| Anexo I Proposiciones | Anexo II Orden del día | Anexo III Dictámenes II |
Proyecto de Acta
- De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se someterá a consideración de la asamblea el miércoles 23 de enero de 2008.
- De los Congresos de Coahuila, de Jalisco, y de San Luis Potosí.
- De la Procuraduría Federal del Consumidor.
- De la Secretaría de Educación Pública.
- De la Primera Comisión.
- De la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que remite informe de resultados sobre la gira de trabajo que el presidente de la república, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, realizó por la región Asia-Pacífico del 7 al 11 de septiembre de 2007.
- De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en diciembre de 2007 y que únicamente dio destino a mercancía perecedera.
- De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la república nombró procurador fiscal de la Federación al ciudadano Javier Laynez Potisek.
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Elefante", en grado de Caballero, que le confiere el Reino de Dinamarca.
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden de Dannebrog", en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Dinamarca.
- De la Secretaría de Gobernación, nueve con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
- De la Secretaría de Gobernación, seis con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
- De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de actividades correspondiente al periodo 1 de enero-31 de diciembre de 2007.
- Que adiciona cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Que adiciona la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Que crea la Ley de Precios Competitivos, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Héctor Pérez Plazola, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT.
- Que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Que adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lucas Sánchez Pérez para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.
- De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus Consulados en Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
- De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson para aceptar y usar la condecoración de la "Orden del León de Finlandia", en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el gobierno de la República de Finlandia.
- De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido en favor del ciudadano Arturo Hernández Basave como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
- De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la ratificación que el presidente de la república hace en favor del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- De la Segunda Comisión, diez relativos a la ratificación de grados militares.
- De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.
- De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgico rechazo a la utilización de gases lacrimógenos como arma de disuasión por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en los límites entre San Diego y Tijuana.
- De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos.
- De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México.
- De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche y en Río Blanco, Veracruz.
- De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial.
- De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán.
- De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México.
- De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
- De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.
- De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al gobierno federal que solucione por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora.
- De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a garantizar el fuero constitucional del diputado Francisco Sánchez Ramos.
- De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la solicitud de información sobre el traslado de los sentenciados Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina a un centro penitenciario del estado de México.
- De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas.
- De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales.
- De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se determina que el doctor Onosandro Trejo Cerda asuma la Dirección General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
- De la Comisión de Vivienda, a la decimotercera reunión de mesa directiva, que se efectuará el miércoles 23 de enero, a las 9:30 horas.
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la decimonovena reunión de mesa directiva, que tendrá verificativo el miércoles 23 de enero, a las 10 horas.
- De la Comisión de Transportes, a la reunión de subcomisiones por efectuarse el miércoles 23 de enero, de las 10 a las 21 horas.
- Del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, a la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 23 de enero, a las 10 horas.
- Del Consejo Editorial, a la sesión de trabajo que se llevará a cabo el miércoles 23 de enero, a las 10:30 horas.
- De la Comisión de Economía, a la reunión de mesa directiva por celebrarse el miércoles 23 de enero, a las 11 horas.
- Del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, a la sexta reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 23 de enero, a las 11 horas.
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la decimoséptima reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 23 de enero, a las 14:30 horas.
- De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a la novena reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 23 de enero, a las 15 horas.
- De la Comisión de Economía, a la reunión plenaria que se realizará el miércoles 23 de enero, a las 16 horas.
- De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la reunión ordinaria mensual que tendrá verificativo el jueves 24 de enero, a las 11 horas.
- De la Comisión de Transportes, a la reunión plenaria que se llevará a cabo el jueves 24 de enero, a las 12 horas.
- De la Comisión de Turismo, a la decimoctava reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 31 de enero, a las 10 horas.
- De la Comisión de Turismo, a la vigésima reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 31 de enero, a las 11 horas.
- De la Comisión Especial de Ganadería, a la reunión de análisis del uso ilegal de clembuterol, que tendrá lugar el martes 12 de febrero, a las 16 horas.
- Del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, al curso La importancia de la argumentación jurídica en la oralidad, que se impartirá el martes 29 y el miércoles 30 de enero, de las 10 a las 13 horas.
- De la Comisión de la Función Pública, al foro Normatividad relacionada con la contratación pública de obras, bienes y servicios, que se llevará a cabo el miércoles 13 y el jueves 14 de febrero.
- Del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, al Premio Nacional de Finanzas Públicas.
Proyecto de Acta
Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 16 de enero de 2008, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.
Presidencia de la Diputada Ruth Zavaleta Salgado
En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de 30 legisladores, a las 11 horas con 35 minutos del miércoles 16 de enero de 2008, la Presidenta declara abierta la sesión.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.
La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Se recibe del Congreso de Coahuila:
Acuerdo, con el que se adhiere a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora Amira Griselda Gómez Tueme, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca. Se remite al promovente para su conocimiento.
La Procuraduría General de la República. Se remite a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 2007 desagregada por tipo de fondo. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
Se reciben oficios de la Secretaría de Gobernación:
a) Por el que comunica que el presidente de la república, nombró al ciudadano Dionisio Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
b) Por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:
Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente, asimismo informa que los ciudadanos Rigoberto López Ibarra, Manuel Jiménez Barrón y Rosa Guadalupe Corominas Martín del Campo, dejan de prestar servicios a gobiernos extranjeros. Las solicitudes de permisos se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se remiten a las Comisiones de Gobernación, de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
d) Veintisiete, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
e) Veintidós, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.
Se recibe de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 98 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Se les otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:
Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma las fracciones V, XIII, XVI y XXXIX del artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo 201l Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, esta última a petición del senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, quien a la vez manifiesta su adhesión.
La asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que concede permiso al ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el Gobierno de la República de Finlandia. Queda de Primera Lectura.
La asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permiso a los ciudadanos:
Gabriela Frayre Muñoz, María Verónica Franco Vidaurri y Nahum Nathanael Sears Travis, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán, respectivamente.
La Secretaría da lectura al dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo por los que se aprueba la propuesta de ratificación del ciudadano contador público Jorge Eduardo Familiar Haro, para que ejerza el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un periodo adicional de cuatro años, comprendido del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011. Interviene en pro el senador Francisco Javier Castellón, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. Se aprueba por mayoría calificada de 34 votos.
La Presidenta informa a la asamblea que a las puertas de su sede, se encuentra el ciudadano Jorge Eduardo Familiar Haro, electo como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, se designa una comisión de cortesía y rinde la protesta de ley.
En votación económica, la asamblea autoriza la lectura sólo de los puntos de acuerdo de 10 dictámenes de la Segunda Comisión de Trabajo, relativos a la ratificación de grados militares de los ciudadanos: Samuel Hernández Hernández, Everardo Rolando Díaz Chávez, Miguel Torres Padilla, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Porfirio Fuentes Vélez, Víctor Manuel Murguía Randay, Antonio Melchor Ruiz, Enrique Rivera Gutiérrez, Carlos Jesús Maza Lara y Jesús Rosario Almada Jaime. Se aprueban en votación económica en conjunto. Comuníquense al Ejecutivo federal.
En votación económica, la asamblea autoriza la lectura sólo de los puntos de acuerdo de los dictámenes de:
a) La Segunda Comisión de Trabajo, por los que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgico repudio a las acciones de xenofobia perpetradas contra la inmigración indocumentada en los Estados Unidos de América y su respaldo a una cruzada para la defensa de los migrantes. Interviene en pro el senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones, que la asamblea desecha en votación económica.
b) La Tercera Comisión de Trabajo por los que:
Se solicita a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía verifique el cumplimiento íntegro, conforme a la ley, de la autorización de contratos de abastecimiento de electricidad en el estado de Veracruz.
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a dar seguimiento puntual a las labores de rescate, así como el eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador "El Arcángel".
Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas a que publique a la brevedad el plan de manejo del área natural protegida área de protección de flora y fauna "Campo Verde". Se le concede el uso de la palabra al senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo federal a que revise integralmente las tarifas eléctricas que se cobran en el país. Desde sus respectivas curules y con el consentimiento del promovente, se adhieren al punto de acuerdo los diputados: Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, a nombre de su partido y el senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica y por mayoría calificada la asamblea considera el asunto de urgente resolución. Se les otorga el uso de la palabra, en pro, a los senadores: Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Partido de la Revolución Democrática y Alfonso Elías Serrano, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica, la asamblea aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Diputado Salvador Ruiz Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la instalación del confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y de la misma manera la aprueba. Comuníquese.
Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, por el que la Comisión Permanente, hace un urgente llamado al gobierno federal para que aplique diversas acciones en relación al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, por el que exhorta al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio, los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones que en el marco del Capítulo VIII "Medidas de Emergencia", del Tratado de Libre Comercio de América Norte se prevén para proteger al campo mexicano. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Segunda Comisión de Trabajo, por el que la Comisión Permanente expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán y reitera su enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. En votación económica, la asamblea considera el asunto de urgente resolución y de la misma manera se aprueba. Comuníquese. En su oportunidad la Presidenta solicita a la asamblea guardar un minuto de silencio en memoria de la ex primer ministra de Pakistán, Benazir Bhutto.
Diputado Gregorio Barradas Miravete, a nombre propio y de los diputados: Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Martha Cecilia Díaz Gordillo, Gerardo Antonio Escaroz Soler, Joaquín de Jesús Mena, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero, Marco Salas Contreras, Pedro Pulido Pecero y Gerardo Priego Tapia, todos del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que a través de sus respectivas Juntas de Coordinación Política consideren la creación de una Comisión Especial de observación plural de legisladores que acudan a Quintana Roo, durante el proceso electoral que se celebrará el próximo 3 de febrero del año 2008. Desde sus respectivas curules el diputado Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional y el senador Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional, realizan comentarios con relación al trámite que se debe otorgar a este asunto y la Presidencia consiente tal observación y la turna a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, para atender los daños provocados por derrame de Petróleos Mexicanos en río Blanco, Veracruz y para revisar la situación de seguridad de los ductos de dicha empresa. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputada Aleida Alavez Ruiz, a nombre propio y del diputado Carlos Navarro López, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobierno federal solucione por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora y al gobierno de Sonora para que respete el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución al no alcanzar las dos terceras partes y se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales en el Diario Oficial de la Federación. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputado Salvador Barajas del Toro, del Partido Revolucionario Institucional, a favor de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputada Aleida Alavez Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a que establezca con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Administración General de Aduanas, un programa para el control ambiental de vehículos importados usados. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, en relación al traslado de los detenidos Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina al centro penitenciario correspondiente en el estado de México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, para recibir información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Periodistas. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la liberación de Clara Rojas y Consuelo González por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la misión humanitaria comandada por la Cruz Roja Internacional y coordinada por autoridades venezolanas y colombianas. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Laura Angélica Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas locales, para que armonicen sus distintos códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
Senador Rogelio Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a los gobernadores de Jalisco y Colima, así como a los ayuntamientos de la zona limítrofe entre ambas entidades federativas, a efecto de que ejerzan todas aquellas acciones que contribuyan al mantenimiento de la paz y el orden público en dicha región del país, privilegiando la adecuación al punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 2007. Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.
Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la utilización de gases lacrimógenos en la frontera de México-Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la contaminación y las irregularidades cometidas por la empresa Asia Automotores, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos, en Ecatepec de Morelos. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas
con 25 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el
miércoles 23 de enero de 2008 a las 11 horas.
Comunicaciones
Senador Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
En sesión celebrada el 8 de enero de 2008, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo sobre el "exhorto al Congreso de la Unión, a fin de impedir la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex)", planteada por el diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.
Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente de este Congreso resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:
Único. Que este honorable Congreso del estado, a través de la Diputación Permanente envíe un atento exhorto al Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con el propósito de que al seno del mismo se impida la privatización de Pemex, ya que el petróleo, como recurso natural, representa un patrimonio para los mexicanos y sigue siendo el eje fundamental para el desarrollo económico del país.
En virtud de lo señalado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.
Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 9 de enero de 2008.
Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica)
Oficial Mayor del Congreso del Estado
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta el diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, en relación con que este honorable Congreso del estado de Coahuila, a través de la Diputación Permanente, exhorte al Congreso de la Unión a fin de impedir la privatización de Pemex
El diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, con fundamentos en los artículos 49, fracción IV, 198, 249, 250 y 252, párrafo II, de la Ley Orgánica del Congreso del estado, presenta a consideración de la Diputación Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en relación con que este Congreso del estado de Coahuila solicite al Congreso de la Unión que se impida la privatización de la paraestatal Pemex.
En el último mes del año pasado se conoció, a través de diferentes medios de comunicación, que Pemex acordó un contrato con una compañía petrolera internacional. Shell International Exploración y Producción (SIEP) está tratando de reingresar a México. Pemex, la compañía petrolera nacional, está esperando que la Constitución mexicana sea cambiada en un futuro próximo para permitir la participación extranjera en los negocios petroleros de México.
En preparación para ese evento, Pemex ha acordado con SIEP proporcionarle información sobre Chicontepec, Veracruz, para que pueda desarrollar y proponer un plan de re-desarrollo si le fuera adjudicada alguna posición, aún desconocida, a fin de realizar actividades de explotación en el campo petrolero mencionado. Este trabajo ha sido denominado proyecto Margarita.
Una división de la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell logró un convenio con Pemex para realizar actividades de exploración en el campo petrolero Chicontepec, como parte de una estrategia de mayor alcance para tomar posiciones en el país ante una posible eliminación de la prohibición que establece la Constitución para que el capital extranjero participe en la industria energética nacional.
Pemex rechazó que exista el proyecto Margarita, aunque confirmó a un diario nacional que hay un acuerdo entre la petrolera mexicana y Shell, con varias cláusulas de carácter confidencial.
La paraestatal mencionó que el único acuerdo que tiene con Shell fue firmado en septiembre de 2007, cuando ya había empezado la actual administración federal, con vigencia de seis meses y que tiene entre sus objetivos estudiar un conjunto de opciones para mejorar la producción de hidrocarburos y, más específicamente, pretende caracterizar yacimientos, lograr incrementos en el factor de recuperación y aumentar la productividad en pozos.
Desde la posición de Shell, este proyecto consiste en tratar de poner "un pie en la puerta" para regresar a México, y el plan de desarrollo es para demostrar cómo la trasnacional podría ser socio elegido apalancando la experiencia de su grupo.
Shell reconoce que los temas políticos a discusión se deben a la sensibilidad mexicana sobre la propiedad de sus recursos de hidrocarburos. Por esto, a la retroalimentación a Pemex tendrá que referírsele como opciones preferibles para ser implementados por la paraestatal, en vez de planes más concretos, por ejemplo, para una adquisición. La venta sutil es muy importante.
La posibilidad de que se realice una reforma que elimine la barrera que establece el artículo 27 de la Constitución al capital privado en Pemex es manejada en medios financieros como algo que va a ocurrir y que sólo falta conocer detalles o su alcance.
En un reporte divulgado por Banamex, en su área de análisis económico, se mencionó que la aprobación de la reforma energética es probable antes del término del primer periodo de sesiones del Congreso en el 2008, estos es, antes del 30 de abril próximo.
"...Los tiempos parecen estar a punto para un acuerdo sobre la reforma energética. Hemos conversado con varios legisladores en días recientes y nuestra impresión es que el Congreso y Felipe Calderón están listos para avanzar en las discusiones y eventual acuerdo sobre una reforma energética", indica el reporte elaborado por economistas de Banamex.
Continúa diciendo el mismo reporte: "…percibimos que los legisladores están conscientes que dejar las cosas como están ya no es una opción. Pensamos que los legisladores darán prioridad a lo que es políticamente factible".
Según Banamex, la postura de los partidos políticos grandes parece definida: el desacuerdo clave tiene que ver con el tema de si una reforma constitucional es necesaria o no. Un tema nodal que abunda es cómo incrementar las tasas de inversión de Pemex. Mientras el PAN y el PRI están a favor de permitir capital privado, el PRD se opone.
Los expertos de Banamex plantean que una forma de incorporar inversión a Pemex podría ser a través de permitir a compañías privadas operar como contratistas o competidores en actividades que a la fecha efectúa de forma exclusiva la paraestatal, como refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento.
Otra opción, consideran los especialistas, es mediante contratos de asociación entre Pemex y otras compañías petroleras en áreas bien definidas, tales como la exploración y producción en aguas profundas.
Diputados de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Convergencia exhortaron a Felipe Calderón hacer transparentes los acuerdos con las empresas petroleras multinacionales, porque si continúa la omisión gubernamental, advirtieron, se pondría en riesgo la soberanía del país.
El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República anunció que impedirá a toda costa la privatización de Pemex, a fin de que no se modifique la Constitución ni se acuda a maniobras encaminadas a entregar a extranjeros la principal riqueza del país, en tanto que la dirigencia nacional de nuestro partido condenó cualquier intento del gobierno de Felipe Calderón de privatizar el sector energético del país y calificó de grave error abrir las puertas del sector a la iniciativa privada.
La política desnacionalizadora del régimen priísta se ahondó a partir de la toma de posesión de Vicente Fox Quezada, quien dedicó sus esfuerzos en entregar bienes nacionales al sector privado como pago de los favores recibidos durante el proceso electoral del año 2000.
Es gravísimo que esto se descubra ahora porque hay un celo evidente de la sociedad a proteger los recursos naturales que son de la nación y representan el bien común. Si tal como se fundamenta en la información, se pretende privatizar, el asunto es de la mayor gravedad.
Abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada sería un grave error, además de que no tendría ningún sentido que las trasnacionales que dominan el rubro del petróleo manifiesten su interés de invertir en México si, como lo indican las cifras oficiales, el petróleo se está agotando, como lo dieron a conocer el año pasado, tal vez para justificar la privatización de Pemex como un engaño más para los mexicanos.
Lo mismo sucedió en el caso de la venta de Telmex, empresa que fue paraestatal y en la actualidad es tan rentable que su propietario se ha convertido en el hombre que ocupa el segundo lugar entre los más ricos del mundo.
Pensamos que la privatización de Pemex no es la solución a los problemas de la paraestatal; es necesario atacar otros problemas que imperan en dicha empresa, como es el caso de la corrupción. En los últimos años nos hemos dado cuenta de dos Pemexgate: el primero, orquestado por un ex gobernador de Coahuila, en un régimen priísta, cuyos recursos económicos producto de tal ilícito fueron a parar a su partido, y el segundo, realizado por funcionarios de un gobierno panista en contubernio con líderes sindicales corruptos, del cual todavía no nos queda claro, a la mayoría de los mexicanos, a dónde fue a parar ese dinero realmente.
Nuestro país necesita los recursos naturales que poseemos, sobre todo del petróleo, que representa un pilar para el desarrollo económico de la nación, no permitamos que sólo un puñado de individuos voraces se enriquezcan con un patrimonio que es propiedad de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a consideración de esta Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que este honorable Congreso del estado, a través de la diputación permanente, envíe un atento exhorto al Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, con el propósito de que al seno del mismo se impida la privatización de Pemex, ya que el petróleo, como recurso natural, representa un patrimonio para los mexicanos y sigue siendo el eje fundamental para el desarrollo económico del país.
Saltillo, Coahuila, a 8 de enero de 2008.
Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez (rúbrica)
DEL CONGRESO DE JALISCO
México DF, a 17 de enero de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados
Presente
Sirva el presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo informar a usted que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en atención al oficio D.G.P.L. 60-II-2-1103 EXP. número 2523, dirigido al honorable Pleno del Congreso de Jalisco, mediante el cual informan del punto de acuerdo que exhorta a los Congresos estatales a conformar una comisión legislativa dedicada a impulsar y apoyar los festejos del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana; al respecto, le comunico que este órgano colegiado ha decidido que dichas tareas las realizarán los coordinadores de los grupos parlamentarios, siendo los siguientes diputados:
2. Juan Carlos Castellanos Casillas (Partido Revolucionario Institucional)
3. Samuel Romero Valle (Partido de la Revolución Democrática)
4. Juan Óscar Alejandro Díaz Medina (Partido Nueva Alianza)
5. Luis Manuel Vélez Fragoso (Partido Verde Ecologista de México)
6. Alfredo Zarate Mendoza (Partido del Trabajo)
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 14 de enero de 2008.
Diputado Samuel Romero Valle (rúbrica)
Presidente de la Junta de Coordinación Política
del Honorable Congreso del Estado de Jalisco
Guadalajara, Jalisco, a 15 de enero de 2008.
Senador Santiago Creel Miranda
Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 391-LVIII-08, del cual adjunto copia, en el que esta soberanía se pronuncia en contra de que se efectúe cualquier tipo de reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, que atente o ponga en riesgo la conservación y preservación de los manglares del estado de Jalisco. En su caso, que se deseche cualquier reforma que pretenda atentar contra la conservación y preservación de los manglares del país.
Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Ricardo Esquivel Ballesteros (rúbrica)
Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo
en Funciones de Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco
Compañeros Diputados:
El suscrito, diputado Luis Manuel Vélez Fregoso, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política, así como 22, fracción I, 147, fracción 1, 150 y 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del estado de Jalisco, me permito proponer la siguiente iniciativa de acuerdo legislativo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El manglar es el equivalente costero del bosque selvático en tierra. Constituye un ecosistema irremplazable y único, que alberga una increíble biodiversidad, y que se cuenta entre uno de los más productivos del mundo. Entre sus árboles, ramas y follaje se encuentran innumerables especies de aves, reptiles, mamíferos, insectos, plantas epífitas, líquenes, hongos, etcétera. Las raíces aéreas de sus árboles surgen de las aguas saladas y salobres en costas, estuarios y deltas, formando un entramado que aloja a multitud de especies animales (peces, moluscos, crustáceos), muchas de ellas importantes para la alimentación humana. Los manglares son zonas de apareamiento y cría de gran cantidad de estas especies, son refugio para alevines y pececillos en desarrollo, y otras formas de vida marina en etapa larvaria. Además, protegen a las costas de la erosión, y han proporcionado durante siglos multitud de recursos a las poblaciones locales.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Manglares, elaborado por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, México cuenta con 650 mil hectáreas de manglares.
Esta riqueza natural constituye a su vez un recurso del cual dependen diversos sectores del país lo que genera una explotación creciente de los ecosistemas de manglar. De ahí la necesidad de que esa explotación se funde en medidas apropiadas que conserven esa riqueza armonizando la conservación con la satisfacción de necesidades y el desarrollo económico de los sectores productivos que interactúan en esos ecosistemas.
Se calcula que actualmente de la extensión de manglares en México "se ha perdido un 70 por ciento, lo grave es por la deforestación, a un ritmo de cinco por ciento anual". De las 650 mil hectáreas en el país, la costa de Jalisco cuenta con alrededor de mil 700 hectáreas, lo que representa el 0.3 por ciento de los cuerpos de mangle existentes en México. El manglar es una zona de vegetación en la que sus principales especies son mangle rojo, negro, blanco y botoncillo.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad dividió el país en cinco zonas geográficas: Pacífico norte, Pacífico sur, Pacífico centro, Golfo y península de Yucatán. La región Pacífico centro está compuesta por Jalisco, Calima y Michoacán, y entre las tres entidades tienen el uno por ciento del manglar en México.
En la zona costera de Jalisco hay cuatro regiones de mangle: "el Estero del Ermitaño, en la laguna de agua dulce en Tomatlán; la laguna de Chalacatepec, también en el municipio de Tomatlán, que tiene la mayor extensión de manglar de toda la costa de Jalisco, con 570 hectáreas; la laguna de Barra de Navidad, y el otro manglar, de prioridad nacional, es el que está dentro de la reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala".
Debido a lo anterior, y con la finalidad de proteger de manera real a estos importantes ecosistemas costeros, se adicionó, el 1 de febrero de 2007, a la Ley General de Vida Silvestre el artículo 60 Ter, que a la letra establece:
Como era de esperarse, poderosos intereses económico-políticos de los estados que cuentan con áreas costeras se inconformaron por la entrada en vigor del decreto que prohíbe "la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar", así como del ecosistema y su zona de influencia; se han vertido comentarios insensatos tales como el que "esa vegetación está ocupando espacio que debieran ocupar millones de dólares".
A lo que vale la pena comentar lo siguiente:
La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático destaca que México es uno de los países con más zonas costeras expuestas a los fenómenos meteorológicos extremos y que una condición fundamental para garantizar la sustentabilidad de las poblaciones consiste en salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los servicios ambientales, que hacen viable el desarrollo económico y social. Conservar los manglares es prioritario ante el cambio climático.
Por ello fue aplaudida La Ley de la Vida Silvestre, que incluye un nuevo artículo que prohíbe cualquier tipo de obra que afecte los manglares, el ecosistema y su zona de influencia, esteras, lagunas costeras y sus cuencas hidrológicas.
Lamentablemente, en el Senado de la República, y teniendo como principal promotora a una representante del estado de Jalisco, están promoviendo una reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales si pueda autorizar la construcción de desarrollos turísticos afectando a esta imprescindible vegetación, el texto de la reforma propuesta es el siguiente:
Para determinar si algún proyecto de obra o actividad afecta la integralidad o provoca cambios significativos en las características del manglar o en los servicios ecológicos que éste presta, dicho proyecto se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en su modalidad regional, previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La secretaría establecerá en la autorización en materia de impacto ambiental las acciones y medidas necesarias para evitar, prevenir, minimizar, compensar, restaurar o reparar cualquier afectación al ecosistema de manglar y la vida silvestre que en él se desarrolla.
En el caso del establecimiento de acciones o medidas de compensación, la autorización quedará condicionada a que el interesado las realice de manera previa al inicio del proyecto, a satisfacción de la secretaría.
Los niveles de equivalencia para las medidas de compensación serán de cuando menos seis hectáreas por cada hectárea o fracción que se vea afectada.
Si la secretaria advierte que las obras o actividades se han iniciado o realizado sin haberse llevado a cabo las acciones y medidas a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, podrá ordenar la aplicación de alguna de las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 170 de esta ley.
Las acciones o medidas de compensación, restauración o reparación de los ecosistemas de manglar deberán realizarse en el sitio en donde se lleve a cabo la obra o actividad o, en su defecto, en la misma zona o cuenca.
Lo anterior significa que se esta retrocediendo en la protección de estos importantes ecosistemas, y se le está apostando única y exclusivamente a la evaluación del impacto ambiental, instrumento de política ambiental que en el papel y en su concepción fue muy bien visto, pero que en la práctica ha demostrado entre otros los siguientes inconvenientes:
b) Poca capacidad operativa de verificación de la autoridad ambiental para acudir y realizar una verdadera evaluación en campo de los estudios.
c) Desvinculación de los estudios de impacto ambiental al ordenamiento ecológico y carencia de este último a una escala que permita la verdadera toma de decisiones.
d) Ausencia total de una política de evaluación ambiental estratégica.
e) Corrupción.
f) Falta de multidisciplinariedad en los cuerpos técnicos que evalúan los estudios, entre otros.
Cualquier proyecto turístico o de otra índole se puede realizar en tanto se cumplan las condiciones que establece la LGVS. Por ejemplo, se pueden hacer caminos, autopistas, casas e incluso edificios de forma piloteada en tanto no se afecte la integralidad del flujo hidrológico y del ecosistema, aclaró Yolanda Alaniz, vicepresidenta de Comarino.
Por último, cabe señalar que el efecto de la urbanización y los desarrollos turísticos sobre los manglares es definitivo, ya que se realizan obras de relleno que afectan localmente las comunidades de manglar, pero que también pueden entorpecer el patrón de circulación superficial. La amenaza potencial más grande es la del establecimiento de megaproyectos turísticos, que pueden afectar hasta 4 mil hectáreas. Ejemplos de este tipo de proyectos se pueden documentar en la Riviera Maya (o corredor Cancún-Tulum) y en algunos destinos turísticos de la península de Baja California.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo artículos 150, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito diputado somete a consideración de esta asamblea legislativa, para que sea agendada en el punto correspondiente, la siguiente iniciativa de
Acuerdo Legislativo
Primero. El Congreso del estado de Jalisco se pronuncia en contra de que se efectúe cualquier tipo de reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre que atente o ponga en riesgo la conservación y preservación de los manglares del estado.
Segundo. Remítase atenta exhortativa a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que desechen cualquier reforma de ley que pretenda atentar contra la conservación y preservación de los manglares del país.
Congreso del Estado de Jalisco
Guadalajara, Jalisco, a 11 de diciembre de 2007-
Diputado Luis Manuel Vélez Fregoso (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM
DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, SLP, a 26 de noviembre de 2007.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva de la LX
Legislatura
Presentes
En sesión ordinaria celebrada el ocho de noviembre del presente año, a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género fue turnado el oficio por el cual se exhorta a las legislaturas del país a reforzar las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En tal virtud y atendiendo al compromiso que se tiene por parte de esta LVIII Legislatura respecto al tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, hacemos de su conocimiento que el pasado 30 de junio de 2007 el Pleno de esta asamblea local aprobó por unanimidad la Ley de Prevención y Atención y Atención de la Violencia Familiar, así como reformas del Código Penal relacionadas con la trata de personas, y del Código Civil, para actualización de conceptos relativos a la violencia familiar.
De igual forma, he de comunicarles que, atendiendo a las disposiciones establecidas en los artículos 49 y octavo transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este Poder Legislativo aprobó el 17 de julio del año en curso la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, que dio lugar a reformar los siguientes ordenamientos: Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Por ello, en atención a su exhortativa, este honorable Congreso del estado ha dado seguimiento a los objetivos que puntualiza la exhortativa en comento; sin embargo, es compromiso de esta comisión analizar cada uno de los ordenamientos con el objetivo de verificar que en éstos no haya enunciados o mandatos jurídicos en perjuicio que vayan en contra de la dignidad de la mujer.
Anexa al presente me permito enviar copia de los ordenamientos citados, para su conocimiento.
Sin otro particular por el momento, les reitero mis más altas y finas consideraciones.
Atentamente
Diputado Vicente Toledo Álvarez (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad y Género
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 26 de noviembre de 2007.
Diputados de la Mesa Directiva de la LX Legislatura
Presentes
En sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre del presente año, a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género le fue turnado el oficio por el cual se exhorta a diversas legislaturas del país para que constituyan una comisión dedicada a la atención de los grupos vulnerables, con el fin de lograr una atención adecuada para este sector de la población.
En tal virtud, el pasado 12 de noviembre del año en curso, en reunión de comisión que me horno en presidir, se acordó hacer de su conocimiento, que con fecha del 17 de mayo del 2006 se aprobó por unanimidad la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, misma que fue publicada el 13 de junio de ese año.
Ahora bien, con este nuevo ordenamiento, la Comisión Especial para Grupos Vulnerables fue subsumida por la actual Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de dictamen legislativo y misma que está facultada para conocer de los siguientes temas:
I. Los que se refieran a la expedición, reformas, adiciones y derogación de la legislación estatal de la materia;
II. Los relativos al nombramiento y destitución del presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
III. Los relativos a denuncias sobre violación de derechos humanos para su conocimiento y canalización, en su caso;
IV. Las iniciativas relativas al fortalecimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad;
V. Las iniciativas en materia de la regulación de los derechos de la niñez;
VI. La legislación relativa al desarrollo integral de la juventud;
VII. La legislación relativa a la protección, apoyo, reconocimiento, estímulo y desarrollo de las personas adultos mayores, tendiente a mejorar su calidad de vida;
VIII. Lo relativo a personas con capacidades diferentes y su integración a la sociedad;
IX. Revisar la legislación del estado para reformar o derogar todas las normas que impliquen discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;
X. Los tocantes a las relaciones con las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal relacionadas con la materia, cuando resulte necesario para el estudio o aclaración de los asuntos que le competen; y
XI. Los análogos a los anteriores que, a juicio del presidente de la directiva en los periodos ordinarios, o del presidente de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso, sean materia del análisis de esta comisión.
Sin otro particular por el momento, le reitero mis más altas y finas consideraciones.
Atentamente
Diputado Vicente Toledo Álvarez (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos,
Equidad y Género
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
México, DF, a 9 de enero de 2008.
Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados
Presente
En relación a su amable oficio número D.G.P.L 60-II-2-1135 de fecha 12 de diciembre de 2007, donde me comunica la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de los puntos de acuerdo presentados por los señores diputados Jesús Ramírez Stabros y Jorge Toledo Luis ambos del grupo parlamentario del PRI, le notifico que me doy por enterado de los mismos y le informo que en la Profeco ya estamos implantando los operativos y acciones necesarios en defensa del consumidor, como lo venimos haciendo desde hace un año e intensificándolo ahora.
Agradeciendo a los diputados y diputadas y a usted por su preocupación a favor de los consumidores, misma que es nuestra responsabilidad que asumimos con gusto, profesionalismo e interés de servicio, quedo de usted, no sin antes desearle un feliz 2008.
Atentamente
Antonio Morales de la Peña (rúbrica)
Procurado Federal del Consumidor
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
México, DF, a 14 de enero de 2008.
Diputado Ruth Zavaleta Salgado
Presidente de la LX Legislatura
Presente.
En respuesta al exhorto de incluir en los libros de texto el tema "cambio climático" emanado del acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, le expresamos que en la Secretaría de Educación Pública compartimos la inquietud por mejorar de manera permanente la educación y por proporcionar a los alumnos las situaciones de aprendizaje que les permitan desarrollar hábitos y actitudes encaminadas al cuidado del ambiente.
En este sentido, es conveniente mencionar que la conservación del ambiente es una temática prioritaria en la educación básica por lo que ésta se promueve entre las niñas y niños del país. Su propósito central es que los alumnos adquieran conocimiento, capacidades, actitudes y valores que se manifiesten en una relación responsable con el medio natural.
En este marco y como parte de sus responsabilidades, la SEP asume la promoción de la educación ambiental para la sustentabilidad como una de las metas prioritarias de la educación básica. Es tal la importancia de esta temática que se refleja en una política educativa, no sólo en una asignatura.
Asimismo, dicha política educativa implica fortalecer los procesos de formación inicial y formación continua de los docentes, enriquecer los acervos de materiales educativos de las escuelas y de los centros de maestros, así como ampliar los vínculos con las madres y los padres de familia para favorecer la relación de la escuela con la comunidad a favor del ambiente.
Con relación a la inclusión del tema del cambio climático, es conveniente mencionar que en los libros de texto gratuito existen contenidos relacionados con esta temática en especial en sexto grado de educación primaria, en la asignatura Ciencias Naturales se aborda en la lección número 15. Es importante señalar que en el desarrollo de los temas se enfatiza la organización social y la participación como la suma de esfuerzos para contribuir a la solución y disminución de esta problemática ambiental a nivel local, nacional y mundial.
Asimismo, le informo que la actualización de los materiales de apoyo para el aprendizaje de las niñas y niños del país es una tarea permanente de la SEP que se realiza año con año, considerando para la inclusión y el fortalecimiento de los temas que éstos sean pertinentes y adecuados al nivel de comprensión de los niños.
Coincidimos con los ciudadanos diputados en la necesidad de fortalecer una cultura de prevención ante los accidentes y desastres entre los que se incluyen los efectos del cambio climático, también consideramos que esta labor requiere de la participación de varias instancias y, por lo tanto, compete no sólo al sector educativo, sino también al ambiental y legislativo, entre otros. Por lo que su éxito dependerá de la información, la difusión, así como de la participación de los diversos sectores de la sociedad y del gobierno. Asimismo le manifiesto que en octubre del año 2007 se constituyó el grupo de trabajo entre la SEP y la Semarnat para fortalecer la dimensión ambiental en la educación básica.
Además, cabe mencionar que con miras a la actualización de la educación primaria en el marco de la articulación de la educación básica y como parte de la transformación educativa señalada en el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, que considera como una de sus prioridades la promoción del mejoramiento educativo para dotar a niños y jóvenes de una formación sólida en todos los ámbitos de la vida, incluidos el buen desempeño en el trabajo, la plena participación social y política y el valor de la realización personal, será oportuno abrir espacios para fortalecer el tratamiento de la dimensión ambiental en el currículo de ciencias naturales.
En este contexto le comento que se considerará el exhorto de la honorable Cámara de Diputados con el fin de actualizar los libros de texto gratuito y fortalecer la educación ambiental para la sustentabilidad que actualmente se promueve en los planes y programas de estudio de la educación básica.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Leopoldo F. Rodríguez Gutiérrez
(rúbrica)
Director General de Desarrollo Curricular
México, DF, a 16 de enero de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presente
En atención al punto de acuerdo con el que la Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación Pública que se extienda a todos los niveles de educación los programas y acciones para prevenir y erradicar la discriminación por el VIH-sida, en los planteles educativos, le comento lo siguiente:
La Secretaría de Educación Pública busca ofrecer una educación de la sexualidad que fortalezca el desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes incluyendo –durante la educación básica–, además de información, una formación que considera la promoción de la autoestima, la equidad y el respeto entre hombres y mujeres, el rechazo a la agresión y la violencia como forma de solución a conflictos, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el VIH-sida y de embarazos no planificados, entre otros temas.
A partir de 1998, en la educación primaria se estudia la sexualidad en la perspectiva del desarrollo humano; por esa razón, desde entonces se ha venido ampliando la consideración de sus componentes éticos, afectivos, familiares e intelectuales. Aunado a ello, y como una respuesta a la necesidad de favorecer la consolidación de los cambios planteados, en el marco de la reforma a la educación secundaria iniciada en 2006, se retoman en la asignatura Ciencias I, de primer año, los contenidos asociados con la sexualidad, dándoles continuidad en los cursos de formación cívica y ética que se imparten en segundo y tercer años, respectivamente. Además, en el espacio curricular de orientación y tutoría, se brinda la oportunidad de que los alumnos puedan abordar, cuando así sea necesario, temáticas que son de su interés y que les inquietan, como prevención de adicciones, sexualidad y perspectiva de género, así como formación en valores, entre otras.
