Que reforma el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente el miércoles 21 de julio de 2010

El que suscribe, diputado federal Leonardo Arturo Guillén Medina, perteneciente a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los siguientes:

Antecedentes

El acta constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824, se limitaba a disponer en su artículo 18 que el Poder Judicial Federal se ejercería por una Corte Suprema de Justicia. Por decreto de 27 de agosto de 1824, el Congreso Constituyente dio las bases sobre las que se establecería la Corte Suprema de Justicia; finalmente, se aprobó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de octubre de 1824. En el artículo 123 de dicha carta fundamental se decía que el Poder Judicial de la Federación se depositaba en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. 1

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se establecía en su artículo 94, que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se depositaría en una Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Tribunales de Circuito y de Distrito. Componiéndose la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 11 ministros, que aunque con posterioridad se reformaría el número de sus integrantes, con la reforma constitucional del 30 de diciembre de 1994, se dejaría en los mismos términos que la propia Constitución de 1917.

Con el paso del tiempo se han dado varias reformas, que van desde la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta su funcionamiento y facultades.

En esa tesitura, uno de los artículos que se ha ido modificando con el transcurso de los años, que tiene su esencia en el funcionamiento y facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido el artículo 97 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la actualidad en su segundo párrafo establece textualmente lo siguiente:

Artículo 97. ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.”

Por lo anterior y para abundar más en lo relativo a la reforma que se pretende hacer al párrafo segundo del artículo 97 de nuestra Carta Magna, que se encuentra citado dentro del capítulo de antecedentes, es que se prosigue con la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución es el complejo de normas de naturaleza suprema y fundamental, emitido de una sola vez, que estructura un Estado, crea sus poderes y órganos de autoridad, prevé las relaciones entre ellos, los dota de facultades y les establece limitaciones; 2 no a todas las leyes les es dado crear poderes y órganos y fundar su actuación; a lo que más llegan es a regular y autorizar con base en una norma primaria; es función exclusiva de la constitución el prever una particular forma de organización política, determinar quiénes serán los titulares del poder y establecer los principios de su actuación, esto es, dar las bases que funden un Estado determinado, es en este sentido en el que se sostiene que una constitución es fundamental. 3 De tal forma, se debe procurar en todo momento la perfectibilidad de nuestra Carta Magna, para que contenga un marco jurídico sólido, eficaz y no desfasado en las disposiciones establecidas en él.

En ese tenor, siendo la Constitución nuestro máximo marco jurídico, y en donde se encuentran contenidas las bases y fundamentos de sus poderes y órganos, es que se establece el actuar de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que, como lo describe la propia Corte, esta es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. 4

En esa tesitura, es importante mencionar, que dentro de sus facultades, tiene además, la facultad de investigación establecida en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo uno de los medios no jurisdiccionales de protección constitucional, en particular de las garantías individuales; es decir, una que le permite desarrollarse no como un órgano juzgador e impartidor de justicia, sino ser únicamente investigadora de hechos que puedan considerarse como posibles violaciones a los derechos humanos fundamentales. Al respecto, el doctor Miguel Carbonell 5 citando al doctor Héctor Fix- Zamudio 6 señala que esta facultad se considera un tanto extraña, pues faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nombre a uno o varios de sus miembros, a algún juez o magistrado federal, o a comisionados especiales, para que se encarguen de averiguar posibles violaciones graves de derechos fundamentales. Asimismo, indica que como lo expresa el doctor Jorge Carpizo, 7 dicha investigación puede ser emprendida de oficio o bien a solicitud del Presidente de la República, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de algún gobernador estatal. Aun cuando medie solicitud de algunos de estos sujetos legitimados será la Corte la que estime si ejerce o no la facultad contenida en el citado párrafo segundo del artículo 97 constitucional, pues el mismo comienza estableciendo que la Corte “podrá” hacerlo, de lo que se desprende que se trata de un ejercicio potestativo y no obligatorio.

