción de inconstitucionalidad referida en el párrafo anterior señala:

Cuarto. Se declara la invalidez de los artículos 4o.-A, último párrafo, 10-C, fracción VIII, y 10-D, fracción II, en la porción normativa indicada al final de esta ejecutoria, de la Ley de Coordinación Fiscal, 2o.-A, fracción II, sólo en el penúltimo párrafo, y 27, fracción I, segunda o última parte, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, contenidos en el decreto publicado el 21 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Y tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las consideraciones y los resolutivos de las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad que se promueva son de carácter obligatorio, se determina aprobar lo planteado por la legisladora local.

En tal circunstancia, se considera oportuno transcribir el criterio referido:

Tesis: 1a. J. 2/2004. Página 130

Jurisprudencia. Tienen ese carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos del acuerdo general 5/2001 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según lo establecido en los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, relativo a las sentencias emitidas en resolución de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos tienen el carácter de jurisprudencia, por lo que son obligatorias para las salas, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales. Los tribunales colegiados serán por tanto competentes para conocer de los asuntos en que ya se haya establecido criterio obligatorio con el carácter de jurisprudencia en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, como se encuentra establecido en el inciso d), fracción I, del punto quinto del acuerdo general 5/2001, emitido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno.

Sirva como apoyo a las consideraciones vertidas el siguiente criterio, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Petróleo y sus derivados, inconstitucionalidad de los impuestos de los estados a. Los impuestos que por petróleo y sus derivados establezcan las leyes de los estados de la federación, aunque se denominen sobre el comercio o sobre la industria, son inconstitucionales, toda vez que la Constitución federal faculta tan sólo al Congreso de la Unión para legislar sobre materia de petróleo, y le da potestad exclusiva para fijar los impuestos relativos, por lo que los estados no pueden hacer, constitucionalmente, lo mismo, a menos de invadir la esfera de la autoridad federal. En consecuencia, si las entidades federativas, por un lado, participan en el rendimiento de las contribuciones especiales sobre la gasolina en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Gasolina, y si, por el otro, las autoridades locales pretenden percibir otro impuesto por el mismo concepto, es evidente que invaden la facultad impositiva del legislador federal, al dictar una ley para el efecto de obtener el segundo impuesto, sin que tenga validez la autorización que le dé una ley federal secundaria, puesto que, determinada por un precepto constitucional la facultad del Congreso federal para legislar en determinadas materias y para establecer impuestos especiales sobre la gasolina, esta facultad es irrenunciable e intransferible... (Quinta época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo I, const., PR SCJN. Tesis: 2054. Página: 1418.)

Tercero. En virtud de todo lo anterior y en razón de que el Congreso de Tabasco está facultado para expedir decretos, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expide el decreto por el cual la LX Legislatura de Tabasco presenta iniciativa ante el Congreso de la Unión mediante el cual se derogan diversas disposiciones transitorias de las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007, en razón de que corresponde al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E, XXIX-F y XXX, de la misma Carta Magna, expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico; y para expedir leyes tendentes a la promoción de la inversión mexicana, decreto que se formula en los siguientes términos:

Decreto

Artículo Único. La LX Legislatura del Congreso de Tabasco presenta iniciativa ante el Congreso de la Unión para derogar el último párrafo de la fracción III del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal; y la fracción III del artículo sexto de las disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007, para quedar como sigue:

Decreto

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se deroga el último párrafo de la fracción III del artículo segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007 por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Segundo. ...

I. y II. ...

III. ...

...

Derogado.

IV. a VIII. ...

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Segundo. Se deroga la fracción III del artículo sexto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007 por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Sexto. ...

...

I. y II. ...

III. Derogado.

Transitorio de la iniciativa

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Tabasco.

Segundo. Remítase con la mayor brevedad la iniciativa correspondiente que se contiene en el presente decreto al Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que en derecho corresponda.

Tercero. De igual manera, por la trascendencia y el alcance de la iniciativa remítase copia autorizada de este decreto a los honorables congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y, en su caso, adhesión a él.

Notas

1 Según decreto que reformó, entre otros cuerpos jurídicos, las Leyes de Coordinación Fiscal, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre de 2007.

2 Sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de julio de 2008.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado, en Villahermosa, capital de Tabasco, a 10 de octubre de 2011.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica)

Presidente

Diputado Jesús González González (rúbrica)

Secretario

Del Congreso de Tabasco, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos

Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2011.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor

Presidente de la Mesa Directiva

De la Cámara de Diputados

Del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a ese Poder Legislativo un tanto del decreto 141, aprobado por esta soberanía legislativa en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, correspondiente al segundo período ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional, por el que envía iniciativa de decreto al honorable Congreso de la Unión, para adicionar el artículo 254 Quintus de la Ley Federal de Derechos.