En primer año de secundaria el estudio de la sexualidad humana se aborda desde una perspectiva amplia que integra aspectos de equidad de género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad, los cuales recuperan en gran medida lo que han venido trabajando los alumnos acerca del tema en el ciclo previo. En ese sentido, en Ciencias I los contenidos se abordan en el marco de la salud sexual y reproductiva, a fin de fortalecer conocimientos, actitudes y valores que permitan a los alumnos fundamentar la toma de decisiones respecto al ejercicio de la sexualidad. Con base en lo anterior, se enfatiza la importancia de la prevención, al estudiar las causas y consecuencias de las infecciones de transmisión sexual, y el funcionamiento de los métodos anticonceptivos.
La asignatura Formación Cívica y Ética, que se imparte en los dos últimos grados de la educación básica, complementa la educación integral con mayores componentes éticos, al favorecer la toma de decisiones responsables. En ella se revisan las dimensiones filosóficas, éticas, sociales, cívicas y ambientales de la acción del adolescente, en la búsqueda de su identidad para convertirse en un adulto responsable y útil para la sociedad. En este contexto, una de las finalidades de Formación Cívica y Etica, I y II, es favorecer en los adolescentes el desarrollo de capacidades que permitan el manejo de situaciones a las que pueden verse expuestos y ante las cuales deben anticipar consecuencias y riesgos en su vida personal y social.
Se pretende que, a partir de la reflexión informada y la valoración de sí mismo, el estudiante pueda enfrentar, conforme a principios éticos, los problemas de la vida cotidiana; optar por un pleno desarrollo de su persona; distinguir de qué manera integrarse a la sociedad; a qué puede aspirar y qué se espera de él. Lo anterior, para consolidar el fortalecimiento de la autoestima, la responsabilidad, la solidaridad, la moderación, el respeto a sí mismo, a los demás y a la sociedad. Todo ello a partir de los derechos humanos, de lo establecido en la legislación mexicana y de los valores que dignifican al ser humano, de valorar y exigir el respeto a los derechos que garantizan a las mujeres tener las mismas oportunidades de desarrollo que el hombre.
En síntesis, coincidimos en que la educación de la sexualidad ocupe un espacio importante en los planes y programas de estudio, con base en el conocimiento y respeto personal y hacia los demás como regla de convivencia (evitando la discriminación de cualquier tipo y promoviendo la resolución de conflictos y la no violencia) y la libertad como autodeterminación; con el compromiso con la salud individual y social, con la superación de los estereotipos femenino y masculino, con la capacidad de expresar sentimientos y emociones, y con la posibilidad de tomar decisiones responsables e informadas. Todo lo anterior en el marco del respeto a los derechos humanos.
Finalmente, comentamos que recientemente se han iniciado acciones para la articulación curricular de la educación básica, que implican una amplia revisión de los contenidos en los tres niveles que la conforman, en la perspectiva de actualizarlos y fortalecerlos. La actualización se hará considerando las propuestas de ajuste derivadas de la aplicación del programa en todas las escuelas del país, además de las investigaciones realizadas por diversas instituciones educativas y organizaciones sociales del país, representadas en los consejos consultivos interinstitucionales, en particular los de las asignaturas Ciencias y Formación Cívica y Etica. En este marco es en el que se retomará su solicitud para enriquecer la propuesta educativa vigente a nivel nacional.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Leopoldo F. Rodríguez Gutiérrez
(rúbrica)
Director General de Desarrollo Curricular
DE LA PRIMERA COMISIÓN
México, DF, a 22 de enero de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva
Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo
Año de Ejercicio de la LX Legislatura
Presente
Con fecha 16 de enero de 2008 se turnó a esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a los gobernadores de Jalisco y de Colima, y a los ayuntamientos de la zona limítrofe entre ambos estados a ejercer todas las acciones que contribuyan al mantenimiento de la paz y del orden público en esa región, privilegiando la adecuación al punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 2007, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta comisión de trabajo, formulamos a usted solicitud formal, de no existir inconveniente, para que se modifique el trámite de referencia, en virtud de las siguientes consideraciones:
XI. Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante Decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes...
• En el artículo 78 de la propia Constitución, ni en ningún otro texto constitucional, se hace remisión o se menciona que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tenga facultad de atender y resolver, durante los recesos, las cuestiones que le planteen en materia de conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas.
• El mismo proponente reconoce que en el punto de acuerdo del 22 de noviembre de 2007 la Cámara de Senadores, en ejercicio de las facultades que le otorga la fracción XI del artículo 76 Constitucional, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas de Jalisco y Colima... a suscribir un acuerdo político con el objeto de que se definan las medidas necesarias para garantizar el orden público, la paz social, la prestación de servicios públicos y la armonía en la zona limítrofe controvertida entre las citadas entidades, en tanto dicho conflicto sea resuelto en definitiva por el propio Senado de la República. Además, el mismo órgano legislativo señaló algunos lineamientos para la celebración del acuerdo que suscriban los gobiernos de Jalisco y de Colima ante el Ejecutivo federal.
Agradezco sus atenciones y le reitero la seguridad de mi consideración y amistad.
Atentamente
La Primera Comisión de Trabajo
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Presidenta
Diputado Joel Arellano Arellano (rúbrica)
Secretario
Diputado Adolfo Mota Hernández
Secretario
Oficios
México, DF, a 14 de enero de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Como es de su conocimiento, al solicitar la autorización del honorable Congreso de la Unión para que el presidente Felipe Calderón Hinojosa realizara una gira de trabajo por la región de Asia-Pacífico, del 7 al 11 de septiembre de 2007, esta secretaría asumió el compromiso de remitir a dicho órgano legislativo un informe sobre los principales resultados del viaje.
En tal virtud, anexo me permito enviar a usted el mencionado informe, quedando a sus órdenes para solventar las dudas que de este pudieran derivar.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y distinguida consideración.
Atentamente
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL QUE INFORMA QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS NO ASIGNÓ MERCANCÍAS PROVENIENTES DE COMERCIO EXTERIOR EN DICIEMBRE DE 2007 Y QUE ÚNICAMENTE DIO DESTINO A MERCANCÍA PERECEDERA
México, DF, a 16 de enero de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión
Permanente del honorable Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes en el mes de diciembre de 2007, únicamente dieron destino a mercancia perecedera, de fácil descomposición odeterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE.
Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.
Atentamente
Licenciado Fernando Garciadueñas Torres
Administrador Central de Destino de Bienes
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE COMUNICA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NOMBRÓ PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL CIUDADANO JAVIER LAYNEZ POTISEK
México, DF, a 18 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 89, fracción IV, y 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confieren al presidente de la república la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, con la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la Federación.
Por lo anterior, con el presente me permito remitir a ustedes la propuesta original signada por el titular del Ejecutivo federal, así como los datos curriculares del interesado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presidente de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presente
El Estado mexicano enfrenta retos importantes en materia de seguridad, combate a la pobreza, generación de empleos y condiciones de competitividad para el desarrollo, construcción de infraestructura y respeto al estado de derecho.
Estos retos requieren, por un lado, de un gobierno decidido a impulsar y poner en marcha las medidas, acciones y políticas públicas necesarias para lograr un México equitativo, próspero y seguro y, por el otro, de una sociedad organizada, responsable, crítica y participativa que concurra al desarrollo del país.
La relación entre sociedad y gobierno cobra especial relevancia tratándose del manejo de las contribuciones de los ciudadanos. El Ejecutivo federal a mi cargo ha asumido el compromiso de administrar los recursos públicos de manera transparente y disciplinada, en aras de lograr mayores niveles de desarrollo para nuestra población.
Por estas razones, una defensa firme y eficaz del interés fiscal de la federación es una parte medular de la gestión de las finanzas públicas del país. La representación del gobierno federal en materia tributaria conlleva no sólo la protección y procuración de los recursos públicos, sino una enorme responsabilidad de aplicar la ley de manera justa, objetiva e imparcial.
En este contexto y con fundamento en los artículos 89, fracciones IV y XVI, y 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esa asamblea el nombramiento de Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la Federación.
El doctor Laynez Potisek ha servido al país con lealtad y honradez a lo largo de más de cuatro sexenios como abogado de distintas dependencias federales, tales como la propia Procuraduría Fiscal de la Federación, las secretarías de Programación y Presupuesto, y de Educación Pública y, en las últimas tres administraciones, ha ocupado los cargos de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal. Destacan también sus labores académicas en las materias propias del cargo que asumirá, en prestigiadas casas de estudio del país.
Su experiencia profesional, capacidad técnica, preparación académica y reputación incuestionable demuestran no sólo su gran pasión por el servicio público, sino también su aptitud para desempeñar el puesto que con gran responsabilidad ha aceptado.
Adjunto al presente acompaño la documentación curricular del doctor Laynez Potisek, para la evaluación que realice esa soberanía en ejercicio de sus facultades constitucionales.
Señoras y señores legisladores: nuevamente los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la oportunidad de colaborar, en ejercicio de sus facultades constitucionales, para nombrar a los empleados superiores de Hacienda. Estoy cierto que, como en ocasiones anteriores, el resultado de esta colaboración vigorizará la relación entre poderes y fortalecerá las instituciones nacionales.
Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.
México, Distrito Federal, a 17 de enero de 2008.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL LICENCIADO FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA "ORDEN DEL ELEFANTE", EN GRADO DE CABALLERO, QUE LE CONFIERE EL REINO DE DINAMARCA
México, DF, a 21 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden del Elefante", en grado de "Caballero", que le confiere el Reino de Dinamarca.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, copia de la comunicación oficial en la que se expresa el interés de conferir la condecoración de referencia, en el marco de la visita que la pareja real de Dinamarca efectuará a nuestro país, del 17 al 24 de febrero de 2008.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LA LICENCIADA MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO PUEDA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA "ORDEN DE DANNEBROG", EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE CONFIERE EL REINO DE DINAMARCA
México, DF, a 21 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden de Dannebrog", en grado de "Gran Cruz", que le confiere el Reino de Dinamarca.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, copia certificada del acta de nacimiento, así como copia simple de su identificación oficial y de la comunicación oficial en la que se expresa el interés de conferir la condecoración de referencia, en el marco de la visita que la pareja real de Dinamarca efectuará a nuestro país, del 17 al 24 de febrero de 2008.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, NUEVE CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 7 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 60-II-4-966 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz, Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 233 suscrito por el licenciado Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre del 2007.
Ciudadano Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
En atención al oficio número SEL/300/5153/07 que se sirvió remitir al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica que con oficio número DGPL 60-II-4-966 le dieron a conocer al titular de la Secretaría de Gobernación, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, el pasado 6 de diciembre del año en curso, el cual a la letra dice: "Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que pondere la posibilidad de trasladar del área geográfica, los municipios pertenecientes al estado de Quintana Roo que actualmente se encuentran ubicados en el área C, para que formen parte del área geográfica A, a fin de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores que prestan sus servicios dentro de los mismos". Me permito informarle lo siguiente, esta Comisión Nacional, así como su consejo de representantes, conscientes de las obligaciones que por ley tienen conferidas, más aún ante el proceso de fijación salarial que dio inicio en este mes de diciembre, asumirá dicha tarea tomando en consideración las opiniones y recomendaciones recibidas de todas las instancias de representación y de los factores de la producción; las condiciones socioeconómicas imperantes y el impacto que sobre los niveles de empleo pueda generar una decisión en ese sentido, para lo cual se ajustará estrictamente al procedimiento establecido para dichos efectos en los artículos 570 a 574 de la Ley Federal del Trabajo.
De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado por las fracciones I y II del artículo 561 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene el deber de realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la división de la república en áreas geográficas, formular un dictamen y proponerlo al consejo de representantes de este organismo. También se establece la obligación de que dicha dirección realice estudios e investigaciones sobre la evolución de las estructuras salariales y las condiciones prevalecientes en el mercado de trabajo, con especial relevancia en las variables sociodemográficas y económicas de las regiones, entidades y municipios del país, los cuales sirven de base para normar el criterio de ese consejo ante eventuales modificaciones a la división de la república en áreas geográficas y a la integración municipal de las mismas, siempre que existan circunstancias que lo justifiquen.
Asimismo, la fracción III del artículo 557 de dicho ordenamiento legal otorga al consejo de representantes la facultad para dictar la resolución a las propuestas que formule la Dirección Técnica en cuanto a la determinación o modificación de las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos.
Los resultados de los estudios efectuados por la Dirección Técnica muestran la necesidad de avanzar en la actualización de la integración de las áreas geográficas, en función, principalmente, de la erosión de los diferenciales en los costos de vida entre los municipios integrantes de dichas áreas.
Uno de los principales factores que se que se ha considerado en la toma de decisiones en materia de actualización de las áreas geográficas es la no afectación de los niveles de empleo en los micro y pequeños establecimientos ubicados en los municipios de menor desarrollo económico relativo. Una propuesta que rebase la capacidad económica de los micro y pequeños establecimientos traería como consecuencia, en el corto plazo, el cierre de los mismos y el aumento del desempleo en las áreas donde más necesidad se tiene de retener a la población con empleos remunerados.
El impacto principal que provoca la reclasificación de un municipio de un área geográfica a otra de mayor nivel salarial, es el de la acumulación de dos aumentos simultáneos: la diferencia salarial que antes tenía con respecto al área que se reclasifica y el incremento de la fijación que se esté llevando a cabo, lo cual provoca diferentes tipos de presiones, sobre las expectativas de inflación, sobre las estructuras salariales regionales y al interior de cada una de ellas, sobre los costos de producción y de operación de los establecimientos industriales y empresas comerciales y de servicios ubicados en esos municipios o áreas geográficas, sobre los precios relativos que influyen en las decisiones de inversión productiva, sobre los presupuestos municipales y estatales y, sobre todo, sobre los costos de vida.
Un efecto inmediato de la reclasificación municipal de las áreas geográficas, como ya se señaló, podría generar ajustes significativos no deseados en la estructura productiva regional, debido al riesgo del cierre de un importante número de fuentes de empleo, principalmente de los micronegocios (hasta 10 trabajadores), que en el estado de Quintana Roo representan el 79.7 por ciento del total de establecimientos del sector formal registrados en octubre de 2007.
Para evitar los impactos referidos, y con el propósito de reconocer y ser congruentes con la dinámica socioeconómica de las áreas geográficas en que está dividido el país para efectos salariales, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha aplicado la estrategia de ir reduciendo de manera gradual las diferencias salariales entre las áreas geográficas hasta converger a un solo salario mínimo general a nivel nacional. Esto se ha logrado a través del otorgamiento de aumentos salariales diferenciados por área geográfica. Con ello se ha buscado que los trabajadores perceptores de un salario mínimo en las áreas geográficas B y C, las de menor nivel salarial, avancen hacia ingresos similares a los del área geográfica A, la de mayor nivel salarial, para cubrir costos de vida cada vez más similares.
En este sentido, los avances han sido significativos. En el 2000 existía una diferencia salarial de 15.90 puntos porcentuales entre las áreas geográficas A y C. Para el 2005 esta diferencia se redujo a 6.24 puntos porcentuales, cifra que significó una reducción de 60.75 por ciento. Entre las áreas geográficas A y B la disminución de la brecha salarial fue de 7.98 a 3.20 puntos porcentuales en este período, es decir, una reducción de 59.90 por ciento, según se muestra en el cuadro siguiente, lo que ha permitido suavizar los posibles impactos negativos que una reclasificación directa hubiera generado.
Como se puede apreciar por lo expuesto, el honorable Consejo de Representantes decidió en 2006 y 2007 no aplicar la estrategia de cerrar las diferencias salariales entre las áreas geográficas, sin embargo no la ha descartado como posibilidad para alcanzar en un horizonte de corto plazo un solo salario mínimo general para todo el país.
Cabe señalar que la Dirección Técnica someterá a la consideración del Consejo de Representantes –integrado por un representante del gobierno federal, que funge como presidente de la comisión, y por 11 representantes titulares y 11 representantes suplentes de cada uno de los sectores de trabajadores y de patrones–, el punto de acuerdo mencionado en el primer párrafo, con motivo de la fijación de los salarios mínimos que deberán regir a partir del 1o. de enero del año siguiente.
Con estos antecedentes, el punto de acuerdo que tuvo a bien enviar a esta comisión nacional será tomada en consideración por el Consejo de Representantes, autoridad competente para dictar la resolución que modifique o mantenga el área geográfica de los municipios del estado de Quintana Roo.
Sin otro particular, reciban ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente
Licenciado Basilio González Núñez
(rúbrica)
Presidente de la Conasami
México, DF, 8 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1104 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0718 /2007 suscrito por el licenciado Ernesto A. Visconti Chacón, director de Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 27 de diciembre de 2007.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente
Me refiero su oficio número SEL/300/5027/07, recibido en esta Dirección General el 12 de diciembre del 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Presidenta, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, y el Secretario, diputado Jacinto Gómez Pasillas, comunican mediante oficio D.G.P.L. 60-II-2-1104 al licenciado Francisco. Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el Pleno de ese órgano legislativo el 29 de noviembre del año en curso, mismo que a la letra dice:
En el presente caso, revisada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que determina en primera instancia cual es el área de competencia de cada una de las secretarías, incluyendo, a la Secretaría de Gobernación; analizado además el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que es el cuerpo. normativo que determina las facultades de sus unidades administrativas; concretamente las que corresponden a la Coordinación General de Protección Civil y –de su adscripción– las relativas a la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, ROF; se concluye que la Secretaría de Gobernación, a través de sus unidades administrativas, no cuenta con las facultades necesarias para dar cumplimiento a la petición contenida en ese acuerdo, específicamente la de revaluar "…los daños ocasionados por el paso del huracán Dean en los municipios del estado de Yucatán y sea ampliada la "Declaratoria de Desastre Natural".
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Rubem Hofliger Topete (rúbrica)
Encargado del Despacho de la dirección General
del Fondo de Desastres Naturales.
México, DF, a 10 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 60-II-3-1036, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA /SRN/0313/07, suscrito por el ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2007.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Comunico a usted que se recibió en esta Subprocuraduría el oficio número SEL/300/4797/07, de fecha 22 de noviembre de 2007, dirigido al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el día 20 de noviembre del presente año, que a continuación se transcribe:
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que por medio de sus órganos de control verifique el cumplimiento, con la mayor brevedad, del destino de los recursos asignados a los recursos asignados a los programas de desarrollo forestal, pago de servicios ambientales forestales y del programa de servicios ambientales en plantaciones agrícolas y cadenas productivas agroforestales aplicables a los municipios de Zongólica y Orizaba del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, e informe a esta soberanía el resultado de dicha gestión.
El 29 de junio se realizó operativo en el parque nacional Pico de Orizaba, Veracruz, con la participación de 18 elementos de la Profepa, 1 del Ministerio Público Federal, 2 de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), 1 del Centro de investigación y Seguridad Nacional (CISEN), 30 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 10 de Seguridad estatal, asegurándose 5.131 metros cúbicos de madera motoaserrada de pino de corte reciente en la ranchería de Potrero Nuevo, municipio de La Perla, Veracruz, quedando a disposición del Ministerio Publico de Orizaba.
En fecha 23 de octubre del presente año, se realizó operativo especial en el que participaron 60 elementos de la 25 zona militar de la Sedena, 2 elementos de la Procuraduría General de la República, 6 de la AFI, 112 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 17 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal, 4 del CISEN, 2 de la Semarnat y 4 de la Profepa.
En el paraje Tilostoc se observaron, cuantificaron y cubicaron materias primas forestales maderables de manera dispersa, con un volumen de 51.461 metros cúbicos de pino; en el paraje Amoltepec se observaron, cuantificaron y cubicaron materias primas forestales maderables de manera dispersa, con un volumen de 11.118 metros cúbicos de pino. Se realizó el traslado de 27.203 metros cúbicos de pino a las instalaciones del centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales maderables denominado González Ortega, que quedaron para su resguardo y custodia y a disposición del Ministerio Público.
Asimismo, en la zona de Zongolica se han realizado diversas actividades, como el Plan de Acción para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales en la Sierra de Zongólica, en el que participan 12 municipios, dentro de los destacan Texhuacan, Tlaquilpa, Tehuipango, Tequila y Atlahuilco, Veracruz, cabe comentar que dicho plan incluye cuatro etapas.
Adicional a lo anterior, en la zona se han iniciado 6 procedimientos administrativos, 4 por realizar derribo de arbolado sin la autorización correspondiente, 1 acta de inspección en tránsito, asegurándose 3.012 metros cúbicos rollo de pino patula, un vehículo y una motosierra; y 1 contra quien resulte responsable, poniéndose a disposición del Ministerio Público de la Federación 24 tablones de pino (1.03 m3) y 264 tablas de pino (2.181 m3).
Por último, comunico a usted que esta Procuraduría continuará realizando las acciones correspondientes por medio de su Delegación Federal en Veracruz, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral correspondiente del punto de acuerdo referido.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha (rúbrica)
Subprocurador
México, DF, a 9 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1224, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Antonio Xavier López Adame, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UBVA / DGAARF / 003 / 2008, suscrito por el ciudadano Germán Saldívar Osorio, director general adjunto de Ahorro y Regulación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 7 de enero de 2008.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaria de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio número SEL/300/3996/07, mediante el cual remite al titular de esta secretaría el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 9 de octubre pasado, que a continuación se transcribe:
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), en el ámbito de su competencia, ha vigilado desde un inicio la venta de las acciones de CAM, toda vez que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo descentralizado de la SHCP.
El gobierno y la administración del IPAB están a cargo de una junta de gobierno y un secretario ejecutivo. Dicha junta está integrada, de conformidad con los artículos 75 y 80 de la Ley para la Protección al Ahorro Bancario, por siete vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público (quien la preside), el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal.
En ese sentido, la SHCP, al ejercer las facultades como coordinadora de sector del IPAB, ha mantenido un estrecho contacto con los actos que se someten a la junta de gobierno, por lo que en todo momento estuvo informada respecto a la referida venta de acciones de CAM.
La referida compraventa se realizó a través de una oferta pública de adquisición, la cual es una forma de adquisición que se encuentra regulada en la Ley del Mercado de Valores y consiste en una declaración unilateral de voluntad de quién la realiza. El oferente establece el precio y el plazo de la oferta, así como –en general– sus términos y condiciones.
Esta secretaría, como parte integrante de la junta de gobierno, ha estado al tanto de la referida compraventa de CAM, así como de las comparecencias del secretario ejecutivo del IPAB ante el Congreso, y ha vigilado en todo momento que la citada compraventa se realice con estricto arreglo a derecho y con transparencia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Germán Saldívar Osorio (rúbrica)
Director General Adjunto de Ahorro y Regulación
Financiera
México, DF, a 11 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 60-II-5-1250, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Antonio Xavier López Adame, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 00020, suscrito por el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario
México, DF, a 9 de enero de 2008.
Armando Salinas Torre
Secretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
En contestación a su atento oficio SEL/300/5106/07, me permito anexar documento que señala las acciones principales de mitigación y adaptación al cambio climático que ha realizado esta secretaría, así como las de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.
Particularmente con referencia al numeral primero del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados con fecha 4 de diciembre, el inciso I del documento anexo señala que el Instituto Nacional de Ecología (INE, órgano desconcentrado de la Semarnat) así como el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) han preparado materiales de divulgación sobre el cambio climático.
Cecadesu tiene un convenio con la SEP con el objetivo de difundir el conocimiento sobre el tema y para que a la brevedad se incluya en los libros de texto gratuito y en la currícula de los planes de estudio a todos los niveles educativos.
En referencia al numeral segundo del citado acuerdo legislativo, los apartados B y G del documento anexo dan cuenta de los esfuerzos nacionales por elaborar la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, así como de la estructura y presupuesto disponibles para su instrumentación y seguimiento. En relación a la formulación de programas estatales de cambio climático, durante el segundo semestre del 2007, el INE elaboró manuales para la preparación de inventarios estatales de emisiones de gases efecto invernadero y para la elaboración de los mencionados planes de las entidades federativas al respecto.
En diciembre pasado se realizó un primer taller para la elaboración de inventarios estatales con la participación de representantes de 12 estados.
A finales del año pasado la Semarnat elaboró una propuesta de convenio de colaboración con entidades federativas para la formulación de planes estatales de cambio climático.
Independientemente de los estados que se sumen a esta iniciativa, el INE ya se encuentra coordinando, con fondos internacionales y con la participación de universidades locales y de los gobiernos estatales, los programas de cambio climático de los estados de Veracruz y de Nuevo León.
Aprovechamos la presente para invitar al Legislativo a la realización de un seminario sobre cambio climático y a su participación activa en la consulta pública que se realizará durante el proceso de la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático.
Atentamente
Ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada (rúbrica)
Secretario
México, DF, a 10 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-915, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA / SRN / 0314 / 07, suscrito por el ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de diciembre de 2007.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Comunico a usted que se recibió en esta subprocuraduría el oficio número SEL/300/4777/07, de fecha 21 de noviembre de 2007, dirigido al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 20 de noviembre del presente año, que a continuación se transcribe:
El pasado 24 de febrero, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, anunció en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca la estrategia de conservación para el desarrollo, donde mencionó la necesidad de trabajar intensamente para establecer una política de cero tolerancia a la tala clandestina, principalmente para esa reserva.
El programa contra la tala clandestina Cero Tolerancia se desarrollaba primordialmente en la zona crítica forestal de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca (estados de México, y de Michoacán).
A partir de junio de 2007, por instrucciones del secretario del ramo, se incluyeron Morelos y el Distrito Federal como prioritarios y se sumó todo el país en este esfuerzo institucional, realizándose diversas acciones para la aplicación del programa Cero Tolerancia a escala nacional (anexo con resultados obtenidos a diciembre).
Con base en lo anterior, se han conseguido
• Desmembramiento de bandas organizadas dedicadas a la tala clandestina;
• Mayor presencia de la Profepa en las zonas forestales que tienen gran frecuencia de ilícitos forestales;
• Desmantelamiento de aserraderos que consumían
madera de origen ilícito; y
• Disposición ante el Ministerio Público
Federal de taladores reincidentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha (rúbrica)
Subprocurador de Recursos Naturales
México, DF, a 14 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1606 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-010 suscrito por la licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario
México, DF, a 9 de enero de 2008.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
En atención a sus oficios números SEL/300/5115/07, SEL/300/4819/07 del 23 de noviembre y 5 de diciembre de 2007, a través del cual remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de Jalisco, así como del Congreso de la Unión, por lo que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, Sagarpa y Ssa; implante acciones adicionales para la verificación de productos cárnicos de cerdo, en los puntos de ingreso al país.
Al respecto, anexo fotocopia del oficio número BOO.03010302.-5354 del 18 de diciembre de 2007, elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para los fines que estime procedentes.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciada Elisa Podesta Rivas (rúbrica)
Directora General Adjunta
México, DF, a 18 de diciembre de 2007.
Licenciada Elisa Podesta Rivas
Directora General Adjunta de Estudios Interinstitucionales
de la Sagarpa
Presente
En atención a los oficios números 112.2.-425, 112.2.-426 y 112.2.-430 mediante los cuales remite los documentos de los honorables Congresos de Jalisco, Michoacán de Ocampo; así como, del Congreso de la Unión respectivamente, sobre la problemática que se está presentando en la porcicultura nacional, por lo que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, Sagarpa y Ssa; implanten acciones adicionales para la verificación de productos cárnicos de cerdo, en los puntos de ingreso al país, con la estricta aplicación de las normas NOM-030-ZOO-1995 y la NOM-004-ZOO-1994.
Al respecto le informo que adicionalmente a las medidas indicadas en mi similar número BOO.03.01.03.02.-4008 de fecha 17 de octubre del presente año (copia anexa), se determinó que únicamente se permitirá la importación de carne, canales, vísceras y despojos de cerdo por 6 aduanas de la frontera norte y dos puertos del pacífico (Oficio-circular número 00348 anexo) con el fin de tener un mayor control en las importaciones; además se ha reiterado al personal oficial que realice una inspección minuciosa en apego a la normatividad.
Por otra parte, le informo que en coordinación con la Ssa en los próximos días se implantarán una serie de medidas de coadyuvancia para garantizar la inocuidad de estas mercancías y evitar problemas de salud pública.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Jorge Luis Leyva Vázquez (rúbrica)
Director General
México, DF, a 11 de diciembre de 2007.
Mediante Nota número 116 de diciembre 10 del presente año, la Dirección General de Salud Animal, comunica que a efecto de establecer una mejor verificación e inspección de las importaciones de carne, canales, vísceras y despojos de origen porcino que ingresan por la frontera norte, a partir de esta fecha, únicamente podrán ingresar por las siguientes aduanas:
2. Ciudad Juárez, Chihuahua.
3. Piedras Negras, Coahuila.
4. Nogales, Sonora.
5. Colombia, Nuevo León.
6. Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2. Manzanillo, Colima.
Lo anterior para su conocimiento y atención procedente.
Atentamente
Médica Veterinaria Zootecnista Marcela Fuentes
Orozco (rúbrica)
Directora de Inspección en Puertos,
Aeropuertos y Fronteras
(Por ausencia del director general de Inspección
Fitozoosanitaria del Senasica, con fundamento en el artículo 82
del Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de julio del año 2001 y su
modificación del 15 de noviembre de 2006).
México, DF, a 17 de octubre de 2007.
Licenciada Elisa Modesta Rivas
Directora General Adjunta de Estudios Interinstitucionales
de la Sagarpa
Presente
En atención al oficio número 112.2.-254 mediante el cual remite el oficio número, OF-DPL-253-LVIII-07 firmado por el licenciado Alfredo Argüelles Basave, secretario general del Congreso de Jalisco, remitiendo el Acuerdo Legislativo número 278-LVIII-07, mediante el cual exhorta a que se de cumplimiento a las disposiciones oficiales que regulan la importación de mercancías de productos y subproductos cárnicos del subsector porcícola.
Al respecto, y con el fin de elaborar una respuesta coordinada, le comento que en apoyo a los porcicultores, y con la finalidad de establecer un mejor control en la inspección del cerdo de importación para abasto, se determinó como única aduana de ingreso para este tipo de animales, la de Piedras Negras, Coahuila, en la cual se otorgaba el servicio de lunes a viernes a partir de las 9 horas, mismo que finalizaba hasta que se inspeccionara el 100 por ciento de los animales a importar, actualmente sólo se importan cerdos 1os lunes, miércoles y viernes, en el mismo horario, inspeccionando únicamente aquellos embarques que entreguen documentación hasta las 14 horas.
Con relación a todos los cárnicos de importación, conforme a las especificaciones de la NOM-030-Z00-1995, cumplen al 100 por ciento con lo establecido en la hoja de requisitos zoosanitarios (HRZ), y la mercancía se descarga del contenedor para que el personal de la Secretaría seleccione las cajas a verificar, se toma la muestra del producto y se envía a los laboratorios oficiales o aprobados por esta dependencia, para que lleven a cabo los análisis toxicológicos correspondientes establecidos en la NOM-004-Z00-1994, en caso de que el dictamen de laboratorio indique que las muestras están por arriba de los límites permitidos, el laboratorio que realizó el diagnóstico lo hace del conocimiento a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, quien notificará a la Secretaría de Salud para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.
Adicionalmente, se ha invitado en reiteradas ocasiones para que representantes del sector porcícola funjan como observadores del proceso de inspección y certificación que realiza el personal oficial de esta dependencia, con la finalidad de transparentar las actividades.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Jorge Luis Leyva Vázquez (rúbrica)
Director General
México, DF, a 14 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL 60-II-5-1212 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número O.M./500/0035 suscrito por el licenciado Jorge López Vergara, oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 9 de enero de 2008.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En relación al oficio número SEL/300/4774/07, de fecha 21 de noviembre del presente año, me permito comentarle que es para mí grato saber que existe una gran coincidencia en la Cámara de Diputados con el Poder Ejecutivo respecto a la importancia que reviste el fortalecer las políticas ambientales mexicanas.
Por lo anterior, mucho le agradecería ser el conducto para responder al exhorto que hace la Cámara de Diputados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la presidenta de su mesa directiva la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para que por conducto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), se incorpore a los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave en el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M), y se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.
Como es de su conocimiento en el Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 4, Sustentabilidad Ambiental, establece la responsabilidad pública por conservar los ecosistemas y la biodiversidad, así como la integración del capital natural con el desarrollo social y económico y frenar el deterioro de las selvas y bosques de México. El Programa Sectorial Ambiental incluye una política pública de integración de los corredores biológicos como parte de la estrategia de transversalidad de políticas ambientales y conservación de la biodiversidad y por otro lado la Estrategia Nacional de Acción Climática, reconoce al trópico húmedo mexicano, área de incidencia del corredor, como la que requerirá de atención prioritaria en las acciones públicas de adaptación al cambio climático global.
Recientemente, el secretario ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, propuso a sus homólogos de Centroamérica la creación del Grupo Mesoamericano con la "Declaración Mesoamericana sobre la Sustentabilidad Ambiental", donde se reconoce la creciente integración económica, social y ambiental de la región mesoamericana y la necesidad de asegurar la sostenibilidad ambiental como uno de los puntales del desarrollo sostenible de la región.
Asimismo, me permito informar que recientemente se logró la ampliación del periodo de ejecución de la donación del Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) del CBM-M a junio de 2009. Es importante resaltar el apoyo decidido del gobierno de la república, para la consolidación de una política de "corredores biológicos", como parte de la política ambiental de las áreas naturales protegidas de México. De ser aprobados, por el Congreso de la Unión a través la Ley de Egresos de 2009, se obtendrán los recursos complementarios necesarios para facilitar una segunda donación de aproximadamente 8 millones de dólares, del Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) en un periodo comprendido entre 2009-2014.
Derivado de lo anterior, el secretario ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, ha instruido a ésta Oficialía Mayor, así como a la Secretaría Ejecutiva de la Conabio, se destinen los recursos necesarios para preparar los estudios técnicos y gastos de operación para incorporar plenamente a los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, al CBM-M. Asimismo se ha solicitado al director general del CBM-M, establezca comunicación con los gobiernos respectivos para instrumentar las acciones a realizar en 2008.
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
Licenciado Jorge López Vergara (rúbrica)
Oficial Mayor.
México, DF, 8 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1012 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 1533 suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 19 de diciembre de 2007.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me refiero a su atento oficio número SEL/300/4470/07, del 9 de noviembre de 2007, dirigido al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente año, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que constate el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la atención a la salud de los pescadores mientras se encuentren en altamar.
Al respecto, es de señalarse lo siguiente:
Conforme a lo previsto por el Convenio número 55 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a las obligaciones del armador (patrón) en caso de enfermedad, accidente o muerte de la gente del mar, ratificado por México el 15 de septiembre de 1939 y que entró en vigor el 15 de septiembre de 1940, son obligaciones del patrón cubrir los riesgos por enfermedad o por accidente ocurridos durante el período que transcurra entre el enrolamiento del trabajador y la terminación de su contrato o, en su caso, la muerte que resulte de cualquier enfermedad o accidente.
Dicho convenio precisa que la legislación nacional podrá eximir al patrón de toda responsabilidad respecto a la enfermedad o muerte causada, cuando el trabajador se hubiere negado a someterse a un reconocimiento médico antes de su enrolamiento. (artículo 2o.)
Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su Título Sexto, denominado "de Trabajos Especiales", capítulo III, establece las obligaciones que el patrón tiene para con los trabajadores de los buques, entendiéndose por trabajadores a los capitanes, oficiales de cubierta y máquinas, los sobrecargos y contadores, los radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, marineros y personal de cámara y cocina de nacionalidad mexicana, y definiendo como buque, a cualquier clase de barco o embarcación que ostente bandera mexicana.
El artículo 204, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, señala como obligación especial de los patrones, llevar a bordo del, buque el personal médico y materiales de curación, así como proporcionar a los trabajadores el tratamiento médico, medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza.
En el caso del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (RFSHMAT), este ordenamiento requiere a los patrones contar con servicios preventivos de medicina del trabajo atendiendo a la naturaleza, características de la actividad laboral y número de trabajadores expuestos, bajo la supervisión de profesionistas calificados, mismos que pueden ser proporcionados en forma externa o brindados por la propia empresa. Dicha vigilancia a la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en altamar, se debe dar a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la norma oficial mexicana NOM-030-STPS-2006, "Servicios preventivos de seguridad y salud en el Trabajo-Organización y Funciones".
Ahora bien, por lo que toca a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, respecto de los trabajadores de los buques, dicha atribución la realiza la inspección federal el trabajo a aquellas embarcaciones que ostenten bandera mexicana y que se encuentren en puerto, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley Federal del Trabajo.
Finalmente, es de señalarse que esta Secretaría toma debida nota y dará cabal cumplimiento a la atenta exhortación de la Cámara de Diputados, haciendo de su conocimiento que se tiene considerado la realización de visitas de inspección a estos centros de trabajo, como parte del programa anual de inspección para el próximo año 2008. Lo anterior, en el marco de las atribuciones y competencia que tiene la STPS y de acuerdo a los recursos humanos y materiales de los que dispone.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica).
Subsecretario
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SEIS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES
México, DF, a 8 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL/2.- 2261, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 312.A.DSTEC.-1233, suscrito por la licenciada Lilia Pozos Vázquez, directora general adjunta de Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 21 de diciembre de 2007.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/300/5137/07, mediante el cual hace referencia al oficio signado por el senador José González Morfin, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en el que remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 4 del actual, y que a la letra dice:
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que programe la conclusión del tramo carretero Tapilula-Portacelis, en el Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2008.
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el próximo ejercicio fiscal 2008 incluya recursos necesarios para la terminación de la construcción de la carretera Tapilula-Portacelis en el estado de Chiapas.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Licenciada Lilia Pozos Vázquez (rúbrica)
Directora General Adjunta
México DF, a 20 de diciembre de 2007.
