Adriana González Carrillo y Guillermo Tamborrel Suárez, senadores de la república de la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas estatales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a realizar las adecuaciones legales necesarias para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, con base en las siguientes
Consideraciones
300 millones de niñas y niños están expuestos a la violencia, la explotación y los abusos, incluidas las peores formas de trabajo infantil y esclavitud en conflictos armados; asimismo, están sometidos a prácticas dañinas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Sobre el último punto, resulta inadmisible que en el siglo XXI persistan prácticas mediante las cuales las niñas son obligadas a casarse. Situación que las obliga a dejar sus estudios y las priva de la búsqueda de sus sueños materiales y personales.
Seguramente muchas de las niñas que se casaron, se "juntaron" o fueron obligadas a ello, quisieron ser doctoras, maestras, licenciadas, ingenieras, etétera, o incluso casarse y compartir la vejez con el hombre que ellas eligieron y no con aquel al que fueron entregadas simplemente por la entrega de una despensa, un animal de crianza, un burro o un caballo.
Estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia indican que en el país hay 388 mil 831 niños y niñas entre 12 y 17 años de edad que están casados o viven en unión libre.
Resulta lamentable que la mayoría de los códigos civiles en el país no establezcan como la edad mínima para casarse los 18 años, pues debemos recordar que toda persona que no ha cumplido esa edad debe ser considerada como niña o niño y, por tanto, debe recibir la mayor asistencia por parte del Estado para su supervivencia y sano desarrollo.
De acuerdo con un importante estudio de la Red, la mayoría de los códigos civiles de los estados, 25 en total, establecen como las edades mínimas para casarse las de 14 años para mujeres y 16 años tratándose de los hombres.
Por otra parte, el estudio señala que los códigos civiles de Chiapas, Jalisco, Morelos y Puebla consideran a los 16 años, tanto para niñas como niños, la edad mínima para casarse. Por su parte, Baja California Sur establece la edad de 18 años para los varones y 16 para las mujeres.
De acuerdo con esas investigaciones, únicamente los códigos civiles de Guerrero e Hidalgo establecen los 18 años, tanto para el hombre como para la mujer, como edad mínima para contraer matrimonio.
En el Distrito Federal, los menores de edad podrán contraer matrimonio siempre que ambos hayan cumplido 16 años. Para tal efecto, se requerirá del consentimiento del padre o la madre o en su defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de éstos, el juez de lo familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del caso.
También es lamentable que en varios códigos penales a los aprovechados que abusan de las niñas por medio del engaño se les perdone simplemente si se casan con ellas.
Lo anterior es una clara muestra de cómo en el plano legislativo el interés superior de la infancia ha quedado relegado, ya sea por la omisión de quienes debemos legislar a su favor o bien porque en muchos de los casos prevalecen los intereses o la conveniencia de los padres.
No debemos olvidar que ante todo y por encima de todo debe estar el bienestar del niño, en congruencia con el principio del interés superior de la infancia plasmado en la Convención sobre los Derechos del Nino, precepto que debe guiar la expedición de las normas y la hechura de las políticas públicas en cualquiera de sus vertientes.
Sobre ese orden de ideas, es de destacar que desde el 10 de noviembre de 1982 fue aprobada por el Senado de la República, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, cuya entrada en vigor para México fue el 23 de mayo de 1983.
Esta convención menciona en su preámbulo que los Estados deberán dictar las disposiciones adecuadas con objeto de abolir dichas costumbres, antiguas leyes y prácticas, entre otras cosas, que aseguren la libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil, y que adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio.
Sin embargo, hasta el momento no se han realizado cambios trascendentales en las leyes o acciones programáticas relevantes para cumplir con ese mandato.
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece de forma indirecta la necesidad de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, inicialmente desde la definición de niño como todo ser humano menor de 18 años. A su vez, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, al emitir sus recomendaciones a nuestro Estado en el año 2006, externó su preocupación porque en México la edad mínima para contraer matrimonio sea tan baja y distinta para las niñas (14) y los niños (16), manifestando en consecuencia la siguiente recomendación al Estado mexicano:
Así también el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado por el Senado el 22 de octubre de 2000 y publicada su promulgación el 10 de abril de 2003, manifiesta que para los fines del mismo debe entenderse por trata de personas entre otras cosas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
El protocolo manifiesta que esa explotación incluirá, como mínimo entre otras cosas, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre, aspectos que ocurren cotidianamente como práctica, costumbre o uso común en los Estados.
En concordancia con ello, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada el año pasado, manifiesta en su artículo 5 que debe entenderse por trata de personas:
Es inadmisible que a nuestra niñez se le dé un valor como si se tratase de mercancías; es decir, objetos sujetos al comercio.
No sabemos cuántas de esas niñas y jovencitas han sido engañadas, ultrajadas y después usadas por sinvergüenzas que posteriormente las prostituyen en las grandes ciudades como la ciudad de México.
Es por ello que no debemos ser omisos ante esta lamentable realidad y debemos impulsar todas aquellas acciones que protejan a nuestra niñez de explotación y abusos.
Nos queda claro que este problema no se resuelve solamente con las modificaciones legislativas a las que invita el presente punto de acuerdo, puesto que este problema tiene una connotación cultural importante.
Es por ello que también se invita a los gobiernos estatales a establecer programas de orientación a niños, adolescentes y a sus familias en materia de matrimonio y sus responsabilidades, para que en su momento y llegada una edad razonable asuman esta comunión con plena conciencia y compromiso.
Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas estatales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las adecuaciones legales necesarias para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, realizando en paralelo, políticas públicas y programas encaminados a evitar las causas que ocasionan matrimonios precoces o a temprana edad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas estatales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las adecuaciones legales necesarias para eliminar dentro de la figura del estupro, la excluyente de responsabilidad para el probable responsable cuando contraiga matrimonio con el adolescente o la adolescente, con el propósito de evitar que, bajo el amparo de esa figura, los responsables de actos reprochables evadan la correspondiente responsabilidad penal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.
Senadores: Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica),
Adriana González Carrillo.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR UN PROGRAMA INTEGRAL DESTINADO A MEJORAR
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL EJÉRCITO MEXICANO,
A CARGO DEL SENADOR CARLOS LOZANO DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los que suscriben, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Mientras los medios de comunicación nos reportaban hace unos días, sangrientos combates de miembros del Ejército mexicano -y otras corporaciones de seguridad- con bandas armadas del crimen organizado, nos daban cuenta también del elevado número de quienes abandonan sus filas y, más preocupante aún, que tres de cada diez desertores de las Fuerzas Armadas, se incorporan al crimen organizado.
Si contextualizamos esta noticia nos daremos cuenta de lo delicado de la situación.
En Tamaulipas hubo un enfrentamiento con un saldo de cinco militares y otros tantos policías heridos. Por el lado de los delincuentes hubo cinco sicarios muertos, diez heridos e igual número de detenidos.
Desafortunadamente, son cada vez más recurrentes este tipo de encuentros violentos en los que soldados y policías exponen la vida en cumplimiento de su deber, enfrentados a verdaderos ejércitos de delincuentes con enorme capacidad de fuego, en una lucha que ha demandado cada vez una mayor intervención del ejército mexicano, por ser la institución mejor preparada ante la dimensión de los desafíos del crimen organizado aunque, lamentablemente, por eso mismo se le ha sometido a un enorme desgaste.
No olvidemos que el Ejército debe cumplir también con otras tareas que la ley le fija, como es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, lo que tiene que ver con el resguardo de instalaciones estratégicas, o el auxilio a la población en casos de desastres naturales, el mantenimiento del orden en estos casos y el restablecimiento de las condiciones normalidad después de esos desastres, como aún lo estamos viendo en Tabasco. Son los soldados y marinos mexicanos los primeros en estar al lado de la población afectada por las inclemencias del tiempo, por su gran disciplina y sentido de responsabilidad.
Por ello, es por demás preocupante enterarnos del fenómeno de la deserción. De acuerdo con los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, citados por Carlos Marín en Milenio, entre 2002 y 2006 abandonaron las filas del Ejército 151 mil 533 militares. Aunque son variadas las causas, como retiro, solicitud de baja, mala conducta, defunción, la causa mayor es la deserción.
Los datos indican que en 5 años el Ejército tuvo que renovar más del 70 por ciento de sus filas, y todo el que haya viajado en metro en estos años habrá podido constatar los esfuerzos que realizan las juntas de reclutamiento militar para convencer a jóvenes a incorporarse a las distintas corporaciones del Ejército, instalando módulos o repartiendo volantes en la terminales de mayor afluencia.
Quienes se incorporan lo hacen más por necesidad que por vocación y esto hace que la dura vida militar, el elevado riesgo de las misiones, la lejanía de la familia y del lugar de origen y, de manera particular los bajos salarios ante el cúmulo de riesgos y de responsabilidades, empuje a los jóvenes soldados a la deserción. Lo más grave es que, si la información que ha trascendido es verídica, un tercio de quienes desertan se incorporan al crimen organizado, lo cual sería explicable por el poder corruptor de los cuantiosos recursos que manejan las organizaciones de dedicadas al tráfico de drogas y a otras actividades ilícitas.
El sistema tampoco permite pensar en la carrera militar como una opción para los jóvenes con ambiciones de superación, no es posible y mucho menos atractivo, que un general se jubile sólo con su sueldo base, lo que resulta que muchos de estos tengan que reincorporarse a la vida militar en el mejor de los casos.
El problema de la vocación alcanza también a las instituciones del sistema educativo militar. De acuerdo con datos del 2004, en ese año la matrícula descendió de un promedio de mil inscripciones anuales a apenas 479 ingresos en el Heroico Colegio Militar. La Secretaría de la Defensa puso en marcha una intensa campaña para despertar en más jóvenes la vocación del servicio de las armas, cuyos resultados sería importante conocer, aunque ante el creciente número de deserciones, es poco probable que el crecimiento de la matrícula haya tenido un comportamiento ascendente.
Es claro que ante el tamaño del problema no basta el endurecimiento de las medidas disciplinarias o las amenazas de duros castigos, aunque estos sean necesarios, sobre todo para quienes se incorporan al crimen organizado. Se requiere además generar las condiciones materiales y los estímulos económicos y de reconocimiento social que propicien la permanencia de los elementos del Ejército en sus puestos, y atraigan a más jóvenes a la vocación militar en sus distintas facetas. Nuestro grupo parlamentario considera que este tema es de gran importancia para la seguridad nacional, en el contexto del combate al crimen organizado que ha llegado a desafiar abiertamente a las instituciones del Estado.
Si bien es cierto que a partir de enero de este año los salarios se incrementaron de manera proporcional –los más bajos hasta el 40 por ciento- esto apenas fue suficiente para recuperar algo del terreno perdido, ya que los salarios continúan siendo muy bajos.
El sueldo neto de soldados y marinos en 2006 fue de 3 mil 865 pesos al mes, y con el aumento quedará en 5 mil 217 pesos; los cabos que ganan 4 mil 207 recibirán 5 mil 679 pesos; sargentos segundo y tercer maestres pasarán de 4 mil 974 a 6 mil 714 pesos, y los sargentos primeros que ganaban 5 mil 219 recibirán 7 mil 45 pesos. Los oficiales de menor rango tuvieron un aumento, aunque en menor proporción que sus compañeros de tropa.
Se requiere hacer un esfuerzo mayor para que los soldados y sus familias cuenten con mejores servicios educativos y de salud, vivienda digna, que vean compensados los elevados riesgos que corren con el fortalecimiento de su vida familiar, propiciada por la propia institución armada, así como también con la adecuada compensación económica y el reconocimiento de la sociedad a sus esfuerzos. El espíritu de cuerpo y la moral del Ejército se fortalecen con una vida familiar cohesionada y sin privaciones, y los estímulos, no sólo económicos sino de reconocimiento, son un acicate para su mejor desempeño.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a elaborar un programa integral encaminado a mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los soldados y marinos mexicanos, en un sentido amplio, considerando el bienestar de sus familias en los aspectos de educación, salud y vivienda, así como también el estímulo a la convivencia familiar y el reconocimiento social a su desempeño, de tal manera que se fortalezca la moral del Ejército y la Armada, en cumplimiento de sus delicadas tareas, y se coadyuve a disminuir los casos de deserción.
Segundo. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de la Defensa Nacional información estadística oficial sobre los casos de deserción en el Ejército y la valoración de dicha dependencia sobre las razones del elevado número de deserciones, en caso de confirmarse dicha información.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del ramo las acciones que se han realizado con el fin de promover el crecimiento de la matrícula en el sistema educativo militar, sus resultados, así como los esfuerzos adicionales que se requieren.
Senadores: Fernando Castro Trenti (rúbrica),
Alfonso Elías Serrano, Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica),
José Calzada Rovirosa (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón
(rúbrica), Carlos Lozano de la Torre (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO
DE LA UNIÓN A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
BICAMARAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y LABORALES DE LOS MEXICANOS RADICADOS EN EL EXTERIOR, SUSCRITA POR LOS
SENADORES YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ Y SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La falta de crecimiento económico, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de oportunidades en nuestro país, son las principales explicaciones el fenómeno migratorio de la población mexicana a los Estados Unidos, pero también la demanda estructural de fuerza de trabajo mexicana, en actividades tradicionalmente conocidas como la agricultura, pero que en la actualidad se concentran mayoritariamente en el sector manufacturero como obreros (41 por ciento) y semicalificados (construcción y servicios, 29 por ciento), donde los mexicanos perciben los salarios más bajos respecto al resto de los inmigrantes que participan en la fuerza laboral de Estados Unidos.
El papel de los trabajadores mexicanos en la economía Norteamérica, en datos oficiales, representan al menos el 5 por ciento de la fuerza laboral total, y el 31 por ciento de la fuerza laboral inmigrante, pero el dato más sorprendente, es que los mexicanos han contribuido con el 50 por ciento de la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo en Estados Unidos en los últimos años. Lo anterior con Current Population Survey y el Informe de la Reserva Federal 2006 entregado al Congreso de los Estados Unidos.
Los beneficios para la economía mexicana no es un tema menor, es una válvula de escape, que ha contribuido a disminuir la demanda de empleo nacional y una distorsión los datos de desempleo, tan solo durante el sexenio de Fox, el promedio anual de emigrantes mexicanos fue de medio millón de mexicanos. En la actualidad se estima que alrededor de 30 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, uno de cada cinco mexicanos vive nuestro vecino del norte.
El flujo de remesas es uno de los principales beneficios para la población mexicana y la economía mexicana, con datos oficiales del Banco de México, los emigrantes mexicanos tiene un poder de compra igual al PIB mexicano, y envían en promedio el 10 por ciento de sus ingresos a sus familiares en sus lugares de origen.
Durante 2006 y 2007 esas transferencias representaron alrededor 23 mil millones de dólares por año, este monto es tan importante que nos ubica en primer lugar en captación de remesas en América Latina y tercero a nivel internacional. Para las cuentas nacionales las remesas familiares representaron en 2006:
• Casi el doble de los ingresos por turistas extranjeros.
• Representan el 128 por ciento de la Inversión
Extranjera Directa.
• El 34 por ciento de las reservas internacionales del
Banco de México.
• El 2.7 por ciento del PIB nacional.
• Y finalmente, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas son la causa explicativa de la reducción del 15 por ciento de la pobreza extrema en México.
Una muestra de estas políticas, la vemos en el estado de Arizona, que se implementa una ley piloto para sancionar a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados, las sanciones van desde una amonestación hasta el cierre de empresas, y se le suma a larga lista de medidas antiinmigratorias como negar el derecho de renta de vivienda, educación a los niños, servicios médicos, licencia de conducir, incluyendo la construcción de una barda divisoria en la frontera sur.
Y aunque estas medidas serán replicadas en el resto de los estados, la evidencia demuestras que mientras las asimetrías económicas entre nuestros países continúen y se perpetúen, el fenómeno migratorio no es una elección sino una necesidad, estas medidas no van a detener el flujo migratorio, subirán los costos de los coyotes, caerán aún más los salarios, morirán más mexicanos en el desierto y las aguas del río Bravo, se violarán mas los derechos humanos y laborales, pero no la necesidad de búsqueda del sueño americano.
Es inevitable poner sobre la mesa las cosas por su nombre, el TLCAN no es sólo el flujo de mercancías y de capitales, en la práctica ha significado la complementación de los mercados laborales como un fenómeno estructural y permanente.
La solución al fenómeno migratorio no puede restringirse a las decisiones unilaterales de Estados Unidos, sino a la respectiva corresponsabilidad entre el Estado Mexicano y del Estado Norteamericano, al reconocimiento de las causas, beneficios y costos de las partes.
El Congreso mexicano debe fijar su postura frente al Congreso de Estados Unidos, de reconocer en los emigrantes mexicanos en principio sus derechos humanos, y en segundo lugar, el derecho del Estado mexicano en defender los derechos de nuestros ciudadanos frente a los excesos y abusos de las políticas antiinmigrantes.
Y hablando de responsabilidades, el pasado 16 y 17 de noviembre, en este recinto se realizo el Primer Parlamento de Líderes Migrantes Mexicanos que viven en Estados Unidos de América, donde se exigió una participación real y activa del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo para apoyarlos en la defensa de sus derechos humanos, laborales y políticos. Estas voces no son solo una expresión de la gran deuda que tiene el Estado mexicano con los emigrantes mexicanos, que invita a una autocrítica de los escasos resultados del Congreso mexicano en impulsar una reforma migratoria, o en la materia de protección de los derechos humanos y laborales de los mexicanos en los Estados Unidos. Sin un serio replanteamiento de las estrategias de acercamiento con nuestras correspondientes contrapartes en la Unión Americana, y sin duda con el resto de América Latina, y aprovechar la coyuntura política de 2008, para las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, en noviembre se elegirá un nuevo presidente, pero también, 35 senadores, 435 representantes y 11 gubernaturas, esta coyuntura, el voto de los mexicanos juegan un papel fundamental, y el Congreso de la Unión no puede quedar nuevamente al margen de este proceso.
Establecer en la agenda bilateral el tema migratorio, exige la construcción de puentes con los candidatos a la presidencia, al senado, a la cámara de representantes y en los congresos estatales, para lograr establecer compromisos y acuerdos en una agenda permanente y no coyuntural, en beneficio de nuestros connacionales.
Por lo anteriormente dicho, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a cada una de las cámaras a impulsar la creación de una comisión bicameral para la atención y protección de los derechos humanos y laborales de los mexicanos radicados en el exterior.
Segundo. A través de esta comisión bicameral, el Congreso de la Unión establecerá prioritariamente una agenda de acercamiento con el gobierno y el Congreso de Estados Unidos, así como con los gobiernos y legislaturas estatales, líderes políticos y sociales, representantes de organizaciones sindicales y empresariales, procurando la coordinación con el Poder Ejecutivo.
Tercero. Priorizar un acercamiento con los candidatos presidenciales para analizar y proponer alternativas sobre el fenómeno migratorio.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a 23 de enero 2008.
Diputado José Jacques y Medina (rúbrica)
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE, A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, INFORME SOBRE
LAS MEDIDAS PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA EN LA OPERACIÓN
DEL METRO, SUSCRITA POR EL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA Y EL DIPUTADO
MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Legorreta Ordorica y Manuel Portilla Diéguez, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En el decreto de reforma y adición publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de septiembre de 2002 se señala el Sistema de Transporte Colectivo (STC) como "un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal y cuyo objeto será la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del estado de México; asimismo, dicho organismo tiene por objeto la adecuada explotación del servicio público de transporte colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido complemente el del tren subterráneo".
Respecto a la información básica que permite tener una idea de conjunto sobre las características esenciales del STC, se puede destacar lo publicado en Nuevas Tecnologías, por Javier E. Pérez Maldonado, en 1999 ("Intérn@te en el Metro"), donde señala diversas cifras relevantes sobre el Sistema de Transporte Colectivo, que se reproducen en este apartado; y lo publicado por el Gobierno del Distrito Federal, a través de su Coordinación de Desarrollo Tecnológico, la cual ha venido reportando las cifras de operación del STC.
Estas cifras permiten dimensionar la extraordinaria importancia social, económica y logística que este servicio representa para la capital del país y su zona conurbada. Resultan de utilidad para comprender la problemática que prevalece en la operación STC y serán tema de referencia obligada para analizar las medidas que se han adoptado y piensan adoptarse para resolver tal problemática.
A) Respecto a la primera publicación, es importante destacar lo siguiente:
2. Para 1970, el Metro había transportado a 170 millones de pasajeros, 29 veces la población que tenía en 1969 el Distrito Federal. En 1998, al cumplir 29 años de servicio ininterrumpido, logró transportar a más de 29 mil millones de personas, más de 4 veces la población total de la Tierra. En 1999, la red del Metro era 14 veces mayor y brindaba transportación a 18.3 veces más personas cada día. Si se consideran los transbordos entre líneas diversas, el Metro captaba alrededor de 2 mil 700 millones de viajes anuales, que representaban 23 por ciento del transporte total de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
3. A más de 30 años del inicio de la construcción del Metro de la Ciudad de México, se habían construido 191.5 kilómetros de túneles, viaductos y tendidos de superficie. Si cuantificamos la cantidad correspondiente de vías e instalaciones eléctricas y electrónicas, así como los materiales usados en el diseño y la construcción de las 167 estaciones de la red en metros cúbicos de construcción, toneladas de hierro, etcétera, las cifras serían estratosféricas.
4. En cuanto a la ocupación de los usuarios del sistema, predominan los empleados sin personal a su cargo, que suponen 40 por ciento. Los estudiantes significan 20 por ciento, seguidos por los trabajadores por cuenta propia con poco más de 10 por ciento. Los obreros sólo establecen 6 por ciento, proporción superior al 5 por ciento de los empleados con personal a su cargo. Las amas de casa se encuentran al final, con 4 por ciento.
5. Entre los principales motivos para usar el Metro pueden señalarse el desplazamiento al trabajo, con 40 por ciento. La segunda posición la ocupa el regreso a casa, con 16 por ciento, seguido de los motivos de diversión, que representan 12 por ciento; las causas escolares, 10 por ciento; la realización de trámites, 5 por ciento; y por último las compras, con 4.5 por ciento.
6. Cinco las características fundamentales convierten el Metro en el medio de transporte público más concurrido de la Ciudad de México: a) la frecuencia, b) la velocidad, c) la comodidad, d) la confiabilidad y, la más importante de todas, e) la seguridad. En este rubro se registran al año un promedio de mil 991 incidentes y 878 accidentes, que sumados totalizan 2 mil 869 casos, que si son comparados con los mil 500 millones de pasajeros transportados en un año, representan únicamente 0.00019 por ciento, es decir, 1 de cada 50 mil pasajeros.
7. El tiempo mínimo de recorrido entre estación y estación es de 56 segundos; y el máximo, de 130. Los vagones del Metro recorren diariamente 104 mil kilómetros, en 19 horas y 30 minutos. Los intervalos con que llegan a cada estación los sucesivos trenes del Metro son de un minuto 55 segundos el más breve, en la Línea 1; y de cinco minutos con 50 segundos el más largo (Líneas 4 y 6). Diariamente el Metro cumple 98.3 por ciento de sus vueltas programadas, en tanto que 90 por ciento de los incidentes que afectan el servicio tiene duración menor de 5 minutos.
8. En ocasiones, cuando el servicio se suspende durante un lapso prolongado y llega a ser necesario desalojar un tren en las vías, ya sea en un túnel, una línea elevada o superficial, esta maniobra se realiza cumpliendo las más estrictas normas de seguridad, con la asistencia del personal debidamente capacitado de las Gerencias de Estaciones y Transportes, y de Vigilancia. Antes que un tren del Metro pueda avanzar, es necesario que se lo permitan 23 parámetros o condiciones de seguridad integrados en los vagones y las vías.
9. La Gerencia de Instalaciones Fijas tiene a su cargo conservar en óptimas condiciones de operación y funcionamiento los equipos y sistemas electrónicos, electromecánicos y de vías que forman la infraestructura de la red del Metro. Dichas instalaciones, equipos y sistemas cuentan con tecnología de vanguardia, la cual permite garantizar en todo momento la seguridad en la circulación de los trenes a través de los sistemas de pilotaje automático y mando centralizado.
10. El STC efectúa de manera permanente diversos trabajos para mejorar el sistema electromecánico de las líneas, entre los que se incluye sustituir kilómetros de cable de alta tensión, reemplazar circuitos de alumbrado, fuerza y tracción, instalar nuevos sistemas eléctricos y mejorar los sistemas de mando centralizado, pilotaje automático, regulación de trenes y señalización.
Líneas totales de la red: 11
• Líneas férreas: 1 (Línea A)
• Líneas neumáticas: 10 (Líneas
1 a 9, y B)
• Primera línea construida: Línea 1
• Última línea construida: Línea
B
Estaciones
• Total de estaciones en la red: 175
• Estaciones de correspondencia: 41
• Estaciones terminales con correspondencia: 11
• Estaciones terminales: 22
• Estaciones de paso: 112
• Estaciones subterráneas: 106
• Estaciones superficiales: 53
• Estaciones elevadas: 16
El Sistema de Transporte Colectivo tendrá una importancia creciente en la actividad general de la zona metropolitana de la Ciudad de México, no sólo por el mayor número de instalaciones, viajes y usuarios sino, también, por su significativa aportación ecológica y su utilización creciente a medida que se incrementa el tráfico vehicular.
La operación diaria del Metro incide poderosamente en el cumplimiento de los horarios de millones de trabajadores, empleados, estudiantes y personas en general. Millares de industrias, comercios, instituciones y servicios del área dependen de él para la correcta iniciación y desarrollo de sus actividades. De ahí que las deficiencias de operación se traduzcan en importantes afectaciones de la actividad económica y social de la zona.
Todo lo anterior permite afirmar que el Sistema de Transporte Colectivo representa no sólo uno de los servicios más importantes para la adecuada operación de dicha zona metropolitana, también significa uno de los principales soportes para la generación de millones de bienes y servicios, en una de las zonas de mayor actividad económica en el país. De ahí que resulte imperativo atender la problemática que advierte su funcionamiento y que se detalla a continuación.
Problemática prevaleciente en la operación del Sistema de Transporte Colectivo
II. Ante la evidencia de que la operación actual del Sistema de Transporte Colectivo se ha multiplicado casi 20 veces respecto a sus cifras originales y en relación con el tamaño de la red y la transportación diaria de personas, de que son casi 3 mil millones los viajes anuales, considerando los transbordos entre líneas diversas, y de que oscila en alrededor de 25 por ciento el volumen atendido por el sistema respecto al transporte total de la zona metropolitana de la Ciudad de México, podría considerarse que resulta normal su sobresaturación, así como la acentuada lentitud que frecuentemente advierten de la mayor parte de sus líneas, sobre todo durante las horas de mayor afluencia.
III. Sin embargo, la percepción señalada no es correcta. Primero, porque la infraestructura de que dispone el sistema podría atender con mayor eficiencia los volúmenes adicionales señalados si se modernizara su organización. Segundo, porque desde hace años se ha generado una serie de deficiencias en la operación del sistema que han venido a complicar su funcionamiento normal. Entre otras deficiencias, pueden señalarse las siguientes:
a) Se advierte la descompostura sistemática de torniquetes y máquinas receptoras de los boletos. Es frecuente que una sola estación tenga descompuestos, durante semanas, varios de estos equipos. La situación se vuelve crítica en las estaciones terminales y de transferencia.
b) Se permite el acceso masivo a los andenes del Metro, situación que en las horas de mayor afluencia complica severamente el descenso de los vagones y el ascenso a ellos. Esta falta de control en los flujos de usuarios está provocando que a diario se interrumpa el servicio. Es muy frecuente que los vagones permanezcan detenidos en una misma estación por lapsos que van desde 4 hasta 12 minutos, sin que nadie informe a los usuarios sobre el motivo de la demora ni el tiempo probable de reestablecimiento del servicio. Con ello se vuelve ilusorio el indicador de que el tiempo mínimo de recorrido entre estación y estación sea de 56 segundos y el máximo de 130 segundos. En las primeras épocas del servicio se contaba con dispositivos mecánicos o personal suficiente para regular esos flujos.
c) Se permite que personas con bultos voluminosos entren en el Metro, los cuales molestan a los usuarios y obstaculizan la circulación en pasillos, escaleras, andenes y vagones. No se aplica una regla al respecto. Hasta hace pocos años se restringía el acceso de las personas que pretendieran transportar objetos voluminosos.
d) Se permite que usuarios porten mochilas voluminosas en los vagones, manteniéndolas en la espalda e impidiendo el paso, en lugar de ponerlas a su lado en el piso, o en las piernas, cuando viajan sentados. Incluso, se permite que los usuarios se sienten o acuesten en el piso de los vagones, sobre todo en los pasillos de intercomunicación entre esos vagones, con lo cual estorban severamente la circulación.
e) Se carece de un programa permanente destinado a los usuarios para el correcto uso de las instalaciones. La carencia de ese programa propicia que se manifiesten múltiples conductas que entorpecen la circulación interna, deterioran innecesariamente las instalaciones y generan diversas molestias a los usuarios.
f) Se permite el acceso de un ejército de vendedores ambulantes (de todo tipo) a los pasillos, andenes y vagones del Metro. Incluso, se autorizan miles de puestos ambulantes en los corredores de mayor afluencia, sobre todo en las estaciones con mayor aforo. Su trabajo cotidiano estorba la circulación, sobre todo en los vagones.
g) Se permite el libre acceso de centenares de vendedores de discos y DVD pirata para su venta entre los usuarios. Éstos tienen que soportar en cada viaje hasta 10 versiones distintas y con aparatos que van encendidos a todo volumen, para promover el mayor negocio de piratería de discos en el país. Además, se permite el libre acceso de miles de personas que solicitan dinero en los andenes y los vagones del Metro. Su actividad ininterrumpida dificulta la circulación en esas áreas .También se permite que indigentes dormiten, de día o de noche, en los pasillos y escaleras de numerosas terminales. Esto provoca diversas molestias a los usuarios y también obstaculiza la circulación en esas áreas.
h) Se toleran prácticas de tortuguismo en las estaciones terminales. Es muy frecuente que los convoyes hagan base en las estaciones terminales y que, una vez aseados, permanezcan sin actividad durante largos lapsos. Es evidente que esta práctica contribuye poderosamente a la saturación de los andenes y a la lentitud de los trayectos. Con ello se alteran notablemente los indicadores sobre intervalos entre vagones y de vueltas programadas.
i) Se permite que los conductores de los convoyes atiendan asuntos personales en las terminales intermedias. Por razones de cambio de turno, entregas o recepción de objetos, conversaciones entre el personal, u otras, se detienen los convoyes en cualquier estación, con absoluta discrecionalidad del operador.
j) Se continúa con la operación obsoleta de estaciones con andenes dobles para el mismo vagón. A pesar de contarse con suficiente espacio en los dos andenes señalados, se realiza una lenta operación para que primero se descienda y ascienda por un lado y después, la misma maniobra por el otro. Esta operación representa más de un minuto adicional. La supresión del acceso por ambos andenes no se ha puesto en práctica.
k) Se han deteriorado miles de señales internas en los accesos y andenes de las terminales y se ha estancado el programa de señalización en ellos. El uso natural del servicio ha destruido numerosas señales que, desafortunadamente, no han sido sustituidas. Incluso, decenas de vagones ya no cuentan con los carteles laterales que indican las estaciones por las que circula el convoy. Numerosas estaciones advierten importantes deficiencias en materia de señalización interna, lo que sin duda complica el uso del servicio, sobre todo para los no familiarizados con la estación respectiva.
l) Se ha omitido señalizar, en numerosos pasillos de las estaciones terminales o de transferencia, el sentido en que deben caminar los usuarios, con lo cual se provoca que éstos se entrecrucen, se frenen y detengan su marcha continuamente.
m) Se han descompuesto los sistemas de ventilación en los vagones más antiguos, así como las ventanas laterales de los vagones. En temporadas calurosas esto provoca sensibles molestias a los usuarios. También se han deteriorado numerosos equipos de sonido en esos vagones, por lo cual los mensajes resultan inaudibles.
n) Se permite el estacionamiento, indebido, de numerosos vehículos en las vías primarias adjuntas a las estaciones, así como la instalación de infinidad de puestos ambulantes en las zonas próximas a las entradas y a las salidas de las estaciones. Esto genera graves congestionamientos vehiculares y entorpece la circulación de los usuarios en dichas áreas.
o) Se permite que pasos a desnivel adjuntos a las estaciones y construidos para facilitar el acceso al público sean utilizados por el comercio ambulante; mientras tanto, y sin utilizar esos pasos a desnivel, los usuarios invaden las vías primarias y entorpecen el tráfico en éstas.
p) Se aprecia un creciente desaseo en las estaciones terminales y de transferencia. Resulta explicable que la mayor afluencia de usuarios ensucie más las instalaciones señaladas; empero, se puede observar un descuido mayor en el mantenimiento de estas áreas, acompañado de la presencia creciente del comercio informal, que contribuye de manera importante al problema.