No omitimos manifestarle que tan luego se haya publicado en el Periódico Oficial dicho decreto se le hará llegar.

Sin otro particular nos es grato saludarlo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Honorable Congreso del Estado

Diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica)

Presidente

Diputado Jesús González González (rúbrica)

Secretario

La Sexagésima legislatura al honorable Congreso del Estado libre y soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, fracciones I y XVI, y 83 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y con base en los siguiente:

Considerando

Primero. Que conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de las legislaturas de los estados iniciar leyes o decretos.

Segundo. Que, en virtud de lo anterior, con fecha 27 de septiembre de 2011, la diputada Marcela de Jesús González García, integrante de la LX Legislatura al Congreso del estado de Tabasco, suscribió una iniciativa mediante la cual se busca adicionar el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos. Dicha iniciativa fue presentada el 27 de septiembre de 2011, dentro del segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la presente Legislatura. La iniciativa del caso, fue turnada el mismo día a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto.

Tercero. Que del análisis de la iniciativa los integrantes de esa Comisión consideraron que resulta procedente la iniciativa y que aunado a que corresponde a las legislaturas de los Estados el derecho de iniciar leyes o decretos; facultad que en el caso se ejercita para los efectos de que el honorable Congreso de la Unión, y en términos del numeral 73, fracciones VII, X, XXIX, puntos 4o. y 5o., inciso a), de ese mismo ordenamiento supremo, que le atribuye la facultad de legislar, en su carácter de contribuciones, en nuestra calidad de legislatura local del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, previa aprobación del Pleno y su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, se deberá presentar el correspondiente decreto bajo las formalidades del caso, a la consideración y aprobación del honorable Congreso de la Unión.

Cuarto. Que en virtud de lo anterior, con apoyo en los artículos 82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 63, fracción V, inciso A), del Reglamento Interior del honorable Congreso del estado, nos permitimos someter a la aprobación del pleno, la iniciativa de decreto que deberá ser enviada al Congreso de la Unión, en los términos que se precisa en el presente:

Decreto 141

Artículo Único. Con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LX Legislatura del honorable Congreso del estado envía iniciativa de decreto al honorable Congreso de la Unión, para adicionar el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos, en los términos siguientes:

Villahermosa, Tabasco a 5 de octubre de 2011.

Asunto: Dictamen que emite la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto derivado de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos.

Presidente de la Cámara

De Diputados del Honorable

Congreso de la Unión

México, Distrito Federal

Con la facultad establecida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación unánime de sus integrantes, la LX Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, somete a la consideración de esa honorable Cámara iniciativa de decreto para adicionar el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos; en los términos siguientes:

Considerando

Primero. Que es conocido que nuestro sistema fiscal es concurrente, debido a que se encuentran definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las potestades tributarias para la federación y los municipios y en consecuencia las entidades federativas están facultadas para imponer cualquier contribución que no sea exclusiva de los primeros.

Sin embargo, en nuestro país prevalece una coordinación fiscal que data de 1953 y la vigente desde 1980, que ha redundado en un centralismo fiscal a través del gobierno federal, ya que concentra las principales impuestos del país sobre la renta, al valor agregado, especial sobre producción y servicios. Sobre dichos impuestos las entidades federativas reciben parte de éstos a través de las participaciones y aportaciones federales.

Es necesario que el federalismo fiscal en México evolucione, para responder al problema de asignación óptima en materia de impuestos regionales y federales, su distribución y el diseño de las transferencias entre la federación, los estados miembros y los municipios.

Segundo. Que en el estado de Tabasco, en los últimos 50 años se han perforado cerca de 8,000 pozos, y construido 105 instalaciones de producción primaria y de procesamiento de crudo y gas, que han ocupado una superficie aproximada de alrededor de 9 mil 300 hectáreas y en la preparación y acondicionamiento de los terrenos han requerido cerca de mil millones de metros cúbicos de suelo y arena.

El área de influencia de la explotación petrolera en el estado, abarca una extensión de 5 mil 521 kilómetros, lo cual representa el 22.4 por ciento del territorio tabasqueño.

Políticamente la actividad petrolera se distribuye en 14 de los 17 municipios del estado, en más de 920 comunidades. 1

Tercero. Que los estados en donde se lleva a cabo la explotación de hidrocarburos, enfrentan la problemática que deriva de la incalculable contaminación que afecta no sólo a la ecología, mares, medio ambiente, flora y fauna, sino también a los seres humanos, sin que cuenten con los recursos suficientes que les permita destinarlos a acciones preventivas en salud, infraestructura, fortalecimiento del medio ambiente, entre otros.

Cuarto. Que en materia de contaminación, el principal agente que provoca este fenómeno es la paraestatal Pemex, la cual genera desechos contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo como consecuencia de su actividad económica.

