Del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, atinente a la primera parte de la sesión ordinaria de de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del lunes 24 al viernes 28 de enero de 2011 en Estrasburgo, Francia

Primera parte de la sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (24-28 de enero de 2011, Estrasburgo, Francia)

1. Integración de la delegación

Senadores: José González Morfín (PAN), presidente de la delegación; Judith Díaz Delgado (PAN) Yeidckol Polevnsky (PRD).

Diputados: Alberto Esquer (PAN), Ricardo López Pescador (PRI).

2. Temas de la agenda.

• Investigación de presunto trato inhumano a las personas y tráfico ilícito de órganos humanos en Kosovo.

• La protección de las fuentes de los periodistas.

• Seguimiento de la reforma del Consejo de Europa.

• La protección de los testigos como uno de los pilares de la justicia y la reconciliación en los Balcanes.

• La obligación de los Estados miembro del Consejo de Europa para Cooperar en el Juicio de los Crímenes de Guerra.

• La reconciliación y el diálogo político entre los países de la ex Yugoslavia.

• La ejecución de las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos.

• Protección a los Refugiados y Migrantes en Casos de Extradición y Expulsión: Indicaciones del artículo 39 del Reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos.

• Debate de actualidad: El Funcionamiento de la democracia en Hungría.

• Impugnación, por razones formales, de las acreditaciones aún no ratificadas de las delegaciones parlamentarias de Montenegro, San Marino y Serbia.

• Debate urgente: Violencia contra los cristianos en el Medio Oriente.

• Debate urgente: La situación en Belarús después de la elección presidencial.

• Debate urgente: La situación en Túnez.

• Supervisión de los compromisos en materia de derechos sociales.

• Las políticas de prevención del cuidado de la salud en los Estados miembro del Consejo de Europa.

• Promover el envejecimiento activo –capitalización del potencial laboral de las personas mayores.

1. Textos aprobados por el pleno

Lunes 24 de enero

En la sesión de apertura, el presidente de la Comisión de Equidad y Género, Mendes Bota, impugnó las acreditaciones de las delegaciones de San Marino, Serbia y Montenegro, con base en la Regla 6.2.a. del reglamento de la asamblea. El argumento fue la ausencia de mujeres en esas delegaciones. La impugnación fue apoyada y referida a la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales para incluirse en la agenda del miércoles 26 de enero.

El mandato del presidente de la asamblea, Cavusoglu, fue renovado por un año; se eligieron veinte vicepresidentes; y se aprobaron las designaciones de los miembros de las comisiones.

En lo referente a la agenda para esta primera parte, la asamblea aprobó incluir tres debates de urgencia: Violencia contra los cristianos en el Medio Oriente, la situación en Belarús después de la elección presidencial”, y la situación en Túnez. Igualmente se incluyó un debate de asuntos actuales sobre el funcionamiento de la democracia en Hungría. Con esto se pospusieron los debates respecto a las mujeres en el medio rural en Europa, la pena de muerte en los países miembros y observadores del Consejo de Europa –una violación inaceptable a los derechos humanos– y la necesidad de evaluar los avances en la aplicación de la Convención de Berna.

Por otro lado, la asamblea aprobó las minutas de la Comisión Permanente (Antalya, Turquía, 12 de noviembre de 2010); se presentó el informe de avances, así como los informes sobre las misiones de observación de las elecciones parlamentarias en Azerbaiyán y Moldova.

Martes 25 de enero

Investigación de presunto trato inhumano a las personas tráfico ilícito de órganos humanos en Kosovo

El texto de la resolución 1782 (2011) aprobada por el pleno respecto a este tema fue elaborada con base en el informe de Dick Marty (Suiza, Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa), relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. El informe retoma las revelaciones de la ex fiscal en jefe del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (ICTY, por sus siglas en inglés) sobre crímenes cometidos durante el conflicto en Kosovo, incluyendo el tráfico de órganos que no han sido sujetos de investigación seria. La asamblea reunió información que confirmaría que serbios y albano-kosovares fueron prisioneros en lugares secretos bajo el control del Ejecito de Liberación de Kosovo en el norte de Albania y padecieron tratos inhumanos y degradantes antes de desaparecer.

La asamblea reafirma la fuerte necesidad de luchar contra la impunidad en materia de violaciones serias a los derechos humanos y señala que la impunidad no puede justificarse por el hecho de que esos crímenes Sé cometieron en medio de un conflicto.

Así, la asamblea invita a los Estados miembro y a la Unión Europea a precisar las competencias de la Misión de Policía y Justicia de la Unión Europea (Eulex) o cualquier otro órgano de justicia internacional para llevar a cabo el seguimiento de investigaciones de manera que se reconozca que su competencia jurisdiccional y territorial se extiende a los ilícito s vinculados al conflicto en Kosovo; proporcionar a Eulex los recursos necesarios (logística y personal capacitado) para el papel que se le ha confiado; dar objetivos claros y apoyo político a Eulex, al más alto nivel, para combatir al crimen organizado y asegurar que se haga justicia sin consideraciones políticas. Igualmente se les solicita destinar los recursos necesarios para establecer programas de protección de testigos efectivos.

A Eulex, la asamblea la conmina a perseverar en sus investigaciones sin considerar los cargos desempeñados por los posibles sospechosos o el origen de las víctimas; y tomar todas las medidas necesarias para la protección efectiva de los testigos y lograr su confianza.

Para Serbia, las peticiones van en el sentido de hacer todos los esfuerzos para capturar a las personas buscadas por el ICTY, en particular el general Ratko Mladic y Goran Hadzoc, cuya impunidad es todavía un obstáculo para el proceso de reconciliación; cooperar con Eulex; y tomar todas las medidas necesarias para evitar filtraciones a la prensa sobre las investigaciones relativas a Kosovo que pudieran ser perjudiciales para la cooperación y la credibilidad del trabajo de investigación.

En el caso de Albania, la asamblea la invita a cooperar con Eulex y las autoridades serbias en el marco de los procedimientos dirigidos a encontrar la verdad acerca de los crímenes vinculados al conflicto en Kosovo; e iniciar investigaciones serias e independientes con el fin de encontrar toda la verdad sobre los supuestos centros de detención secreta en los que se habría infligido trato inhumano a prisioneros de Kosovo y de origen serbio o albano durante e inmediatamente después del conflicto.

Otros exhortos de la asamblea a los Estados miembro y observadores concernidos son: responder sin demora a las solicitudes de cooperación judicial de Eulex y de las autoridades serbias en el marco de las investigaciones en curso relativas a crímenes de guerra y tráfico de órganos; y cooperar con Eulex en los esfuerzos de protección de los testigos.

Finalmente, la asamblea expresa su coincidencia con las conclusiones del estudio conjunto del Consejo de Europa y la ONU sobre el tráfico de órganos (2009), particularmente en cuanto a la necesidad de redactar un instrumento jurídico internacional que establezca definiciones de tráfico de órganos, tejidos y células de origen humano y que esta las acciones a llevar a cabo con el propósito de prevenir dicho tráfico y proteger a las víctimas, así como las medidas jurídicas para perseguir a los perpetradores.

La protección de las fuentes de los periodistas.

La asamblea aprobó la Recomendación 1950 (2011) con base en el informe del señor Morgan Johansson (Suecia, Grupo Socialista), relator de la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación.

La asamblea expresa preocupación por el gran número de casos en los que las autoridades públicas han forzado o intentado forzar a los periodistas a revelar sus fuentes de información, en contra de las normas establecidas por la Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. De igual manera, señala que las autoridades .públicas sólo pueden solicitar la revelación de información que identifique a una fuente si se cumplen con los requisitos del artículo 10, párrafo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, estableciendo de manera convincente que no hay alternativas razonables a la revelación o que esas han sido agotadas, que el legítimo interés de la divulgación rebasa el interés de la no-divulgación y que se pruebe un imperativo preponderante en cuanto a la necesidad de la divulgación. En síntesis, se debe limitar la revelación de las fuentes de información a circunstancias en las que los intereses público o individual vitales están en juego y puedan ser determinados de manera convincente.

Por lo anterior, la asamblea recomienda al Comité de Ministros hacer un llamado a los Estados miembro que no tienen una legislación especificando el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información a adoptarla; apoyar a los Estados miembro en el análisis y el mejoramiento de su legislación sobre protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas, en particular en 10 que se refiere a las leyes nacionales sobre vigilancia, lucha contra el terrorismo, conservación de datos y acceso a los registros de telecomunicaciones; solicitar al correspondiente comité directivo elaborar lineamientos para los procuradores y la policía, así como material de capacitación para los jueces, sobre el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, en cooperación con organizaciones de periodistas y de defensores de la libertad de los medios de comunicación; y solicitar a su comité directivo pertinente la redacción de lineamientos para las autoridades públicas y los proveedores de servicios relativos a la protección y la confidencialidad de las fuentes de los periodistas en el contexto de la intercepción o revelación de datos informáticos o de datos relativos al tráfico de las redes informáticas, conforme a los Artículos 16 y 17 de la Convención sobre Crimen Cibernético y los Artículos 8 y 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Seguimiento de la reforma del Consejo de Europa

La Asamblea Parlamentaria aprobó la Resolución 1783 (2011) y la Recomendación 1951 (2011) con base en el informe elaborado por Jean-Claude Mignon (Francia, Grupo del Partido Popular Europeo), relator de la Comisión de Asuntos Políticos.