Así también, menciona que esta facultad es extraña porque no se trata de que la Corte desarrolle un proceso judicial, sino una investigación. El resultado final de la misma no será una sentencia, sino un informe en el que la Corte señalará si hubo o no violaciones graves de derechos fundamentales y, en su caso, si es posible determinar a los responsables (si bien dicha determinación no surtirá el efecto de condenar automáticamente a nadie, sino de aportar elementos de convicción para que las autoridades del Ministerio Público primero, y judiciales después, hagan su trabajo y puedan emitir una sentencia con su propio parecer). El informe final de la Corte deberá hacerse llegar a la autoridad competente. Puede ser que resulte necesario comunicar el informe a la Cámara de Diputados, si está involucrado algún funcionario que goce de fuero constitucional; al Ministerio Público Federal o local si se trata de un funcionario federal o local que no tenga fuero, o de particulares que pudieran haber incurrido en delitos; al titular del Poder Ejecutivo Federal o local, en su caso, etcétera. 8

Así las cosas, se estima que se trata de una facultad a ejercerse solamente en casos verdaderamente considerados como graves, en los que las autoridades que tienen la competencia natural no hayan actuado, o si su actuación ha sido precisamente la causa de la posible violación de derechos fundamentales.

Dicha facultad de investigación de la Suprema Corte ha sido utilizada en los últimos años, como en el caso estudiado en el año de 1996 para investigar la matanza producida en el “Vado de Aguas Blancas”. En la que a raíz de dicha experiencia, la Corte pudo precisar jurisprudencialmente los alcances y el significado del párrafo segundo del artículo 97, en la tesis, que explica lo que debe entenderse por “violación grave” de derechos, 9 como a continuación se transcribe:

Garantías individuales. Concepto de violación grave de ellas para los efectos del segundo párrafo del artículo 97 constitucional. Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un “estado de cosas”, acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales. Tesis P. LXXXVI/96, aislada, materia constitucional, Pleno, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 1996, t. III, p. 459.

En ese tenor, encontramos en otra tesis emitida por nuestro más alto tribunal, la interpretación de los efectos que puede tener la investigación practicada por orden de la Corte:

Garantías individuales. El resultado de la averiguación prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, debe hacerse del conocimiento de las autoridades que se estimen competentes. La interpretación literal del párrafo segundo del artículo 97 no es operante para estimar que una vez concluida la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, después de informar al Pleno de la Suprema Corte, proceda el archivo del informe respectivo como asunto concluido, bajo el argumento que le precepto citado no establece cuál deberá ser el destino de ella. En efecto, los párrafos segundo y tercero del artículo 97 constitucional prevén la facultad extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar: en el primer caso, la existencia de una violación grave y generalizada de las garantías individuales, y en el segundo (actualmente está derogado el párrafo tercero) la violación al voto público, pero sólo en el caso de que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el procedimiento de elección de alguno de los poderes de la Unión. Sin embargo en el segundo párrafo se señala quiénes deben lleva a cabo la averiguación, y los designa como “comisionados”; en el tercer párrafo no se hace tal precisión. Por ello, si en el segundo párrafo no se indica el manejo de los resultados de la averiguación, debe entenderse que es aplicable lo dispuesto en el tercero, el cual indica que se hará llegar oportunamente el informe a los órganos competentes. Estas diferencias permiten establecer la necesidad de interpretar conjunta y sistemáticamente ambos párrafos, pues no podría decirse que por la sola circunstancia de que en el párrafo tercero no se precisa la designación de comisionados para llevar a cabo la averiguación, ésta no pudiera efectuarse, sino que, entendiéndose de manera concordante con el ejercicio de igual facultad a la que alude el párrafo segundo resulta inconcuso que para su desarrollo debe la Suprema Corte comisionar a alguno o algunos de sus miembros. Consecuentemente, por identidad de razón, y bajo el mismo sistema de interpretación, aún cuando en el párrafo segundo no se precise el destino final del resultado de la averiguación, esa omisión ha de interpretarse a la luz del párrafo tercero, en el sentido que los resultados del mismo deberán hacerse llegar oportunamente a los órganos que en principio pudieran resultar competentes. Tesis P. XC/96, aislada, materia constitucional, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 1996, t. III, p. 515.