Licenciado Alberto Castillo Adame
Director General de Programación Organización
y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Presente
Me refiero al oficio número SEL/300/5137/07, mediante el cual el Subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado Armando Salinas Torre hace referencia al oficio signado por el Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en el que remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 4 del actual, y que a la letra dice:
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que programe la conclusión del tramo carretero Tapilula-Portacelis, en el Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2008.
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el próximo ejercicio fiscal 2008 incluya recursos necesarios para la terminación de la construcción de la carretera Tapilula-Portacelis en el estado de Chiapas.
Asimismo, de la diligencia que realice esa dependencia se solicita atentamente nos mantenga informados.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Beatriz Mondragón Real (rúbrica)
Directora
México, DF, a 14 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL/2.- 1853, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.- 009, suscrito por la licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 9 de enero de 2008.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/300/4761/07, del 16 de noviembre de 2007, a través del cual nos remite el punto de acuerdo, aprobado por el Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta a realizar los estudios que permitan evaluar los impactos presentes y probables a los ecosistemas marinos y costeros derivados del derrame de hidrocarburos ocurridos en la sonda de Campeche y a establecer, con base en el citado estudio, las medidas que permitan compensar el impacto económico del sector pesquero.
Al respecto, anexo fotocopia del oficio número HOO / INPESCA / DJ / 995, del 19 de diciembre de 2007, elaborado por el Instituto Nacional de Pesca, para los fines que estime procedentes.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciada Elisa Podesta Rivas (rúbrica)
Directora General Adjunta de Estudios Interinstitucionales
México, DF, a 19 de diciembre de 2007.
Licenciada Elisa Podesta Rivas
Directora General Adjunta de Estudios Interinstitucionales
Coordinación General de Política Sectorial
Sagarpa
Hago referencia a su atento similar número 112.2-460, recibido en el Instituto Nacional de Pesca el 19 de diciembre de 2007, relativo al exhorto de la Cámara de Senadores, promovido por el senador José González Morfín, en que se solicita la evaluación de posibles impactos presentes y futuros en pesquerías y ecosistemas marinos y costeros, derivados del derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche en otoño de 2007.
Al respecto, comunico a usted las acciones realizadas por esta dependencia:
Durante noviembre y la primera quincena de diciembre se realizó una indagación exhaustiva en las costas de Campeche y Tabasco, con base en entrevistas con personal técnico y científico de esta dependencia, así como entrevistas con pescadores y en mercados de mariscos de la región.
El pasado 28 de noviembre se hizo una visita a la región acompañando a los titulares de la Semarnat, de la Sagarpa y de Pemex, que incluyó un recorrido por casi 150 kilómetros de costa en las dos entidades en comento.
La información recabada por esta dependencia se complementó con datos de capturas pesqueras proporcionadas por la Conapesca, la autoridad pesquera federal, comparando las cifras de 2006 y 2007.
Objetivos
Determinar la concentración de hidrocarburos en agua y organismos vivos
Determinar posible impacto de los precios de los productos pesqueros debido a los hidrocarburos
Determinar si la captura pesquera sufre una disminución relacionada con el derrame.
Muestreo de agua y organismos en crucero oceanográfico
Monitoreo de pesquerías, sus precios de playa y en mercados de la región
Análisis de información pesquera histórica
Taller con expertos para discusión de hallazgos
Buceo
530 000
Muestreo de sedimentos,
agua y organismos en
buque oceanográfico 700 000
Análisis de muestras de sedimento,
agua y organismos 180 000
Monitoreo de pesquería
y precios
220,000
Análisis de información
y reuniones.
Organización de un taller o
foro relacionado
con derrames
242 200
Total 1 872 200
Atentamente
Doctor Miguel Ángel Cisneros Mata (rúbrica)
Director en Jefe
México, DF, 2 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL/2.- 1853, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/SII/196.3/ 0414 -07, suscrito por el ingeniero Gustavo Mario González González, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 14 de diciembre de 2007.
Licenciado. Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me refiero a su atento oficio número SEL/300/4758/07, de fecha 16 de noviembre de 2007, recibido en esta Subprocuraduría de Inspección Industrial el día 5 de diciembre del mismo año, por el que tuvo a bien informar al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del ramo, que mediante oficio número DGPL/2.- 1853, el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, comunicó al titular de la Secretaría de Gobernación sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en la sesión celebrada el 15 de noviembre del año en curso, que en su punto primero a la letra dice:
Cabe señalar que dicha información está siendo revisada por esta Subprocuraduría de Inspección Industrial, y servirá de base para que, en razón de las atribuciones conferidas a la citada Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, se realicen todas las acciones que legalmente procedan para la substanciación y procedimiento administrativo que, en su caso, se inicie, a fin de corroborar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de prevención y control de la contaminación ambiental por parte de Pemex, o quien o quienes resulten responsables, y con ello estar en condiciones, en el ámbito de nuestra competencia, de informar sobre los impactos presentes y probables derivados del derrame de hidrocarburos a que se ha hecho referencia.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.
Atentamente
Ingeniero Gustavo Mario González González
(rúbrica)
Subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
México, DF, a 8 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL/2.-1051 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 112/00006317/07 suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2007.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones del titular del ramo, en atención a su oficio SEL/300/4075/07 del 15 de octubre del año en curso, en el que informa que el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo federal a que considere la posibilidad de promover la intervención de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, al respecto le comento:
Es de sumo interés y de gran preocupación para el Ejecutivo federal y en particular para esta Secretaría, el cuidado y la protección que sobre el medio ambiente se realice, no sólo en el plano nacional sino internacional, dado que la protección del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales es un asunto que incumbe a todos los seres humanos y resulta de vital importancia para preservar una mejor calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, refrendamos nuestro compromiso de fomentar la protección, restauración y, conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.
Respecto del exhorto de la honorable Cámara de Senadores, me permito informar le que con fecha 26 de junio del presente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, y Conservación de Mamíferos, AC, presentaron ante el secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) una petición ciudadana de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), aseverando que Canadá está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental respecto de la cacería anual de focas arpa fuera de la costa este de Canadá.
Es el caso que con fecha 23 de agosto de 2007, el secretariado de la CCA determinó que dicha petición no cumplió con los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 14 (1) del ACAAN, por lo que decidió dar término a dicho proceso.
Por otra parte, es de precisar que conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 14 (1) el secretariado de la CCA únicamente podrá examinar peticiones de cualquier persona u organización sin vinculación gubernamental, por lo que el Ejecutivo federal carece de facultad para solicitar la publicación de un expediente de hechos en términos de los artículos 14 y 15 del ACAAN.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Wilehalbo Cruz Bressant (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 8 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número DGPL/2.-2335 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0724 /2007 suscrito por el licenciado Ernesto A. Visconti Chacón, director de Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 31 de diciembre de 2007.
Licenciado Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/300/5277/07, recibido en esta Dirección General el 21 de diciembre del 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a través de su Vicepresidente, el senador José González Morfín, ha comunicado al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el Pleno de ese órgano legislativo el 11 de diciembre del año en curso, mismo del que trascribimos a continuación el numeral Segundo, por considerar que su contenido atañe directamente a esta unidad administrativa.
2. Por lo que hace al tema de la reconstrucción, esta materia es objeto del Fondo de Desastres Naturales o Fonden, según lo establece en el numeral 2 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, ROF, publicadas en el DOF, del 19 de septiembre del 2006.
3. Ahora bien, las reglas de operación son disposiciones a las cuales se sujetan los programas federales, con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos (PEF 2006, artículo 2 , fracción XXXIX).
4. El decreto de Presupuesto de Egresos, tanto de 2006 como de 2007, no contemplan la posibilidad de expedir "reglas excepcionales de operación", ni para los recursos del Fondo de Desastres Naturales ni para ningún otro programa federal.
5. Esta unidad administrativa advierte que el Fondo de Desastres Naturales es un instrumento, no es ni puede ser definitivo, sino que se debe sujetar a una constante revisión como la herramienta dinámica que es. Lo anterior, en orden de garantizar permanentemente la preeminencia de los principios que deben sustentar su accionar: complementariedad, corresponsabilidad, inmediatez y transparencia, en el marco de la interacción que guarda con los distintos órdenes de gobierno.
Atentamente
Sufragio efectivo. No Reelección.
Rubem Hofliger Topete (rúbrica)
Encargado del Despacho de la Dirección General
del Fondo de Desastres Naturales
México, DF, a 9 de enero de 2008.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número CP2R1A.-1563 signado por el C. Seno Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese cuerpo colegiado, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número SGPA/CASI 456 107 suscrito por Miguel Ángel Cancino, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese órgano legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Armando Salinas Torre (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 17 de diciembre de 2007.
Armando Salinas Torre
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a, su oficio número SEL/300/3tEJ9/07 por medio del cual hace del conocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del punto de acuerdo aprobado par el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que a la letra señala:
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Miguel Ángel Cancino (rúbrica)
Coordinador de Asesores
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
México, DF, a 10 de septiembre de 2007.
Informe del proyecto Puerto Los Cabos
El proyecto Puerto Los Cabos tiene dos autorizaciones vigentes una en materia de impacto ambiental y otra en materia de zona federal marítima terrestre, por lo que ambas se tratarán por separado en el presente informe:
I. Autorización en materia de impacto ambiental
De los autos que obran en el expediente, la tramitación de la autorización en materia ambiental fue de la siguiente manera y se encuentra en este estado:
• Mil 641 cuartos condominales, en una superficie de 214 mil 129 metros cuadrados.
• Una marina que se desarrollaría en 250 mil metros
cuadrados.
• Dos hoteles sobre una superficie de 67 mil 300 metros
cuadrados.
• Área de servicios sobre 25 mil 116 metros cuadrados.
• Zona ecológica de 280 mil metros cuadrados.
Asimismo, el proyecto contemplaba las siguientes obras y actividades:
• Preparación y notificación del predio para la construcción de las residencias, las cuales serían construidas por los adquirientes de los lotes, de acuerdo con las características del reglamento de construcción del desarrollo.
• Construcción y operación de un campo de golf de 27 hoyos en un área de 90 hectáreas, que incluía campo de prácticas.
• Construcción, operación y administración de la infraestructura del desarrollo: planta de tratamiento de aguas residuales del poblado "La Playa" en una primer etapa y posteriormente para todo el desarrollo, vialidades, áreas verdes comunes, centro de conferencias y museo, casa club, área comercial, club de tenis, planta desalinadora de agua, remodelación del poblado y construcción de una marina para mil 64 embarcaciones.
2. El 26 de enero de 1998, mediante memorándum DIA/008/98, la entonces DGOEIA solicitó la opinión técnica de la Dirección de Ordenamiento Ecológico del Instituto Nacional de Ecología, respecto del proyecto.
3. El 3 de febrero de 1998, mediante oficio D.O.O.DGOEIA.-00321, la entonces DGOEIA solicitó la opinión técnica de la Dirección General de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), respecto al proyecto.
4. El 1 de abril de 1998, una vez realizado el análisis de la MIA-I del proyecto, mediante oficio D.O.O. DGOEIA, la entonces DGOEIA, con fundamento en los artículos 29 y 35 Bis de la Ley General del Equilibrio Eclógico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 1988 y modificada el 13 de diciembre de 1996; así como el artículo 13 de su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, publicado en el DOF el 7 de junio de 1988, solicitó a la promoverte la presentación de información adicional y aclaratoria, para poder evaluar la factibilidad ambiental de las obras y actividades del proyecto.
5. El 6 de abril de 1998, mediante memorándum DOE/042/98, en respuesta a la solicitud expresa de la entonces DGOEIA, conforme a lo indicado en el numeral 2 del presente, la Dirección de Ordenamiento Ecológico emitió su opinión técnica sobre el proyecto, determinando, con base en lo establecido en el ordenamiento ecológico del corredor Los Cabos, vigente desde diciembre de 1994, así como en el ordenamiento ecológico del municipio de Los Cabos, vigente desde agosto de 1995, ambos instrumentos aplicables al sitio de ubicación del proyecto, que "… aunque los usos de suelo son congruentes con ambos ordenamientos sobrepasan las densidades de uso de suelo permisibles y no existe una vinculación entre las obras y los criterios ecológicos, por lo que deberá solicitarse al promoverte una adecuación del proyecto en este sentido, donde se haga un análisis del cumplimiento de los ordenamientos ecológicos antes de su aprobación."
6. El 17 de abril de 1998, mediante oficio 310.4.-255 del 31 de marzo del mismo año, en respuesta a la solicitud expresa de la entonces DGOEIA, conforme a lo indicado en el numeral 3 del presente, la Dirección General de Desarrollo Urbano, de la Sedesol, con fundamento en los artículos 19 de la Ley General de Asentamientos Humanos y 22 del Reglamento Interior de la Sedesol, emitió su opinión técnica sobre el proyecto, determinando, con base en lo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas, que el proyecto era improcedente por las siguientes razones:
• Una parte del proyecto se ve asentada en la zona del estero San José, declarada como área natural protegida.
• Excede la densidad permitida por el Plan de Desarrollo Urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas (PDU) referente al uso de alojamiento turístico de muy baja densidad.
• No define la estructura urbana del poblado La Playa.
• No prevé los accesos públicos a la playa requeridos por el PDU y la normatividad de zona federal marítimo terrestre.
Se sugiere realizar las modificaciones correspondientes para hacer compatible el proyecto con el instrumento de planeación citado, así como entrar en contacto con las autoridades de la Dirección General de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Ecología del municipio de Los Cabos y de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura del gobierno de Baja California Sur, para que conozcan, evalúen y emitan en su momento las consideraciones pertinentes al proyecto.
7. El 23 de abril de 1998, mediante escrito sin número del 16 del mismo mes y año, la promoverte ingresó a la entonces DGOEIA, la información adicional solicitada, conforme a lo indicado en el numeral 4 del presente.
8. El 1 de junio de 1998, se recibió en la entonces DGOEIA, el oficio SEMARNAP-BCS.02.222/98 el 13 de mayo del mismo año, mediante el cual la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) en Baja California Sur remitió una serie de observaciones y el predictamen en materia de impacto ambiental para el proyecto, determinando que la información de la MIA-I ingresada no era suficiente en todos los niveles, por lo que señaló 38 consideraciones al respecto, con el fin de contar con todos los elementos técnicos necesarios para evaluar el proyecto.
9. El 2 de julio de 1998, mediante oficio D.O.O.DGOEIA.-2790, la entonces DGOEIA, con fundamento en lo establecido en el artículo 33 de la LGEEPA, solicitó la opinión, en materia de su competencia, a la Dirección General de Planeación Urbana y Ecología del gobierno del estado de Baja California Sur, respecto del proyecto.
10. El 2 de julio de 1998, mediante oficio D.O.O.DGOEIA.-2791, la entonces DGOEIA, con fundamento en lo establecido en el artículo 33 de la LGEEPA, solicitó la opinión, en materia de su competencia, a la Dirección General de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Estatales (Ahopye) del ayuntamiento de Los Cabos, respecto del proyecto.
11. El 16 de julio de 1998, se recibió, vía fax, en la entonces DGOEIA, el oficio número 194 del 6 del mismo mes y año, a través del cual la Dirección de Planeación Urbana y Ecología, de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura del estado de Baja California Sur, comunicó a la promoverte, en relación a su petición referente al dictamen de uso del suelo, lo que a continuación se transcribe:
".. con base en la localización del proyecto, el Plan de Desarrollo Urbano de San José del Cabo establece circundante al estero San José el uso de conservación en colindancia al poblado La Playa el uso habitacional medio y en el resto del predio el uso de alojamiento turístico, por lo que el proyecto de usos del suelo propuesto es congruente con estos usos.
Sin embargo, dada la magnitud del proyecto, para el cual se prevé impactos sociales importantes para la región, a efecto de emitir el dictamen técnico oficial deberá:
a) Acreditar la legal posesión del predio a desarrollar.
b) Señalar las estrategias de integración al poblado La Playa al proyecto, así como del crecimiento poblacional esperado.
c) Sujetar el proyecto a las densidades y criterios establecidos en el citado Plan de Desarrollo.
d) Ajustarse al Plan de Manejo del Estero San José…"
12. El 16 de julio de 1998, mediante oficio número 205 del 13 del mismo mes y año, en respuesta a la solicitud expresa de la entonces DGOEIA, conforme a lo indicado en el numeral 9 del presente, la Dirección de Planeación Urbana y Ecología de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura del estado de Baja California Sur, remitió vía fax su opinión respecto al proyecto, donde manifestó que la factibilidad del mismo podría considerarse viable, debiendo ser compatible con los objetivos de manejo de la Reserva Ecológica Estero San José. Asimismo, señaló que el proyecto se ajustaba a los usos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano correspondiente y, por lo tanto, era susceptible de desarrollo, debiendo considerar las siguientes recomendaciones:
"• En la operación de marinas se deberá cumplir las normas técnicas ecológicas en materia de calidad de agua y suelo y contar con planes de contingencia para el derrame accidental de combustible, lubricantes, residuos líquidos, etcétera.
• La imagen urbana deberá ser acorde a la localidad, de desarrollos de baja densidad y baja altura, las partes altas de existir, buscarán integrarse al paisaje.
• La parte del proyecto ubicada en la reserva deberá ser evaluada ambientalmente por el gobierno estatal y municipal conjuntamente con la Semarnap.
13. Debido a la importancia ambiental, social y económica que implica el proyecto, la entonces DGOEIA realizó una serie de reuniones con personal técnico de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Sedesol, Fonatur, el responsable de la elaboración de la MIA-I y con la promoverte, de las cuales se derivaron las siguientes conclusiones:
a) Las densidades establecidas en los lineamientos territoriales existentes en el área, ordenamiento ecológico y plan de desarrollo urbano, estaban sobrepasadas en el proyecto en 2.5 ctos/hectárea de lo permitido.
b) La ubicación de la marina era incongruente en una porción con los usos del suelo vigentes.
c) Los asentamientos irregulares en el sitio perjudicaban directamente el medio, incluida la superficie que ocupa el área natural protegida estatal Estero San José.
d) La realización del proyecto podría contribuir en cierta medida a frenar el deterioro presente en el sitio, debido a los asentamientos irregulares, así como por el beneficio que resultaría de crear un parque ecológico en el área colindante del Estero.
e) La empresa promovente aseveró en su momento que, de ser necesario, redefiniría el proyecto originalmente planteado, a fin de hacerlo congruente con lo establecido en el ordenamiento ecológico y en el plan del desarrollo urbano aplicables.
14. El 13 de octubre de 1998, mediante el oficio resolutivo número D.O.O.DGOEIA.-05058 (se anexa oficio), la entonces DGOEIA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracciones IX y X, 30 y 35, fracción II, de la LGEEPA, así como 5 y 20 de su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, autorizó en materia de impacto ambiental y de manera condicionada la realización de las siguientes obras y actividades del proyecto, en una superficie total de 338.25 hectáreas:
• Construcción de mil 641 cuartos condominales,
en una superficie de 67 mil 300 metros cuadrados.
• Construcción de áreas de servicios sobre
51 mil 116 metros cuadrados.
• Implantación de una zona ecológica en
280 mil metros cuadrados.
• Construcción de un campo de golf de 27 hoyos
en 90 hectáreas, incluido un campo de prácticas.
• Construcción de una casa club.
• Construcción de un club deportivo, con 12 canchas
de tenis.
• Implantación de áreas para deportes bajo
techo.
• Construcción de un área comercial.
• Construcción de un centro cultural, museo, teatro,
cine, etcétera.
• Dotación de drenaje sanitario y planta de tratamiento
de aguas residuales para el poblado La Playa.
• Dotación de red de electrificación, vialidades, alcantarillado sanitario y pluvial, red de alumbrado público, telefonía y televisión.
• Implantación de una planta desalinizadora.
En el término primero del oficio resolutivo en comento quedó asentado que no se autorizaban las siguientes obras:
• Construcción de 2 mil 580 lotes unifamiliares sobre una superficie de 1 millón 420 mil metros cuadrados.
• Construcción de 2 hoteles sobre una superficie de 67 mil 300 metros cuadrados.
• Construcción de una marina para mil 64 embarcaciones, en una superficie de 250 mil metros cuadrados.
15. El 15 de diciembre de 1998 se recibió en la entonces DGOEIA el oficio número SRG-497/98, del 14 de diciembre del mismo año, mediante el cual el ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, notificó a la promovente la resolución oficial del acuerdo de cabildo emanado en la sesión extraordinaria correspondiente al acta número 90 celebrada el 14 de diciembre de 1998, que a la letra dice: "Se declara aprobada por unanimidad la propuesta que bajo dictamen entregara la Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Ecología para que el ayuntamiento de Los Cabos, referente a la solicitud presentada por la empresa Puerto Los Cabos, SA de CV, en el cambio de uso de suelo de habitacional a residencial turístico, dado que es compatible con relación al cambio de uso rural a residencial; y considerando las colindancias marcadas con uso de alojamiento turístico y residencial, por sus características de la zona, es compatible y viable cambiarle a uso residencial, siempre que estas superficies en su conjunto no rebasen la densidad previamente establecida que maneja el plan de desarrollo urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas.
"En lo referente al cambio de uso de suelo de 7.9 hectáreas situadas en la zona de amortiguamiento del área natural protegida El Estero al solicitado, AT (alojamiento turístico), es compatible con los usos recreativos que permite el área de amortiguamiento en su plan de manejo vigente del área natural protegida El Estero; y restringe las actividades económicas productivas de uso restringido o moderado, sujetas a cumplir la normatividad vigente para tal efecto."
16. El 15 de diciembre de 1998, mediante escrito sin número del 14 del mismo mes y año, la promovente comunicó a la entonces DGOEIA que el ayuntamiento de Los Cabos, según constaba en el acta de cabildo número 90, aprobó por unanimidad los cambios de uso de suelo requeridos para llevar a cabo las obras que no fueron autorizadas en el oficio resolutivo número D.O.O.DGOEIA.-05085, del 13 de octubre de 1998.
17. El 16 de diciembre de 1998 se recibió en la entonces DGOEIA el oficio número 088/PU/98, de la misma fecha, mediante el cual el ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, manifestó lo siguiente: "Esta dependencia otorga el uso de suelo favorable para llevar a cabo un desarrollo en uso residencial turístico y uso alojamiento turístico con los usos complementarios que marca el plan de desarrollo urbano para esta zonificación y en observancia del acuerdo de cabildo emanado en la sesión extraordinaria correspondiente al acta número 90, celebrada el 14 de diciembre del año en curso…"
18. El 22 de enero de 1999, mediante escrito sin número del 21 del mismo mes y año, la promovente solicitó a la entonces DGOEIA que dictaminara como procedentes las obras que no fueron autorizadas en el oficio resolutivo número D.O.O.DGOEIA.-05085, del 13 de octubre de 1998, en virtud de haber obtenido de parte del ayuntamiento de Los Cabos, mediante el oficio número 088/PU/98, del 16 de diciembre de 1998, la autorización del cambio del uso de suelo para dichas obras, requerida por la DGOEIA en el citado oficio resolutivo.
19. El 20 de septiembre de 1999 se recibió vía fax en la entonces DGOEIA el oficio número 031, del 7 de enero del mismo año, mediante el cual la Dirección de Planeación Urbana y Ecología del gobierno de Baja California Sur dio respuesta a la solicitud de dictamen técnico de uso del suelo para el proyecto, presentada por la promovente el 2 de noviembre de 1998. En dicho oficio, esa unidad administrativa señaló que la información solicitada no se había presentado de manera suficiente ni técnicamente sustentada. Asimismo, señaló que la gestión de cambio de uso de suelo había sido realizada en ayuntamiento de Los Cabos sin haber contado previamente con el dictamen técnico de uso de suelo emitido por el gobierno de Baja California Sur.
La dirección en comento hizo referencia a que la emisión de opiniones o autorizaciones con relación al área natural protegida estatal Estero de San José del Cabo, sólo compete al gobierno del estado, por lo que cualquier cambio de uso del suelo sobre dicha área o sobre obras que representen afectación a ella, particularmente respecto a la marina prepuesta, era competencia exclusiva de la esfera estatal.
20. El 20 de septiembre de 1999 se recibió vía fax en la entonces DGOEIA el oficio número 332, del 7 de septiembre del mismo año, mediante el cual la Dirección de Planeación Urbana y Ecología del gobierno de Baja California informó a la promovente: "En un análisis sobre la información existente, surgen fuertes dudas sobre las obras de protección que requería el proyecto en su colindancia con la margen del río San José, ya que se estima que estas obras desviarían la corriente de agua hacia la margen opuesta, incrementando el riesgo de inundación de una parte de la ciudad y hoteles cercanos… Por lo anterior… sería conveniente explorar otro sitio factible, además de desarrollar a mayor detalle la integración urbanística y social de los poblados inmersos en el área del proyecto; asimismo, la propuesta vial en el contexto regional".
21. El 19 de octubre de 1999 se llevó a cabo una reunión, en las instalaciones del Instituto Nacional de Ecología, en la que participaron los representantes del gobierno de Baja California Sur, el ayuntamiento de Los Cabos, la Dirección de Planeación Urbana y Ecología de Baja California Sur, la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Sedesol, la delegación federal de la Semarnap en Baja California Sur, el Fonatur, la entonces DGOEIA y la promovente, donde –entre oros asuntos– se expusieron aspectos importantes relacionados con la ubicación de marina y la naturaleza del proyecto.
22. El 26 de octubre de 1999, mediante escrito sin número del 25 del mismo mes y año, la promovente remitió a la entonces DGOEIA los siguientes compromisos que asumía en relación con el proyecto:
"…
Pescadores
Dentro de la misma marina se tendrá un lugar específico, con capacidad suficiente para más de 80 pangas, y otro para que… los pescadores de La Playa puedan embarcar a sus clientes y comercializar sus productos…
Poblado La Playa
Puerto Los Cabos costeará 60 por ciento del valor de las obras para la instalación de la red de drenaje, que incluye una planta de tratamiento, para acondicionamiento de las calles y un remozamiento general de fachadas...
Agua
Se tiene en primera etapa el agua que proporcionará el Fonatur, tanto potable como tratada. Cuando esto no sea suficiente se instalará una desalinadora (sic), así como las plantas de tratamiento para el agua que origine el desarrollo.
Integración vial
Se mantendrá el actual camino de acceso a La Playa… permitiendo el acceso local entre San José del Cabo…
Se planea que el acceso principal al fraccionamiento sea por el lindero norte, a través de un libramiento, a la altura de Santa Rosa… Este libramiento entroncará con el nuevo camino costero a Cabo Pulmo.
Marina
Una pequeña parte de la zona conocida como ‘de amortiguamiento’… se empleará para el canal de acceso de la marina. A cambio de este espacio se obtendrán los beneficios…
Puerto Los Cabos se compromete formalmente a la promoción de una fundación con el único objeto de restaurar, conservar y embellecer El Estero de San José del Cabo…
Puerto Los Cabos está dispuesto a crear un capital semilla para el desarrollo de esta fundación, con la cantidad de 100 dólares estadounidenses de cada terreno que se vaya vendiendo.
…"
23. El 28 de octubre de 1999, mediante oficio número OS-0471/99, del 22 del mismo mes y año, dirigido a la entonces DGOEIA, la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura de Baja California Sur manifestó lo siguiente respecto al proyecto:
"… en opinión técnica de esta secretaría, el desarrollo urbanístico del proyecto es viable en tanto se ajuste a los planteamientos del plan de desarrollo urbano de San José del Cabo, así como la caracterización ambiental de la reserva estatal El Estero de San José."
Por lo anterior y una vez analizada la información hasta ahora existente, esta secretaría estima necesario para emitir autorización de proyecto…, así como la construcción de la marina, que se compruebe con certeza la no afectación de El Estero y la seguridad de las personas que vivan en ese desarrollo, a través de los siguientes elementos:
1. Contar con el dictamen técnico de la Comisión Nacional del Agua respecto a los escurrimientos pluviales de la zona.
2. Presentar estudio hidrológico del arroyo San José y proyecto de obras de protección avaladas por la Comisión Nacional del Agua.
3. Elaborar la manifestación de impacto ambiental, incluyendo la superficie que se sobrepone con el área de amortiguamiento de El Estero.
4. Presentar en el estudio anterior modelos de simulación referentes al comportamiento de litoral (transporte-depósito-erosión) que establezca el comportamiento de la barra de El Estero y zonas aledañas derivados de la construcción de los espigones propuestos…"
24. El 11 de noviembre de 1999, mediante el oficio número D.O.O.DGOEIA.-007238, la entonces DGOEIA solicitó la opinión de la Dirección General de Desarrollo Urbano con relación a los estudios correspondientes a la construcción, ubicación y densidad, conforme a lo establecido en el plan de desarrollo urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas, para la marina referida en el proyecto.
25. El 19 de noviembre de 1999, mediante el oficio número D.O.O.DGOEIA.-007439, la entonces DGOEIA, con fundamento en los artículos 35 Bis de la LGEEPA y 13 de su Reglamento en materia de Impacto Ambiental, y derivado de la opinión de la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura de Baja California Sur, conforme a los señalado en el numeral 23 del presente, solicitó a la promovente la presentación de información adicional con el propósito de continuar la evaluación de las obras restantes del proyecto.
26. El 8 de marzo de 2000 se recibió en la entonces DGOEIA el escrito sin número del 7 del mismo mes y año mediante el cual la promovente manifestó lo siguiente respecto al proyecto:
"… en virtud de que el 30 de diciembre de 1999 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el nuevo plan director de desarrollo urbano de San José del Cabo y Cabo San Lucas, BCS, en el que se considera la figura ‘proyecto turístico integral’ al que se acopla el proyecto…
Asimismo, les reiteramos que el proyecto, en la zona identificada como de amortiguamiento, también deberá ajustarse a las normas generales de uso establecidas para la zonificación interna de impacto mínimo que señala el plan de manejo de la reserva ecológica Estero de San José…
27. El 10 de abril de 2000, mediante escrito sin número de la misma fecha, la promovente ingresó en la entonces DGOEIA la información adicional solicitada, conforme a lo indicado en el numeral 25 del presente.
28. El 8 de mayo de 2000 se recibió en la entonces DGOEIA el oficio número 310.4.-240, del 28 de abril del mismo año, mediante el cual la Dirección General de Desarrollo Urbano de la Sedesol, con base en lo establecido en el plan director de desarrollo urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas, vigentes a partir del 29 de marzo de 2000, emitió su dictamen técnico sobre el proyecto, señalando lo siguiente:
"…
Después de haber realizado la evaluación técnica del proyecto de referencia, esta dirección general considera procedente el uso general del suelo solicitado, con base en que:
• Cumple los usos específicos establecidos en el plan director de desarrollo urbano Los Cabos (vigente), para este tipo de proyectos.
No obstante, el promovente deberá aplicar y cumplir la… normatividad a que se sujetará la zonificación propuestas como aprovechamientos dentro del desarrollo turístico integral (DTI)…
Por lo que respecta a la realización de la marina en el lugar propuesto por el proyecto, quedará sujeto el resultado de los estudios de impacto ambiental del área natural protegida que actualmente el desarrollador formula para que, en su momento, se avale por los gobiernos estatales y los municipales, la… Semarnap, la Comisión Nacional del Agua y la propia Sedesol.
29. El 19 de mayo de 2000 se efectuó una reunión en las oficinas del Fonatur, en San José del Cabo, que contó con la participación de los representantes del Comité pro Recuperación y Restauración del Estero San José del Cabo y de la promovente, cuyo objetivo fue definir puntualmente las observaciones e inquietudes que, en opinión de dicho comité, habrían de considerarse durante la evaluación del proyecto y su correspondiente autorización, debido a la afectación que la construcción de la marina pudiera representar para el área natural protegida, derivado de la canalización y las obras de protección que se requerían.
Por lo anterior, la entonces DGOEIA determinó que, para continuar la evaluación de las obras, hasta entonces no autorizadas del proyecto, solicitaría a la promovente el estudio hidrológico integral del Estero San José con las adecuaciones señaladas por la CNA.
30. El 17 de julio de 2000 se recibió vía fax en la entonces DGOEIA el oficio número OS236/00, del 14 del mismo mes y año, mediante el cual la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura de Baja California Sur informó al presidente del Instituto Nacional de Ecología que, derivado de la reunión celebrada el 19 de mayo de 2000 entre el Comité pro Recuperación y Restauración del Estero de San José y los representantes del proyecto, se establecieron las siguientes conclusiones:
"…
1. La relevancia de presentar el estudio hidrológico que dé soporte a la propuesta de obras de proyección y la repercusión de éstas sobre el resto de las zonas, una vez que la información ingresada en la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua fue insuficiente, comprometiéndose el promovente a realizar todas las adecuaciones que en visita de campo se señalaron por la CNA.
2. En este estudio, la CNA señaló que se deben elaborar secciones sobre el cuerpo de agua del denominado Estero partiendo de la barra hacia aguas arriba, con objeto de determinar el nivel máximo esperado, y sobre los cuales se proyectarían las obras de protección requeridas para la ribera opuesta de la marina, ya
29. El 19 de mayo de 2000 se efectuó una reunión en las oficinas del Fonatur, en San José del Cabo, que contó con la participación de los representantes del Comité pro Recuperación y Restauración del Estero San José del Cabo y de la promoverte cuyo objetivo fu definir puntualmente aquellas observaciones e inquietudes que, en opinión de dicho Comité, habrían de considerarse durante la evaluación del proyecto y su correspondiente autorización, debido ala posible afectación que la construcción de la marina pudiera representar para el área natural protegida, derivado de la canalización y las obras de protección que se requerían.
Por lo anterior, la entonces DGOEIA determinó que, para continuar con la evaluación de las obras hasta entonces no autorizadas del proyecto, solicitaría a la promoverte el estudio hidrológico integral del estero San José, con las adecuaciones señaladas por la CNA.
30. El 17 de julio de 2000 se recibió vía fax, en la entonces DGOEIA, el oficio número OS236/00 del día 14 del mismo mes y año, mediante el cual la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura del Estado de Baja California Sur informó al Presidente del Instituto Nacional de Ecología que, derivado de la reunión celebrada el 19 de mayo de 2000 entre el Comité pro-Recuperación y Restauración del Estero San José y los representantes del proyecto se establecieron las siguientes conclusiones.
…
1. La relevancia de presentar el estudio hidrológico que dé soporte a la propuesta de obras de proyección y la repercusión de éstas sobre el resto de las zonas, una vez que la información ingresada a la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua fue insuficiente, comprometiéndose el promovente a realizar todas aquellas adecuaciones que en visita de campo se señalaron por la CNA…
2. En este estudio la CNA señaló que se deben elaborar secciones sobre el cuerpo de agua del denominado estero partiendo de la barra hacia aguas arriba, con el objeto de determinar el nivel máximo esperado, y sobre los cuales se proyectarían las obras de protección requeridas para la ribera opuesta de la marina, ya que el encauzamiento derivado de las obras de protección para el proyecto incrementaría el gasto y dirección del flujo hacia esa ribera.
3. Referente a los impactos ambientales determinados por las obras de construcción del canal de llamada para la marina y con base en el extracto de la manifestación de impacto ambiental presentada y la simulación de la línea de playa de la zona asociada a la construcción de la escollera… estos datos han sido revisados por la Universidad Autónoma de Baja California…., que ha manifestado… que las afectaciones de la línea de costa son muy relevantes, ya que no se proponen medidas de mitigación que permitan asegurar que esta modificación del litoral no representa un riesgo para el funcionamiento natural de la reserva.
4. Con relación a lo anterior, el plan de manejo propone establecer en la barra un punto de vertimiento y control para el nivel del agua del estero en época de lluvias, que permita evitar inundaciones de las áreas colindantes…
El objeto de este escrito es solicitar que estas inquietudes sean consideradas y evaluadas dentro del procedimiento… para la autorización en materia de impacto ambiental.
31. El 10 de agosto de 2000, mediante oficio D.O.O.DGOEIA.- 004626, la entonces DGOEIA solicitó a la promoverte el estudio hidrológico integral del estero San José del Cabo, con las adecuaciones señaladas por CNA de conformidad con los acuerdos establecidos en la reunión celebrada el 19 de mayo de 2000, e indicados en el numeral 30.
32. El 24 de agosto de 2000, mediante escrito sin número del día 22 del mismo mes y año, en respuesta a la solicitud expresa de la entonces DGOEIA, conforme a lo indicado en el numeral 31, la promoverte ingresó el estudio hidrológico integral.
33. El 13 de septiembre de 2000, mediante oficio D.O.O.DGOEIA.- 05494, la entonces DGOEIA solicitó la opinión de la delegación federal de la Semarnap en Baja California Sur, con respecto al estudio hidrológico integral que remitió la promoverte para el proyecto, con el fin de obtener sus comentarios e incorporarlos al oficio resolutivo que se emitiera.
34. En octubre del 2000 se recibió en la entonces DGOEIA copia del oficio número 295/00 del 27 de septiembre del mismo año, mediante el cual la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur informó al promoverte que el proyecto era viable y consideraba adecuada la solución , propuesta por la misma promovente, de monitorear el nivel crítico de las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales extraordinarias para evitar inundaciones; sin embargo, manifestó su desacuerdo en cuanto al rompimiento de la barra del estero, debido a que cambiarían las condiciones ecológicas del mismo, por lo que consideró pertinente elabora un proyecto hidráulico para crear un área mayor del vaso del estero, y un sistema que permitiera evacuar el agua cuando llegase al nivel crítico.