En la Resolución 1783 (2011), la asamblea, en el contexto de la reforma al Consejo de Europa, se declara a favor de una mayor sinergia entre los órganos, instituciones y mecanismos de la Organización y de un agrupamiento de las estructuras de apoyo de los diferentes mecanismos de seguimiento y de dirección establecidos en el marco de las convenciones del Consejo de Europa, con el fin de hacerlos más efectivos.

Respecto a la Corte Europea de Derechos Humanos, la asamblea hace un llamado para realizar esfuerzos con ‘el fin de fortalecer los programas de asistencia dirigidos a aquellos miembros que son el origen de un gran número de solicitudes ante la Corte; y resuelve consolidar su propio procedimiento para la elección de jueces, particularmente con miras a la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos.

En lo que corresponde al Congreso de Autoridades Locales y Regionales, la asamblea considera que la reforma debe permitir una mejor coordinación y coherencia entre las actividades del Congreso y otros órganos del Consejo; que sus actividades deben representar un valor agregado para el Consejo de Europa y una utilidad práctica para las autoridades locales y regionales de los Estados miembro, así como evitar duplicación del trabajo llevado a cabo por otros órganos, especialmente en la esfera de los derechos humanos; y que la práctica actual mediante la cual los miembros del Congreso realizan sus actividades a expensas del Consejo de Europa es difícil de justificar y debe detenerse.

Por lo que toca a la celebración de conferencias de ministros especializados del Consejo de Europa, la asamblea reitera que los ministros que atienden directamente un rango importante de. problemas de la sociedad deben tener un papel. más activo en la definición de las prioridades del Consejo de Europa.

Por otro lado, la asamblea insiste en su propuesta de agrupar todas las actividades relativas a la democracia en un “Foro de la Democracia de Estrasburgo” como una estructura genérica y expresa su deseo de que se pueda realizar un nuevo Parlamento de los Jóvenes en Estrasburgo con el Parlamento Europeo, en el marco de ese Foro, sin necesidad de establecer una nueva estructura.

La asamblea también resuelve incrementar su cooperación con el Parlamento Europeo, por ejemplo, a través de un órgano conjunto informal Parlamento Europeo/Asamblea Parlamentaria con miras a coordinar la comunicación de información, particularmente en el contexto de la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos. Enfatiza que el mantenimiento de relaciones más cercanas entre los grupos políticos de las dos asambleas europeas puede ser benéfico.

Finalmente, la asamblea manifiesta su firme intención de seguir de cerca las siguientes fases de la reforma a la Organización y hacer una mayor contribución para asegurar que el Consejo de Europa siga siendo una institución de referencia en los ámbitos de sus competencias fundamentales y un motor de la cooperación paneuropea multidimensional en otros sectores.

En la Recomendación 1951 (2011). la asamblea exhorta al Comité de Ministros a participar en una discusión conjunta con la asamblea sobre la necesidad de celebrar una Cumbre del Consejo de Europa para dar un impulso renovado a la Organización, hacer a sus Estados miembro más responsables respecto a ella y, de ser el caso, redefinir su papel; llevar a cabo una reflexión sobre el agrupamiento de las estructuras y los mecanismos de seguimiento y sobre el Congreso de Autoridades Locales y Regionales; asegurar la sinergia entre tomadores de decisiones. ciudadanos y sociedad civil; tomar en cuenta las propuestas para establecer un “Foro de la Democracia de Estrasburgo” con el fin de consolidar y hacer más visible el pilar de la democracia; ampliar el ámbito de las conferencias de los ministros especializados, su vinculo con y el impacto en las actividades cotidianas de la organización; examinar la idea de organizar sesiones del Comité de Ministros a nivel de ministros especializados; considerar la posibilidad de que los ministros especializados contribuyan al financiamiento de ciertas actividades en contraparte a la delegación de ciertas competencias del Comité de Ministros; y llama a los Estados miembro a reinvertir en las actividades de la Organización los ahorros logrados gracias a la reforma, con el fin de ayudar a los Estados miembro a implementar reformas y cumplir con sus compromisos y obligaciones.

Miércoles 26 de enero

La Protección de los testigos como uno de los pilares de la justicia la reconciliación en los Balcanes

La asamblea adoptó la Resolución 1784 (2011) y la Recomendación 1952 (2011) con base en el informe de Jean-Charles Gardetto (Mónaco, Grupo del Partido Popular Europeo), relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

En la Resolución 1784 (2011), la asamblea recuerda los logros del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y la proximidad del término de su mandato. Asimismo, se refiere a la contribución de los testimonios de los testigos para la justicia y la reconciliación en la región, y al apoyo y la protección que éstos merecen. Señala, que no obstante los avances en la protección existe una necesidad de mejorarla debido a que, ante las amenazas, la intimidación, e incluso el asesinato, los posibles testigos deciden no declarar ante los tribunales nacionales de los países involucrados. Además de que a muchos testigos no se les ha brindado la protección y el apoyo que merecen, lo cual desalienta a otros potenciales declarantes.

Así, la asamblea hace un llamado para que las autoridades competentes en los Estados y territorios concernidos instrumenten de manera plena las Recomendaciones R (97) 13 sobre intimidación de testigos y derecho de defensa y R (2005) 9 sobre protección de testigos y colaboradores de la justicia; modifiquen si es necesario sus legislaciones nacionales, con el fin de mantener en secreto las identidades de los testigos en casos extremos; incrementen los recursos asignados a los programas de protección, proporcionen equipo adecuado a las Cortes y establezcan una autoridad autónoma de supervisión de los programas; tomen medidas para asegurar que todos los jueces, fiscales, oficiales de policía y cualquier otro agente que entre en contacto con los testigos en casos de crímenes serios estén completamente capacitados en materia de protección de testigos; alentar a los fiscales y las autoridades judiciales a investigar de manera expedita y efectiva todas las supuestas intimidaciones y amenazas a los testigos y sancionar a los autores de tales delitos; hagan esfuerzos para asegurar que los testigos conozcan las medidas de protección y apoyo para ellos antes, durante y después del juicio; provean fondos para los programas de protección y los establezcan usando como modelo el programa de la ONU en Croacia; aseguren que las medidas de apoyo a los testigos estén disponibles desde el inicio de la investigación; definan criterios y regulaciones con respecto al papel que las ONG o los centros de bienestar social respecto a los testigos, proporcionen fondos para esas organizaciones y centros y hagan seguimiento de sus actividades para garantizar que sus servicios son consistentes con las regulaciones; y continúen y mejoren la cooperación en la persecución de los crímenes de guerra.

La asamblea también hace llamados, en lo particular, a las autoridades de Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia y Kosovo. A Bosnia-Herzegovina la instacia instrumentar sin demora las propuestas formuladas en la Estrategia Nacional para los Casos de Crímenes de Guerra; adoptar legislación y los recursos necesarios para la Agencia de Estado para Investigaciones y Protección; y asegurar la armonización de la jurisprudencia, y considerar la creación de una corte suprema o el otorgamiento de poderes de una suprema corte a una jurisdicción existente con el fin de garantizar certidumbre jurídica unificando la interpretación de la ley.

Para Croacia, las peticiones van en el sentido de recurrir a uno de los cuatro tribunales principales dotados de competencias especiales en materia de crímenes de guerra o de crimen organizado cuando los testigos pudieran estar en riesgo; y ampliar los programas de apoyo a testigos establecidos por la ONU a todas las cortes que se ocupen de los crímenes graves.

A Montenegro se le pide investigar a fondo todos los casos de “intimidación, amenazas y ataques contra testigos y protegerlos antes, durante y después de que presenten testimonio” en casos de crímenes serios.

A Serbia se le exhorta a establecer una unidad de protección de testigos de acuerdo con las normas profesionales, con personal calificado, libre de interferencia política y con recursos adecuados con el fin de que los tribunales puedan beneficiarse de ella en casos de crímenes serios; y organizar la transferencia de la responsabilidad de la unidad al Ministerio de Justicia.

En cuanto a Kosovo, la asamblea solicita abordar de manera seria los problemas enfrentados por los testigos, varios de ellos asesinados; y adoptar legislación que proporcione protección a aquellos que testifiquen en casos de crímenes de guerra y crímenes serios, durante la investigación, el juicio y después de éste.

La Unión Europea es invitada a continuar sus esfuerzos para hacer de la protección de testigos un criterio esencial para el establecimiento de una asociación con los países concernidos y a otorgar a la unidad de protección de testigos de Eulex mayores poderes.

A los Estados miembro se le llama a aceptar y organizar la reinstalación en sus territorios de testigos en peligro, especialmente a aquellos que provienen de Kosovo; y considerar el financiamiento de planes de protección de testigos y capacitación adecuada para el personal que lleva a cabo esta tarea.

Por otro lado, la comunidad internacional es instada a continuar proveyendo fondos, experiencia y capacitación en materia de protección de y apoyo a testigos en la región.

Finalmente, la asamblea pide al ICTY considerar la modificación del Reglamento de Procedimientos y Pruebas para que, en casos extremos, la identificación de un testigo se mantenga anónima aún para la defensa, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos; y establecer un mecanismo residual con miras a mantener la protección de los testigos después de que termine su mandato, por ejemplo transfiriendo su misión a la Corte Penal Internacional.