Tratándose de la contaminación de suelos por hidrocarburos, en el periodo comprendido del año 1993 al 2010, han habido en territorio tabasqueño un total de 1,333 fugas, con un área afectada de 7 millones 362 mil 93.25 metros cuadrados. 2

Las emisiones a la atmosfera derivadas de la industria petrolera se originan en baterías de separación, estaciones de compresión y centros procesadores de gas, también contribuyen las quemas realizadas en las pruebas de productividad de los pozos, así como de los accidentes mayores y las que resultan de las limpiezas de duetos y pruebas de hermeticidad. 3

La Cadena productiva de la Industria Petrolera está considerada como una actividad altamente riesgosa, en donde, tan solo en los cinco Estados productores de petróleo se han presentado el 53.51 por ciento de las emergencias ambientales, de un total de 6,844 en todo el País. 4

De igual forma, el patrón hidráulico del estado de Tabasco ha sufrido alteraciones derivado de las actividades petroleras ya que el desarrollo de esta industria ha requerido la construcción de caminos de acceso e instalación de duetos y líneas de descarga, que obstaculizan el flujo de las corrientes hasta dividir o segregar los cauces. Actualmente se tienen identificados pasivos importantes que ocasionan retención de agua.

Quinto. Que la situación actual nos indica que hacen falta recursos a los estados conocidos como petroleros, para concentrar esfuerzos de investigación, monitoreo y control de áreas, y los estudios ecotoxicológicos para conocer los efectos sobre los organismos. También preocupa, el uso de lodos en la perforación, con compuestos altamente tóxicos, ya que no existe información sobre sus efectos e impactos en las comunidades marinas.

La calidad ambiental y ecológica es parte de una visión ampliada del desarrollo principalmente, porque su deterioro afecta negativamente el bienestar de las personas y reduce su calidad de vida, de ahí que la Organización Mundial de la Salud atribuya el aumento de enfermedades respiratorias, agudas y crónicas, a la contaminación atmosférica, en consecuencia el ambiente y desarrollo son inseparables.

El término desarrollo tiene que ver con el bienestar de las personas y esto incluye necesariamente la calidad ambiental, entendida ésta, como la continuidad de la sobrevivencia con una tolerable calidad de vida.

Sexto. Que existe una secuela de problemas que afectan el tejido social, derivado de los movimientos migratorios de personas que motivadas por el espejismo del petróleo, se movilizan con la esperanza de encontrar acomodo en una fuente de empleo para subsistir; sin embargo, muchos al no encontrarlo se dedican a la realización de actividades que no requieren esfuerzo ni preparación.

Lo anterior, ha traído la concentración en la población, la demanda inmediata de servicios públicos indispensables, como agua potable, recolección de desechos, seguridad pública, alumbrado público, calles pavimentadas y caminos, transporte urbano, viviendas, energía eléctrica, infraestructura urbana, educación, salud y espacios de esparcimiento y diversión, sin que los estados petroleros cuenten con los recursos suficientes para atender estas demandas.

Séptimo. Que la problemática social que deriva de las actividades petroleras se refleja en las inconformidades y reclamaciones por daños patrimoniales en diferentes conceptos, los más frecuentes son: daños a cultivos por retención de agua debido al funcionamiento inadecuado de la infraestructura hidráulica y la contaminación del suelo por los derrames de hidrocarburo.

Las inconformidades, producto de las afectaciones o de una respuesta insatisfactoria para los reclamantes representa acciones de protestas que termina en bloqueos a las vías de acceso de las instalaciones petroleras.

Por concepto de reclamaciones durante el periodo de 2007 a 2010 han ingresado 937 expedientes que representan 30 mil 349·reclamantes y a la fecha se han resuelto 771 expedientes con resultados para 27 mil 115 reclamantes. 5

Octavo. Que los estados del Golfo de México conservan vastos recursos naturales, lo cual representa ventajas para el desarrollo agropecuario, agroindustrial, forestal, energético y pesquero. Si bien es cierto que la industria petrolera ha sido generadora de muchos establecimientos que le ofrecen bienes y servicios para su desarrollo y que también han beneficiado, relativamente, a la economía de estos estados, no existe una compensación de recursos para matizar los efectos negativos que afectan a los recursos naturales.

Las actuales formas y modos de explotación de los recursos naturales dominantes en las regiones, son determinantes de los cambios sociales y ambientales que se tienen en la zona, con lo cual se pone en peligro los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los asentamientos humanos y las actividades productivas han propiciado una severa transformación de usos y costumbres en las zonas petroleras de estos estados, situación que ha inducido a problemas de tipo ambiental y que a su vez ha generado una polarización económica, favoreciendo a sectores reducidos y marginado a gran parte de la población urbana y rural.