IV. En razón de que este servicio resulta primordial para el transporte diario de casi 3 millones 880 mil usuarios y la operación puntual de decenas de miles de industrias, talleres, comercios, bancos, escuelas, institutos, etcétera, su operación eficiente resulta esencial para elevar los indicadores de productividad y competitividad, nacional e internacional, en una de las regiones que tiene la mayor contribución al producto interno bruto del país.
Por las razones expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a este Pleno que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al Gobierno del Distrito Federal que, a través de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo –Metro de la Ciudad de México–, remita lo siguiente:
II. Informe a esta soberanía, a través de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República, de manera trimestral, sobre los avances alcanzados hasta la resolución sustancial de esa problemática.
Senador Jorge Legorreta Ordorica
Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y A EXPEDIR CON
LA MAYOR BREVEDAD SU REGLAMENTO, A CARGO DEL SENADOR LUIS WALTON ABURTO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Senador Luis Walton Aburto, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Todos sabemos que la seguridad pública es una función a cargo del Estado en sus tres órdenes de gobierno, con el propósito de mantener la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos de conformidad con el artículo 21 de la Constitución.
El marco legal que rige la seguridad pública contempla la regulación de las empresas de seguridad privada, en virtud de que, proporcionan servicios auxiliares en la función de seguridad pública a la ciudadanía, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Seguridad Privada y la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La actividad de la seguridad privada ha tenido un crecimiento en nuestro país, principalmente en los últimos 15 años, que ha obligado a revisar y actualizar el marco legal de la seguridad pública y su impacto en la ciudadanía, en virtud de que las empresas que ofrecen estos servicios, han ocupado los espacios que no pueden ser cubiertos por elementos de seguridad pública, por tanto su existencia se constituye en un medio válido en la prevención del delito y contribuye en cierta medida al mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Actualmente existen alrededor de 350 empresas de seguridad privada registradas en un padrón federal en la Secretaría de Seguridad Pública, a las cuales se les han aplicado sanciones que van desde la amonestación, pasando por la revocación de autorización, hasta su clausura temporal o permanente. Asimismo, no se cuenta con un registro real de aquellas empresas que prestan sus servicios al margen de la normatividad aplicable y sin la autorización de la Secretaría de Seguridad Publica Federal.
Aunado a ello, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC ha señalado que, en México, se cometen 11 mil 200 delitos por cada cien mil habitantes al año y que en Baja California y Distrito Federal, son los lugares donde se los que tienen mayor incidencia, ya que se cometen 20 mil 720 y 19 mil 603 delitos respectivamente.
Asimismo, señala dicho instituto que la percepción de la inseguridad por parte de la ciudadanía, se debe entre otros factores a que "al pasar el tiempo sin que se vea satisfecha la demanda ciudadana de mayor seguridad, la sensación de amplios sectores de la población no es de que el problema permanece igual sino de que, al no haberse resuelto, sigue creciendo.
Esto ha obligado a elaborar un marco legal adecuado a la realidad actual, para que el Estado cuente con un control eficiente sobre las empresas de seguridad privada, en cuanto su actuación y desempeño y que la operación y prestación de los servicios se realice con responsabilidad, honradez, y profesionalismo.
En este contexto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio de 2006, la Ley Federal de Seguridad Privada, que tiene por objeto regular la prestación de los servicios de seguridad privada, en las modalidades previstas en la misma y su reglamento, así como su infraestructura, equipo e instalaciones.
La ley contempla la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con los prestadores de los servicios de seguridad privada; y dentro de los rubros importantes se encuentran: la capacitación y adiestramiento del personal, la aplicación de exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en instituciones autorizadas. Así como, que cuenten con los conocimientos sobre el respeto a los derechos humanos, con la finalidad de evitar actos contrarios a la dignidad y derechos de las personas.
Asimismo, contiene dos aspectos de relevancia, como es la implementación de un registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada, que contendrá la información necesaria para la supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores de servicios, así como de su armamento y equipo. El otro punto, es lo relativo a la prestación de los servicios de blindaje, en lo que corresponde al control sobre su equipamiento y comercialización de este tipo de vehículos.
En este orden de ideas, el artículo quinto transitorio de la ley establece que el reglamento, deberá expedirse dentro de un plazo no mayor de noventa días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor. De lo anterior, se puede señalar que si la ley se publicó el 6 de julio del 2006, el reglamento debió de expedirse en el mes de noviembre de mismo año, por lo que han transcurrido más de un año sin que se haya realizado.
Si bien es cierto, que dicho artículo quinto transitorio es una norma imperfecta, y que es facultad exclusiva de dicho poder, la expedición del reglamento referido, la consecuencia jurídica en el caso del incumplimiento por parte del titular del Ejecutivo federal, es que las empresas de seguridad privada continúen reguladas con disposiciones no acordes al marco legal vigente, ya que sigue aplicándose el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2004, pero ello no justifica la omisión de expedir una norma que se dirige a regular la actividad de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, lo cual resulta imprescindible.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a fin de que cumpla lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Seguridad Privada y expida a la mayor brevedad posible su reglamento.
Senado de la República, a 16 de enero de 2008.
Senador Luis Walton Aburto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA LA REPRESIÓN POLICIAL Y MILITAR
CONTRA MINEROS DE CANANEA Y PLANTEA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN PLURAL INTEGRADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIO REPRESENTADOS
EN LA LX LEGISLATURA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Pablo Arreola Ortega, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, bajo las siguientes:
Consideraciones
Una vez más la administración federal en turno, tutelada por Felipe Calderón Hinojosa, hace uso de su poder político presupuestario, administrativo, y de mando de fuerzas policíacas y militares, para reprimir una de las expresiones más genuinas del movimiento social en general y del obrero en particular.
En esta ocasión, reprimió en Cananea a los mineros huelguistas, que en pleno uso de sus derechos constitucionales, tenían en su poder las instalaciones de la minera propiedad del lamentablemente famoso Grupo México, a cuya cabeza se encuentra Germán Larrea Mota Velasco.
Existe el antecedente de que desde hace seis meses, el conflicto obrero-patronal estaba en estudio por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que como es sabido, es manipulada por el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
Como se recordará, no solamente se le vincula con los 206 millones de dólares encontrados en una casa de las Lomas de Chapultepec y como manipulador de los eventos ocurridos en Pasta de Conchos y quien ha dado muestras de su proclividad a beneficiar a ultranza al capitalismo rampante.
A pesar de que la huelga de los mineros de Cananea es legal y legítima, Felipe Calderón, Lozano Alarcón y Bours Castello en calidad de lacayos de Germán Larrea y de los grandes capitalistas asentados en el país, no dudaron en mostrar el verdadero rostro del Estado mexicano y a quien sirve la justicia en este país.
Sin escrúpulos ni consideración alguna, reprimieron de manera brutal a los mineros de Cananea, tal como lo hizo la dictadura de Porfirio Díaz en 1906.
No les importó que a pesar de que el juez de amparo haya otorgado la suspensión del acto reclamado consistente en la declaratoria de inexistencia de la huelga.
Esta acción represora del Estado mexicano hacia los trabajadores muestra como seguirá siendo la administración de Calderón si lograra concluir su sexenio y si antes el pueblo mexicano no le pone un alto al entreguismo que mantiene con los grandes empresarios.
Por lo anteriormente expuesto, los huelguistas en uso de sus derechos constitucionales, presentaron un nuevo amparo para obtener la protección de la justicia federal, mismo que les fue concedido en los términos solicitados, por lo que la huelga subsiste.
Los hechos acaecidos se insertan en el esquema del proyecto neoliberal que Calderón Hinojosa cumple al pie de la letra.
O las cosas se resuelven a su gusto, o la represión por la vía de la fuerza armada se lleva a cabo de manera inmediata como en Cananea.
Desde esta tribuna queremos decirles a los trabajadores mineros de Cananea, que no están solos en su lucha. Que los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y sus militantes y simpatizantes apoyamos este movimiento, que forma parte de las demandas de democratización de la sociedad mexicana y del Estado.
Por las razones anteriores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone a esta soberanía un punto de acuerdo en que se haga no sólo un extrañamiento severo a las conductas ilegales y represivas de Calderón Hinojosa, Bours Castelló, Lozano Alarcón y las instituciones que dependen de ellos, como son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal.
Asimismo, solicitamos que se integre de inmediato una Comisión Investigadora que determine las responsabilidades en que se haya incurrido y que además cesen de inmediato las incursiones policíacas federal y estatal, en los siguientes términos.
Artículo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, reprueba severa y expresamente, las conductas ilegales y represivas de Felipe Calderón Hinojosa, Eduardo Bours Castelló y Javier Lozano Alarcón, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de los titulares de la Policía Federal Preventiva y de la policía estatal de Sonora.
Artículo Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conformará una Comisión Investigadora de los sucesos acaecidos en Cananea, Sonora para deslindar responsabilidades y que se emprendan las acciones penales que correspondan. Asimismo, demanda enérgicamente el cese la represión emprendida por las autoridades federales y estatales mencionadas en el párrafo anterior.
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.
Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIONES
ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS QUE VISITÓ EL PAÍS DEL 27
DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2002, A CARGO DE INTEGRANTES DE LA PRIMERA
COMISIÓN
Los suscritos, miembros de diversos grupos parlamentarios, integrantes de la Primera Comisión de trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Durante los días del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 visitó nuestro país el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, para hacer una valoración de los rezagas en los grandes temas pendientes en cuanto al sistema de justicia mexicano.
En el informe sobre su visita a México el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias reconoce algunos avances generales realizados por el país, pero también señala su preocupación por la relación entre las detenciones arbitrarias y el sistema de averiguación previa, la flagrancia equiparada, la corrupción, los operativos de seguridad, el régimen de ejecución de la pena, el arraigo y las deficiencias de la defensa de oficio. Asimismo señala su preocupación por las deficiencias del amparo para combatir la detención arbitraria, el sistema de justicia para menores, la impunidad de responsables de detención arbitraria y la administración de justicia por parte de tribunales militares.
Las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo reafirman las que ya habían formulado tanto la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, como los relatores sobre Tortura e Independencia de Jueces y Abogados, y el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, todos ellos de Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Particularmente importante es la recomendación de que las desapariciones forzadas cometidas por militares deben ser de competencia de la jurisdicción civil ordinaria.
Asimismo, resulta contundente la recomendación en el sentido de que se observe una "estricta separación entre tareas militares y tareas policiales en funciones de orden público. A pesar de que recomendaciones similares han sido emitidas por la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuerpos policiacos de seguridad pública como la Policía Federal Preventiva continúan militarizándose.
Las observaciones realizadas por el grupo de trabajo revelaban el carácter representativo de los problemas que en materia de detenciones arbitrarias existen en México.
Cuando el Estado procesa penalmente a alguna persona, se pone a prueba el compromiso por la defensa y protección de los derechos humanos. Cuando los encargados de hacer cumplir la ley someten al detenido a torturas o malos tratos, cuando se fabrican pruebas y se condenan inocentes, cuando los juicios son injustos, el sistema de justicia de cualquier país se pone en duda, "la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes", señaló Martin Luther King.
Es por esto que se requiere entender a la detención arbitraria como un concepto que abarca no sólo la detención de una persona fuera de los casos que prevé el articulo 16 de la Constitución mexicana, sino los supuestos de privación de la libertad por virtud de una sentencia cuyo régimen impide la libertad anticipada y las normas inadecuadas en materia de reconocimiento de inocencia.
La forma de centrar la política exterior mexicana en la defensa de los derechos humanos consiste en la armonización del derecho interno con el cuerpo de derecho internacional de derechos humanos, está relacionada con el deber de cumplir los propios compromisos que se derivan de organismos o mecanismos internacionales cuando éstos se pronuncian sobre violaciones a derechos humanos en nuestro país.
En el ámbito concreto de la justicia penal internacional la mejor manera de cooperar en materia de derechos humanos es adecuar el derecho mexicano a los estándares internacionales como lo precisa el Estatuto de Roma; y ésta será una de las principales tareas que enfrente el Congreso mexicano en los días por venir.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a remitir, de manera urgente, el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que visitó nuestro país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 y que se encuentran pendientes de cumplimiento desde esas fechas, así como remitir dicha información a esta soberanía.
Dado en el salón de sesiones de la Primera Comisión de trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los quince días del mes de enero del año dos mil ocho.
Diputados: Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), presidenta; Joel Arellano Arellano (rúbrica), secretario; Adolfo Mota Hernández (rúbrica), secretario; María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica).
Senadores: Héctor Pérez Plazota (rúbrica),
Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica), Humberto Andrade Quezada
(rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas, Alfonso Elías
Serrano, Fernando Jorge Castro Trento, Silvano Aureoles Conejo, Francisco
Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A CONVOCAR A UNA
MESA DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES CON LA INDUSTRIA DEL SECTOR DE
AUTOTRANSPORTE DE CARGA PÚBLICO Y PRIVADO PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD
Y LA SEGURIDAD RESPECTO A LA PROY-NOM-012-SCT-2003, A CARGO DEL DIPUTADO
GREGORIO BARRADAS MIRAVETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Gregorio Barradas Miravete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La Norma de Peso y Dimensiones de los vehículos de autotransporte que autoriza 81.5 ton para los fulles, ha sido un tema de debate de los últimos 13 años, que la Secretaría de comunicaciones y Transportes, no ha podido resolver por falta de aceptar estudios técnicos y económicos que demuestren los efectos reales de reducir a 75.5 ton. el peso a las configuraciones con doble remolque, así como de otras unidades sencillas.
Por el contrario, existen estudios realizados por el Instituto de ingeniería de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) que señalan que las configuraciones doblemente articuladas con PBV superior a 80 ton. se encuentran dentro del margen de seguridad de las estructuras y dañan menos a los puentes.
Consideraciones
Punto 1. Para el desarrollo de México e impulsar la competitividad del autotransporte y lograr la expansión económica, se debe ser congruente con los propósitos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF; DOF 22 dic. 1993) que rige a este sector y que señala, "la importancia de llevar a cabo la construcción de carreteras con más de medio siglo de existencia, cuyas características fueron realizadas para un tipo de transporte que no se asemeja en nada a los modernos vehículos, pues las especificaciones son diferentes en cuanto al peso y dimensiones. Se requiere de carreteras adecuadas en cuanto a diseño y soportes técnicos que fijen a nivel de Ley las reglas rectoras de caminos, puentes y autotransporte federal".
La SCT no cuenta con las normas oficiales mexicanas que determinan las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, solamente ha mostrado normas y manuales técnicos o referencias de especificaciones internacionales de la American Association of State Higway and Transportation Officiales (AASHTO), que no tienen el rango jurídico y los efectos de aplicación como lo indica la ley de la materia.
La propuesta de disminución del peso bruto vehicular tendría implicaciones económicas estimadas en más de 3 mil millones de pesos anuales, afectando a los usuarios, consumidores y a la competitividad del país.
Por tanto, no se puede hablar de un exceso de peso y dimensiones de los vehículos de carga, puesto que no existen las NOM que indiquen la resistencia y capacidad de los pavimentos y puentes, y por eso no se puede establecer un límite de peso y dimensiones técnicamente sustentado; además la misma SCT, a partir del reglamento de peso y dimensiones de 1980, autorizó 77.5 ton. para los vehículos fulles y dio incrementos de peso a las configuraciones sencillas que de acuerdo a sus propios estudios, deterioran en mayor grado respecto de los fulles, la infraestructura de caminos y puentes (ver anexo de "Costo de Deterioro de Pavimento por Tipo de Vehículo").
Punto 2. Tráfico en las carreteras
De acuerdo con el reglamento y la NOM de peso y dimensiones vigente, los fulles están confinados a transitar en carreteras tipo ET, A y B de 4 y 2 carriles, donde prácticamente los autobuses no circulan y los pocos que lo hacen no tienen filtros para rebasar dado que las autopistas tienen carriles más amplios y exclusivos para el tránsito de carga.
En términos reales la mayoría (80 por ciento) de los usuarios de la población económicamente activa que se transportan a diario de sus hogares a sus trabajos o escuelas (2,360 millones de pasajeros), lo hacen en autobuses de servicios inferiores al de primera de lujo y ejecutivo, corridas que utilizan comúnmente rutas de carreteras secundarias o alimentadoras, ya que la mayoría de sus orígenes y destinos, están en todas las ciudades medianas o poblaciones menores que no cuentan con autopistas, por lo que los lentos tránsitos se originan por la propia geometría de las carreteras y de los propios autobuses, como de los automóviles y camiones de carga unitarios y sencillos autorizados en esas carreteras que no son fulles, además de los consecuentes conflictos viales que se generan a las entradas de las ciudades por la falta de infraestructura vial.
Punto 3. Impacto económico
La SCT basado en un estudio que contrató al Instituto del Transporte de Texas (ITT), argumenta que el mantener el peso vigente de 81.5 ton. en lugar de 75.5 ton. al full, en la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2003, gastaría más de 9 mil millones de pesos por sustitución de puentes y mantenimiento de carreteras, que incluye el paso de todos los vehículos (automóviles, autobuses y camiones) que transitan en las carreteras. El estudio solamente tomó en cuenta los efectos que genera el full, sin medir los efectos totales de las 18 configuraciones restantes autorizadas por la SCT, además de que los cálculos son erróneos por considerar los costos de operación basados en el Peso Bruto Vehicular en lugar de considerar la Carga Útil, que es la que paga el flete ( ver Anexo, "Análisis disminución de 6 tons."), y según el ITT el resultado se observa como un beneficio para el país, y corregido se transforma en un impacto para la industria.
Por ello, de aprobarse la disminución del PBV a 75.5 ton. para el T3-S2-R4 (full), las implicaciones económicas, estimadas son más de 3,000 millones de pesos anuales, negativos para las empresas afectadas, para los consumidores y por tanto, para el país.
Los incrementos de costos aquí señalados impactarán los precios al consumidor y en mayor grado, a aquellos productos de bajo precio y alto peso (productos agrícolas y alimentos, etcétera), para los cuales el transporte es un elemento relevante de sus costos totales.
La Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en respuesta dirigida a la Cofemer, recomienda revisar otras opciones en lugar de disminuir el PBV autorizado a las configuraciones doblemente articuladas, buscando evitar consecuencias negativas para los consumidores en general (se anexa oficio para análisis en la comisión).
Punto 4. Seguridad
Con base en el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales del estudio técnico No. 36 del IMT-2006, elaborado con información de la Direcciones Generales de Autotransporte Federal y de Servicios Técnicos de la SCT y la base de datos de la Policía Federal de Preventiva (PFP), se registra que en los últimos 10 años, se han reducido en un 52 por ciento el número de accidentes carreteros, y de acuerdo a los factores de participación resulta que el conductor participa con el 72.5 por ciento, la infraestructura con el 15.4 por ciento, los agentes naturales con el 8 por ciento y el vehículo incide en el 4.1 por ciento del 100 por ciento de total de accidentes carreteros; de este 4.1 por ciento las causas más comunes son: las llantas, frenos, ejes, dirección y suspensión y lo que menos afecta es el sobrepeso que representa sólo 0.2 por ciento y prácticamente el exceso de dimensiones es nulo (0 por ciento); podemos ver que el vehículo por su tamaño es el que menos impacta en el índice de accidentes en carreteras (se anexa estudio técnico No. 36, 2006 del IMT).
Punto 5. Medio ambiente
La configuración doblemente articulada T3S2R4 (full) es la que menos daño ocasiona al medio ambiente, toda vez que es la que menor cantidad de emisiones contaminantes emite al medio ambiente por tonelada/km transportada debido a que consume menor cantidad de combustible al transportarse con carga, además de que al movilizarse en vacío transporta también en un sólo viaje dos remolques a su destino regular, menor consumo de lubricantes y neumáticos por unidad de toneladas transportadas.
En conclusión, el T3S2R4 relativamente con otras configuraciones afecta menos al ambiente. De requerirse más viajes y éstos migrar a otras configuraciones impactaría de forma negativa al medio ambiente.
Punto 6. Regulación internacional
Red internacional de carreteras (TLCAN)
Se observa una gran discrepancia en los sistemas carreteros en cuanto a su longitud, que por supuesto esta acotado a los tamaños de cada país; no obstante, podemos señalar que nuestros socios comerciales han planeado una estrategia comercial basado en la competitividad ya que han establecido redes carreteras donde permiten el tránsito de camiones más grandes y pesados, con esto se puede ver que las capacidades de los puentes en esos países no es una limitante para la circulación de las cargas que deben moverse de una región a otra.
La normatividad aplicable a nivel internacional es competencia de cada país por otra parte si en México ya contamos con ventajas competitivas en la operación del autotransporte y los sistemas de transportación son propios de cada país y para intercambiar productos cada quien se sujetará a las regulaciones domesticas al país que requiera ingresar, de acuerdo con las reglas de operación, resultado de los acuerdos trilaterales del TLCAN.
Cabe mencionar que EU cuenta con permisos especiales para cargar mayores pesos en forma estatal, un ejemplo son los estados de IOWA permite 230 mil libras = 104.3 ton., Connecticut permite 210 mil libras = 95.3 ton., Minesota permite 201 mil libras = 91.0 Ton., Massachussets no establece límites de peso, entre otros.
Punto 7. Verificación
La SCT cuenta con un sistema de verificación de peso y dimensiones en carretera que no opera al 100 por ciento por falta de mantenimiento, para hacer cumplir la Norma, desde el año 2000 solamente cuenta 10 centros de pesaje, en los últimos años no se ha han ejercido los presupuestos para este rubro, como ejemplo en el ejercicio 2007, se lanzó la Licitación Pública Internacional No. 00009007-001-07 para la adquisición de báscula portátil con oficina y sistema de pesaje en movimiento (ITS), misma que fue Cancelada, por que no se pudo concretar la autorización de la SHCP, para la formulación del contrato(se adjunta Fallo SCT-FI-10-23).
Punto de Acuerdo
Único. Que el secretario de Comunicaciones y Transportes convoque a una mesa de concertación de acciones con la participación de la academia mexicana y la industria del sector de autotransporte de carga, público y privado, para promover la competitividad y la seguridad en lo relativo a los pesos y las dimensiones que debe regir en la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, "Peso y dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal", antes de la publicación oficial en el DOF de la norma, y motivando la inversión del sector privado. considerando la conectividad de los ejes carreteros para el desarrollo económico del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.
Diputado Gregorio Barradas Miravete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR Y MODIFICAR EL CAPÍTULO AGROPECUARIO
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, A CARGO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Tomás Gloria Requena integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura, somete a la consideración de esta soberanía, para efecto de que sea considerada como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición basada en las siguientes
Consideraciones
Ante la inminente apertura arancelaria en el 2008 en materia de comercio agropecuario dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el riesgo de que se afecte a muchas familias que viven del campo es real, siendo cada vez más notorias las desigualdades con los productores de Estados Unidos de América y Canadá, ocasionando desregularización de aquellos productos considerados sensibles en México como son: maíz, fríjol, leche y azúcar. Hoy coincidimos los legisladores con las múltiples voces que se han alzado en torno al daño que se ocasiona con la apertura comercial indiscriminada.
Estudiosos del tema y organizaciones campesinas han señalado que la crisis de la agricultura mexicana se ha agudizado durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; en el campo mexicano los efectos de la apertura de este tratado, han sido negativos para la mayoría del sector, tan sólo en el año 2004, a 10 años de su firma, se registró un déficit acumulado de 16 mil millones de dólares en el comercio exterior agropecuario (INEGI), y la apremiante situación que se vive al llegar el 2008, nos obliga a recordar que el Estado es el responsable de promover el desarrollo económico social bajo los principios de seguridad nacional, lo anterior en cumplimiento al artículo 25 constitucional.
Artículo 25. "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución..."
Por lo que esperamos que el Poder Ejecutivo federal se sensibilice ante la demanda de uno de los sectores más desprotegidos del país, y se renegocie el TLCAN, a efecto de que nuestro país esté en condiciones iguales con los otros países, y no estar en desventaja para competir con las producciones extranjeras.
Es evidente que en un mercado en donde impera la inequidad y la desprotección, no se cuente con las condiciones necesarias para competir. Dada esta desigualdad es apremiante revisar dicho tratado específicamente lo concerniente al sector agropecuario, deben ser replanteadas las condiciones de comercialización a efecto de no seguir afectando el desarrollo del campo mexicano. La desgravación arancelaria debe ser el primer punto a revisar y analizar los efectos de dicho acuerdo a la economía del país.
Debemos proteger al sector agrícola ante una economía como la de nuestros vecinos del norte, y ayudar a los agricultores mexicanos, sería un error hacer caso omiso de sus demandas, esto generaría un conflicto económico social en el agro mexicano, considerando que el campo es la base de nuestra sociedad, no se debe permitir que se continué afectando con una situación de desigualdad y marginación la cual ocasiona más pobreza.
Es nuestro deber como legisladores exigir al Poder Ejecutivo federal que se pueda hacer una revisión, que se busque la forma de modificar ese tratado y de revisar la protección para el campo mexicano.
En razón de lo anterior, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones y obligaciones plantee de manera urgente, la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Agricultura, Desarrollo Social, Economía y Hacienda y Crédito Publico, para que presenten a la brevedad los planes de contingencia y de desarrollo para el sector agrícola del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de enero de 2008.
Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS, A LOS TITULARES DE
LA SCJN Y DE LA CNDH, Y A LOS GOBERNADORES DE TAMAULIPAS Y DE BAJA CALIFORNIA
QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE RESTABLECER EL ORDEN CONSTITUCIONAL
EN DICHAS ENTIDADES, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Aleida Alavez Ruiz y otros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática suscriben la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a los titulares de los Poderes Ejecutivos locales de los estados de Tamaulipas y Baja California, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en el ámbito de sus propias responsabilidades, tomen las medidas pertinentes para restablecer el orden constitucional en los estados de Baja California y Tamaulipas, bajo las siguientes:
Consideraciones
Resulta patente e innegable que, desde hace algunos meses, la acción de las Fuerzas Armadas nacionales en la lucha antinarcotráfico es incesante en algunos estados de la República Mexicana. Es el caso de Baja California y Tamaulipas en donde la violencia de los grupos del crimen organizado ha alcanzado niveles verdaderamente aterradores.
Hemos sido testigos de ejecuciones, levantones, enfrentamientos armados que semejan batallas campales, desapariciones y secuestros. Todo esto ha llevado a una escalada en los horizontes de intimidación ejercida tanto por el crimen organizado como por las fuerzas armadas de nuestro país.
No soslayamos el importante aporte que tanto el Ejército mexicano como la Fuerza Aérea y la Armada de México han hecho para evitar que nuestro país se convierta en un narcoestado; sin embargo, consideramos que la falta de efectividad de las policías federales, estatales y municipales han orillado a que el gobierno tome medidas cada vez más violentas para enfrentar a los diferentes cárteles dedicados al narcotráfico; medidas que no únicamente afectan a los últimos eslabones de la delincuencia, sino que impactan a toda la sociedad.
Esta situación ha derivado en diversas violaciones a los derechos humanos de la población, en la violación de varias disposiciones constitucionales y en la imposición de un estado de excepción factual en que el Ejército se arroga funciones reservadas constitucionalmente para el Ministerio Público, como ocurrió el pasado 16 de enero en que la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado a la población, fechado en el campo militar 2-F, para promover la denuncia anónima de conductas ilícitas como la venta de drogas, secuestros, movimientos de grupos de personas armadas u otros actos que perturben la tranquilidad de la población.
Asimismo, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la mañana del 22 de enero, efectivos militares pertenecientes al Grupo Aeromóvil del Fuerzas Especiales tomaron por asalto las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública fronteriza, procedieron a la concentración del personal policíaco y a la requisición de su armamento, asumiendo la vigilancia y administración de la seguridad pública de esa ciudad.
Consideramos que estas acciones obligan a las Fuerzas Armadas a violar flagrantemente los artículos 1, 16, 18, 21, 29 y 129 constitucionales ya que, según la Suprema Corte de Justicia, éstas únicamente pueden actuar como coadyuvantes en materia de seguridad pública y no pueden, de ninguna manera, asumir la dirección de los operativos ni mucho menos suplantar a las autoridades civiles legalmente encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública. Resulta imprescindible que las acciones que se desarrollen en la lucha antinarcóticos respeten el marco constitucional y los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable soberanía exhorta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de las atribuciones concedidas por el artículo 97 constitucional, para iniciar una investigación por violación grave de las garantías fundamentales en Baja California y Tamaulipas.
Segundo. Esta honorable soberanía exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a iniciar las investigaciones correspondientes por violación grave de los derechos humanos en Baja California y Tamaulipas.
Tercero. Esta honorable soberanía solicita al titular de la Administración Pública Federal, en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, informe justificado relativo a las acciones que desarrollan las Fuerzas Armadas nacionales, bajo su mando, en la lucha contra el narcotráfico en Baja California y Tamaulipas, y exige que estas acciones se apeguen, de manera irrestricta, al marco constitucional.
Cuarto. Esta honorable soberanía exhorta a los gobernadores de Baja California y Tamaulipas para que tomen las medidas pertinentes para restablecer el estado de derecho en esas entidades federativas y para conducirse con absoluta legalidad y respeto a las disposiciones constitucionales en todas las acciones relativas al combate al narcotráfico y procuración de la seguridad pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de enero de 2008.
Diputados: José Alfonso Suárez del
Real, Aleida Alavez Ruiz (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONTINUAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA APLICADA HASTA EL MOMENTO EN EL PAÍS, ESPECÍFICAMENTE
EN BAJA CALIFORNIA, Y A DESTINAR RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EXTRAORDINARIOS
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE TODOS LOS BAJACALIFORNIANOS, A CARGO DEL
DIPUTADO JOEL ARELLANO ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Héctor Manuel Ramos Covarrubias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre y por cuenta de sus compañeras y compañeros diputados federales de Baja California, por parte del mismo Grupo Parlamentario, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para ser considerada de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el mes de noviembre, en Ensenada, un comando de más de 50 hombres armados irrumpió en el Servicio Médico Forense para recuperar el cuerpo de un supuesto narcotraficante muerto al desplomarse el helicóptero en que viajaba.
A mediados de diciembre de 2007, poco después del mediodía, un comando de más de 10 sujetos armados con armas de alto poder, ingresaron al estacionamiento privado de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública en Playas de Rosarito, con la intención de asesinar al director de Seguridad Pública de ese municipio, militar retirado Jorge Eduardo Montero Álvarez. Los delincuentes no lograron su propósito, aunque perdió la vida el agente Guillermo Castro Corona y resultaron heridos Leonel Pizaña Trip y dos civiles.
Durante la semana que dio inicio el 14 de enero, la violencia hizo presa de la ciudad de Tijuana, Baja California. Catorce personas fallecidas, diez lesionadas y siete detenidas entre policías, delincuentes y familias inocentes; un cateo al domicilio de un ex jefe policiaco, un fallido asalto bancario, una persecución a toda velocidad entre cientos de conductores inocentes, y el más impactante, un enfrentamiento a balazos en la vía pública entre delincuentes y el Ejército, junto con diversas agrupaciones policías de los tres órdenes de gobierno; este ultimo hecho puso en peligro la vida de 40 niños que se encontraban en un kinder y a cientos de bajacalifornianos vecinos al lugar de los hechos , fue el saldo que arrojaron tres días, por no mencionar sendos atentados perpetrados en noviembre de 2007 y en enero de 2008 en contra del Secretario de Seguridad Pública municipal.
Semejante situación es sólo un botón de muestra del clima de inseguridad que se vive en la entidad que, de permanecer latente durante mucho tiempo, se desencadenó fuertemente y con más virulencia a partir de que la administración del presidente Calderón iniciara programas frontales para el combate del crimen organizado y este Congreso de la Unión aprobara un proyecto de presupuesto de egresos para el presente año con recursos sin precedentes en materia de seguridad pública para combatir los altos índices de violencia y criminalidad que padece nuestro país.