Así también, se estima conveniente mencionar la más reciente de las investigaciones de violaciones graves a garantías individuales que ha realizado la Corte, que corresponde al caso de la guardería ABC, de Hermosillo Sonora, donde en ejercicio de la facultad de investigación y designación de comisionados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de seis de agosto de dos mil nueve, previa solicitud hecha suya por el ministro Sergio A. Valls Hernández, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad prevista en el artículo 97, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar los hechos ocurridos el día cinco de junio de dos mil nueve en la guardería ABC, del esquema vecinal comunitario del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, así como los actos administrativos y omisiones que dieron lugar a ellos, concluyendo en determinación emitida el 16 de junio de 2010, mediante la cual se desprendieron dos definiciones importantes:

Primera: La Suprema Corte debe ubicar a las autoridades que estuvieron involucradas en los hechos que dieron lugar a las violaciones graves de garantías.

Segunda: La única atribución del alto tribunal es justamente ésa, la de investigar violaciones graves a las garantías individuales, para no entorpecer las labores de otras autoridades que tienen el mandato de determinar las responsabilidades penales, administrativas, civiles o políticas. En este orden de ideas, se determinó que en los hechos que constituyeron violaciones graves de garantías individuales estuvieron involucrados siete servidores públicos de los ámbitos municipal, estatal y federal.

Como un tema colateral de esta investigación, la Corte consideró válido el sistema de subrogación como un mecanismo para garantizar el derecho a disfrutar del servicio de guarderías, pero no se pronunció sobre la operación o validez de contratos en lo particular.

Respecto al tema que nos ocupa, derivado de la necesidad de derogar esta facultad de investigación, en el proyecto de dictamen 10 respectivo, presentado por el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dentro de su capítulo de Considerandos, en el numeral segundo, manifiesta con mayor precisión en qué consiste esta facultad de investigación que posee la Corte y al tenor señala a la letra:

Naturaleza de la facultad de investigación.

La facultad de investigación establecida en el artículo 97 constitucional es de carácter excepcional, por lo que es menester definir su naturaleza y alcances a la luz de un Estado democrático y de un sistema de protección de los derechos fundamentales integrado tanto por instrumentos jurisdiccionales como no jurisdiccionales.

Si el constituyente mantiene esta atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar del perfeccionamiento del sistema integral de protección de los derechos humanos, significa que tiene que ser dotada de un sentido constitucional que la justifique y que fortalezca la protección de los derechos fundamentales.

Esta atribución excepcional confirma a esta Suprema Corte como el garante supremo de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución y apela a la potestad constitucional y moral de este Tribunal Constitucional.

Existen dudas acerca de los orígenes de la facultad de investigación de violaciones graves a la Constitución. Más aún, la intención del Constituyente de 1917 no quedó del todo clara en la primera redacción del artículo 97 constitucional. Sin embargo, a través de diversas reformas constitucionales esta facultad evolucionó para referirse a la investigación de violaciones graves a las garantías individuales que consagra la Constitución.

Efectivamente, la facultad de investigación no cumple una función típica de los tribunales constitucionales, su alcance y sentido es distinto al que se persigue con los controles jurisdiccionales de carácter vinculante. Se ha argumentado, asimismo, que no tiene referente en ningún otro país. Precisamente por ello, debe clarificarse su sentido en el actual sistema democrático, donde además de los diversos medios de control constitucional, contamos con un ombudsman federal bastante activo en la emisión de recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos.

Así, mientras diversas reformas constitucionales generaron la consolidación de un nuevo derecho procesal constitucional, –nos referimos principalmente a la reformas de diciembre de 1994 y de 1996, a partir de las cuales se fortaleció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal Constitucional–, se mantuvo tal facultad indagatoria como una atribución a cargo de este Máximo Tribunal.

En efecto, debemos recordar que antes de la consolidación del régimen democrático, la facultad de investigación estuvo prácticamente inactiva, únicamente y, de manera aislada, se utilizó para resolver temas relacionados con las violaciones al voto público.