La Recomendación 1952 (2011) incluye un llamado de la asamblea Parlamentaria al Comité de Ministros con el fin de que instruya a sus comités respectivos para preparar una evaluación sobre el nivel de aplicación de las Recomendaciones R (97) 13 y R(2005)9 a ser sometida a la asamblea; y de que encargue al Comité Europeo sobre Problemas Penales (CDPC, por sus siglas en inglés) realizar un estudio de factibilidad para determinar si la protección y el apoyo a los testigos podrían ser objeto de una futura convención del Consejo de Europa.

La obligación de los Estados miembro del Consejo de Europa para Cooperar en el Juicio de los Crímenes de Guerra.

El informe respectivo fue elaborado por Miljenko Dorié (Croacia, Alianza de Demócratas y Liberales por Europa) relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Con base en ese informe, la asamblea adoptó la Resolución 1785 (2011) y la Recomendación 1953 (2011).

En la Resolución 1785 (2011). la asamblea exhorta a los Estados miembro y observadores a tomar todas las medidas necesarias para combatir la impunidad para los crímenes de guerra, de acuerdo con las iniciativas de la ONU y de la propia asamblea; a firmar y ratificar las Convenciones y los Protocolos del Consejo de Europa relativos a la extradición, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad y la validez de los juicios penales, así como el Estatuto de Roma y el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, retirando las declaraciones y reservas que contravengan el objeto y el propósito de los instrumentos mencionados; abstenerse de garantizar la nacionalidad o el estatuto de refugiado a una persona inculpada de crímenes de guerra en otro Estado; examinar las solicitudes de extradición de manera expedita; procesar las solicitudes de extradición por crímenes de guerra de buena fe; e introducir el principio de aut federe aut indicare (extraditar o juzgar) en el derecho penal interno.

Adicionalmente, la asamblea exhorta a los Estados de la región concernidos a continuar la reforma a sus legislaciones de acuerdo con las normas internacionales y con miras a una mayor facilitación de los juicios por crímenes de guerra; buscar una cooperación mutua efectiva en la persecución de los crímenes de guerra; mejorar la recolección de datos específicamente para las solicitudes de extradición por crímenes de guerra o crímenes relacionados con la guerra, al igual que para la información sobre las ordenes de arresto internacional ya emitidas de manera que se evalúe. con precisión la gravedad del problema y las soluciones para corregirlo de forma sistemática; adoptar las mejores prácticas en la región en cuanto al levantamiento de la prohibición de la extradición de los nacionales y al reconocimiento de los juicios celebrados en el extranjero; y eliminar cualquier obstáculo jurídico a la persecución de los crímenes de guerra identificados en su Resolución 1564 (2007).

La asamblea exhorta al ICTY y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a considerar el papel de otros Estados no directamente concernidos en la persecución de los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia. A la Unión Europea la exhorta a explorar las posibilidades de fortalecer la cooperación entre sus miembros y los Estados involucrados en la persecución de los crímenes de guerra, en particular con la red europea de puntos de contacto respecto a las personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, establecida por la decisión del Consejo de la Unión Europea 2002/494/JAI del13 de junio de 2002.

En la Recomendación 1953 (2011), la asamblea sugiere al Comité de Ministros exhortar a los miembros y observadores del Consejo de Europa a firmar y ratificar las Convenciones y los Protocolos del Consejo de Europa relativos a la extradición, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad y la validez de los juicios penales, así como el Estatuto de Roma y el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, retirando las declaraciones y reservas que contravengan el objeto y el propósito de los instrumentos mencionados.

Además, le pide instruir al Comité Europeo sobre Problemas Penales y al Comité de Expertos sobre la Operación de las Convenciones Europeas sobre Cooperación en Cuestiones Penales para que elabore una evaluación, en consulta con la sociedad civil, de la aplicación del principio aut federe aut indicare (extraditar o juzgar) y de los arreglos para trasladar al derecho interno el principio de jurisdicción universal sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; informar al grupo de expertos a cargo de la revisión y modernización de la Convención Europea sobre Extradición, la preocupación de la asamblea respecto a la cooperación de los Estados miembro en la persecución de los crímenes de guerra e invitarlo a tomarlos plenamente en cuenta en su trabajo e invitar a la sociedad civil a contribuir a la consideración de este punto; e invitar al Comité de Expertos sobre Impunidad del Comité Directivo para Derechos Humanos a considerar este asunto en su Proyecto de Líneas Directrices sobre la Erradicación de la Impunidad para las Violaciones Graves de Derechos Humanos.

La reconciliación y el diálogo político entre los países de la ex Yugoslavia

La Asamblea Parlamentaria adoptó la Resolución 1786 (2011) y la Recomendación 1954 (2011), con base en el informe de Pietro Marcenaro (Italia, Grupo Socialista), relator de la Comisión de Asuntos Políticos.

En la Resolución 1786 (2011), la asamblea manifiesta su satisfacción por el trabajo de líderes y personas de los países de la antigua Yugoslavia para la reconciliación y la reconstrucción de relaciones entre dichos países También se reconocen las diferencias en las situaciones de esos países y destaca que la efectividad de las reformas políticas es con frecuencia menor a las expectativas.

De acuerdo con la asamblea, se requieren esfuerzos renovados de todos los gobiernos de la región con miras a una plena reconciliación y a una integración euro-atlántica. Al respecto hace un llamado a los países de la ex Yugoslavia para que aseguren que la cuestión de las personas desparecidas siga siendo una prioridad; garanticen la plena cooperación con el ICTY en la persecución de los crímenes de guerra, den prioridad a la captura y arresto de los fugitivos y garanticen la completa protección de los testigos; intensificar la cooperación técnica para establecer estadísticas claras relativas al regreso de los refugiados y a la integración local; resuelvan todos los diferendos sobre fronteras no resueltos y, de ser el caso, se comprometan con un mecanismo de arbitraje obligatorio; instrumentar medidas para garantizar la puesta en marcha de leyes contra la discriminación y para la protección de las minorías; apoyen las iniciativas transfronterizas, populares y de la sociedad civil dirigidas a la reconciliación de los ciudadanos de los diferentes países; y apoyen la constitución de una comisión regional para la verdad y la reconciliación con la participación de todos los países involucrados en los conflictos con miras a lograr la comprensión mutua de los eventos pasados y rendir homenaje a las víctimas.

Por otro lado, la asamblea reitera sus recomendaciones a Bosnia-Herzegovina de tomar medidas urgentes respecto a su compromisos como miembro del Consejo de Europa y llevar a cabo reformas clave, incluyendo las constitucionales; y trabajar en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas estatales.

También alienta a la Unión Europea a promover un proceso regional, disociado de los procesos de pre-adhesión y adhesión, para apoyar los esfuerzos de los países para el arreglo eficaz de las cuestiones y los problemas persistentes hacia una normalización total de la región, y cooperar de manera cercana con el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y el Consejo de Cooperación Regional que disponen de instrumentos y experiencia para abordar las cuestiones no resueltas.

Igualmente, la asamblea ofrece una plataforma para el diálogo interparlamentario a nivel regional sobre las cuestiones relativas a la reconciliación plena en la región.

Por otro lado, en la Recomendación 1954 (2011), la asamblea recomienda al Comité de Ministros exhortar a los miembros del Consejo de Europa a continuar proporcionando asistencia financiera para que los planes dirigidos a dar soluciones duraderas a los refugiados y las personas desplazadas internamente se concreten; proporcionen toda la asistencia necesaria a las escuelas de estudios políticos del Consejo de Europa; alienten el intercambio cultural apoyando el trabajo de los actores locales, los investigadores y las ONG dirigido a desarrollar una visión más plural de los eventos pasados y recientes; y consideren la posibilidad de organizar una mesa redonda con reconocidos historiadores de la región acerca de algunas fechas clave en la historia; y mantener el tema de la no discriminación y la protección de las minorías nacionales en la agenda.

La ejecución de las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos

El informe para este debate fue elaborado por Christos Pourgourides (Chipre, Grupo del Partido Popular Europeo), relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. La asamblea adoptó la Resolución 1787 (2011) y la Recomendación 1955 (2011 ).

En la Resolución 1787 (2011), la asamblea manifiesta gran preocupación por las deficiencias sistemáticas que son origen de un gran número de repetidas violaciones a la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y que mina seriamente el estado de derecho en los Estados concernidos, por ejemplo la duración excesiva de los procesos judiciales que lleva a una inefectiva protección de derechos importantes (endémica en Italia); la crónica no aplicación de las decisiones judiciales internas (Rusia y Ucrania); la muerte y el maltrato causados por oficiales encargados de la aplicación de la ley y la falta de investigaciones al respecto (Rusia y Moldova); y la detención ilegal y la duración excesiva de la detención provisional (Moldova, Rusia y Ucrania).

Con el fin de erradicar los problemas citados, la asamblea plantea su intención de cooperar con los parlamentos nacionales para apoyar a las Partes de la Convención Europea de Derechos Humanos y al Comité de Ministros para erradicar el no cumplimiento de los fallos de la Corte. Es así que hace exhortos a algunos Estados con el objetivo de que atiendan de manera prioritaria problemas específicos. Por ejemplo, a Bulgaria le pide, entre otros, completar la reforma dirigida a asegurar que los procedimientos de deportación de extranjeros cumplan plenamente con la Convención; a Italia, Rusia, Polonia, Rumania y Grecia evitar la duración excesiva de los procesos judiciales; a Moldova medidas adicionales para mejorar las condiciones de los sitios de detención; a Rusia implementar medidas para terminar con las violaciones de derechos humanos en el Cáucaso, abordar las consecuencias de dichas violaciones y tomar medidas generales para prevenir de manera efectiva que se repitan en el futuro; a Ucrania adoptar urgentemente una estrategia integral para solucionar la no ejecución de un número considerable de decisiones jurídicas internas; al Reino Unido terminar con la práctica de retrasar la instrumentación de los fallos de la Corte respecto a cuestiones políticas sensibles, tales como el derecho de voto de los reos.