Simultáneamente, se han logrado dar grandes golpes al hampa a través de detenciones de importantes narcotraficantes y cuantiosísimas incautaciones, sin precedente, de droga y dinero.
Baja California, donde inicia la patria, y brazo fuerte de México, está inmerso en un remolino de violencia que amenaza con eliminar toda capacidad de asombro en la ciudadanía. Sin embargo, las y los bajacalifornianos estamos unidos y llamados a cerrar filas, renovando nuestros votos de confianza a la autoridad e incidiendo en las políticas públicas para que el Estado siga cumpliendo su papel de protector de los derechos del ciudadano sin amedrentarse ni retroceder un ápice.
Es de vital importancia para el desarrollo económico, político y social de nuestro país y en especial de Baja California atacar con toda la dureza de la Ley al crimen organizado redoblando esfuerzos y recursos humanos y materiales para salvaguardar la integridad de miles de bajacalifornianos honestos y trabajadores que a diario se esfuerzan por construir un mejor estado para sus hijos.
La situación que vive nuestro estado afecta directamente la inversión privada y al sector turístico, lo cual podría traer como consecuencia que por primera vez en Baja California se pierda en generación de empleos, aspecto en el cual siempre hemos podido disfrutar de un crecimiento constante.
Por las consideraciones antes mencionadas, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que continúe con la estrategia de seguridad pública aplicada hasta el momento en el país entero y, específicamente, en el estado de Baja California.
Segundo. Esta soberanía hace un urgente y respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, para que instruya al secretario de Seguridad Pública y al general secretario de la Defensa Nacional para que se destinen recursos humanos y materiales extraordinarios para garantizar la seguridad de todos los bajacalifornianos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Diputados: Héctor Manuel Ramos Covarrubias
(rúbrica), Alma Xóchil Cardona Benavides, Ricardo Franco
Cazarez, David Maldonado González, Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Mirna Cecilia Rincón
Vargas, Francisco Rueda Gómez, Carlos Alberto Torres Torres, Antonio
Valladolid Rodríguez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR UN PLAN DE CONTINGENCIA
INTEGRAL PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PODRÍA CAUSAR
A LA ECONOMÍA MEXICANA UNA RECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
La información disponible de los principales indicadores económicos a nivel global, pero fundamentalmente de la economía estadounidense, ha mostrado, en los últimos meses, signos de alarma que deben preocuparnos a todos.
En este contexto, y a pesar de que la economía mundial durante el 2007 continuó creciendo de manera significativa hasta el tercer trimestre, las perspectivas se han deteriorado, fundamentalmente porque en Estados Unidos durante el cuarto trimestre el crecimiento económico mostró señales de desaceleración que han generado un ambiente de incertidumbre entre los principales agentes económicos mundiales, en especial por la posibilidad de que ocurra una recesión en la primera mitad del año, con las implicaciones directas en la economía a nivel internacional, y sobre todo, en la economía mexicana.
Este riesgo en la economía estadounidense deriva de las repercusiones de la crisis del mercado hipotecario que han propiciado una política crediticia restrictiva en los Estados Unidos, particularmente, una disminución en la confianza del consumidor en ese país.
De manera adicional, han persistido las presiones inflacionarias derivadas del alza de los precios internacionales de los alimentos y de los energéticos, mismos que se han trasmitido a la economía global.
Por su parte, el Departamento de Comercio estadounidense informó que en diciembre del año pasado la industria de la construcción de vivienda cayó un 25 por ciento, siendo el nivel más bajo desde 1993.
Asimismo, el Departamento de Trabajo de ese país señaló que en promedio en las últimas cuatro semanas, las personas que perciben el seguro por desempleo llegó a 2.73 millones, el nivel más alto desde noviembre de 2005.
Por lo anterior, el presidente George W. Bush anunció apenas el pasado viernes, un paquete de estímulos económicos de corto plazo a fin de poder reactivar la economía de esa nación. Este plan de rescate económico plantea incentivos y alivio fiscal directo para empresarios y consumidores, que alcanza los 145 mil millones de dólares.
Al señalar que los instrumentos deben aplicarse rápidamente y estructurarse para que sus efectos sobre el gasto agregado se sientan dentro de los próximos doce meses, se busca con estas medidas, entre otras cosas, evitar los embargos masivos y modernizar el mercado de viviendas.
El Banco Central Norteamericano, de forma sorpresiva y para muchos analistas desesperada por la situación, anunció el recorte de la tasa de interés de 4.25 por ciento a 3.5 por ciento, la señal más dramática hasta ahora de que el banco central teme una recesión, buscando con ello que los mercados logren los ajustes necesarios para poder reactivar la economía.
Desafortunadamente y ante este aciago panorama económico, por lo que toca a nuestro país, en lugar de esperar un paquete de medidas estratégicas de manera integral para hacer frente a los posible riesgos o efectos negativos en nuestra economía, lo que hemos escuchado del presidente Felipe Calderón, es que la economía mexicana es "altamente dependiente" de la estadounidense, aunque el país tiene la capacidad para salir adelante "aún en ese escenario adverso".
También ha dicho y lo cito textual "que esto del escenario preocupante de 2008, realmente hasta le emociona" y asegura: "que vamos a salir extraordinariamente bien este año 2008".
Por último, no obstante que anteayer, obligado seguramente por la caída de las más importantes bolsas de valores a nivel mundial, incluida la mexicana, el presidente Calderón anunció que para tratar de paliar los efectos negativos en nuestra economía, se cuenta con dos poderosos motores de crecimiento que no dependen del mercado interno y que van a impulsar la actividad económica y el empleo en el país: la vivienda y la infraestructura, los argumentos, que perecerían ser sólidos y válidos inicialmente, en realidad son vulnerables en un futuro.
En primer término, debido a que si bien la inversión en el sector vivienda en el presente año alcanzará los 281 mil millones de pesos, fundamentalmente se trata de inversión privada.
En segundo lugar, ante las dudas que surgen sobre cuáles serán los incentivos para que estos inversionistas privados continúen con los proyectos para el presente año y cuál será el mecanismo por el que el gobierno logrará retener a estos inversionistas.
De ahí que es claro que la prevención no está en el ánimo de los responsables de la política económica y financiera y, al parecer, menos aún, en el de Felipe Calderón.
El presidente Calderón quizá no ha dimensionado la gravedad del problema al desestimar los enormes riesgos que esto trae consigo. El paquete de medidas anunciadas por el presidente Bush ha sido evaluado por distintos agentes económicos, quienes han desaprobado dichas medidas al destacar que no evitarán que se entre en una recesión. Es decir, la incertidumbre continúa.
Por ello, a los priístas nos preocupa sobremanera esta situación, porque al no contar con un plan estratégico integral para hacerle frente, confiados en la inversión en infraestructura principalmente privada, es evidente que la recesión estadounidense ocasionaría un cierre masivo de empresas maquiladoras, agravando el de por sí grave problema del desempleo.
Además de que las exportaciones disminuirán de manera dramática, como lo está padeciendo ya la industria automotriz; y que la entrada de divisas por el turismo igualmente disminuiría sustancialmente; así como las remesas que envían los mexicanos radicados en los Estados Unidos.
Por lo tanto, es necesario que el titular del Ejecutivo federal diseñe sin tardanza, un plan de contingencia integral en el que se señale con claridad la manera en que se afrontará esta situación en caso de que ocurra, evitando con ello el factor sorpresa, y reduciendo los niveles de incertidumbre en los agentes económicos, quienes han mostrado, como ya se señaló, y con razón, su preocupación.
Es de sobra sabido que las decisiones de los inversionistas están sujetas a la certidumbre y las expectativas a futuro, mayor razón para que las autoridades formulen de manera integral un plan estratégico en el que se indique el manejo de tarifas y precios públicos, y el otro instrumento que será utilizado para hacer frente a esta situación, adicional al gasto en infraestructura y el sector vivienda.
De no hacerlo así, parecería que para el Ejecutivo federal y para las autoridades encargadas de la política económica de nuestro país, el riesgo no está presente.
Es por las anteriores consideraciones, que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a la brevedad posible, diseñe un plan de contingencia integral para contrarrestar los efectos adversos que en la economía mexicana podría causar una probable recesión en los Estados Unidos de América durante los próximos meses; e informe sobre el mismo, de manera puntual a esta soberanía.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los a 22 días del mes de enero de 2008.
Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR EL PLAZO DE BENEFICIOS FISCALES
Y ADMINISTRATIVOS A LOS PATRONES DEL CAMPO CON RELACIÓN A SUS OBLIGACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL, A CARGO DEL SENADOR HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Martha Leticia Sosa Govea, senadora de la República de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal, amplíe el plazo de beneficios fiscales y administrativos a los patrones del campo en relación a sus obligaciones de seguridad social, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como bien saben ha sido de mi especial interés, la condición de la seguridad social que se otorga a los trabajadores del campo, esto en virtud de que la mayoría de los jornaleros agrícolas no se encuentran asegurados, según datos del INEGI.
Por otra parte este sector se vuelve altamente vulnerable debido a sus peculiares circunstancias de trabajo, pese a que los jornaleros o trabajadores eventuales del campo son sujetos integrales al régimen de la seguridad social.
Razón que motivó que el pasado 20 de junio de 2007 algunos compañeros senadores y una servidora presentáramos, un punto de acuerdo mediante el cual, respetuosamente se solicitó al Ejecutivo federal emitiera un nuevo decreto, con el fin de otorgar una prórroga del anterior, sobre los beneficios fiscales y administrativos con relación a sus obligaciones de seguridad social; dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de julio de 2007 por un período de seis meses.
No obstante, cabe destacar que este problema en el campo mexicano cuenta ya con una historia de poco más de 13 años, por otra parte, en aras de fortalecer con seriedad y congruencia al sector de los trabajadores eventuales del campo, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores:
1. El decreto emitido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el día 24 de julio de 2007, comenzó a correr un plazo por seis meses, mismo que corresponde al receso de producción agrícola otoño-invierno.
2. El 21 de septiembre de 2007, es decir, dos meses después de haberse emitido el decreto en comento, fueron dadas a conocer, al Consejo Técnico del IMSS, las reglas para la aplicación del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y trabajadores eventuales del campo.
3. La etapa de siembras u trasplantes del ciclo otoño-invierno que es el que está activo, termina el 31 de enero del presente año y la producción de las primeras siembras de septiembre se empezó a recolectar apenas a principios de diciembre, de modo que los incrementos importantes de en la afiliación están por darse en los meses de febrero y marzo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, de urgente resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta atenta y respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ejercicio de sus facultades constituciones, otorgue una prórroga por seis meses a partir de la fecha de vencimiento del anterior decreto es decir a partir de este 25 de enero de 2008.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 16 días de enero de 2008.
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE
UCRANIA Y SE ADHIERE AL PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE DE ESA NACIÓN
PARA RECONOCER EL HOLODOMOR DE LOS AÑOS 1932-1933 COMO UN ACTO DE
GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO UCRANIANO, A CARGO DE LA SENADORA ADRIANA GONZÁLEZ
CARRILLO, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada Omeheira López Reyna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes
Consideraciones
En la tormentosa historia del siglo XX, el holodomor (hambruna) de los años 1932-1933, llevado a cabo contra el pueblo ucraniano, ocupa un lugar especial. Esta acción terrorista global fue efectuada por el régimen estalinista contra la población pacífica y al menos 10 millones de ucranianos fueron muertos por hambre organizada para lograr un objetivo político criminal -el debilitamiento y exterminio de los campesinos ucranianos libres- base social de la nación, de sus tradiciones, su fundamento, moral y autenticidad.
El hambre de 1932-1933 se extendió prácticamente a todas las regiones de Ucrania, que en aquel entonces era parte integrante de la URSS. No fue un fenómeno natural, sino una acción administrativa cínica, ejecutada en forma consciente, como lo han atestiguado los documentos de la época.
En el país se disponía de suficiente cantidad de trigo, pero este fue vendido al exterior. Por órdenes del gobierno estaba vedado cualquier comercio en zonas rurales, se prohibió abastecer las aldeas de alimentos, fueron perseguidos y condenados a 10 años de cárcel, inclusive a fusilamiento, a todos aquellos que usaban el trigo para el pago de salarios. Estos hechos están documentados en los archivos oficiales de los organismos del gobierno de entonces.
Los investigadores mencionan diversas cantidades de muertos por el holodomor. Sea cual fuere el caso, se trata de millones de inocentes víctimas que perdieron su vida por este motivo. Evidentemente, el criterio de apreciación de la magnitud de la tragedia no sólo está en la cantidad, sino en la capacidad de cada persona de tomar el dolor ajeno como suyo propio. La universalidad de esta catástrofe nacional sólo puede ser entendida con la profundidad de la conmoción interna de todo aquel que se considere una persona civilizada.
El profesor O. Shulhin, jefe de gobierno de la República Democrática de Ucrania, exiliado en París, dirigió una nota a la Liga de las Naciones y a la Cruz Roja Internacional sobre las horrendas consecuencias del hambre allí organizado. Sin embargo, los círculos políticos y empresariales de los países extranjeros observaban, en silencio, el desarrollo de la tragedia, o simplemente no la querían ver, engañados por la efectiva propaganda del régimen estalinista.
Es por tanto que nosotros desde esta tribuna debemos manifestar enérgicamente nuestro rechazo a todo acto que violente en cualquier grado la dignidad humana de las personas y más aun cuando se trata de crímenes contra la humanidad, como el genocidio, que es un crimen que puede manifestarse por los actos cometidos en tiempos de guerra o paz, con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, empleando para ello diversos procedimientos, como el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, mecanismo utilizado en perjuicio del pueblo ucraniano. Actualmente no reconocido, no obstante que cumple con los requisitos del artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
Gracias a los esfuerzos de la emigración ucraniana fue formada una comisión del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezada por el científico James Mace, a cuyas instancias, en el año de 1986, el holodomor de 1932-1933 en Ucrania fue denominado genocidio. Poco tiempo después, en noviembre de 1989, una comisión de eminentes juristas, presidida por el prestigioso profesor de la Universidad de Stockholm, doctor Jacob Sandberg, dictaminó que la hambruna provocada por el régimen soviético, fue un genocidio contra el pueblo ucraniano.
El 14 de mayo del 2003, al conmemorarse el 70 aniversario del holodomor, fue convocada una sesión especial de la Verjovna Rada (Parlamento) de Ucrania. Los integrantes de esta sesión aprobaron una proclama al pueblo ucraniano, donde reconocen que "… el holodomor fue conscientemente organizado por el régimen estalinista y debe ser públicamente condenado por la sociedad ucraniana y por toda la comunidad internacional, debido a la cantidad de víctimas, como uno de los más grandes genocidios de la historia mundial".
En ese mismo año en la 58a. Sesión de la Asamblea General de la ONU, por primera vez en la historia de esta alta organización, hubo una declaración conjunta de las delegaciones de los Estados miembros que designó al holodomor como una tragedia nacional del pueblo ucraniano, declaró los pésames a sus víctimas y apeló a todos los Estados miembros de la organización, a sus entidades especializadas, a los fondos y asociaciones civiles, tributar homenaje a la memoria de todos aquellos que fallecieron en éste trágico periodo de historia.
En la reunión plenaria de la Asamblea General de la ONU del 15 de septiembre de 2005, el actual presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, en su alusión a los jefes de Estado presentes, apeló "en nombre de una nación que ha perdido 10 millones de personas por el holodomor-genocidio" a conocer toda la verdad sobre crímenes contra la humanidad y, para así tener la seguridad que la indiferencia no estimulará a los criminales.
El 28 de noviembre de 2006, la Verjovna Rada de Ucrania aprobó la Ley sobre el holodomor en Ucrania de los años 1932-1933, propuesta por el presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, en la que se declara el holodomor como un genocidio contra el pueblo ucraniano. En su preámbulo se incluye la definición del genocidio, de acuerdo a la jurisprudencia internacional aceptada. Establece esta ley también que la negación de este terrible acontecimiento se considera una burla a la memoria de los millones de víctimas de la tragedia, una humillación a la dignidad del pueblo ucraniano y es ilegal.
Es importante señalar que 13 países han reconocido a este acto de terror como genocidio contra el pueblo de Ucrania. Por nuestra parte, sería también muy importante, a nivel internacional, que México, como miembro de la ONU y nación que siempre ha manifestado su repudio hacia este tipo de actos y crímenes en contra de la humanidad, se adhiera a este reconocimiento del holodomor como un crimen de genocidio en contra del pueblo ucraniano.
Por último, es importante remarcar el hecho de que este año se conmemora el 75 aniversario de la gran tragedia, motivo por el cual Ucrania presentará ante la Asamblea General de la ONU, una nueva propuesta dirigida a declarar el holodomor de los años 1932-1933 un genocidio contra el pueblo ucraniano. Ayudando de este modo a renovar la justicia histórica, recordar a las víctimas y advertir una vez más sobre las horrorosas consecuencias de actividades de regímenes totalitarios de cualquier signo y color, tanto del pasado como del presente y futuro.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano, con motivo del septuagésimo quinto aniversario de la trágica hambruna de los años 1932-1933, calificado este hecho como un acto de genocidio.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a todo acto de totalitarismo y de crímenes perpetrados contra la humanidad en todas sus formas, al mismo tiempo que apela a los principios de justicia y respeto mutuo entre los países, para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que se solidarice con el pueblo ucraniano adhiriéndose a la petición de Ucrania para declarar el holodomor de los años 1932-1933, como un acto de genocidio en contra del pueblo ucraniano.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 9 de enero de 2008.
Diputada Omeheira López Reyna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
DURANTE SU GESTIÓN, ASÍ COMO LOS PLANES Y LÍNEAS DE
ACCIÓN QUE SE TIENEN PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL,
A CARGO DEL SENADOR ALFONSO ELÍAS SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, senador Alfonso Elías Serrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, a través de la cual se solicita la comparecencia del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
¿Qué se necesita para que un país con cien millones de habitantes pueda destacar en las competencias deportivas internacionales?
¿Cómo se debe trabajar para hacer de nuestros deportistas seres triunfadores que pongan en alto la bandera de México?
¿De qué forma se puede evitar que se vuelva cierto el vaticinio lanzado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el sentido de que dentro de diez años el noventa por ciento de nuestra población será obesa?
Responder estas preguntas nos obliga a examinar de manera exhaustiva lo que está pasando en el deporte mexicano. Necesitamos saber que políticas se han diseñado al respecto y la forma en que se gastan los recursos que se asignan a este rubro.
Resulta indispensable contar con información precisa que nos permita conocer la manera en que se imparte la educación física en las escuelas, cómo es que a los jóvenes se les integra en actividades recreativas, a fin de alejarlos de la delincuencia y los vicios. Es imperioso que sepamos cómo se fomenta la práctica deportiva entre los adultos mayores y las personas con capacidades distintas. Debemos estar al tanto de la forma en que se vinculan las políticas públicas con las universidades, las federaciones deportivas, los patrocinadores y el movimiento olímpico.
De las respuestas que obtengamos a tales preguntas podremos establecer conclusiones sobre el estado del deporte en nuestro país, rubro que nos preocupa sobremanera por tres razones nodales:
• El lamentable retiro de la velocista más brillante que ha dado nuestro país: Ana Gabriela Guevara, a quien, por sus múltiples logros, no podemos menos que rendirle un merecido homenaje desde esta tribuna.
Es aventurado pensar que otras disciplinas olímpicas se encuentren en una situación similar, no obstante gran parte de la población en México considera que así es, en virtud de los magros resultados de los últimos años.
Pese a que los juegos olímpicos constituyen para las naciones desarrolladas un escaparate que les permite mostrar una de las mejores partes de sí mismas, en el caso de México, dados los escasos éxitos que se obtienen, tales eventos constituyen uno de tantos motivos para reafirmar la eterna depresión nacional.
Nuestra nación ha adquirido para el año 2011 el compromiso de organizar una vez más los Juegos Deportivos Panamericanos, ahora en la ciudad de Guadalajara. La realización de tal justa, toda vez que compromete recursos públicos y el prestigio de nuestro país, merece que fijemos nuestra atención en las tareas realizadas con relación a tal evento.
Ahora bien, la salida del deporte de Ana Guevara no sólo constituye una pérdida lamentable por cuanto lo que ella transmitía en las pistas: la imagen de una mujer fuerte, triunfadora y tenaz, sino porque su retiro se da entre fuertes acusaciones en contra de los más altos directivos y su forma de proceder. Creemos que, sin prejuzgar sobre la veracidad de tales afirmaciones, debemos indagar sobre el particular, puesto que las mismas se vierten dentro de un ambiente enrarecido por la presunta comisión de prácticas execrables: acusaciones de corrupción, ineficiencias, amiguismos, derroche y desvío de recursos.
De conformidad con lo anterior, y dada la cercanía de la justa veraniega que tendrá lugar en la República Popular China, las expectativas poco halagüeñas que algunos dirigentes deportivos han manifestado sobre el particular y el retiro prematuro de la actividad deportiva por parte de Ana Gabriela Guevara, consideramos necesario que las autoridades encargadas de la planeación del deporte señalen puntualmente cuáles son las acciones realizadas durante la presente administración y la forma en que han sido ejecutados los diversos programas sobre la materia.
Para efectos de lo anterior, proponemos que sea citado a comparecer el ciudadano Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, Director General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien deberá exponer entre otros cuestionamientos acerca de la organización de los próximos Juegos Panamericanos por desarrollarse en Guadalajara en el 2011.
Asimismo, que nos explique porque a ocho meses de que inicien los Juegos Olímpicos el citado funcionario haya separado de sus cargos al subdirector general de Calidad para el Deporte, al coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos y al director del Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, mientras que el subdirector de Alto Rendimiento y el director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia presentaron sus renuncias.
Los cambios no terminan ahí, ya que apenas hace unos meses dejaron la institución el responsable del laboratorio antidopaje y había sido removido el director de Medicina y Ciencias Aplicadas.
No se tiene memoria de que algún predecesor de Hermosillo haya realizado tantos ajustes a sólo unos meses de la justa olímpica.
No podemos entender tampoco como es que, a pesar de la inversión millonaria para su construcción, el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, inaugurado en dos ocasiones tanto por el actual Presidente de la República como por el anterior no se encuentre listo al cien por ciento, siendo víctima incluso y por esta circunstancia del desaire de la elite deportiva, que prefiere otros espacios para su preparación, tal y como ocurre, por ejemplo, con la Selección Nacional de Boxeo y la Federación Mexicana de Judo. Algo simplemente no funciona en el marco de la política de fomento al deporte en el país.
Por las razones y fundamentos antes planteados, solicitamos a esta soberanía sea aprobada la siguiente proposición con carácter de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ciudadano Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, un informe detallado y preciso sobre los resultados obtenidos durante su gestión, así como los planes y líneas de acción que se tienen para la promoción del deporte nacional, durante los próximos años.
Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2008.
Senador Alfonso Elías Serrano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
Y DE RELACIONES EXTERIORES, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS
16 Y 17 DE LA LEY DE NACIONALIDAD RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO
DE GOBERNACIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ Y EL
SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es de todos conocido, el pasado 16 de enero se designó al ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación.
Dicha designación ha sembrado dudas en la opinión pública sobre la falta de cumplimiento con el marco jurídico nacional para que dicho ciudadano ocupe la titularidad del despacho de Gobernación.
Existen antecedentes de la falta de transparencia sobre la certeza de la nacionalidad del ex jefe de la Oficina de la Presidencia, como es el caso documentado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en mayo de 2007 exigió a la Presidencia de la República enviara la documentación migratoria del servidor público de referencia.
Ante la resolución del IFAI, previa concesión graciosa de Mouriño Terrazo, se obsequio copia del acta de nacimiento.
Es de destacarse que las solicitudes planteadas con anterioridad y el día de hoy sobre la nacionalidad del ciudadano Juan Camilo Mouriño no deben considerarse como confidenciales o reservadas, pues dichos documentos deben ser de acceso público como ha sostenido el IFAI, máxime si el ciudadano referido ha sido diputado federal y candidato a Presidente Municipal.
El artículo 30, Apartado A, fracción II, de nuestra Constitución establece:
A. Son mexicanos por nacimiento:
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
1. Son españoles de origen:
b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España.
En ese sentido, queda claro que desde el nacimiento, el ciudadano Mouriño Terrazo cuenta con la doble nacionalidad y en consecuencia se le considera ciudadano y súbdito de la Corona española.
El nombramiento del ciudadano Mouriño como titular de la política interior debe cumplir con los requisitos establecidos tanto en el artículo 32 de la Constitución mexicana así como responder con la documentación que refieren los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, a saber:
En el caso de que durante el desempeño del cargo o función adquieran otra nacionalidad, cesarán inmediatamente en sus funciones.
Artículo 17. Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, podrán solicitar a la Secretaría el certificado de nacionalidad mexicana, únicamente para los efectos del artículo anterior.
El certificado de nacionalidad mexicana se expedirá una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos de esta ley y su reglamento.
Por la certeza y legalidad del servicio público mexicano, es indispensable que se dé cuenta al Congreso de estos hechos como elemento mínimo de compromiso con la transparencia y respeto al estado de derecho.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, la suscrita pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Secretarías de la Función Pública, y de Relaciones Exteriores, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal que informen a esta soberanía, de manera expedita, sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto del nombramiento del ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil ocho.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL SENADO DE LA REPÚBLICA INTEGRE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO PLURAL
QUE REVISE EL CUMPLIMIENTO DEL TRATADO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
INTERNACIONALES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, FIRMADO EN 1944, SUSCRITA POR EL SENADOR JORGE LEGORRETA
ORDORICA Y EL DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
Jorge Legorreta Ordorica y Manuel Portilla Diéguez, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
I. Antecedentes Generales
Bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el 3 de febrero de 1944, se celebró y firmó, en Washington, distrito de Columbia, entre México y los Estados Unidos de América, un Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los ríos Colorado y Tijuana, y Bravo desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América, al Golfo de México. Ambos gobiernos resolvieron firmar el tratado tomando en cuenta los artículos VI y VII del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en Guadalupe, Hidalgo el 2 de febrero de 1848; y el artículo IV del tratado de límites entre los dos países, firmado en la Ciudad de México el 30 de diciembre de 1853, que reglamentan, únicamente para fines de navegación, el uso de las aguas de los ríos Bravo (Grande) y Colorado.
La celebración del Tratado de 1944, consideró el interés de ambos países en convenir el aprovechamiento de esas aguas en otros usos y consumos y su deseo de fijar y delimitar claramente los derechos de las dos repúblicas sobre los ríos Colorado y Tijuana y sobre el río Bravo (Grande), de Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América, al Golfo de México, a fin de obtener su utilización más completa y satisfactoria.
El "Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América" celebrado en 1944, ha sido un tema de especial interés en las relaciones de ambos países y de gran atención para la opinión pública y los medios de comunicación masiva. En diversas ocasiones estos se han ocupado de las diferencias, reales o aparentes, que se han suscitado entre los gobiernos de México y Estados Unidos de América, en relación con el cumplimiento de las obligaciones que establece dicho tratado. La trascendencia que tiene este tratado en la vida social, económica y política de ambos Estados, se relaciona con su carácter limítrofe y por el carácter estratégico del agua, el principal recurso natural que implica dicho instrumento.
Los cuantiosos volúmenes de agua que comprende resultan de excepcional importancia para México y Estados Unidos, atendiendo a sus implicaciones en materia ecológica, sanitaria, agropecuaria, piscícola, forestal, pesquera, industrial, comercial y de comunicación, entre otros rubros. Es evidente que el tema del agua, por ser un recurso natural de gran valor y de creciente escasez, será recurrente en las relaciones de ambos Estados.
Este tratado guarda estrecha relación con el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América firmado en Guadalupe, Hidalgo el 2 de febrero de 1848 y el Tratado de Límite entre los dos países firmado en la Ciudad de México el 30 de diciembre de 1853. Además, prorroga indefinidamente el término de la Comisión Internacional de Límites (actual Comisión Internacional de Límites y Aguas) establecida por la convención, suscrita en Washington, por México y los Estados Unidos de América el 1 de marzo de 1889, para facilitar la ejecución de los principios contenidos en el tratado del 12 de noviembre de 1884, cauce de los ríos Bravo (Grande) y Colorado. Su competencia se refiere fundamentalmente a la aplicación del tratado de 1944, la reglamentación y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que los dos gobiernos adquirieron al respecto y la resolución de todos los conflictos que originen su observación y ejecución.
Es importante conocer las resoluciones de esa comisión para comprender adecuadamente las obligaciones reales de las partes del tratado, ya que en ocasiones se establecen modalidades de cumplimiento de la convención. De ahí que resulte primordial examinar si en algunos casos, las resoluciones de la comisión rebasan los términos del mismo Tratado de 1944, caso en el que serían ilegales.
Al respecto y de acuerdo con el artículo 25 del tratado, ambos gobiernos pueden inconformarse contra las resoluciones de la comisión con el objeto de adecuar las resoluciones al orden jurídico interno y vigilar que no contradiga dicho.
La aplicación del tratado, la reglamentación y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que los dos gobiernos adquieren en virtud del mismo, y la resolución de todos los conflictos que originen su observancia y ejecución, quedan confiados a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la cual funciona de conformidad con las facultades y restricciones que se fijan en el tratado referido. La comisión tiene plenamente el carácter de un organismo internacional y esta constituida por una sección mexicana y por una sección de los Estados Unidos.
La jurisdicción de la comisión se ejerce sobre los tramos limítrofes del río Bravo (Grande) y del río Colorado, sobre la línea divisoria terrestre entre los dos países y sobre las obras construidas en aquellos y en ésta. Cada una de las Secciones tiene jurisdicción sobre la parte de las obras situadas dentro de los límites de su nación y ninguna de ellas ejercerá jurisdicción o control sobre obras construidas o situadas dentro de los límites del país de la otra sección sin el expreso consentimiento del gobierno de esta última.
De conformidad con el artículo 3o. del tratado, en los asuntos referentes al uso común de las aguas internacionales involucradas, acerca de los cuales deba resolver la comisión, servirá de guía el siguiente orden de preferencias: 1o. Usos domésticos y municipales. 2o. Agricultura y ganadería. 3o. Energía eléctrica. 4o. Otros usos industriales. 5o. Navegación. 6o. Pesca y caza. 7o. Cualesquiera otros usos benéficos determinados por la comisión.
Todos los usos anteriores estarán sujetos a las medidas y obras sanitarias que convengan de común acuerdo los dos gobiernos, los cuales se obligan a resolver preferentemente los problemas fronterizos de saneamiento.
II. Asignación de las Aguas del Río Bravo
El Artículo 4o. del tratado regula la asignación de las aguas del río Bravo (Grande) entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo de México, entre los dos países, bajo las siguientes reglas:
A. Corresponde a México:
b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este tratado a alguno de los dos países.
c) Las dos terceras partes del caudal que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado y Arroyo de Las Vacas, en concordancia con lo establecido en el inciso c) del párrafo B de este artículo.
d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados –que son aquellos no denominados en este artículo– entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.
b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este tratado a alguno de los dos países.
c) Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431 millones 721 mil metros cúbicos (350 mil acres pies) anuales. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes mencionados en este inciso en exceso de los citados 431 millones 721 mil metros cúbicos (350 mil acres pies), salvo el derecho a usar de la tercera parte del escurrimiento que llegue al río Bravo (Grande) de dichos afluentes, aunque ella exceda del volumen aludido.
d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados –que son aquellos no denominados en este artículo– entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.
Siempre que la capacidad útil asignada a los Estados Unidos de por lo menos dos de las presas internacionales principales, incluyendo la localizada más aguas arriba, se llene con aguas pertenecientes a los Estados Unidos, se considerará terminando un ciclo de cinco años y todos los débitos totalmente pagados, iniciándose, a partir de ese momento, un nuevo ciclo.
III. Problemática en la asignación de las aguas del río Bravo
La cuenca del río Bravo abarca una superficie de 457 mil 275 kilómetros cuadrados, de los cuales corresponden 231 mil a Estados Unidos y 226 mil 275 a México. Nace en las montañas de Colorado y Nuevo México y desemboca en el Golfo de México, por Tamaulipas, con un recorrido total de 3 mil 33 kilómetros, de ellos 2 mil corresponden a la frontera entre ambos países. En dicha cuenca habitan cerca de 13 millones de personas, de las cuales más de 9 millones corresponden al lado mexicano.