A pesar de ello, el Poder Revisor de la Constitución mantuvo intacta dicha atribución, por lo que es lógico sostener que la facultad de investigación debía insertarse en el nuevo derecho procesal constitucional y en el inédito escenario democrático y plural. Así lo ha entendido esta Suprema Corte a partir de la Novena Época. Desde el caso de Aguas Blancas (3/96), se ha venido construyendo una doctrina constitucional que vaya dotando de contenido a la facultad de investigación, para su entendimiento y ejercicio, a través del análisis de diferentes casos inscritos en diferentes contextos. Una construcción interpretativa que no se encuentra acabada y que ha sido dinámica dependiendo de los retos concretos a los que ha tenido que dar respuesta.

[...]

Así, por ejemplo, en el caso Aguas Blancas (3/1996) esta Suprema Corte sostuvo que las violaciones de derechos fundamentales tienen que ser “generalizadas” y ocurrir en un “lugar geográficamente determinado”, además de que el estado de alarma que ocasionen debe prolongarse en el tiempo.

Por su parte, en el caso Atenco (3/2006) se sostuvo que la gravedad de las violaciones dependía de que éstas afectaran “la forma de vida de una comunidad”.

En el caso Oaxaca (1/2007) se estableció que una violación de derechos fundamentales puede calificarse de grave “cuando el déficit en el goce de las garantías es tal que impide a los gobernados gozar del derecho al ‘mínimo vital’, y tal déficit es ocasionado por el proceder activo o pasivo de las autoridades encargadas de asegurar el mayor disfrute posible de tales garantías”.

[...]

En específico, es importante destacar que el resultado de las investigaciones del artículo 97 no prejuzga sobre la responsabilidad penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados, sino que su función es la de señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas.

[...]

Así, aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales constatadas, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer. Con toda su autoridad moral esta Suprema Corte emite un dictamen de cara a la Nación, en el que declara la violación grave de garantías individuales y los responsables de las mismas, esto sin duda tiene un peso y un valor que reafirma a este Tribunal Constitucional como contrapeso y barrera frente a los abusos del poder.

[...]

Debe tenerse presente que la facultad de investigación del artículo 97 constitucional no es un procedimiento jurisdiccional sino un proceso atípico de investigación, al cual no pueden aplicarse las reglas de la teoría general del derecho procesal, ni mucho menos reglas procesales específicas que la limiten.

[...]

La resolución que se emita no tendrá fuerza vinculante pero sí la fuerza moral del Tribunal constitucional. No adjudicará responsabilidades penales, administrativas o civiles pero sí constitucionales, éticas y políticas. No servirá para sancionar a las autoridades pero sí para señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso. En suma, tendrá como objetivo primero y último el velar por el respeto a los derechos fundamentales y por la integridad de la Constitución.

De manera que coincidiendo con lo manifestado con el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dicha facultad de investigación es de carácter excepcional, por lo que es menester definir su naturaleza y alcances a la luz de un Estado democrático y de un sistema de protección de los derechos fundamentales integrado tanto por instrumentos jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Además, si el constituyente mantiene esta atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar del perfeccionamiento del sistema integral de protección de los derechos humanos, dicha atribución tendría que ser dotada de un sentido constitucional que la justifique y que fortalezca la protección de los derechos fundamentales.

Porque si bien es cierto que la facultad de investigación tiene un importante peso moral, también lo es que lleva inmersa 2 características fundamentales, que se palpan a simple vista: La primera, es que dicha resolución que se emite en los casos investigados, desafortunadamente sólo queda en una valiosa opinión jurídica; y la segunda, es que al no tener efectos vinculatorios, en lugar de fortalecer la labor jurisdiccional y de Tribunal Constitucional que desempeña la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la incomprensión social e institucional de los efectos de sus resoluciones en esta materia, se le coloca en condiciones donde por falta de esos efectos vinculantes, se cuestione su máxima autoridad en la materia de impartición de justicia, al resultar la emisión de determinaciones que a pesar de señalar la existencia de violaciones graves a garantías individuales, tienen efectos sólo en calidad de posicionamientos enunciativos, con consecuencias jurídicas inexistentes, dejando que las cosas desafortunadamente parezcan situadas en el ámbito de la impunidad, por tratarse de una muy importante pero a la vez simple valoración jurídica.