35. El 3 de noviembre de 2000 se recibió en la entonces DGOEIA copia del oficio número OS-0321/00 del 25 de octubre de 2000, emitido por la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur, donde dicha dependencia señaló que veía con beneplácito el proyecto, pero su autorización se daría hasta que cumpliera satisfactoriamente con los siguientes puntos, sin menoscabo de la que fuera aprobada la MIA-I que se encontraba en revisión por el Instituto Nacional de Ecología:
a) El proyecto de ingeniería hidráulica que permita el desalojo controlado del agua.
b) Una propuesta económica, aprobada por los miembros del Comité pro Restauración del Estero San José, para la realización de diversos trabajos de investigación, rescate y preservación de las condiciones bióticas que existen en esa área natural protegida.
36. Con fecha 17 de noviembre de 2000, mediante el oficio D.O.O.DGOEIA.- 006820, la entonces DGOEIA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracciones IX y X, 30, primer párrafo, y 35, fracción II, del a LGEEPA, y 5, fracción III, inciso a), y 20, fracción II, de su reglamento en materia de impacto ambiental, autorizó de manera condicionada la realización de las obras del proyecto que no había sido autorizadas en el oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.- 05085 del 13 de octubre de 1998, que consistían en:
• Construcción de 2 mil 580 lotes unifamiliares sobre una superficie de un millón 420 mil metros cuadrados.
• Construcción de dos hoteles sobre una superficie de 67 mil 300 metros cuadrados.
• Construcción de una marina para mil 64 embarcaciones, en una superficie de 250 mil metros cuadrados.
La realización de dichas obras quedó sujeta al cumplimiento de siete términos y 26 condicionantes, así como al cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en el oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.- 05085 del 13 de octubre de 1998.
37. El 27 de enero de 2003, mediante escrito sin número del día 20 del mismo mes y año, la promoverte solicitó a esta DGIRA la autorización para la modificación del proyecto, la cual consistía en incrementar la superficie total de aprovechamiento, de 338.25 hectáreas a 833.57 hectáreas.
38. El 17 de febrero de 2003, mediante oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DIA.-0367/03, en respuesta a la solicitud expresa de la promoverte, conforme a lo señalado en el numeral inmediato anterior, esta DGIRA, con fundamento en los artículos 28, fracciones VII, IX y XI de la LGEEPA, y 4, 5, incisos O), Q) y R), 6, fracción III, 9, 10, fracción I, 11, fracción IV, 17, 19 y 28, fracción I, del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, publicado en el DOF el 30 de mayo de 2000, solicitó al promoverte la presentación de una manifestación de impacto ambiental, modalidad Regional (MIA-R), para poder evaluar la viabilidad ambiental de las modificaciones planteadas al proyecto.
39. El 30 de mayo de 2003, mediante escrito sin número del día 12 del mismo mes y año, la promoverte solicitó nuevamente a esta DGIRA, la autorización para la modificación del proyecto, la cual consistía básicamente en una redistribución de usos de suelo y superficies, sin variar la superficie total de aprovechamiento, que había sido autorizada originalmente.
40. El 30 de julio de 2003, mediante oficio S.G.P.A.- DGIRA.- DEI.-0058.03, en respuesta a la solicitud expresa de la promoverte, conforme a lo señalado en el numeral inmediato anterior, esta DGIRA solicitó al promoverte la presentación de información adicional para poder evaluar la viabilidad ambiental de las modificaciones del proyecto.
41. El 11 de septiembre de 2003, mediante escrito sin número del día 3 del mismo mes y año, la promoverte solicitó a esta DGIRA una prórroga de la vigencia de los oficios resolutivos D.O.O.DGOEIA- 05085 del 13 de octubre de 1998 y D:O.O.DGOEIA.- 006820 del 17 de noviembre del 2000, para llevar a cabo la construcción de las obras autorizadas para el proyecto.
42. El 7 de octubre de 2003, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.1947.03, en respuesta a la solicitud expresa de la promoverte, conforme a lo señalado en el numeral inmediato anterior, esta DGIRA, con fundamento en el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, otorgó la prórroga de la vigencia paro 2.5 y 1.5 años para los oficios resolutivos D.O.O.DGOEIA.- 05085 del 13 de octubre de 1998 y D.O.O.DGOEIA.- 006820 del 17 de noviembre de 2000, respectivamente, para llevar a cabo la construcción de las obras autorizadas para el proyecto.
43. El 21 de octubre de 2003, mediante escrito sin número del día 20 del mismo mes y año, la promoverte ingresó la información adicional solicitada por esta DGIRA, para poder evaluar la viabilidad ambiental de las modificaciones del proyecto, conforme a lo indicado en los numerales 39 y 40 del presente.
44. El 2 de diciembre de 2003, mediante oficio S.G.P.A.- DGRIA.- DEI.- 0887.03, en respuesta a la solicitud expresa de la promovente, conforme a lo señalado en el numeral 39 del presente, esta DGIRA, con fundamento en el artículo 28, fracción II, del Reglamento de la LGEEPA en materia de evaluación del impacto ambiental, acordó autorizar las modificaciones del proyecto, con las cuales se redujo la superficie a afectar por la construcción de las obras de 205.63 hectáreas a 179.10 hectáreas.
45. El 15 de abril de 2005, mediante escrito sin número del día 12 del mismo mes y año, la empresa Puerto Los Cabos, SA de CV, dio aviso del cambio de titularidad de los oficios resolutivos D.O.O.DGOEIA.- 05085 del 13 de octubre de 1998 y D.O.O.DGOEIA.- 006820 del 17 de noviembre de 2000, a favor de Banco Inmex, SA, institución de banca múltiple, Invex Grupo Financiero, fungiendo como sociedad apoderada la empresa Marina La Playita, SA de CV.
46. El 21 de abril de 2005, mediante escrito sin número del día 19 del mismo mes y año, la promovente solicitó a esta DGIRA, la ampliación por 18 meses del plazo establecido para las obras de construcción autorizadas mediante oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.- 006820 del 17 de noviembre de 2000.
47. El 3 de mayo de 2005, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.1213.05, en respuesta al aviso de la promovente, conforme a lo señalado en el numeral 45 del presente, esta DGIRA se dio por enterada del cambio de titularidad de los oficios resolutivos en comento, a favor del Banco Inmex, SA, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, fungiendo como sociedad apoderada la empresa Marina La Playita, SA de CV.
48. El 12 de mayo de 2005, a través del oficio S.G.P.A./DGIRA/DEI/1305.05, en respuesta a la solicitud expresa de la promoverte conforme a lo señalado en el numeral 46 del presente, esta DGIRA otorgó la ampliación de plazo establecido en el oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.- 006820 del 17 de noviembre de 2000, por un periodo de 18 meses, para concluir la construcción de las obras y actividades faltantes del proyecto. Dicho plazo comenzaría a partir del día siguiente a la recepción del oficio de ampliación en comento, hecho que ocurrió el 30 de mayo de 2005, según consta en el acuse de recibo que obra en el expediente técnico-administrativo del proyecto.
49. El 4 de octubre de 2006, a través del escrito sin número del 25 de septiembre del mismo año, la promovente solicitó a esta unidad administrativa una prórroga (ampliación) por 3 años del plazo establecido en el oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.- 006820 del 17 de noviembre de 2000 para concluir la construcción de las obras y actividades faltantes del proyecto.
50. El 4 de octubre de 2006, a través del escrito sin número del 29 de septiembre del mismo año, la promovente solicitó a esta unidad administrativa la autorización para llevar a cabo una nueva modificación del proyecto.
51. el 18 de octubre de 2006, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2040.06, en respuesta a la solicitud expresa de la promovente, conforme a lo señalado en el numeral inmediato anterior, esta DGIRA, con fundamento en el artículo 6, párrafo penúltimo y último, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, acordó autorizar las modificaciones del proyecto, reiterándole a la promovente su obligación de tramitar y obtener las autorizaciones, concesiones, licencias y permisos correspondientes.
52. El 9 de noviembre de 2006, a través del oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.2170.06, en respuesta a la solicitud expresa de la promovente, conforme a lo señalado en el numeral 49 del presente, esta DGIRA, con fundamento en el artículo 31 del la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, otorgó a la ampliación del plazo establecido en el oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.-006820 del 17 de noviembre de 2000, por tres años adicionales para concluir la construcción de las obras y actividades faltantes del proyecto. Dicho plazo comenzaría a partir del día siguiente a la recepción del oficio de ampliación en comento, hecho que ocurrió el 14 de noviembre de 2006, según consta en el acuse de recibo que obra en el expediente técnico-administrativo del proyecto.
53. El 28 de mayo de 2007, mediante escrito sin número del día 24 del mismo mes y año, la promoverte solicitó a esta DGIRA que se le dictara criterio respecto a la vigencia de los oficios resolutivos D.O.O.DGOEIA.- 05085 del 13 de octubre de 1998 y D.O.O.DGOEIA.- 006820 del 17 de noviembre de 2000.
54. El 21 de junio de 20007, a través del oficio S.G.P.A/DGIRA/DG/1444/07 (se anexa oficio), en respuesta a la solicitud expresa de la promovente, conforme a lo indicado en el numeral inmediato anterior esta DGIRA le informó lo siguiente:
Analizadas las constancias que obran en el expediente técnico-administrativo del proyecto, se determinó que no existía solicitud previa o documento alguno mediante el cual la promovente hubiese solicitado a esta DGIRA la ampliación del plazo establecido en el citado oficio resolutivo, por lo que en ese sentido se desprendía que el acto administrativo emitido por esta DGIRA, consistente en dicho oficio, ya no tiene vigencia para llevar a cabo la construcción de las obras autorizadas del proyecto.
Para aquellas obras autorizadas mediante el oficio resolutivo, que hayan sido construidas y que estén en operación, se encuentra vigente el plazo establecido en el miso oficio resolutivo para la operación del proyecto.
En caso de que la promovente pretenda continuar con la construcción de las obras y actividades del proyecto, autorizadas mediante oficio resolutivo D.O.O.DOEIA.- 05085 del 13 de octubre de 1998, deberá someterlas de nueva cuenta al procedimiento de evaluación en materia de Impacto Ambiental ante esta DEGIRA, para lo cual deberá presentar una manifestación de impacto ambiental, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 9, 14, de ser el caso, 17 y 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
De los autos que obran el expediente, la tramitación de la concesión de zona federal marítimo-terrestre y la autorización para realizar obras que afectan la morfología costera fue de la siguiente manera y se encuentra en este estado:
2. En la zona solicitada existían 4 solicitudes traslapadas, pero mediante escritos libres los ciudadanos Lisandro Miguel Ángel Rocín González, Jesús Ceseña Burgoin y José Antonio Aripez Álvarez se desistieron de las solicitudes de concesión que habían presentado.
3. La Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros (DGZMTAC) otorgó el título de concesión número ISO-MR-N-DGZF-056/04 el 29 de enero de 2004, sobre una superficie de 2 mil 400 metros cuadrados para uso general de ocupación y aprovechamiento sin autorización para realizar obras con una vigencia de 15 años, en ella se indica que el concesionario debe abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de construcción fija o semifija.
Esta autorización se otorgó en virtud de que el proyecto presentado cumplió con lo planes y programas de desarrollo urbano como lo indica la constancia de congruencia de uso de suelo 049 PU/98 de fecha 10 de julio de 1998, así como las autorizaciones en materia de impacto ambiental presentadas por el promovente.
Asimismo, consideró que el proyecto, según los documentos e información presentados, satisfacían los requerimientos de la navegación y de comercio marítimo, la defensa del país, el impulso a las actividades pesqueras y fomento a las actividades turísticas y recreativas, actividades consideradas de interés público.
Se revisaron también los rubros de monto de inversión, plazo de amortización y beneficio social y económico de la región, así como la necesidad de la localidad de que se prestará la actividad y servicios que propone el proyecto.
4. El 25 de febrero de 2004, Nacional Financiera, SNC, en su carácter de institución fiduciaria del Fonatur presentó la solicitud de cesión del título de concesión DGZF-056/04 a favor de Banco Invex, SA.
5. El 21 de mayo de 2004, la DGZFMTAC autorizó la cesión de derechos y obligaciones de la concesión DGZF-056/04 del Fonatur al Banco Invex, SA, para uso general sin autorización para realizar obras.
6. El 3 de agosto de 2006, el banco Invex, SA, solicitó la autorización para realizar obras que modifican la morfología costera en parte de la zona federal marítimo-terrestre concesionada mediante el título DGZF-056/04, para la apertura de un canal de acceso para el ingreso de embarcaciones menores a la marina.
Anexo a la dicha solicitud se presentó el título de concesión expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para usar y aprovechar bienes de dominio público de la Federación, consistentes en zona marítima para la construcción y operación de una marina de uso particular por un término de 20 años, de fecha 14 de octubre de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2002, así como su modificación de fecha 5 de marzo de 2004.
7. El 21 de mayo de 2007, la Dirección de Manejo Integral de Ambientes Costeros de la DGZFMTAC emitió la opinión técnica 348, en la cual se determina que el trámite de modificación de la morfología costera cumple con los requerimientos técnicos ambientales establecidos en la normatividad vigente.
8. El 2 de julio de 2007, la DGZFMTAC autorizó
la realización de obras que modifican la morfología costera
para una superficie de mil 115.20 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre
y ambientes costeros.
Informes
México, DF, a 21 de enero de 2008.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Distinguida diputada Zavaleta Salgado:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades, me es grato remitir a usted cuatro ejemplares del informe del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.
Sin otro particular por el momento, reciba mi más atenta y distinguida consideración.
Doctor José Luis Soberanes Fernández (rúbrica)
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
Iniciativas
La suscrita, diputada federal María del Pilar Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Registro Nacional de Servidores Públicos, con fundamento en la siguiente
Exposición de Motivos
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera como eje 1 del capítulo "Estado de Derecho y Seguridad" la actuación íntegra y transparente de la autoridad que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan en todo momento con las instituciones que garantizarán el respeto de sus derechos mediante la aplicación de la Ley. Dentro del subtítulo "Objetivo", denominado "Confianza en las instituciones públicas", establece como "estrategia 10.2 difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social. Uno de los beneficios de la transparencia gubernamental es la difusión de los casos en que las autoridades responsables de la sanción de las malas prácticas de los servidores públicos efectivamente castigaron alguna conducta ilícita o delictiva, de manera que la ciudadanía conozca las acciones de la administración pública para inhibir la corrupción. Por disposición de la ley, no todas las sanciones incluyen la destitución del servidor público, por lo cual los empleados sancionados pueden seguir laborando en ocasiones protegidos por el propio marco jurídico o sus organismos gremiales. Se ampliará la difusión de las sanciones administrativas y penales que las autoridades competentes impongan a los malos servidores públicos, como ejercicio de rendición de cuentas y estrategia disuasoria de nuevas conductas ilícitas".
De conformidad con la costumbre imperante con relación a la imposición de sanciones administrativas a servidores públicos, encontramos que por una parte el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública cuenta con la Dirección de Registro de Servidores Públicos Sancionados; por otra parte, en el Poder Legislativo se cuenta con centros de registro de los servidores públicos en las respectivas Cámaras; de igual forma, en el Poder Judicial se cuenta con su archivo de servidores públicos sancionados.
Por lo que corresponde a los servidores públicos en los gobiernos de los distintos estados de la federación, se cuenta con su respectivo centro de registro de servidores públicos sancionados. En materia municipal, de igual forma, hay sus archivos sobre la materia.
Al día de hoy hay un incipiente intento de integrar dicha información por parte de la Secretaría de la Función Pública sobre la materia, mediante convenios de colaboración. Pero es aún muy elemental dicha integración para considerar una integración nacional.
Antaño existía la errónea creencia de que el fincamiento de una sanción administrativa por el órgano de control interno del Ejecutivo federal no afectaba al servidor público si éste acudía a laborar en un gobierno estatal o municipal. La Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de subsanar ese criterio, empezó a celebrar convenios de colaboración con entidades federativas para que dicha sanción surtiera efectos en la respectiva entidad; sin embargo, éstos no son obligatorios.
Cuando se aplica como sanción la inhabilitación temporal es para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, sin precisar en qué ámbito surtirá efectos dicha sanción, pues la inhabilitación constituye una sanción acorde con el sistema de responsabilidades administrativas previsto constitucional y legalmente, que genera certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de esa sanción en todos los órdenes de gobierno. Esto último se corrobora con los artículos 109, 110 y 113 constitucionales, los cuales prevén un sistema que regula la actuación de los servidores públicos conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar las personas en el desempeño de sus funciones, y los procedimientos para la aplicación de sanciones, en caso de inobservancia, entre otras, las de carácter administrativo.
Esto es, la sanción impuesta a servidores públicos de cualquier nivel de gobierno no se restringe o limita en función del ámbito donde la persona prestaba sus servicios, ni por la competencia de la autoridad que la sancionó, en virtud de que la inhabilitación guarda relación directa e inseparable con la esfera personal del servidor público, independientemente del lugar donde desempeñe los servicios, pues la sanción de que se trata consiste en la incapacidad absoluta para obtener o ejercer cargos públicos, con la finalidad de proteger el servicio público prestado por la persona a la sociedad, considerando aquél como un concepto unitario autónomo del nivel de gobierno en que se preste, pues los principios que se busca tutelar no se encuentran restringidos o limitados en función del ámbito de gobierno; por tanto, la sanción administrativa consistente en la "inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público" rige para todos los puestos públicos y en todos los niveles de gobierno.
Ahora bien, el Registro de Servidores Públicos tiene como objetivo principal, dentro del marco de transparencia gubernamental, que la sociedad mexicana tenga acceso a la información sobre los servidores públicos que hayan efectuado alguna conducta administrativa irregular y hayan sido sancionados. También tiene como objeto que los tres niveles de gobierno cuenten con servidores públicos de conducta proba y que no puedan ser sujeto de cuestionamientos para la realización de su servicio público.
Dicho organismo se coordinará además con las contralorías internas de la federación, de los estados y los municipios, de manera que podrá interactuar y retroalimentar a cada una de ellas para recibir y proporcionar información mediante sistemas de tecnología avanzada sobre la materia.
Asimismo, se estima que dicho registro tenga naturaleza de un organismo descentralizado porque adquiere un estatus administrativo que permite, sin desligarse de la orientación política, gubernamental o financiera de algún Poder la Unión, entidad federativa o municipio, amplia libertad en la definición de sus políticas internas en el desarrollo y reglamentación de sus funciones, en la constitución de sus órganos de gobierno, en la administración de sus recursos y en sus relaciones con los sectores privado y social.
Implica, pues, dotarla de personalidad jurídica propia; por tanto, diferente de la del sector central, con el cual se vinculará incorporando las políticas gubernamentales a su desarrollo institucional y rindiendo informe de su gestión financiera.
Tener personalidad jurídica propia permitirá al organismo libertad de acción directa, posibilidad de ejercer sus funciones sin necesidad de autorizaciones del centro que las tornen burocráticas o dificulten el cumplimiento expedito de sus propósitos. Significa facultad de ejercer derechos y cumplir obligaciones, e involucra también tener un patrimonio propio y un régimen jurídico propio, significa profesionalizar el servicio público que se le encomienda.
El patrimonio del registro estará formado por los bienes muebles e inmuebles que se le asignen al momento de su constitución, así como el pago de derechos por los trámites relativos a la expedición de constancias de no inhabilitación, los recursos financieros que proporcionen el sector público (federación), organismos públicos autónomos, entidades federativas y municipios con motivo del pago de derechos por la administración de su información, y los derechos que genere por la prestación de servicios, y los derechos patrimoniales y fideicomisos que se constituyen en su beneficio.
La organización descentralizada y la personalidad jurídica propia implican libertad de actuación, organización y gestión dentro de los límites del ordenamiento que crea la institución. No significa inmunidad ni irresponsabilidad jurídica o situación de excepción análoga, y se expresa en diversos planos: técnico, jurídico, orgánico y financiero. Desde el punto de vista técnico, se halla referida a la forma de prestación del servicio, es decir, a la libertad para señalar orientaciones, definir objetivos, metas, formas de ejecución, elección de medios; para controlar, corregir y evaluar acciones y desde el punto de vista laboral formará parte de la regulación del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República.
En el ámbito de lo jurídico permite el ejercicio de una potestad reglamentaria, que al ser ejercida por los órganos internos facilita la adecuación expedita de la normatividad al desarrollo de la institución.
A nivel orgánico se manifiesta en la facultad de organización interna, es decir, la definición específica de las funciones de cada órgano, su forma de integración, sus relaciones internas, funcionamiento y renovación.
En el ámbito financiero significa capacidad para administrar los recursos económicos, definir las formas de financiamiento interno y gestionar el externo, elaborar y aprobar presupuestos, aplicar recursos y controlar el ejercicio financiero. Toda vez que el registro manejará recursos públicos, aportaciones de la federación, se hace necesario que informe anualmente sobre el estado que guarden sus finanzas a su principal fuente de financiamiento.
Por lo expuesto, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Registro Nacional de Servidores Públicos
Único. Se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 113. ...
El Registro Nacional de Servidores Públicos es la institución que tiene a su cargo el registro y seguimiento del patrimonio y de las sanciones impuestas a los servidores públicos. También se integrará con la información de los servidores públicos sancionados en materia de responsabilidad administrativa en la federación, así como en las entidades federativas y en los municipios, en los términos que hacen referencia los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución federal.
Previamente a la toma del encargo, se requerirá la constancia que al efecto emita el Registro de Nacional Servidores Públicos, en la cual se asentará si hay o no registro de sanción del servidor público correspondiente.
El Registro se regirá de conformidad con el reglamento interior que al efecto se expida y determinará los sistemas que se requerirán para dicho propósito.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la publicación del presente decreto, se expedirá la ley reglamentaria que regule las funciones y actividades del Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, así como las medidas necesarias para la coordinación de la información que obre en los diversos órganos de control de la federación, de los estados y de los municipios. En tanto esto suceda, continuarán dichos registros trabajando con las facultades que tienen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Diputada María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica)
QUE ADICIONA LA FRACCIÓN
VI BIS AL ARTÍCULO 176 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A
CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la elevada consideración de esta asamblea legislativa iniciativa con proyecto de decreto que añade la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las primas por robo sean deducibles hasta por 10 por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente, con arreglo a la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, las tasas de delito en México no mejoran desde hace 10 años, aunque hay que reconocer que las denuncias por robo si bien han tenido una ligera reducción: 15 por cada mil habitantes en 1998, 13 en 2005 y 13.6 entre 2006 y 2007,1 en los delitos contra la integridad física, los que incluyen violencia física, no han registrado ninguna variación importante, ya que en 1998 ocurrieron un promedio de 4.8 delitos de este tipo por cada mil habitantes del país, mientras que durante 2006 y 2007 la cifra se ubicó en alrededor de 4.7 delitos.
No obstante, en regiones como la Ciudad de México el balance revela que hay un incremento de más de 6 por ciento en el índice delictivo, sobre todo en robo a transeúnte y extorsión,2 lo que significa que en 2007 se cometieron en promedio 445 delitos al día, en comparación con los 410 registrados el año pasado, principalmente el robo a transeúnte por robo de celulares.
En los hechos se ha demostrado que un alto porcentaje de mexicanos que han sido víctimas de algún delito no los denuncian,3 por desconfianza en las autoridades y en las leyes, además de que temen a las represalias de los acusados, ante la ausencia de protecciones legales suficientes para la víctima.
Es por tanto indispensable profundizar sobre los derechos del ofendido, de la víctima, con un espíritu protector que incluya no sólo la participación de entidades gubernamentales sino de organizaciones sociales y de la iniciativa privada, para evitar que subsista la idea en la población de que la víctima sigue abandonada, relegada a la angustia e indignación de haber sido víctima de la delincuencia, sin que nadie atienda las secuelas físicas y psicológicas que la han dejado marcada para siempre.
La víctima no tuvo reconocimiento constitucional hasta 1993, mediante una reforma del artículo 20. En septiembre de 2000, con la modificación constitucional, se tomaron en cuenta las garantías de las víctimas, adicionando las seis fracciones del Apartado B del artículo 20 citado.4
Sin embargo, estos derechos acordados en favor del ofendido no han tenido los resultados esperados: por una parte, debido a que muchas de estas disposiciones nunca se reglamentaron; y por otra, a la falta de recursos para atender a las víctimas, que ha disminuido la capacidad del propio Estado para cubrir dichas garantías.
Si tomamos en cuenta los delitos que no se denuncian, los derechos de las víctimas no sólo se han vuelto ineficaces e insuficientes sino que, de plano, casi desaparecen.
De hecho, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) ha llevado a cabo 4 encuestas nacionales de esa índole, alternadamente sobre las 32 entidades federativas del país y sobre algunas de las áreas metropolitanas más importantes, de las cuales la Ciudad de México tiene el mayor porcentaje de viviendas en las que se encontraron una o más víctimas durante 2005:5 en 3 de cada 10 hubo al menos una persona que sufrió uno o más delitos. Asimismo, de cada 10 capitalinos, 3 han sido agraviados por la delincuencia por lo menos una vez en su vida, en donde casi 80 por ciento de los delitos se cometieron con violencia.
El robo con violencia a transeúnte es el más cometido en el país. También en la Ciudad de México ocupa el primer lugar: 6 de cada 10 delitos. El segundo sitio lo ocupan aquí otras modalidades varias de robo, el tercero las lesiones y el cuarto el robo a casa habitación.
Sin embargo, más allá de las cifras, el rubro que más preocupa a la población es de los robos porque muchos se cometen a mano armada, en cuyo caso no sólo se da la pérdida material sino que además pueden sumarse las lesiones y el daño psicológico, con secuelas de distinta índole, y que afectan gravemente la vida de las personas, personal, familiar y social.
Ante la escalada de asaltos, que no solamente han crecido en número, sino que se han venido agravando por el grado de violencia, es urgente ampliar la capacidad de respuesta del Estado y sumar a otros actores a la atención de las víctimas, fundamentalmente a la iniciativa privada en la asistencia jurídica, médica y psicológica, después de haber sufrido un robo con violencia.
Hoy, las compañías aseguradoras ofrecen primas que cubren el riesgo de perder bienes materiales por el delito de robo, como ocurre en el caso de los celulares o por robo en casa habitación, pero pocas ofrecen seguro para atención a las víctimas, por lo que es prioritario estimular que las aseguradoras brinden este servicio, a través de la deducibilidad de la prima por este concepto del pago del impuesto sobre la renta.
Por ello, y en mérito de lo expuesto, tengo a bien proponer el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se añade la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
VI Bis. Las primas por seguros contra consecuencias de robo que cubran los servicios de asistencia jurídica, médica y psicológica, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta diez por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio.
VII. (…)
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
Notas
1. "Tasas de delito en México no mejoran ni empeoran
desde hace 10 años", en http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act969643.htm
2. "Termina SSPDF con aumento en la delincuencia"; en
El
Financiero, nacional, jueves 27 de diciembre; http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=96590&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
3. Según la Cuarta Encuesta Nacional sobre Inseguridad
Urbana 2006, realizada por el Icesi, sólo 2 de cada 10 mexicanos
ofendidos por un ilícito de orden penal, han acudido ante las autoridades
correspondientes a denunciar el delito. Y del total de los delitos denunciados,
sólo en 14 por ciento se inició averiguación previa.
4. Artículo 20. En todo proceso de orden
penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las
siguientes garantías:
A. (…)
B. De la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser
informado de los derechos que en su favor establece la Constitución
y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público,
a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente,
tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen
las diligencias correspondientes.
Cuando el Ministerio Público considere que no
es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar
su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito,
atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos
en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado
a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá
absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia
condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para
ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Cuando la víctima o el ofendido sean
menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado
cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos
casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca
la ley; y
VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea
la ley para su seguridad y auxilio.
5. De la Barreda Solórzano, Luis. Miedo en
la ciudad, en http://www.icesi.org.mx/publicaciones/articulos/2007/miedo_en_la_ciudad.asp,
publicado en Letras Libres de enero de 2007.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2008.
Senador Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)
QUE CREA LA LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS,
A CARGO DEL DIPUTADO PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Precios Competitivos bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Con fecha 5 de diciembre de 2006 fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Precios Competitivos por los legisladores de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda.
Sin embargo, hasta la fecha dicha iniciativa está congelada en las comisiones mencionadas. Por tal razón, en esta ocasión, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al Pleno de la Comisión Permanente la iniciativa de ley que nos ocupa, debidamente actualizada en su exposición de motivos y en su articulado.
Como se sabe, esta iniciativa se basa en el proyecto del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, así como de los candidatos a senadores y diputados de la Coalición Por el Bien de Todos, quienes se comprometieron con la sociedad mexicana en la campaña electoral de 2006 a crear las condiciones materiales y legales para la construcción de un México más equitativo, más justo y democrático.
El sentido de esta iniciativa de ley es poner un freno a la voracidad de los monopolios y oligopolios que se apropian de la riqueza de los consumidores, mediante la fijación de precios exageradamente altos en comparación con los costos de producción de los bienes y servicios que producen,
Estamos convencidos que esto no puede seguir así, porque la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza y no deben continuar siendo esquilmados por los grandes empresarios de este país.
Tenemos claro que las grandes empresas cuentan con la protección, la promoción y la complicidad del Estado mexicano en esta rapiña generalizada contra la población.
Los monopolios y oligopolios tienen enormes ventajas que derivan de su poder económico, financiero, productivo y de mercado y cuentan con el apoyo del Estado mexicano, que les garantiza el control del mercado interior mediante el establecimiento de una política cambiaria sobrevaluatoria, que les abarata los dólares en el mercado nacional y les permite comprar activos empresariales en el extranjero. Además, de regímenes especiales de tributación, que les cobra pocos impuestos y les permite evadirlos y eludirlos.
Aquí no termina el entramado de corrupción e impunidad de estos grandes conglomerados, porque también cuentan con el apoyo del poder político del Estado a través del poder informal del dinero, que les permite fortalecer las relaciones de control del mercado interno mediante el sistema de sobornos y compra de funcionarios públicos.
Este es el factor institucional que hace posible que los monopolios y oligopolios impongan la fijación de precios muy por encima de sus costos de producción y los dictados de la política interior y exterior de México.
Es decir, han creado un verdadero sistema de corrupción que relaciona las esferas del poder político-burocrático con los propietarios de los grandes monopolios y oligopolios.
Ahora mismo estamos viendo como el poderío del duopolio televisivo impone a la sociedad mexicana un modelo de comunicación y entretenimiento que representa la opinión y la cultura de un sector de la población, que margina al resto de los habitantes y no permite la pluralidad ni el derecho de réplica en los contenidos de los programas que son vitales en la formación de opinión.
Otro ejemplo irrefutable de esa corrupción y control del mercado interno por parte de los monopolios y oligopolios, lo representa la prohibición en septiembre de 2004 de la entrada de cemento ruso, que se pretendía introducir al mercado nacional a precios más bajos que los que ofrecen en México, pero el poder de Cemex, con el aval del entonces presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún, se impuso y no entró.
Otro tanto acontece con la banca privada que aplica un total de 64 comisiones a las tarjetas de crédito y débito, al grado de que la propia Comisión Federal de Competencia reconoce que en los servicios financieros de esta clase, existe control oligopólico.
Ahora, hasta el propio Banco Mundial reconoce que es tal el poder que esos monopolios y oligopolios han acumulado en el país, que se han convertido en un verdadero obstáculo para que la economía crezca, como sí lo están logrando otras naciones.
Entonces preguntamos, ¿tenemos que seguir esperando sin hacer nada, hasta que estos grandes conglomerados nos aplasten y devoren y continúen succionando enormes recursos a los consumidores?
Pensamos que no. Para ello, se busca impulsar la creación de una Comisión Federal de Precios Competitivos que deberá realizar investigaciones a fondo, sobre la estructura de mercado y de fijación de precios que realizan los grandes grupos económico-financieros de nuestra nación, para ponerles un freno y proteger a los consumidores.
Asimismo, se considera de orden público la obligación de las personas físicas o morales de entregar la información o documentos que la comisión estime pertinentes para realizar su labor de investigación y poder emitir un dictamen fundado respecto de las posibles prácticas que limitan la competencia económica y conducen a la fijación de precios muy por arriba de los costos de producción.
También propone dotar a la comisión de un instituto de investigación de las prácticas monopólicas y oligopólicas, con el fin de conocer a fondo el nivel o grado de concentración económica por parte de las empresas privadas.
Este instituto será un órgano técnico auxiliar de la citada comisión que deberá actuar de manera propia sin necesidad de que medie denuncia alguna sobre alguna práctica monopólica o limitación de la competencia.
En aras de que los integrantes de dicho instituto, sean los idóneos, deberán ser seleccionados previo concurso abierto y público y contar con diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión de licenciatura en economía, o una licenciatura afín, así como poseer, como mínimo, el grado de maestro o su equivalente académico.
La Comisión de Precios Competitivos establecerá lineamientos que permitan determinar si una concentración económica limita o no la competencia y crea la posibilidad de fijación de precios muy por encima de los costos de producción.
Esta comisión definirá el alcance de las cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas deben entregarle, para que pueda llevar a cabo sus tareas de investigación que realice sobre prácticas monopólicas o limitación de la competencia.
Esta medida se toma como parámetro de investigación, porque las grandes empresas abusan de las cláusulas de confidencialidad de la información y es necesario que para lograr una investigación a fondo, la comisión que se propone, debe disponer de toda la información necesaria para cumplir con su cometido.
Además, esta prevención se hace, en atención a que las prácticas monopólicas no se reducen a la concentración económica, sino que abarcan en lo fundamental, los acuerdos de "cártel" que los monopolios y oligopolios establecen para fijar condiciones de mercado e influir en la determinación de enormes ganancias a través de los precios de los bienes y servicios que ofrecen.
Por ejemplo, existen empresas mexicanas que exportan bienes y servicios desde los países donde tienen filiales y luego consolidan la información de su grupo económico, sin incluir los ingresos por exportaciones y beneficios obtenidos desde estas filiales. Lo mismo ocurre con las empresas maquiladoras que no incorporan la información necesaria de sus exportaciones y beneficios obtenidos y tampoco pagan impuestos.
En este sentido, desde nuestro punto de vista, México debe definir conforme las mejores prácticas internacionales de transparencia, qué información sí puede ser objeto de confidencialidad y cuál no. Por ejemplo, los costos de las empresas sí pueden entrar en este rango de confidencialidad, pero sus beneficios, acuerdos de transacciones o de fusión con otras empresas, no.
Se propone crear un consejo consultivo ciudadano que auxilie en la implantación de sus atribuciones y facultades a la Comisión de Precios Competitivos y haga también la función de fiscalización.
Este consejo debe tener la representación de académicos con experiencia en la materia, así como de representantes sindicales, de la sociedad civil, del Congreso de la Unión, de empresarios y funcionarios públicos, prevaleciendo en su composición un porcentaje de 60 por ciento de académicos de las distintas universidades públicas y privadas.
Se propone crear también un registro de las empresas que realizan prácticas restrictivas y de limitación de la competencia con objeto de que la opinión pública tenga conocimiento sobre ellas.
A los criterios de fijación de control de mercado, también se deben añadir, el conocimiento de los acuerdos entre las empresas para la producción y venta de los bienes o servicios y demás relativos a su desempeño económico.
Compañeras y compañeros legisladores
La propuesta que sometemos a la consideración de este Pleno, no propone establecer un control de precios, lo que busca es fomentar una competencia que sitúe los precios a la realidad social del país.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que crea la Ley Federal de Precios Competitivos
Iniciativa de Ley
Ley de Precios Competitivos
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de regulación de mercados para evitar las sobre ganancias de las empresas a través de la exageración de precios; es de observancia general en toda la república y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.
Será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 2o. La presente ley tiene por objeto:
II. Impedir la exageración en los precios por parte de las personas físicas o morales señaladas en el artículo 4o. de esta ley, que puedan constituirse o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.
b) Precio. Valor pecuniario en que se estima un bien o servicio.
c) Precio con orientación competitiva. Valor pecuniario con rangos mínimos y máximos establecidos por la comisión.
d) Precio del mercado. Valor pecuniario establecido por las variantes de la oferta y la demanda de los mercados relevantes a nivel nacional.
e) Exageración en los precios. Diferencial en exceso de los precios de venta del mercado relevante nacional, en comparación con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países centroamericanos.
f) Concentración. Porcentaje determinado por la comisión de las ventas domésticas de algún bien o servicio realizado por una empresa o productor y sus empresas filiales o subsidiarias, de un determinado producto o servicio considerando sus distintas variedades de presentación.
g) Empresas filiales o subsidiarias. Todas aquellas empresas o entidades en las cuales una persona moral o sus accionistas principales poseen más del 5 por ciento del capital.
h) Sobre ganancias. Por este concepto se entiende los beneficios que obtiene una empresa a partir de la apropiación de rentas de otros sectores económicos que realiza mediante la fijación de precios altos.
II. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas internas de la comisión;
III. Presentar a la sociedad un informe anual sobre el desempeño de la comisión, mismo que deberá ser publicado;
IV. Solicitar a cualquier autoridad del país o del extranjero la información que requiera para indagar sobre posibles violaciones a esta ley;
V. Representar legalmente a la comisión, nombrar y remover al personal, crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto y delegar facultades en términos del reglamento de esta ley, y
VI. Las demás que le confieran las leyes y reglamentos.
Los productores del Estado señalados en el artículo 28 Constitucional no estarán sujetos a las disposiciones de esta ley, ni a las medidas y sanciones establecidas en la misma, excepto por lo señalado en el artículo 12 de esta ley.
Artículo 6o. Para la determinación del mercado relevante, la comisión contará con un Instituto de investigación de las prácticas monopólicas y oligopólicas para dictaminar: El instituto deberá actuar de manera propia sin necesidad de que medie denuncia alguna sobre alguna sobre mercados relevantes o concentración económica que limite la competencia e incida en la existencia de sobre ganancias.