De manera general, la asamblea urge a los parlamentos nacionales a introducir mecanismos y procedimientos específicos para la supervisión parlamentaria efectiva de la instrumentación de los fallos de la Corte; hace un llamado a los Estados miembro para. establecer mecanismos efectivos para la instrumentación de las sentencias de la Corte y asegurar que un órgano de toma de decisiones de alto nivel asuma la plena responsabilidad de la coordinación de todos los aspectos del proceso de instrumentación a nivel interno; llama a los presidentes de las delegaciones parlamentarias nacionales de los Estados en los que se llevaron a cabo visitas in situ a presentar resultados en las cuestiones subrayadas .en la propia Resolución 1787 (2011); se reserva el derecho de realizar acciones apropiadas si el Estado concernido continúa absteniéndose de tomar las medidas necesarias requeridas por un fallo de la Corte o si el parlamento nacional no ejerce las presiones convenientes sobre el gobierno para que ejecute los fallos de la Corte; y decide mantenerse pendiente de este tema y continuar otorgándole prioridad.

Por lo que respecta a la Recomendación 1955 (2011), la Asamblea Parlamentaria exhorta fuertemente al Comité de Ministros a incrementar la eficacia de la puesta en marcha de los fallos de la Corte como garante estatutario, en particular que . asegure un tratamiento prioritario de los problemas más importantes, sobre todo los de carácter sistémico. en la instrumentación de dichos fallos e informar de manera regular a la asamblea los resultados; inducir a las Partes de la Convención Europea de Derechos Humanos que enfrentan problemas estructurales a proporcionar estrategias integrales que delineen un enfoque claro y detallado para ejecutar las sentencias de la Corte y asegurar una evaluación efectiva de la utilidad de las medidas tomadas; asegurar que los gobiernos mejoren y, cuando sea necesario, establezcan mecanismos y procedimientos para asegurar la instrumentación oportuna y efectiva de los fallos de la Corte por medio de acciones de todos los actores nacionales involucrados, coordinados al más alto nivel político; incrementar la presión y tomar medidas más firmes en casos de retardo y continúo incumplimiento de los fallos de la Corte por los Estados Parte, y trabajar de manera más cercana con la asamblea en este tema; y asegurar. en los casos de persistente y flagrante desprecio a la jurisprudencia de la Corte, la aplicación del recurso establecido en el Artículo 8 del Estatuto del Consejo de Europa (suspensión/retiro de la organización).

Protección a los refugiados migrantes en casos de extradición expulsión: Indicaciones del artículo 39 del Re lamento de la Corte Europea de Derechos Humanos

La asamblea adoptó la Resolución 1788 (2011) y la Recomendación 1956 (2011) con base en el informe de David Darchiashvili (Georgia, Grupo del Partido Popular Europeo), relator de la Comisión de Migración Refugiados y Población.

El artículo 39 del Reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos faculta a la Corte para indicar en cualquier fase del proceso provisional las medidas que deben ser adoptadas por un Estado miembro, en interés de las partes o de la conducción adecuada del proceso. La mayoría de estas medidas son utilizadas para proteger a los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes irregulares amenazados con el retorno a su país de origen.

El artículo 39 es una regla de procedimiento de la Corte jurídicamente obligatoria. Aunque la mayoría de las demandas se presentan contra un número pequeño de países, su número se ha incrementado rápidamente en los últimos años, como consecuencia del número creciente de devoluciones a los países de origen de la disminución correspondiente del número de personas a quienes se otorga protección internacional.

Ante la preocupación por el creciente número de los casos de incumplimiento de las medidas señaladas por el artículo 39, en razón de que las personas involucradas sufren un daño irreparable y la integridad del sistema de la Convención es dañado en su conjunto, la asamblea hace exhortos a los Estados miembro y manifiesta su esperanza de que la Corte realice diversas acciones para encontrar soluciones respecto a las medidas provisionales bajo el artículo 39.

Los exhortos a los Estados miembro incluyen garantizar el derecho de petición

individual a la Corte, no interferir con el ejercicio de ese derecho y cumplir plenamente con la letra y el espíritu de las medidas provisionales indicadas por la Corte en el artículo 39; garantizar el principio de no-retorno en’ las leyes internas; mantener la representación legal, la asistencia y, si es necesario, brindar apoyo legal, así como el acceso a la Corte y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; tomar medidas para reducir la necesidad de las medidas provisionales; proporcionar capacitación a los jueces, las autoridades internas y los abogados. utilizando, por ejemplo, los buenos oficios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; publicar información actualizada sobre el artículo 39 y los procedimientos y la práctica para la determinación del asilo; y cooperar completamente con el Comité de Ministros en la ejecución de las sentencias.

Por otro lado, reconociendo el papel ,primordial de la Corte en la búsqueda de soluciones para lidiar con las medidas provisionales bajo el artículo 39, la asamblea expresa su esperanza de que la Corte continúe su trabajo para asegurar una instrumentación consistente de ese artículo y mejore el flujo de información entre sus secciones; organice, con el sector intergubernamental del Consejo de Europa, un intercambio de puntos de vista sobre los retos que enfrentan la Corte y los Gobiernos para abordar las medidas provisionales; publique regularmente estadísticas sobre las solicitudes bajo el artículo 39 ­aceptadas o rechazadas- y su estatus, así como el número de personas deportadas en los casos en los cuales se ha garantizado el artículo 39 y el número de casos en los cuales se haya encontrado una violación sustantiva posterior; sea sensible a las necesidades de las personas vulnerables. incluyendo a los sobrevivientes de tortura, las víctimas de trata, lesbianas, gay, bisexuales y personas transgénero, niños, mujeres y ancianos y personas con discapacidades; trate, siempre que sea posible o apropiado, los casos indicados por el artículo 39 por medio de un procedimiento expedito; y requiera, en la mayoría de los casos, la adopción de medidas específicas por los Estados para remediar el daño causado, con el objetivo de que el Comité de Ministros pueda supervisar de forma más efectiva la ejecución de las sentencias.

En cuanto a la Recomendación 1956 (2011), la asamblea invita al Comité de Ministros a considerar la extensión de su mandato bajo el artículo 36 de la Convención Europea de Derechos Humanos introduciendo la competencia de monitorear el cumplimiento de la letra y el espíritu del artículo 39; asegurar, en colaboración con la Corte, el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de los casos de incumplimiento del artículo 39; dar prioridad a las sentencias relativas a la violación del artículo 34 de la Convención en los casos de expulsión y extradición de extranjeros al tiempo que se supervisa su ejecución; cooperar con la Corte y otros actores relevantes con el fin de hacer disponibles estadísticas actualizadas sobre el artículo 39; evaluar la práctica actual a nivel nacional y de la Corte con vistas a incrementar el número de solicitudes bajo el artículo 39 contra algunos Estados y examinar las soluciones para mejorar la eficiencia y la consistencia de la práctica nacional, la práctica de la Corte y los procedimientos relativos a estas solicitudes; organizar, con el sector intergubernamental del Consejo de Europa y la Corte, un intercambio de puntos de vista sobre los retos que enfrentan la Corte y los Gobiernos para abordar las medidas provisionales, teniendo en consideración el hecho de que el número de solicitudes puede aumentar ampliamente en el futuro; y crear un grupo de trabajo para identificar la mejor práctica en relación al acceso a la Corte y cumplir con “la letra y el espíritu” del artículo 39, teniendo en consideración, entre otras cosas, cuestiones como las circunstancias en las cuales “los impedimentos objetivos” pueden plantearse válidamente y las medidas que es necesario adoptar para corregir las acciones ejecutadas en razón del incumplimiento de las medidas provisionales.

Debate de actualidad: El Funcionamiento de la democracia en Hungría

En este tipo de debates la asamblea no adopta resoluciones ni recomendaciones. El orador designado por el buró de la asamblea para iniciar el debate fue Bjorn von Sydow (Suecia, Grupo Socialista), quien aludió a la preocupación por el alejamiento de Hungría de los principios del Consejo de Europa, en particular por una ley sobre los medios de comunicación, las modificaciones para la designación de los miembros de la Corte y de la autoridad electoral y una modificación aprobada por el Parlamento que impide que la Corte impugne las decisiones del gobierno en materia fiscal. De acuerdo con el relator, esto tiene como fin la consolidación del gobierno húngaro, encabezado por Viktor Orbán. Consideró que el equilibrio de poderes estaba en riesgo

El orador destacó que el asunto de mayor preocupación es la ley sobre los medios de comunicación, que limita gravemente la libertad de expresión, poniendo exigencias muy fuertes sobre los contenidos, otorgando al Primer Ministro la autoridad absoluta para nombrar o destituir a los actores de los medios de comunicación y con una autoridad que velará por el cumplimiento de esta ley.