El Golfo en su zona marina alberga depósitos gigantescos de hidrocarburos y gas natural, pero además, su condición de cuenca semicerrada, de depósitos sedimentarios con extensas y pobladas masas continentales, el dinamismo de sus corrientes y sus características climáticas lo convierten en centro generador de huracanes y ciclones tropicales, pero también lo hacen altamente ‘sensible a las perturbaciones humanas. El golfo, representa un recurso extremadamente valioso para los países y estados ribereños.

Para México, representa una de las zonas más productivas por sus recursos económicos y costeros, sus cuencas hidrológicas abarcan más de dos tercios de la masa continental del territorio mexicano, las que vierten el 62 por ciento de la descarga fluvial del país, concentra el 70 por ciento de sus ríos, estuarios, lagunas costeras y pantanos.

Su singularidad ecológica, su situación geopolítica y económica, lo hacen la mayor y más importante cuenca de aguas de América, es una de las zonas estuarinas más importantes de la tierra.

Con todo lo que representan los ecosistemas del Golfo de México, la explotación y la intensa actividad petrolera costa afuera, sobre todo la producción y transporte, las actividades portuarias, la refinación y petroquímica en litorales y planicies han ocasionado profundas tensiones ecológicas y sociales. Las áreas vitales como: dunas, estuarios, lagunas costeras, manglares arrecifes coralinos, la agricultura, la ganadería, los asentamientos humanos y el turismo no quedan a salvo de la explotación de los ricos yacimientos petrolíferos.

Noveno. Que los niveles de contaminantes encontrados son señal de que se deben aplicar políticas e inversiones para tratar de evitar las irreversibles catástrofes ecológicas y sociales.

Como ejemplo, se tiene el caso de la actividad pesquera, la cual con el desarrollo de la explotación petrolera ha tenido perjuicios, ya que ha sufrido la pérdida de volúmenes de captura, desapareciendo en todos los estados petroleros potenciales fuentes de empleo que generaban congeladoras y empacadoras, talleres, ferreterías, fabricas de hielo, astilleros y otras que fueron afines a la potencialidad de recursos que generaba la actividad.

Décimo. Que a partir de estas premisas, y visto que los estados del país sufren consecuencias graves en su entorno económico, político y social, y de que la federación no cuenta con un mecanismo que permita compensar de manera especial a aquellas entidades en donde se realiza la explotación intensa de algún recurso natural, son circunstancias que sustentan el proponer un nuevo derecho para ser destinado a los estados petroleros, con base a la última información del censo económico que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Décimo Primero. En virtud de todo lo anterior y en razón de que el honorable Congreso del estado de Tabasco está facultado para expedir decretos, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expide el decreto por el cual la LX Legislatura del estado de Tabasco presenta iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se adiciona el artículo 154 Quintus a la Ley Federal de Derechos, en razón de que corresponde al honorable Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracciones XXIX-D, XXIX-E, XXIX-F y XXX, de la misma Carta Magna; expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico; y, para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana; decreto que se formula en los siguientes términos:

Decreto

Artículo Único. La LX Legislatura del honorable Congreso del estado de Tabasco presenta iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión para adicionar el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 254 Quintus a la Ley Federal de Derechos, para quedar redactado como sigue:

Ley Federal de Derechos

Artículo 254 Quintus. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho de compensación a las entidades federativas, aplicando la tasa del 1.5 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta ley.

A cuenta de este derecho se harán pagos provisionales mensuales que se pagarán a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente que corresponda el derecho.

El pago provisional se calculará aplicando al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, la tasa de 1.5 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los meses anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.

Se deberá presentar una declaración anual por este derecho a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este derecho del ejercicio que corresponda.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo será distribuido entre aquellas entidades federativas que formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo con la proporción del total que les corresponda del valor de extracción bruta de los hidrocarburos, para lo cual Petróleos Mexicanos deberá presentar una declaración anual informativa en los plazos que establece el párrafo anterior de este artículo, así como el informe de estos valores por Entidad Federativa correspondientes al ejercicio que se informa.

Transitorios de la iniciativa

Artículo Primero. El correspondiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente decreto.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

Segundo. Remítase a la brevedad la Iniciativa correspondiente que se contiene en el presente decreto, al honorable Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que en derecho corresponda.

Tercero. De igual manera remítase copia autorizada de este decreto a los honorables Congresos locales de la entidades federativas de Campeche,’ Chiapas, Tamaulipas y Veracruz, para su conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo.

1 Programa de Atención de Reclamaciones, Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam).

2 Estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Tabasco.

3 Programa de atención de reclamaciones Sernapam.

4 Estadísticas del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, México 2006.

5 Programa de Atención de Reclamaciones, Sernapam.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los diez días del mes de octubre del año dos mil once.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Honorable Congreso del Estado

Diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica)

Presidente

Diputado Jesús González González (rúbrica)

Secretario