Los integrantes de dicho instituto deberán ser seleccionados previo concurso abierto y público y contar con diez años de experiencia en el ejercicio profesional de la licenciatura en economía o licenciatura afín, así como poseer como mínimo el grado de maestro o su equivalente académico. Las investigaciones o documentos que se elaboren en dicho instituto, deberán ser públicos y podrán ser editados para su conocimiento. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
II. Determinar si los costos de distribución del bien mismo se ajustan a los estándares internacionales; lo mismo que de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;
III. Determinar si los costos de las empresas radicadas en el mercado interno se ajustan a las posibilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; y
IV. Determinar si las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos no incide sobre los costos de producción de las empresas y los consumidores residentes.
V. Determinar el nivel o grado de concentración económica de las empresas privadas residentes en el territorio nacional. Dicho instituto será un órgano técnico auxiliar de la comisión.
VI. Establecer lineamientos que permitan determinar si una concentración económica limita o no la competencia e incide en el establecimiento de sobre-ganancias que elevan los precios de los bienes y servicios.
VII. Definirá el alcance de las cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas deben entregar a la Comisión para efectos de la investigación que realice sobre limitación de la competencia, para que pueda disponer de toda la información necesaria para el desempeño de su función. Además, la comisión estará facultada para solicitar información a las empresas de los acuerdos que realicen entre ellas, que se relacionen con la producción y los mercados y demás relativas a la limitación de la competencia y la fijación de precios y de sobre ganancias.
Artículo 8o. Se considera de orden público la obligación de las personas físicas o morales a entregar la información o documentos que la comisión estime pertinentes para realizar su labor de investigación y poder emitir un dictamen fundado respecto de la posible práctica que limita la competencia económica. La comisión podrá solicitar las visitas de verificación sólo respecto de datos y documentos que haya requerido anteriormente en el curso de la investigación.
Artículo 9o. Crear un registro de las empresas que hayan sido sancionadas por llevar a cabo prácticas económicas que limiten la competencia y de fijación de precios, con objeto de que la opinión pública tenga conocimiento sobre ellas.
Artículo 10. Para determinar si una persona tiene poder sustancial en el mercado relevante, la comisión deberá considerar:
II. La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;
III. La existencia y poder de sus competidores;
IV. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;
V. Su comportamiento reciente; y
VI. Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley.
b) Aquellos en manos de particulares que requieran para operar cualquier tipo de autorización o licencia del Estado;
c) Los artículos de consumo necesario e insumos para la producción cuando se originen en mercados en los que el 50 por ciento o más de la producción esté concentrada en cuatro o menos oferentes; y
d) Aquellos que aun sin estar concesionados, licenciados o autorizados por el Estado, se requieran para la producción, elaboración o comercialización de los bienes o servicios contemplados en los incisos a), b) y c) de este artículo.
Artículo 12. La comisión establecerá de forma anual o cuando lo estime necesario, los precios con orientación competitiva tomando en cuenta los siguientes factores:
b) Los costos normales de producción entendidos éstos como la suma de costos de materias primas utilizadas en el producto, costos de mano de obra directa, la depreciación de activos a la tasa anual conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en México, sin que se reconozca la depreciación acelerada de activos, así como cualquier otro cargo fijo o variable inherente al proceso de producción física del bien o servicio.
c) La situación de la oferta y la demanda del mercado nacional, y de los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos;
d) Las políticas competitivas pertinentes;
e) Los precios de productos o servicios afines cuando haya lugar;
f) La importancia en el mercado relevante y el poder sustancial que en el mismo ejerzan quienes estén sujetos al establecimiento de precios con orientación competitiva;
g) El grado de concentración de las ventas en el mercado relevante de que se trate;
h) El Índice Nacional de Precios al Consumidor del periodo que resulte aplicable;
i) El porcentaje de la tarifa promedio ponderada a la importación de bienes prevaleciente en el momento, así como el porcentaje de la tarifa aplicable a los productos o insumos necesarios para la producción en México de los bienes o servicios de que se trate;
j) El tipo de cambio de los precios, bienes, productos o insumos a que haya lugar en el periodo que resulte aplicable;
k) Los riesgos que corre la economía de que se establezcan poderes sustanciales en el mercado y precios exagerados; y
l) Las circunstancias objetivas nacionales e internacionales que a juicio de la comisión merezcan ser atendidas para estos efectos, incluyendo la existencia de prácticas comerciales desleales en el exterior.
La comisión deberá tomar en cuenta los precios netos, es decir, libres de todo impuesto de ventas, impuestos especiales, aranceles o tasas.
Artículo 13. Se considera que existe exageración de precios cuando cualquiera de las personas contempladas en el artículo 4o. de esta ley, ofrezca bienes o servicios a un precio que sea superior al 10 por ciento del precio competitivo, según el artículo 3o., párrafo e), arriba citado o bien a los precios con orientación competitiva que fije la comisión de acuerdo con el artículo anterior.
Artículo 14. La comisión revisará anualmente o en cualquier momento que los precios de mercado y los precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente ley. Esta revisión se hará de oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores ya constituida o que se constituya legalmente con el propósito de hacer cumplir esta Ley, o bien, a petición de cualquier entidad de la administración pública federal, estatal o municipal.
La comisión analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien.
Igualmente, la comisión analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 50 por ciento o más en los principales cuatro oferentes.
Artículo 15. Cuando exista exageración de precios, la comisión determinará la aplicación de una o más de las siguientes medidas:
2. Ordenar a la Secretaría de la Función Publica que proceda en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que todas las dependencias y entidades del gobierno federal, tanto centralizado como paraestatal, queden impedidas para contratar con las personas que incurran en exageración de precios. Esta limitación será aplicable al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
3. Ordenar a las autoridades competentes que se permita la importación de productos alternativos, siempre que cumpla con el pago de las contribuciones que correspondan.
4. En los casos de servicios, con la finalidad de mantener o promover la competitividad y el empleo nacionales, ordenará a las autoridades competentes el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato acceso a los mercados como oferentes.
5. Ordenar la publicación en los tres diarios impresos de mayor circulación en el país, en los dos medios electrónicos más importantes y en las cinco estaciones de radio de mayor audiencia, al menos dos veces por mes, el diferencial de precios que haya determinado, con el fin de dar a conocer al consumidor la exageración de precios.
6. En los casos en que el bien o servicio se anuncie en televisión, sea abierta o restringida, ordenará tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la Secretaría de Gobernación que se implanten la medidas necesarias a efecto de que, inmediatamente después del anuncio del bien o del servicio de que se trate, se haga la mención expresa sobre la exageración de precios, con la finalidad de que el consumidor conozca tal circunstancia de forma inmediata.
7. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, la revocación, cancelación o suspensión de las concesiones, licencias o autorizaciones que hubiese otorgado a los sujetos acusados de haber incurrido en exageración de precios.
8. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, se abstengan de contratar con las personas a quienes se haya determinado dicha exageración.
Cuando los bienes o servicios respecto de los cuales se determine exageración de precios sean ofrecidos en el extranjero, la Comisión podrá recomendar al Ejecutivo federal la imposición de aranceles a la exportación, con el fin de eliminar desequilibrios en los mercados internacionales. Esta disposición será aplicable a los productos señalados en el párrafo anterior.
Artículo 17. La comisión hará llegar su opinión a todas las entidades regulatorias que intervienen en las autorizaciones a oferentes de bienes o prestadores de servicios, y procederá a formular los proyectos de enmienda a las leyes y los reglamentos con ellos relacionados.
Cualquier autoridad o entidad regulatoria que retrase la consideración y el eventual otorgamiento de nuevas concesiones, permisos, licencias a prestadores de servicios en los casos de exageración en los precios, será considerada como infractora de esta ley y coadyuvante en la exageración de precios, pudiéndosele sancionar en los términos de las leyes aplicables.
En el caso de violaciones por servidores públicos, la comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra índole que pudiere existir.
Artículo 18. En los casos de reincidencia o contumacia, la comisión ordenará a las autoridades competentes que se proceda en contra de las personas que incurran en exageración de precios, a efecto de que:
2. Se les aplique el artículo 50, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
3. Se solicite, por la vía judicial, la disolución de la persona moral de que se trate.
Se considera que existe contumacia cuando dentro del plazo de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente al de la notificación de las resoluciones respectivas, los sujetos infractores se nieguen o abstengan de acatar las órdenes de la comisión para que corrijan o disminuyan la exageración de precios, emitidas en términos del artículo 11, fracción I de esta ley.
Artículo 19. Para efectos de lo previsto en los artículos 11 y 14, la comisión deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, el poder sustancial del infractor en los mercados relevantes, el tamaño y la importancia de estos mercados, la duración de la exageración de precios, la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.
Artículo 20. Con independencia de lo establecido en los artículos 11 y 14, la comisión demandará por la vía judicial el resarcimiento de daños o perjuicios que directa o indirectamente hayan sido ocasionados a la economía nacional, a aquellos a las personas que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusadas de haber incurrido en exageración de precios.
Artículo 21. Los sujetos que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusados de haber incurrido en exageración de precios, serán responsables del pago de daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a terceros por ese motivo. Estas acciones se deducirán antes lo tribunales de la federación que correspondan.
Artículo 22. Para la determinación de los precios con orientación competitiva y los demás artículos de esta ley, se crea la Comisión Federal de Precios Competitivos como organismo público descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que será determinado anualmente por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presidente de la república estará obligado a expedir y publicar el Reglamento de esta ley, precisamente en la fecha en que la misma entre en vigor.
Tercero. La Comisión Federal de Precios Competitivos deberá estar constituida a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de esta ley
Dado en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los veintitrés días del mes de enero de dos mil ocho.
Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, Y DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO PARA EL
GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
A CARGO DEL SENADOR HÉCTOR PÉREZ PLAZOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, senador de la república por el estado de Jalisco de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, Héctor Pérez Plazola, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y miembro de esta Comisión Permanente, comparezco ante esta soberanía en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 56, 62 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el inciso l) del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma el inciso g) del artículo 67, así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 103, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma el artículo 87, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A. En el ámbito parlamentario mexicano, se entiende como acto legislativo "la facultad de dictar las leyes, cuya actividad y ejercicio corresponde al Congreso y en cuyo proceso de formación participan diversos órganos, teniendo relevancia el Poder Ejecutivo".
Para que dicho acto legislativo llegue a tener existencia como ley o decreto, debe cumplirse el procedimiento previsto en la Constitución en su artículo 72, que implica una serie ordenada de pasos o fases que son realizados por los órganos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, facultados para ello.
Las etapas dentro del procedimiento ordinario son: iniciativa, dictaminación, discusión, aprobación o rechazo, sanción u observación, promulgación, publicación e iniciación de vigencia. Pero con el objeto de centrar la atención en lo que pretendo proponer con la presente iniciativa, me referiré solamente a la fase de la iniciativa y su dictaminación.
El derecho de iniciar leyes o decretos compete, por naturaleza, a los diputados y senadores, pero además al presidente de la república, a las legislaturas de los estados, así como a los ciudadanos que pueden sugerir que se expidan leyes o decretos sobre asuntos de su interés.
En países como el nuestro en donde la legislación es la fuente formal por excelencia del orden jurídico, la iniciativa es definida por juristas como Eduardo García Máynez como "el acto por el cual determinados órganos del estado, someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley". Es decir, que una iniciativa de ley o decreto, es la propuesta por medio de la cual se hace llegar al órgano depositario del Poder Legislativo correspondiente, un proyecto de ley que puede ser nueva en su totalidad o ya existente pero que, por circunstancias sobrevinientes, necesita ser reformada o modificada por adición, corrección o supresión de algunas de sus normas o un proyecto de decreto.
En ese orden de ideas, el Pleno del órgano legislativo deriva las iniciativas recibidas a la comisión o comisiones correspondientes, consideradas como "órganos regulares y permanentes en que intervienen los legisladores para participar en la resolución y/o dictamen de los asuntos que se encomiendan a dicho cuerpo colegiado".
Las comisiones tienen una competencia limitada para conocer de los asuntos a que refiere su propia denominación y supuesto normativo. Esto como una forma de organización y trabajo al interior del órgano parlamentario.
El trabajo al interior de las mismas se inicia con el documento (iniciativa) que le es turnado por orden de la asamblea o por instrucción de la mesa directiva para que proceda a estudiarla y, en su caso, ponerla en estado de resolución o dictaminación.
En términos parlamentarios, el dictamen es conceptualizado por el jurista Manuel González Oropeza como "una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un parlamento o congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del pleno de la cámara respectiva". La cual debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde la resolución, de entre las que resultan relevantes, las expresadas por el autor de la iniciativa que originó el dinamismo del proceso.
Tradicionalmente un dictamen cuenta con cinco puntos básicos:
2. Antecedentes;
3. Considerandos;
4. Puntos resolutivos; y
5. Mayoría de firmas.
Artículo 85.
1. ....
2. Las comisiones serán:
b. y c. ….
1. Las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia.
Y de igual forma, el artículo 103 del ordenamiento orgánico, antes referido, señala que:
Artículo 103.
1. El Reglamento establecerá los procedimientos y trámites para el despacho de los trabajos de las comisiones y los asuntos que por su naturaleza y trascendencia puedan ser resueltos por ellas mismas.
Lo que nos deriva a que el aún vigente Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señale en su artículo 87 que:
Artículo 87.
1. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.
Analizado el contenido de las disposiciones transcritas con anterioridad, encontramos que en todo momento existe una relación estrecha entre la iniciativa y el dictamen que deriva de la misma.
No obstante lo anterior, los tratadistas y estudiosos del derecho parlamentario y de la técnica legislativa han dejado de lado el tema relativo a la frontera existente entre la iniciativa y el dictamen, descansando en una lógica que ha derivado de una laguna en la ley, generando con ello que sea una constante el ver dictámenes que van más allá de la pretensión de subsanar la iniciativa, o incluso del sentido o intención del autor de la iniciativa. Esto es, nos llevan a dimensiones de un dictamen con resultados distintos al propuesto por la iniciativa que lo originó, lo que debería de ser resultado de una nueva iniciativa.
B. Por otro lado, visto como un punto particular y diverso a lo señalado dentro del punto anterior de esta iniciativa, encuentro que dentro del artículo 87 del referido reglamento, se concede un término de cinco días a las comisiones para presentar ante el Pleno, el dictamen correspondiente, contados a partir del día en que reciban la iniciativa.
De igual forma, al realizar un análisis al marco jurídico del Congreso, encontramos que existe incongruencia en lo relativo a un término para la dictaminación de las iniciativas por parte de las comisiones, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el inciso l) del artículo 72, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el inciso g) del artículo 67, y su Reglamento en el artículo 87, antes señalado, prevén plazos diferentes para el mismo efecto, como a continuación se observa:
Artículo 72. .....
l. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.
J. ....
Artículo 67.…
g) Excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido veinte días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días. Si no presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra comisión;
h) al m) ....
Supuestos anteriores que en la práctica difícilmente se pueden cumplir, si atendemos a que el legislador en su momento no previo la complejidad del estudio y atención de los diferentes asuntos que se tratan dentro de las comisiones y, como consecuencia, en la práctica encontramos como costumbre la existencia de una prorroga consentida. Por lo que es necesario actualizar el supuesto normativo a los tiempos y procedimientos reales.
Es por esto, que me permito afirmar que estamos frente a una situación no prevista por el legislador, pero que puede ser resuelta al vincular, dentro del supuesto normativo legal y reglamentario correspondiente, el que los dictámenes que elaboren las comisiones deberán referirse a la iniciativa, proposición o solicitud que le dio origen, así como presentarse ante el Pleno dentro de un término medio más real y posible, de acuerdo al trabajo que actualmente presentan la mayoría de las comisiones, homologando de tal manera, el marco jurídico del Congreso.
Atendiendo a que en los términos de la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la fracción II, artículo 55, del Reglamento Interior del Congreso General, los senadores del Congreso general tienen derecho a iniciar leyes o decretos. Así como que a efecto de que la Constitución federal pueda ser reformada, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden dichas reformas, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados; y previo cómputo correspondiente de los votos de las legislaturas, hacer la declaración de haber sido aprobadas, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto por el que reforma el inciso l) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reforma el inciso g) del artículo 67; así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Primero. Se reforma el inciso l) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 72. ....
A. al H. ....
J. .....
…
Artículo 67. …
g) Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido 45 días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de 10 días; si no presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra comisión;
h) al m) …
l. ........
2. Los dictámenes que elaboren las comisiones deberán contener una parte expositiva de las razones en que se funden y referirse a la iniciativa, proposición o solicitud que dio su origen.
Artículo Tercero. Se reforma el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 87.
1. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de los 45 días hábiles siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde, referirse a la iniciativa, proposición o solicitud que dio su origen y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. Los que deben guardar, en todo momento, relación con el objeto y sentido.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Quedan sin efectos las disposiciones legales que se opongan a lo establecido por el presente decreto.
Tercero. Envíese copia del presente decreto a las legislaturas de los estados, a fin de que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 23 de enero de 2008.
Senador Héctor Pérez Plazola (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
31 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el país la situación del consumo eléctrico se ha tornado crítica. Para la población de un amplio número de estados de la república tanto en el sur como en el norte la situación se coloca en la disyuntiva de sobrevivir o pagar los recibos de luz, que muchas veces exceden la capacidad económica de las familias. La situación es, además, paradójica en estados como Chiapas, Tabasco o Veracruz, en virtud de que es en estos en donde se generan los mayores volúmenes de suministro eléctrico para todo el país y la gente no puede gozar de tarifas accesibles. Abunda la luz, pero no para los más pobres que viven con altas temperaturas sin poder adquirir sistemas de enfriamiento, lo que impacta la calidad de vida, el rendimiento escolar de los niños y los jóvenes, crea tensión en el seno de las familias.
En el caso de Veracruz, al que los suscritos representamos como un alto honor, a pesar de que las centrales generadoras de electricidad López Mateos, Laguna Verde, Dos Bocas, Poza Rica y Tuxpan II son en su conjunto la principal fuente de generación de energía en el país, Veracruz paga tarifas eléctricas más elevadas que la mayoría de los estados no productores.
A la situación del cobro desmedido de las tarifas eléctricas domesticas, que golpea el ingreso de las familias, se suma otro igualmente grave cuya falta de atención esta generando el crecimiento del desempleo y la falta de competitividad de las empresas nacionales y extranjeras que se sitúan en Veracruz.
Es el caso de los altos precios industriales que se pagan en insumos como el gas natural y principalmente la electricidad, los cuales han propiciado la elevación en los costos de producción, causando pérdidas económicas que han derivado en el cierre de importantes empresas.
Como ya lo ha denunciado el gobierno del estado de Veracruz, en donde el gobernador desde que era senador ha mantenido una lucha permanente para que se revise el procedimiento para establecer las tarifas eléctricas, ha quedado muy claro que se requiere un auténtico federalismo fiscal, que permita crear las condiciones para denotar el crecimiento, entre las que destaca el ajuste a las tarifas eléctricas de uso industrial que se cobran en el estado de Veracruz y en todo el país.
Resulta inadmisible que las tarifas de electricidad, sean más altas en el estado líder productor que en el norte del país. Lo anterior nos lleva al extremo de que una empresa asentada en Veracruz pague hasta 35 por ciento más por el insumo eléctrico que si ésta radicara en las mismas condiciones en el norte del país.
En ese sentido, el 7 de febrero del año 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que al retirar el subsidio a los consumos domiciliarios, incrementó de manera desproporcionado las tarifas eléctricas a lo largo y ancho del país, duplicándose las tarifas básicas y de altos consumos e incrementándose, hasta en seis veces más por encima de la inflación, las tarifas intermedias, afectando al 45 por ciento de las familias del país.
La manipulación de los rangos de consumo provocó en las zonas del norte y de las costas de la república, incrementos en los recibos eléctricos de un 200 y hasta un 300 por ciento, mermando la economía de muchas familias que habitan en esas regiones, y haciendo más evidente el trato desigual que ya existía en las regiones del país. Para segmentos sociales muy importantes, las tarifas fueron incrementadas en cerca del doble respecto del índice inflacionario y, en el caso de las tarifas intermedias, este incremento alcanza a representar hasta seis veces más ese índice inflacionario.
En respuesta a la situación que se ha tornado insostenible para las regiones con climas extremosos y húmedos del país, el Poder Legislativo ha aprobado decenas de puntos de acuerdo orientados a considerar la reclasificación de las tarifas eléctricas, refiriéndose de manera repetida a considerar las condiciones climáticas adversas que exigen considerar a estos factores como variables decisivas para determinar las tarifas en estas regiones del país.
Todo ello, apenas resume el sentido demandante de las múltiples propuestas que se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por todos los grupos parlamentarios y representantes de las entidades de la republica más afectadas por las políticas tarifarías imperantes.
Mantenemos la exigencia de que se aplique con sentido social una reclasificación y simplificación de las tarifas de consumo doméstico, se conserven los rangos de medición anteriores al incremento y se elimine la discrecionalidad del Ejecutivo federal en este ámbito.
Los legisladores hemos manifestado que deben considerarse para la fijación de las tarifas eléctricas los indicadores económicos de cada entidad y sus zonas salariales correspondientes, a fin de evitar en la medida de lo posible se perjudique a las familias de menos recursos.
El común denominador de los esfuerzos y de la lucha que los legisladores de todos los partidos hemos llevado a cabo es exigir al Ejecutivo federal que considere, además de la temperatura, los siguientes factores como parámetros para fijar las tarifas eléctricas residenciales: la humedad relativa, las necesidades de consumo y de producción de electricidad, los daños ambientales producidos por la industria eléctrica, las zonas salariales y las condiciones socioeconómicas correspondientes a cada uno de los estados de la república.
A la situación del cobro desmedido de las tarifas eléctricas domesticas, que golpea el ingreso de las familias, se suma otro igualmente grave cuya falta de atención esta generando el crecimiento del desempleo y la falta de competitividad de las empresas nacionales y extranjeras en todo el país.
El fomento del empleo así como los programas de desarrollo regional no tendrán sentido integral si no atendemos la demanda de los sectores productivos que requieren de precios competitivos para su desarrollo.
Ante un entorno internacional de enorme competencia, México requiere incorporar a su política industrial la revisión de los insumos energéticos del sector. Sin esta medida los discursos quedaran sólo en buenas intenciones, y las políticas de desarrollo regional, carecerán de aliento de largo plazo.
No es posible favorecer a unas cuentas regiones y dejar a las otras en orfandad. Las secuelas de esta política aún persisten en el desigual desarrollo del norte y el sur.
Acompañemos el desarrollo regional, los programas de empleo en todos sus niveles, y los criterios generales de crecimiento con una revisión justa y equitativa de los insumos que nuestro sector industrial consume.
La situación que enfrenta Veracruz como estado productor de energía, y la política tarifaría que su sector productivo debe pagar, no se corresponden con mínimos criterios de equidad, que imperan en nuestros principales socios comerciales.
En la actual coyuntura en la cual los estados de la republica, y los poderes Ejecutivo y Legislativo se encuentran definiendo una probable reforma fiscal, sus líneas fundamentales deberían ser las de un autentico federalismo, que respete las potestades tributarias de los estados y de los municipios. Necesitamos dar un paso adelante y proponer la revisión de los criterios tarifarios para el servicios de energía eléctrica de uso domestico y comercial para que estas se conviertan en motor del progreso.
Estados como Veracruz, Sinaloa, Baja California, Sonora, Tabasco, Yucatán, entre otros, necesitan el impulso de políticas públicas que reconozcan su papel como generador de energéticos y de riqueza nacional.
En ese sentido, esta iniciativa propone modificar el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para acotar la ambigüedad de su redacción, que propicia un sistema relativamente discrecional y que desmantela el argumento técnico esgrimido reiteradamente por el gobierno federal de que no es posible considerar los factores de humedad y de calor conjuntos para determinar las tarifas, en virtud de que no hay una obligación legal ni existen metodologías para su complementación.
Al establecer en la ley que se tomen en cuenta ambos factores obligaríamos a que su reglamentación los considere y a que los técnicos de dichas secretarías y de la Comisión Federal de Electricidad utilicen los recursos públicos que se les han encomendado para servir realmente al interés general, toda vez que no se trata de descubrir algo nuevo sino de sumar lo que ya existe bajo una orientación técnica justificada a la luz del mandato legal y social.
De igual manera, se introduce el precepto de que las tarifas incluyan la evaluación de su impacto social, que es un método que se emplea hace más de medio siglo para formular políticas públicas, a partir de las recomendaciones de la CEPAL y que rescatan la función original del Estado y de sus empresas, que no es el lucro ni la utilidad mercantil, sino la compensación y disminución de las desigualdades sociales, toda vez que sus recursos no son propiedad de los burócratas ni de los políticos, sino de los contribuyentes y de la sociedad en su conjunto.
Se aprovecha también esta oportunidad para actualizar el nombre de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el de Secretaría de Economía, que es la que realiza las funciones en la materia.
Finalmente, deseamos puntualizar que este proyecto es acorde a la amplia demanda social de que la función pública y el servicio de energía eléctrica respondan a las necesidades del desarrollo social y económico, con sentido de equidad, justicia y proporcionalidad, que son los mandatos claros del pacto constitucional.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
Artículo Único. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. Para su determinación tomará en consideración los costos de su producción y distribución, las condiciones de temperatura, calor y humedad de las diversas regiones del país, además de sustentarse en métodos de evaluación de su impacto social, identificados por el impulso al crecimiento económico regional, así como por su equidad en términos del ingreso promedio de la población. Los estudios correspondientes deberán publicarse en medios electrónicos y en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2008
Diputados: Adolfo Mota Hernández (rúbrica),
María del Carmen Pinete Vargas.
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los suscritos, senador Alejandro González Yáñez, diputados Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solis Parga y Silvano Garay Ulloa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y del 80 al 93, así como el 96, 98, 108, 110 y 111, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relacionado con el régimen de gobierno y atribuciones del Poder Ejecutivo federal, lo anterior con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los partidos políticos, entidades de interés público, deben promover la participación del pueblo en la vida democrática de su país, contribuir a la integración nacional y hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio, mismo que deberá ser libre, secreto y directo. Una de sus funciones es la obtención de legitimidad de los representantes del pueblo en el gobierno. Legitimidad, compañeros legisladores, hablamos de legitimidad y esa solamente la entrega el pueblo.
En su historia moderna, México ha contado con un sinfín de partidos políticos, desde la consumación de la Revolución hasta nuestros días, efímeros algunos, otros de lóbrega mención, y aquellos de permanente construcción y lucha, como el Partido del Trabajo.
Al hacer mención a un régimen político, hacemos referencia a un modelo de organización del poder constitucional adoptado por un Estado específico, la forma en que habrán de relacionarse los diversos poderes y la forma de gobierno que habrá de atenderse.
Precisamente, la dictadura es una forma de gobierno, en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo que es conocido como dictador, estableciéndose un gobierno que controla los Poderes del Estado y legitima su poder con base en el dominio de la fuerza.
Y aunque algunos dictadores han llegado a ser llamados presidentes, debemos tener bien claro que esto tiene como único propósito aparentar una legitimidad que no poseen; por el contrario, sus afines consideran que con esta mentira podrán afianzar la legitimidad de dicho gobierno, y especialmente, a quien ejerce el poder del Estado.
Hay momentos en la vida de los hombres y las mujeres, compañeros y compañeras legisladores, en que parece que la historia ha superado a la ficción, donde algunos miembros de la política nacional, que se han hecho llamar de izquierda o de posiciones de derecha autodenominados como puerta hacia la democracia, y otros que dicen recuperar tesis revolucionarias de México, que cegados por el ofrecimiento de espejos, repiten sus errores y entregan su vida y patrimonio a neo oligarcas, trasnacionales y vituperadores; violentando tristemente la solidaridad con el pueblo que representan, premisa fundamental, inolvidable e inviolable de la lucha entre explotadores y explotados.
Es pues, aquí y en estos momentos, que se hace necesario un cambio, uno profundo y estructural, que permita evolucionar al Estado mexicano de un presidencialismo burdo y vejado por abusos partidistas, por cuotas y grupúsculos cegados por el poder hacia un régimen parlamentario en una combinación con el régimen semiparlamentario, parlamentario y de asamblea, donde sean incluidas las figuras de jefe de Estado y jefe de Gabinete.
Dentro de los actuales regímenes democráticos, cabe destacar los siguientes:
• Régimen Semiparlamentario
• Régimen Presidencial
• Régimen Semiparlamentario
En el Régimen Semiparlamentario, el jefe de Estado es elegido por medio de la voluntad popular, en el caso planteado debiendo obtener una mayoría absoluta en una vuelta, aparece la figura de jefe de Gabinete designado por la Cámara de Diputados y ratificado por la de senadores de entre una terna propuesta por el jefe de Estado.
Entonces, los Regímenes Semiparlamentarios se caracterizan por tener un presidente que directa o indirectamente es elegido por el pueblo y un primer ministro que necesita la confianza del parlamento. El origen del gobierno bipolar tiene sus raíces en la Constitución de Weimar y entre los países que han contado con este modelo, se pudiera mencionar a Finlandia, Austria, Irlanda, la segunda República Española, Francia y Portugal.
A diferencia de éste, los regímenes presidenciales como el nuestro, se basan en un Ejecutivo –ilegitimo en nuestro caso- que cuenta con considerables poderes en la Constitución y que tiene absoluto control de la composición de su gobierno y la administración del mismo; además, es elegido por el pueblo por un periodo de tiempo fijo y no depende de un voto de confianza formal de los representantes elegidos democráticamente en un parlamento. El presidente no es sólo el que ejerce el Poder Ejecutivo, sino también es el jefe simbólico del Estado.
En el caso de los regímenes parlamentarios, éstos se caracterizan por que la única institución con legitimidad democrática es el parlamento y el gobierno deriva su autoridad de dicha institución.
La presente iniciativa reforma diversos artículos de nuestra Carta Magna, en lo relativo al régimen de gobierno del Estado mexicano, sugiere la creación de las figuras de jefe de Estado y jefe de Gabinete como depositarias del supremo Poder Ejecutivo de la federación, el primero que será electo directamente y en los términos de la Ley Electoral, por su parte, el jefe de Gabinete será designado por el pleno de la Cámara de Diputados.
La iniciativa también establece los requisitos que habrán de cumplirse para ser jefe de Estado o de Gabinete respectivamente, sus facultades, obligaciones y atribuciones.
Curiosamente, los partidarios férreos del presidencialismo son también quienes han vivido eternamente a costillas del Pemexgate, de los amigos de Fox y todo tipo de artimañas abusivas para obtener cuotas partidistas.
Aquí en tribuna, el Partido del Trabajo dice no a una propuesta de retroceso democrático, cuando muchos partidos son resultado de logros como las coaliciones, compañeros legisladores, presente se encuentra a quien le endosaron su registro de partido, mismo que busca echar por tierra las conquistas del pueblo, esa no es congruencia.
Termino con un fragmento de la editorial de Arnaldo Córdova publicado en la Jornada del 30 de diciembre de 2007 y que dice así "…los aliados, por pequeños que sean, son una bandera unificadora frente a los ciudadanos".
Es por lo anteriormente fundado y expuesto que, los suscritos representantes y miembros de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, sometemos a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con carácter de
Decreto
Único. Se reforman los artículos 41 y del 80 al 93, así como el 96, 98, 108, 110 y 111 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 41. …
La renovación de los Poderes Legislativo y de jefe de Estado se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
III. ....
…
…
…
…
…
…
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de jefe de Estado de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.
IV. …
Artículo 81. La elección del jefe de Estado será directa y en los términos que disponga la ley electoral.
El jefe de Gabinete será designado por mayoría calificada por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y ratificado por mayoría calificada por el Senado a propuesta del presidente de la república, a más tardar el día último del mes de diciembre del año de la elección del jefe de Estado. De no lograrse la mayoría calificada para la designación del jefe de Gabinete, deberá elegirse de entre uno de los legisladores presidentes de comisión, un jefe de Gabinete que deberá ser sancionado por el jefe de Estado.
El jefe de Gabinete deberá ser refrendado transcurridos tres años de su ejercicio por la misma mayoría por la que fue nombrado en las Cámaras y sólo podrá refrendarse una sola vez, de no ser así, el pleno de la Cámara de Diputados podrá elegir un nuevo jefe de Gabinete de entre los legisladores presidentes de comisión, sólo para terminar el encargo que reste al jefe de Gabinete, es decir, por el periodo de tres años.
Artículo 82. Para ser jefe de Estado se requiere:
Para ser jefe de Gabinete se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años;
II. Tener 30 años cumplidos al tiempo de la designación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados;
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la designación. La ausencia del país hasta por 30 días, no interrumpe la residencia;
IV. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, 6 meses antes del día de la designación;
VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la república, gobernador de algún estado ni jefe del Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección;
VII. Tener como mínimo 10 años de experiencia en la administración pública;
VIII. Contar con carrera de derecho, administración pública o carrera afín;
IX. No haber sido dirigente partidista al menos 6 años atrás; y
X. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.
Artículo 84. En caso de falta absoluta del jefe de Estado, ocurrida en los tres primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en colegio electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un jefe de Estado interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación del jefe de Estado interino, la convocatoria para llamar a una nueva elección que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un jefe de Estado provisional que deberá emanar de las propias cámaras y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, designe al jefe de Estado interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del artículo anterior.
Cuando la falta de jefe de Estado ocurriese en los tres últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al jefe de Estado substituto que deberá concluir el periodo y deberá emanar de las Cámaras; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en colegio electoral y haga la elección del substituto.
Ante las faltas definitivas de jefe de Gabinete, el jefe de Estado deberá enviar en un término no mayor de tres días una nueva propuesta de terna para su designación, y las Cámaras designarán un nuevo jefe de Gabinete en un término no mayor a diez días de recibida la propuesta.
Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el jefe de Estado electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará, sin embargo, el jefe de Estado cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego de las actividades reservadas para el puesto, en calidad de interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Cuando la falta del jefe de Estado fuese temporal, el Congreso de la Unión, si estuviese reunido, o en su defecto la Comisión Permanente, designará un interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta.
Cuando la falta del jefe de Estado sea por más de treinta días y el Congreso de la Unión no estuviere reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al interino.
Si la falta de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.
Si el jefe de Gabinete no se presentará a tomar protesta diez días después de su designación o se ausenta por el mismo término de sus actividades, será considerado como una falta definitiva del mismo y se procederá de nuevo a su designación.
Artículo 86. El cargo de jefe de Estado sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión ante el que se presentará la renuncia.
Artículo 87. El jefe de Estado, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de Estado de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande".
El jefe de Gabinete, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de Gabinete de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande".
Artículo 88. El jefe de Estado no podrá ausentarse del territorio nacional por más de 10 días sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su caso.
El jefe de Gabinete no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su caso.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del jefe de Estado, son las siguientes:
II. Ejercer la administración general del gobierno a través del jefe de Gabinete y sus secretarios de despacho.
III. Proponer de entre los miembros de las Cámaras, a las ternas para la designación de jefe de Gabinete y los secretarios del despacho, así como la terna para la designación del procurador general de la república, que deberá ser un experto en los asuntos de seguridad nacional, temas jurídicos y de procuración de justicia.
IV. Nombrar y remover a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado.
V. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
VI. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.
VII. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.
VIII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.
IX. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
XI. Proponer al Pleno del Senado las ternas para la designación de ministros de la Suprema Corte definitivos o interinos tal como lo marca el artículo 96 y 98 de esta Constitución y facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.
XII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.
XIII. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal.
XIV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.
XV. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia, y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado.
XVI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
II. Ser el vínculo político entre el jefe de Estado y las Cámaras de Diputados y Senadores.
III. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el jefe de Estado, con el refrendo de las Cámaras.
IV. Proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de los leyes y decretos que expidan las Cámaras y promulgue el jefe de Estado, así como de los planes, proyectos y programas del gobierno, asegurando la adecuada ejecución de los mismos por parte de los secretarios y demás empleados de la administración pública del ramo.
V. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el jefe de Estado y, en acuerdo de gabinete, resolver sobre las materias que le indique el jefe de Estado o por su propia decisión, en aquellas que por su importancia estime necesario, en el ámbito de su competencia.
VI. Nombrar y remover a los a los empleados superiores de Hacienda, dando aviso a las Cámaras a través de sus presidencias.
VII. Nombrar y remover dando aviso a las Cámaras, a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.
VIII. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de secretarios, presidiéndolas en caso de ausencia del jefe de Estado.
IX. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de Ingresos, y Presupuesto de Egresos, previo estudio técnico en las secretarías correspondientes y tratamiento en acuerdo de gabinete y conocimiento del jefe de Estado.
X. Recaudar las rentas de la nación y ejecutar el presupuesto aprobado por las Cámaras a través de las secretarías.
XI. Elaborar en conjunto con los secretarios del ramo y coordinar la implementación sustentable del Plan Nacional de Desarrollo y anunciar sobre su avance anualmente a la Cámara de Diputados.
XII. Refrendar los reglamentos de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
XIII. Concurrir a las sesiones de las Cámaras y participar en sus debates, cuantas veces sea necesario, por sí o por petición de los legisladores, pero no votar.
XIV. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.
XV. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al jefe de Estado.
XVI. Las demás que le confiera esta Constitución y las leyes reglamentarias.
Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el jefe de Estado o jefe de Gabinete o entre éstas y las secretarías de Estado.
Artículo 91. …
Artículo 92. El jefe de Gabinete y los secretarios tendrán a su cargo el despacho de los asuntos de la nación, y refrendarán y legalizarán los actos del jefe de Estado por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de validez.