Los fenómenos de sequía, asociados al cambio climático, que se han venido padeciendo en la región desde hace varios años y la aplicación que previene el Tratado de 1944, de un sistema de distribución del agua que probablemente amerite ser revisado, guarda relación con el hecho de que esta cuenca se considere como una de las secas en nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua se dispone de mil 165 metros cúbicos por habitantes en la zona, que equivalen a la cuarta parte de la disponibilidad promedio a nivel nacional.
En el caso del norte de Tamaulipas este índice se reduce a 136 mil metros cúbicos, que equivalen a 30 veces menos que el promedio nacional.
El reparto insuficiente del agua ha generado un conflicto entre los agricultores de Tamaulipas y el gobierno de esa entidad con el gobierno federal mexicano, en razón de que argumentan que se han acordado con el gobierno de Estados Unidos, entregas de supuestos excedentes de agua generados del lado mexicano durante los últimos años, sin que éstos estuvieran comprendidos en el Tratado de 1944 citado. Al respecto, el juicio de amparo que promovieron esos agricultores es en contra de las decisiones que adoptaron, en 2005, diversas secretarías y entidades del gobierno federal, para entregar 510 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos fuera de las previsiones y reglas que fija el tratado señalado.
Este juicio fue atraído recientemente por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 4 de septiembre de 2007, (2/2007). Poco después, y en relación con la aplicación de ese tratado, se promovió el juicio de controversia constitucional (84/2007) por parte del gobierno de Tamaulipas contra el gobierno federal, por haber aprobado otro pago anticipado de agua que correspondió a 277 millones de metros cúbicos. Los dos juicios se encuentran sub-júdice y se estima que habrán de resolverse dentro de varios meses. En el caso de la controversia constitucional se tiene noticia de que también han sido emplazados los gobiernos de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, por la relevancia del caso y el impacto que este asunto tendrá en sus territorios y para que participen en dicho juicio.
En ambos juicios los promoventes argumentan que el gobierno federal acordó el pago anticipado de agua proveniente de los seis afluentes que llegan al río Bravo del lado mexicano (los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas), la cual es almacenada en la Presa de la Amistad, ubicada en el río Bravo, en el estado de Coahuila. También señalan que la medida aprobada por la federación "es ilegal y violatoria de la Constitución" en razón de que ese tratado no contempla el pago anticipado de agua y que dicho pago se realizó, según afirman, con base en un convenio que realizó el gobierno federal sin la aprobación del Senado. También argumentan que la Comisión Nacional del Agua ha enviado documentación que certifica que el pago anticipado no afectará de ninguna manera el abasto de agua potable a ninguna de las ciudades fronterizas ni de los cultivos agrícolas de los distritos de riego del norte del país, situación que contrasta con las graves insuficiencias de agua proveniente del río Bravo y que han venido padeciendo desde hace años.
Ante la relevancia y prioridad de este asunto y considerando:
Que representa uno de los temas de mayor importancia en las relaciones bilaterales de nuestro país con los Estados Unidos;
Que guarda estrecha relación con las facultades conferidas al Senado de la República sobre la aprobación de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas;
Que el Senado precisa contar con todos los elementos de información sobre el cumplimiento del tratado y documentos relacionados con las entregas de agua respectivas.
Que el Senado debe tomar en consideración las importantes consecuencias sociales, económicas y políticas que para el país y, en específico para la región norte de la república, está generando la actual aplicación del tratado referido.
Que el Senado debe evaluar las implicaciones que ha tenido y tendrá la aplicación de ese tratado con respecto a las políticas vinculadas con el cambio climático en la región, así como sus consecuencias en materia ecológica, sanitaria, agropecuaria, piscícola, forestal, pesquera, industrial, comercial y de comunicación, entre otros rubros, se estima que el Senado de la República debe conformar un grupo interdisciplinario y de carácter plural, con representantes de cada una de los grupos parlamentarios del mismo, que cuente con el apoyo técnico de las comisiones del Senado vinculadas con el tema, a fin de revisar el cumplimiento del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, firmado en 1944.
Por lo anteriormente expresado se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República acuerda integrar un grupo interdisciplinario y de carácter plural, con representantes de cada uno de los grupos parlamentarios del mismo, que contará con el apoyo técnico de las comisiones del Senado vinculadas con el tema y convocadas por dicho grupo, a fin de revisar el cumplimiento del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, firmado en 1944.
Segundo. Los trabajos de este grupo se iniciarán de inmediato y deberán revisar a fondo la problemática prevaleciente en la aplicación y cumplimiento del tratado y servir de base para definir, a la brevedad posible, las políticas respectivas, requeridas para fundamentar la argumentación y planteamientos ante los otros Poderes de la Unión, sobre el cumplimiento o revisión de ese tratado.
Recinto de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2008.
Senador Jorge Legorreta Ordorica, diputado Manuel Portilla
Diéguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DESTINADO A INFRAESTRUCTURA DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL GOBIERNO
FEDERAL SE ADOPTEN MEDIDAS ADICIONALES A LAS ESTABLECIDAS A FIN DE GARANTIZAR
UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS Y DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
DE LOS PROYECTOS, OBRAS, BIENES Y SERVICIOS, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
VELASCO OLIVA, GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en la ejecución del presupuesto destinado a infraestructura de las distintas áreas del gobierno federal se adopten las medidas adicionales a las establecidas a fin de garantizar que se dé un manejo transparente de los recursos y de los procesos de licitación de los proyectos, obras, bienes y servicios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México paga un alto costo social y económico en materia de corrupción. Estimaciones de Transparencia Mexicana señalan que entre 2004 y 2005 el costo de la corrupción representó 4.5 por ciento del PIB, en tanto que las "mordidas" en los hogares mexicanos fue en promedio de 177.40 pesos anuales.
En 2005, por ejemplo, un análisis de la firma CEI reveló que las pequeñas y medianas empresas (Pyme) pagaban cada año 29 mil 700 millones de dólares en sobornos. De las Pyme, 43 por ciento realizaba de manera regular este tipo de pagos, que equivalían a 10 por ciento de sus ingresos totales anuales.1
Conforme al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005, México pagaba poco más de 19 mil millones de pesos anuales en sobornos por el uso de 35 servicios públicos.2
El más reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 72 de los 179 países estudiados, con una calificación de 3.5 de un máximo de 10.0.
Se calcula que en México anualmente se llevan a cabo alrededor de 115 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos; esto es, cada minuto se realizan cerca de 218 acuerdos con el fin de utilizar la autoridad en propio beneficio. Por tales motivos, 43 por ciento de los mexicanos encuestados por Transparencia Internacional consideró que los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción han hecho lo contrario: la han fomentado.3
El Consejo Coordinador Empresarial considera que el costo de la corrupción en México es equivalente a un "impuesto oculto" adicional de 15 por ciento para las empresas y contribuyentes, que resta competitividad e inhibe las inversiones extranjeras por un monto aproximado de 8 mil millones de dólares al año.
Desafortunadamente, han sido poco tangibles los resultados del Programa Especial para la Promoción de la Cultura Democrática y Cívica y la estrategia general del presente gobierno sobre el tema.4
Por ello, el anuncio del Ejecutivo federal, el pasado 17 de enero, de diversos proyectos con importantes montos de inversión en infraestructura carretera enciende los focos rojos frente al indudable interés de empresas y servidores públicos de continuar haciendo de las licitaciones un campo fértil para los negocios.
En el programa carretero para este año se anunciaron 94 proyectos para construir y modernizar tramos carreteros y que representarán una inversión de 20 mil 912.4 millones de pesos. En el primer trimestre de 2008 se tendrá contratado cerca de 60 por ciento del presupuesto anual, que ascendió a 40 mil 8 millones de pesos, cifra que tuvo un incremento de 51.1 por ciento respecto al presupuesto de 2006.
En el presente año se considera realizar 94 proyectos en construcción y modernización, por un monto de 10 mil 127.6 millones de pesos; 209 caminos rurales, por 4 mil 84.8 millones de pesos; y mil 400 obras de conservación, por 8 mil 700 millones de pesos.
Adicionalmente, se realizarán 33 proyectos en asociaciones público-privadas, que representarán inversiones por 66 mil 178.5 mdp, de los cuales este año se ejercerán 20 mil 212 mdp y cuya longitud será de 2 mil 305.7 kilómetros.
Petróleos Mexicanos (Pemex) proyecta una inversión cercana a 200 mil millones de pesos sólo durante 2008, que equivaldrán a cuatro quintas partes de los fondos requeridos en promedio para el periodo 2008-2012.
Los proyectos operativos y estratégicos de Pemex están integrados en el Programa Nacional de Infraestructura, que se concentran en la explotación de hidrocarburos, el transporte y el almacenamiento de gas natural, la producción de petrolíferos de mayor calidad, y el incremento de la capacidad productiva de petroquímicos. Ese programa considera otros proyectos de actividades no reservadas, cuya ejecución requerirá la participación de la inversión privada.
En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la inversión condicionada, activos que se asumen como propiedad privada, registrará un incremento de 578.74 por ciento respecto de 2007, canalizándose exclusivamente a la CFE, al pasar de mil 811 millones de pesos ejercidos en 2007 a 12 mil 717 millones de pesos.
Respecto a la inversión directa de la CFE para 2008, el monto autorizado será de 25 mil 575 millones de pesos, que representan menos 7 por ciento con referencia a 2007.
En el país, desafortunadamente, la situación de conductas ilícitas y corruptas en las áreas donde se licitan contratos para obras y servicios en una constante.
Las irregularidades se presentan en casi todos los niveles de gobierno y en casi todas las áreas del gobierno federal y la iniciativa privada: en procuración e impartición de justicia; obras públicas; adquisición o compras al gobierno federal; en las corporaciones policiacas; ministerios públicos; reclusorios; juntas de conciliación y arbitraje; aduanas; régimen de concesiones; medios de comunicación; comercio informal; empresas; sindicatos; delincuencia organizada; procesos electorales; fraude a consumidores; sobrerregulación; evasión y elusión de impuestos; desincorporaciones; y tráfico de influencias desde la Presidencia de la República, entre otras. En el caso de la licitación de obras, el manejo discrecional en la asignación de contratos es campo fértil para acciones corruptas:
• El proveedor que se encuentra coludido con los funcionarios de la dependencia o entidad cotiza hasta el momento en que le dan copia de las condiciones de los otros licitantes para que estén en condiciones de hacer una oferta por debajo de las propuestas económicas de sus competidores, cuyas propuestas más económicas se descalifican para evitar que presenten alguna inconformidad, lo amenazan o le prometen otra obra.
• En licitaciones públicas nacionales o internacionales se reciben por separado la propuesta técnica en un sobre y la propuesta económica en otro. Primero se procede a la apertura de propuestas técnicas, se revisan por los responsables de las disciplinas mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, etcétera, y permanecen los sobres económicos de 20 a 30 días calendario en poder de las áreas de finanzas.
• Durante este tiempo no hay garantía de que no manden clonar con las imprentas los sobres de los licitantes, cuyos sobres originales muchas veces se violan.
• A los proveedores o contratistas que significan peligro por presentar propuestas más económicas que las que los funcionarios "apadrinan" los descalifican técnicamente; por consiguiente, se compra siempre en las condiciones técnico-económicas más adversas para la nación.
• Suele ocurrir que también se cambien las bases de licitación para imponer las condiciones convenientes para la empresa por favorecer.
• De ahí que resulten obras mal hechas y a costos más altos.
Sin embargo, tales disposiciones son insuficientes. Ante esta situación, en Convergencia hemos venido trabajando en propuestas para que ya no se presenten irregularidades. En este sentido, presenté iniciativa de ley para reformar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la que se busca transparentar los procesos de licitación, limitando la posibilidad de adjudicación directa de obras y servicios en todas las dependencias del gobierno federal, con la aplicación de una técnica innovadora de tinta invisible que nulificará cualquier intento por favorecer a ciertos grupos o empresas.
Entre otros aspectos, la iniciativa pretende que el procedimiento de licitación sea público y se considere la construcción de salas de evaluación, tipo Gessel, en las áreas responsables de licitaciones de obras y servicios, con características suficientes que permitirán verificar la transparencia y conducta de los grupos interdisciplinarios que participen en las evaluaciones técnicas, tecnológicas y económico-financieras, además de que contarán con un sistema de sonido, audio, videograbación y señal de televisión.
A fin de evitar la continuidad de actos de corrupción, con la referida propuesta se limitan las reuniones para adjudicar obras o servicios. Sólo en casos de urgencia como desastres naturales y otros plenamente justificados podrán adjudicarse obras o servicios con la autorización del secretario de Estado responsable del sector.
En toda licitación siempre se contará con la presencia de un notario público. Una vez presentadas la proposición técnica en un sobre y la económica en otro, se mostrará a los asistentes y al notario público que las propuestas técnicas de todos los participantes se encuentran impresas con tinta visible y se entregan al responsable de dirigir la evaluación técnica, la cual se realizará en la misma sala.
Una vez iniciada la evaluación técnica sesionará sobre en promedio 12 horas diarias hasta que se genere el resultado, que no podrá tardar más de 5 días hábiles. El día que se abran las propuestas técnicas también se abrirán las económicas y se verificará que para las propuestas económicas se presentaron impresas en tinta invisible, a fin de constatar que las hojas que contengan precios solamente contendrán visible el membrete de la empresa a que corresponde la oferta.
Acto seguido, se devolverán las propuestas al sobre respectivo y serán cerrados para que cada uno de los participantes en la licitación firmen, con la pluma fuente que contiene la tinta invisible, más el sello y la firma del notario público sobre la ceja de apertura, como garantía de inviolabilidad, los cuales serán depositados en una caja fuerte con capacidad para almacenar hasta 10 licitaciones a la vez, contando con divisiones para cada una de ellas.
En Convergencia tenemos claro que la corrupción está vinculada lógicamente a un sistema normativo; es decir, a un conjunto de reglas vigentes que regulan una práctica social. Por esa razón consideramos que en México se requiere modificar a fondo las disposiciones legales vinculadas a una de las áreas más proclives a actos de corrupción, las licitaciones para la compra de bienes y la realización de ciertos servicios en el sector público, estableciendo mecanismos que cierren la puerta a estas prácticas.
Por lo señalado, ante la defensa que el presidente Felipe Calderón ha hecho de la inversión privada que impulsa y subrayando los señalamientos de que encabeza "un gobierno con honestidad, de manos limpias, para trabajar en beneficio de la gente", Convergencia lo conmina a cumplir su palabra empeñada públicamente y haga eco de la propuesta referida como un mecanismo que daría completa transparencia a los procesos de licitación, abatiría considerablemente los costos al gobierno federal e incentivaría la participación de inversionistas al participar en igualdad de condiciones.
El costo de las instalaciones y el equipamiento de la propuesta citada será insignificante frente al radical cambio que se generaría en materia de transparencia y ahorro de costos, y cambiaría la visión sobre acciones contradictorias del gobierno federal como la intención de evitar que se investiguen los permisos otorgados a particulares para producir energía.
Se trata de una serie de mecanismos que promoverán una nueva cultura en la licitación de obras y servicios, que contribuirá al establecimiento de una cultura de la legalidad y de condiciones equitativas y transparentes en la realización de obras.
Por lo expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en la ejecución del presupuesto destinado a infraestructura de las distintas áreas del gobierno federal se adopten medidas adicionales a las establecidas a fin de garantizar que se dé un manejo transparente de los recursos y de los procesos de licitación de los proyectos, obras, bienes y servicios.
Notas
1. La Jornada, 11 de agosto de 2005.
2. Índice Nacional de Corrupción y Buen
Gobierno, informe ejecutivo, Transparencia Mexicana, 2005-2006.
3. Transparency International, Global corruption barometer
2006.
4. Véanse el Primer Informe de Gobierno
de Felipe Calderón, sección 5.1.3, "Nueva cultura democrática";
y la estrategia 10.1, "Promover una cultura anticorrupción", del
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CITA A COMPARECER A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE LOS MAESTROS COMISIONADOS AL SINDICATO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO
GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El que suscribe, senador Alejandro González Yáñez integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo, para que la titular de Educación Pública comparezca ante este órgano legislativo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La importancia del tema de la educación y de las circunstancias que han impedido avanzar en la mejoría de su calidad y cobertura, ha sido destacada en múltiples ocasiones en el Congreso de la Unión, aunque debemos reconocer que aún está pendiente una revisión muy profunda de lo que habría que hacer para reformar de raíz el sistema educativo mexicano, cuyos niveles de calidad y de aprovechamiento dejan mucho que desear, según lo han evidenciado distintas evaluaciones nacionales e internacionales con resultados que son del dominio público.
Pero uno de los aspectos centrales en los que hemos coincidido en el Senado de la República, es que se debe empezar, sin mayor dilación, por transparentar los cuantiosos recursos que la Secretaría de Educación Pública transfiere al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al amparo de la relación laboral, así como en conocer la incidencia que tiene para el sistema educativo el elevado número de maestros comisionados que por distintas razones no están enseñando en las aulas.
Precisamente con ese propósito el Senado aprobó a finales del año pasado, previo dictamen favorable de la Comisión de Educación, un punto de acuerdo presentado por el senador Ricardo Monreal, merced al cual se solicitó a la Secretaría de Educación Pública la siguiente información: 1) número de maestros comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el entendido de que esa dependencia concentra la información de todo el país, no obstante que cada entidad federativa tiene sus propios convenios con las delegaciones sindicales; 2) el número de fideicomisos que existen del sindicato, a los que la SEP deposita recursos públicos en el marco de los convenios suscritos anualmente, tales como vivienda, capacitación técnica y fomento profesional, entre otros; y 3) copia de los convenios anuales, y sus anexos, suscritos entre los años 2000 al 2006, con las cantidades extraordinarias asignadas y el concepto correspondiente.
Apenas la semana pasada la Comisión de Educación del Senado de la República recibió el informe entregado por la Secretaría de Educación, aunque desafortunadamente se trata de un informe incompleto, parcial, pues falta el número de maestros comisionados en 15 entidades de la república, entre ellas el estado de México que por su densidad demográfica concentra un elevado número de mentores. Sería importante conocer las razones de que estos datos no hayan sido entregados o, si existen, por qué la SEP no los integró en el reporte que le fue solicitado.
Aún con información incompleta, hoy sabemos que el año pasado estuvieron comisionados 24 mil 388 trabajadores de la educación, de los cuales 7 mil maestros recibieron su salario sin impartir clases. Aunque el informe desglosa datos por sector, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y entidades federativas, en algunos casos, como en el del personal comisionado de órganos desconcentrados, no se especifica quienes reciben salario estando comisionados.
En cuanto a los recursos que maneja el sindicato en distintos fideicomisos y programas, en tres de ellos concentra un patrimonio por 13 mil 300 millones de pesos, cantidad equivalente a 19 veces los recursos del Programa de Mejoramiento de Espacios Educativos, que contó con 700 millones de pesos en 2007, lo que resulta a todas luces sorprendente y llama la atención sobre la necesidad de que tal cantidad de recursos sea manejada con total transparencia, ya que no sólo se trata de dinero público, proveniente de los impuestos que pagan los ciudadanos, sino que son recursos destinados a una de las responsabilidades fundamentales del Estado, que es la de proporcionar educación a nuestros niños y jóvenes.
En el fondo de retiro para los trabajadores de la educación, tenía al tercer trimestre del 2007 un patrimonio total de más de 11 mil 169 millones de pesos, mientras que en el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, al 31 de octubre de ese año, concentraba recursos por más de 490 millones de pesos. Pero existen otros programas que igualmente reciben recursos públicos, como el de Previsión Social del Magisterio o el de Beneficio Social, los cuales son administrados directamente por el sindicato, otros más, como el de Tecnologías Educativas y de la Información, reciben además recursos privados y de los gobiernos estatales, lo que nuevamente pone de relieve esa necesidad de transparencia.
Además de todo ello, el SNTE recibió recursos extraordinarios por más de 200 millones de pesos de parte del gobierno de Vicente Fox, al amparo de los convenios laborales. En 2003 se asignaron 45 millones al Programa de Reconocimiento Social e Institucional del Magisterio, además de 20 millones al fideicomiso de previsión social. El 21 de noviembre de 2005 se otorgaron 44 millones bajo el rubro de apoyo a las acciones de beneficio de los trabajadores docentes de educación básica y normal. Esa misma fecha se firmó otro convenio mediante el cual se entregaron otros 64 millones para apoyar que se lleve a cabo el desarrollo del Programa de Previsión Social del Magisterio. Bajo estas denominaciones tan generales y confusas no es posible determinar bien a bien a que se destinó ese dinero. Vale decir que, coincidentemente, en ese tiempo nació el Partido Nueva Alianza impulsado por ese sindicato.
Las suspicacias al respecto no han surgido de manera espontánea, sino de las denuncias públicas que ha realizado quien fue durante muchos años el principal operador electoral de la maestra Elba Esther Gordillo, Noé Rivera, quien ha declarado que para hacer posible el registro de ese partido se echó mano de recursos de tres fideicomisos manejados por el SNTE: el de vivienda, el de fondo de retiro y el de nuevas tecnologías, además de que menciona un ejército de miles de cuadros que habrían apoyado la movilización electoral del magisterio.
Así pues, las sospechas sobre el pago de favores electorales al sindicato magisterial no son infundadas y la resistencia a otorgar la información completa, tal como fue solicitada por el Senado de la República, da pie para pensar mal y acertar, como dice el refrán popular.
Pero más allá de las suspicacias políticas, están los hechos y el lamentable estado de la educación mexicana. Ahí están los estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en los que se refleja que la calidad de la educación en México, descendió del lugar 34 al 37 entre los países de la OCDE; los alumnos el sistema educativo nacional han salido reprobados en la prueba PISA, referente internacional en materia de evaluación educativa; o el dato de que el 50 por ciento de los mexicanos tiene un promedio de educación formal de sólo 5.4 años, mientras 13 por ciento de niños mexicanos en escuelas públicas de educación primaria no alcanzan a desarrollar los conocimientos ni habilidades básicas de español, matemáticas y expresión escrita. La situación en escuelas rurales, cursos comunitarios y escuelas de educación indígena, es igualmente preocupante.
Por eso es indispensable y urgente que la Secretaría de Educación Pública nos informe sobre las acciones que tiene contempladas para modificar y mejorar las acciones administrativas que permitan tener un acceso mucho más transparente y preciso a la información sobre los recursos humanos y presupuestales, que se transfieren al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es claro que los maestros de México merecen salarios y condiciones de trabajo dignos, que les permitan mejorar su desempeño en beneficio de la calidad educativa, pero no es con manejos discrecionales de recursos por parte de la cúpula dirigente, como se logrará ese objetivo. La mayoría de maestros son ajenos al trasiego millonario de recursos y se encuentran muy lejos de disfrutar sus beneficios.
Las nuevas disposiciones constitucionales contenidas en el artículo sexto de nuestra Carta Magna, constituyen el marco para fortalecer las acciones de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos que involucren recursos destinados a la educación pública.
Con base en lo anterior, es que me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Educación Pública para aclarar la información sobre el número de maestros comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como para que explique las acciones que la secretaría a su cargo tiene previstas para acotar esta práctica y estimular a los docentes para mejorar la educación básica.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Función Pública establezca una auditoría especial que esclarezca si el otorgamiento de licencias, permisos y comisiones a personal docente se ha realizado en apego al marco normativo y en su caso inicie el procedimiento de responsabilidad al o a los servidores públicos involucrados.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Vigilancia de la honorable Cámara de Diputados, para que instruya a la Auditoria Superior de la Federación, a efecto de que realice la evaluación que permita determinar las acciones preventivas y correctivas necesarias para que se cumplan los preceptos constitucionales de transparencia y rendición de cuentas contenidos en las recientes reformas al artículo 6 de la Constitución General de la República, en la administración y gestión de la educación pública, en su relación con la representación sindical del magisterio.
Salón de plenos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veintidós días del mes de enero de dos mil ocho.
Senador Alejandro González Yáñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN PERMANENTE A GUARDAR UN MINUTO DE SILENCIO
EN HONOR DE LOS AGENTES FEDERALES QUE HAN MUERTO EN LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO, ESPECIALMENTE EN REYNOSA, TAMAULIPAS, Y EN TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
"Ningún mal lesiona tanto a México como la inseguridad y la delincuencia, no hay mayor agravio a la sociedad que un delito impune, no hay desarrollo posible ni futuro imaginable si no hay garantías de certidumbre, de seguridad e integridad física y patrimonial para todos los mexicanos" estas palabras fueron dichas por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora y expresan la necesidad de combatir la inseguridad y la delincuencia en todas sus facetas.
Desde el inicio de este sexenio se ha observado una clara acción por parte de todos los ámbitos de gobierno, para erradicar el narcotráfico de nuestro país y crear un México en donde reine la paz y la tranquilidad para todos los mexicanos.
Son varias las entidades federales que han trabajado para combatir al crimen organizado y que ha logrado excelentes resultados, todas ellas han padecido las bajas de algunos de sus miembros por llevar a cabo su tarea y cumplir hasta las últimas consecuencias la razón de su existencia: el trabajar como una institución eficaz y confiable integrada por hombres y mujeres con elevados valores y principios morales, con capacidad y actitud profesional, aplicando métodos, técnicas y sistemas científicos de investigación, que orientan la toma de decisiones, la elaboración de programas y la conducción de operativos.
Esta lucha contra el crimen organizado ya ha tenido numerosos logros, pues desde el año pasado se han erradicado y fumigado cerca de 200 mil plantíos de mariguana y amapola, se han destruido 737 pistas de aterrizaje y 220 campamentos, incluso se le arrebataron al narcotráfico cerca de 205 millones de dólares.
Dichos resultados se han conseguido gracias a la excelente estructura orgánica y a la creación de diversas áreas especializadas en el combate contra el crimen, además de la generación de un soporte técnico, jurídico y administrativo más eficiente, así como el trabajo conjunto y coordinado de diversas instituciones como son la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR y por consiguiente, gracias a los militares y a los agentes federales, los cuales han puesto todo lo que está de su parte, sin importarles las amenazas, los riesgos y sufrimientos para entablar esta lucha frontal contra el crimen organizado.
En uno de sus discursos el presidente Felipe Calderón, mencionó que esta lucha contra el crimen organizado no iba a ser una tarea fácil, que iba a costar mucho dinero e incluso varias vidas humanas y eso lo estamos constatando.
Nada más por mencionar un dato y para darnos cuenta de la margnitud del problema, en el estado de Nuevo León, durante el año 2007, fueron ejecutados 107 personas, de las cuales 33 eran policías o militares. En casi todos los meses, hemos escuchado que algún policía, militar o agente federal ha sufrido alguna emboscada o ha sido acribillado, los casos más sonados son los que ocurrieron en agosto donde fueron ejecutados 3 agentes federales que habían participado en el caso del empresario de origen chino Zhen Li Ye Gon, en septiembre fue asesinado Jorge Eduardo Rodríguez Pombo, comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en Mexicali, asimismo fueron asesinados otros 2 agentes en la ciudad de Monterrey en el mismo mes, y en noviembre del mismo año, fue asesinado un ex alcalde de río Bravo, Tamaulipas y 2 agentes federales. Podría seguir enumerando pero no me alcanzaría el tiempo.
Dado que la labor de ser agente federal o militar no es una tarea fácil, considero que debemos honrar la memoria de dichos elementos que han dado su vida y su sangre defendiendo los valores y principios de nuestra nación, muy especialmente a los agentes federales Miguel Ángel Aguilar López y Arturo Flores Fajardo, asesinados brutalmente la semana pasada en Reynosa, Tamaulipas y a los agentes José de Jesús Arias Rico, Elbert Escobedo Márquez y Margarito Pérez Saldaña quienes murieron el día de ayer en Tijuana, Baja California, en cumplimiento de su deber.0
Dichos agentes murieron al cumplir, vivir y defender los principios que se les imparten en la agencia policiaca: honor, valor y justicia.
En razon de lo anterior me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Primero. Por el que se exhorta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a guardar un minuto de silencio en honor de los agentes federales que han muerto en esta lucha contra el narcotráfico, especialmente por los que murieron la semana pasada en Reynosa, Tamaulipas y el día de ayer en Tijuana, Baja California.
Segundo. Se haga público un reconocimiento por parte de ambas Cámaras a dichos agentes federales asesinados en estas dos semanas y se haga llegar a sus familias dicho reconocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR MEDIANTE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA Y LA SAGARPA UN PROGRAMA EMERGENTE DE APOYOS A LOS PRODUCTORES
NACIONALES DE PAPA, A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Adolfo Mota Hernández, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. El cultivo de la papa en México tiene una gran importancia económica y tiene un aceptable valor comercial, ya que es de los pocos cultivos que se desarrollan en casi todo el territorio nacional, esta hortaliza se produce en 24 entidades del país. Los principales estados productores en orden de importancia son: Sinaloa, Sonora, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán; que en conjunto generan el 74.3 por ciento de la producción nacional.
La papa ocupa el cuarto lugar en importancia, con una superficie cultivada a nivel nacional de cerca de 70 mil hectáreas. Cerca de 1.2 millones de toneladas de papa abastecen las necesidades alimentarias de la población con un consumo de 12.3 kilogramos al año por persona; 156 mil toneladas son destinadas a la industria procesadora y 195 mil son utilizadas como semillas en los ciclos productivos.
2. Este sector de nuestra producción agrícola, representa una fuente importante de trabajo en las zonas rurales, ya que se generan 6.3 millones de jornales por año, cerca de 8 mil 700 personas se encuentran involucradas en la producción y se generan 17 mil 500 empleos directos y 51 mil 600 indirectos de los que dependen aproximadamente 20 mil 400 familias; realizando las diversas labores que abarca este cultivo como son la siembra, la cosecha, o la comercialización. En cuánto a valor de la producción, la papa por su densidad económica ocupa el lugar número diez de los productos agrícolas, representando el 2.61 por ciento del valor total de la producción agrícola de México.
3. No obstante lo anterior y pese a que la papa es un producto originario de América, la principal zona productora no está en el continente americano, sino que está conformada por países asiáticos y europeos. Según datos de la FAO, en los últimos diez años (1992-2001) la producción mundial de papa registró un incremento del 11 por ciento, al pasar de 277 millones de toneladas en 1992 a 308 millones en 2001. Casi el 60 por ciento de la producción mundial de papa se concentra en China, Rusia, Polonia, Estados Unidos, India y Ucrania.
4. En 2008 el panorama que se presenta para la producción de papa en México es desalentador. Tan solo en el municipio de Perote, estado de Veracruz, cerca de 350 productores de papa se encuentran en la ruina ante el desplome del precio del producto y las pérdidas que generaron los fenómenos climáticos durante el 2007.
En este municipio, alrededor de mil 200 familias dependen directamente de esta actividad y de las mil 750 hectáreas que generan, más del 70 por ciento resultaron dañadas, por lo que sólo se cosechará el 30 por ciento y se comercializará a un precio muy bajo en virtud de la competencia con los nuevos productores. Ante estas circunstancias, los productores de este municipio, de igual manera que pasa en la mayoría del país, han señalado como incosteable la siembra de este producto, ya que mientras un bulto de abono cuesta entre 350 y 400 pesos, un bulto de papa no rebasa los 30 pesos. El dueño de cinco hectáreas de papa termina la cosecha con cinco mil pesos de ganancia al año.
5. Lo anterior hace urgente la necesidad de generar nuevas alternativas de apoyo y esquemas de financiamiento para los productores de este importante sector agrícola, pues ante la desregulación arancelaria que establece el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), se prevén graves desventajas en las condiciones de competencia de los productores mexicanos ante los extranjeros.
Si no apoyamos a nuestros productores mexicanos, estaremos actuando con irresponsabilidad, México no podrá ser un país competitivo ante la comunidad global, si nuestros campesinos siguen produciendo sin los apoyos necesarios. Cambiemos de la insensibilidad a un verdadero compromiso con el campo mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, de urgente resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que instrumente un programa emergente de apoyos a la producción y comercialización de los productores de papa del país, a efecto de incentivar su recuperación en el mercado interno, aprovechar las oportunidades del comercio internacional y elevar su calidad de vida, informando por escrito a esta soberanía en torno a las acciones propuestas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A FIN DE QUE INFORMEN SOBRE
EL PROGRAMA Y LAS ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA ORGANIZADA, A
CARGO DEL DIPUTADO FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La ola de violencia que atraviesa el país va en ascenso y hoy ya no sólo se trata de un conflicto de intereses entre grupos de narcotraficantes. El crimen ha rebasado todos los niveles y atenta contra la ciudadanía.