Y más aún, el ejercicio y la eliminación –como lo propone esta iniciativa– de la facultad de investigación de la Suprema Corte en el texto constitucional, no pueden ser entendidas como un obstáculo o impedimento para que las autoridades competentes en las materias correspondientes actúen en ejercicio de las facultades que les hayan sido conferidas constitucional o legalmente, sean éstas de naturaleza política, administrativa o penal, locales o federales, verbigracia, los Congresos mediante la instauración de juicios políticos, los Ministerios Públicos en la investigación y persecución de los delitos correspondientes, o las autoridades judiciales en el seguimiento de los procesos respectivos.

Al respecto, es de utilidad el criterio de interpretación emitido por nuestro más alto tribunal, que textualmente indica:

Violaciones graves de garantías individuales establecidas en el artículo 97, párrafo segundo, constitucional. Las decisiones de la suprema corte de justicia de la nación en uso de su facultad de investigación, no impiden a las autoridades el ejercicio de las atribuciones que les correspondan, sean éstas políticas, penales o administrativas.

La facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales que consagra el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reviste autonomía e independencia respecto a diversos procesos o procedimientos que puedan corresponder a otras autoridades en el ejercicio de sus facultades, de suerte tal que las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad de investigación, la suficiencia de la misma y la existencia o no de violaciones graves de garantías individuales se encuentran acotadas al ámbito de la competencia que el artículo constitucional citado le atribuye y que tiene como único propósito conocer la verdad material de lo sucedido y determinar si existieron o no graves violaciones de garantías individuales, sin que con motivo de dicha investigación pueda imponer sanciones, determinar responsabilidades de cualquier índole, o exonerar individuos. Por consiguiente, las decisiones de la Suprema Corte no pueden ser entendidas como un obstáculo o impedimento para que las autoridades competentes en las materias correspondientes actúen en ejercicio de las facultades que les hayan sido conferidas constitucional o legalmente, sean éstas de naturaleza política, administrativa o penal, locales o federales, verbigracia, los Congresos mediante la instauración de juicios políticos, los Ministerios Públicos en la investigación y persecución de los delitos correspondientes, o las autoridades judiciales en el seguimiento de los procesos respectivos.

Facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales 2/2006*. Solicitantes: Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión. 29 de noviembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Dictaminador: Juan N. Silva Meza. Encargado del engrose: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

El Tribunal Pleno, el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número XXXVIII/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos mil ocho.

*Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 2/2006, integrado con motivo de las solicitudes formuladas por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para investigar violaciones graves de garantías individuales.”

Por lo expuesto, y habiendo fundado y motivado la presente, se propone la siguiente iniciativa con Proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 97. ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Diccionario Jurídico Mexicano”, Ed. Porrúa, México, a. 2005, Tomo p-z, p. 3596.

2 Manuel García Pelayo, “Derecho Constitucional Comparado”, Madrid, Revista de Occidente, 1967, p. 34.

3 Elisur Arteaga Nava, “Constitución Política y Realidad”, Ed. Siglo XXI editores, México, 1997, p. 17.

4 http://www.scjn.gob.mx/Conoce/QueEs/Paginas/queeslaSCJN.aspx

5 Miguel Carbonell, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada”, Ed. Porrúa, México, 2007, p. 578-581.

6 Para una descripción general de las facultades de investigación de la SCJN, cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, UNAM-Porrúa, México, 2005, p. 247.

7 En el mismo sentido, Carpizo, Jorge, Propuestas sobre el Ministerio Público y la función de investigación de la Suprema Corte, Ed. Porrúa, México, 2005, pp- 75 y 76.

8 Ibidem, pp. 84 y 85.

9 Op cit. Miguel Carbonell pp. 579 y 580.

10 Dictamen de la Facultad de Investigación 1/2009. Caso guardería ABC. Elaborado por el señor ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Dado en la sede del Senado de la República, a los 21 días del mes de julio de 2010.

Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 21 de 2010.)