Igualmente, Van Sydow indicó que el desarrollo de ‘los acontecimientos lleva a preguntarse sobre la voluntad de Hungría de respetar los valores del Consejo de Europa. Sugirió iniciar un proceso de seguimiento del cumplimiento de compromisos y obligaciones de ese país como miembro de la Organización con participación de otros órganos como la Comisión de Venecia, e incluso que la propia Hungría solicite a la Comisión de Venecia una opinión sobre las planeada nueva constitución, como lo han hecho otros miembros.

Los representantes de los grupos políticos coincidieron en que la situación en Hungría era preocupante y en la necesidad de cooperar para el cumplimiento de los principios del Consejo de Europa (estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la democracia), así como en el respeto que debe tenerse por el derecho a la libertad de expresión. El representante del Grupo del Partido Popular Europeo expresó la oposición de ese grupo a iniciar un proceso de seguimiento.

Por su parte, Braun, de Hungría, pidió a la asamblea una discusión constructiva y sin prejuicios y mostró agradecimiento por la posibilidad de precisar su punto de vista. Manifestó su esperanza de que el debate ayudaría a disipar los malos entendidos, a calmar las, preocupaciones y a convencer de que la democracia en Hungría funcionaba bien.

Los otros oradores indicaron también su preocupación por la situación en Hungría, varios expresaron su desacuerdo con iniciar un proceso de seguimiento y coincidieron en que el Consejo de Europa debía garantizar la democracia y el estado de derecho en ese país.

Cabe señalar que el asunto de la democracia en Hungría puede ser enviado por el Buró de la asamblea a una Comisión para informe.

Impugnación por razones formales de las acreditaciones aún no ratificadas de las delegaciones parlamentarias de Montenegro, San Marino y Serbia.

La Recomendación 1789 (2011), adoptada por la asamblea, fue elaborada con base en el informe de Holger Haibach (Alemania, Grupo del Partido Popular Europeo), relator de la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales, y como respuesta a la impugnación de Mendes Bota durante el primer día de sesiones.

Cabe recordar que la integración de las tres delegaciones parlamentarias fue impugnada por la ausencia de mujeres en esas delegaciones en violación de la Regla 6.2.a del Reglamento de la asamblea, que indica que se debe incluir al menos un representante del sexo subrrepresentado.

Las delegaciones indicaron que había sido imposible satisfacer las condiciones del Reglamento por cuestiones de tiempo y que harían lo necesario para asegurar su cumplimiento pleno en la primera oportunidad.

La asamblea decidió, en los tres casos, ratificar las acreditaciones respectivas, pero suspender el derecho de voto de sus miembros en la asamblea y en su órganos, de acuerdo con la Regla 7.3.c, con efecto a partir de la sesión de abril de 2011 y hasta que la composición de las delegaciones cumplan con la Regla 6.2.a.

Jueves 27 de enero

Debate urgente: Violencia contra los cristianos en el Medio Oriente

Para este debate se pidió a la Comisión de Asuntos Políticos elaborar el informe respectivo, mismo que se encomendó a Luca Volonte (Italia, Grupo del Partido Popular Europeo).

La asamblea aprobó la Recomendación 1957 (2011) en la que se alude a los ataques contra las comunidades cristianas del Medio Oriente en 2010, así como a los juicios y las condenas a pena de muerte por blasfemia que con frecuencia afectan a las mujeres. La asamblea condena los ataques y recuerda que la libertad de pensamiento, la libertad de religión, incluido el derecho a cambiar de religión, son derechos humanos protegidos por diversos instrumentos internacionales.

Igualmente, la asamblea declara que la coexistencia de grupos religiosos es un signo de pluralismo y de un ambiente favorable al derecho de la democracia y los derechos humanos. Asimismo, se muestra convencida de que la pérdida de las comunidades cristianas en el Medio Oriente podría poner en riesgo al Islam al significar una victoria del fundamentalismo.

También desea sensibilizar sobre la necesidad de combatir todas las formas de fundamentalismo religioso y la manipulación de las creencias religiosas por razones políticas, a las que considera son con frecuencia las bases del terrorismo actual.

A la luz de la creciente necesidad de analizar y entender la evolución de los aspectos culturales y religiosos en las relaciones internacionales y en las sociedades contemporáneas, la asamblea recomienda al Comité de Ministros desarrollar una capacidad permanente de seguir la situación de las restricciones gubemamentales y societales a la libertad de religión y los derechos relacionados en los miembros del Consejo de Europa y en los Estados de Medio Oriente, e informar periódicamente a la asamblea; desarrollar de manera urgente una estrategia para hacer respetar la libertad de religión como un derecho humano, incluyendo una lista de medidas contra los Estados que fallen en la protección de las confesiones religiosas; y dar una atención creciente al tema de la libertad de religión o de culto y a la situación de las comunidades religiosas, incluidas las cristianas, en su cooperación con terceros países así como en los informes de derechos humanos.

Para los Estados miembro las recomendaciones son reafirmar que el desarrollo de los derechos humanos, la democracia y las libertades civiles es la base común en la que construyen sus relaciones con terceros países y asegurar la inclusión de una cláusula democrática en sus acuerdos con terceros países; tomar en cuenta la situación de los cristianos y otras comunidades religiosas en su diálogo político bilateral con los países concernidos; promover una política, nacional y en el Comité de Ministros, que integre la cuestión del respeto de los derechos fundamentales de las minorías cristianas en las relaciones exteriores; producir, promover y distribuir materiales educativos que aborden los estereotipos y prejuicios anticristianos, así como la cristianofobia en general; abstenerse de alentar a las comunidades cristianas en Medio Oriente de buscar refugio en Europa, excepto en los casos en los que la supervivencia de esas comunidades se vuelva imposible; desarrollar una política integral de asilo basada en motivos religiosos, que reconozca en particular la situación específica de las personas que se convierten a otra religión; promover políticas que ayuden a reubicar a los refugiados cristianos en sus países de origen y apoyar a las comunidades que ofrecen un refugio local a las minorías cristianas de Medio Oriente; apoyar iniciativas dirigidas a promover el diálogo entre las comunidades religiosas en Medio Oriente; y promover y facilitar las relaciones entre las diásporas cristianas y sus comunidades originales.

Con base en una resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los cristianos del 21 de enero de 2011, la asamblea hace un llamado a Turquía a aclarar plenamente las circunstancias alrededor de la interrupción. de la celebración de la Misa de Navidad en las poblaciones de Rizokarpaso y Ayia Triada en la parte norte de Chipre el 25 de diciembre de 2010 y presentar ante la justicia a los responsables. También pide a Irak y Egipto transparencia y determinación en sus intentos de llevar ante la justicia a los autores de los ataques en Bagdad y Alejandría a la brevedad.

La asamblea también hace exhortos a los Estados de Medio Oriente, entre ellos condenar sin ambigüedad no sólo los ataques mortales contra personas inocentes, sino también el uso de la violencia en general, así como todas las formas de discriminación e intolerancia basadas en la religión y las creencias; promover una educación positiva acerca de las religiones, incluyendo a las comunidades cristianas; y apoyar activamente las iniciativas dirigidas a promover la dimensión interreligiosa del diálogo.

Dos últimos exhortos son para los líderes religiosos en Europa y para la Unión Europea. A los primeros se les pide condenar los ataques contra las comunidades cristianas y otros grupos de creyentes y aceptar la base de igualdad de respeto para cada denominación. Al bloque regional lo llama a fortalecer su seguimiento de la situación de las comunidades cristianas y otras religiones en su diálogo político con los países de Medio Oriente y vincular su política de vecindad, incluida la ayuda financiera, al grado de protección de y sensibilización sobre los derechos humanos en esos países.

Debate urgente: La situación en Belarús después de la elección presidencial

El informe fue elaborado por Christos Pourgourides (Chipre, Grupo del­Partido Popular Europeo). relator de la Comisión de Asuntos Políticos, con base en el cual la asamblea aprobó la Resolución 1790 (2011).

La asamblea decidió celebrar este debate luego de la ola de violencia, intimidación, arrestos masivos y persecución de los opositores políticos (incluidos candidatos), defensores de derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes y ciudadanos de Belarús que siguió al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre. La asamblea destaca que no hay signos de disminución de la represión. Considera que la violencia contra las personas que se manifiestan por los resultados de la elección no sólo es desproporcionada a la acción de los protestantes sino un desprecio absoluto hacia los valores centrales del Consejo de Europa.

Igualmente, la asamblea manifiesta su beneplácito por la Resolución del Parlamento Europeo del 20 de enero de 2011, condenando la detención de la periodista Irina Kahlip y otros periodistas, así como la brutalidad y las amenazas contra el candidato presid.encial Andrei Sannikov, particularmente la de ingresar a su hijo de ~ años ‘en un’ orfanato. Reitera su convicción de que las libertades políticas deben ser respetadas plenamente y de que todos los individuos y los grupos deben poder ejercer pacíficamente sus derechos de libertad de expresión y reunión. También deplora la decisión de las autoridades belarusas de no prolongar el mandato de la oficina de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) en Minsk, misma que operaba desde 1998.

A la luz de lo anterior, la asamblea insta a las autoridades belarusas a liberar inmediatamente a los candidatos de oposición y sus simpatizantes, periodistas y defensores de derechos humanos detenidos por motivos políticos; cesar el acoso y la intimidación a los opositores políticos, representantes de los medios de comunicación y la sociedad civil; llevar a cabo una investigación transparente sobre el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por la policía y las fuerzas de seguridad contra los manifestantes; detener las expulsiones de estudiantes de las universidades y los despidos laborales debido a la participación en protestas; reconsiderar la decisión de cerrar ta oficina de la aSCE en Minsk y extender su mandato a 2011 y más allá; completar el proceso de reforma a la legislación y la práctica electoral tomando en cuenta las recomendaciones de la OSCE/ODIHR y la Comisión de Venecia; llamar a cuentas a los supuestos autores de las desapariciones de ex funcionarios de gobiemo, un hombre de negocios y un camarógrafo, de acuerdo con la Resolución 1371 (2011); y declarar una moratoria a las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte.