Artículo 93. El jefe de Gabinete y los secretarios del despacho darán cuenta permanente al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá citar al jefe de Gabinete, a los secretarios de Estado, al procurador general de la república, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
…
Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el jefe de Estado someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el jefe de Estado.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el jefe de Estado someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el jefe de Estado.
Artículo 98. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el jefe de Estado someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.
Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el jefe de Estado someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.
...
Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el jefe de Estado con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.
Artículo 108. …
El jefe de Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
El jefe de Gabinete, los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, el jefe de Gabinete, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la república, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, el jefe de Gabinete, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la república y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón Legisladores del Palacio de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Senador Alejandro González Yáñez;
diputados Silvano Garay Ulloa, Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo
Solis Parga (rúbricas).
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
68 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO
HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy día, nos encontramos con diversos problemas relacionados con la tecnología de la comunicación, y para los cuales, nosotros como legisladores, no hemos puesto las herramientas para erradicarlos y combatirlos. Uno de estos problemas, que considero como prioridad, es la de contar con un registro actualizado de los números celulares que existen y operan en la República Mexicana.
En México, cada día es más común que una persona tenga un celular debido a que vivimos en un mundo globalizado y a que los celulares cada día están más accesibles al público en cuanto precio y en cuanto trámites para conseguirlos. Según cifras difundidas por la Cofetel, en julio del 2007, cerca del 58.6 por ciento de mexicanos contaban con al menos un equipo de telefonía móvil, es decir, más de la mitad de los mexicanos.
Las ventajas de los equipos celulares son muchas, pues gracias a ellos podemos acortar distancias entre nuestros conocidos y familiares, además de que también son de gran utilidad para hacer frente a alguna emergencia. Pero, por desgracia, algunas personas le han dado mal uso a los celulares, pues los han utilizado para estafar a las personas y simular secuestros virtuales, todo ello debido a que no está regulada la venta de chips que contienen los números para comunicarse.
Hemos constatado con nuestra experiencia, que hoy día no existe un control sobre los chips o números de celular que circulan o se venden en el mercado mexicano, incluso cuando uno compra un nuevo equipo ya le viene integrado un chip con un nuevo número y en muchas ocasiones los chips son regalados en la compra de algún accesorio o, en el último de los casos, uno puede comprar un chip por menos de 150 pesos, lo cual es muy benéfico para que el crimen organizado trabaje en el anonimato, pues en la mayoría de las ocasiones no es necesario presentar una identificación oficial para corroborar que los datos sean verídicos y reales.
Como ya lo mencioné anteriormente, el conseguir tan fácilmente números de celulares para comunicarnos puede ayudar a la delincuencia organizada a vivir en la impunidad, pues mediante estos números extorsionan y se aprovechan de gente inocente sacándoles recursos económicos.
No podemos olvidar el hecho que ocurrió el pasado mes de noviembre, en donde aproximadamente 9 diputados fueron víctimas de estas mafias dedicadas al secuestro express y virtual.
Por lo anteriormente expuesto, considero como una necesidad el que nosotros, los representantes de los ciudadanos, establezcamos un mayor control sobre los números celulares que son utilizados en la República Mexicana, con el fin de ponerle más obstáculos a la delincuencia organizada y a las mafias que operan, muchas veces desde los centros de rehabilitación social, para estafar a las personas.
Pues actualmente dichos delincuentes no tienen ningún temor de ser capturados pues, al no tener ningún registro, no se le pueden fincar responsabilidades a persona alguna.
Es por ello que al implementar más controles al comprar un teléfono celular o un chip, la gente se hará responsable con el uso que se le dé a dicho número, por lo que se verá obligado a denunciar ante las diversas compañías telefónicas, que su teléfono fue robado o perdido, con el fin de dar de baja dicho número y evitar que se le dé un mal uso.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo 68. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que, para tal efecto, establezca la secretaría, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.
Así mismo, las diversas compañías telefónicas estarán obligadas a verificar la identidad del comprador de algún aparato telefónico o chip que contenga un número de telefonía móvil mediante copia de algún documento oficial.
Dichos documentos serán remitidos mensualmente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual estará obligada a llevar una base de datos que permita identificar a los usuarios de la telefonía celular en caso necesario.
Los datos serán confidenciales y sólo podrán ser usados cuando la autoridad competente lo solicite, derivado de alguna investigación criminal.
La secretaría vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO ECTOR JAIME
RAMÍREZ BARBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Exposición de Motivos
A lo largo de estos últimos años, significativos avances en el campo de la medicina han contribuido a incrementar el promedio de vida de las personas. Este es un evidente beneficio del avance de la ciencia, que así permite que la expectativa de vida en nuestras sociedades sea sensiblemente superior a la que podría tenerse hace apenas algunas décadas. Al mismo tiempo, este logro ha modificado el mapa de la morbilidad, pues ha significado el incremento de enfermedades crónicas, del mismo modo que la posibilidad de curación de muchas enfermedades antes mortales ha obligado a dar particular atención a estos padecimientos terminales y al remedio que amerita el dolor evitable.
En este contexto, debe considerarse con mucho cuidado el lugar que ocupan las enfermedades terminales en el conjunto de causas de muerte en nuestro país. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, la tercera parte de las muertes que se registran al año en México se debe a ese tipo de enfermedades.
Los pacientes con enfermedades en situación terminal enfrentan como pocos la realidad del sufrimiento. Y no nos referimos sólo al dolor físico, ya de por sí severo en muchos casos, pues éste es solamente una parte del problema de estos pacientes, sino también a las alteraciones psicológicas, emocionales e incluso espirituales que padecen por esa causa. El enfermo en situación terminal pasa por etapas de negación, depresión, ansiedad, ira y miedo.
La suma de todos estos problemas causa un profundo sufrimiento a los pacientes, pero adicionalmente a sus seres queridos.
Preservar y elevar la calidad de vida de los pacientes que padecen una enfermedad incurable o en etapa terminal, ha sido preocupación que a nivel internacional ha motivado un importante trabajo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, siendo el objeto principal conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias.
Para la OMS esta asistencia denominada paliativa busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias al afrontar los problemas asociados con padecimientos en situación terminal, con esto se pretende decir que son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales cobran la mayor importancia. El objeto de los cuidados paliativos es lograr la mejor calida de vida posible para el paciente. La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente.
De conformidad con estos planteamientos de la OMS, es necesario valorar los cuidados paliativos como intervenciones que afirman la vida, pero que al mismo tiempo consideran como normal el proceso que desemboca en la muerte; no pretenden acelerarla, pero tampoco la resisten obsesivamente tratando infructuosamente de posponerla a costa de todo lo demás; valoran el alivio del dolor y de otros síntomas angustiantes que lesionan seriamente la calidad de vida de los enfermos.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió en 1999 un documento denominado La protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos, en él se señala que prolongar la vida no debe ser el fin exclusivo de la práctica médica, sino que debe preocuparse igualmente por el alivio del sufrimiento durante el período de sobrevida que la ciencia médica pueda hacer posible.
El término "medicina paliativa" se refiere fundamentalmente al quehacer de médicos y enfermeras dedicados a esta disciplina, mientras que el de "cuidados paliativos" es más amplio y considera la intervención de un equipo interdisciplinario, incorporando en la definición el trabajo integrado de médicos y enfermeras además de otros profesionales como psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y representantes religiosos o apoyo espiritual. En las últimas décadas los cuidados paliativos han evolucionado enormemente a lo largo de los cinco continentes.
En Gran Bretaña, tras la creación del St. Christopher Hospice, la filosofía de trabajo se fue expandiendo progresivamente, lo que permitió lograr mayor cobertura económica y asistencial paulatinamente. En la década de los años setentas predominaba una modalidad de trabajo centrada en la atención de tipo hospicio institucional. En los años ochentas se expandió la atención al trabajo domiciliario, lo que fue seguido recientemente por la puesta en marcha de equipos móviles de atención intrahospitalaria y ambulatoria.
Gran Bretaña fue el primer país en el mundo en crear la subespecialidad médica de medicina paliativa, países como Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Hong Kong, Polonia, Singapur, Taiwán y Rumania se incorporaron a la visión de Gran Bretaña en este tema. En septiembre de 2006 el American Board of Medical Subspecialties otorga a la Medicina Paliativa el estatus de subespecialidad.
La Organización Mundial de la Salud y su oficina regional para las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha establecido el cuidado paliativo como programa prioritario, principalmente en el tratamiento del cáncer y se han adoptado medidas para desarrollar programas en la región.
De la misma manera, otras organizaciones internacionales como la Internacional Association for Hospice and Palliative Care han destinado esfuerzos y recursos para promover el desarrollo de los cuidados paliativos en el mundo, especialmente en África, América Latina, Asia y Europa del este.
La OPS diseñó un programa regional de cuidados paliativos para los países de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta los problemas y diferencias que existen en la región. Dichos programas, incluyen brechas entre los niveles de ingreso, estadios de transición epidemiológica, experiencia técnica, recursos destinados a salud y organización de los servicios de salud de los países.
Los programas referidos atienden a personas con una enfermedad terminal y sus familias, en las que predominan las necesidades relacionadas con la calidad de vida (síntomas físicos, emocionales, impacto social, espiritual), con pronóstico de vida limitado a causa de enfermedades como las siguientes: cáncer, síndrome de inmuno deficiencia adquirida, enfermedades crónicas y que ocasionan gastos catastróficos, síndromes geriátricos de deterioro progresivo e incurable y otras patologías de carácter terminal.
Por citar un ejemplo, es común que se presten estos servicios en pacientes oncológicos para atender problemas como el control sintomático, disnea, hemoptisis, estado confusional, dolor en sus diversos tipos, náuseas, obstrucción intestinal, entre otros; para lo cual es preciso realizar algunas acciones como:
Promoción activa de la presencia y cuidados de la familia, sin restricciones de horario.
Ubicar las habitaciones, en zonas con mayor tranquilidad y con personal, remunerado y voluntario, mejor capacitado.
Tiempos y espacios para la comunicación y la información.
La experiencia al trabajar en estas clínicas originó la necesidad de una atención continua del paciente oncológico terminal, el tratamiento de síntomas diferentes al dolor y la consideración de los aspectos psicológicos y sociales.
Con el liderazgo del Instituto Nacional de Cancerología y el apoyo político de la Organización Mundial de la Salud a finales de los ochenta, se desarrollaron cursos de cuidados paliativos que interesaron a personas e instituciones en el tema.
En julio de 1990 se firmó la declaración mexicana de alivio del dolor en cáncer, con lo cual se adopta como política oficial y se reconoce su importancia como tema de salud pública. Se desarrollaron iniciativas aisladas en diferentes regiones del país, quedando establecida en 1992 la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara, y en 1995, el Instituto Nacional de Cancerología designa la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor como área orgánicamente dependiente de la división de cirugía.
Posteriormente se desarrollaron más programas y el internes en el tema se incrementó. La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, realiza trabajo de consenso para contar con indicadores epidemiológicos que permiten conocer la realidad del país y realizar una adecuada planeación y concertación ante las autoridades sanitarias.
Los médicos conocedores y dedicados a la medicina paliativa en nuestro país son pocos y la enseñanza profesional de la medicina no ha integrado este tema como es debido.
El control integral del dolor y la promoción de la mejora en la calidad de vida del enfermo en situación terminal, debe ser considerado como un derecho fundamental de las personas y una prioridad para nuestro Gobierno, quien deberá adaptar gradualmente su estructura, organización y recursos al desarrollo de programas y servicios de cuidados paliativos.
Tenemos iniciativas interesantes en algunas regiones del país, destacando el programa universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara que aporta un modelo donde desde pregrado se concientiza a los alumnos sobre el cuidado paliativo y que organiza años con año un exitoso congreso ínter universitario.
La Secretaría de Salud, emitió una norma técnica para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los servicios de terapéutica del dolor por cáncer, donde se establecen las normas para una atención que no incluye todas las permisas de los cuidados paliativos. Dicha norma se encuentra actualmente en una nueva revisión.
Donde se propone garantizar los derechos de los enfermos en situación terminal privilegiando, en la medida de lo posible, los cuidados paliativos, para ello es necesario determinar con claridad la diferencia entre establecer los procedimientos para garantizar una muerte natural en condiciones dignas de un enfermo en situación terminal y la aplicación de métodos que acorten la vida del mismo.
En este sentido establecer un indicador de cobertura de enfermos terminales en México es complicado, dado que no se cuenta con un sistema de salud único. La atención médica de los mexicanos es proveída por diferentes instituciones de salud, dependiendo del empleo del jefe de familia.
El gobierno de cada Estado miembro de la OMS tiene la responsabilidad de establecer una política y un programa, a nivel nacional, para el alivio del dolor y cuidados paliativos. Esta política debe incorporar medidas como:
Cerciorarse que los trabajadores de la salud sean adecuadamente capacitados en el alivio del dolor y cuidados paliativos.
Certificar que los hospitales puedan ofrecer el respaldo apropiado de especialistas y apoyos para los cuidados en el hogar.
Garantizar la disponibilidad de analgésicos opioides, no opioides y coadyuvantes, en particular, la morfina.
En el que se pretende expresar que se tiene un compromiso con la vida, donde estamos convencidos que siempre debe prevalecer el derecho a la vida ante cualquier otro derecho y ante cualquier circunstancia, frente a la realidad del sufrimiento y el dolor de muchas personas víctimas de una enfermedad en situación terminal, con un final natural de vida digna.
Para que todo esto pueda suceder se necesita modificar el sistema de salud en nuestro país, ya que carece de áreas de tanatología, es decir, de especialistas que ayuden a las personas para que sepan orientar y mitigar el dolor, tanto de los pacientes terminales, como de sus familiares, para que los ayuden a prepararse para morir en paz y tranquilidad.
Lo que se pretende con estas modificaciones, es que quede debidamente establecido que las instituciones de salud públicas y privadas tendrán la obligación de ofrecer servicios de calidad y centros especializados en cuidados paliativos, para que se evite el dolor evitable y se dignifique el fin natural de vida y así se haga menos difícil la agonía, donde los enfermos tendrán el derecho a que se les brinden los cuidados paliativos en su domicilio particular con orientación, asesoría y una atención especifica de su padecimiento, procurando con ello que se logre controlar el dolor y afrontar el sufrimiento no sólo del enfermo en situación terminal.
En el tenor de la iniciativa encontramos a los cuidados paliativos como las acciones de:
Afirmar la vida, manteniendo la calidad de la misma, mirando a la muerte como un proceso esperable dentro de aquella.
Las metas de medicina paliativa no retrasan ni adelantan la muerte.
Preparar y concienciar al núcleo familiar de lo que se debe de hacer inteligente y preparadamente con el cuidado integral del enfermo.
Loa resultados más satisfactorios, pueden obtenerse de la combinación de diversas medidas, como se haría con los recursos específicos y las de adaptación a los recursos convencionales o bien, asociar la formación de los profesionales (médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales) con la ayuda de equipo de soporte domiciliario.
En la iniciativa que crea un Titulo Octavo Bis ("De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal"), se destaca la creación de un régimen simétrico de derechos y obligaciones entre prestadores y usuarios de los servicios de salud de cuidados paliativos y manejo del dolor. Entre los que destacan; el derecho del paciente a pedir la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y dar inicio al tratamiento o cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida.
La anterior figura, es decir, la suspensión voluntaria del tratamiento curativo, implica cancelar todo tratamiento que pretenda prolongar inútilmente la vida del enfermo y que se conoce como ensañamiento terapéutico. De éste modo, el enfermo opta por recibir un tratamiento para disminuir el dolor y dar lugar al bienestar del enfermo, dejando que el padecimiento evolucione naturalmente.
Es de suma importancia, aclarar que la decisión del enfermo constará en un documento con características predeterminadas por disposiciones oficiales que hagan expresa la voluntad del paciente, mismo que puede ser elaborado en cualquier momento. Atendiendo a la autonomía de la voluntad del paciente, El paciente, éste puede revocar el citado documento en cualquier momento.
Lo anterior implica que el paciente puede decidir libremente el tipo de tratamiento a que desee someterse.
En conclusión esta iniciativa pretende resaltar el derecho a los cuidados paliativos y manejo del dolor por ser éstas las intervenciones que procuran un trato digno a los pacientes en situación Terminal. Del mismo modo toda acción médica y sanitaria deberá contar con el consentimiento del paciente o de su representante, esto implica derechos y obligaciones para prestadores y usuarios en apego a lo que señala la propia ley.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos.
Primero. Se reforma la fracción I del inciso B del artículo 13, la fracción III del artículo 27; la fracción I del artículo 58; el artículo 59, la fracción III del artículo 112, y el artículo 421 Bis; se adiciona la fracción XXX al artículo 3o., y la fracción IV al artículo 33, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3o. …
A.
III. La atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias;
IV. a X. ...
IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.
l. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar problemas de salud, e intervención en programas de promoción y mejoramiento de la salud y de prevención de enfermedades y accidentes, así como acciones de respeto a la dignidad de la persona;
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de fármacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.
Segundo. Se crea un Título Octavo Bis, denominado "De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en situación Terminal".
Título Octavo Bis
De los cuidados paliativos a los enfermos en situación
terminal
Capítulo I
Disposiciones Comunes
Artículo 166 Bis. El presente título tiene por objeto:
II. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal;
III. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con su tratamiento;
IV. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo;
V. Determinar los medios proporcionados y desproporcionados en los tratamientos; y
VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y el ensañamiento terapéutico.
II. Cuidados básicos: La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea permeable;
III. Cuidados paliativos: Es el cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.
IV. Enfermo en situación terminal: Es la persona que tiene una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses;
V. Ensañamiento terapéutico: La adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situación de agonía;
VI. Medios desproporcionados: Los que constituyen una carga demasiado grave para el enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se podrán valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación respecto del resultado que se puede esperar de todo ello;
VII. Medios proporcionados: Los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener;
VIII. Muerte natural: El proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, espiritual; y
IX. Tratamiento del dolor: Todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físico y emocional producto de una enfermedad terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida.
Capítulo II
De los Derechos de los Enfermos en Situación
Terminal
Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos:
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica;
III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de conformidad a las disposiciones aplicables.
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su calidad de vida.
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad que padezca;
VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida;
VII. Solicitar al medico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor.
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que considere desproporcionado o innecesario;
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular;
X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación;
XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante legal o persona de su confianza; y
XII. Los demás que las leyes señalen.
Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 166 Bis 5. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo en la forma y términos previstos en esta ley.
Artículo 166 Bis 6. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del paciente.
En este caso, el médico tratante interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione naturalmente.
Artículo 166 Bis 7. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión por escrito ante el personal médico correspondiente.
Artículo 166 Bis 8. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos señalados en este titulo, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta de estos por su representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 166 Bis 9. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad.
Artículo 166 Bis 10. Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la obligación de respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de este titulo.
Artículo 166 Bis 11. En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del enfermo en situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el médico tratante.
Artículo 166 Bis 12. Todos los documentos a que se refiere este titulo se regirán de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento y demás disposiciones aplicables.
Capítulo III
De las Facultades y Obligaciones de las Instituciones
de Salud
Artículo 166 Bis 13. Las Instituciones del Sistema Nacional de Salud:
II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en situación terminal y o sus familiares o persona de confianza en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular;
III. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular, la secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que se le oriente, asesore y de seguimiento al enfermo en situación terminal o a sus familiares o persona de su confianza;
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el último momento;
V. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos en situación terminal; y
VI. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación terminal.
De los Derechos, Facultades y Obligaciones de los Médicos y Personal Sanitario
Artículo 166 Bis 14. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los cuidados paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar debidamente capacitados humana y técnicamente, por instituciones autorizadas para ello.
Artículo 166 Bis 15. Los médicos tratantes y personal sanitario tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia.
En este caso la institución de salud presentará, al enfermo o a su familia o persona de su confianza, otras opciones de médicos que no presenten objeción de conciencia al caso.
Artículo 166 Bis 16. Los médicos tratantes, tendrán las siguientes obligaciones:
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por escrito, para los tratamientos o medidas a tomar respecto de la enfermedad terminal;
III. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el tratamiento curativo no dé resultados;
IV. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan de cuidados paliativos;
V. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al tratamiento curativo y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado en términos sencillos las consecuencias de su decisión;
VI. Garantizar que se brinden los cuidados básicos o tratamiento al paciente en todo momento;
VII. Procurar las medidas mínimas necesaria para preservar la calidad de vida de los enfermos en situación terminal;
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos que señala esta ley;
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el tratamiento a seguir para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como posibles efectos secundarios disminuir el tiempo de vida;
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnóstico sea una enfermedad terminal; y
XI. Las demás que le señalen esta y otras leyes.
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo con lo estipulado en la presente Ley de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos será necesario el consentimiento del enfermo.
En ningún caso se suministrarán tales fármacos con la finalidad de acortar o terminar la vida del paciente, en tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales aplicables.
Articulo 166 Bis 18. Los médicos tratantes, en ningún caso y por ningún motivo implementaran medios desproporcionados al enfermo en situación terminal, sin su consentimiento.
Artículo 166 Bis 19. Para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas ensañamiento terapéutico ni medios desproporcionados.
Artículo 166 Bis 20. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal, serán sancionados conforme lo establecido por las leyes aplicables.
Artículo 166 Bis 21. El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de confianza, serán sancionados conforme lo establecido por las leyes aplicables.
Artículo 166 Bis 22. Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables.
Artículos Transitorios
Primero. La Secretaría de Salud deberá emitir los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que sean necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos que concede este título.
Segundo. La Secretaría de Salud tendrá 180 días naturales para expedir el reglamento respectivo de este título.
Tercero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Samuel Aguilar Solís.
Senadores: María Teresa Ortuño Gurza, Blanca
Judith Díaz Delgado, Lázaro Mazón Alonso, Federico
Döring Casar, Ernesto Saro Boardman, Guillermo Enrique Tamborrel Suárez.
QUE ADICIONA UN PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 97 DE LA LEY AGRARIA, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH
EVELIA MEDINA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme lo establecen los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El campo mexicano debería ser aprovechado en sus recursos económicos, humanos e institucionales para poder impulsar la producción, ya sea de autoconsumo o de excedentes. Por ello resulta necesario que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) se erija en una institución que apuntale al desarrollo agrario.
Actualmente, conforme lo disponen los artículos 94 y 97 de la Ley Agraria, el Fifonafe solamente tiene encomendadas dos funciones: servir de conducto preferente para el pago de indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de tierras ejidales y comunales, y como titular de la acción de reversión de tierras expropiadas, calidad esta última acotada por diversas disposiciones reglamentarias y criterios jurisprudenciales.
El desarrollo de la primera función mencionada ha traído un nivel creciente de certidumbre en el pago de las indemnizaciones, pues ha garantizado que éstas sean entregadas a los legítimos titulares del derecho evitando problemas institucionales severos. Asimismo, coadyuva en la formulación de requerimientos de pago indemnizatorio.
Por otra parte, la acción de reversión de tierras, que se promueve ante los tribunales agrarios, ha servido parcialmente como acicate para que las promoventes de expropiaciones no dejen ociosas las tierras y las destinen precisamente a la causa de utilidad pública para la cual fueron dispuestas.
El Fifoanfe nació en 1959, mediante su señalamiento en el Reglamento para la Planeación, Control y Vigilancia de las Inversiones de los Fondos Comunes Ejidales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de abril de 1959 (con su fe de erratas publicada en dicho diario el 22 de agosto del mismo año).
Lo anterior propició que dicha institución surgiera a la vida jurídica mediante la celebración de un contrato constitutivo de fideicomiso en Nacional Financiera, el cual se rige por las disposiciones legales aplicables y por su contrato constitutivo de fideicomiso y sus correspondientes convenios modificatorios.
Posteriormente, dicha institución recibió una doble calidad, erigiéndose por disposición expresa de la Ley Federal de Reforma Agraria también en organismo público descentralizado, como entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Durante casi 20 años, con este carácter dual, dicha institución tuvo una participación importante como instrumento de desarrollo. Sin embargo, esta función no estuvo exenta de malos manejos. Así, tras su liquidación como organismo con personalidad y patrimonio propios (organismo público descentralizado), siguió funcionando como un fideicomiso público, administrando los fondos comunes ejidales. También durante varios años, este fideicomiso operó exitosamente, por cierto, el Programa Mundial de Alimentos en México, desarrollando un papel muy importante en la atención de necesidades básicas de gran número de mexicanos.
Con relación a la reforma de la legislación agraria de 1992, podemos señalar que la Ley Agraria ignoró la existencia de los fondos comunes como parte fundamental del patrimonio de ejidos y comunidades, pues dicho ordenamiento se limitó a señalar como opcional su depósito ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal en los casos en que correspondieran a pagos indemnizatorios.
En muchos casos en que se ha optado por el depósito de indemnizaciones derivadas de expropiaciones en instituciones bancarias se han generado controversias por la titularidad de derechos, siendo que la naturaleza, conocimiento y vocación de esta institución del sector agrario, en los casos en que interviene ha generado muy bajos niveles de controversia entre ejidatarios y comuneros y ha allegado a los tribunales agrarios, cuando ha sido necesario, de elementos para hacer prevalecer los derechos de legítimos ejidatarios y comuneros.
Actualmente, como parte de la administración pública paraestatal, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal tiene una estructura a escala nacional con un amplio conocimiento de la problemática y de la legislación agraria, con excelente penetración en ejidos y comunidades, así como un archivo confiable, pero este potencial se mantiene subaprovechado y en el abandono.
El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ha logrado subsistir y operar durante varios sexenios sin la aplicación de recursos fiscales, sino solamente con recursos generados con la administración de patrimonio propio, brindando certidumbre al campo mexicano. Sin embargo, no se ha sabido aprovechar su potencial como instrumento para hacer llegar a ejidos y comunidades apoyos directos e implantar mecanismos de desarrollo.
Por lo expuesto, con el fin de propiciar el cabal aprovechamiento de esta institución y su estructura, generando el establecimiento de vías para allegar recursos al campo como parte de una estrategia integral, derivada de una política de Estado que reconoce la necesidad de atender el campo como ámbito de la soberanía alimentaria de la nación se propone establecer en la Ley Agraria la calidad del Fifonafe como instrumento de la aplicación de políticas públicas de fomento y canalización de recursos de inversión y crediticios en favor de ejidos y comunidades del país.
Esa disposición podría ser complementada con el señalamiento de que el Fifonafe podrá ser el conducto para el establecimiento de acciones y programas públicos encaminados a la atención de las problemáticas generadas por los fenómenos de minifundio, envejecimiento de la población rural y feminización de la fuerza productiva en el campo.
El Fifonafe podrá operar los programas de fomento que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La persistencia de dicha institución, pero adicionalmente su fortalecimiento para poder afrontar los retos inherentes al desarrollo de acciones de fomento, podrá agilizar sustancialmente el flujo de recursos al campo y su correcta aplicación, evitando los cuellos de botella en que se han convertido algunas instancias en la aplicación de recursos.
Evidentemente, esta sola medida no es suficiente, pues debe ser complementada con reglas de operación de programas claras y sencillas, y procedimientos ágiles.
Indiscutiblemente, que el sector agrario cuente con un nuevo conducto para la aplicación de recursos y apoyos directos al campo ampliará las capacidades de la administración pública para afrontar este reto.
Como podrá apreciarse, no se trata de crear estructuras para atender viejos problemas sino de aprovechar al máximo las instituciones existentes en beneficio de nuestro pueblo, mediante su actualización y fortalecimiento.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 97 de la Ley Agraria
Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo 97. …
El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal también servirá de instrumento para la aplicación de políticas públicas de fomento y canalización de recursos de inversión y crediticios a favor de ejidos y comunidades del país, tanto en apoyo de las actividades productivas como de bienestar de su población, conforme a las directrices establecidas en los artículos 4o., 5o. y 6o. de la presente ley, ejecutando los programas de fomento que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación, que establecerá recursos para garantizar su funcionamiento en apoyo de dichas funciones. El citado fideicomiso cuidará que en el manejo y la aplicación de recursos destinados a estos fines se cumplan los principios de publicidad y transparencia previstos en la ley.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica)
Dictámenes
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 7 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicitó el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lucas Sánchez Pérez pueda prestar servicios como chofer en la Embajada de Canadá en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 16 de enero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de Canadá en México serán de carácter administrativo.
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional.
Proyecto de Decreto
Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Lucas Sánchez Pérez para prestar servicios como chofer en la Embajada de Canadá en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a 22 de enero de 2008.
Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta;
diputado Joel Arellano Arellano (rúbrica), diputado Adolfo Mota
Hernández, secretarios; diputada María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), diputada Omeheira López Reyna, senador Héctor
Pérez Plazola (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo
Moreno (rúbrica), senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica),
senador Alejandro Moreno Cárdenas, senador Alfonso Elías
Serrano, senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Silvano Aureoles
Conejo (rúbrica), diputado Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), senador
Jorge Legorreta Ordorica.
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ISRAEL EDUARDO GIL MEZA, MIRNA BEATRIZ MÁRQUEZ CÁRDENAS, MÓNICA MACIEL LÓPEZ Y SALVADOR GUERRA HERNÁNDEZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO; Y EN SUS CONSULADOS EN GUADALAJARA, JALISCO, Y MONTERREY, NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 7 de enero de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México; en Guadalajara, Jalisco, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 16 de enero, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México; en Guadalajara, Jalisco, y en Monterrey, Nuevo León, serán de carácter administrativo.
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Israel Eduardo Gil Meza, para prestar servicios como ayudante general (electricista) en la Sección de Mantenimiento en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mirna Beatriz Márquez Cárdenas para prestar servicios como asistente administrativa en el Área de Servicios Generales en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Maciel López para prestar servicios como auxiliar en la Sección Consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Salvador Guerra Hernández para prestar servicios como empleado en el Departamento de Servicios Generales en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a 22 de enero de 2008.
Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta;
diputado Joel Arellano Arellano (rúbrica), diputado Adolfo Mota
Hernández, secretarios; diputada María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), diputada Omeheira López Reyna, senador Héctor
Pérez Plazola (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo
Moreno (rúbrica), senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica),
senador Alejandro Moreno Cárdenas, senador Alfonso Elías
Serrano, senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Silvano Aureoles
Conejo (rúbrica), diputado Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), senador
Jorge Legorreta Ordorica.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO JUAN ARTURO BRENNAN
HANSON PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA "ORDEN DEL LEÓN
DE FINLANDIA", EN GRADO DE CABALLERO DE PRIMERA CLASE, QUE LE CONCEDE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson, pueda aceptar y usar la condecoración de la "Orden del León de Finlandia", en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el gobierno de la República de Finlandia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson para aceptar y usar la condecoración de la "Orden del León de Finlandia", en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el gobierno de la República de Finlandia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, Distrito Federal, a 15 de enero de 2008.
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta; Joel Arellano Arellano (rúbrica), secretario; Adolfo Mota Hernández (rúbrica), secretario; María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica).
Senadores: Héctor Pérez
Plazola (rúbrica), Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
Humberto Andrade Quezada (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas,
Alfonso Elías Serrano, Fernando Jorge Castro Trenti, Silvano Aureoles
Conejo, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Jorge
Legorreta Ordorica.
DE LA SEGUNDA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO EN FAVOR DEL CIUDADANO ARTURO HERNÁNDEZ BASAVE COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN Y, EN FORMA CONCURRENTE, SUJETO A LA RECEPCIÓN DEL BENEPLÁCITO CORRESPONDIENTE, ANTE LAS REPÚBLICAS DE KIRGUISTÁN, UZBEKISTÁN Y TAYIKISTÁN
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, el expediente relativo al nombramiento que el presidente de la república hace en favor del ciudadano Arturo Hernández Basave embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.
Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Arturo Hernández Basave, consta que nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el 7 de abril de 1957. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En su currículum vitae, que la Secretaría de Gobernación envió a esta soberanía, se establece que el ciudadano Arturo Hernández Basave realizó la licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al servicio exterior mexicano en 1981 mediante concurso nacional. Mediante sucesivos concursos de ascenso obtuvo el rango de ministro en 1993.
El ciudadano Arturo Hernández Basave tiene una amplia experiencia en el servicio exterior mexicano, así lo demuestran sus antecedentes laborales. A lo largo de su carrera se ha desempeñado indistintamente en el área bilateral y multilateral, en ocasiones atendiendo ambas funciones de manera simultánea. También ha ocupado cargos consulares.
Desde el 24 de julio de 2006, ocupa el cargo de director general adjunto en la Dirección General para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en México. En el pasado se desempeñó como jefe del Departamento para Asuntos Económicos y Sociales y jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos, en la Dirección General para Organismos Regionales Americanos, de 1981 y 1985 y como director para Asuntos Jurídicos y Políticos de la Dirección General para Naciones Unidas, entre 1988 y 1989.
En el exterior ha estado adscrito a la Embajada de México en Grecia, de 1985 a 1988; la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, de 1989 a 1993; la Embajada de México en Países Bajos, de 1993 a 1996, habiendo estado acreditado simultáneamente como representante permanente de México ante la comisión preparatoria encargada de crear la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). De 1996 a 2004 fungió en la Misión Permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza y de 2004 a 2006 en la Embajada de México en Chile.
Es importante resaltar que el ciudadano Arturo Hernández Basave ha ocupado diversos cargos de elección en las Naciones Unidas y en diversos organismos internacionales. En la comisión preparatoria de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), de 1993 a 1994 actuó como coordinador regional del Grupo de Países de América Latina y el Caribe; en 1994 fue presidente del pleno de la comisión; y de 1995 a 1996 fue presidente del Comité del Programa y Presupuesto. Dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 2000 fue el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre Patentes, y de 1999 a 2001 fue presidente del Comité del Programa y Presupuesto.
Asimismo, de 2000 a 2001 el embajador designado participó en la Coordinación Regional del Grupo de Países de América Latina y del Caribe (Grulac), a cargo de México, en la Comisión de Derechos Humanos y en la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En 2001 participó en la Vicepresidencia de México, en representación de América Latina y del Caribe, de la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Y en 2000 y 2001 fue electo vicepresidente-relator del Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, de igual manera.
En el ámbito académico y de investigación, el ciudadano Arturo Hernández Basave ha tenido una actividad relevante. Fue investigador en el tema de derechos humanos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ha publicado dos obras; el ensayo sobre el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en ocasión del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su tesis profesional bajo el título de El sistema internacional de protección de los derechos humanos. Asimismo, a lo largo de su carrera ha dictado conferencias sobre diversos temas de política exterior de México, en universidades e instituciones de enseñanza superior nacionales e internacionales.
Además del español, el ciudadano Arturo Hernández Basave habla inglés, francés, griego, italiano y portugués.
La comisión que suscribe citó al ciudadano Arturo Hernández Basave, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, y en forma especial, sobre la relación bilateral con la República Islámica de Pakistán, en particular, y de las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
Dicha reunión, que tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con el embajador designado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.
En el programa de trabajo, presentado por el embajador designado ante esta comisión, se señala que en el ámbito político diplomático tendrá como objetivo poner en marcha un amplio programa de trabajo para fortalecer la presencia de México en esa zona del mundo, promover los intereses de nuestro país y acrecentar nuestros vínculos con esos países, de forma prioritaria con Pakistán, en todos los ámbitos. Para ello, dará especial atención al diálogo político, el intercambio comercial y de inversión y la cooperación.
El ciudadano Arturo Hernández Basave expuso sus principales líneas de trabajo como embajador designado de México en Pakistán:
A) Diálogo y concertación política
Desde la Embajada de México en Pakistán se propuso establecer un diálogo respetuoso con los principales líderes políticos del país, en un marco de pleno respeto a los asuntos internos de Pakistán, para tener un conocimiento a cabalidad de la realidad del país y poder comprender mejor su realidad y evolución política, lo que es fundamental al momento de realizar labores de promoción comercial y de inversión, en beneficio de México. Además, establecerá contacto regular con los principales líderes y actores políticos y económicos del país, con el objeto de explorar vías de profundización de la relación bilateral en todos sus ámbitos. En todos los encuentros que sostenga mencionó que difundirá las oportunidades de inversión en México.
B) Relaciones comerciales
La dinámica de la globalización, dice el embajador designado, que obliga a nuestro país ha estar atento a los cambios en el mundo, para aprovechar de la manera más óptima posible las oportunidades de diversificación de nuestras relaciones económicas y comerciales, en beneficio de nuestros esfuerzos de desarrollo nacional. Bajo este contexto, dice que impulsará la presencia de nuestro país en esa zona, mediante la promoción de visitas oficiales recíprocas de alto nivel, así como de empresarios y otros sectores que coadyuven no sólo al mejor conocimiento mutuo, sino a la identificación de posibles oportunidades de negocios y de cooperación, con el fin de crear las condiciones necesarias para que las empresas mexicanas accedan al mercado pakistaní y, a través de éste, a los países de Asia central ante los cuales quedaría acreditado de manera concurrente. Y afirma que promoverá la participación de México en ferias comerciales y turísticas y en todo evento en el que se puedan dar a conocer las oportunidades de comercio e inversión entre los dos países.
C) Asuntos culturales
Sobre estos tópicos, el ciudadano Arturo Hernández Basave mencionó que la difusión de la cultura es un vehículo eficaz para acrecentar el conocimiento mutuo entre las sociedades de México y Pakistán. Dice estar consciente de que por la lejanía geográfica quizás resulte complicado mantener un programa sustantivo en la materia y que por ello se mantendrá alerta al desarrollo de actividades de difusión cultural de México en la región de Asia-pacífico, para que se incluya a Pakistán en las diversas manifestaciones artísticas itinerantes que suele llevar a cabo nuestro gobierno. Asimismo, buscará el financiamiento de empresarios pakistaníes y mexicanos para la realización de actividades conjuntas, con el fin de difundir la rica herencia cultural de ambos países.