Hecho totalmente paradójico, ya que el gobierno federal en todo momento ha declarado "lucha frontal" al crimen organizado, para devolverle la tranquilidad y seguridad a todos los mexicanos.
En marzo del año pasado, el Ejecutivo federal anunció la "Estrategia integral para la prevención del delito y el combate a la delincuencia". Sin embargo de esa fecha hasta el día de hoy, todos los días se informa de hechos violentos, que involucran espacios públicos, abiertos y a plena luz del día.
La denominada narcoviolencia ha permeado lugares y situaciones que dejan a todos los ciudadanos en una clara vulnerabilidad, sin que las autoridades encargadas de la seguridad del país puedan detenerla.
Noticias de ejecuciones tenemos todos los días y en todos los niveles, funcionarios en la calle y en restaurantes. Escenario de crímenes han sido ciudades como Acapulco, Apatzingán, Oaxaca, Tijuana, Monterrey entre muchas otras.
A principios del presente mes, el Ejecutivo federal envió más de 3 mil soldados a Tijuana como parte de un plan de medidas para contener el narcotráfico y la violencia.
Como resultado de la militarización de las ciudades, el jueves pasado se dio un enfrentamiento con policías y militares en Tijuana, en una espiral que el día anterior ya había dejado 16 muertos en el país.
De igual forma, la Marina de México ha anunciado el despliegue operativo por cielo, tierra y mar en los Estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero para enfrentar el incremento del crimen organizado en esas entidades.
El crimen organizado, también esta presente en estados como Oaxaca y Quintana Roo, entre otros. Por ello, todo el país se encuentra temeroso de los medidas de reajustes del narcotráfico, mientras que el gobierno federal no es suficiente para confrontarlo pero sobretodo, para detener esta ola de violencia que afecta a todo el país.
Es evidente que las medidas adoptadas, consistentes en incrementar la presencia de militares en los estados que registran alta violencia vinculada al tráfico de drogas, no están dando resultado, más allá de eso, han tenido el efecto contrario.
Por ello, es fundamental la presencia tanto del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, como del procurador general de la República, licenciado Eduardo Medida Mora Icaza, para que exponga ante los legisladores el programa y estrategias para combatir la violencia organizada que aqueja a nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que realice los trámites correspondientes para que comparezcan el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y el procurador general de la Republica, a efecto de que informen sobre el programa y estrategias para combatir la violencia organizada.
Palacio Legislativo, a 23 de enero 2008.
Diputados: Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Octavio
Martínez Vargas (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ELABORAR ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS,
ASÍ COMO A LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CUYO
TEMA CENTRAL SEA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOEL
ARELLANO ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputada María Eugenia Campos Galván y diputado Joel Arellano Arellano, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La trata de personas es considerada, por expertos en la materia, como la esclavitud del siglo XXI. Es abuso, tortura, degradación de la condición humana, es creer que un ser humano vale menos que un objeto, es tratarlo como un bien inanimado.
El artículo 3 del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, ratificado por el Senado el 22 de octubre de 2002 y firmado por el Ejecutivo federal el 3 de febrero de 2003 define la trata de personas como:
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicio forzado, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
De acuerdo con la maestra Patricia González Rodríguez, procuradora general de Justicia de Chihuahua, las formas posmodernas de la esclavitud a través de la explotación son:
• Explotación sexual (prostitución clandestina, lenocinio, turismo sexual, bares, casas de masaje o agencias de modelos y acompañantes, calles).
• Mendicidad.
• Sustracción de órganos.
• Tráfico de migrantes.
En nuestro país existen datos parciales sobre este delito, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Fondo Internacional para la Infancia, 16 mil menores son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía; y en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.
En el documento Trata de personas. Aspectos básicos, publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (CIM-OEA) se establece que las redes de tratantes en México están conectadas con países asiáticos donde existe una demanda de mujeres mexicanas. Este estudio menciona que alrededor de 3 mil mujeres mexicanas ejercen la prostitución en Japón.
Asimismo, el Unicef considera que las ciudades que destacan en turismo sexual son Ciudad Juárez, Tapachula y Chihuahua, así como Cancún, Acapulco y Guadalajara. Este organismo calcula que entre 16 mil y 20 mil niños mexicanos y centroamericanos son sujetos de abuso sexual, principalmente en la franja fronteriza y destinos turísticos.
De acuerdo con Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y presidente del Consejo Consultivo del Unicef en México, existen en el país víctimas de trata internacional, provenientes de Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa del este, pero también hay incontables víctimas de trata interna procedentes de los estados más vulnerables: Baja California, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.
Las cifras anteriores son congruentes con el último informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) el cual establece que en los últimos años la trata de personas ha adquirido dimensiones alarmantes en nuestro país ya que pasó de ser un país tránsito de víctimas a uno de origen y destino de explotación.
Datos del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos de América en su informe Trafficking in persons report 2006 sobre trata de blancas en México establece que "se necesita perseguir a los tratantes de manera más vigorosa, y asegurar fallos judiciales y sentencias en su contra. La trata de personas se vincula a menudo con el crimen organizado, y las ganancias que rinde ayudan a alimentar otras actividades ilegales" agrega que "(la trata de personas) se cuenta entre las actividades criminales de más rápido crecimiento en el mundo".
La situación nacional e internacional con relación a la trata de personas, como puede derivarse de las consideraciones expuestas, es profundamente compleja; sin embargo, el proceso que inició con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus dos Protocolos Complementarios contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y con la aprobación, en junio pasado, por el pleno de esta honorable Cámara de Diputados de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la aprobación de la misma por el Senado en octubre y finalmente, en noviembre de este año su promulgación por el presidente Felipe Calderón, es claro que las instituciones del Estado mexicano nos encontramos en el camino correcto.
Con esta ley el gobierno de nuestro país sancionará de forma eficiente a quienes fundan su vida en la esclavitud del otro; además, podrá identificar a las víctimas y les podrá brindar una atención eficiente y efectiva. En acuerdo absoluto con el presidente Felipe Calderón con esta ley "reforzamos aún más el marco legal en defensa de los derechos de la mujer, así emprendemos una lucha frontal en contra de la explotación sexual, laboral de la población más vulnerable, en especial niñas, niños, mujeres".
Sin embargo, cuando algún miembro de nuestra sociedad o estudioso en la materia busca cifras y estadísticas oficiales de este flagelo se evidencian carencias. Al parecer aún no existen estudios cuantitativos y/o cualitativos en la materia de trata de personas para nuestro país. Sólo existen datos parciales y estudios aproximados de organismos internacionales o de la sociedad civil. Cifras y estadísticas oficiales, así como estudios cualitativos permiten ver, tanto a instituciones como a estudiosos, por lo menos, la punta del iceberg de la trata de personas en nuestro país.
Además de lo anterior, es claro que el tema es desconocido por una parte considerable de la sociedad, lo que genera una recurrente confusión entre los términos.
En tal sentido es necesario informar a la sociedad de nuestro país, explicarle qué es la trata de personas, mostrarle que con la trata de personas se pierde la libertad de decidir y de actuar, enseñarle que la trata de personas está en evidente contradicción con la democracia y que por eso es necesario frenarla y acabar con ella lo más pronto posible; y, por último, hacerle entender que sin su colaboración esta titánica tarea será imposible.
En tal sentido, la vigente ley para prevenir y sancionar la trata de personas debe acompañarse de campañas de difusión y de la puesta en marcha de estudios cuantitativos y cualitativos en la materia; sólo con estas medidas las instituciones de procuración de justicia, de atención a grupos vulnerables y todos aquellos estudiosos e integrantes de la sociedad contarán con las herramientas que nos permitirán estar preparados para eliminar todas las formas posmodernas de esclavitud.
Por lo antes expuesto pongo a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que ponga en marcha campañas de difusión y estudios cuantitativos y cualitativos a fin de que exista un diagnóstico claro para poder diseñar políticas públicas eficaces que combatan la trata de personas.
Diputados: Joel Arellano Arellano, María
Eugenia Campos Galván (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que
se exhorta al director general de Pemex a informar sobre la periodicidad
y el tipo de mantenimiento aplicado a las instalaciones de transportación
de combustible y gas, así como la aplicación de recursos
en este rubro, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes del estado
de Veracruz, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal Gerardo Lagunes Gallina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, 73 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración, para dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), doctor Jesús Federico Reyes Heroles González-Garza, para que informe y detalle sobre la periodicidad y el tipo de mantenimiento que se está aplicando a las instalaciones de transportación de combustible y gas, así como también la aplicación de los recursos destinados a ese rubro.
Consideraciones
El 10 de enero de 2008, a las 2:00 horas, se registró una fuga en un gaseoducto de 30 pulgadas de la colonia Xicotepec, en Río Blanco, Veracruz. Al lugar acudieron unidades de protección civil, bomberos y Cruz Roja para atender el llamado de emergencia. Más de 25 personas sufrieron crisis nerviosa y 3 policías municipales resultaron intoxicados.
Por instrucciones del alcalde Raúl Vera Aguilar se asignó de inmediato la habilitación del auditorio municipal Benito Juárez como albergue. Se trasladaron 354 personas, que fueron desalojadas de las colonias Xicotepec, Santa Catarina y Venustiano Carranza, así como el fraccionamiento San Buena Ventura, entre otras, ante el temor fundado de una probable explosión. A las 3:45 horas, alrededor de 30 elementos del Ejército Mexicano acordonaron la zona para salvaguardar los bienes y la integridad de la población.
A las 6:30 horas, las autoridades municipales fueron notificadas de que la fuga estaba controlada. Ninguna autoridad de Pemex informó sobre las causas del siniestro. La fuga se debió a las pésimas condiciones de las tuberías que atraviesan dicho municipio.
En 2004 se registró un derrame de 12 metros cúbicos de petróleo crudo por la corrosión externa, a la altura del tramo Poza Rica-Altamira.
El 13 de octubre de 2004 se dio un derrame e incendio en el oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio, en el poblado de Palmásola, municipio de Omealca, Veracruz.
El 22 diciembre de 2004, un derrame de 10 mil barriles de hidrocarburo en el río Coatzacoalcos, Veracruz.
En enero de 2005, incendio de las instalaciones de Pemex a 300 metros de la localidad de Huichapan, en el municipio de Moloacán, Veracruz.
En abril de 2005, explosión de un ducto de amoniaco, en Nanchital e Ixhuatlán de Sureste, Veracruz.
En julio de 2005, explosión del oleoducto en el complejo petroquímico Pajaritos, Veracruz.
El 17 de octubre de 2006 se registró una explosión en el buque tanque Quetzalcóatl, atracado en el muelle 6 de la terminal marítima de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
Hoy más que nunca queda descubierta la vulnerabilidad de las personas del municipio, así como la incapacidad de la paraestatal para atender ese tipo de contingencias.
Ante la gravedad y lo complejo de los hechos suscitados, que engloban múltiples cuestionamientos, debemos conocer lo que realmente ocurrió y verificar que realmente se cumplan las normas establecidas a fin de dar mantenimiento correctivo a dichas instalaciones y prevenir siniestros.
Apoyemos las acciones encaminadas a preservar y tutelar la seguridad de las instalaciones, ante la demanda creciente de la sociedad de hacer frente a los grandes retos y desafíos del país.
Por lo fundado y motivado, se somete ante el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente y obvia resolución, para su dictamen y discusión, el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos, por conducto de su director general, doctor Jesús Federico Reyes Heroles González-Garza, para que informe y detalle sobre la periodicidad y el tipo de mantenimiento que se está aplicando a las instalaciones de combustible y gas, así como la aplicación de los recursos destinados para este rubro a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos del estado de Veracruz y evitar accidentes:
Primero. Exhortar a Pemex a reparar de inmediato todos los daños materiales del lugar, así como también cubrir los montos de indemnización a la población del estado de Veracruz, por los hechos ocurridos y en especial los del 10 de enero de 2008.
Segundo. Crear un grupo de trabajo integrado por los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Petróleos Mexicanos, el gobierno del estado de Veracruz, diputados federales, diputados locales y municipio, para que conjuntamente y con responsabilidad social de Pemex se inicie de inmediato una auditoría a los recursos destinados al mantenimiento y la operación de más de 14 mil kilómetros de ductos que atraviesan dicha entidad.
Tercero. Exhortar a Petróleos Mexicanos a revisar, actualizar e innovar los programas de prevención de accidentes y atención de emergencias.
Cuarto. Exhortar a Petróleos Mexicanos a impulsar y fomentar con los habitantes de las comunidades donde haya asentamientos humanos aledaños a las instalaciones de la paraestatal, ejercicios en materia de protección civil, fomentando así una cultura de prevención, atención y mitigación de desastres entre los pobladores y las autoridades federales y las estatales.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 23 de enero de 2008.
Diputado Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A EMITIR DECLARATORIA DE
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LA COMUNIDAD TRIQUI EN EL ESTADO
DE OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La suscrita, diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La violencia contra la mujer y las niñas no sólo constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades individuales, es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres.
La violencia es un mal que a pesar de que se presenta en todos los grupos sociales sin distinción, tiene muy poco tiempo de haber sido reconocido como un problema social que destruye a los individuos y a sus familias. El fenómeno de la violencia no sólo se cultiva a nivel del microsistema de las familias, sino que se legitima a través de las instituciones educativas, recreativas, religiosas, laborales, judiciales y de seguridad, al reproducirse en estas el modelo vertical y autoritario que sirve para el aprendizaje de las conductas violentas en el nivel individual. Es difícil sacarlo a la luz, ya que las personas prefieren no hablar ni escuchar nada referente a este cáncer social, participando así en una especie de conspiración del silencio que favorece la perpetuación de la violencia.
La violencia contra las mujeres conlleva impunidad e injusticia, lo cual nos coloca en estado de vulnerabilidad e indefensión. En México, a pesar de que el gobierno federal tiene la obligación de garantizar la protección y seguridad de las mujeres, la violencia se ha incrementado, sobre todo en aquellos casos donde están involucrados agentes del Estado, como ejemplos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres podemos citar el caso de Lydia Cacho, la violación de 13 mujeres por parte de 20 soldados del Ejército Mexicano, la violación, tortura y asesinato de Ernestina Ascencio, en Zongolica, Veracruz.
Estos casos se suman a una larga lista, pero el caso más reciente de violación a los derechos humanos de las mujeres sucede en el estado de Oaxaca donde las triquis sufren las consecuencias de los conflictos políticos y las pugnas de poder entre grupos étnicos que las convierte en botín de las disputas.
Actualmente las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años respectivamente, ambas maestras de educación primaria bilingüe, están "extraviadas" desde hace seis meses, cuando caminaban entre las localidades oaxaqueñas de Villa Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca, situadas en la comunidad de El Rastrojo. Al respecto las instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia, así como la Procuraduría de Justicia de Oaxaca han hecho caso omiso en la averiguación de su paradero e incluso han argumentado que la complejidad del conflicto les impide proceder legalmente y cumplir sus obligaciones: Se ha omitido la acción pública en conflictos étnicos en donde las mujeres son víctimas directas.
La desaparición de las hermanas Ortiz Ramírez, tuvo lugar en un contexto de violencia social en la zona, que según los organizadores es uno de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres en las que las mujeres son tomadas como botín político.
Un recuento histórico hecho por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) menciona que desde la instalación en 1978 de un retén militar en San Juan Copala, ha venido aumentado la violencia hacia las familias que carecían de poder político y las violaciones sexuales a mujeres triquis, quienes no denunciaban por temor a ser rechazadas por sus familias o esposos. De ahí sólo se documentó la violación a 14 mujeres, nueve más fueron detenidas por militares, se les torturó e hizo confesar delitos que no cometieron.
En la última década el conflicto triqui se ha recrudecido y las mujeres han resultado las más vulneradas. En el caso de las violaciones sexuales, la Limeddh dio a conocer los nombres de dos jóvenes agredidas sexualmente, una de 14 años en julio de 2006 y otra de 17 años ocurrida en octubre de 2007, como las únicas que se atrevieron a presentar denuncias de los hechos. A estas agresiones se suma los hechos de violencia contra otras menores de edad como Sofía Bautista Martínez, quien tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala, salvó la vida, pero presenta parálisis facial.
Ante la situación de extrema violencia contra las mujeres el primero de febrero del año 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este tenor los artículos 22 y 23 de dicha ley establecen que la alerta de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, la cual tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:
II. Implantar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implantar.
De lo anterior se desprende que en la comunidad triqui, la cual habita en una zona montañosa, la más pobre del estado de Oaxaca, se reúnen los requisitos para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de Alerta de Género, toda vez que en dicha localidad están ocurriendo delitos del orden común contra la vida, la libertad y la integridad de las mujeres, lo cual ha impedido el ejercicio pleno de sus derechos, asimismo a seis meses las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, organizaciones de derechos humanos lanzaron el 18 de enero del año en curso una campaña por la presentación inmediata con vida: ¡Sin no están ellas… no estamos todas!, misma que podría llevar incluso a solicitar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por la desaparición de mujeres en Oaxaca.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente Proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en términos del artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, emita la declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca, y en su caso notifique la declaratoria al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 23 de enero de 2008.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE, DEL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO Y DE LA CONFEDERACIÓN
DEPORTIVA MEXICANA A ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO CONJUNTO PARA QUE LOS
REPRESENTANTES NACIONALES REALICEN UN EXCELENTE PAPEL EN LOS PRÓXIMOS
JUEGOS OLÍMPICOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ
VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
México tiene todo para ser reconocido mundialmente por sus deportistas; sólo hace falta encaminar bien el trabajo para conseguir los logros trazados.
Uno de los mayores promotores del deporte mexicano es el presidente, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, pues desde que inició su sexenio ha implantado en el Plan Nacional de Desarrollo diversas medidas para captar a los talentos deportivos y cuidar a los que tenemos actualmente.
Los atletas mexicanos son un orgullo y motivo de alegría para el país, pues a pesar de las diversas dificultades con que se han encontrado, son ya varias las medallas que han conseguido tanto en Juegos Panamericanos como en Olimpiadas y campeonatos del mundo.
Desde las Olimpiadas de 1932 hasta las de 2004, en Atenas, México ha conseguido más de 50 preseas de diversos colores, gracias al esfuerzo, a la disciplina y al corazón que cada uno de nuestros triunfadores ha puesto en las competencias y los entrenamientos.
Todos recordamos la felicidad que nos dieron en la última Olimpiada Ana Gabriela Guevara, Belem Guerrero, y los hermanos Óscar e Iridia Salazar; gracias a ellos se izó la Bandera Mexicana.
Como vimos, son muchos los logros obtenidos en esta materia, pero también soy consciente de que todavía falta mucho por hacer para que nuestro deporte dé mejores resultados, pero creo que estamos en el camino correcto para corregir lo corregible y mejorar lo mejorable.
Dado que no somos un país conformista ni mediocre, creemos en nuestros atletas y en su esfuerzo y estamos seguros de que en este año olímpico obtendremos más de cuatro medallas, y sólo lo vamos a conseguir trabajando ordenada, transparente y eficazmente.
En estos días hemos escuchado en los diversos medios de comunicación algunas declaraciones que sólo expresan la falta de coordinación y comunicación entre las instituciones encargadas de fomentar y cultivar el deporte mexicano. Esto es muy lamentable, pues los más afectados son los deportistas.
Recientemente, Ana Gabriela Guevara decidió dar por terminada su carrera deportiva, presuntamente por diversos problemas entre estas instituciones y el director de la Confederación Mexicana de Atletismo.
No debemos olvidar que estamos a menos de 200 días de que inicien las Olimpiadas, y estos problemas administrativos sólo distraen a los competidores, en lugar de fortalecerlos.
Por lo expuesto, someto ante la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano y de la Confederación Deportiva Mexicana a arreglar sus diferencias y establecer un plan de trabajo conjunto para que el deporte nacional realice un excelente papel en los próximos Juegos Olímpicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN A CANCELAR TODO TIPO DE VIAJES
A FIN DE QUE DIRIJA E IMPLANTE MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN
LA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Actualmente en Nuevo León se vive un clima de muchísima inseguridad, en las noticias vemos continuamente robos a bancos, a agencias automotrices y algunas ejecuciones, lo que antes no se veía.
Hoy ya no podemos salir a las calles con la tranquilidad que antes teníamos.
Varios diarios de circulación nacional establecieron que el 2007 fue un año de asaltos a instituciones bancarias en Nuevo León, pues se incrementaron en un 100 por ciento.
Las cifras informan que se pasó de 24 robos a bancos ocurridos en el 2006 y cuyo botín fue de 2.74 millones de pesos, a 54 robos y 4.4 millones de pesos en el 2007.
El presente año no ha sido ajeno a dichos actos delictivos, pues en estos 22 días que llevamos ya van 8 asaltos a instituciones bancarias, y considero que si el gobierno estatal no implanta las medidas necesarias para evitarlos estaremos hablando de un nuevo record en el 2008, lo cual no es motivo de orgullo.
Los asaltos se han llevado a cabo en varios municipios de Nuevo León, entre los que se encuentran Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Escobero y Montemorelos y los mecanismos han sido de lo más variado, desde la utilización de jeringas llenas de ácido hasta el empleo de armas de fuego.
Asimismo, también hemos observado el surgimiento de distintas bandas organizadas especialistas en el robo de automóviles nuevos, sobre todo en nuestro estado, las cuales se introducen en las agencias automotrices y extraen los vehículos.
Dichos autos robados son llevados a otros estados y reemplacados con el fin de no ser detectados, e incluso algunos son utilizados por la delincuencia organizada para cometer algún acto delictivo o algún ajuste de cuentas.
Según varias agencias informativas, en el año 2007 se robaron 107 unidades de las agencias automotrices en el estado de Nuevo León.
En lo que va del presente año, también se han manifestado este tipo de prácticas, pues el 8 de enero varios delincuentes robaron 2 vehículos de la agencia BMW de Monterrey; al día siguiente, los asaltantes volvieron a hacer de las suyas y se robaron una camioneta Chevrolet, mientras que el 10 de enero varios sujetos armados irrumpieron en la agencia automotriz Toyota, de San Pedro Garza García y se robaron 3 automóviles.
La aparición de esta práctica delictiva ha ocasionado que se viva un clima de inseguridad, además de que está muy latente la preocupación que tienen las personas que ahí trabajan por el riesgo que corren al enfrentarse a delincuentes armados.
Según lo expresado por los dueños y gerentes de las agencias automotrices y de los bancos, ya se están aplicando nuevas medidas de seguridad para evitar los asaltos, pero a la vez admiten que estos mecanismos implantados están siendo rebasados por los delincuentes, pues en el caso de las agencias es difícil combatir a todo un comando armado.
Derivado de lo anterior, me es difícil concebir que el gobernador se encuentre de viaje en Europa, despreocupado de lo que pasa en su estado. Incluso hoy recibimos el día con la noticia de que el juez tercero penal de Monterrey, Ernesto Palacios López, fue acribillado con armas de alto poder.
Es por ello, que ante la necesidad de evitar estos crímenes someto ante la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al gobernador de Nuevo León a que cancele todo tipo de viajes, en virtud de que su presencia es vital para dirigir e implantar medidas necesarias para brindar una mayor seguridad en el estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de enero de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SENER Y A LA SHCP A INTERVENIR ANTE LA CFE PARA QUE SE
APLIQUEN TARIFAS ELÉCTRICAS EMERGENTES EN LOS MUNICIPIOS CHIAPANECOS
DECLARADOS COMO ZONAS DE EMERGENCIA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
El suscrito, diputado federal Andrés Carballo Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, a su pronta e inmediata intervención ante la Comisión Federal de Electricidad para que aplique tarifas eléctricas emergentes de bajo monto en apoyo a los municipios afectados de la zona norte del estado de Chiapas, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes
Antecedentes
Los fenómenos naturales ocurridos en los meses de octubre y noviembre de 2007 en el sureste de nuestro país, con lluvias torrenciales atípicas, ocasionados por los frentes fríos números dos, cuatro y cinco, así como el reforzamiento de la masa de aire polar interactuado con la tormenta tropical Noel, han sido las causas que originaron las devastaciones en el estado de Chiapas y consecuentemente en el Estado de Tabasco.
Recordar con tristeza la desaparición del poblado Juan de Grijalva, en el municipio de Ostuacan, el pasado 4 de noviembre del 2007, por el reblandecimiento de un cerro a las márgenes del río Grijalva, ha sido una de las más demoledoras situaciones que ha padecido nuestro estado por las inclemencias del tiempo, efectos naturales que en los últimos años han sido recurrentes, dejando bastas zonas en condiciones deplorables.
La magnitud de los efectos producidos por el fenómeno hizo necesario solicitar a la Federación la emisión de la declaratoria de emergencia, la cual fue confirmada para 22 municipios, disponiendo de fondos revolventes para otorgar alimentación, abrigo y atención médica a la población afectada.
Debido a que la situación de emergencia se extendió a otras zonas del estado, adicionalmente se emitió la ampliación de declaratoria para otros 11 municipios más el 5 de noviembre, para la atención de los efectos provocados por las intensas lluvias del 23 al 31 de octubre del mismo año. Como es del conocimiento del pueblo y de la sociedad en general, la afectación climática fue una tras otra en las zonas norte, selva y centro del estado, dejando devastaciones considerables de difícil reparación en los municipios afectados. Esto conlleva, a plantear las siguientes:
Consideraciones
La aplicación de los recursos por desastres naturales no es suficiente, ya que la población de esta basta región norte del estado ha sido constantemente azotada por precipitaciones atípicas, perjudicando sobre todo la producción agropecuaria, condición que ha generado en la población una situación de dependencia, sobre todo de los apoyos de los gobiernos federal, local, municipal y de la sociedad civil.
Reconocer la solidaridad de la sociedad civil con los afectados de estos municipios, es lo menos que hacemos; porque ha sido abundante notoria y realmente demostrable, pero recordar que los recursos federales en los diversos programas del Presupuesto de Egresos de la Federación, serán aplicados de forma programática y sobre todo en los tiempos calendarizados, por lo que difícilmente los pobladores de estos municipios tendrán de manera urgente e inmediata el apoyo monetario de algún programa de estos rubros del presupuesto.
Solicitamos que para atenuar en lo prioritario y cotidiano lo necesario para las familias de los municipios afectados, se les considere sobre todo en los gastos de los diversos servicios en específico en lo de Tarifas Eléctricas de Emergencia de bajos montos, que viene hacer un paliativo de apoyo constante y reflejado en la economía familiar que es la más afectada y golpeada por estos fenómenos naturales.
Los municipios que resultaron con mayores afectaciones y fueron declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación son Bochil, Catazajá, Chapultenango, Chicoasén, Chilón, Cintalapa, Coapilla, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocuautla de Espinoza, Ostuacán, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, Salto de Agua, San Fernando, Simojovel, Solosuchiapa, Tapalapa, Tapilula, Tila, Tumbalá y Yajalón.
Como ven, el número de la población afectada en estos 33 municipios antes referidos es considerable y sobre todo comunidades de escasos recursos económicos, dedicadas a las labores del campo y a la producción pecuaria que fue la más debilitada, se perdieron las siembras, los cultivos, por ende las cosechas, así como la producción de leche se vino abajo, se perdió ganado y sobre todo las familias que viven de estos recursos y los trabajadores asalariados del campo, dejaron de percibir para comer.
Aunado a lo anterior, esta basta región norte del estado afectada en su mayoría por estos sucesos, es sin duda una de las que contempla la mayor densidad poblacional de escasos recursos económicos, con casas de piso de tierra, de barenga y, por qué no decirlo, clase muy humildes en todos sus aspectos, a la que se le debe en demasía de la aportación de la federación y sobre todo de apoyos directos que se reflejen de inmediato en su economía familiar.
Es por ello, que solicito su valioso apoyo y consideración en la aprobación de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la población de los municipios afectados en Chiapas, lleven y tenga una esperanza real en la reestructuración de su economía familiar, cuando menos en elemental apoyo en el pago de servicios básicos, a partir del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público a su pronta e inmediata intervención ante la Comisión Federal de Electricidad para que aplique tarifas eléctricas emergentes de bajos montos en los municipios afectados de la zona norte de Chiapas, declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación, a causa de las inundaciones e intensas lluvias ocasionadas por los frentes fríos dos, cuatro, cinco y la tormenta tropical Noel, de octubre y principios de noviembre de 2007.
Palacio Legislativo, a 17 de Enero de 2008.
Diputado Andrés Carballo Bustamante (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS DENUNCIAS REALIZADAS POR LA VELOCISTA ANA GABRIELA GUEVARA POR IRREGULARIDADES
EN LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ATLETISMO Y LA COMISIÓN NACIONAL
DEL DEPORTE, SUSCRITA POR LOS SENADORES YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ Y SILVANO
AUREOLES CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrante de LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo los siguientes
Antecedentes
La renuncia de la velocista de reconocimiento internacional, Ana Gabriela Guevara, lamentablemente fue el acto final de una largo episodio de la lucha por el mejoramiento de las condiciones del deporte mexicano, una retirada sin honores que no merece su trayectoria deportiva, un acto de protesta en contra de la corrupción e irregularidades del sistema nacional de deporte. Sus denuncias no pueden pasar desapercibidas por el Congreso de la Unión, en particular si afecta el desempeño de nuestros deportistas.
Desde hace más de 11 años, esta atleta de alto rendimiento se ha colocado como dentro de las mejores a nivel internacional, pero también ha denunciado anomalías, corrupción y malos manejos en la Federación Mexicana de Atletismo, y, en general, del actual sistema nacional de promoción y fomento del deporte.
Su renuncia como seleccionada nacional, meses previos a las Olimpiadas de Beijing 2008 y de las justas internacionales de atletismo, debe avergonzarnos como pueblo. El Congreso de la Unión tiene la obligación moral de investigar y despejar toda sombra que se atreva a manchar la larga carrera contra los círculos de poder de la burocracia deportiva, y en la proporción de los hechos la responsabilidad del Poder Ejecutivo y su administración pública.
Ana Gabriela Guevara, a diferencia de otros, no es un símbolo publicitario de los medios de comunicación, ella sí es el resultado del esfuerzo, sus victorias en la pista de tartán pusieron el nombre de México en cada carrera, cada batalla, cada victoria, hoy por hoy ella es un verdadero ejemplo para nuestros niños y jóvenes.
Su palabra está respaldada por una trayectoria indiscutible:
• Medalla en el campeonato mundial de Edmonton 2001.
• Primer lugar en el campeonato mundial de 400 metros
planos, de 2001 a 2004.
• Primer lugar en la Goleen League, 2002.
• Campeonato Centroamericanos de El Salvador 2002.
• Titulo mundial de atletismo en Paris, 2003.
• Campeonato Centroamericano, Cartagena 2006.
• Medalla de plata en las Olimpiadas de Atenas, 2004.
Derivado de lo anterior, se suscitaron una serie de acontecimientos en contra de la Federación de Atletismo, contra la cual se levanto una denuncia penal ante la PGR a su dirigente, por fraude y peculado; así como una serie de acusaciones entre el titular de la Conade y la atleta, propiciando con ello hechos que han afectado el ámbito deportivo y han tenido que llegar hasta las instancias jurisdiccionales. Y a pesar de todo, el sostenimiento del status quo : la inoperancia para el desarrollo, fomento, calidad y rendimiento del deporte en general, reflejándose en resultados negativos en las justas internacionales del atleta mexicano.
La opinión pública lamenta profundamente la renuncia de Ana Guevara, sino el silencio del Ejecutivo y de las autoridades a la demanda de mejorar las condiciones del deporte nacional, pero específicamente la opinión pública lamenta la ignorancia que trata de minimizar su salida a una vacante en la selección mexicana en la Olimpiadas. Legisladores, la selección mexicana perdió a su líder en las Olimpiadas, a la indomable defensora de los derechos de los deportistas frente a la burocracia.
El Poder Legislativo debe pronunciarse frente a estos hechos, no podemos guardar el cómplice silencio frente al indigno retiro de una de las máximas exponentes de la historia deportiva.
¿Acaso ya olvidamos que también que hablamos de una atleta galardonada en tres ocasiones con el Premio Nacional del Deporte, y que el mismo Senado de la República le rindió homenaje por sus victorias en Atenas 2004?
Todavía no llegamos a los juegos olímpicos de Beijing, China, y ya perdimos a nuestra mejor deportista en la rama del atletismo, ojalá y esto no sea un mal presagio de los resultados que se puedan obtener en las próximas justas olímpicas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente invita cordialmente a la Premio Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, a presentar sus denuncias de las irregularidades dentro de la Federación Mexicana de Atletismo y la Comisión Nacional del Deporte.