La asamblea estima que las sanciones y restricciones a Belarús no deben conducir a su aislamiento y de que las sanciones deben estar enfocadas a los responsables de los actos más flagrantes de represión siguiendo un procedimiento justo y transparente. Así, la asamblea resuelve fortalecer el diálogo con las fuerzas democráticas, la sociedad civil, los grupos de opositores, los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos.

Además reafirma su decisión de suspender las actividades que impliquen contactos de alto nivel con las autoridades belarusas; llama al Buró de la asamblea a no levantar la suspensión del estatuto de invitado especial para el parlamento belaruso hasta que se decrete una moratoria a la pena de muerte y haya progresos sustanciales, tangibles y verificables en términos del respeto de los valores democráticos y los principios defendidos por el Consejo de Europa.

Finalmente, la asamblea insta a los partidos políticos del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo a llevar a cabo acciones para apoyar a sus partidos hermanos en Belarús, fortaleciendo la ayuda personal a los líderes prisioneros y sus familias, proporcionando apoyo financiero a los partidos e invitándolos a participar activamente en las reuniones europeas de los partidos en todos los niveles.

Debate urgente: La Situación en Túnez

La relatora para este tema fue la señora Ann Brasseur (Luxemburgo, Alianza de Demócratas y Liberales por Europa), de la Comisión de Asuntos Políticos. La asamblea adoptó la Resolución 1791 (2011) en la que se refiere a la situación económica y social en Túnez que llevó a protestas a nivel nacional y a la salida del ex presidente Ben Alí. Señala que la situación en ese país sigue siendo frágil e incierta.

La asamblea hace un homenaje al valor y la determinación del pueblo tunecino, que a pesar de la violenta represión mostró claramente su voluntad de terminar con el autoritarismo y transformar a Túnez en un país libre, abierto y democrático. Condena el uso de la violencia contra los manifestantes y lamenta los incidentes violentos perpetrados por algunos manifestantes contra la propiedad.

Por otra parte, la asamblea señala que si bien los eventos en Túnez se originaron por las políticas de Ben AIí, Europa tuvo responsabilidad al no condenar la naturaleza de ese régimen, prefiriendo sacar provecho de su aparente estabilidad para hacer negocios.

La asamblea considera que las fuerzas políticas tunecinas deben responder a las expectativas del pueblo e iniciar las reformas políticas y da la bienvenida a las medidas anunciadas por el gobierno provisional, así como a la formación de un gobierno de transición con varios líderes de oposición. Ofrece acompañar a Túnez en su transición a la democracia por medio del estatuto de Socio para la Democracia.

Por otro lado, llama a las autoridades provisionales a responder a las aspiraciones del pueblo de reformas democráticas de manera prioritaria y así evitar que elementos extremistas tomen ventaja de cualquier vacío de poder y la injerencia de los militares en la política; a intensificar y ampliar la cooperación con el Consejo de Europa y aprovechar su experiencia en la transición de los países hacia la democracia, por ejemplo adhiriéndose a los instrumentos de la organización abiertos a Estados no miembros, utilizar plenamente la membresía de Túnez en la Comisión de Ve necia en el futuro proceso de reforma constitucional, y fomentar los contactos entre parlamentarios europeos y tunecinos y representantes de la sociedad civil.

La asamblea resolvió seguir de manera cercana la evolución de los acontecimientos en Túnez, fortalecer su diálogo con .el parlamento tunecino, en particular con miras a las nuevas instituciones después de las próximas elecciones y buscar medios apropiados para apoyar a ese país en sus avances hacia la democracia.

Viernes 28 de enero

Supervisión de los compromisos en materia de derechos sociales

La asamblea adoptó la Resolución 1792 (2011) y la Recomendación 1958 (2011) con base en el informe de Bernard Marquet (Mónaco, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa), relator de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia.

De acuerdo con la Resolución 1792 (2011), los aniversarios 50 y 15, respectivamente de la Carta Social Europea de 1961 y la Carta Social Europea revisada de 1996 (18 de octubre de 2011 en Estrasburgo), parecen ser un momento oportuno para evaluar la aplicación de ese instrumento y de sus mecanismos de supervisión. La asamblea estima que es necesario mejorar la influencia de la carta en los procesos legislativos y políticos nacionales; colocar sus mecanismos de supervisión sobre una base más democrática y estimular el debate sobre los derechos sociales con el fin de presentar propuestas sustanciales para su futuro desarrollo.

Así, la asamblea invita a los miembros del Consejo de Europa a continuar la promoción, a nivel europeo y nacional, de la firma, la ratificación y la aplicación de la Carta Social Europea, específicamente del Protocolo Modificado de 1991 (Protocolo de Turín) y el Protocolo Adicional de 1995 que prevé un sistema de denuncias colectivas; ratificar la Carta Social Europea revisada o, sí aún se rigen por la Carta de 1961, el Protocolo de Turín, si aún no lo han hecho, con el objeto de que todas las disposiciones de la Carta Social puedan tener un pleno efecto, incluyendo la elección de 9 de los 15 miembros del Comité Europeo de Derechos Sociales por la asamblea; apoyar ante el Comité de Ministros la idea de fortalecer el papel de la asamblea en los mecanismos de seguimiento de la Carta; y promover el conocimiento de la Carta Social Europea revisada entre las organizaciones no gubernamentales y los correligionarios sociales.

Por su parte, la asamblea organizará debates sobre la situación de los derechos sociales y el estado de los derechos humanos cada dos años, la próxima ocasión en el marco de la sesión de junio de 2011 de la asamblea; hará un seguimiento de la instrumentación de la Carta Social Europea y de los derechos sociales, tomado en cuenta la integración de una perspectiva de género, en colaboración con el Comité Europeo de Derechos Sociales y otras organizaciones internacionales y europeas; promoverá, con el Comité de Ministros y otros órganos relevantes, una revisión del procedimiento de denuncias colectivas; e impulsará un enfoque amplio de los derechos sociales, en el Consejo de Europa y con sus socios externos, como parte integral e indivisible de los derechos humanos.

En la Recomendación 1958 (2011), la asamblea invita al Comité de Ministros reconocer que los derechos sociales son una parte indivisible de los derechos humanos y continuar promoviendo su pleno cumplimiento por medio de recomendaciones firmes dirigidas a los Estados miembro en el marco del proceso de supervisión relacionado con la Carta Social Europea; continuar promoviendo la Carta Social Europea revisada y su protocolo Adicional entre los Estados miembro que aún no la han ratificado; invitar a los Estados miembro a asegurar a las ONG nacionales el derecho a presentar denuncias colectivas, siguiendo el ejemplo de Finlandia; exhortar a Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido a ratificar la Carta a la brevedad, de manera que permitan la aplicación apropiada del mecanismo de seguimiento previsto en ella y la elección de 15 miembros del Comité Europeo de Derechos Sociales por parte de la asamblea; si el Protocolo de Turín no entra en vigor en junio de 2012, garantizar que la asamblea pueda cumplir plenamente con su función designada en los mecanismos de supervisión de la Carta a partir de 2013, mediante la adopción de una decisión unánime en este sentido, tal como Sé hizo en ocasiones anteriores para garantizar la aplicación de otras disposiciones del Protocolo de Turín; y revisar el procedimiento de denuncias colectivas previsto por el Protocolo Adicional de 1995 para permitir que la asamblea y otros interesados intervengan como terceras partes de ser el caso.

Las políticas de prevención del cuidado de la salud en los estados miembros del Consejo de Europa

Para este tema se designó como relatora a Liliane Maury Pasquier (Suiza, Grupo Socialista) de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia. La asamblea adoptó la Recomendación 1959 (2011).

De acuerdo con el informe existe una necesidad de explicar la resistencia de los Estados miembro del Consejo de Europa a desarrollar políticas para hacer del cuidado preventivo de la salud una alta prioridad. Esto porque, a pesar de los avances, aún existen las desigualdades en el acceso a la educación, la información y el cuidado de la salud, con una parte de la población con una buena educación que disfruta de un acceso fácil a los recursos asignados y con grupos desfavorecidos que sufren mayores dificultades. Para la asamblea, la verdadera cuestión es cómo asegurar el acceso a los recursos disponibles a todos los grupos de población, independientemente de su origen o situación socioeconómica.

Es así que en la Recomendación 1959 (2011), la asamblea exhorta a los Estados miembro del Consejo de. Europa a examinar y evaluar sus estrategias de prevención de la salud, dando atención renovada a los determinantes sociales de la salud y las inequidades en materia de salud, poniendo énfasis en las ventajas de mejoramiento de la salud, y a renovar su compromiso con los objetivos sanitarios de la Organización Mundial de la Salud.