D) Cooperación técnica y científica
Sobre este tema, dijo que en estrecha consulta con las autoridades de ambos países explorará las posibilidades de realizar programas en áreas prioritarias para los dos países, buscando aprovechar las ventajas comparativas de cada país.
E) Asuntos consulares y de protección a mexicanos
El ciudadano Arturo Hernández Basave manifestó que dará prioridad fundamental a la promoción de los intereses de los mexicanos residentes en Pakistán y, siempre que sea necesario, brindará asistencia y protección consular a nuestros connacionales que se encuentren en territorio pakistaní y en los países ante los cuales la Embajada será concurrente. Asimismo, atenderá con diligencia los requerimientos consulares que sean solicitados por mexicanos y pakistaníes. Como tarea permanente, dijo que se reunirá periódicamente con la comunidad mexicana en Pakistán y en los países de las concurrencias y diseñará un mecanismo de información electrónica para que la comunidad mexicana esté bien informada del acontecer nacional.
F) Imagen de México
Comentó que la Embajada de México en aquel país y sus concurrencias velará de manera permanente por la buena imagen de México y que promoverá la difusión objetiva de nuestra realidad nacional, mediante el contacto permanente con los representantes de los medios y los actores sociales de mayor influencia en el país.
Estrategia para las concurrencias: Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán
El ciudadano Arturo Hernández Basave mencionó, sobre los países concurrentes, que a pesar de que la relación bilateral es simbólica con aquellos, y que ha estado limitada a escasos contactos en foros multilaterales, buscará promover el diálogo político, por lo que se propone explorar las posibilidades reales y objetivas de crear un mínimo marco jurídico e institucional que permita profundizar la relación bilateral. De igual manera procurará sostener un diálogo permanente con las embajadas de esos países en Islamabad y realizar visitas periódicas a las capitales de los tres países para sostener conversaciones con sus más altas autoridades.
El embajador designado señaló que, en el marco de estos encuentros, siempre estará atento a las oportunidades de comercio e inversión, así como de cooperación en todos los ámbitos, especialmente en lo que se refiere a educación y cultura, así como en materia de ciencia y tecnología, y que para apoyar la presencia de México en esos tres países, promoverá la designación de cónsules honorarios, preferentemente del sector empresarial, para dar un mayor impulso a las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
Para concluir, el ciudadano Arturo Hernández Basave dijo que, en el caso que esta soberanía lo ratifique, se propone a dar continuidad a los proyectos en curso y trabajar con entusiasmo y entrega en el fortalecimiento de la relación bilateral y de la presencia de México en la región del mundo a la que ha sido asignado, buscando siempre crear un ambiente propicio para la colaboración bilateral, en función de la promoción y defensa de los intereses de México y de los mexicanos, de tal forma que su gestión contribuya, así sea de manera modesta, a nuestros esfuerzos nacionales de desarrollo económico y social.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe consideramos que el ciudadano Arturo Hernández Basave reúne en su persona amplias cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Acuerdo
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Arturo Hernández Basave, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José
Eduardo Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA RATIFICACIÓN QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE EN FAVOR DEL CIUDADANO DIONISIO ARTURO PÉREZ JÁCOME FRISCIONE COMO SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el oficio suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que a su vez remite el diverso suscrito por el presidente de la república, mediante el cual somete a la aprobación de la Comisión Permanente, la propuesta de ratificación del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con fundamento en los artículos 78, fracciones III y VII, 89, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de fecha 16 de enero de 2008, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el presidente de la república designó al ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. Dicho oficio fue turnado por la Mesa Directiva a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen con base en los siguientes
Considerandos
1. Recibida la designación del Ejecutivo federal, en uso de las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 constitucional, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso, deberán resolver sobre el particular en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales aplicables.
2. La comisión dictaminadora realizó un exhaustivo análisis del expediente personal del interesado, y del cual se desprende que el licenciado en Economía con maestría en Dirección Internacional, Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, propuesto para ocupar el cargo de subsecretario de Egresos, cumple con los requisitos.
3.- Lo anterior es así, toda vez que tal como se desprende del expediente del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, remitido a esta soberanía el día 16 de enero de 2008, se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de subsecretario de Egresos, en virtud de que a lo largo de su carrera en diversas áreas como coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, responsable del área de Política Económica dentro de la Coordinación de Políticas Públicas del equipo de transición del presidente; presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Su destacada trayectoria en el sector público incluye también diversos cargos de alta responsabilidad en las Secretarías de Energía y Agricultura.
4. En este orden de ideas, es claro que el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo el funcionario propuesto por el titular del Ejecutivo federal, toda vez que tal como se desprende del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Egresos es el encargado de planear, organizar, dirigir, instrumentar y evaluar las actividades correspondientes a la responsable aplicación de recursos públicos, la formulación y evaluación de políticas públicas en programas instrumentados por la administración Pública Federal.
5. Esta comisión dictaminadora acordó citar a una reunión al ciudadano referido, el 22 de enero del año en curso. Reunión que tuvo como propósito realizar un examen valorativo de la conducta personal y profesional, de su antigüedad y experiencia profesional, de su vocación, probidad, honorabilidad y, desde luego, de su conocimiento en la materia.
6. De los considerandos 3, 4 y 5, y los resultados del examen valorativo de la conducta personal y profesional, de su antigüedad y experiencia profesional, de su vocación, probidad, honorabilidad y, desde luego, de su conocimiento en la materia, se desprende que el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione se le considera apto para desempeñarse como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos.
7. Como puede apreciarse, el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione cuenta con los elementos suficientes, para aportar a la Subsecretaría de Egresos los conocimientos en la evaluación, el diseño y ejecución de la política pública, conjuntando experiencia en diversos sectores de dicha actividad, por lo que su designación al frente de la Subsecretaría de Egresos permitirá consolidar un ejercicio del gasto público eficiente y apegado a los mejores parámetros en materia de transparencia y rendición de cuentas.
8. En esa virtud, los integrantes de la comisión resolvieron que el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione reúne y satisface el perfil adecuado para ser ratificado como Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracciones III y VII, 89, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resulta competente para dictaminar las ratificaciones de los empleados superiores de Hacienda.
Segundo. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tercero. Tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo segundo anterior para estar en aptitud de desempeñar el cargo de subsecretario de Egresos.
Sala de comisiones del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 16 de enero de 2008.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica en abstención), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISIÓN, DIEZ RELATIVOS A LA RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, Juan José Juárez Ramos, como coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 11 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 3a. clase, correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Juan José Juárez Ramos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios, que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Ramiro Ramírez López como coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de tercera clase, correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Ramiro Ramírez López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de artillería Miguel Ángel Segura Zavaleta como coronel de artillería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 37 años, 3 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 12 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de artillería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Miguel Ángel Segura Zavaleta.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, Álvaro Miranda Martel, como coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 4 días, con antigüedad en el empleo anterior de 6 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 2a. clase, por 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Álvaro Miranda Martel.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Juvenal Mariano García como coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 26 años, 3 meses y 3 días, con antigüedad en el empleo anterior de 5 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de segunda clase, correspondiente a 25 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juvenal Mariano García.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, Rubén Zamudio Matías, como coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 3a. clase, correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Rubén Zamudio Matías.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, Jesús García García, como coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 11 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la de tercera Clase, correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Jesús García García.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del ciudadano teniente coronel de infantería Elfego José Luján Ruiz como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión, envió a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 37 años, un mes y cero días, con antigüedad en el empleo anterior de 8 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de perseverancia hasta la especial, correspondiente a 35 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Elfego José Luján Ruiz.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel médico cirujano, Guadalupe Maza de la Torre, como coronel médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, dela artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
b) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
c) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 33 años, 3 meses y 8 días, con antigüedad en el empleo anterior de 11 años, y
d) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de 1a. clase, por 30 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Guadalupe Maza de la Torre.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Gabriel Martínez García como coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte
f) Que a los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes a la fecha de sus ascensos;
g) Que como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha prestado sus servicios a la nación mexicana durante 24 años, 3 meses y 10 días, con antigüedad en el empleo anterior de 4 años, y
h) Se le han otorgado las condecoraciones de Perseverancia hasta la de tercera clase, correspondiente a 20 años de servicios ininterrumpidos.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Gabriel Martínez García.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, DF, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, Alejandro González Yáñez, Luis
Walton Aburto (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO EN FAVOR DE LOS MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Segunda Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Salvador Barajas del Toro presentó un punto de acuerdo en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Segunda Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos, integrantes de la Segunda Comisión, estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
1. La migración internacional ha sido históricamente una opción presente en el afán de mejorar las condiciones de vida de las personas. Esta opción se torna más atractiva en la medida en que promete posibilidades de cambio y esperanza de que ésta puede concretarse efectivamente.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay más de 86 millones de migrantes económicamente activos en el mundo, unos 52 millones de ellos en regiones en desarrollo. Es posible incluso que esta cifra sea una subestimación, dada la dificultad de compilar datos sobre la población migrante en casi todos los países.
2. Resulta grave que en la actualidad no se hayan superado temas como discriminación, racismo y xenofobia; más grave aún es que la discriminación, el racismo y la xenofobia sean parte de la vivencia cotidiana de millones de seres humanos en el mundo actual.
Las historias de esta realidad están escritas en cuerpos de mujeres y hombres, ya sean refugiados, desplazados o migrantes generalmente irregulares, que huyen de situaciones de violencia, discriminación y exclusión y muchas veces se encuentran con la discriminación, la xenofobia, el racismo y la exclusión en el ejercicio de sus derechos en los países en que buscaban cambiar sus historias.
3. En el Foro Económico Mundial celebrado en Davós en enero de 2001, la señora Mary Robinson, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y secretaria general de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, ya había advertido a los dirigentes empresariales que la discriminación racial en el lugar de trabajo seguía siendo un problema mundial muy preocupante, y dijo que hay estudios que demuestran que la discriminación en el lugar de trabajo puede tener graves consecuencias para los trabajadores migratorios y los grupos minoritarios, y para las carreras y el futuro de los hijos.
Los empleados que reciben un trato vejatorio por motivos de raza, color, nacionalidad, linaje o etnia sufren estrés, ira y fatiga, lo que a la larga repercute en la calidad del trabajo.
Se expresó también la preocupación por los malos tratos que se infligen a los hijos y familiares de migrantes, el temor y desagrado generalizado los extranjeros que se manifiesta en las esferas pública y privada y el trato de delincuentes que se da a las personas objeto de tráfico, debido a que carecen de residencia legal, hecho sobre el que no ejercen control alguno.
3. Gobiernos de distintos países han convenido en instituir programas educativos al comienzo y al final del proceso inmigratorio, con objeto de valorar la diversidad y fomentar la tolerancia. De igual forma, se ha destacado con preocupación la vulnerabilidad de un nuevo subgrupo de niños migrantes en constante crecimiento: los hijos de mujeres migrantes que fueron violadas, los niños de uniones interraciales y los hijos de migrantes nacidos en el país de destino o acogida, todos ellos víctimas de discriminación racial no sólo en los países de adopción sino también sufren el estigma de su situación en sus comunidades y países de origen.
En razón de ello, la Asamblea General de Naciones Unidas celebró por primera vez en 2000 el Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), con la esperanza de que contribuiría a que se reconocieran los aportes de los migrantes a las economías de los países natales y los de acogida.
4. Por lo que respecta a los migrantes mexicanos, el Ejecutivo federal ha impulsado acciones tendentes a la defensa de los connacionales. Ejemplo de ello es la reunión sostenida con diplomáticos en Estados Unidos y de Canadá el pasado mes de diciembre, con objeto de instarlos a cumplir una lista de compromisos que consistían en participar en los debates públicos, acudir a los medios de comunicación, hablar con organizaciones gubernamentales, y utilizar los propios estudios y evaluaciones del gobierno estadounidense para defender el papel que desempeñan los migrantes mexicanos, entre otros.
5. Ahora bien, resulta evidente que los estadounidenses se benefician en promedio del trabajo de los inmigrantes, que tiende a complementar sin sustituir el de los nativos.
Mediante un reporte elaborado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca se ha reconocido: "Los inmigrantes no sólo ayudan a alimentar el crecimiento económico de la nación, sino también tienen un efecto positivo general sobre el ingreso de los trabajadores nacidos aquí".
El reporte consideró que en el largo plazo los inmigrantes tienen una influencia positiva y los inmigrantes capacitados pueden ser especialmente beneficiosos para los nacidos en Estados Unidos. En ese marco, subrayó que evaluar el impacto económico de la inmigración es muy complicado, pero precisó que los inmigrantes, sin distinguir entre legales o indocumentados, forman 15 por ciento de la fuerza laboral estadounidense y aun mayores porcentajes en ocupaciones como construcción, servicios de alimentación y cuidado de salud.
El texto apuntó además que 40 por ciento de los científicos que trabajan en este país nació en el exterior.
6. Esta dictaminadora considera fundamental resaltar el papel de los centros educativos y los medios de comunicación en la construcción de una cultura de los derechos humanos que valore la diversidad en toda su riqueza y propicie espacios de convivencia con la diferencia y construcción de equidad.
Es una tarea urgente promover el mayor número de ratificaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, particularmente de los países receptores de migrantes.
7. En estas condiciones, se reconoce que restan muchos desafíos pendientes en el intento de romper el círculo perverso migración-racismo-xenofobia. Ciertamente, el respeto de la diversidad y la promoción de relaciones interculturales aparecen como una alternativa a la xenofobia y el racismo y a las diversas manifestaciones de discriminación.
Finalmente, y dado que la discriminación en sus diversas manifestaciones es lo contrario al reconocimiento, respeto y valoración del otro u otra, se torna indispensable que desarrollen estrategias inmediatas y eficaces de acercamiento con las más altas autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal y con los principales actores políticos y económicos de aquel país, a fin de adoptar soluciones que contrarresten.
Con base en lo expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Con objeto de tratar de cambiar el sentimiento xenófobo que actualmente existe en Estados Unidos de América contra los migrantes mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace llegar un urgente exhorto al titular del Ejecutivo federal a fin de que instruya a nuestra embajada y a los consulados en Estados Unidos para que desarrollen estrategias inmediatas y eficaces de acercamiento y cabildeo con las más altas autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal y con los principales actores políticos y económicos de ese país que resalten las enormes aportaciones que los migrantes mexicanos, señaladamente los indocumentados, hacen y han hecho históricamente a la economía, la fuerza laboral y la cultura de Estados Unidos de América, entre otras muchas más.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado.
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Enrique
Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Adriana González
Carrillo (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge
Castro Trenti, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Alejandro González
Yáñez, Luis Walton Aburto (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXPRESA SU MÁS
ENÉRGICO RECHAZO A LA UTILIZACIÓN DE GASES LACRIMÓGENOS
COMO ARMA DE DISUASIÓN POR LAS AUTORIDADES FRONTERIZAS DE ESTADOS
UNIDOS EN LOS LÍMITES ENTRE SAN DIEGO Y TIJUANA
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por la Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se refiere a la utilización de gases lacrimógenos en la frontera México-Estados Unidos.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, la diputada Ruth Zavaleta Salgado presentó un punto de acuerdo por el que se refiere a la utilización de gases lacrimógenos en la frontera México-Estados Unidos.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Segunda Comisión en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos integrantes de esta Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República que envíe una solicitud de investigación a las autoridades de Estados Unidos, a fin de indagar los hechos acontecidos y sancionar a los responsables.
El pasado 11 de enero, vecinos de la colonia Libertad, del municipio de Tijuana, denunciaron a la policía de esa localidad que oficiales de la Patrulla Fronteriza lanzaron, alrededor de las 5:00 horas, cuatro granadas de gas lacrimógeno hacia el lado del territorio mexicano.
Ante los acontecimientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que "el gobierno de México emprenderá una investigación exhaustiva sobre estos hechos, que han afectado las viviendas de residentes mexicanos en la frontera, con el objeto de, sobre esa base, tomar las medidas que sean pertinentes". Esta comisión que dictamina considera que no es necesaria la inclusión del segundo resolutivo del punto de acuerdo propuesto, en virtud de que ya ha sido atendida.
A juicio de la Segunda Comisión, estos hechos no favorecen las relaciones diplomáticas y de amistad que tiene nuestro país con Estados Unidos, por lo que es necesario que se aclare el incidente para no sentar un mal precedente y, en todo caso, tomar las medidas cautelares para que no se vuelva a presentar una situación similar.
Es imperante que la Comisión Permanente se pronuncie rechazando el uso de este tipo de armas o de cualquier otro tipo que utilice la Patrulla Fronteriza en contra de los conacionales, pero sobre todo que sean empleadas en los límites con nuestro territorio nacional.
Con base en lo antes expuesto, la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más energético rechazo a la utilización de gases lacrimógenos como armas de disuasión por parte de las autoridades fronterizas de Estados Unidos en la frontera entre San Diego–Tijuana.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de enero de 2008.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), presidente; Omeheira López Reyna, Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado.
Senadores: José Eduardo
Calzada Rovirosa, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), secretarios;
Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica),
Alejandro Moreno Cárdenas, Fernando Jorge Castro Trenti, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz (rúbrica), Alejandro González Yáñez,
Luis Walton Aburto (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO A DESTINAR RECURSOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS PUESTOS
DE REVISIÓN CARRETEROS ESTRATÉGICOS
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Justiniano González Betancourt, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros prioritarios.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 9 de enero de 2008, el diputado Jorge Justiniano González Betancourt presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
1. La Secretaría de la Defensa Nacional en seguimiento a la estrategia de combate a la delincuencia organizada dirigida por el gobierno federal instaló puestos de revisión carreteros en distintos puntos del país.
2. Los puestos de revisión carreteros han dado resultados; sin embargo, para optimizarlos es necesario modernizarlos con tecnología que permita que su operación sea más ágil.
3. Para comprobar la factibilidad de los puestos de revisión la Subcomisión de Legislación Militar en gira de trabajo por Sonora visitó el puesto de revisión militar Benjamín Hill, la visita se derivó de una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado David Figueroa Ortega del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la inversión requerida para la construcción de ese puesto de revisión supera los 100 millones de pesos.
4. La Secretaría de la Defensa utiliza para la operación de estos puestos de revisión, la pistola de detección molecular que tiene capacidad para detectar drogas, armas, dinero, psicotrópicos, explosivos y sustancias químicas, además de otros elementos prohibidos por la ley. La Secretaría adquirió 66 de estos equipos y serán adquiridos 60 más.
5. Esta comisión considera pertinente referir que el pasado 27 de febrero del 2007 el Senado de la República aprobó punto de acuerdo, presentado por el senador por Sonora Alfonso Elías Serrano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes se coordine con el gobierno estatal y los productores afectados para modernizar los puntos de revisión y se de una solución a la problemática planteada, en virtud de las pérdidas millonarias que generan a los exportadores y al sector turismo los señalados puntos, debido a la falta de tecnología e infraestructura adecuada para agilizar las revisiones.
6. Asimismo, el pasado 16 de mayo se aprobó por la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a las autoridades correspondientes, a fin de que implanten una logística que permita agilizar los procesos de inspección en los puntos de revisión carreteros situados a lo largo del estado de Sonora y que realicen un análisis sobre la posibilidad de implementar filtros de revisión inteligentes en los puntos de revisión carreteros del referido estado a fin de agilizar la instrumentación de éste tipo de medidas de seguridad.
Por ello, coincidimos con el sentido del punto de acuerdo, ya que será una medida que complementará lo ya aprobado por el Congreso de la Unión, y que en su momento facilitará las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del crimen organizado.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de acuerdo con sus facultades y responsabilidades destine los recursos necesarios para la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos, manteniéndolos en mejores condiciones de operación en la lucha en contra de la delincuencia organizada, e informe en su oportunidad de los resultados a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Sala de comisiones de la honorable Congreso de la Unión.– México, Distrito Federal, a 22 de enero de 2008.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA CONTAMINACIÓN Y LAS IRREGULARIDADES
COMETIDAS POR ASIA AUTOMOTORES, SA DE CV, EN LA OPERACIÓN DE LA
CONCESIÓN DE UN CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EN ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Maribel Alva Olvera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Maribel Alva Olvera, presentaron un punto de acuerdo relativo a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Segundo. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión LX Legislatura exhorta a la Secretaría de Salud del estado de México para que a través de su jurisdicción local emprenda un estudio epidemiológico en la zona de María Chiconautla."
1. El crecimiento demográfico, la modificación de las actividades productivas y el incremento en la demanda de los servicios, han rebasado la capacidad del ambiente para asimilar la cantidad de residuos que se genera; por lo que es necesario contar con sistemas de manejo integral de residuos adecuados con la realidad de cada localidad. Por tal motivo y como parte de la política ambiental que promueve el gobierno federal, se pretende a través de la NOM-083 SEMARNAT-2003, regular la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
2. La NOM-083 SEMARNAT-2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004, tiene como objetivo establecer las especificaciones de selección del sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
3. Que derivado de la aprobación, en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México de concesionar el servicio público de tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos a favor de terceros, Asia Automotores de México, SA de CV, ganó la licitación para la prestación de dicho servicio. Por lo anterior, a partir de octubre de 2005 la empresa en comento ha proporcionado el servicio público.
4. Sin embargo, los habitantes de Santa María Chiconautla, han presentado un sinnúmero de quejas ante al ayuntamiento de Ecatepec, por el grave problema de contaminación ambiental y salud pública que ha generado la operación inadecuada de tratamiento y disposición final de residuos.
5. Ante la denuncia del escurrimiento de lixiviados (líquidos altamente contaminantes), del basurero municipal y la solicitud del gobierno municipal, la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de México multo a Asia Automotores de México, SA de CV, por 45 mil 810 pesos y medidas correctivas, así como la presentación del programa correspondiente para la gestión integral del manejo de los residuos sólidos urbanos; no obstante de que fue emplazada por dicho organismo a cumplirlas, se presume que sigue operando de forma irregular, sin un control adecuado de los desechos sólidos y violando flagrantemente las leyes ambientales.
Por ello, se solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que realice una nueva verificación al basurero municipal y constante las irregularidades.
6. Esta comisión coincide con el contenido del punto de acuerdo, ya que se presume, según los hechos, que la empresa Asiamex viola gravemente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos y, de forma particular, la NOM-083-SEMARNAT-2003, al no cumplir con las especificaciones para el manejo y operación del relleno sanitario.
7. Por lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con la propuesta y preocupación del promovente, en razón de que toda norma ambiental debe acatarse, y así cumplir con la finalidad de garantizar la protección del ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos contaminantes provocados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y sobre todo la protección de la salud pública en general.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, estado de México a emprender las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, a fin de garantizar la adecuada operación del confinamiento de residuos sólidos urbanos establecido en la localidad de Santa María Chiconautla, e informen de los resultados a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud del estado de México para que en el ámbito de su competencia, emprenda un estudio epidemiológico en la zona de Santa María Chiconautla, e informen de los resultados a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Sala de Comisiones de la Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a 22 de enero de 2008.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL DERRAME DE HIDROCARBUROS EN LA SONDA DE
CAMPECHE Y EN RÍO BLANCO, VERACRUZ
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del respectivo dictamen:
2. Punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el derrame de hidrocarburos en la Sonda de Campeche.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Adolfo Mota Hernández, presentó un punto de acuerdo para atender los daños provocados por derrame de Pemex en Río Blanco, Veracruz, y revisar la situación de seguridad de los ductos de la empresa.
2. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Jorge Legorreta Ordorica, presentaron punto de acuerdo sobre el derrame de hidrocarburos en la Sonda de Campeche.
3. Ambos puntos de acuerdo fueron turnados a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
4. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.
5. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de acuerdo de mérito:
a) Punto de acuerdo presentado por el diputado Adolfo Mota Hernández, a la letra señala:
Segundo. Asimismo, propone que se analice con la mayor seriedad la situación operativa, administrativa y financiera de Pemex para encontrar fórmulas que permitan una mayor y mejor inversión en infraestructura, seguridad de las instalaciones y vigilancia de los ductos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que, en el ámbito de sus atribuciones, reactive las actividades del consejo consultivo del área natural protegida Laguna de Términos, en Campeche, a fin de que retome las actividades que habían llevado a una buena conducción ambiental de dicha área y se proceda a otorgar financiamiento para la remediación de áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos en la zona, por las vías institucionales, para tal efecto.
Esta Comisión Dictaminadora consideró procedente analizar de manera individual las propuestas señaladas en el apartado de antecedentes:
I. Punto de acuerdo, para atender los daños provocados por derrame de Pemex en Río Blanco, Veracruz, y revisar la situación de seguridad de los ductos de la empresa:
1. En días pasados, fueron evacuados habitantes del municipio de Río Blanco, Veracruz, por el registro de un derrame de petróleo en unas instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos.
En comunicado, Pemex informó que el derrame se registró a las 3:25 hora local, en el oleoducto de 24 pulgadas de diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio, a la altura de la colonia Azteca de esa localidad, "a causa de la colocación de una toma clandestina".
2. Ante tal situación, Petróleos Mexicanos informó que la representación jurídica de Pemex Refinación, en el estado de Veracruz, presentó ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos, para que se inicien las averiguaciones correspondientes y se castigue a los responsables de la colocación de la toma clandestina en el oleoducto de 24 pulgadas de diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio, que provocó una fuga de petróleo crudo en el municipio de Río Blanco, ubicado en el centro de dicha entidad.
Informando, asimismo, que se está trabajando en la recuperación del petróleo derramado así como en la limpieza del área afectada.
3. Esta comisión considera que tales hechos ponen en riesgo la vida de las comunidades cercanas y dañan seriamente el medio ambiente, además de que atentan contra el patrimonio nacional ya que destruyen instalaciones, cuya reparación representa altos costos económicos e interrumpen las operaciones de producción y suministro de combustibles.
4. Por ello compartimos la preocupación del promovente, en el sentido de que el derrame ocurrido en las instalaciones de Pemex, en Veracruz, ocurrió en una zona conurbada, lo cual es evidente que la población de esa comunidad corre un gran riesgo, así como los mantos freáticos de la zona, lo cual puede contaminar el agua potable que se distribuye entre la población. Adicionalmente las hectáreas de pastizales.
Gracias a la intervención oportuna para el desalojo de las personas, el daño no fue tan grave, si se toma en cuenta que es una zona poblada, no obstante, debemos hacer un llamado a las autoridades competentes, para que lleven a cabo las acciones pertinentes, con la finalidad de evitar nuevos derrames de petróleo en cualquier instalación de Pemex, sobre todo en zonas conurbadas, y no dañar más el medio ambiente que rodee dichas instalaciones.
II. Punto de acuerdo, sobre el derrame de hidrocarburos en la Sonda de Campeche:
1. Como consecuencia del derrame de hidrocarburos, ocurrido el pasado 23 de octubre en una plataforma petrolera con el pozo KAB101, Campeche, los daños fueron irreparables, pues hubo pérdidas humanas, daño a la vida marina, así como a la economía local y regional.
2. Ante el inminente daño, el Congreso de la Unión, ha manifestado su preocupación, a través de las siguientes acciones:
b) En el Senado de la República se han presentado diversos puntos de acuerdo, relacionados con la tragedia ocurrida en la Sonda de Campeche, a través de los cuales, se solicitó a la Dirección de Pemex, haga llegar al Senado de la República, los resultados de las investigaciones en tomo al accidente en la plataforma petrolera Usumacinta, en Campeche, así como la información pertinente al daño ecológico ocasionado por ese accidente, y sobre las medidas adoptadas para reparar ese daño.
3. Sin embargo, el promovente considera que no ha sido suficiente, ya que el daño al medio ambiente ha sido grave, afirma, que se ha demostrado científicamente que los derrames de hidrocarburos, como el que ocurrió en Campeche, provocan daño a la vida marina, éstos absorben el petróleo llegando a obstruir sus sistemas respiratorios y matarlos, por ello el sentido del punto de acuerdo, para que las autoridades correspondientes informen a esta soberanía acerca de todas las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros.
4. Asimismo, y en virtud de que los daños se llevaron a cabo en la zona de Laguna de Términos, área natural protegida desde 1995, ya con un plan de manejo elaborado. La comisión coincide con el promovente para que el Consejo Consultivo dependiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas retome las actividades para una buena conducción ambiental en dicha zona.
5. La Tercera Comisión comparte la preocupación del autor, en el sentido de que las autoridades involucradas, rindan un informe relacionado con las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras, además de proceder a llevar una buena conducción ambiental en dicha zona.
Lo anterior en cumplimiento a la fracción XI del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pemex establece la obligación de cuidar de la observancia de las disposiciones relativas al equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente que garanticen el uso adecuado de los recursos petroleros. Así como de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece en su artículo 15, fracción IV que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, por lo que en términos de la legislación ambiental, quien sea responsable por la contaminación del medio ambiente, está obligado a repararlo.
Toda vez que ambas proposiciones con puntos de acuerdo, presentadas ante el pleno de la Comisión Permanente, el 16 de enero de 2008, tienen el propósito fundamental de exhortar a las autoridades competentes a que realicen las acciones necesarias con la finalidad de preservar el medio ambiente en la zonas en que han ocurrido derrames de hidrocarburos, se ha procedido a formular un solo dictamen y, con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que rindan un informen a las Cámaras del Congreso de la Unión, sobre las acciones emprendidas a reparar las afectaciones por el derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz. Asimismo, a que Pemex analice su situación operativa, administrativa y financiera que deriven en medidas eficaces que permitan mejor infraestructura, seguridad en las instalaciones y vigilancia de los ductos petroleros.
Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y a Petróleos Mexicanos, para que rindan un informe a las Cámaras del Congreso de la Unión, acerca de todas las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras en la Sonda de Campeche. Asimismo, exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que a través del Consejo Consultivo de la zona Laguna de Términos, Campeche, retome las actividades para una buena conducción ambiental.
Sala de comisiones del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a los veintidós días del mes de enero de dos mil ocho.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA
Y DE VALORES A EXIGIR A LA BANCA PRIVADA Y A LAS ENTIDADES FINANCIERAS
DE LA REPÚBLICA LA ACEPTACIÓN DE LA MATRÍCULA CONSULAR
COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, la senadora Adriana González Carrillo presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emprender las medidas necesarias a fin de asesorar y defender debidamente a quienes se les niegue el servicio por presentar una matrícula consular como identificación para efectuar trámites bancarios y financieros.
1. La matrícula consular mexicana es un documento oficial emitido por el Gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior.
La matrícula consular mexicana se utiliza como documento de identificación para los mexicanos en el exterior, por ejemplo, ante oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas; y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo.
2. La emisión de estos documentos es reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Pero, a partir de las reformas legales en 2004 y 2005, a la Ley de Nacionalidad y a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hicieron de la matrícula consular un documento probatorio de la nacionalidad mexicana y un documento válido para hacer transacciones financieras en nuestro país.
Derivado de las reformas antes citadas, la Ley de Nacionalidad, en su artículo 3, establece que será documento probatorio de la nacionalidad mexicana la matricula consular.
En cuanto a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se realizaron reformas al artículo 95, es como las instituciones financieras mexicanas están obligadas a reconocer la matrícula consultar como identificación oficial.
3. A pesar de lo anterior, la promovente afirma que no todas las instituciones financieras y bancarias en México reconocen la matrícula consular como identificación válida lo cual contraviene lo establecido en los ordenamientos mencionados.
4. Esta comisión coincide con la proposición con punto de acuerdo, ya que considera grave el incumplimiento de la ley por parte de las instituciones que se han negado a reconocer como identificación oficial a la matrícula consular.
En razón de lo anterior, conminamos a las autoridades competentes a que estén atentas a que la banca privada y las entidades financieras reconozcan a la matrícula consular como documento oficial de identificación, así como emprender acciones a fin de asesorar y defender a quién se le niegue algún servicio financiero o bancario por presentar la matrícula como identificación.
5. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide en exhortar tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que dentro de sus atribuciones y competencia se reconozca la matrícula consular como identificación oficial para efectuar trámites bancarios y financieros.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– e permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república el reconocimiento de la matrícula consular como documento oficial de identificación, en cumplimiento de la ley.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emprender las medidas necesarias a fin de asesorar y defender debidamente a quienes se les niegue el servicio por presentar una matrícula consular como identificación para efectuar trámites bancarios y financieros.
Sala de comisiones de la honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 22 de enero de 2008.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES QUE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO
OAXACA-TEHUACÁN
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el senador Adolfo Toledo Infanzón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el senador Adolfo Toledo Infanzón presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su inconformidad por la falta de atención del gobierno federal para cumplir con lo establecido en el título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Ferrosur, SA de CV, y le solicita llevar a cabo las acciones pertinentes para reestablecer de manera inmediata el servicio ferroviario en la ruta Oaxaca- Tehuacan.
1. El 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en la prestación del servicio ferroviario por otro que permita la participación de los particulares y, como consecuencia de ello, se promulgó el 12 de mayo del mismo año la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario con objeto de establecer el marco regulatorio fundamental para esta actividad.
2. Por consecuencia, las concesiones han sido otorgadas a quién cumple los requisitos y trámites que establece la legislación respectiva, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En este contexto, y con la finalidad de lograr una mejor calidad de vida, así como fortalecer el desarrollo productivo, se ha impulsado el avance y operación de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.
3. Por ello la infraestructura física, específicamente en comunicaciones, es fundamental, sobre todo la ferroviaria, necesaria para el transporte eficiente de producción para cualquier población.
En Oaxaca una de las vías de comunicación más importante es la ferroviaria Oaxaca-Tehuacán, tramo que se otorgó en concesión a Ferrosur, SA de CV. Sin embargo, esta ruta tiene un funcionamiento parcial, en razón de que el tramo Sánchez-Oaxaca dejó de operar hace tres años, ocasionando que el acceso de carga comercial del centro del país a Oaxaca se vea restringido.
4. Esta Comisión coincide con el contenido del punto de acuerdo, en el sentido de que el cierre de dicho tramo es un factor más que incide en la problemática del rezago de la actividad económica de Oaxaca, su baja productividad, así como un desarrollo en la competitividad necesaria.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte informe a las Cámaras del Congreso de la Unión, de manera puntual, sobre las acciones que se han tomado para la reactivación del tramo ferroviario Sánchez-Oaxaca, y que se dé cumplimiento cabal a lo establecido en el título de concesión otorgado a Ferrosur, SA de CV, para la vía ferroviaria Oaxaca-Tehuacán.
Sala de comisiones del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a los veintidós días del mes de enero de dos mil ocho.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA HÍDRICO
EN MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del P1eno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Adolfo Mota Hernández presentó un punto de acuerdo relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
1. El año pasado se presentó una serie de fenómenos naturales que afectaron el país, específicamente las lluvias atípicas que azotaron fuertemente Tabasco, Chiapas y Veracruz. Por ello, ha aumentado la preocupación sobre el tema del agua.
2. Al respecto, y ante los problemas asociados con el suministro, drenaje y tratamiento de las aguas, así como el impacto que éstos tienen en la vida nacional, hacen necesaria una gestión que tome en cuenta los intereses de todos los involucrados y favorezca su organización, por ello en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen una serie de objetivos y estrategias, como promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades existentes de servicios de agua potable y saneamiento en el país; incentivar una cultura del agua que privilegie el ahorro y uso racional de la misma en el ámbito doméstico, industrial y agrícola; promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes para la potabilización, uso y tratamiento del agua; fortalecer la autosuficiencia técnica y financiera de los organismos operadores de agua; expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales en el país y el uso de aguas tratadas; promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas; y propiciar un uso eficiente del agua en las actividades agrícolas que reduzca el consumo de líquido al tiempo que proteja a los suelos de la salinización.
3. Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 se establecen objetivos como mejorar la productividad del agua en el sector agrícola; incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; prevenir los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos y atender sus efectos; evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico; entre otros.
4. Acciones que ha implementado el Ejecutivo federal, a través de las áreas competentes. Sin embargo, la comisión dictaminadora reconoce que es evidente que el abatimiento del rezago existente en materia de infraestructura para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales, constituyen uno de los grandes retos que enfrentará México en los próximos años. Por ello es imprescindible invertir en tecnologías que permitan hacer un mejor uso de este recurso, incluyendo el uso de plantas desaladoras, tecnologías avanzadas para riego y reciclaje de aguas residuales
5. Esta comisión coincide con el contenido del punto de acuerdo, no obstante, considera pertinente exhortar al Ejecutivo federal para que a través del área competente se haga una revisión exhaustiva del plan hídrico nacional, con la finalidad de satisfacer las necesidades del país, el fenómeno del cambio climático y que privilegie la cultura de la prevención de desastres naturales.
Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes revise el Plan Hídrico Nacional para este sexenio, a fin de que cubra las necesidades del país, atienda el fenómeno del cambio climático y privilegie la cultura de la prevención de desastres naturales.
Sala de comisiones de la honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 22 de enero de 2008.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL CAPÍTULO AGROPECUARIO DEL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
Honorable asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo:
2. Punto de acuerdo presentado por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio, los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones en el marco del Capítulo VIII, "Medidas de Emergencia", del TLCAN.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el dputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, presentó punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente formula un llamado urgente al gobierno federal, para que instaure diversas acciones relativas al Capítulo Agropecuario del TLCAN.
2. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio, los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones en el marco del Capítulo VIII, "Medidas de Emergencia", del TLCAN.
3. Ambos puntos de acuerdo fueron turnados a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
4. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.
5. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de acuerdo de mérito:
a) Punto de acuerdo presentado por el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, a la letra señala:
Primera. Que la administración federal se aboque de inmediato a renegociar el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Segunda. Se instauren las medidas compensatorias necesarias que reviertan los efectos de competencia desigual que significa este tratado.
Tercera. Se instaure de inmediato un plan emergente que pueda paliar la situación del campo y de los micro, pequeños y medianos empresarios.
Cuarta. Que el Ejecutivo federal solicite que se constituya por Estados Unidos y Canadá un fondo financiero para mitigar los efectos de la polarización regional."
Esta comisión dictaminadora consideró procedente analizar de manera individual las propuestas señaladas en el apartado de antecedentes:
I. Punto de Acuerdo, por el que la Comisión Permanente formula un llamado urgente al gobierno federal, para que instaure diversas acciones relativas al Capítulo Agropecuario del TLCAN:
1. El objetivo general del TLCAN es formar una zona de libre comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida.
2. Que tiene como objetivos específicos: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios; promover condiciones de competencia leal; proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y solución de controversias; establecer lineamientos para una ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios; reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales; fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo; y coadyuvar a la creación de empleos.
3. Sin embargo, afirma el autor de la propuesta, que a 13 años que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, no se han reflejado las supuestas ventajas que traería al pueblo mexicano la firma de dicho acuerdo comercial. Por el contrario, se han sufrido fuertes efectos de la desgravación arancelaria total, sobre todo para los productores de caña de azúcar, maíz, frijol, trigo, carne de cerdo y leche.
4. Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del promovente, en el sentido de que el campo mexicano, siendo un sector vulnerable, se verá en serios apuros para hacer que sus mercancías compitan con equidad en el mercado nacional, derivado de la apertura de la eliminación de impuestos para la importación de maíz, frijol, leche en polvo, azúcar y otros alimentos básicos, cuya producción es subsidiada en Estados Unidos, lo que pone en desventaja a los agricultores mexicanos.
5. Por ello, consideramos conveniente que el gobierno federal instaure diversas acciones relativas al Capítulo Agropecuario del TLCAN.
II. Punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio, los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones en el marco del Capítulo VIII, "Medidas de Emergencia", del TLCAN:
1. El espíritu de la propuesta en estudio coincide con la anterior, en el sentido de que ambos promoventes reflejan preocupación frente a la apertura de la liberalización arancelaria del frijol, maíz, caña de azúcar, leche en polvo, entre otros productos, planteando un escenario que requiere de forma urgente atención y acción.
2. Ante el inminente daño que provocará la apertura de la liberalización arancelaria al sector agrícola, el autor propone hacer efectivas todas las previsiones consideradas en el TLCAN, no sólo las relativas a la eliminación arancelaria sino, también las que ayuden a proteger la economía.
3. No sólo puede insistirse en la renegociación del TLCAN, también se puede recurrir a las medidas de emergencia bilaterales, a las que los gobiernos suscriptores pueden acudir para evitar que se cause daño a la producción nacional de productos o mercancías idénticas o similares a las que están importando; determinar que las importaciones de algunos productos o mercancías se han incrementado en tal medida que han causado o amenazan causar un serio daño a la producción nacional, y con base en dicha determinación establecer medidas arancelarias que impidan que la importación de los productos en cuestión se continúe realizando.
4. Las medidas de emergencia son recursos a los que acuden los gobiernos para defender a sus productos, y así a su economía y la del sector que corresponda.
Toda vez que ambas proposiciones con puntos de acuerdo, presentadas ante el Pleno de la Comisión Permanente, el 16 de enero de 2008, tienen el propósito fundamental de exhortar al Ejecutivo federal a impulsar acciones necesarias que protejan al campo mexicano, se ha procedido a formular un solo dictamen y, con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta de manera urgente al gobierno federal para que en el ámbito de su competencia, impulse todas las acciones que en el marco del Capítulo VIII "Medidas de Emergencia" del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se prevean para proteger al campo mexicano.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta de manera urgente al gobierno federal para que en el ámbito de su competencia analice la conveniencia de una revisión al Capítulo Agropecuario de referencia en el sentido de poder activar algún recurso establecido en el mismo en beneficio de dicho sector, manteniendo los espacios de diálogo.
Sala de Comisiones de la Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal a 22 de enero de 2008.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Ector Jaime
Ramírez Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
Salvador Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON
PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES MEXICANOS,
PRINCIPALMENTE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, la diputada Aleida Alavez Ruiz presentó un punto de acuerdo relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.
2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.
4. Los suscritos, integrantes de la Tercera Comisión, estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Asimismo, emita un reporte sobre las distintas autorizaciones de impacto ambiental que ha otorgado del 1 de diciembre de 2000 al día que emita el reporte, que involucre afectaciones de humedales, particularmente de ecosistemas de manglar.
Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas iniciar de manera urgente la elaboración de los estudios técnicos que conlleven a decretar todos los ecosistemas de manglar de las costas mexicanas áreas naturales protegidas, en la categoría de santuarios.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría General de la República a investigar y aplicar las sanciones correspondientes, incluso la comisión de delitos de carácter penal, con relación a la decisión del cabildo del ayuntamiento de Veracruz de modificar el uso del suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya, incluida como sitio inscrito por México ante la Convención Internacional sobre Humedales, comúnmente llamada "Convención Ramsar", además de ser un área natural protegida municipal.
Cuarto. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a comunicar a la Comisión Permanente las acciones emprendidas por esas dependencias para investigar la presunta comisión de violaciones de la legislación ambiental por el otrora director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Ricardo Juárez Palacios; y a la Secretaría de la Función Pública sobre la resolución de las más de 19 quejas presentadas contra este personaje.
1. Los manglares son uno de los ecosistemas más ricos sobre la Tierra; crecen sobre los estuarios fluviales y los litorales protegidos de las zonas costeras ecuatoriales, tropicales y subtropicales, adaptadas al flujo de las mareas. Les permite sobrevivir en un suelo sin oxígeno y con altas concentraciones salinas; sus hojas se adaptan también a la escasez de agua dulce y son capaces de eliminar el exceso de sal.
2. El manglar es un ecosistema irremplazable y único que alberga una increíble biodiversidad y que se cuenta entre uno de los más productivos del mundo. Es el hogar de gran variedad de vida, aves migratorias, criaturas marinas y reptiles, además de las especies vegetales asociadas.
3. Los manglares representan un recurso natural trascendental ya que, entre otras cosas, son los ecosistemas naturales de mayor productividad, debido a la alta producción de materia orgánica que se desarrolla en ellos; actúan como criaderos para muchas especies de peces y otros mariscos; protegen la costa contra la erosión, tormentas y huracanes; y sirven de hábitat para una enorme diversidad de aves y otras especies marinas.
4. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos ecosistemas, el impacto de los desarrollos portuarios, la infraestructura turística, la canalización, los rellenos y el incremento de sedimentos, entre otras actividades humanas, continúan provocando el deterioro y la pérdida de grandes extensiones de humedal costero y manglares.
5. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 10 de abril de 2003, publicó la NOM-022-SEMARNAT-2003, que tiene por objeto establecer las especificaciones que regulen el aprovechamiento sustentable en humedales costeros para prevenir su deterioro, fomentando su conservación y, en su caso, su restauración.
Esta comisión coincide con la promovente, debido a la importancia de los manglares, por los servicios ambientales que aportan, fundamentales para la actividad pesquera, protección y crianza de una diversidad de especies de peces crustáceos y moluscos. Por ello consideramos pertinente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos informe sobre el estado actual de los manglares, así como un reporte sobre las autorizaciones de impacto ambiental que ha otorgado.
6. Respecto a los hechos que, afirma el promovente, han afectado numerosas hectáreas de manglar en toda la república, así como violaciones contra la legislación ambiental, esta comisión se pronuncia por el cumplimiento cabal de la ley, y fincar la responsabilidad administrativa o penal contra quien resulte culpable.
Con base en lo expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal que presente ante la Comisión Permanente un informe sobre el estado que guardan los humedales mexicanos, particularmente los manglares.
Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas iniciar de manera urgente la elaboración de los estudios técnicos que permitan decretar, en su caso, los ecosistemas de manglar de las costas mexicanas que pudieran llegarse a considerar áreas naturales protegidas, en la categoría de santuarios.
Tercero. Se exhorta a la Semarnat y a la Procuraduría General de la República a informar a las Cámaras del Congreso de la Unión sobre la presunta comisión de delitos con relación a la decisión del cabildo del ayuntamiento de Veracruz de modificar el uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya.
Cuarto. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que informe sobre la resolución de las más de 19 quejas presentadas contra el entonces director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Ricardo Juárez Palacios.
Sala de comisiones del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a veintidós de enero de dos mil ocho.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
Senadores: Alfonso Elías Serrano (rúbrica), presidente; Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), secretario; Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), José Eduardo Calzada Rovirosa, Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza
Maldonado (rúbrica), secretario; Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Salvador
Barajas del Toro, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Pablo
Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON
PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL QUE SOLUCIONE POR
LA VÍA PACÍFICA EL CONFLICTO LABORAL EN LA MINA DE COBRE
DE CANANEA, SONORA
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a solucionar por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobierno de ese estado, a respetar el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz y Carlos Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58,60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
1. En el capítulo de consideraciones, los proponentes expresan sustancialmente lo siguiente:
Citan los proponentes diversa proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Carlos Ernesto Navarro López el 16 de octubre de 2007, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) a atender el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobernador de ese estado, a respetar el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), que señalan se encuentra pendiente de dictamen por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de dicha Cámara, situación que fue confirmada por esta comisión dictaminadora. Señalan que de haber sido oportunamente atendida dicha proposición, los hechos que ocurrieron el viernes 11 de enero se pudieron haber evitado. A continuación, se presenta un resumen de los hechos mencionados por los proponentes:
El 30 de julio de 2007, los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del SNTMMSRM emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV (IMM), subsidiaria de Grupo México. Su principal demanda fue relativa a mejores condiciones de seguridad e higiene.
El 7 de agosto de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistentes las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, mencionando la circunstancia de que el titular de la STPS anunció tal declaratoria horas antes que lo hiciera la junta competente.
La misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a declarar inexistente la huelga el pasado viernes (11 de enero de 2008), pese a que el 16 de agosto de 2007 los trabajadores habían logrado un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en materia Laboral y una determinación de legalidad de la huelga el 17 de diciembre del mismo año, por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo. La inexistencia se sustentó en que la huelga "no inició en el minuto exacto que fue señalado para su emplazamiento".
En la misma resolución, la junta federal reconoce que hay condiciones de inseguridad laboral, y la STPS declaró en un boletín de prensa del 11 de enero de 2007 que "se mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea y, una vez que sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo, se dispondrá el desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que Mexicana de Cananea, SA de CV, cumpla las normas aplicables".
Además, los proponentes señalan los siguientes hechos particulares: que la fuerza pública federal se envió horas antes que fuera notificado el sindicato; que con la utilización de dicha fuerza pública se están utilizando recursos públicos por montos millonarios para defender los intereses económicos de una empresa privada; que se está ejerciendo represión contra el pueblo de Cananea durante el desalojo de las instalaciones de la mina, utilizando gases lacrimógenos, y varios mineros resultaron gravemente golpeados; que los trabajadores mineros han sido víctimas de amenazas, actos de intimidación y hostigamiento por parte de las fuerzas policiacas; que el gobierno de Sonora prestó auxilio a las fuerzas federales, con fundamento en "un oficio sin validez, toda vez que carecía de firma, emitida supuestamente por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, solicitándole su colaboración para continuar el desalojo".
Y que de 2005 a 2006 la empresa obtuvo ganancias por más de 148 por ciento y en el primer trimestre de 2007 reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 48 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron los hechos reseñados y argumentos esgrimidos por los proponentes, y a efecto de contar con mayores elementos de convicción solicitaron un estudio especial al grupo de asistencia técnica de la propia comisión sobre los comentarios y las opiniones que han aparecido sobre el tema en los medios nacionales de comunicación impresa.
Complementando y verificando la información recibida, se puede afirmar con certeza lo siguiente:
• Que la situación procesal que persiste con relación a dicho conflicto es la siguiente:
1. El 11 de enero de 2008, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga.
2. El 13 de enero, la junta federal recibió notificación del Juzgado Sexto de Distrito en materia de Trabajo en el Distrito Federal en la que otorga suspensión provisional de la declaración de inexistencia de la huelga, ante la demanda de amparo presentada por el SNTMMSRM, señalando el 18 de enero para la audiencia incidental y el 13 de febrero para la constitucional, ambos de 2008.
3. La prensa local del estado de Sonora y la nacional dan cuenta de que el 11 de enero de 2008 se procedió al desalojo de las instalaciones de la empresa minera en cuestión, en Cananea, con la intervención de elementos de seguridad pública federales y locales.
XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno.
XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a
1. ...
a) Ramas industriales y servicios:
6. Minera;
Por otra parte, la comisión dictaminadora manifiesta su preocupación por la situación de tensión social prevaleciente, hechos de violencia con lesionados, detenciones, intervención de elementos de la Policía Federal Preventiva y del gobierno del estado, que evidentemente requieren atención especial y urgente por parte de las autoridades federales y de las locales involucradas.
En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al titular de Seguridad Pública federal para que informe a esta soberanía sobre la participación de elementos de la Policía Federal Preventiva en el conflicto laboral entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV, en el municipio de Cananea, Sonora, así como las causas y el fundamento que justificaron su intervención.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social a coadyuvar en la solución del conflicto laboral existente en el municipio de Cananea, Sonora, con motivo del conflicto colectivo de trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y Mexicana de Cananea, SA de CV, privilegiando la negociación y la solución pacífica de los conflictos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social a fin de que verifique el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene de la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, con estricto respeto de su jurisdicción y de la competencia de las entidades federativas, al gobernador constitucional de Sonora a respetar y garantizar las manifestaciones que en ejercicio de las garantías individuales, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realicen los trabajadores la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV.
Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las partes involucradas en este conflicto, incluyendo autoridades federales y estatales, a redoblar sus esfuerzos a fin de encontrar, por la vía del diálogo, una solución a este conflicto, en un marco de respeto de los derechos y de las garantías individuales y sociales, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2008.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, secretarios; María del Pilar Ortega Martínez, Omeheira López Reyna, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica).
Senadores: Héctor Pérez
Plazola (rúbrica), Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
Humberto Andrade Quezada (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas,
Alfonso Elías Serrano, Fernando Jorge Castro Trenti, Silvano Aureoles
Conejo (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica),
Jorge Legorreta Ordorica.
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS A GARANTIZAR EL FUERO CONSTITUCIONAL DEL
DIPUTADO FRANCISCO SÁNCHEZ RAMOS
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco inicie una investigación a fondo en torno al asesinato de un colaborador del diputado Francisco Sánchez Ramos, presentada por el diputado Salvador Ruiz Sánchez y suscrita además por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables de1 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:
Dictamen
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de Consideraciones, los proponentes relatan una serie de hechos que dan sustento a su propuesta, en los siguientes términos literales:
"El día 11 de enero, aproximadamente a las diecinueve treinta horas, se presentó al domicilio del diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Sánchez Ramos, un individuo portando un arma de fuego y amedrentando a varias personas que se encontraban presentes. Esa persona, de nombre Juan Antonio Contreras Pérez, elemento de la policía estatal y chofer del subsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, profirió además amenazas directas contra el diputado Sánchez Ramos, señalando que le "daría un tiro" pues esas eran sus instrucciones "porque andan hablando mal de Granier y de Mayans Canabal". Al lugar llegaron elementos de seguridad municipal de Huimanguillo y sometieron Juan Antonio Contreras que, textualmente dijo, "que esa humillación la iban a pagar con su vida". Justo después arribó el señor Irving de Jesús Jiménez Sánchez, oficial de seguridad pública del estado, comisionado a la seguridad personal del secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal. Este oficial llegó para reclamar su arma, misma que fue con la que Contreras Pérez había amenazado al diputado y a su colaborador, David Isidro Madrigal.
El día 12 de enero, alrededor de las ocho y treinta horas, esa amenaza se cumplió. Un individuo disparó en tres ocasiones a David Isidro Madrigal, privándolo de la vida en su propio domicilio."
Los proponentes hacen una serie de imputaciones respecto a quienes considera responsables de los hechos denunciados y concluyen en solicitar lo siguiente:
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realizar las medidas conducentes a fin de garantizar la seguridad personal y garantías constitucionales del diputado Francisco Sánchez Ramos."
I. Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado.
II. Cuando la ley exija algún requisito previo, si éste no se ha llenado.
Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, el Ministerio Público federal actuará según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente.
En el caso que nos ocupa tal y como lo refieren los proponentes estamos en presencia de una conducta típica de amenazas, la cual de conformidad con el artículo 282 del Código Penal Federal es un delito que se perseguirá por querella, por lo que es necesario que el diputado Francisco Sánchez Ramos presente ante el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente.
III. Por otra parte, la comisión dictaminadora también aprecia que en las consideraciones de punto de acuerdo que se dictamina no se proporcionan elementos que justifiquen la solicitud a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a realizar las medidas conducentes a fin de garantizar la seguridad personal y garantías constitucionales del diputado Francisco Sánchez Ramos, pues de los hechos relatados no aparece que se estén afectando o violentando dichas garantías.
No obstante la dictaminadora, considera importante exhortar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que en uso de las facultades que le confieren los artículos 61 constitucional y22 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos instruya a las áreas administrativas de dicho órgano colegiado para que otorguen asesoría y atención en la materia legal al diputado Francisco Sánchez Ramos, en su carácter de legislador integrante de la Cámara de Diputados, así como que se ejerciten las acciones correspondientes para garantizar el respeto al fuero constitucional del mismo, de conformidad con las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22 numeral 1, de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, realice e instruya las acciones necesarias a fin de velar por el respeto al fuero constitucional del diputado Francisco Sánchez Ramos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2008.
Primera Comisión
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, secretarios; María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica).
Senadores: Héctor Pérez
Plazola (rúbrica), Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
Humberto Andrade Quezada (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas,
Alfonso Elías Serrano, Fernando Jorge Castro Trenti, Silvano Aureoles
Conejo (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica),
Jorge Legorreta Ordorica.
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON
PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE
EL TRASLADO DE LOS SENTENCIADOS HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, FELIPE
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ E IGNACIO DEL VALLE MEDINA A UN CENTRO
PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al traslado de los detenidos Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina al centro penitenciario correspondiente en el estado de México, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
Dictamen
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo, que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. La proponente relata una serie de hechos que sirven de antecedente a su proposición y que la comisión dictaminadora considera conveniente reproducir en sus términos:
Durante los años 2001, 2002 y 2003 los ejidatarios de San Salvador Atenco, Texcoco, iniciaron acciones legales para impugnar el decreto expropiatorio, obteniendo entre otras cosas la suspensión vía juicio de amparo del decreto expropiatorio. En esos mismos años la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Procuraduría General de la República, iniciaron en contra de varios campesinos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra diversas averiguaciones previas hasta ascender a la cantidad de 60 indagatorias, 52 de fuero común y 8 del fuero federal; asimismo, se incoaron 5 procesos penales en contra de algunos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Los días 22 y 23 de julio, el agente del Ministerio Público auxiliar del procurador y el subprocurador de Justicia en Texcoco autorizaron la reserva de las 52 averiguaciones previas del fuero común, derivado de una revisión exhaustiva de las 52 de las averiguaciones del fuero común que realizaron conjuntamente los representantes legales del Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra y los representantes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se llegó a la conclusión que de las diligencias realizadas por el Ministerio Público en las 52 averiguaciones previas no se desprendían elementos que integraran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados.
El 18 de agosto de 2003, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el gobierno del estado de México y el gobierno federal, suscribieron un acuerdo político que puso fin a la problemática social derivada de la emisión del decreto expropiatorio, entre los compromisos a destacarse encontramos los siguientes:
a) En el punto tercero del acuerdo político, el gobierno del estado de México y el gobierno federal se comprometieron a no ejercer ningún tipo de acción jurídica en contra de los activistas y organizaciones sociales que participaron durante el movimiento por la defensa de la tierra.
b) En el punto quinto del acuerdo político, los gobiernos estatal y federal se comprometieron a dar continuidad a la mesa de diálogo que dio sustancia al acuerdo político, para tratar los puntos relativos a los planes y proyectos productivos de la región y la seguridad pública.
El 3 de mayo de 2006, aproximadamente a las 7 horas, unos 200 agentes de la policía municipal y de la agencia de seguridad estatal se disponían a desalojar a un grupo de vendedores de flores ambulantes cerca del mercado municipal de Texcoco, en forma violenta retiraron a los comerciantes establecidos en las banquetas del propio mercado, encontrándose entre éstos, personas de avanzada edad, mujeres y menores, a quienes golpeaban sin razón. Ese mismo día los elementos de la fuerza pública del gobierno del estado de México, reprimieron y privaron de su libertad a un grupo de floricultores que previamente habían acordado con la autoridad municipal la autorización para que se instalaran los días 3 y 10 de mayo a las afueras del mercado municipal a comercializar sus productos, el resultado fueron 101 detenidos.
Los enfrentamientos del 3 de mayo dejaron la muerte de Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, como resultado de un impacto de bala. En las horas que siguieron a los disturbios iniciales, los campesinos se enfrentaron a los policías; posteriormente, hubo nuevos enfrentamientos cuando varios centenares de campesinos bloquearon la carretera que une los municipios de Texcoco y Lechería. Cientos de policías de seguridad del estado de México se habían añadido al operativo practicando numerosas detenciones en respuesta a los actos violentos, haciendo uso generalizado de gases lacrimógenos, amenazando a manifestantes con armas de fuego y pateando y golpeando con toletes a las personas ya sometidas.
El 3 de mayo de 2006 en el municipio de Texcoco agentes antimotines del estado de México, lanzan gases lacrimógenos contra la casa ubicada en la calle de Morelos, lugar donde se encontraban los floricultores y miembros del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, deteniendo sin orden de aprehensión a Ignacio del Valle y a 28 personas más.
De las acciones represivas de los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales el 4 de mayo de 2006, el joven Alexis Benhumea Hernández, de 19 años, fue gravemente herido en la cabeza, al parecer por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía ese día en San Salvador Atenco, inmediatamente después de ser herido su padre lo llevó a una casa particular y pidió asistencia médica de urgencia. Sin embargo, el cordón policial alrededor de la población impidió la entrada de ambulancias. Un médico local y su hija que intentaron asistir al joven fueron golpeados y detenidos por la policía en la calle y acusados de estar involucrados en los actos violentos.
Alexis Benhumea fue trasladado por la tarde a un hospital de la Ciudad de México, fallece el día 7 de junio en un hospital de la Ciudad de México.
Asimismo, del lugar de su detención a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a las del Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, estado de México, los detenidos fueron objeto de un trato cruel y degradante, ya que se les propinaron golpes con los pies, manos, toletes, escudos y una vez que fueron bajados de los camiones, al llegar al citado penal, de nueva cuenta fueron golpeados por filas de elementos policiacos que se encontraban esperándolos, que ya dentro de dicho centro, personas vestidas totalmente de negro los azotaban en contra de una pared y los pateaban, ordenándoles colocar la cabeza hacia abajo, para posteriormente concentrarlos a todos (mujeres, hombres, menores y extranjeros) en un espacio que, de acuerdo con la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se trata del área de visitas.
Con motivo de los hechos suscitados el 3 y 4 de mayo de 2006, fueron privados de su libertad y sometidos a proceso cerca de 200 personas entre las cuales se encuentran integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, defensores de derechos humanos, floricultores, activistas pertenecientes a diversas organizaciones sociales y estudiantiles y gente de las comunidades que al momento del operativo transitaban por la calle o se encontraban en el interior de sus viviendas las cuales fueron objeto de allanamiento por parte de las fuerzas policiacas.
Las personas identificadas como líderes del movimiento, Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina, fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, acusados de delitos del fuero común.
Los delitos del fuero común que se imputan a los detenidos son los de secuestro equiparado, robo calificado con violencia, lesiones calificadas, daños dolosos, por incendio, sedición y ataques a las vías generales de comunicación.
En septiembre de 2007 les fue ratificada la sentencia de 67 años 6 meses de prisión, lo que a todas luces es una sanción desproporcionada y alejada del ánimo de justicia.
En la proposición con punto de acuerdo se solicita al comisionado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al gobernador y Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, instruyan en términos del último párrafo del artículo 18 constitucional, el traslado de los detenidos antes mencionados al centro correspondiente en el estado de México, y se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dicte las medidas cautelares correspondientes.
II. .
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes y con pleno respeto a su autonomía, exhorta a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes a efecto de que en el ámbito de sus propias facultades ordenen el traslado de los procesados Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina, al centro penitenciario del estado de México al cual corresponda su reclusión en prisión preventiva.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dado el caso, dicte las medidas cautelares correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los detenidos mencionados en el párrafo que antecede para su traslado y permanencia en dicho centro penitenciario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2008.
La Primera Comisión de Trabajo
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica) presidenta; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, secretarios; María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica).
Senadores: Héctor Pérez
Plazola (rúbrica), Jorge Andrés Ocejo Moreno, Humberto Andrade
Quezada (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas, Alfonso Elías
Serrano, Fernando Jorge Castro Trenti, Silvano Aureoles Conejo (rúbrica),
Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Jorge Legorreta
Ordorica.
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para recibir información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente
Dictamen
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo "Consideraciones", el proponente expresa sustancialmente lo siguiente:
Se refiere al proceso de desarrollo de nuestra democracia, señalando que subsisten graves deficiencias en tres temas fundamentales: la participación ciudadana, los derechos humanos y el ejercicio irrestricto de la libertad de prensa.
Que el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas, pues según recuento formulado por diversos organismos no gubernamentales son cientos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todo el país.
Dicha actividad requiere del más firme compromiso del gobierno para que se ejerza cabalmente y se combata toda amenaza al ejercicio profesional de los comunicadores, a su integridad física y a su patrimonio.
Que durante 2007, al menos 134 trabajadores de la prensa resultaron muertos en la realización de su trabajo, como informó la Federación Internacional de Periodistas. En el plano internacional, México figuró entre los lugares más peligrosos para los periodistas.
Que el índice de incidentes es muy alto, a pesar de que este Congreso aprobó la despenalización de la difamación y la calumnia, que eran dos reminiscencias verdaderamente inquisitoriales y, también, a pesar del compromiso público asumido en esta Cámara por el secretario de Gobernación, quien en nombre del presidente, del gobierno y del suyo, se comprometió a dar garantía plena a la libertad de expresión.
Que el Ejecutivo emitió el acuerdo A/031/06, por el que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. La función de esta fiscalía es dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales y extranjeros en México, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.
Que no obstante la creación de dicha dependencia, la opinión pública y los legisladores "no percibimos que mejore realmente la situación en que se efectúa el desempeño periodístico, y, al contrario, continúan las amenazas de todo género contra la prensa".
Concluye en que es prioritario que el Ejecutivo por conducto del titular de la fiscalía anteriormente mencionada, rinda a esta Soberanía un informe detallado de su actuación.
II. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión se encuentre mejor informado sobre la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
Por otra parte, se toma en cuenta que la actuación de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, terminará a más tardar el próximo 31 de enero de 2008, por lo que no se tendrá el tiempo necesario para recibir, procesar y dar seguimiento a la información que, en su caso, produzca la fiscalía mencionada; además, en la Cámara de Diputados está funcionando la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, por lo que se propone que la información relativa la remita la PGR a dicha comisión especial de la Cámara de Diputados.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría General de la República, con la intervención que corresponda al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas, que informe de las gestiones realizadas desde su creación hasta la fecha, en el ejercicio de sus atribuciones, los objetivos planteados para el presente año, las denuncias atendidas y el número de investigaciones resueltas y en proceso.
Se solicita que la información a que se refiere el párrafo anterior, se remita a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, dentro de los 30 días naturales siguientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2008.
La Primera Comisión
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta;
diputado Joel Arellano Arellano (rúbrica), diputado Adolfo Mota
Hernández, secretarios; diputada María del Pilar Ortega Martínez
(rúbrica), diputada Omeheira López Reyna, senador Héctor
Pérez Plazola (rúbrica), senador Jorge Andrés Ocejo
Moreno (rúbrica), senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica),
senador Alejandro Moreno Cárdenas, senador Alfonso Elías
Serrano, senador Fernando Jorge Castro Trenti, senador Silvano Aureoles
Conejo (rúbrica), diputado Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), senador
Jorge Legorreta Ordorica.
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS LOCALES A ARMONIZAR SUS
CÓDIGOS Y LEYES DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales en materia de paridad entre hombres y mujeres, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:
Dictamen
Antecedentes
La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de Consideraciones, la proponente expresa sustancialmente lo siguiente:
Se refiere en términos generales al proceso de globalización y desarrollo propio de las sociedades contemporáneas que involucra demandas relacionadas con la identidad, el género, el origen étnico, la raza o las capacidades; destaca que uno de los elementos centrales de esos procesos han sido los derechos de la ciudadanía, con la exclusión de diversos grupos que ha tenido como efecto que personas afro-descendientes, mujeres, grupos indígenas o con discapacidad fueron marginados de estos derechos o no gozaron de las oportunidades para hacerlos efectivos, dando como resultado la subrepresentación de estos grupos y de sus intereses en la discusión de los asuntos públicos; se refiere a la idea de la democracia paritaria que en materia de género, promueve la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, señalando que el propósito de la paridad es subsanar la exclusión que durante años han enfrentado las mujeres en los espacios públicos, del ejercicio del poder, de la definición de interés común, de los espacios de representación social y política, e incluso en la toma de decisiones en las relaciones familiares y de pareja.
Continúa señalando la proponente que en nuestro país se han dado pasos fundamentales para la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones. Cita al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, que establece diversas disposiciones para garantizar la equidad y paridad de género.
II. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y pudo precisar lo siguiente:
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la autora de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, en la conveniencia de impulsar las reformas necesarias a efecto de que las legislaturas de los Estados tomen en cuenta los avances de la legislación electoral federal, en materia de equidad y paridad de género, en forma equivalente o similar a la adoptada por la legislación federal.
Se toma en cuenta que la Comisión Permanente se ha manifestado siempre respetuosa de los principios que inspiran nuestro federalismo consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También se toma en consideración que conforme al artículo 116, fracción IV y 122, Base Primera, numeral 1 de la propia Constitución, las constituciones y leyes de los Estados y del Distrito Federal, establecerán las garantías y las reglas para la preparación y desarrollo de las elecciones locales.
En este sentido, corresponde a la jurisdicción y competencia exclusivas de las leyes y autoridades locales, la organización de las elecciones estatales y del Distrito Federal.
Sin embargo, también se toma en consideración que la materia sustantiva que se pretende impulsar con la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, es la relativa a la garantía de igualdad entre el varón y la mujer, consagrada en el primer párrafo del artículo 4° de nuestra Constitución, y esta garantía fundamental debe ser respetada por las constituciones y leyes de las Entidades Federativas.
Por ello, la Comisión Dictaminadora considera procedente exhortar a las legislaturas de los Estados para promover la modificación a la legislación local en materia electoral, en ejercicio de las facultades que les corresponden, tomando en cuenta, analizando y ponderando las disposiciones del COFIPE, ahora vigentes, en sus artículos 38, numeral 1, inciso s), 218, numeral 3, 219, numeral 1, 220, numeral 1 y 221, numeral 1, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 14 de enero de 2008.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, con estricto respeto a su jurisdicción y competencia, a las legislaturas de los estados de la república y del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus facultades soberanas, determinen la conveniencia de armonizar su legislación en materia electoral con el propósito de seguir desarrollando y fortaleciendo la equidad y paridad de género en materia política, tomando en cuenta, analizando y ponderando lo que dispone el Cofipe, ahora vigente, en sus artículos 38, numeral 1, inciso s), 218, numeral 3, 219, numeral 1, 220, numeral 1 y 221, numeral 1, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 2008.
Segundo. Notifíquese.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2008.
Primera Comisión
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, secretarios; María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica).
Senadores: Héctor Pérez
Plazota (rúbrica), Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica),
Humberto Andrade Quezada (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas,
Alfonso Elías Serrano, Fernando Jorge Castro Trenti, Silvano Aureoles
Conejo (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica),
Jorge Legorreta Ordorica.
Acuerdos
Convocatorias
A la decimotercera reunión de mesa directiva, que se efectuará el miércoles 23 de enero, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el edificio D, segundo nivel.
Atentamente
Diputado Diego Aguilar
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la decimonovena reunión de mesa directiva, que tendrá verificativo el miércoles 23 de enero, a las 10 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en la planta baja del edificio D.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES
A la reunión de subcomisiones por efectuarse el miércoles 23 de enero, de las 10 a las 21 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.
Atentamente
Diputado Rubén Aguilar Jiménez
Presidente
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el miércoles 23 de enero, a las 10 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante (edificio I, planta baja).
Atentamente
Diputado Alejandro Martínez Hernández
Presidente
DEL CONSEJO EDITORIAL
A la sesión de trabajo que se llevará a cabo el miércoles 23 de enero, a las 10:30 horas, en la sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política (edificio G, segundo piso).
Atentamente
Diputada Ma. Nieves Noriega Blanco Vigil
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la reunión de mesa directiva por celebrarse el miércoles 23 de enero, a las 11 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A la sexta reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 23 de enero, a las 11 horas, en el salón 2 del edificio I.
Atentamente
Diputado Alejandro Martínez Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la decimoséptima reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 23 de enero, a las 14:30 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputada María Esperanza Morelos Borja
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A la novena reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 23 de enero, a las 15 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Leonardo Magallón Arceo
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la reunión plenaria que se realizará el miércoles 23 de enero, a las 16 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A la reunión ordinaria mensual que tendrá verificativo el jueves 24 de enero, a las 11 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Tomás del Toro del Villar
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES
A la reunión plenaria que se llevará a cabo el jueves 24 de enero, a las 12 horas, en el salón C del edificio G.
Atentamente
Diputado Rubén Aguilar Jiménez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la decimoctava reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 31 de enero, a las 10 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la decimoséptima reunión de mesa directiva.
4. Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen y de opinión de la Comisión de Turismo:
a) Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una estrategia para brindar apoyos y así convertir en un lugar turístico al sitio denominado La Ciénega del Golfo de Santa Clara, situado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, presentado por el diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN, el 13 de diciembre de 2007.
b) Opinión de la Comisión de Turismo acerca de la iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por los diputados Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui y Sara Latife Ruiz Chávez, del GPPRI, el 12 de diciembre de 2006.
5. Asuntos generales.
Diputado Octavio Martínez Vargas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la vigésima reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 31 de enero, a las 11 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la décimo novena reunión plenaria.
4. Presentación, análisis y discusión y, en su caso, aprobación, de los siguientes proyectos de dictamen y de opinión de la Comisión de Turismo:
a) Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una estrategia para apoyos y, de esta manera, convertir en un lugar turístico el sitio denominado La Ciénega del Golfo de Santa Clara, situado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, presentado por el diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 13 de diciembre de 2007.
b) Opinión de la Comisión de Turismo a la iniciativa que reforma el artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor, presentada por los diputados Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui y Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 12 de diciembre de 2006.
5. Asuntos generales.
Diputado Octavio Martínez Vargas
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE GANADERÍA
A la reunión de análisis del uso ilegal de clembuterol, que tendrá lugar el martes 12 de febrero, a las 16 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Orden del Día
2. Participación de las organizaciones y dependencias invitadas sobre las posturas y realidades del uso de clembuterol en la alimentación de ganado.
3. Intervención de los diputados asistentes.
4. Conclusiones y asuntos generales.
Diputado Francisco Domínguez Servién
Presidente
Invitaciones
Al curso La importancia de la argumentación jurídica en la oralidad, que se impartirá el martes 29 y el miércoles 30 de enero, de las 10 a las 13 horas, en el salón 4 del edificio I, planta baja.
Atentamente
Diputado Alfredo Ríos Camarena
Presidente
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Al foro Normatividad relacionada con la contratación pública de obras, bienes y servicios, que se llevará a cabo el miércoles 13 y el jueves 14 de febrero en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Atentamente
Diputado Benjamín Ernesto González Roaro
Presidente
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas
Objetivo
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas y economía pública, que coadyuven con el trabajo legislativo en la materia.
Bases
Podrán participar todos los interesados que presenten estudios, investigaciones y desarrollos tecnológicos enmarcados bajo las siguientes modalidades:
b) Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento.
c) Tecnológicos, cuando la aportación sea un desarrollo de software y modelos.
Participantes
Los estudios, investigaciones o desarrollos tecnológicos pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana u otra.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
• Estar redactados en castellano.
• Presentar un planteamiento claro y objetivo, con rigor
analítico y metodológico, pudiendo abordarse con el enfoque
de una o varias disciplinas.
• Estar acompañados con un resumen ejecutivo de
máximo 10 cuartillas.
La recepción de trabajos será a partir de la expedición de la presente convocatoria y la fecha límite de entrega será el 29 de febrero de 2008, hasta las 18 horas.
Los resultados se darán a conocer el 31 de marzo en la página electrónica del centro y el premio se entregará en abril de 2008 en una ceremonia especial.
Quedan excluidos los trabajos que ya hayan sido publicados, difundidos o no, y las obras cuyos derechos no sean propiedad del autor. Asimismo, no podrán participar las obras elaboradas por personal adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas o a la Cámara de Diputados.
Jurado
Será integrado por especialistas de instituciones de reconocido prestigio, incluido el CEFP.
Premio
Para el primer lugar, 125 mil pesos; para el segundo, 50 mil; y para el tercero, 25 mil.
Además. se otorgarán un reconocimiento y un diploma, y se publicará la obra.
Mayores detalles en la página http://www.cefp.gob.mx
Teléfono: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
5628 1300, extensiones 55220 y 55227. Correo electrónico: administrador@ns.cefp.gob.mx