Segundo. La Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Conade, Carlos Hermosillo, para explicar las denuncias de corrupción en contra de la Federación Mexicana de Atletismo.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2008.
Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PROFEPA A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES EN
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN TAMPICO, TAMAULIPAS; Y A LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A REALIZAR UNA AUDITORÍA A
LA DELEGACIÓN DE LA PROFEPA EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO
MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Manuel Portilla Diéguez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El libramiento poniente está localizado en la zona noroeste del municipio de Tampico, y tiene una extensión de 14 kilómetros. Está conformado por dos curvas, de las cuales la más peligrosa está ubicada en el kilómetro 8+0 y pasa por una mancha urbana. En esta vía, circulan diariamente 2 mil vehículos, incluyendo el transporte público, privado y de la industria petroquímica.
Por otro lado, están construidos diez puentes por donde fluye el sistema lagunario del río Tamesí, el cual abastece de agua a la zona sur de Tamaulipas.
Como se mencionó, sobre esta vía transita un número importante de transportadores de materiales y residuos peligrosos, por lo que en enero de 2007, se publicó la preocupación por parte de las autoridades tamaulipecas por una posible contaminación en el sistema lagunario que cruza el libramiento poniente de la ciudad de Tampico, donde puede ocurrir algún accidente durante la transportación.
Esta preocupación resalta debido a la falta de prevención en el servicio de autotransporte que ha ocasionado graves accidentes. Por lo que es necesario prevenirlos y minimizar riesgos durante la operación del transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos ya que se compromete al sistema lagunario.
Un derrame de residuos peligrosos en el sistema lagunario provocaría que toda la zona sur de Tamaulipas, se quedara sin agua potable, lo que corresponde a aproximadamente 700 mil habitantes. Además de los daños al medio ambiente, a la flora y fauna.
El subdirector de Protección Civil de Tampico, Eduardo Zamorano Riestra, informó que, de enero a octubre de 2006, se registraron ocho accidentes de tráileres cargados con materiales peligrosos, los cuales afortunadamente no han impactado el sistema lagunario. Advirtió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes será la responsable de que el medio ambiente y la salud de la población del sur de Tamaulipas sean afectados por un nuevo accidente de un tráiler cargado con materiales tóxicos frente a este sistema lagunario.
Para analizar la problemática, que se registra en el libramiento poniente de Tampico, con los continuos accidentes de tráileres cargados con productos peligrosos a escasos metros del sistema lagunario, el 9 de diciembre de 2005, el licenciado Fernando Azcárraga López, presidente municipal de Tampico, en representación del consejo técnico para la implementación del Plan de Prevención de Accidentes en el Libramiento, solicitó al delegado de la Profepa en Tamaulipas, que se realizará una verificación del cumplimiento de condicionantes ambientales establecidas en el oficio resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307 emitido por el Instituto Nacional de Ecología en 1994, relativo a la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas.
El 14 de febrero de 2006, el Presidente Municipal de Tampico, en representación del Consejo Técnico para la Implementación del Plan de Prevención de Accidentes en el Libramiento Poniente en el Municipio de Tampico, solicitó al Delegado de la PROFEPA en Tamaulipas, información relativa al estado que guarda el procedimiento administrativo para revisar el cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del Libramiento Poniente.
El 17 de febrero de 2006, el delegado de la Profepa en Tamaulipas, informó al presidente municipal de Tampico, que se encontraba imposibilitado para proporcionar la información del libramiento poniente debido a que, como presidente municipal, no es parte directa del procedimiento administrativo que lo ocupa. Indicando que la información obra en los archivos de la procuraduría y es reservada.
Actualmente siguen los accidentes en el libramiento y, por ende, el riesgo de desastre ecológico en el sistema lagunario del río Tamesí, y especialmente en las ciudades de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, que comprende la zona conurbada.
En atención a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe a esta soberanía, el seguimiento realizado al procedimiento administrativo número PFPA/TAMPS/54/0032-06, radicado en los expedientes que obran en la delegación de Tamaulipas, relativo a la verificación del cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas, establecidas en el oficio resolutivo número A.O.O.DGNA.-10307 emitido por el Instituto Nacional de Ecología en 1994.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que a través del órgano interno de control en la Secretaría de Medio Ambiente se realice una auditoría en la delegación de la Profepa, en Tamaulipas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las solicitudes de acceso a la información.
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura, a 23de enero de 2008.
Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS A REVOCAR LA DETERMINACIÓN DE CAMBIAR EL RÉGIMEN
LABORAL DE DIVERSOS TRABAJADORES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Layda Elena Sansores San Román y Alberto Esteva Salinas, integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Para nadie es un secreto que desde hace varios años tanto en la Cámara de Diputados como en diversas áreas de la administración pública federal se ha dado una ilegal práctica de rescindir injustificadamente de la relación laboral contra trabajadores con nombramientos de diversa denominación. Aunque han sido de manera aislada y selectiva, no dejan de ser arbitrarias e ilegales. Sin embargo, también existe la experiencia de que cuando los trabajadores han recurrido a los órganos jurisdiccionales, terminan por ser reinstalados, pagándoles los salarios caídos y las prestaciones demandadas.
Desde hace algunos meses, en la Cámara de Diputados estas medidas han sido insuficientes y se ha iniciado un proceso de despido masivo de trabajadores de base, sin que haya de por medio ningún procedimiento administrativo ni causa justificada para avalar esta determinación.
En noviembre de 2007 se pretendió despedir sin justa razón a 17 trabajadores con nombramiento de base, que realizan funciones administrativas de resguardo en la Cámara de Diputados; sólo con la intervención de su organización sindical se dio marcha atrás.
Empero, durante la segunda quincena de diciembre de 2007, cuando la mayor parte de trabajadores se encuentran en pleno periodo vacacional, a través de métodos violatorios de los derechos laborales y humanos, las autoridades administrativas solicitaron la renuncia a 74 trabajadores de base que realizan funciones administrativas de resguardo en el recinto legislativo, con antigüedad laboral de entre 10 y 15 años de servicios, obligándolos a renunciar y a recibir una cantidad determinada unilateralmente por los órganos administrativos de la Cámara de Diputados, y la promesa de una contratación como trabajadores de confianza, sustentándose erróneamente para ello en las reformas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (LFTSE) publicadas el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2006.
Ante la presión ejercida, 55 trabajadores con nombramiento de base fueron obligados por autoridades administrativas y superiores jerárquicos a renunciar a sus plazas de base, y con ello perdieron todos sus derechos adquiridos, ante el influjo de una supuesta y pírrica indemnización determinada unilateralmente por los órganos administrativos de la Cámara de Diputados, que no representa el valor de una indemnización legal a una base laboral, y una contratación laboral como trabajadores de confianza, que lo único que propicia es incertidumbre laboral y los pone en el filo de la navaja para ser despedidos con el más mínimo pretexto.
Sin embargo, 19 trabajadores no aceptan firmar la renuncia y por ello ahora se pretende despedirlos a toda costa, no obstante el estatus de su nombramiento. ¿Qué puede esperarse para el resto de los trabajadores no sindicalizados, supernumerarios, de honorarios, etcétera?
Ante esta embestida, tenemos la convicción de que esta decisión, además de injusta, es contraria a la ley por las razones siguientes:
b) Pretender aplicarles en forma retroactiva en su perjuicio las reformas de la LFTSE aprobadas en mayo de 2006 violenta flagrantemente el espíritu del artículo 14 constitucional, que establece: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".
c) Aunado a lo anterior, el artículo 19 de la LFTSE dispone en favor del trabajador: "En ningún caso el cambio de funcionarios de una dependencia podrá afectar los derechos de los trabajadores".
d) El artículo 5o. constitucional establece: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique (al) trabajo que le acomode, siendo lícito... sólo podrá vedarse por determinación judicial".
e) El artículo 10 de la LFTSE tajantemente prescribe: "Son irrenunciables los derechos que la presente ley otorga".
Las plazas que los trabajadores tienen asignadas son de base –desarrollan actividades administrativas de apoyo parlamentario–, no se encuentran identificadas en el tabulador como plazas de confianza.
De persistir en ese propósito, lo único que lograrían es que los trabajadores demanden, y seguramente obtendrán un laudo favorable y se obligará a la Cámara a reinstalarlos y pagar salarios caídos; sin embargo, esa violación de sus derechos laborales, los daños y perjuicios y la probable comisión de delitos en su contra será responsabilidad de la Cámara de Diputados.
Creemos que aún se puede rectificar y cesar el hostigamiento que se ha emprendido contra estos trabajadores de base, quienes lo único que hacen es defender sus derechos laborales, que se extienden como patrimonio familiar.
Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que no violente los derechos laborales y humanos de los trabajadores y revoque la determinación contraria a derecho de cambiar el régimen laboral de 19 trabajadores de base con funciones administrativas de resguardo a trabajadores de confianza, tomando en cuenta los derechos adquiridos que les otorga el nombramiento que se le otorgó con este carácter desde noviembre de 1998.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2008.
Diputados: Layda Elena Sansores San Román,
Alberto Esteva Salinas (rubricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN
PARA BUSCAR LA PACIFICACIÓN DEL PUEBLO COLOMBIANO, A CARGO DEL SENADOR
ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, legisladores de diversos grupos parlamentarios someten a consideración de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con base en las consideraciones que más adelante se mencionan, el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
Ante las divergencias surgidas entre los diferentes sectores sociales de diversas naciones latinoamericanas, que han desembocado en enfrentamientos armados sistemáticos de sus respectivos países, han surgido respuestas violentas de los sectores populares y de los gobiernos en turno.
Esta problemática se manifestó en muchos países latinoamericanos, donde durante años se dieron luchas fraticidas entre bandos con distintas formas de pensar y concebir a un país, teniendo como resultado que cientos de miles de inocentes pagaran las consecuencias con la migración y el autoexilio.
De esta manera en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, Perú, Uruguay, Colombia, etcétera, se han presentado expresiones insurgentes que han dado lugar a enfrentamientos armados dejando secuelas que subsisten hasta nuestros días.
Muchos de estos países han podido superar las guerras civiles, logrando acuerdos de paz, en beneficio de sus connacionales.
El ejemplo más reciente de la situación mencionada es el de Guatemala, país que estuvo hundido en la permanente confrontación entre hermanos, donde como se sabe, fueron asesinados y desaparecieron más de 200 mil guatemaltecos, la mayor parte indígenas.
Adicionalmente el impacto en ese país hermano tuvo repercusiones económicas y sociales que los han mantenido con un atraso prácticamente secular.
Para lograr la paz en este país, México tuvo una actuación destacada, basada en las directrices de su política exterior, impulsando el Acuerdo de Esquipulas II, que permitió la reconciliación nacional mediante el diálogo y la amnistía.
También, en el aspecto internacional la situación ha aflorado como un tema que era obligado a tratar en los foros mundiales correspondientes.
Afortunadamente con la llegada del presidente Álvaro Colom, los países fraternos esperamos que Guatemala transite por una democracia firme y duradera y que las amenazas de la dictadura militar jamás se vuelvan a presentar en ese país.
El Salvador fue otro ejemplo de las confrontaciones armadas en donde México, respaldado por su tradicional política exterior pacifista, sirvió como mediador entre las partes para arribar a los acuerdos de paz, signados en el Castillo de Chapultepec en 1992.
Desgraciadamente nuestros hermanos colombianos se encuentran inmersos desde hace décadas en una cruenta guerra civil en la que la principal victima está representada por sus habitantes.
La confrontación colombiana tiene varios componentes de diversa índole, que en conjunto han potenciado el conflicto, sin que se haya logrado un acuerdo que satisfaga a las partes y que sea sólido y duradero.
Recientemente se hizo un llamado a la comunidad internacional y a la conciencia de las partes beligerantes de Colombia para lograr la liberación de dos de las personas bajo custodia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a cambio de la libertad de los insurgentes capturados por el gobierno de ese país.
El resultado de esta acción fue que las FARC liberaran a esas personas, que en el contexto de la cantidad parecieran pocos, pero el significado conceptual es el de que habiendo voluntad política y buena fe se pueden lograr acuerdos que beneficien a ambas partes.
Con este primer paso, indudablemente se abre la posibilidad de que en Colombia, en un futuro no muy lejano, la paz pueda ser una realidad, que es el mayor anhelo de los colombianos y de todos los pueblos amantes de la paz.
En ese orden de ideas, se ha solicitado a la comunidad internacional que se reconozca al movimiento social armado de Colombia, como una fuerza beligerante con capacidad de diálogo y con representación de una parte importante de la sociedad colombiana.
En el pasado, México fue coadyuvante para que se llevaran a cabo exitosamente los diálogos de negociación para la paz en El Salvador y Guatemala.
Incluso en nuestro país se llegaron a establecer representaciones de los movimientos sociales de estos países.
En este sentido, consideramos que en estos momentos es vital que el pueblo, el gobierno mexicano y sus representantes en los organismos multilaterales jueguen un papel fundamental para buscar el diálogo y la negociación para que nuestro hermano pueblo de Colombia logre la anhelada paz.
En tal virtud, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, con fundamento en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que alude a la solución pacífica de las controversias y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, instruya a los representantes del Estado mexicano para promover ante todas las instancias internacionales su coadyuvancia a fin de que mediante el diálogo y la negociación los colombianos alcancen la paz. De ser necesario, nuestro país ofrezca su territorio y la logística indispensable, como lo hizo en los casos de Guatemala y El Salvador.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil ocho.
Senador Alejandro González Yáñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PGR Y DEL INAH A EJERCER LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA PRESERVAR EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A CARGO DEL SENADOR JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, senador José Eduardo Calzada Rovirosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, a través de la cual se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de que se integren las averiguaciones previas relacionadas con la demolición de catorce inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México y sean ejercidas las acciones que resulten necesarias para la preservación de esta zona del Distrito Federal, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Nada define mejor la grandeza de las naciones que sus hombres y las obras que realizan. A través de éstas conocemos sus ideas, aspiraciones y valores. Preservar las creaciones ayuda a caracterizar y entender los procesos históricos y a quienes los protagonizan. Conservar la herencia cultural contribuye a dar continuidad a las creencias de una sociedad.
En una época incierta y colmada de temores como la presente, resulta necesario volver la mirada hacia nosotros mismos y reconocernos en nuestro legado: en la piedra áspera de las pirámides, en la fría cantera de las catedrales, en el arco iris de nuestra pintura, en el trazo de nuestras calles. Por tanto, conocer, difundir y acrecentar la riqueza del patrimonio cultural es una tarea que debe constituir motivo de unión entre los mexicanos.
Lamentablemente, el tiempo, el olvido, la ignorancia, las fuerzas de la naturaleza y el descuido han afectado de manera irreversible la vastedad de la riqueza cultural de México. Sin embargo, a tales amenazas debe agregársele otra más cuya potencia destructiva en muchos casos supera a las anteriores. Me refiero a la burocracia, entendida ésta desde su aspecto más peyorativo.
A pesar de que Guillermo Tovar y de Teresa ha señalado en su obra La Ciudad de los Palacios. Crónica de un patrimonio perdido, la forma en que fue destruido buena parte del patrimonio de la ciudad de México, parece que las lecciones ahí contenidas no acaban de entenderse, pues las autoridades de la Ciudad de México, traicionando su obligación de preservar y conservar la riqueza cultural del centro histórico capitalino, se han empeñado en demoler edificios de enorme valor artístico, esto ante el ensimismamiento de los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Tal es el caso de catorce construcciones cuya desaparición ha permitido la reubicación de los vendedores ambulantes que ocupaban las calles del llamado perímetro A, entre las que podemos mencionar la Casa de las Calderas y parte del antiguo convento de los Camilos. Las pérdidas ahí registradas, por lo irreversible de su carácter merecen no sólo la condena generalizada, sino la aplicación de sanciones en contra de los responsables de tales actos, toda vez que las mismas pudieron haberse prevenido oportunamente, tal y como han dado cuenta de ello diversos medios de comunicación.
Lo anterior resulta plenamente procedente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, párrafo segundo, y 54 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, máxime que las obras de demolición fueron realizadas a plena luz de día y ante los ojos del público en general, razón por la cual resulta indispensable que las autoridades encargas de la procuración de justicia agoten sus facultades de investigación a fin de integrar las averiguaciones previas que sobre el particular se han iniciado y así deslindar responsabilidades.
Por otra parte, también se vuelve necesario que las autoridades del INAH abandonen su pasmo y ejerzan todas aquellas acciones que se encuentren al alcance de su mano a efecto de impedir más demoliciones como las hasta ahora efectuadas y así impedir que el patrimonio cultural de los capitalinos y de los mexicanos en general, siga siendo arrasado.
Es necesario recuperar el respeto y el amor por el centro histórico de la ciudad, no sólo por cuanto representa para la capital del país, sino para el país y el mundo entero. Debemos parar, de una vez por todas, esta barbarie, que ha devastado una zona que ha sido reconocida como patrimonio cultural de la humanidad. Las generaciones futuras de mexicanos sabrán reconocerlo.
Por las razones y fundamentos antes planteados, solicitamos a esta soberanía que sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a efecto de que, con la mayor brevedad, integre las averiguaciones previas relacionadas con la demolición de catorce inmuebles del centro histórico de la Ciudad de México.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de que ejerza las acciones que resulten necesarias para la preservación del centro histórico de la Ciudad de México.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de enero de 2008.
Senador José Eduardo Calzada Rovirosa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A CONSIDERAR
LA ELIMINACIÓN DE LAS CASETAS DE COBRO DE SAN CRISTÓBAL ECATEPEC,
EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PACHUCA, Y DE CHALCO, EN LA MÉXICO-PUEBLA,
A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR RUIZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, el estado de México es una de las entidades federativas con mayor crecimiento poblacional en el país. La tasa de crecimiento media anual de la población nacional entre 2000 y 2005 fue de 1 por ciento, en tanto que la del estado de México fue de 1.2 por ciento, superior a la de sus estados colindantes: por ejemplo, Morelos creció a 0.6 por ciento; Hidalgo, a 0.9 por ciento; y el Distrito Federal, a 0.2 por ciento.
Dicho crecimiento poblacional del estado de México se traduce en la gran movilidad e interacción de su población con el Distrito Federal, y esto se refleja en un intenso y por momentos caótico tránsito vehicular entre ambas entidades. Es el caso de las autopistas de cuota México-Pachuca y México-Puebla.
La autopista de cuota México-Pachuca comunica el Distrito Federal con los estados de México e Hidalgo. Se halla en la región metropolitana del noreste de la capital del país y el centro de la entidad mexiquense hasta alcanzar la capital hidalguense.
Esta región se constituye por municipios que desde décadas atrás mostraron un elevado crecimiento urbano y por otros que en la actualidad presentan el mismo fenómeno como consecuencia del fraccionamiento intenso de tierras que hasta hace poco tiempo tenían uso agrícola. Las zonas urbanas y las que se encuentran en proceso de serlo abarcan Ecatepec de Morelos (el municipio más poblado del país), Coacalco de Berriozábal, Tecámac, Teotihuacán, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, Zumpango y Otumba de Gómez Farías, los cuales cuentan con más de 2 millones 506 mil 362 habitantes.
Ecatepec por sí sólo cuenta con más de 1 millón 688 mil habitantes, aunque cifras extraoficiales resaltan que tiene una población mayor de 3 millones de personas.
Un alto porcentaje de esa población tiene la necesidad de desplazarse hacia la Ciudad de México a efecto de realizar diversas actividades cotidianas, como laborales, educativas o comerciales, y lo hace a través de los distintos medios de autotransporte público y privado. De esa manera, el tráfico vehicular de la autopista es intenso, creciente y caótico en las horas pico, con la consiguiente pérdida de horas-hombre.
La autopista consta de dos tramos y dos casetas de cobro. La primera se sitúa en San Cristóbal Ecatepec, a una distancia de la capital de 8.89 kilómetros, y abarca el tramo Indios Verdes-San Cristóbal Ecatepec. La segunda está en Ojo de Agua y llega a Tizayuca en los restantes 36.9 kilómetros. El recorrido total de la autopista es de 45.8 kilómetros.
En particular, la caseta de San Cristóbal cobra una tarifa de 13 pesos por automóvil, 23 por autobús y hasta 63 para camiones de carga de 9 ejes. Como puede observarse, la distancia existente entre este municipio y la capital del país es reducida, por lo cual la ubicación actual de esta caseta es inadecuada y onerosa para los habitantes de los municipios mencionados y sus comunidades.
Cuando se construyó la autopista, el propósito era comunicar de manera rápida, cómoda, eficiente y barata el Distrito Federal con la ciudad de Pachuca y en particular, en el caso que nos ocupa, con el municipio de Ecatepec; se sobreentendía que los habitantes de las comunidades y los municipios situados a lo largo de la autopista antes de llegar a su punto de destino no harían uso de la autopista, y para ellos funcionaría la carretera federal. En tales condiciones era justificable el cobro de peaje.
No obstante, al modificarse drásticamente las condiciones poblacionales y de urbanización de la región ahora la presencia de la caseta de cobro de San Cristóbal en su ubicación actual carece de sentido, ya que afecta negativamente la vialidad, comodidad y seguridad en el transporte y el ingreso de la elevada población de la región que, en términos prácticos, vive ya en una zona metropolitana conurbada con el Distrito Federal. Esta nueva condición urbana de la región hace inconveniente la ubicación actual de las casetas. En los hechos se les está cobrando peaje en una zona urbana en una vía por demás saturada que, por lo mismo, no justifica ningún cobro.
Algo similar ocurre en el caso de la autopista México-Puebla en la caseta de Chalco, la cual está situada a 15 kilómetros del límite con el Distrito Federal, cobra una tarifa de 14 pesos a los automóviles, 26 a autobuses y 62 a camiones de carga de 9 ejes.
En la actualidad, la caseta se halla rodeada de zonas habitacionales, el municipio de Chalco cuenta con 257 mil 403 habitantes y es asimismo uno de los de mayor crecimiento poblacional, es decir, a los habitantes de la región se les cobrando también peaje en una zona urbana, lo que es igualmente injustificable.
En virtud de lo señalado, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar y efectuar la eliminación de las casetas de cobro de San Cristóbal Ecatepec, en la autopista México-Pachuca, y de Chalco, en la México-Puebla, a fin de que los habitantes de los municipios de Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal y Chalco, respectivamente, puedan recibir los beneficios de dicha eliminación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 23 de enero de 2008.
Diputado Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO
A LA MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PRO-ÁRBOL, EJERCICIO 2008, A CARGO DEL SENADOR SILVANO AUREOLES
CONEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Punto de Acuerdo
Punto Resolutivo
Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el ejercicio de sus atribuciones, gire sus apreciables instrucciones a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestro en ciencias Juan Rafael Elvira Quezada y al director general de la Comisión Nacional Forestal, biólogo José Cibrián Tovar para que:
B) Otorguen una prorroga a todos los posibles beneficiarios y aspirantes al Programa Pro-Árbol (Ejercicio de 2008), con el objeto de que los términos fatales a los que se refiere la convocatoria publicada el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación y aplicables a las Reglas de Operación del programa en cita, corran a partir del 1 de febrero del año en curso.
Senador Silvano Aureoles Conejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A CREAR LA COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, LA SUPERVISIÓN
Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DONADOS PARA RECONSTRUIR TABASCO,
A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la creación de la Comisión para el seguimiento, supervisión y fiscalización de los recursos que se han donado para la reconstrucción del estado de Tabasco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los acontecimientos ocurridos en el estado de Tabasco han hecho que los mexicanos participen de manera activa con aportaciones para la reconstrucción de dicha entidad, comprendiendo que se necesitaba un apoyo urgente.
Asimismo, a través de los medios de comunicación nos hemos enterado que la Secretaria de Relaciones Exteriores recibió de gobiernos de diferentes naciones (Canadá, Estados Unidos, Belice, Chile, Cuba, Honduras, Panamá, Perú, Alemania, Chipre, Dinamarca, España, Flandes (Bélgica), Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Santa Sede, Suiza, China, Japón, India, Israel, República del Congo), organismos internacionales (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),Corporación Andina de Fomento (CAF), Organización de Estados Americanos (OEA), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), ONU–HABITAT, Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Médicos sin Fronteras), empresas, organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos de todo el mundo, ayuda internacional para la población afectada que se ha materializado bajo tres modalidades: en especie; asesoría técnica y en efectivo.
En tal sentido, el periódico Reforma público el día 7 de enero del año en curso que la Secretaria de Relaciones Exteriores informó haber recibido 11 millones 200 mil dólares de organismos internacionales para afectados de Tabasco y Chiapas.
Siendo este tema de preocupación de los legisladores me permito hacer referencia al punto de acuerdo que la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 9 de enero por la Comisión Permanente aprobándose en esta misma fecha, que dice: "Primero. Se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus competencias, a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados en los estados de Tabasco y Chiapas, así como el destino de los mismos, en un plazo no mayor de 15 días naturales. ..."
Cabe resaltar que también a través de los medios de comunicación nos hemos enterado de que las donaciones que los ciudadanos de todo el país, de buena voluntad, donaron en las instituciones bancarias, quedan al libre albedrío de las mismas en su destino; esto es que son los propios bancos los que han estado aplicando los recursos. De acuerdo a la Asociación de Bancos de México, los recursos captados por la banca para los damnificados de los estados del sureste mexicano que comprenden los depósitos de los clientes y los donativos de las instituciones sumaron 262.9 millones de pesos, de los cuales 108.4 millones corresponden a aportaciones realizadas por los propios bancos.
El destino de los recursos, de acuerdo con el presidente del organismo, Enrique Castillo, será la reconstrucción de infraestructura y equipamiento, así como la reactivación económica de ambas entidades.
Dicha asociación decidió distribuir el recurso de la siguiente forma: 106.5 millones para las zonas afectadas a través de la organización "Unidos por ellos"; 4.2 millones para la Cruz Roja Mexicana; 31.6 millones al gobierno de Tabasco; 10.4 millones al gobierno de Chiapas; y 50 millones al gobierno federal.
De los 60 millones restantes no se ha dado cuenta, esto sin mencionar que mientras no se entreguen a las entidades, instituciones u organizaciones las aportaciones siguen generando intereses.
Lo cual no deja de ser patético para los tabasqueños, ya que es increíble que sean los banqueros quienes decidan cuales son las necesidades de nuestro pueblo. Resultando que hasta el momento, no se ha informado quién tiene y a cuánto ascienden los recursos internacionales donados, ni los que se recaudaron en la cuenta a nombre de la Secretaria de Finanzas del estado de Tabasco.
Por tal motivo, la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo antes citado en el que también se dice:
Por lo que ante un problema que requiere de la atención y visión de diputados que servimos al pueblo, que venimos de éste y que en momentos de necesidad actuamos de manera pronta y expedita. Nuestra intervención como legisladores federales se hace más patente cuando en la legislatura local del estado de Tabasco propusieron que no entrara en vigor la Ley de Transparencia, aprobándose una prórroga para su entrada en vigor en el Congreso local, además de que al tiempo, el gobierno del estado, solicita al propio Congreso autorización para contraer endeudamiento por 4 mil millones de pesos.
Es claro que pese a los esfuerzos que hasta el momento se han hecho para dar solución y ayuda a Tabasco y a los tabasqueños, las mismas han sido insuficientes y han rendido hasta el momento escasos frutos, que además han generado desconfianza. Por lo que resulta urgente la participación de los legisladores para transparentar y vigilar el uso de los recursos que para la reconstrucción del estado de Tabasco se han destinado, con escasa o nula transparencia a la fecha.
De la grave situación que enfrentan los habitantes de Tabasco, que ha dejado a más de la mitad de la población con afectaciones severas tras las fuertes lluvias y los desbordamientos de los ríos que se encuentran en el estado, surge la necesidad de impulsar la creación de una Comisión para el seguimiento y fiscalización de los recursos que obtenga el gobierno local para la reconstrucción del estado de Tabasco, con la finalidad de mantener un enfoque de orden, coordinación, inversión, transparencia y responsabilidad.
El gobierno federal en concordancia con el gobierno del estado y los gobiernos municipales, deberán describir puntualmente los lineamientos de actuación y participación de cada una de las dependencias, para que mediante su liderazgo, capacidad y experiencia contribuya a evitar la duplicidad de esfuerzos y permita la eficiencia y optimización de los recursos disponibles, garantizando la transparencia en la utilización de los recursos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión resuelva la creación de la Comisión para el seguimiento, supervisión y fiscalización de los recursos que se han donado tanto a través del gobierno federal como del gobierno del estado de Tabasco, incluyendo el préstamo de 4 mil millones de pesos, y las donaciones depositadas en los bancos para la reconstrucción del estado de Tabasco que se integrara por ocho legisladores federales, y entrará en funciones de inmediato.
Segundo. Los legisladores (senadores y diputados) federales serán nombrados por la propia Comisión Permanente, aprobados por la mayoría de los legisladores presentes, los cuales deberán determinarse al momento de la aprobación del presente punto de acuerdo.
Tercero. La Comisión para el seguimiento, supervisión y fiscalización de los recursos, antes descrita, tendrá como objetivo vigilar que se garantice la transparencia, eficiencia y correcta aplicación de los recursos, que permita la pronta restauración de la infraestructura y las condiciones normales de vida en la entidad, así como, la generación de mecanismos de prevención para evitar contingencias causadas por inundaciones de este tipo en la entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2008.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA CREACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA SANTUARIO DE LA
RANA DE MADRIGUERA (SMILISCA DENTATA), EN EL EJIDO BUENAVISTA DE
PEÑUELAS, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A CARGO DEL
DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Sergio Augusto López Ramírez y Manuel Portilla Diéguez, integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos esta proposición con punto de acuerdo, solicitando que sea turnada a la Comisión de Medio ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En reiteradas ocasiones los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hemos destacado el privilegio que representa vivir en un país megadiverso. Sin embargo, este privilegio va acompañado de una gran responsabilidad: conservar y proteger nuestros recursos naturales.
De gran importancia resulta el caso de los anfibios: ranas, sapos, salamandras y cecilias. De acuerdo con el estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad intitulado La diversidad biológica de México: estudio de país, en nuestra nación se encuentran 290 especies de anfibios, de las cuales 174 son endémicas.
En términos porcentuales los anfibios constituyen el 7 por ciento del total de las especies registradas en el país; sin embargo, el 60 por ciento de éstas son endémicas, lo que da muestra de su singular importancia y explica por qué México tiene el cuarto lugar mundial en riqueza biológica de este grupo de vertebrados.1
Dentro de las especies de ranas, llamo a su atención el caso de una de las ranas arborícolas de América de la familia Hylidae: la rana de madriguera (Smilisca dentata)2 Una de sus características distintivas de la especie es que en la punta de los dedos presenta un ensanchamiento en forma de disco, que es adhesivo, lo que les permite trepar y sostenerse en superficies lisas.
En el caso de los machos, esta especie puede llegar a medir 6.2 centímetros; mientras que en las hembras, el tamaño promedio es de 6.5 centímetros. Aunque el color más común es el verde brillante con manchas café de diferentes formas, puede presentar otras tonalidades de verde, mientras que el vientre puede ser amarillo crema o blanco. La cabeza es ancha y larga, su cuerpo es robusto y la boca es tan amplia que casi toca los tímpanos.3 Su principal alimento son los insectos, en particular escarabajos, chapulines y mariposas nocturnas.
La rana de madriguera (Smilisca dentata) vive cerca de zonas de pastizales inundables, donde cuenta con pocos y pequeños cuerpos de agua temporales para su reproducción. Al ser una rana de hábitos cavadores, en la temporada seca vive en las galerías que construye, que tienen una profundidad aproximada de 30 centímetros y una longitud de hasta 5 metros. Durante la época de lluvias intensas la rana de madriguera sale de la galería para aparearse: "los machos llaman a las hembras desde el interior de estanques temporales o en terrenos inundados que no superan los 30 centímetros de profundidad, ya sea desde la orilla o dentro del estanque donde emiten su reclamo flotando.4 Una vez que los huevos son depositados en el agua y disgregados en el fondo del estanque transcurren entre cuatro y cinco semanas para que los renacuajos nazcan. De acuerdo con las observaciones de campo realizadas por el maestro en ciencias Gustavo E. Quintero Díaz, jefe del Departamento de Zoología del Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes, al salir del estanque los renacuajos no han completado su metamorfosis pues todavía tienen el 60 por ciento de su cauda.
Un aspecto singular y por demás sorprendente de esta rana es su distribución, pues aún cuando la mayoría de las ranas arborícolas de la familia Hylidae se localizan en climas tropicales, en México la rana de madriguera (Smilisca dentata) se encuentra en un área de poco menos de 500 kilómetros cuadrados de superficie. Esto la hace la especie con la distribución geográfica más restringida de las ranas arborícolas registradas de México.
Dicha área se localiza en ocho terrenos sumamente fragmentados de los estados de Aguascalientes y Jalisco; sin embargo, de acuerdo con las observaciones de campo llevadas a cabo en el periodo 2002-2007, sólo se ha logrado verla en dos localidades.
Al sur de la población Villa Hidalgo, Jalisco, se reportó la presencia de ranas de madriguera. No obstante, sólo se han observado tres individuos, a pesar de que se han llevado a cabo visitas continuas a ese sitio, lo que sugiere que esta población está a punto de extinguirse. La otra localidad se encuentra en el poblado de Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encuentra una población que en los dos últimos años se ha logrado reproducir con éxito, no obstante que el número de individuos ha demostrado un decremento significativo por las patentes amenazas a su conservación.
La principal amenaza en Buenavista de Peñuelas es la presión por las actividades sociales, particularmente el cambio en el uso de suelo para actividades ganaderas y apertura de tierras para cultivos.
Los 35 ejidatarios del lugar han "renovado los postes y la alambrada de púas que limita el área; adicionalmente, subdividieron en 35 partes el terreno con alambrada; al colocar los postes se realizaron excavaciones de 70 centímetros de profundidad y 50 centímetros de anchura en la época de lluvias, razón por la cual una gran cantidad de ejemplares de Smilisca dentata perecieron ahogados. En los terrenos delimitados por alambrada, en sitios donde la especie habita, se han introducido varias decenas de cabezas de ganado, los cuales provocan con sus heces y orines la acidificación del terreno, así como una compactación del mismo.
Otra práctica que se viene llevando a cabo sin control desde hace varios años, es la quema nocturna de arbustos en el área; por las tardes con machete los arbustos se cortan y depositan en pedazos sobre el suelo, una vez secos días después son quemados. Todas estas prácticas están provocando la pérdida de hábitat de la especie. Si estas prácticas persisten la población de Smilisca dentata desaparecerá en pocos años".5
De hecho, no debe escapar a nuestra atención que esta especie endémica se encuentra enlistada como "amenazada", de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. "Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58, inciso b), de la Ley General de Vida Silvestre, las especies amenazadas son aquellas que "podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones."
Asimismo en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se ha catalogado la especie como "en peligro" porque se encuentra en un área geográfica de distribución menor a los 100 kilómetros cuadrados en la que el terreno se está severamente fragmentado, o bien, no existe en más de una localidad en las que su población se encuentra en descenso continuo, tanto por la extensión del hábitat como por su calidad.
También se considera especie "en peligro" porque el área que ocupa es menor a 10 kilómetros cuadrados, donde el terreno se encuentra severamente fragmentado, o bien, no existe en más de cinco localidades, en las que su población se encuentra en descenso continuo tanto por la extensión del hábitat como por su calidad.6
La rana de madriguera es importante por ser una especie endémica del centro de México. Es una especie relicto que quedó aislada de otra especie de su género y que es muy similar a la Smilisca fodiens.
Se estima que, al quedar aislada, la rana de madriguera tuvo que adaptarse a las condiciones secas, con lo que redujo el tamaño de sus discos adhesivos que le permitieran vivir en galerías húmedas en las que puede subsistir.
No obstante, la importancia de esta especie va más allá de la conservación de la diversidad biológica del país.7 Culturalmente, el trabajo de estudio, conservación y sensibilización de la población que se ha llevado a cabo ha sido muy interesante además de relevante.
Desde el año 2006 se instituyó el Día de la Rana Endémica del Estado, que en ese año se celebró el 1 de diciembre, mientras que en 2007 se celebró el 31 de noviembre. Este proyecto social, llevado a cabo por estudiantes de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue galardonado con el Premio al Mérito Ecológico 2007 que otorga el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes.
Cabe recordar que ese premio es un reconocimiento que se otorga a los integrantes de la sociedad que realicen o hayan realizado acciones relevantes en materia de protección, conservación y mejoramiento del ambiente, así como el manejo sustentable de los recursos naturales.
Con base en lo anterior, se considera que la principal estrategia para conservar esta especie ejemplar es la creación de un área natural protegida con la categoría de santuario que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 55 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, son los sitios que "se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas".
Ello permitirá proteger y conservar no sólo el único vertebrado endémico del estado de Aguascalientes, sino también otras especies endémicas de la localidad que la acompañan, como los crustáceos de agua dulce, mejor conocidos como pulgas de agua (Karualona penualosi y Macrothrix agsensis), un par de especies de cacerolitas de agua dulce (Triops sp.) y un rotífero (invertebrado microscópico con una corona ciliada en su parte anterior, que gira) Keratella mexicana, así como otras siete especies de anfibios con las que comparte el hábitat, como la rana neovolcánica (Lithobates neovolcanicus), especie en la categoría de "amenazada", y la rana de montezuma (Lithobates montezumae), en la categoría de "sujeta a protección especial" según la NOM-059- SEMARNAT-2001. "Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo".
Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas y de su reglamento, promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo el decreto para la creación del área natural protegida con la categoría de Santuario de la Rana de Madriguera (Smilisca dentata), en el ejido Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, Aguascalientes.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que establezca, con la mayor brevedad, el programa de acción para la conservación de especies para la rana de madriguera (Smilisca dentata), a fin de evitar la inminente extinción de esta especie.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, con la mayor brevedad, inicie lo trabajos técnicos justificativos que permitan modificar el estatus de la especie conocida como rana de madriguera (Smilisca dentata), de "amenazada" a en "peligro de extinción" en la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT-2001. "Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo".
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que busque un acercamiento con los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes, a fin de coordinar acciones que permitan salvar de la extinción a la especie conocida como rana de madriguera (Smilisca dentata).
Notas:
1. Neyra Lucila, y Durand Leticia. "Biodiversidad", parte
II, recursos naturales. La diversidad biológica de México:
estudio de país, 1988, Comisión Nacional para el Conocimiento
y uso de la Biodiversidad, México, pp. 84, 91 y 92.
2. En Jalisco esta especie se conoce como sapo pinto.
3. Quintero Díaz, Gustavo E. et al. "Una rana
arborícola que vive en túneles. Especies, revista sobre conservación
y biodiversidad, Naturalia, AC, marzo-abril de 2007, p. 27.
4. y 5. Quintero Díaz, Gustavo E. "Propuesta de
protección de una población del anuro endémico del
centro del país (Smilisca dentata) en peligro de desaparecer". México,
enero de 2007 (mimeo).
6. Unión Internacional para la Conservación.
"V. Criterios para las categorías en peligro crítico, en
peligro y vulnerable. Categorías y criterios de la lista roja de
la UICN, versión 3.1, aprobada en la quincuagésima primera
reunión del Consejo de la UICN, Suiza, 9 de febrero de 2000, p 17.
7. Quintero Díaz, Gustavo E. "Propuesta de protección
de una población del anuro endémico del centro del país
(Smilisca dentata) en peligro de desaparecer". México, enero de
2007 (mimeo).
Dado en el salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Sexta Legislatura, a 23 de enero de 2008.
Diputados: Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Sergio
Augusto López Ramírez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS A INTEGRAR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,
A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ YÁÑEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los suscritos, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Alternativa Socialdemócrata, del Partido del Trabajo y de Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al Presidente de la Junta de Coordinación Política para que fije la posición de este órgano de gobierno de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados respecto de la convocatoria emitida para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral con base en las siguientes:
Consideraciones
Con fecha 13 de noviembre del año 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y que deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El día 14 de noviembre de 2007 se publicó en dicho diario el decreto por el que se establece un artículo transitorio único de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente: para efectos de dar cumplimiento a los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto por el que se reforman los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por una única vez, presentará al Pleno el procedimiento y convocatoria para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral y las propuestas de nombres para ocupar los cargos de consejero presidente y los de los consejeros electorales para su elección.
A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el 20 de noviembre de 2007 se emitió la convocatoria de la Cámara de Diputados para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
La entrega de documentación de los candidatos se realizó del 21 al 30 de noviembre en la oficina de la Presidencia de la Mesa Directiva.
El 3 de diciembre de 2007 la Comisión de Gobernación elaboró la lista de candidatos a consejero presidente y de consejeros electorales que cumplieron con los requerimientos de la convocatoria.
Del día 4 al 7 de diciembre de 2007 dicha comisión, mediante grupos de trabajo, entrevistó a cada uno de los candidatos mencionados.
El día 10 de diciembre de 2007 la Comisión de Gobernación envió un informe pormenorizado con sus valoraciones a través de su presidente a la Junta de Coordinación Política.
En fecha 11 de diciembre del año pasado se aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La lista de los ciudadanos aspirantes elegibles se publicó en la Gaceta Parlamentaria el día 13 de diciembre de 2007, los cuales serán considerados por la Junta de Coordinación Política al momento de hacer la propuesta al Pleno.
Aun cuando es facultad expresa de la Junta de Coordinación Política la elección de los 3 candidatos al cargo de consejeros, la Comisión de Gobernación se tomó la atribución de reducir el listado, lo cual es contradictorio y errático, pues a lo largo del cuerpo de la ya referida convocatoria, no encontramos tal atribución para esa comisión.
Cabe destacar que el artículo cuarto del decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y que deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicado el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación), señala:
"…en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Cámara de Diputados procederá a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral…"
Dicho término venció hace más de un mes y se ha incurrido en una violación al principio de legalidad.
Asimismo, el artículo octavo de la convocatoria de la Cámara de Diputados para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral establece que los grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política, determinarán por el más amplio consenso posible, la propuesta del nombre del candidato a consejero presidente y de los dos candidatos a consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE).
Lamentablemente, la Junta de Coordinación Política no se ha reunido para desahogar este asunto y se desconoce la fecha en que habrá de hacerlo, generando incertidumbre jurídica para la vida interna y la operación día a día del IFE.
Aunado a lo anterior, hasta el 14 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de decreto que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue aprobado desde el 11 de diciembre del año pasado.
Finalmente, destacamos que acorde al numeral décimo de la antedicha convocatoria, ante el Pleno, se procederá a la discusión y votación por cédula, a fin de no acumular más anomalías al presente procedimiento de selección de Consejero Presidente y de dos Consejeros Electorales.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al Presidente de la Junta de Coordinación Política a fijar la posición jurídica de este órgano de gobierno de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados respecto de la convocatoria emitida el 20 de noviembre de 2007 para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Segundo. Del mismo modo, se exhorta a dicho órgano de gobierno para que, en términos del artículo octavo de la convocatoria de la Cámara de Diputados que establece la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, precise en qué fecha, los Grupos Parlamentarios a través de la Junta de Coordinación Política determinarán por el más amplio consenso posible, la propuesta del nombre del candidato a consejero presidente y de los dos candidatos a consejeros del Instituto Federal Electoral, destacando que acorde al numeral décimo de la antedicha convocatoria, ante el Pleno, se procederá a la discusión y votación por cédula.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil ocho.
Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica),
senador Alejandro González Yáñez, diputada Aída
Marina Arvizu Rivas (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL DESALOJO EN
LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, EN SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en relación al desalojo de una comunidad en el poblado de San Juan de Guadalupe en San Luis Potosí, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En diversos medios de comunicación locales y de circulación nacional, se dio cuenta de un "golpe artero y mortal contra los pobres", asestado por el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, ya que ordenó el desalojo y despojo de ocho familias, en el predio La Ladrillera de la comunidad de San Juan de Guadalupe.
Mediante una carta a la opinión pública, firmada por los representantes comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, se describe lo siguiente:
4. Introdujeron con ellos a algunos jóvenes con aspecto de pandilleros que se dedicaron a recoger los muebles y demás objetos propiedad de los poseedores del terreno, aventándolos a camiones que estaban afuera. Saquearon lo que encontraron y ya no dejaron ingresar a los dueños de las viviendas. Aparte de los muebles y la ropa, había en las viviendas cajas de juguetes que la señora Cenobia vende en "La Feria del Juguete", así como 12 mil pesos en efectivo que tenía como producto de las ventas de diciembre y de reyes. Amenazan con derribar las construcciones.
5. Interrogado sobre las razones de su proceder, el licenciado Omar Almendárez Pardo dijo que él obedece a una orden de restitución provisional de la posesión, a favor de la promotora del estado, dictada en la averiguación previa 2-II/2005. Manifestó no saber el término de esa provisionalidad y que ésta podría ser indefinida y se negó a entregar a los descendientes de comuneros un mandamiento escrito de autoridad competente, fundado y motivado. Este terreno está dentro del perímetro confirmado y titulado a nuestra comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito."
El desalojo de estas familias se enmarca dentro de la realización del proyecto del nuevo anillo periférico el cual, según datos a conocer por los propios comuneros tendrá un costo de 2 mil 150 millones de pesos y que es convalidado por Felipe Calderón, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, pues en días pasados se firmó el convenio para la construcción del mismo y que implica, según datos de un diario local, dos etapas, mismas que se describen así:
No es nada nuevo que el gobernador de San Luis Potosí se encuentre inmiscuido en actos de violencia contra habitantes de esa entidad federativa. Basta con recordar que el Día del Trabajo, el 1 de mayo de 2007, se dio una brutal represión policíaca en contra de los participantes de estas jornadas de lucha, en las que los excesos en el ejercicio del poder y los abusos de los cuerpos policíacos, dieron como resultado la consignación de cinco estudiantes universitarios y un menor de edad que se manifestaban en contra de la operación de la Minera San Xavier.
Tampoco es novedoso, que este personaje, Marcelo de los Santos, atente contra el patrimonio de los potosinos y responda más a los interés de aquellos acaparadores de riquezas que desarrollan proyectos de desarrollo en comunidades. Ahí tenemos el proyecto de Minera San Xavier que se inscribe en el proyecto denominado Ciudad Satélite, el cual ha sido señalado como trasgresor de la autonomía municipal y ordenamientos ambiéntales, proyecto que sin estar legalmente afianzado ya es materia del ofertas tentadoras para dirigentes obreros a los que se les ha prometido 300 lotes para la edificación de viviendas; además ha causado intromisiones en la vida de los sindicatos obreros como el del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí y el de los trabajadores de la Vidriera San Luis, entre otros.
Es inaceptable y condenable la represión de los cuerpos policíacos, que están al mando del gobernador Marcelo de los Santos Fraga de extracción panista, y que cuenta con una larga trayectoria de acusaciones de corrupción, de persecución y represión en contra de sus enemigos ideológicos, y ha sido señalado como un sistemático violador de los derechos humanos.
También es condenable el actuar de elementos de los cuerpos policiales federales en este desalojo, tal como fue denunciado por las autoridades comunales. Su actitud demuestra que están en la calle, no para librar la lucha contra el narcotráfico, sino que ha sido el pretexto de Calderón para que este tipo de cuerpos de seguridad se conviertan en aparatos represores y defensores de los intereses de unos cuantos, por encima del interés de la población.
Finalmente, la juez segunda de distrito otorgó la suspensión de plano a los comuneros de San Juan de Guadalupe, en contra del desalojo perpetrado el sábado pasado, lo que implica que la fuerza pública deben retirarse del área invadida y permitir que los comuneros regresen a ocupar sus viviendas.
Condenamos la violencia con la que se dio el desalojo de familias en la comunidad de San Juan de Guadalupe y exigimos que el gobierno de San Luis Potosí respete el marco jurídico y el patrimonio cultural de los potosinos. No es con violencia, como podrán acallar las voces que demandan respeto a los derechos humanos y que muestra a la opinión pública la verdadera cara de la derecha que viene usurpando el poder.
Por ello, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de San Luis Potosí para que acate la orden de la juez segunda de distrito, lo que implica el retiro inmediato de los cuerpos policiacos del predio de los comuneros de San Juan de Guadalupe.
Segundo. Se exhorta al gobierno de San Luis Potosí para que resuelva el conflicto con los comuneros de San Juan de Guadalupe, con pleno respeto a los derechos humanos, apego al marco jurídico y con base en un diálogo entre las partes interesadas.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal remita a esta soberanía, en un plazo máximo de 15 días naturales, un informe sobre la participación de elementos de la Policía Federal en los hechos que se narran en el presente acuerdo.
Nota
1) Artículo periodístico "Desconocen comuneros
de San Juan de Guadalupe construcción de Anillo Periférico",
publicada en La Jornada de San Luis, del 6 de enero de 2008.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO
FEDERAL A SOLICITAR UNA EXPLICACIÓN A SU SIMILAR DE ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA SOBRE EL LANZAMIENTO DE GASES LACRIMÓGENOS EN
LA FRONTERA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se someta a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1. En días recientes nos enteramos de que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos contra los habitantes de la colonia popular Libertad, en Tijuana, en la zona limítrofe con San Diego. De acuerdo con información de la prensa mexicana, elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal recogieron cuatro granadas, dos de ellas sin detonar.
2. No es la primera ocasión que agentes fronterizos lanzan bombas lacrimógenas a territorio mexicano con el argumento de cuidar su integridad y responder así a las agresiones -pedradas- de que presuntamente son objeto. Este tipo de acciones ponen en peligro no sólo la salud sino el patrimonio de los colonos que viven en las inmediaciones de la garita de Tijuana.
3. Las agresiones de los agentes de la patrulla fronteriza contra ciudadanos mexicanos se han vuelto cosa de todos los días. Un informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre impunidad y muerte en la frontera norte destaca que en 4 mil 745 días se ha presentado igual número de muertes de migrantes, es decir, un deceso al día en promedio.
4. Adicionalmente, durante 2007 se ha superó el récord de mexicanos muertos a manos de autoridades policíacas y migratorias de Estados Unidos. De acuerdo con información de la SRE, de 2005 a la fecha, de los 14 homicidios registrados, cuatro ocurrieron en 2005, tres en 2006 y siete en 2007. La propia dependencia ha identificado un incremento de la violencia en la frontera donde desde hace un par de años se han presentado 750 incidentes violentos, la mitad de ellos entre la frontera de California y Baja California. Tan sólo en lo que va de la administración de Felipe Calderón han muerto alrededor de 300 migrantes en su intento por atravesar la frontera de manera indocumentada hacia Estados Unidos.
5. No obstante lo anterior, la respuesta del Ejecutivo federal ante la violencia, el acoso e incluso los asesinatos de nuestros migrantes, ha sido tibia y desorganizada. Con relación al asunto de los gases lacrimógenos, la SRE manifestó en un comunicado que el gobierno de México emprenderá una investigación exhaustiva sobre estos hechos que han afectado las viviendas de residentes mexicanos en la frontera, con la finalidad de, sobre esa base, tomar las medidas que sean pertinentes.
6. Pensamos que no es suficiente con lo anunciado por la Cancillería; es preciso que el Ejecutivo federal tome acciones contundentes para frenar las agresiones que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense han estado llevando a cabo contra la población mexicana. El Ejecutivo federal y los consulados de la frontera norte deben estar más atentos que nunca para denunciar violaciones de derechos humanos de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a enviar una nota diplomática de protesta al gobierno de Estados Unidos por las constantes agresiones que sufren nuestros connacionales y por el lanzamiento de granadas de gas lacrimógeno a nuestro país a manos de sus agentes fronterizos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a solicitar a la brevedad al gobierno de los Estados Unidos de América información completa y certera sobre los hechos relacionados con el lanzamiento de granadas y de gas lacrimógeno por parte de agentes de la patrulla fronteriza estadounidense contra la población mexicana residente en la frontera entre Tijuana y San Diego.
Tercero. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe puntualmente a esta Comisión Permanente sobre la respuesta recibida por parte del gobierno de Estados Unidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2007.
Diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL AYUNTAMIENTO
DE URUAPAN Y A LA SECRETARÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE MICHOACÁN
A INVESTIGAR EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN Y A ESTUDIAR EL IMPACTO
AMBIENTAL DE LOS DESARROLLOS HABITACIONALES DEL ÁREA DE EL ZAPIÉN,
A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La ciudad de Uruapan, Michoacán, es un ejemplo de como los asentamientos urbanos avanzan sobre tierras agropecuarias o forestales.
Se puede afirmar, que ninguna ciudad del país escapa a esta situación, ya que en ellas la demanda de la población por tener vivienda es lo cotidiano. Muchas veces esta demanda sacrifica al ambiente, sin pensar en las consecuencias no sólo de las inmediatas, sino también las del futuro.
Por ello, el pasivo ambiental del país crece día con día. Las consecuencias en las ciudades son mayor contaminación del agua, del suelo, y la atmósfera, falta de espacios verdes, pérdida de las mejores tierras productivas para actividades agropecuarias, sólo por citar algunos efectos de esta presión sobre el espacio urbano.
Ante esta situación sin duda alguna, nosotros como legisladores tenemos que promover acciones para armonizar la forma de vida con el entorno. Siempre nos debe preocupar que haya denuncias de posibles daños ambientales ante alguna nueva actividad humana. Por ello, este punto de acuerdo considera como eje principal la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico en relación con el crecimiento urbano.
Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que un predio denominado El Zapién o Taximácuaro, en Uruapan, Michoacán, se realicen los estudios necesarios para hacer un área natural protegida.
En este caso, hay señalamientos sobre posibles perjuicios ecológicos a un predio de siete hectáreas denominado Aurora Boreal, en Uruapan. Ahí se pretende realizar la construcción de un nuevo fraccionamiento habitacional. Se dice que este predio forma parte de las 300 hectáreas de un predio denominado El Zapien o Taximácuaro y que se localiza en una zona de conservación ecológica.
Resulta, que no es el desarrollo Aurora Boreal la punta de lanza para acabar con el predio El Zapien, como se señala en el punto de acuerdo, antes mencionado. La punta de lanza es de quienes han estado en los últimos años autorizando fraccionamientos en dicha área de El Zapien, que son los anteriores ayuntamientos de Uruapan, ellos generaron los precedentes, que colocan en una situación complicada al actual ayuntamiento.
En el año 2001, el 14 de diciembre, se autorizó en dicha zona el conjunto habitacional Paseos de Taximácuaro, por el director de desarrollo urbano municipal, fue un primer pellizco de 8.2 hectáreas al área que dicen se quiere proteger. Lo interesante es que en ese entonces el presidente municipal de Uruapan era el ahora actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, máximo responsable de la política ambiental en el país.
En el año 2002 se autorizan dos desarrollos habitacionales más por el gobierno municipal: el Pedregal de San Miguel por 5.1 hectáreas y El Zapien por 3.4 hectáreas, ambos bajo la presidencia municipal de la señora Jesús María Dóddoli Murguía.
Un cuarto desarrollo habitacional en la misma área, denominado De la Santa Cruz, se autoriza en el año 2004. Su superficie es de 14.1 hectáreas y es bajo la presidencia municipal del ingeniero Prisciliano Jiménez Rosales.
Sólo estas 4 autorizaciones suman un total de 30.8 hectáreas (el 10 por ciento de lo que se dice se quiere proteger).
Además, el punto de acuerdo ya aprobado, no considera que hay otros asentamientos como es el caso del fraccionamiento El Capulín, el empaque procesadora Calavo, el empaque West Pack, la Modelo de Uruapan, asentados en la parte norte de la cuenca del río Cupatitzio y colindante del área que se pretende declarar "natural protegida" autorizados por los citados anteriores gobiernos municipales en la misma área, que todos queremos se proteja. En ese sentido, es necesario realizar un diagnóstico ambiental más amplio, no se debe reducir el caso a un único fraccionamiento.
Hay que estudiar que esta pasando en el área y que tipos de sinergias se están generando con estos asentamientos humanos ya autorizados. Por ello, consideramos que hay que realizar un diagnóstico integral de impacto ambiental de todos los desarrollos habitacionales autorizados en el área de El Zapien. Queremos saber, el grado de afectación que éstos han originado y, en su caso, como mitigarlos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al honorable ayuntamiento de Uruapan para que en el ámbito de su competencia, realice una investigación sobre posibles conductas irregulares en el procedimiento para otorgar autorizaciones de los desarrollos habitacionales ubicados en el área de El Zapien, y que se señala como zona de conservación ecológica en Uruapan, Michoacán.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán a realizar por cuenta propia, y con el visto bueno de universidad del estado un estudio en su conjunto del impacto ambiental de los desarrollos habitacionales ya autorizados, así como de aquellos proyectos de desarrollo urbano en tramite de autorización, ubicados en el área de El Zapien, en Uruapan, Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2007.
Diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ
COMO A LAS EMPRESAS PARAESTATALES RELACIONADAS CON EL TEMA AMBIENTAL, A
PARTICIPAR EN POLLUTEC 2008, A CARGO DEL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Legorreta Ordorica, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Pollutec es el salón profesional más importante a nivel internacional por lo que respecta a los temas de medio ambiente. No obstante de ser una exposición comercial en su esencia, se ha convertido en un referente equiparable al Foro Económico de Davós por lo que toca a la discusión de cuestiones tales como energías renovables, el manejo de desechos tóxicos y convencionales, el uso racional del agua el transporte limpio y los diferentes mecanismos de avanzada tecnología para atender y combatir las multifacéticos amenazas al medio ambiente.
Los organismos internacionales tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), la Unión Europea y la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), sólo por mencionar los más importantes, utilizan a Pollutec como sede alterna para la discusión y presentación de propuestas en contacto directo y estrecho con todos los actores del tema ambiental.
Este foro cuenta cada año con un invitado especial. En el 2006 el invitado especial fue Brasil, convirtiéndose así en el primer país de Latinoamérica en ser elevado a esta categoría. Para este año, México ha sido nombrado país invitado de honor en Pollutec 2008, que tendrá lugar en Lyon, Francia, del 2 al 5 de diciembre de 2008.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a las empresas paraestatales relacionadas con el tema ambiental, a participar en Pollutec 2008, así como para invitar y fomentar la participación de empresas mexicanas para las cuales este tema sea de importancia crítica, con el objetivo de aprovechar decididamente las oportunidades en materia de investigación y desarrollo que encierra este foro, para presentar tecnologías nacionales y conocer las directrices que están tomando otros países en la materia.
Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO A ANALIZAR LA ENAJENACIÓN Y DESAPARICIÓN
DEL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA SEDAGRO, SITUADO EN
METEPEC, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Luis Sánchez Jiménez, en su carácter de diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática en la LX legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a detener la enajenación y desaparición del conjunto de investigación agrícola Sedagro.
Consideraciones
Con fecha 15 de diciembre de 2007, en el marco de la aprobación del paquete fiscal de 2008, el Pleno de la LVI Legislatura del estado de México aprobó la desincorporación a título oneroso del Conjunto Sedagro, un campo de experimentación e investigación agrícola ubicado en el municipio de Metepec, estado de México, a fin de convertirlo en lo que se ha dado en llamar "Ciudad Administrativa Bicentenario".
La aprobación del dictamen correspondiente se dio a partir de una iniciativa presentada por el gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, con lo cual la legislatura local avala desincorporar del patrimonio público, y posteriormente enajenar a título oneroso, una superficie de 1 millón 42 mil 840 metros cuadrados, en el que se encuentran inmuebles del centro de investigación, terrenos de experimentación agrícola y áreas boscosas.
En este espacio, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de un fideicomiso, propone llevar a cabo la implementación para el desarrollo de un conjunto urbano que incluya nuevas oficinas administrativas para el Gobierno del estado, a fin de reubicar a cerca de cuatro mil funcionarios públicos, que actualmente laboran en distintas dependencias locales ubicadas en Toluca y que se rentan.
Para llevar a cabo este desarrollo urbano, el gobierno del estado diseñó una estructura jurídica, técnica y financiera para la ejecución del proyecto integral urbano y la construcción de las oficinas administrativas; esta estructura plantea la posibilidad de que un desarrollador adquiera los inmuebles a través de un fideicomiso, previa autorización de esa legislatura para su desincorporación, sobre los cuales ejecutará el proyecto integral urbano, pagando en especie al estado de México, con la construcción y entrega de oficinas administrativas para la administración pública estatal y otros inmuebles.
Así se establece que el desarrollador que realice el proyecto recibirá del gobierno estatal el predio Sedagro con una superficie de 100 hectáreas y a cambio deberá ofrecer una contraprestación pagadera en especie mediante la entrega de las oficinas administrativas y otros inmuebles que sea igual o superior al valor del avalúo realizado por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México que estimó su valor comercial en 843 millones 732 mil 899.66 pesos. En el predio Sedagro se desarrollará un centro de convenciones y exposiciones, áreas comerciales y de servicios, así como desarrollo de unidades habitacionales.
En mi calidad de diputado y ciudadano mexiquense coincido con la creación de proyectos que promuevan el crecimiento urbano ordenado, que fortalezcan la economía local, fomenten el empleo y ayuden a descentralizar el ejercicio de gobierno.
Sin embargo, la propuesta de construir la Ciudad Administrativa Bicentenario ha generado oposición de un sector representativo de ciudadanos y ciudadanas, particularmente de habitantes de Metepec, fundamentado el método implantado en la toma de decisión, de manera apresurada con la que fue aprobado el dictamen en la legislatura local, no es una buena señal.
Es importante que decisiones como éstas sean tomadas con la ciudadanía y que al mismo tiempo se transparenten, para que con ello se generen las condiciones de credibilidad, legitimidad y la rendición de cuentas de gobernantes a gobernados; y en ningún momento sembrar la duda sobre posibles elementos de corrupción que pueden aparentar que el proyecto de construcción ya ha sido licitado, sin que la legislatura haya aprobado la enajenación de este bien público.
Ocupo la máxima tribuna de la nación para trasmitirles a ustedes, compañeras y compañeros legisladores y a la opinión pública nacional, otro punto de vista con el objetivo de analizar detenidamente la propuesta de Ciudad Administrativa Bicentenario, ya que en este marco se han levantado voces y planteamientos de inconformidad de los vecinos de Metepec, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, especialistas y líderes locales, quienes no están de acuerdo en la construcción de este desarrollo urbano, ello reclama nuestra atención como legisladores y representantes del pueblo.
Expreso la necesidad de revisar la propuesta de este proyecto que pretende por un lado promover el desarrollo económico de la zona y así de Metepec, y por otro, no ha sido difundido ampliamente ni dado a conocer, así como no ha sido lo suficientemente planteado a la población implicada.
Los argumentos presentados por el gobernador Enrique Peña Nieto para proponer la construcción de Ciudad Administrativa Bicentenario estriban en fomentar el desarrollo urbano de la región, al mismo tiempo que genera empleos; sin embargo, es importante tomar en cuenta, que para este tipo de proyectos que forman parte de políticas públicas amplias, uno de los pasos es el análisis y estudio profundo de impactos, como una parte medular del "ciclo de políticas públicas", y como parte de la fase de diseño de éstas.
El municipio de Metepec se caracteriza por tener el mayor número de centros comerciales a nivel regional y el mayor número de escuelas, predominado las de tipo particular. Además, cuenta con equipamiento de salud de corte regional con un sistema público y particular, siendo el foco de atención para los inversionistas de bienes raíces. El proyecto si bien intenciona un mayor desarrollo para la zona, toca también tomar en cuenta que la propuesta del proyecto está centrado en una región con infraestructura de servicios suficiente, y por otro lado, existen otras zonas de menor poder económico así como marginal en el mismo municipio o del valle de Toluca, que necesitan infraestructura para el desarrollo de mejores condiciones de calidad de vida así como para el aprovechamiento de recursos y empleos necesarios para el mejor desarrollo de la zona.
Metepec tiene un alto índice de concentración urbana, superior a la que refleja la región. El área urbana continúa consumiendo el suelo destinado a las actividades primarias por lo que debe frenarse la transformación del suelo agrícola en urbano, ello tiene un impacto, el cual es necesario tomar en cuenta y analizar.
Es de destacar la importancia del impacto ambiental, el territorio propuesto para llevar a cabo este proyecto representa una de las áreas verdes más importantes en la zona, por ello es necesario analizar si la construcción que se pretende no se cifra únicamente en la conservación o no de los árboles que se encuentran en el Conjunto Sedagro, sino que se tienen que considerar las afectaciones a las áreas verdes, la contaminación atmosférica por el incremento del parque vehicular, la presión creciente sobre los mantos freáticos, el aumento en la generación de residuos sólidos, así como el cambio de la imagen urbana. Recordemos que en la anterior administración encabezada por Arturo Montiel Rojas se destinaron importantes recursos humanos, materiales y económicos al Conjunto Sedagro bajo el planteamiento de ser un "pulmón verde" para el valle de Toluca.
Otra discusión es la referente a los inmuebles y terrenos del Conjunto Sedagro son ubicados como un bien público y la obligación del gobierno, especificada en la Ley de Bienes del Estado de México, es garantizar que los bienes públicos se mantengan como tales, sobre todo aquellos que representan un espacio que beneficia a los habitantes de la región como en este caso.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, la información documental precisa sobre el proyecto Ciudad Administrativa Bicentenario, incluidos los estudios de impacto ambiental y regional que sustenten la viabilidad del mismo.
Segundo. Se hace un atento exhorto al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, para generar una investigación académica para analizar la pertinencia de la utilización y con ello el impacto ambiental, así como económico-social para el proyecto Ciudad Administrativa Bicentenario, ante ello, se detenga la desincorporación del patrimonio público y enajenación a título oneroso, de una superficie de 1 millón 42 mil 840 metros cuadrados, en el que se encuentran inmuebles del centro de investigación, terrenos de experimentación agrícola y áreas boscosas del Conjunto Sedagro.
Tercero. Se hace un atento exhorto al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, para que se dé a conocer y transparente el proceso de toma de decisiones de la propuesta de este proyecto, así como los mecanismos y responsabilidades tanto de privados, como de las instancias estatales responsables del proyecto. Y por otro lado, se tome en cuenta la voz de los y las habitantes e interesados en la zona sobre su parecer así como sus propuestas en torno a este proyecto.
Cuarto. Se hace un atento exhorto al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y a la LVI Legislatura del estado de México para analizar y tomar en cuenta la posibilidad de otros terrenos en la zona para llevar a cabo este proyecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2008.
Diputado Luis Sánchez Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A SOLICITAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
QUE REALICEN LOS EMBARGOS PRECAUTORIOS A LOS EX FUNCIONARIOS SANCIONADOS
Y A QUE DEN VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO POR LA PROBABLE PARTICIPACIÓN
EN CONDUCTAS DELICTIVAS; Y A INHABILITAR DE MANERA INDEFINIDA LA EMPRESA
GUTSA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Secretaría de la Función Pública, el pasado 3 de diciembre de 2007, sancionó económicamente e inhabilitó a algunos ex funcionarios de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), por concepto de violación de procedimientos de contratación a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV. Al respecto, el 6 del mismo mes, diversos medios de comunicación señalaron que la propia secretaría había sancionado a siete ex funcionarios de Capufe, e impuesto sanciones económicas, por irregularidades administrativas y por haber efectuado pagos indebidos a la empresa.
Las sanciones fueron publicadas en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados. En el caso de Manuel José Castellanos Cervera, ex director jurídico de Capufe, fue inhabilitado por un periodo de 15 años y una sanción económica de 42 millones 276 mil 533.40 pesos; Manuel Zubiría Maqueo, ex director de Capufe, por una inhabilitación de 11 años y una sanción económica de 42 millones 276 mil 533.40 pesos; Pedro Antonio Ramírez Cetina, ex gerente de Administración, es inhabilitado por 13 años y una multa de 42 millones 276 mil 533.40 pesos y Sergio Emilio Segura Ortega con una suspensión de 30 días.
También, destacan los que no aparecen en dicho Sistema como son los casos de Ignacio Peña Aburto, ex director Técnico, inhabilitado durante un año, Ricardo Héctor René Basurto Cortés, delegado de la Zona Centro-Sur de Capufe, inhabilitado por ocho meses y Eduardo Gerardo Tirado del Río, actual gerente de Licitaciones de Capufe, inhabilitado sólo por 30 días.
Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública, el día 10 de diciembre de 2007, informó a través del Diario Oficial de la Federación, mediante la circular UNAOPSPF/309/DS/029/2007, que se había resuelto el procedimiento fincado a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, por lo que se hacía del conocimiento a todas las autoridades de la administración pública federal, estados y municipios, que deberían abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con la empresa, en términos de la fracción XXIII del artículo 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por el lapso de un año, contado a partir del día siguiente al de su publicación, sin hacer alusión o mención de alguna sanción o multa económica a la empresa.
Mientras que en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados que aparece en la página de Internet de la Secretaría, se informa de la inhabilitación correspondiente del mismo plazo y una multa por un monto de 283,192 pesos, por haber subcontratado la ejecución de los trabajos derivados de los contratos números 148-228/03MF209-6108 y 161-226/03MF209-6108, que le adjudicó Capufe en contravención a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con lo que se hizo acreedora a las sanciones previstas en los artículos 77 y 78 de la ley en la materia.
Por lo anterior, y debido a que las investigaciones realizadas por Capufe y la Secretaría de la Función Pública (SFP), dieron entrada a la existencia de irregularidades de estos funcionarios y el resultado de las investigaciones efectuadas así lo confirman, se solicita a las autoridades correspondientes realizar los embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados por Capufe, para garantizar la aplicación de la justicia y se de vista al Ministerio Público por el probable daño a la hacienda pública federal para que se inicien las averiguaciones previas correspondientes.
Cabe precisar que el periodo de inhabilitación para la empresa mencionada, es una "sanción ligera" considerando los daños que ésta ha generado a la Hacienda Pública Federal, no sólo en el retraso en la entrega de las obras de mantenimiento y rehabilitación de los tramos de la Autopista del Sol, que finalmente no concluyó, sino, también por la ilegal indemnización solicitada y pagada por Capufe y por las otras obras contratadas que también presentaron irregularidades otorgadas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, como lo fue su participación en la construcción de la Biblioteca Vasconcelos y la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
No se omite mencionar que quedan asuntos pendientes para las autoridades de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, como lo es, la facultad para imponer fincamiento de responsabilidad resarcitoria contra la empresa, por el daño patrimonial ocasionado a la hacienda pública federal por el cobro de los 100 millones 260 mil 553 pesos como indemnización autorizada por estos funcionarios sancionados.
Por ello se considera apremiante solicitar a la Secretaría de la Función Pública, inicie el proceso de inhabilitación de manera indefinida a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, para participar de manera directa en licitaciones o adjudicaciones directas de obras públicas o por interpósita persona en las dependencias del gobierno federal, estados y municipios, que le sean rescindidos los contratos adjudicados que actualmente se tengan formalizados, en tanto se concluyan las investigaciones solicitadas con anterioridad, por el que suscribe la presente proposición y por el diputado José Alfonso Suárez del Real, con relación a los contratos de las obras otorgados a está empresa en la construcción de la Biblioteca José Vasconcelos y la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Por lo expuesto, se pone a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a solicitar a las autoridades correspondientes que realicen los embargos precautorios y de vista al Ministerio Público a efecto de que inicie la averiguación previa por la probable participación en la comisión de conductas delictivas de los ex funcionarios sancionados.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública lleve a cabo el procedimiento de inhabilitación indefinida a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, para que no pueda participar de manera directa o por interpósita persona, en licitaciones o adjudicaciones directas de obras públicas en las dependencias del gobierno federal, estados y municipios y le sean rescindidos los contratos adjudicados que actualmente tenga formalizados, mientras se concluyan las investigaciones a que haya lugar.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie el procedimiento de sanción resarcitoria contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, por la ilegal indemnización recibida de 100 millones 260 mil 553 pesos.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación informen a esta soberanía de las acciones emprendidas, en un plazo no mayor de 45 días naturales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.
Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A INFORMAR A ESTA
SOBERANÍA SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
RESARCITORIAS CONTRA LA EMPRESA GUTSA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, RESPECTO
A LAS OBRAS ASIGNADAS MEDIANTE LICITACIONES PÚBLICAS DE LA TERMINAL
DOS Y EL DISTRIBUIDOR VIAL DOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El proyecto de modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" (AICM), surgió con la finalidad de ofrecer mejores servicios y atención a los usuarios que utilizan.
Gutsa Infraestructura, SA de CV como empresa constructora ha participado activamente y de manera irregular en obras públicas efectuadas por el sexenio anterior, que aún no han sido concluidas y siguen demandando recursos públicos, como es el caso de las obras de la megabiblioteca José Vasconcelos, Autopista del Sol (que le rescindió CAPUFE, los dos contratos, el 26 de junio de 2007) y el montaje de la estructura de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mediante contrato 09085002-042-05, cuyo monto original era de 597.4 millones de pesos.
Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer irregularidades en relación a la obra asignada a la empresa en cuestión, en el cual el resultado 4 arrojó las observaciones números 30 y 31 que señalan lo siguiente:
"La entidad realizó un pago en exceso al contratista, en la estimación dos por un monto de 26.8 miles de pesos, en virtud de que en la trabe metálica TM-4, adicionó el 3.5 por ciento de descalibre aun cuando el costo unitario lo incluye y la especificación general de construcción número III, estructura metálica de la licitación pública internacional número 09085002-042-05, específica que los números generadores de las estimaciones deberán incluir el descalibre. El pago contravino los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 84, fracciones I y II, de su reglamento y de la especificación general de construcción, número III, estructura metálica de la licitación pública internacional número 09085002-042-05".
"La entidad pagó indebidamente 739.0 miles de pesos en la estructura metálica de la terminal 2 del aeropuerto, en virtud de que se realizaron empalmes no autorizados en secciones de menos de 9.00 metros integrados de la manera siguiente: 494.6 miles de pesos en 80 trabes tipo TS1.101.-IR 305X52.2 kilogramos/metros, que suman en total 34.25 toneladas y en 5 trabes principales TM3.1-02; un monto de 89.0 miles de pesos con 5.836 toneladas, de trabes ubicadas en el mezanine del dedo sur, y 155.4 miles de pesos, en 30 trabes TS1.3-01, con 10.77 toneladas, ubicadas en el nivel de azotea, en contravención de lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 84, fracciones I y II, de su reglamento, la especificación particular del contrato NC número 3 estructura metálica inciso 5, secciones prefabricadas y la cláusula décima octava contractual".
También le fue asignada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), según consta en el boletín de prensa emitido por esta dependencia en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de fecha del 10 de mayo de 2006, la licitación pública internacional número 0908500200906 para la construcción del distribuidor vial 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyo costo original ascendía a 491 millones de pesos.
Dicha obra se proyectó que comenzaría a operar el 6 de febrero 2007, sin embargo, fue inaugurada hasta el día 15 de noviembre del mismo año, por lo que nuevamente la empresa en comento está involucrada en obras que no son ejecutadas conforme a los criterios de eficiencia y transparencia, la no entrega en el tiempo comprometido y la no aplicación de los recursos públicos de manera transparente y legal.
Finalmente, de las visitas de supervisión realizadas por los auditores de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, se considera pertinente que se cuentan con los elementos necesarios para que se inicie el proceso del fincamiento de responsabilidades resarcitorias, con fundamento en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 y 51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación informe por escrito a esta soberanía, sobre el inicio del procedimiento del fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, respecto a las obras asignadas mediante licitaciones públicas de la terminal 2 y el distribuidor vial 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez".
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de enero de 2008.
Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO
DE NAYARIT Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD UN INFORME DETALLADO
Y LA APLICACIÓN ADECUADA DE 33 MILLONES DE PESOS POR EL CONCEPTO
DE SUBSIDIO DE TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COSTA
NORTE DE DICHO ESTADO, A CARGO DEL SENADOR FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN
FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la república por Nayarit a la LX Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Nayarit y a la Comisión Federal de Electricidad un informe detallado y la aplicación adecuada de 33 millones de pesos, por concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado jueves 10 de enero, el periódico La Jornada publicó una nota firmada por su corresponsal en Nayarit, Jesús Narváez Robles, en la que se narra un problema que actualmente viven los municipios del norte de Nayarit, relacionado con el subsidio a las tarifas eléctricas en la entidad.
Dicho problema radica en que el año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al gobierno del estado de Nayarit 33 millones de pesos para subsidiar las tarifas de energía eléctrica en la costa norte del estado. A su vez, la Secretaría de Finanzas estatal entregó la primera parte de dicho subsidio, 15 millones de pesos, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin embargo, ésta decidió no aplicarla para dicho fin y utilizó el dinero destinado al subsidio para cobrar un adeudo que Nayarit tenía con la comisión desde el año 2002.
Según declaraciones hechas por el secretario de Finanzas de Nayarit, Gerardo Gangoiti Ruiz, se entregaron 15 millones de pesos a la CFE para que aplicara los descuentos en los recibos de los habitantes de los municipios del norte del estado, pero llegó el mes de diciembre y los nayaritas no vieron reflejado el subsidio en sus recibos, pues en algunos casos se les seguían cobrando hasta 2 mil pesos.
Fue a través de un convenio que el gobierno de Nayarit le entregó a la Comisión Federal de Electricidad un anticipo, 15 millones de pesos, para el subsidio a la zona costera, pero la paraestatal tomó ese anticipo como parte del pago de los subsidios a las tarifas 1 D que se aplicaron en el año 2002.
Cabe recordar que en ese año, ante diversas protestas por los altos cobros de electricidad, la CFE decidió bajar las tarifas, aplicando un subsidio a los usuarios de las zonas más calurosas de Nayarit. Fue así que resultaron beneficiados los municipios de Acaponeta, Tecuala, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Rosamorada y Tuxpan.
En 2002 en estos municipios se aplicó la tarifa 1 D (60 centavos por kilovatio) y no la 1 B (1.80 centavos por kilovaltio) que es la que se viene aplicando actualmente.
En la nota publicada por el periódico La Jornada, se corrobora la forma de actuar de la CFE, pues el superintendente de ésta en el norte del país, Manuel Magaña Vega, reconoció que la dependencia decidió cobrarse adeudos generados por las rebajas a las tarifas en años anteriores, por lo que el anticipo entregado por el gobierno estatal tuvo ese fin.
En declaraciones hechas al periódico, Magaña Vega justificó esta decisión, pues según él, ese dinero debe restituírsele a la empresa, ya que la tarifa 1D no puede aplicarse oficialmente en Nayarit, pues según la ley, este tipo de tarifa sólo es ajustable en las zonas donde hay una temperatura superior a los 33 grados centígrados la mayor parte del año.
Pero lo que desconoce este funcionario de la CFE es que en los municipios costeros de Nayarit, en el verano la temperatura llega hasta los 42 grados centígrados, y pocas veces baja hasta 30.
No omito mencionar que en una reunión de trabajo en el Senado de la República, de la Comisión Especial para determinar las causas del bajo financiamiento para el desarrollo y del elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos, a la cual pertenezco, cuestioné al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, acerca de la aplicación de este tipo de subsidios, a lo que me respondió que su aplicación era un asunto "muy complicado", pues la Secretaría de Hacienda es quien entrega el recurso a los estados y estos a su vez los otorgan a la comisión.
Desde entonces he venido denunciando a través de diferentes medios de comunicación, que la CFE pretende quedarse con el subsidio de 33 millones de pesos, pues el anticipo otorgado por la Secretaría de Finanzas estatal, no se usó en subsidiar el servicio de energía eléctrica para la presente temporada, sino que había sido utilizado como un pago parcial de un supuesto adeudo a causa de una vieja reducción de tarifas y que ese dinero iría a parar a la caja de la comisión.
Al no tener una reglamentación, la aplicación de esos recursos es de manera discrecional, que es lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, pues la empresa tomó el pago anticipado de 15 millones como un pago por la deuda que el estado contrajo con ella en años pasados.
Otro problema es que la deuda que tiene Nayarit con la Comisión Federal de Electricidad desde 2002 asciende a los cerca de 100 millones de pesos, y si la paraestatal se sigue cobrando viejas deudas, entonces de nada servirán los 33 millones de pesos (de los cuales aún quedan 18 millones sin entregar) que la Secretaría de Hacienda entregó para que se destinarán a subsidiar las tarifas eléctricas de la costa norte de Nayarit.
Realmente es una burla que se tome ese dinero a manera de "pago de adeudos", pues el dinero no es para eso, ya que el subsidio es para las tarifas eléctricas de los usuarios del norte de Nayarit, subsidio que no se está aplicando de esa manera.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la asamblea de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno de Nayarit, con pleno respeto de sus atribuciones y de la soberanía de esa entidad federativa, un informe detallado sobre el pago de 33 millones de pesos hecho a la Comisión Federal de Electricidad, por el concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a aplicar adecuadamente los 33 millones de pesos por concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit, así como un informe detallado del destino de dichos recursos entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del gobierno de Nayarit.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el segundo y tercer párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicite a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo una auditoría sobre los recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por medio del gobierno de Nayarit entregó a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de subsidio a las tarifas de energía eléctrica para la costa norte de Nayarit, y haga del conocimiento de la misma a esta soberanía.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA
DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL EN TORNO AL VIOLENTO
DESALOJO DE LOS MINEROS DE CANANEA, SONORA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito José Antonio Almazán González, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con objeto de solicitar la comparecencia del licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, en torno al violento desalojo de los mineros de Cananea, Sonora, acaecido el pasado 11 de enero.
Consideraciones
A poco más de un siglo de la histórica huelga de Cananea reprimida salvajemente en el año de 1906, un gobierno sin memoria histórica y sin respeto alguno a nuestra Constitución, ha ordenado una nueva, ominosa y criminal represión contra los mineros de este mismo municipio de Sonora, que están en huelga desde el 30 de julio de 2007 demandando mejores condiciones de seguridad e higiene, para evitar homicidios industriales como los de Pasta de Conchos.
En el caso, el derecho se usó de manera tramposa e inmoral, ya que antes de que el sindicato minero fuera notificado de la declaración de inexistencia de la huelga resuelta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en contra de los mineros de la sección 65, de Cananea, Sonora; ya desde las 5 de la mañana del pasado 11 de enero, había comenzado el despliegue de las fuerzas represivas integradas por militares y policías federales y estatales, las cuales a las 10 de la mañana comenzaron la agresión. El saldo final fue de 40 trabajadores heridos, 5 detenidos, y 5 desaparecidos, incluida la esposa de un trabajador.
Con la intervención de entre 800 y mil agentes de seguridad, se violó de manera flagrante el artículo 123 constitucional, que consagra como garantía constitucional el derecho de huelga; pero de manera más específica se desconoció lo establecido por el artículo 932 de la Ley Federal del Trabajo, ya que además de que el sindicato minero no fue legalmente notificado, como quedó dicho, se desconoció el término de 24 horas que los trabajadores tenían para regresar a su trabajo. Es decir, los trabajadores fueron tratados como si la huelga hubiera sido declarada ilícita y no inexistente, como fue el caso. Esto sin menoscabo de señalar que tal declaración de inexistencia careció de absoluta base legal.
A estas horas no sólo siguen las fuerzas represivas en la mina de Cananea, Sonora, sino que en abierta violación de la suspensión provisional decretada por el sexto juez de distrito en materia laboral, se busca romper la huelga mediante la contratación de esquiroles. En general, la ciudad de Cananea vive un verdadero estado de sitio.
Con el violento desalojo de los mineros de Cananea, Sonora, no sólo se continúa con la política de absoluto menosprecio de los derechos del pueblo trabajador, sino con la criminalización de sus luchas. Sin medir las consecuencias, que esto puede traer a la paz social. En este sentido, debe destacarse la inconstitucional intervención de miembros del Ejército mexicano en el desalojo.
Incumpliendo la obligación que tiene establecida en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que a la letra dice en su fracción I, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está obligada a: "I. Vigilar la observancia y la aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 y otros de la Constitución Federal; en la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos;" el señor Javier Lozano Alarcón al igual que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se han transformado en fieles cancerberos de los intereses del capital, como en este caso defensores a ultranza del Grupo México, echando por la borda su obligación establecida en el artículo citado.
Cuando se rompe la política y el diálogo, y se preferencia, la persecución y la represión, sólo se difiere la verdadera solución de los problemas, que debe estar basada en la legalidad y la justicia.
Con la persecución sistemática de las luchas sociales, en el fondo se busca romper toda resistencia a un proyecto que busca transformar al país, en un paraíso de neoesclavitud asalariada, al servicio especialmente de las trasnacionales y de una plutocracia nacional, insaciables.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que informe sobre el violento desalojo de los trabajadores de la mina de Cananea, Sonora pertenecientes a la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, acaecida el pasado 11 de enero.
Segundo. Se exhorte a los Ejecutivos federal y local:
b) Acuerden la inmediata salida de Cananea, Sonora de las fuerzas militares y policíacas;
c) A que de manera inmediata presenten a los desaparecidos: cuatro trabajadores y la esposa de un minero;
d) Den inicio a los procedimientos para el deslinde de las responsabilidades que legalmente procedan, incluidas las de carácter penal; y,
e) Finalmente, a que en todo momento se privilegien las vías del diálogo y la negociación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2008.
Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica)
Hay personas en el mundo que un día se levantan y ya no sienten el dolor. Si se queman o se hacen daño, no les duele. Con frecuencia, presentan parálisis musculares y fragilidad en los huesos. A veces se les abulta la frente y se les distorsiona la cara. Tienen lepra, una enfermedad infecciosa crónica.
El primer paso para el nacimiento del Día Mundial de la Lepra fue la visita que el periodista francés Raoul Follereau (Nevers 1903-París 1977) realizó a una leprosería en Costa de Marfil por motivos de trabajo.
Después de esta visita y tras movilizaciones y manifestaciones promovidas por Raoul Follereau en favor de los enfermos de lepra, el 31 de enero de 1954 se celebraría oficialmente el primer Día Mundial de la lepra, una jornada en la que se pretendía "una movilización universal de espíritus y corazones en favor de los leprosos", como aseguraba su promotor Raoul Follereau. Simbólicamente este gran hombre propuso organizar el Día Mundial de la Lepra el tercer domingo de enero tras la Epifanía, cuando en el Evangelio relata la cura de los enfermos de lepra.
Su objetivo principal era sensibilizar a la sociedad sobre la existencia de esta enfermedad y para ello lo más importante era alejar la imagen negativa que se tenía de los afectados. Propuso la celebración de una jornada alegre, en la que el espectáculo y el reencuentro fueran protagonistas.
Desde entonces el Día Mundial de la Lepra ha obtenido cada vez una mayor respuesta, y ha contado con una mayor implicación de la sociedad y de los medios de comunicación.
En la actualidad el último domingo del mes de enero
se ha convertido en una Día especial en el que se recuerda la fuerte
presencia de esta enfermedad en diferentes zonas del mundo, principalmente
empobrecidas.
Por esta razón los Diputados Federales, recuerdan que este próximo 31 de Enero de 2008 se conmemora el día Mundial de la Lucha contra la Lepra.
A continuación se enumera la cronología histórica de esta enfermedad:
Siglo II a.C. Una referencia indiscutible sobre la extensión ósea de la lepra, se encontró en una momia egipcia.
Siglo XIII Los movimientos bélicos de conquista permitieron que la lepra se extendiera a los países europeos, llegando a existir unas 30,000 leproserías.
Siglo XVI Se introduce al continente americano por emigrantes europeos y esclavos africanos, en especial a Brasil.
Año 1528. Las actividades de lucha contra la lepra se inician en México poco tiempo después de la Conquista con la creación de asilos para enfermos de lepra, siendo el primero el edificado por Hernán Cortés en la ciudad de México. En ellos la atención era de tipo asistencial, ya que desde el punto de vista sanitario no se tomó ninguna medida preventiva pues predominaba la idea de que la lepra era hereditaria y no contagiosa y la única medida era la del aislamiento. Medida que resultó ser una paradoja, pues los enfermos evitaban ser recluidos emigrando con su familia a localidades alejadas. Así fueron las medidas de control por casi 3 siglos.
Año 1873. El médico noruego Gerhard Henrik Armauer Hansen identificó el agente causal de esta enfermedad, al que después se le llamó bacilo de Hansen.
Año 1921. El doctor Jesús González Ureña presenta al Congreso Médico Nacional Mexicano, el trabajo denominado "Manera de iniciar en México la profilaxis antileprosa" surgiendo como un paladín en la lucha contra la lepra, logrando que se hiciera obligatoria la notificación de la lepra.
Año 1925. A iniciativa del doctor González Ureña se empieza a levantar el Primer Censo de la Lepra en México, con el que se demostró la existencia indudable de 1,450 enfermos de lepra distribuidos en todo el territorio nacional, dichos censos se repitieron cada 5 años, lo cual hizo conciencia en las autoridades sanitarias para realizar actividades de control de la lepra, se establecieron dispensarios y nuevos hospitales antileprosos en diversas ciudades de los estados con mayor número de enfermos; esta medida resultó contraproducente debido a que los enfermos evitaban ser reconocidos para no ser recluidos en los "leprosarios", con lo que se permitió la dispersión de los focos de infección en el país.
Año1930. Se promulgó el Reglamento Federal de Profilaxis de la Lepra a lo que siguieron la emisión de disposiciones oficiales que hicieron posible organizar la lucha sobre sólidas bases científicas. La lucha tenaz del doctor González Ureña culmina con el establecimiento de 21 dispensarios en las regiones más afectadas, una Junta Central de Profilaxis de la Lepra por cada entidad federativa 437 Juntas Municipales, una leprosería en el modernizado asilo "Doctor Pedro López" de Zoquiapan con capacidad para 500 pacientes y salas especiales o Lazaretos en Campeche, Guadalajara, Tampico, Culiacán, Morelia y Colima con un promedio de 70 enfermos cada uno. Las políticas de lucha cambiaron, se dispuso el cierre de estos servicios, por lo que la atención estuvo a cargo de los servicios dermatológicos existentes.
Año 1954. Raoul Follereau instituye el Día Mundial de la Lepra en París.
Año 1958. El doctor Fernando Latapí Contreras presentó a la Secretaría de Salubridad y Asistencia un programa de trabajo para organizar la Lucha contra la Lepra con brigadas constituidas por un médico y una enfermera en las entidades con mayor número de enfermos de lepra; en 1960 la conducción del Programa es responsabilidad de la Dirección de Epidemiología y Campañas Sanitarias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Años 1960-1984, el personal de brigadas realizó en el país acciones de pesquisa entre contactos y población más expuesta, así como el control de los enfermos a través de su tratamiento con la diamino difenil sulfona (DDS o dapsona) único medicamento antileproso disponible hasta entonces, con la que se lograba llevar a la curación a casos tuberculoides, dimorfos e indeterminados con leprominorreacción positiva. Otras formas de lepra, aunque se lograba la curación clínica y la negativización baciloscópica, se indicaba el tratamiento "de por vida", por la posibilidad de recaídas y la cada vez más frecuente resistencia bacteriana a la DDS.
Año 1984 el Programa se descentraliza, el personal de brigadas se integra al equipo de salud de las Jurisdicciones Sanitarias transformándose en un programa horizontal; el nivel central de la Secretaría de Salud continua con la función de establecer las políticas, normas y estrategias, así como con la dotación de medicamentos requeridos, a cargo de la Dirección General de Medicina Preventiva.
Año 1990. En concordancia con los compromisos en la OMS se inicia el tratamiento con una combinación de tres fármacos, dapsona, clofazimina y rifampicina, o de dos, dapsona y rifampicina, con duración mínima de 24 y 6 meses respectivamente, dependiendo del tipo de lepra. El tratamiento se divide en dosis diarias autoadministradas y dosis mensuales supervisadas por el personal de salud. Esta combinación es conocida en México como Poliquimioterapia (PQT).
Este mismo año, México se une a la Estrategia de Eliminación de la Lepra como Problema de Salud Pública, considerando que al disminuir la prevalencia a menos de un caso por 10,000 habitantes se lograría evitar la transmisión al grado de dejar de constituir un problema sanitario.
Año 1994. A nivel nacional se logra una tasa de 0.71 por 10,000 habitantes, con lo que el país deja de figurar entre aquellos que se consideran con problema de salud pública.
Año 1997. El Programa de Reforma del Sector Salud, define 12 Programas Sustantivos, uno de ellos es el Programa de Micobacteriosis que incorporó acciones de prevención y control de la tuberculosis y la lepra.
Año 1999. Se fortalecen las acciones, con la integración de las estrategias: focalización de municipios de riesgo, promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, red de laboratorios y garantizar la atención médica en 101 municipios prioritarios que se distribuyen como se señala en la siguiente figura:
Año 2001 (17 de enero). Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana, NOM-027-SSA2-1999, Para la prevención, control y eliminación de la lepra, elaborada con la participación de las instituciones del sector salud.
Año 2002. En México se alcanza la eliminación en el nivel sub-nacional, es decir la prevalencia de lepra es menor a 1 por 10,000 en el total de las entidades federativas.
Cada año, el último domingo de enero se celebra el "Día Mundial de Lucha Contra la Lepra". Ese día se realizan conferencias, simposios, talleres, cursos para personal de salud, eventos escolares y en los Servicios de Salud, actividades de promoción a través de medios masivos de comunicación, todos ellos con la participación de las autoridades nacionales, estatales, jurisdiccionales y municipales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra (ILEP) y Misiones Americanas contra la Lepra (ALM), apoyan con asesoría técnica y financiera al Programa; asimismo, realizan anualmente visitas de observación para identificar el avance en el control y la eliminación de la lepra.
2001-2005, la evolución de la lepra en México muestra una franca tendencia a la reducción de la prevalencia de enfermos, esto alienta a redoblar esfuerzos para el control de la transmisión de lepra en el país.
La disminución en el número de municipios sin eliminación (prevalencia de uno o más por 10 mil habitantes), se logró en 55 por ciento, pasando de 84 a 34; en municipios con escasa población la presencia de un solo caso determina que se eleve la tasa por arriba de uno por 10,000 habitantes, como sucede en algunos municipios de Oaxaca y Nuevo León.
El porcentaje de casos nuevos con discapacidad grave bajó de 11 por ciento a 6 por ciento. muestra de un diagnóstico cada vez más oportuno.
La cobertura del tratamiento para los enfermos aumentó de 80 por ciento a 94 por ciento, debido a mejora en la gestión de la PQT en los diferentes órdenes de gobierno y por parte de OPS/OMS.
Año 2006, 243 casos nuevos y una tasa de Incidencia de 0.23 casos por 100,000 habitantes, 74 por ciento Multibacilares, de los cuales 7.8 por ciento presentaron discapacidad grave. Se tiene registro de 702 casos, de los cuales 60 son Paucibacilares y 642 Multibacilares; el 92 por ciento de todos ellos (661) reciben tratamiento con PQT.
En el mismo año se identifican 34 municipios prioritarios distribuidos en 10 estados: Nuevo León (7), Michoacán (6), Tamaulipas (6), Colima (3), Jalisco (3), Nayarit (3), Oaxaca (3), Campeche (1), Sonora (1) y Puebla (1).
Los 10 estados que concentran el 76 por ciento de la prevalencia nacional son: Sinaloa(107), Nuevo León (73), Michoacán (71), Jalisco (59), Nayarit (58), Tamaulipas (40), Sonora (35), Guerrero (34), Colima (28) y Guanajuato (27).
La discapacidad que produce la lepra en los enfermos se ha tomado como un indicador para el cálculo de los casos no descubiertos, es decir, aquellos que no se han identificado y mantienen la transmisión del bacilo en el área.
Es evidente la reducción de la discapacidad de los casos nuevos en los últimos años; sin embargo, es necesario actualizar el diagnóstico de los casos y de los pacientes en vigilancia post-tratamiento.
2007-2012 El país afronta retos para el periodo basados en la continuidad de las acciones hacia la meta de alcanzar menos de 1 caso por cada 10,000 habitantes en municipios que no la han alcanzado, manteniendo la calidad de los servicios con acciones integradas con la sistematización de la detección de casos en el primer nivel de atención, con énfasis en el estudio de los contactos epidemiológicos, por ser la población más expuesta y descartar el diagnóstico de lepra entre los sintomáticos dermatológicos que acuden a consulta. Lo anterior apoyado fuertemente con la integración de la Red Nacional de Laboratorios en lepra.
Paralelamente se deberán mejorar las actividades de promoción encaminadas a reducir el estigma y la discriminación de las personas y las familias afectadas por la lepra, así como incrementar la inversión en el desarrollo del potencial humano a fin de fortalecer las habilidades gerenciales, clínicas y de diagnóstico de laboratorio para líderes estatales, clínicos y personal de laboratorio que participan en el control de este padecimiento.
"En México falta muy poco para el control de
la lepra...
...trabajemos juntos para eliminarla"
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica)
Anexos