Además, la asamblea pide al Comité de Ministros invitar a los Estados miembro y observadores del Consejo de Europa a, entre otros asuntos, definir normas mínimas de acceso al cuidado de la salud basadas en los derechos humanos fundamentales e impulsar políticas públicas y prácticas de salud, considerando que el derecho a la salud protege a toda la población, incluidos todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio; mejorar los mecanismos de análisis y detección temprana de las enfermedades y las afecciones, incluyendo el VIH/sida y la tuberculosis, para permitir que éstas sean tratadas a tiempo, y proporcionar los medios por los cuales cada individuo pueda recibir orientación de los servicios y apoyos complementarios; promover una educación sexual y de la salud integral que incluya la abstinencia para prevenir la propagación de las enfermedades de transmisión sexual; impulsar la detección universal para las enfermedades no infecciosas y para los factores de riesgo en edades clave o en situaciones específicas, para la prevención de ciertos riesgos relacionados con la genética o el medio ambiente; incorporar políticas preventivas claras del cuidado de la salud en las estrategias para la reducción de la pobreza y en las políticas socioeconómicas respectivas con el objeto de suprimir las desigualdades en el acceso a la información y a la protección de la salud, en la exposición al riesgo y en el acceso al cuidado que provocan mayores desigualdades en la aparición y las consecuencias de las enfermedades, prestando especial atención a la situación de las personas vulnerables en Europa; desarrollar investigación independiente, basada en criterios científicos y libres de la presión del lobbying económico, en particular, de las industrias alimenticia, farmacéutica y tabacalera; prestar atención a los riesgos de la estigmatización en presentar un documento de información que recuerde la posición de la asamblea respecto a la definición del término presos políticos.

...La planificación de las campañas sobre la nutrición y el peso corporal saludable; fortalecer la integración entre cuidado y prevención asegurando el apoyo de los profesionales de la salud; abordar el amplio entorno social que provoca un consumo problemático de alcohol, tabaco y apoyar las políticas contra las adicciones con un marco amplio de políticas sociales y económicas; y adoptar las medidas adecuadas para permitir que las personas de edad avanzada lleven vidas independientes y continúen viviendo en sus entornos familiares, durante el tiempo que lo deseen y puedan.

Para el Comité de Ministros las recomendaciones son, entre otras, revisar, actualizar y comparar las políticas preventivas nacionales e internacionales en el cuidado de la salud y las estrategias de promoción de la salud de los Estados miembros del Consejo de Europa, en cooperación con la Unión Europea; revisar y comparar la aplicación de las políticas y alentar a los Estados miembro a aumentar los recursos asignados al cuidado preventivo de la salud y a las políticas de promoción de la salud, y garantizar su sustentabilidad; examinar el papel desempeñado por las organizaciones nacionales, europeas e internacionales encargadas de las políticas de promoción de la salud y analizar planes para una mayor interacción estratégica basada en el ámbito de especialización de cada organización; iniciar un diálogo constructivo con la Comisión Europea, con miras a fortalecer la solidaridad en materia de salud y abordar las desigualdades de la salud en Europa, centrándose en particular en los países que no son parte de la Unión Europea en cooperación estrecha con la OMS; e instruir a un comité de expertos para elaborar un proyecto de recomendación basado en los elementos anteriormente mencionados dentro de los próximos dos años.

Promover el envejecimiento activo –capitalización del potencial laboral de las personas mayores

El informe respectivo fue elaborado por Denis Jacquat (Francia, Grupo del Partido Popular Europeo), relator de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia.

La Asamblea aprobó la Resolución 1793 (2011), en la que se aborda el papel de las personas mayores en la sociedad, la cultura profesional, la conducta de los trabajadores de edad mayor y de los empleadores, así como la noción de envejecimiento activo. Esto en el contexto del envejecimiento de la población en Europa.

La Asamblea exhorta a los Estados miembro a examinar ciertos lineamientos para promover el envejecimiento activo, entre ellos: adoptar legislación que prohíba la discriminación basada en la edad y eliminar los obstáculos del mercado laboral, para dotar a las personas mayores de la capacidad de acceder, permanecer o regresar al mundo laboral, en función de sus capacidades y su voluntad de trabajar; poner en marcha programas que inciten a empleados y empleadores a considerar el envejecimiento activo con perspectiva positiva; analizar el impacto de la mundialización y las recesiones económicas y proponer medidas ad hoc para impedir que los trabajadores mayores que pierden su empleo se conviertan en desempleados de largo plazo; apoyar la instrumentación de un régimen de protección social para las personas mayores que no reciben ninguna pensión o que tienen ingresos de retiro magros, debido a que permanecieron en el hogar o trabajaron en un sector informal la mayor parte de su vida; promover medidas dirigidas a mejorar la calidad del trabajo flexible para las personas mayores, permitiéndoles ocupar puestos menos demandantes y adoptar tiempos parciales, el trabajo en equipo, el trabajo compartido, así como la rotación y la redefinición de tareas entre los diferentes miembros de un equipo.

Permitir un paso progresivo hacia el retiro y alentar iniciativas como el trabajo voluntario y comunitario con el fin de facilitar esta transición; adoptar un enfoque global a lo largo de toda la vida y tomar medidas preventivas con el fin de reforzar el empleo de la mano de obra a medida que envejece; sensibilizar a la juventud sobre la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida y alentar a los jóvenes adultos a prepararse para la tercera edad en cuanto a su salud, su capacitación y sus hábitos sociales y financieros; explotar el potencial de las tecnologías de la información y de la comunicación para ampliar las posibilidades de empleo y de capacitación de las personas mayores, incluidas las que tienen discapacidades; elaborar políticas de salud proactivas que pongan énfasis en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento de afecciones crónicas, y promover programas de capacitación sanitaria organizados en los lugares de trabajo dirigidos a los trabajadores mayores; alentar el desarrollo de las actividades voluntarias para todos los grupos de edad, reforzando la solidaridad entre las generaciones y eliminar obstáculos jurídicos y administrativos que impiden la participación activa y la contratación de las personas mayores; alentar la ratificación y la plena instrumentación de la Carta Social Europea y de la Carta Social Europea revisada. del Código Europeo de Seguridad Social y de su Protocolo, así como del Código Europeo de Seguridad Social revisado.

4. Actividades de la delegación mexicana

Además de la asistencia a los debates plenarios, la delegación mexicana llevó a cabo las siguientes actividades:

Lunes 24 de enero

Reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales

El diputado Alberto Esquer asistió a esta reunión en la que John Prescott (Reino Unido, Grupo Socialista) relator para el tema de cambio climático y John Meale presentaron un informe sobre los resultados de la Cumbre de Cancún sobre Cambio Climático (COP 16) y de la reunión especial para ese tema de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebradas en diciembre de 2010. El texto aprobado por la UIP fue distribuido por el Secretariado de la comisión.

El comentario general sobre los resultados de Cancún fue que, si bien fueron modestos, también fueron importantes, abriendo la vía para un futuro sustentable más equitativo. El relator consideró que en la Cumbre de Durban en 2011 los países pueden avanzar en un acuerdo jurídico sobre el nuevo marco de Kioto más allá de 2012.

Por otro lado, con miras a seguir de cerca las negociaciones de la Conferencia de las Partes en 2011, y de acuerdo con la Regla 47.2 del Reglamento de la Asamblea, la Comisión decidió constituir una Subcomisión ad hoc sobre Cambio Climático integrada por los señores Prescott, Meale, Falzon, Marquet y Lotman (éste último ex officio) y la Sra. Papadimitriou. Esto siguiendo la práctica del año anterior.

Igualmente se presentó y se aprobó un proyecto de declaración “2010 ha sido el año más caliente para el planeta: es tiempo de vincular cambio climático y derechos humanos”; se presentó un proyecto de informe revisado y un ante proyecto de resolución sobre el tema “El agua: fuente de todos los conflictos”; se dio a conocer un anteproyecto de programa para la Conferencia sobre las convenciones en materia de aguas internacionales que tendrá lugar en Mónaco, el 22 de marzo; se tomó nota del anteproyecto de resolución sobre “Los organismos genéticamente modificados: ¿una solución para el futuro?”; se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista sobre “Las reformas de las políticas comunes de pesca y de agricultura” y la comisión tomó nota de un proyecto de informe revisado y de un anteproyecto de resolución sobre la misma cuestión; y adoptó un proyecto de opinión y modificaciones al informe de la Comisión de Equidad de Género “Mujeres en el medio rural en Europa”.

Reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos Derechos Humanos

En esta reunión participó el senador José González Martín.

La comisión eligió a los miembros de su Buró por unanimidad: Christos Pourgourides (Chipre, Grupo del Partido Popular Socialista) como presidente, Christoph Strasser (Alemania, Grupo Socialista) como primer vicepresidente, Serhiy Holovaty (Ucrania, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa) como segundo vicepresidente y Dmitry Vytakin (Rusia, Grupo de los Demócratas Europeos) tercer vicepresidente.

Asimismo, la comisión examinó y aprobó un adendum al informe “La ejecución de las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos” como seguimiento a la visita Turquía del relator (10-11 de enero de 2011); escuchó la exposición de la señora Renate Wohlwend sobre la reunión de la Subcomisión sobre la Elección de los Jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos, del 23 de enero de 2011; escuchó la exposición de Kimmo Sasi (Finlandia, Grupo del Partido Popular Europeo) sobre el tema “Crisis financiera mundial: el hundimiento económico de Islandia” y la de Christoph Strasser (Alemania, Grupo Socialista) sobre “La definición de prisioneros políticos/Seguimiento de los prisioneros políticos en Azerbaiyán”. Este último señaló que aún no había recibido la invitación oficial para visitar Azerbaiyán en el marco de su informe y fue invitado por la comisión.

Como tema final, la señora Marina Schuster (Alemania, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa) presentó un informe de avances respecto a “El establecimiento de una comisión europea independiente para investigar las presuntas violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos”. La relatora fue autorizada por la Comisión a presentar sus conclusiones bajo la forma de propuesta a incluir en la contribución de las comisiones en el marco de la consulta sobre la reforma de la asamblea.

Reunión informal del Grupo Socialista

La senadora Yeidckol Polevnsky y el diputado Ricardo López Pescador asistieron a la reunión informal del Grupo Socialista, en la que se intercambiaron puntos de vista sobre los temas que abordaría la asamblea durante la semana de sesiones.

Martes 25 de enero

Reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

El senador José González Morfín asistió a esta reunión en la que la comisión designó a Christos Pourgourides (Chipre, Grupo del Partido Popular Europeo) como relator para opinión para el debate de urgencia “La situación en Belarús después de la elección presidencial”, y tomó posición sobre las modificaciones al proyecto de resolución “Investigación de presunto trato inhumano a las personas y tráfico ilícito de órganos humanos en Kosovo”.

Además, la comisión designó a sus representantes en diversos órganos del Consejo de Europa: Comisión de Venecia (Christos Pourgourides); Consejo para las Elecciones Democráticas de la Comisión de Venecia (Andreas Gross, Suiza, Grupo Socialista, y como suplente Marietta de Pourbaix-Lundin, Suecia, Grupo del Partido Popular Europeo); Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (Gyorgy Frunda, Rumania, Grupo del Partido Popular Europeo); Grupo de Estados contra la Corrupción (Kimmo Sasi, Finlandia, Grupo del Partido Popular Europeo, y como suplente a Lolita Cigane, Letonia, no afiliada); Comisión Europea (Arcadio Díaz Tejera, España, Grupo Socialista, y como suplente a Marina Schuster, Alemania, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa).

Por otro lado, la comisión nombró como relator para opinión en el tema “Reafirmar la universalidad de los derechos humanos” a Egidijus Vareikis (Lituania; Grupo del Partido Popular Europeo); y aprobó el Programa de Trabajo para 2011.

Firma del Libro de Oro en honor del secretario general de la asamblea, Mateo Sorinas

El senador José González Morfín firmó el Libro de Oro en el que los miembros de la Asamblea Parlamentaria hicieron un reconocimiento a una labor de 33 años de Mateo Sorinas, el funcionario de más alto rango, por su trabajo en esa asamblea, con motivo de su retiro laboral..

Reunión informal con la titular de la misión de México en Estrasburgo ministra Lydia Madero

La titular de la Misión de México en Estrasburgo compartió con la delegación mexicana información sobre sus actividades de seguimiento de los temas de interés para México en el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En particular, comentó acerca de la propuesta para que el Presidente de la República realice una visita a la Asamblea Parlamentaria en alguna de las sesiones de 2011, y la posible adhesión a la Convención sobre Prevención y Combate a la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa. También se refirió a las actividades en el marco del año de México en Francia, específicamente a la Semana de México en Estrasburgo.

Por otro lado, ofreció nuevamente proporcionar a los legisladores información/datos sobre temas de interés relativos a los asuntos tratados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Miércoles 26 de enero

Reunión informal con el Alan Meale, miembro de la subcomisión ad hoc sobre cambio climático

La senadora Yeidckol Polevnsky conversó con Alan Meale (Reino Unido) sobre los resultados de la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Cancún. Ambos coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo sobre ese tema a nivel bilateral (México-Reino Unido) y en el marco de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Alan Meale propuso considerar la posibilidad de que la delegación mexicana se reúna con la delegación británica de manera previa a la sesión de abril de 2011 de la Asamblea Parlamentaria, en Londres. Esto con el objetivo de mantener el diálogo en materia de cambio climático. Asimismo, resaltó que es fundamental analizar el impacto de ese fenómeno en la producción de alimentos y la vinculación con las universidades para abordar todas las cuestiones relacionadas con éste.

La senadora Polevnsky indicó que transmitiría al resto de la delegación las propuestas del parlamentario británico. Por otro lado, informó que el Senado de la República ha estado en contacto cercano con las universidades y los centros de estudios, en cursos específicos dirigidos al personal de apoyo y mediante consultas por parte de los legisladores.

Primera reunión de la red de contactos parlamentarios para detener la violencia sexual contra los niños

La reunión se llevó a cabo con la presencia de la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, Maud de Boer- Buquicchio, y el presidente de la Asamblea Parlamentaria, Mevlüt Cavusoglu.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia, Maury Pasquier (Suiza, Grupo Socialista) hizo un repaso de las acciones llevadas a cabo hasta el momento y se refirió a los objetivos de la campaña para detener la violencia sexual contra los niños: sensibilizar a la sociedad civil sobre el tema del abuso y la violencia sexuales contra los niños; y promover la firma, la ratificación y la plena instrumentación del Convenio de Lanzarote.

La secretaria general adjunta del Consejo de Europa retomó el tema de los objetivos de la campaña, que está planeada para durar cuatro años, y destacó que se pretende asegurar que no haya impunidad para la violencia sexual contra los niños. Subrayó que la campaña es de empoderamiento: prevenir y denunciar. También aludió a la presencia de la campaña en los medios de comunicación y señaló que agradecería que cada parlamentario lanzara la campaña en su país e hiciera sugerencias.

Por su lado, la secretaria de la comisión hizo la presentación del contenido del Manual (explicación del Convenio de Lanzarote, cómo instrumentarlo, buenas prácticas legislativas, etcétera). Señaló que la instrumentación de las buenas prácticas no depende de la tradición jurídica, ya que los ejemplos incluidos en el Manual han sido tomados de diferentes países. También presentó cifras relativas a la ratificación del Convenio.

Aludió, igualmente a las características del Convenio, que se engloban en las 4 “pes”: p revenir (por ejemplo con medidas de reclutamiento de personal capacitado a cargo de los niños), p roteger los derechos de los niños (ayuda a víctimas), p erseguir a los criminales (por ejemplo, define pornografía infantil, da jurisdicción para castigar los crímenes) y p romover políticas apropiadas y la cooperación internacional contra los fenómenos del abuso y la violencia sexual contra los niños. Resaltó que el Convenio es complementario de otros instrumentos internacionales, pero que aumenta las normas de protección y que es el instrumento que va más lejos por lo que, siendo parte, no se tendrían que, firmar otros instrumentos.

Entre las actividades que se mencionó pueden llevar a cabo los puntos de contacto parlamentarios están:

• Promover el Convenio de Lanzarote.

• Instaurar una Comisión que atienda los fenómenos de la violencia y el abuso sexuales contra los niños, si no existen.

• Expresarse públicamente contra la violencia y el abuso sexuales hacia los niños (declaraciones públicas por ejemplo).

• Colaborar con las ONG locales y regionales.

Algunos puntos de contacto pidieron difundir la campaña en otros medios además de Euronews.

Para concluir la reunión, el presidente de la asamblea expresó que el Convenio de Lanzarote es un texto innovador en la materia a nivel mundial, ya que aborda formas modernas de abuso, por ejemplo las que se llevan a cabo por medio de Internet y se complementa con el Convenio sobre Trata de Personas. Pidió a los parlamentarios que participen en la campaña del Consejo de Europa contra el abuso y la violencia sexual hacia los niños y agradeció la reacción positiva a su invitación para participar en la red de contactos y en la propia campaña. Solicitó a los Estados que aún no han nombrado un punto de contacto hacerlo a la brevedad.

Sobre el Manual, Cavusoglu manifestó que es un instrumento que permite comprender y conocer mejor el Convenio de Lanzarote. En cuanto a la campaña, expresó que con ella se pretende mejorar el mundo para los niños.

Finalmente, la presidenta de la comisión exhortó a traducir el Manual a la lengua nacional de los puntos de contacto, participar en las reuniones de la red, llevar a cabo actividades en los parlamentos y difundir la información relativa a la campaña.

Se tuvo contacto con la Secretaría de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia y se le informó que el punto de contacto mexicano estaba llevando a cabo la traducción al español del Manual para su difusión entre las Comisiones pertinentes del Congreso de la Unión como una primera contribución a la campaña.

Tercera reunión de la red de contactos parlamentarios de la asamblea comprometidos en el combate a la violencia contra las mujeres

A esta reunión asistieron las senadoras Judith Díaz Delgado, Yeidckol Polevnsky y el diputado Ricardo López Pescador. Los contactos parlamentarios intercambiaron puntos de vista sobre su función en la instrumentación del documento conceptual sobre el establecimiento de un Observatorio Europeo de Mujeres Asesinadas.

Por otro lado, se invitó a los contactos parlamentarios a organizar eventos sobre el tema de la violencia contra las mujeres para destacar la celebración del próximo Día Internacional de la Mujer.

Igualmente, los contactos parlamentarios intercambiaron puntos de vista sobre la composición y los métodos de trabajo de la red.

5. Personalidades invitadas

Las siguientes personalidades hicieron declaraciones ante el pleno de la asamblea:

• Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

• Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland.

• Presidente de Turquía, Abdullah Gül.

• Presidente de la Federación Europea de Periodistas, Arne König.

• Presidente de Serbia, Boris Tadié.

• Presidente de Rumania, Traían Basescu.

Atentamente

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid