Los que suscribimos, senadores y diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa, que reforma los artículos 254, párrafo primero; 254 Bis, párrafos primero y quinto; y 261, párrafos primero y segundo; y se adicionan el párrafo sexto al artículo 254 Bis y el artículo 257 Bis, todos del capítulo XII, Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, con objeto de modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La energía ha sido y es palanca y motor del desarrollo de México y del mundo.
En la historia de la humanidad se han registrado tres grandes revoluciones tecnológicas: la agrícola, que permitió al humano pasar de nómada a sedentario; la industrial, que transforma y utiliza la energía hidráulica y fósil del carbón, primero, y después del petróleo, a la energía que mueve ferrocarriles, fábricas, barcos, ilumina casas y lugares de trabajo y permite sustituir la fuerza animal e incluso la del ser humano por la fuerza de las máquinas para mover y transformar las materias. Hoy, la gran revolución del conocimiento, las telecomunicaciones, la nanotecnología, la biotecnología, la computación y todas las innovaciones que aceleradamente están cambiando el mundo.
Las nuevas revoluciones tecnológicas no detienen las anteriores transformaciones; por el contrario, las complementan, las estimulan, las potencializan. Se basan también en ellas: sin revolución agrícola y alimentaria no habría alimentos con los cuales atender la creciente población que la ciencia médica, con las vacunas, los antibióticos y los avances en diagnóstico y en cirugía, ha logrado que exista. La población vive más, más largamente y en mejores condiciones; requiere más alimentos, más vestido, mejores casas, mejores medios de transporte.
Todo esto se logra con la energía. Necesitamos esa fuerza para mover las fábricas, los tractores, los camiones, los vehículos, iluminar las casas, las fábricas, las oficinas, ver la televisión, escuchar la radio, hablar por teléfono, usar el Internet.
Sin energía, nada de ello sería posible. Por eso, cada nueva revolución tecnológica está basada en las anteriores, a las que a su vez estimula e impulsa.
La energía del siglo XIX fue el carbón; la del siglo XX, el petróleo; entre las del siglo XXI se avizoran las renovables (solar, eólica, biomasa) y, desde luego, la nuclear.
En México el petróleo es todo lo anterior y mucho más: representa la soberanía nacional, la capacidad para ser independientes y decidir por nosotros mismos; representa la capacidad de decidir el futuro y el orgullo de triunfar como nación.
Lázaro Cárdenas del Río fue el hombre que logró esto, pero no lo hizo solo. Fue, al final de cuentas, la hazaña de todo un pueblo que se unió en torno a un líder para luchar por el país, por su dignidad y su futuro.
Estamos en una encrucijada, en un punto de quiebre en el cual tenemos riesgos de que se termine el petróleo y los recursos fiscales que de su explotación provienen, o de iniciar una nueva etapa en la transformación nacional, para bien de los mexicanos y de la nación.
Actualmente es uno de los momentos en los que la nación tiene que tomar decisiones que definirán nuestro destino para muchas décadas.
La dotación de recursos naturales en el subsuelo no es de mucho carbón, ni uranio. Pero sí de oro, plata y petróleo. ¿Para qué sirvieron el oro y la plata que produjeron las minas mexicanas? Para hacer grandes y fuertes a los imperios, no a las colonias. ¿Para qué deben servir los hidrocarburos? Para hacer grande y fuerte al país y dar una vida digna a los mexicanos.
Dependemos básicamente del petróleo porque de él obtenemos más del 84 por ciento de la energía primaria y casi el 40 por ciento de los impuestos federales, más del 30 por ciento de los ingresos estatales y más del 20 por ciento de los ingresos municipales.
Nuestra gran herencia, el enorme yacimiento de Cantarell, se está agotando rápidamente y corremos el riesgo de convertirnos en importadores netos de petróleo en pocos años, quebrando las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno, los programas sociales y las inversiones que con esos recursos se realizan.
Obtuvimos de Pemex recursos enormes que dedicamos en su gran mayoría a gasto corriente, a sueldos y salarios. Destinamos el dinero obtenido a pagar los grandes déficit de las finanzas en los tres niveles de gobierno. Petrolizamos las finanzas públicas. Se deja para después, siempre para después, la solución real de este problema.
Esto, además se agrava, porque de 1998 a 2005 los requerimientos de recursos del gobierno federal obligaron a Pemex a pagar del 110 por ciento al 140 por ciento de sus remanentes, de sus utilidades. Se le obligó a pagar todas sus utilidades como impuestos y además a tomar créditos para pagar más impuestos.
Se le permitió invertir, es cierto, pero con crédito, no con recursos propios y principalmente para producir más petróleo y exportar más crudo. Pasamos, lamentablemente, dolorosamente, a ser exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados. Exportamos petróleo crudo e importamos gasolina, gas, diesel, petrolíferos y petroquímica. Generamos valor y empleo en el extranjero, no en el país. Se favoreció el futuro y la seguridad de otros países, no la seguridad y el futuro de México.
Esto no puede ni debe continuar así. Necesitamos una reforma profunda, que nos permita, efectivamente, articular una política para darle seguridad energética al país, diversificar las fuentes, ahorrar energía, dar valor agregado a nuestros productos, generar empleo y hacer de Pemex una empresa pública más eficiente, eficaz y competitiva.
Estamos convencidos de que es posible llevar a cabo este cambio, lo cual requerirá modificar muchas leyes, sin privatizar a Pemex, sin alterar la Constitución, en la que se recoge el espíritu de la soberanía de la nación y el disfrute colectivo de la renta petrolera por el pueblo mexicano.
Pero la modificación de las leyes sería insuficiente si no se cambia el régimen fiscal que grava a Pemex y en particular la Ley Federal de Derechos, capítulo XII relativo a hidrocarburos.
Cuando este capítulo de la ley fue aprobado, se dio un paso positivo, pero insuficiente. Así lo registraron en sus intervenciones los legisladores que apoyaron esta ley. En pocas palabras, decían que hubieran querido obtener más, pero que las circunstancias no lo permitieron.
Debemos retomar lo mejor del espíritu de esa reforma, de sus propósitos, de su intención. Dar pasos adelante en este camino inacabable de construir un mejor país. Seguramente en los años venideros vendrán otros legisladores que perfeccionen y complementen lo que hoy estamos haciendo.
La reforma fiscal de Pemex que ahora planteamos facilitará la consecución de los siguientes objetivos:
b) Agregar valor a la materia prima que el país está produciendo para ser autosuficientes en gasolinas y petrolíferos, y exportar petrolíferos en vez de petróleo crudo. El valor de las importaciones de gasolinas y otros petrolíferos se incrementó de manera sustantiva en los últimos tres años, pasando de poco menos de 2 mil 500 millones de dólares a más de 10 mil millones de dólares en el 2006.
c) Despetrolizar las finanzas públicas. Actualmente Pemex paga al fisco el 56 por ciento de sus ingresos y más del 90 por ciento de sus utilidades. Más del 90 por ciento del presupuesto federal se destina a gasto corriente; es decir, los recursos generados por la explotación de un recurso natural no renovable, se están destinando principalmente al pago de sueldos y salarios. Pemex ha sido sometido a un régimen fiscal que lo ha dejado prácticamente sin recursos para cubrir sus necesidades crecientes de servicio a la deuda, Pidiregas (proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto), pasivo laboral, y para el desarrollo de las actividades estratégicas que tiene encomendadas por mandato constitucional y legal. De 1998 hasta el 2005, el organismo operó con números negativos y tuvo un ligero repunte en el 2006.
El régimen fiscal actual de Pemex, contenido en el Título Segundo, Capítulo XII de la Ley Federal de Derechos, establece 6 diferentes tipos de derechos en materia de hidrocarburos.
En virtud de ese mandato legal, Pemex paga el 79 por ciento de derechos ordinarios, es decir, el 79 por ciento del valor de la extracción de petróleo y gas, con una deducción máxima de 6.5 dólares por barril de petróleo y 2.7 dólares por millar de pies cúbicos de gas.
Además, se establece la obligación de destinar el 10 por ciento adicional del valor de la extracción de petróleo y gas para la integración del Fondo de Estabilización, cuando el precio promedio anual del crudo supere los 31 dólares, como ha venido ocurriendo en los últimos dos años.
Adicionalmente, para incrementar las participaciones a los estados y los municipios, Pemex debe pagar el 13.1 por ciento por diferencial de precio, entre el previsto en la Ley de Ingresos y el obtenido finalmente, por concepto de exportaciones; así como aportar el 0.05 por ciento al Instituto Mexicano del Petróleo y el 0.003 por ciento para la Auditoría Superior de la Federación.
Por último, la reforma del año 2005 estableció una tasa del 76.6 por ciento por concepto del petróleo que no se produjera respecto a metas de producción predeterminadas de acuerdo a los requerimientos de recursos del gobierno federal. Como en los últimos años ha sido imposible cumplir esas metas por las razones ya señaladas, se han mermado aún más las finanzas de Pemex.
d) Impulsar la producción de petroquímicos. La producción de Pemex cayó de 19 millones a poco más de 10 millones de toneladas en 2006. En la actualidad el país importa productos petroquímicos por el orden de 13 millones de toneladas, con un valor de 18 mil millones de dólares por año.
e) Impulsar la diversificación energética, sobre todo con base en fuentes renovables como la solar, eólica, bioenergéticos, nuclear y otros. Hoy el país depende de los hidrocarburos en un 84 por ciento, mientras en el mundo ese porcentaje es sólo de 60 por ciento.
f) Lograr mayor eficiencia en la administración y operación de los organismos del sector petrolero, avanzar en investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. Hoy Pemex no cuenta con un sistema de almacenamiento suficiente, y el sistema de transporte es muy costoso e ineficiente. El organismo enfrenta también graves carencias y dificultades para realizar de manera satisfactoria las tareas de exploración, refinación, elaboración de productos derivados, y actualización y mantenimiento de sus plantas industriales.
g) Proteger el medio ambiente y contribuir eficazmente en la lucha contra el calentamiento global.
La propuesta que sometemos a la consideración de la honorable Comisión Permanente reduciría el derecho ordinario de extracción de hidrocarburos de una tasa del 79 por ciento a una del 70 por ciento, menos las deducciones establecidas con anterioridad. Un derecho del 70 por ciento del valor de la extracción es aún alto, pero inferior en 9 puntos porcentuales al actual.
La propuesta también permitiría incentivar notablemente la investigación tecnológica, asignando veinte veces más a este rubro que es clave fundamental del avance del sector. Estamos apostando al futuro del sector y del país por esta vía.
Se eliminarían también los artículos transitorios que indebidamente le fijan a Pemex una plataforma de producción. Ésta es una decisión de la mayor trascendencia para el país y corresponde tomarla al Ejecutivo y al Legislativo. La seguridad energética del país y los mejores instrumentos científicos y tecnológicos, deben ser los criterios que determinen la plataforma de producción petrolera.
Se eliminaría la tabla de derechos que, también indebidamente, obliga a Pemex a pagar más cuando los precios del petróleo bajan.
Se crearía un derecho único para que los yacimientos maduros, cuyos pozos han sido cerrados aun teniendo todavía importantes reservas de hidrocarburos, se pongan a producir.
Se eliminaría la restricción artificial a los costos de producción que se pueden deducir.
Se aumentaría la proporción de la recaudación federal participable con cargo al derecho ordinario sobre hidrocarburos, a efecto de no disminuir las participaciones a Estados y Municipios.
Con todo ello se daría otro paso más en la construcción de una política energética de Estado con visión de largo plazo.
Por tanto, sometemos a la elevada consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo único. Se reforman los artículos 254, párrafo primero; 254 Bis, párrafos primero y quinto; 261, párrafos primero y segundo; y se adicionan el párrafo sexto al artículo 254 Bis y el artículo 257 Bis, todos del Capítulo XII, Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 254. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, aplicando la tasa de 70 por ciento a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo, mediante declaración anual que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año correspondiente al ejercicio de que se trate.
…
Artículo 254 Bis. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual del Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de Energía, aplicando la tasa del 1 por ciento al valor anual del petróleo crudo y gas extraídos en el año. El valor de estos productos se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de esta ley.
…
…
…
De la recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, el 75 por ciento se destinará al Instituto Mexicano del Petróleo, deberá utilizarse en la investigación científica y tecnológica en materia de energía, dando prioridad a la investigación para el aprovechamiento máximo de los yacimientos de hidrocarburos en el mediano y largo plazos, a la exploración en aguas profundas y a la refinación de petróleo con menos de 15 grados API gravity, de acuerdo con lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El 25 por ciento restante de la recaudación señalada en el párrafo anterior, se destinará al financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos. Las materias de investigación serán definidas por la Secretaría de Energía y los proyectos serán realizados exclusivamente por los institutos de investigación y de educación superior del país. Estos fondos se asignarán, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a los proyectos que cumplan con la normatividad aplicable de esta institución, de acuerdo con lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 257 Bis. En tratándose de pozos que no hayan sido explotados durante tres o más años, en los que se considere conveniente renovar su explotación, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual de un Derecho Único sobre Hidrocarburos, aplicando una tasa anual de 20 por ciento sobre el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el mismo período.
La producción obtenida de esos pozos no se integrará al valor de la explotación referida en el párrafo primero del artículo 254 de esta ley, no se le aplicará ninguno otro de los derechos sobre hidrocarburos ni le serán deducibles ninguno de los conceptos establecidos en el presente ordenamiento.
A cuenta de este Derecho Único se harán pagos provisionales mensuales, aplicando la tasa del 20 por ciento al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el período comprendido desde el inicio del ejercicio fiscal y hasta el último día del mes al que corresponda el pago.
Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados por este derecho y realizados en los meses anteriores de dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago por enterar.
En la declaración que deberá presentarse de este derecho único, a más tardar el último día hábil de marzo del siguiente año del ejercicio correspondiente, se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados por este derecho de dicho ejercicio.
Cuando en la declaración de pago provisional o en la declaración anual resulte saldo a favor, Pemex Exploración y Producción podrá compensar dicho saldo contra pagos posteriores del propio derecho único.
Artículo 261. Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se le aplicará la tasa del 86.5 por ciento; el monto que resulte de esta operación se considerará como recaudación federal participable.
Asimismo, el 3.58 por ciento de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se multiplicará por el factor de 0.0133; el monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día primero del mes de enero del año 2008.
Artículo Segundo. Se derogan los artículos transitorios tercero, cuarto y sexto del decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005.
Artículo Tercero. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
Artículo Cuarto. La aplicación de la tasa del 1 por ciento anual, prevista en el artículo 254 Bis, relativa al pago del derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, se hará a partir del año 2010. En el año 2008 se aplicará una tasa anual de 0.25 por ciento para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 0.25 por ciento para el Instituto Mexicano del Petróleo, y en el año 2009 se aplicará al Instituto Mexicano del Petróleo la tasa del 0.75 por ciento; de conformidad con los términos previstos en el mismo precepto.
México, DF, a 17 de julio de 2007
Legisladores: Francisco Labastida Ochoa (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Carlos Lozano de la Torre (rúbrica), Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José E. Calzada Rovirosa (rúbrica), Francisco Agundis Arias (rúbrica), Emilo Gamboa Patrón (rúbrica), Carlos Aceves del Olmo (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Melquíades Morales Flores (rúbrica), Dante Delgado Rannauro (rúbrica), Graco Ramírez Garrido (rúbrica), Alejandro González Yañez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Pérez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), José Manuel del Río Vírgen (rúbrica), Gabino Cue Monteagudo (rúbrica), Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), José Murat (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Juan Guerra Ochoa (rúbrica), Carlos Navarrete Ruiz (rúbrica), Arturo Núñez Jiménez (rúbrica).
(Turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público, y de Energía)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, RECIBIDA DE LA DIPUTADA CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 17 DE JULIO
La suscrita, diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El principio de igualdad de trato evoluciono en las últimas décadas del siglo XX en una doble dirección. Por una parte, el concepto de discriminación fue adquiriendo una sustantividad propia. Por otra, la prohibición de discriminación pasó de ser "un mero principio de política económica a configurarse como un verdadero y propio derecho fundamental a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en aspectos de la vida profesional muy alejados del original y restrictivo ámbito salarial".1
En 1995 durante la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en Beijing China, 189 gobiernos se comprometieron a "tomar medidas para asegurar el acceso igualitario de todas las mujeres y su plena participación en las estructuras de poder y de toma de decisión" y a "incrementar las posibilidades de las mujeres para participar en la toma de decisiones y el liderazgo". Para lograr estos objetivos estratégicos, la principal acción que se comprometieron a realizar fue la de "llegar a la meta del equilibrio de género en los cuerpos gubernamentales y en los comités así como en las entidades de la administración pública y en el sistema jurídico, incluyendo fijar objetivos específicos e implantar medidas que incrementen sustancialmente el número de mujeres en puestos de toma de decisión, con miras de obtener igual representación entre hombres y mujeres, y de ser necesario, por medio de acciones positivas, en todas las posiciones del gobierno y de la administración pública".2
En México, las mujeres hemos realizando una serie de medidas de acción afirmativa encaminadas a colocarnos en los lugares estratégicos de toma de decisiones en el ámbito público. Dentro de los cuales e encuentran: El "Plan de Igualdad" elaborado por el movimiento feminista y presentado a todos los candidatos presidenciales en la contienda electoral de 1994; la Asamblea nacional de mujeres para la transición a la democracia, realizada en octubre de 1996; El acuerdo "Avancemos un Trecho, por un compromiso de los partidos políticos a favor de las mujeres", firmado en junio de 1997, por integrantes de partidos políticos y mujeres comprometidas con la equidad de género; el Congreso Nacional de Mujeres "Hacia la reforma del Estado con equidad de género", efectuado en septiembre del 2000; El Parlamento de Mujeres de México que se realizó del año 2000 al 2005, por las comisiones de Equidad y Género del Congreso de la Unión, donde se elaboraron propuestas para mejorar la posición de las mexicanas; en 2007, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados promovió la firma del "Pacto por la igualdad entre mujeres y hombres" entre actores políticos e instituciones nacionales y estatales, y más recientemente el impulso de un grupo de organizaciones ciudadanas mixtas de una agenda de demandas para que se incorporen al proceso de la reforma del Estado así como las organizaciones de mujeres y diputadas que están impulsando una nueva "Constituyente Feminista" con el objetivo de ampliar el marco legal para el avance de las mujeres.
Esta lucha, ha logrado escalar sólo algunos de los espacios encaminados a obtener el reconocimiento y observancia de los principios de igualdad y equidad.
Sin embargo y a pesar de los compromisos asumidos por el Estado mexicano ante la comunidad internacional, la clase política mexicana no termina por asumirlo como parte del motor transformador de nuestra sociedad, y muchas veces sólo se realizan cambios más por simulación que por lograr transformar las condiciones de las mujeres mexicanas.
En este caso, en la práctica son muy pocos los espacios de toma de decisiones, en la administración pública, ámbito de justicia y de representación popular ocupados por mujeres. Como ejemplo tenemos el tema de las cuotas de género que parece ser sólo un tema de moda y no un compromiso asumido por quienes siguen en su mayoría tomando decisiones, los partidos políticos, gobernantes, el Estado.
Las cuotas de género, más conocidas como cuotas de participación por sexo o cuotas de participación de mujeres, son consideradas como una acción positiva y que tienen por objetivo: garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de decisión de los partidos políticos y del Estado mexicano. Es una medida que obliga a incorporar mujeres en listas de candidaturas.
Las cuotas de participación por sexo pueden ser aplicadas en partidos políticos a través de normas estatutarias o en el propio Estado por vía de la legislación electoral. Las primeras experiencias de aplicación de cuotas de participación política por sexos se dieron en ámbitos partidarios. Partidos socialdemócratas de la Europa nórdica han sido los primeros en establecer este tipo de mecanismos. Ya en la década de los setenta el Partido Socialista Noruego aprobó un mecanismo para asegurar un 40 por ciento de ambos sexos en toda instancia de decisión, gestión, dirección y representación, y pronto este tipo de medidas se extendió a agrupaciones similares de la región. Las cuotas mostraron efectos notablemente positivos para la participación femenina en los resultados electorales, no solamente en los órganos de decisión partidarios sino además en los parlamentos nacionales. Los parlamentos de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia cuentan entre los que mayores progresos han experimentado en la representación femenina en la segunda mitad del siglo XX, y todos ellos han logrado resultados porcentuales alentadores, de entre el 30 y el 40 por ciento de mujeres electas. Otros partidos europeos que introdujeron cuotas de participación para mujeres en la década de los ochenta son el Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Socialista Obrero Español.3
En Latinoamérica la discusión sobre cuotas por sexo se extendió no solamente a los partidos de izquierda, sino a una variedad de partidos de diferente adscripción ideológica. Solamente a manera de ejemplo de diferencias ideológicas se citarán a algunos de los muchos partidos políticos que han incorporado cuotas como medidas de promoción de mujeres a cargos electivos, como el Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, el Partido de la Revolución Democrática, de México, la Asociación Nacional Republicana del Paraguay y el Partido de los Trabajadores del Brasil. La mayoría de estos casos datan de la década de los noventa. Sin embargo, la Unión Interparlamentaria consignaba para 1991 que existían 56 países en el mundo que utilizaban sistemas de cuotas por sexo, de los cuales 22 lo hacían para elecciones legislativas y 51 los aplicaban para cubrir puestos de decisión interna.4
En el caso específico de México, en el año de 1993, se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con el objeto de que las mujeres tuvieran un mayor acceso a las candidaturas. Durante la LVI Legislatura el porcentaje de mujeres pasó de un 8.4 al 13.8 por ciento en la Cámara de Diputados y de un 4.6 al 13.3 por ciento en la Cámara de Senadores.
Para 1996, una nueva reforma al Cofipe, establece que "los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un mismo género". Reforma que no fue del todo significativa en virtud de que la misma no señalaba que las candidaturas a las que se referían deberían ser "efectivas".
En el año 2002, se avanzó más específicamente y se garantizó la distribución de candidaturas "efectivas" entre las categorías de género al establecer criterios en las cinco circunscripciones plurinominales, las cuales afectan a un total de 200 curules del total de 500 que componen la Cámara de Diputados, y ordenándolos en segmentos de tres candidaturas en el orden de la lista plurinominal.
Estas reformas han servido para garantizar como mínimo el 30 por ciento de espacios para las mujeres, sin embargo esta medida no cumple cabalmente con las demandas requeridas, ya que la mitad de la población no puede ser representada con un porcentaje menor al del 50 por ciento, sin mencionar que no ha sido elevada a rango constitucional y en consecuencia es una acción que no se puede considerar como garante del principio de igualdad.
Debemos entender que el respeto a la igualdad de oportunidades y al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, también son principios que forman parte de una democracia.
Al respecto, la filosofa Alicia Miyares señala que "para poder hablar de una democracia plena no sólo han de cumplirse los criterios de voto individualizado, diversidad de partidos y periodos electorales, sino corregir también los fallos de representatividad. De ahí que el feminismo entienda la paridad como un derecho que asegura la representatividad proporcional de los sexos. La paridad garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía. La paridad no es una concesión a la representatividad de las mujeres que dependa del voluntarismo de los partidos políticos, es un derecho que no puede ser alterado dependiendo de las circunstancias políticas exactamente igual que el derecho al voto y por ello debe ser registrado como derecho constitucional de las mujeres. Sin embargo, podemos constatar la resistencia a la admisión de este derecho cuando sólo unos partidos suscriben las cuotas de representación de las mujeres y otros las niegan formalmente. Estamos aún lejos de un pacto de Estado en torno a los derechos de las mujeres".5
En todo el país existen un gran número de mujeres que cuentan con la capacitación, el profesionalismo y la formación necesarias para poder competir por un ascenso a un puesto de alta dirección, a una secretaría de Estado, a ser juezas, magistradas, ministras, agentes investigadoras del Ministerio Público, subprocuradoras, fiscales, directoras, altas ejecutivas, entre otras especialidades.
Pero desafortunadamente estas mujeres siguen encontrándose en el camino baches y grandes muros de discriminación y estereotipos que nos les permiten escalar en su vida profesional.
Actualmente las mujeres que ocupan espacios de decisión deben enfrentar una demanda mayor en las exigencias y expectativas que les son requeridas y esperan de ellas en relación a lo requerido a los hombres que se encuentran en el mismo nivel de jerarquía.
Al hablar de paridad, la mayoría de las ocasiones lo relacionamos con la participación política de las mujeres, sin embargo estamos dejando fuera de este "principio" a todas aquéllas mujeres que aunque su interés no es desarrollarse dentro del ámbito político si lo es dentro de otras esferas como: en los puestos de alto mando en las empresas, en la instituciones públicas y privadas, dentro del gobierno federal, local o municipal; en el poder judicial, en la fuerzas armadas, por mencionar sólo algunos.
Respecto al significado de la paridad, Elena Simón señala, que es mas acertado definirlo como: "igualdad de dos razones por diferencia". Se refiere a la paridad como un término introducido por las mujeres en el lenguaje y en los foros políticos y que se refiere a la proporcionalidad representativa entre hombres y mujeres. También nos remite a los discutidos porcentajes y a las cuotas de presencia estadística de mujeres en sectores en que se halle subrepresentadas e invoca la discriminación positiva para conseguir espacios laborales o políticos en los que, siendo mujer, es difícil o casi imposible entrar sólo por méritos propios, aunque estos sean relevantes, ya que los espacios económicos y de poder político se hallan hiperocupados por los varones.6
Como principales argumentos sobre la importancia de la representación femenina podemos encontrar:
• Argumento sobre la justicia: Las mujeres representan la mitad de la población y tienen derecho a ocupar la mitad de los escaños.
• Argumentos sobre los grupos de interés: Mujeres y varones tienen intereses hasta cierto punto en conflicto y, por lo tanto, los segundos no están en posibilidad de representar a las primeras.
• Argumentos sobre el modelo de conducta: La importancia de que las mujeres que participan en la política sirvan como modelos de conducta y allanen el camino para otras mujeres.
• Argumentos sobre el óptimo uso de recursos y de talentos: Al no incluir a un número considerable de mujeres en los cuerpos políticos se están incurriendo en un desperdicio de recursos humanos, por lo que ninguna sociedad puede darse el lujo de desperdiciar la mitad del talento de su población.7
En la actualidad, diversos organismos internacionales, la Unión Europea y algunos países han firmado su disposición a alcanzar la paridad y han aplicado mecanismos institucionales con este objetivo. Ejemplo de estos son Francia y Bélgica, que realizaron enmiendas en sus constituciones para garantizar el derecho de los hombres y las mujeres a la igualdad y establecieron la paridad entre los géneros en las listas electorales.9
Un ejemplo de proporcionalidad representativa en pro de los derechos de las mujeres, son las medidas tomadas por José Luis Rodríguez Zapatero, quién después de ser elegido presidente del gobierno de España, formó un gabinete de 16 ministros, dividido de forma paritaria entre hombres y mujeres. No obstante, España está lejos de alcanzar cualquier tipo de igualdad de género, tanto en la esfera pública como en la privada. Políticamente, el porcentaje de mujeres representantes en la Cámara baja actualmente es del 28.3 por ciento, comparativamente mejor que la media de los países miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que es del 17.7 por ciento, pero aún lejos de la representación casi paritaria de las mujeres en los tres países que actualmente se encuentran entre los primeros del ranking a estos efectos: Rwanda (48.8 por ciento), Suecia (45.3 por ciento) y Dinamarca (38.0 por ciento).10
En el caso de Francia, el gobierno aprobó en noviembre del 2006, un proyecto de ley que obliga a establecer la paridad entre hombres y mujeres en lo gobiernos de las entidades regionales y locales de ese país.
Al respecto Martha Lamas, en su artículo "Ciudadanía, feminismo y paridad" señala:
El contenido de este artículo es uno de los avances logrados, sin embargo, es inminente que para seguir avanzando, contemos con la garantía constitucional que establezca el principio de la "democracia paritaria", entendiéndose por esta, como un valor político que sirve de equilibrio al principio de igualdad.
Es preciso recordar que México ha firmado instrumentos internacionales, los cuales obligan a integrar a las mujeres a los puestos de decisión ya sean electivos o no.
Tales como:
La Plataforma de Acción de Beijing llama a los gobiernos, los cuerpos nacionales, el sector privado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, instituciones de investigación y académicas, organismos subregionales y regionales y organizaciones no gubernamentales e internacionales a "adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones" y a "aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos".
Las medidas que se recomiendan a los gobiernos incluyen: establecer el "objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres" en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura; adoptar medidas "que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres"; proteger y promover "la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de participación en actividades políticas y libertad de asociación"; vigilar y evaluar los progresos logrados en la representación de las mujeres, y apoyar a las organizaciones no gubernamentales y los institutos de investigación que realicen estudios sobre la participación y la influencia de las mujeres en la adopción de decisiones y en los ámbitos de poder.11
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la Comisión Permanente, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Igualdad de Oportunidades, presentada por la Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago a nombre del Grupo Parlamentario del PRD.
Artículo Único. Se reforma los párrafos primero y segundo del artículo 4; la fracción II del artículo 35, los artículos 41 y 89, primer párrafo del artículo 96 y los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. El Estado garantizará la igualdad para acceder a las oportunidades, promociones, ascensos y estímulos dentro del ámbito en que se desarrollen, ya sea en los sectores público o privado, estableciendo una Democracia Paritaria a través de la proporcionalidad representativa entre hombres y mujeres.
La ley protegerá la organización y el desarrollo de las familias. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
…
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, bajo el principio de igualdad y de democracia paritaria.
III. a IV. …
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, bajo el principio de democracia paritaria, conforme a las siguientes bases:
II. …
III. …
IV. …
Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la república, observando el principio de democracia paritaria someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la república.
…
Artículo 97. Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos, bajo el principio de democracia paritaria y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
…
…
La Suprema Corte de Justicia de la Naciónnombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, bajo el principio de democracia paritaria y conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.
Cada cuatro años, el pleno observando la proporcionalidad representativa entre hombres y mujeres, elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1) Cit. post. Salazar Benítez, Octavio. Las
mujeres y la Constitución europea. Página 4.
2) Fuente: www.ispm.org.ar/paridad/derecha.htm
3) Cfr. Unión Interparlamentaria: Las mujeres
en los parlamentos. 1945-1995. Estudio estadístico mundial,
Ginebra: Unión Interparlamentaria, 1995, pp. 33-42.
4) Cit. post. Arantxa Elizondo, "Partidos políticos
y mujeres", en Edurne Uriarte y Aratxa Elizondo (coord.): Mujeres en
política. Análisis y práctica, Barcelona: Ariel,
1997, p. 106.
5) Cit. post. Miyares, Alicia, "La Paridad como derecho"
http://www.mujeresenred.net/print.php3?id_article=888. Referencia tomada
el tres de julio de 2007.
6) Cfr. Simón Rodríguez, María Elena.
"Democracia paritaria". http://www.nodo50.org/mujeresred/paridad.html
7) Cfr. García Huerta Magdalena y Magar Meurs
Érick. Mujeres Legisladoras en México: avances, obstáculos,
consecuencias y propuestas. pp. 49 y 50.
8) Ibidem, p. 72.
9) Ibidem. p. 73.
10) Fuente: Interparlamentary Union, available at: www.
Ipu.org/wwwmn-e/classif.htm
11) Hacia la décima Conferencia Regional de la
Mujer–Cepal, "Participación política y Paridad de Género
en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles".
Informativo electrónico Número 3, mayo 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de julio de 2007.
Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales)
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RECIBIDA DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 17 DE JULIO DE 2007
El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa de ley que reforma los artículos 56, 74, 357, 358, 359, 371, fracción IX; 540, creándose una nueva fracción V; 541, fracciones V y VI; 542, fracción III; y 545 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de los siguientes razonamientos, que fundamentan la necesidad de una reforma progresiva de la Ley Federal del Trabajo
En la actualidad existen entre otros, dos planteamientos respecto a la posible reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT): la propuesta Abascal, abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN), que como sabemos es una propuesta regresiva, en virtud de que pretende mutilar conquistas fundamentales de los trabajadores plasmadas en la LFT; y la propuesta PRD-UNT, que busca eliminar algunas lagunas de la ley actual.
Es preciso subrayar que por las constantes violaciones a la LFT, por parte de las autoridades laborales, algunos sindicatos, entre los que destaca el Sindicato Mexicano de Electricistas, han planteado la demanda de la restitución de la legalidad constitucional, en este caso en materia laboral, planteando que antes de pensar en reformar la LFT, ésta sea respetada.
En respuesta a ello, los distintos gobiernos neoliberales desde años atrás han planteado "la necesidad" de llevar a cabo reformas estructurales, destacando entre ellas la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y como resultado tenemos que se han planteado iniciativas como la llamada "propuesta Abascal", que se ha distinguido por pretender realizar modificaciones regresivas a las normas de trabajo, a tal grado que nos regresarían a las condiciones laborales que existían en México antes de 1917.
Indiscutiblemente la posición del Sindicato Mexicano de Electricistas es correcta, en el sentido de exigir el respeto a las normas de trabajo establecidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en el contexto nacional actual, con las constantes embestidas del gobierno federal, en contra de las conquistas de los trabajadores, y por consiguiente de la LFT, es necesario plantear una vía, en donde no solamente se fortalezcan las conquistas históricas plasmadas en la LFT actual, sino proponer una reforma mínima a la LFT, desde la óptica de los trabajadores. Esto porque además los voceros de los patrones y del gobierno federal, han pretendido convencer a la opinión pública, diciendo que los sindicatos mantienen al respecto una posición contestataria, diciendo "no" a todo, y que esto no favorece ni el desarrollo ni la modernización de nuestro país.
Los sindicatos no están en contra de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sino están en contra de que se mutilen conquistas históricas de los trabajadores, que contienen derechos mínimos para que estos vendan en forma humana y decente su fuerza de trabajo, como por ejemplo, la jornada de ocho horas, el derecho al salario mínimo, el derecho de asociación, el derecho de huelga, etcétera, figuras todas ellas que les estorban a los patrones trasnacionales y nacionales, y que a través de reformas a la LFT pretenden eliminar.
En este contexto propongo una reforma mínima a la LFT. No lo digo en sentido peyorativo, sino en términos de dejar claro lo que desde nuestra visión debe cambiarse como mínimo en la LFT, para que de manera progresiva ésta se enriquezca, y avancemos en materia de derechos laborales.
Por otra parte, en algunos sectores hay quienes plantean que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por consiguiente sus leyes reglamentarias, entre ellas la LFT, deben de derogarse, porque supuestamente son códigos anacrónicos que defienden solamente los intereses de la burguesía.
No comparto esta visón, debido a que tanto en la Constitución Política de México como en la Ley Federal del Trabajo existen figuras que siguen teniendo actualidad, y conquistas de los trabajadores que debemos defender y preservar, como es el caso de los artículos 3o., 27 y 123 constitucionales, que establecen el derecho a la educación, la exclusividad de la nación en materia energética y el derecho al trabajo con salarios remuneradores, respectivamente. En la LFT, figuras como la irrenunciabilidad de derechos, derecho a la sindicalización, a la huelga, al contrato colectivo de trabajo, entre otras. Lógicamente hay algunos aspectos que mejorar de esta ley a la luz del contexto actual, que necesariamente se deben reestructurar.
Éste es el objeto de la presente propuesta, por lo que a continuación plantearé los ejes que contendrán su conformación:
Exposición de motivos. Exponiendo los razonamientos y elementos que sustentan la presente iniciativa.
Propuesta concreta. Donde expongo los artículos de la LFT que se reforman.
Como lo han enseñado maestros en el tema laboral, por ejemplo el doctor Mario de la Cueva, el derecho del trabajo es un derecho inconcluso; es decir, debe irse perfeccionando históricamente. Por lo mismo, es necesario para entender integralmente la actual Ley Federal del Trabajo, conocer aunque sea de manera muy general, la evolución e historia del derecho del trabajo en México, para que podamos retomar las experiencias históricas en el tema.
Los antecedentes más importantes que en mi opinión tenemos en México, y que contienen elementos del derecho del trabajo, que son los antecedentes más cercanos a la Ley Federal del Trabajo, son los siguientes:
El gobernador Bernardo Reyes promulgó el 9 de noviembre de 1906 una ley que definió al accidente de trabajo, fijando indemnizaciones que llegaban al importe de dos años de salario para los casos de incapacidad permanente total.
Los jefes constitucionalistas inician la creación del derecho del trabajo, y el 8 de agosto de 1914 se decretó en Aguascalientes la reducción de la jornada del trabajo a nueve horas, se impuso el descanso semanal y se prohibió cualquier reducción de salarios.
El 15 de septiembre de 1914 se dictó en San Luis Potosí un decreto fijando los salarios mínimos.
El 19 de septiembre de este año de 1914, Manuel M. Diéguez, gobernador de Jalisco, expide los siguientes decretos: establece el descanso dominical obligatorio; establece un salario mínimo y la jornada de trabajo de 9 horas, prohíbe las tiendas de raya y obliga a que el pago de los trabajadores se haga en moneda de curso legal, además de establecer el derecho a vacaciones para los trabajadores.
El 28 de diciembre de 1915 Aguirre Berlanga publica en Veracruz un decreto que algunos historiadores le llaman la primera ley del trabajo de la revolución constitucionalista, que contiene entre otras cosas: jornada de trabajo de nueve horas, prohibición del trabajo de los menores de nueve años, salarios mínimos en el campo y en la ciudad, protección del salario, reglamentación del trabajo a destajo, aceptación del riesgo profesional y creación de las juntas de conciliación y arbitraje.
Asimismo, en 1915 el general Salvador Alvarado expidió en Yucatán una Ley del Trabajo, estableciendo algunos principios que más tarde formarían parte del artículo 123 constitucional, como por ejemplo: el trabajo no puede ser considerado una mercancía, las normas del trabajo deben servir para que los trabajadores organizados luchen contra los empresarios, las normas legales contienen únicamente los beneficios mínimos que deben disfrutar los trabajadores; asimismo, reglamentó las asociaciones colectivas y el derecho a la huelga, estableció las bases del derecho individual del trabajo, como jornada máxima, descanso semanal, salario mínimo.
Además, a pesar que la formulación del artículo 123 era un enorme avance en la formación del derecho del trabajo en México, algunos sectores de trabajadores consideraban que esto era insuficiente, en virtud de que la República Mexicana era un enjambre de leyes del trabajo, que daban a los trabajadores tratamientos distintos, situación que contradecía el principio democrático de la igualdad de derechos y beneficios. Por esta razón, en el año de 1929, se reforma la Constitución Política Mexicana, para crear la primera Ley Federal del Trabajo en nuestra historia.
Vale la pena destacar que para la formulación de esta Ley Federal del Trabajo, el gobierno federal de aquel entonces le dio participación a los actores del proceso del trabajo: la Secretaría de Gobernación convocó a una asamblea obrero-patronal que se reunió el 15 de noviembre de 1928 para elaborar un proyecto del Código Federal del Trabajo, documento que fue publicado por la CTM, por la parte obrera con las observaciones de los empresarios, siendo éste el antecedente concreto de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Finalmente el 6 de septiembre de 1929 se publicó la reforma constitucional, y dos años más tarde se redactó el proyecto elaborado por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, al que no se le dio nombre de código, sino de ley, enviándose al Congreso de la Unión, en donde fue ampliamente debatido y modificado, y finalmente aprobado y promulgado con el nombre de Ley Federal del Trabajo el 18 de agosto de 1931.
Posteriormente, en 1960 el presidente Adolfo López Mateos designó una comisión para que preparara un anteproyecto de una nueva Ley Federal del Trabajo. Se designó entre sus miembros al doctor en derecho Mario de la Cueva. Se les instruyó para que iniciaran una investigación y se hicieran propuestas de reforma a la legislación del trabajo. Como producto de estas investigaciones se concluyó que para armonizar reformas a la Ley Federal del Trabajo se tenían que reformar también algunas fracciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, por esta reforma se decreta la creación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 1962.
A inicios de 1967, el entonces presidente de la república, Díaz Ordaz, designó una segunda comisión, integrada con las mismas personas que la anterior, con objeto de que se preparara un segundo proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. En 1968 por fin se concluyó el llamado anteproyecto, enviándose copia a todos los sectores interesados para que expresaran su opinión y formularan las observaciones que juzgasen convenientes.
Los patrones a través de sus representantes, al hacer sus observaciones, adoptaron una postura totalmente negativa, rechazando todas las normas que se proponían mejorar las prestaciones de los trabajadores. En contraste, los representantes de los trabajadores hicieron observaciones y aportaciones muy importantes al proyecto, con el objeto de mejorar las conquistas obreras, para elevar el nivel de vida de los trabajadores.
Como señala el compañero Mario de la Cueva, en su obra El nuevo derecho mexicano del trabajo, el proceso de formación de la Ley Federal del Trabajo de 1970 prueba que el ordenamiento nuevo no es una obra de gabinete, ni es tampoco el resultado de un pensamiento abstracto alejado de la realidad, sino el resultado "de un proceso democrático, de debate libre", con el propósito de coadyuvar sincera y noblemente a la erradicación de la miseria. Fue así como se creó la Ley Federal del Trabajo de 1970.
La Ley Federal del Trabajo de 1970 es perfectible, indudablemente, y precisamente por ello los trabajadores nos oponemos y rechazamos las propuestas de reformas que buscan o intentan retroceder, mutilando las conquistas obreras sin ni siquiera escuchar las opiniones de los trabajadores, sino sólo respondiendo a intereses de los empresarios, como es el caso de la llamada "propuesta Abascal".
Y para que después la patronal, junto con sus administradores, los funcionarios del gobierno federal, no digan que asumimos una posición contestataria, es que planteamos esta reforma mínima progresiva a la LFT, con objeto de fortalecer las prestaciones de los trabajadores.
Exposición de Motivos
Condiciones de trabajo. Se modifica el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. De manera sistemática, ya en los hechos los patrones han flexibilizado en varios casos la fuerza de trabajo de los trabajadores, creando obreros "milusos", violentando las condiciones individuales de trabajo, o bien las condiciones contractuales, con el señuelo de elevar la productividad.
La presente propuesta busca fortalecer la legalidad en lo referente a las condiciones de trabajo de los trabajadores, con objeto de que no sea posible que por la necesidad del empleo los patrones sometan a los obreros a condiciones de trabajo fuera de la ley.
Además el fomento al turismo no tiene que ver con generar fines de semana largos, sino más bien tiene que ver con que los trabajadores tengan un salario remunerador que, de acuerdo con la norma constitucional, permita a ellos y a su familia ganar lo suficiente para tener alimentación, vestido, vivienda, educación y recreación.
Por tales motivos se hace necesario reformar este artículo 74, para corregir la lesión que se le hace a los contratos colectivos, por lo que agrego un párrafo nuevo, en donde se establece que en los casos en que los contratos colectivos de trabajo tengan regulados los días no laborales se aplique lo establecido en estos últimos.
Por esos motivos, es necesaria y urgente la modificación de los referidos artículos, con objeto de frenar e impedir la ingerencia tanto patronal, gubernamental, judicial y legislativa en la vida interna de los sindicatos, y que sean en los hechos los trabajadores, los que de manera democrática y autónoma elijan a sus dirigentes, y lleven a cabo sin ingerencia alguna su vida sindical.
Por estas razones, propongo a esta soberanía la reforma de los artículos 540, 541, 542, 545 y 547 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan actualmente la inspección del trabajo, con objeto de hacerla eficiente y que responda a las necesidades de que se observen de manera rigurosa las normas del trabajo en la materia.
Por todo lo expuesto y fundado, propongo a esta Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa de ley que reforma los artículos 56, 74, 357, 358, 359, 371, fracción IX; 540, creándose una nueva fracción V; 541, fracciones II, V y VI y VIII nueva; 542, fracción III; y 545 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 56. Las condiciones…
Salvo en casos de emergencia, ni el patrón ni tampoco el sindicato podrán convenir que se realicen por los trabajadores labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, respetándose los servicios que deba prestar el trabajador al patrón, acordados en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo de trabajo.
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
II. El…
III. El…
IV. El…
V. El…
VI. El…
VII. El…
VIII. El…
IX. El…
Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Queda prohibido a las autoridades gubernamentales intervenir en la vida interna de los sindicatos o realizar acciones que tiendan a limitar el derecho de organización y el libre funcionamiento de los sindicatos, o a entorpecer su ejercicio legal.
Artículo 358. A nadie…
Cualquier…
Todo acto de presión o de intervención en la vida interna de los sindicatos de los trabajadores, realizado por los patrones o por alguna autoridad gubernamental, que en consecuencia produzca reducción de derechos o violación a la autonomía sindical, causará nulidad de acuerdo a lo establecido en la fracción XIII del artículo 5o. de la presente ley.
Se entiende por actos de presión o de intervención en la vida interna de los sindicatos los siguientes:
Que algún miembro de la directiva, o demás representantes sindicales en funciones, sea despedido o sujeto a baja de categoría o de salario por el solo hecho de ser dirigente sindical.
Se amenace a los trabajadores o se ejerza violencia física o psicológica sobre ellos para impedir su participación en la vida sindical o en la formación de un sindicato.
Las autoridades públicas tienen prohibida toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Artículo 371. Los estatutos…
II. ...
III. …
IV. Duración…
V. Condiciones…
VI. Obligaciones…
VII. Motivos…
VIII. Forma…
IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros. Independientemente de lo establecido por este procedimiento, las directivas de los sindicatos deben ser electas a través del voto secreto, directo y universal.
II. Facilitar…
III. Poner…
IV. Realizar…
V. Proporcionar a los sindicatos, trabajadores y patrones la información técnica con la que cuenten, incluyendo el acceso a las actas levantadas; y
VI. Las…
II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, previa identificación, con la participación sindical en la empresa o establecimiento respectivo.
III. Interrogar…
IV. Exigir…
V. Exigir que se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo;
VI. Exigir que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente; asimismo, con la participación de los sindicatos pueden ordenar las modificaciones en la instalación o empresa dentro de un plazo determinado, que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la salud o seguridad de los trabajadores;
VII. Examinar…
VIII. Para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o de la noche, en todo establecimiento o empresa sujetos a inspección.
IX. Los…
Artículo 542. Los inspectores del trabajo tienen las obligaciones siguientes:
II. Inspeccionar…
III. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores o cuando reciban alguna denuncia respecto de violaciones a las normas de trabajo. Si los inspectores del trabajo no acudieran a practicar oportunamente dichas inspecciones extraordinarias, al recibir una denuncia de los trabajadores, y si las condiciones de trabajo fueran riesgosas para la vida de los trabajadores, o el riesgo pudiera justificar momentáneamente la suspensión de la ejecución de los trabajos o la no utilización momentánea de las instalaciones, vehículos, herramientas, útiles o equipo, los responsables directos de la ejecución de los trabajos tomarán las providencias necesarias al respecto, e informarán inmediatamente a la comisión o comisiones de seguridad e higiene correspondientes, con objeto de que un comisionado trabajador de confianza y un trabajador sindicalizado miembro de esa comisión de seguridad e higiene determinen formalmente la procedencia o no de la suspensión de la ejecución de los trabajos o de la no utilización de lo arriba mencionado;
IV. Levantar acta…
V. Las demás…
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la ComisiónPermanente, a 12 de julio del 2007.
Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Julio 17 de 2007.)
La de la voz Alma Hilda Medina Macías, diputada federal de la LX Legislatura, en nombre de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El Seguro Popular es un noble programa cuyo propósito es brindar protección a la población no derechohabiente mediante un seguro de salud, público y voluntario, orientado a reducir los gastos médicos a los ciudadanos y fomentar la atención oportuna a la salud. Para los diputados de Acción Nacional es muy importante contribuir en el bienestar de todos los mexicanos, por esta razón es que estamos muy pendientes de que los programas que procuran el bien común, se realicen sin obstáculos.
II. Es pertinente señalar que los diputados del PAN hemos recibido de ciudadanos poblanos inquietudes en lo que respecta a la aplicación del Seguro Popular, con preocupación también tenemos información proveniente de diferentes medios de comunicación acerca de diversas anomalías que se han registrado en la operación del programa en comento; estamos verdaderamente alarmados ya que con ello se ha afectado a la salud de miles de poblanos, fundamentalmente se está violando uno de los principales derechos humanos y con esto, también se está violentando el estado de derecho.
III. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fundamento la intervención inmediata en este asunto de la Secretaría de la Función Pública:
Es momento de que aclaremos dudas y en su defecto, deslindar responsabilidades, pues para el gobierno federal es fundamental promover la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas ya que sólo de este modo mejoraremos la gestión de la administración pública federal. En este tenor, también consideramos oportuno exhortar al gobierno del estado de Puebla, con fundamento en el artículo 79 de la Constitución Política del estado de Puebla.
I. En el orden federal, las que determinen la Constitución y las leyes federales.
II. Ejercer la representación general del estado.
III. Promulgar y mandar publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia.
…
XIV. Cuidar, en los distintos ramos de la administración, que los caudales públicos estén siempre seguros y se recauden e inviertan con arreglo a las leyes…
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al gobierno del estado de Puebla para que investiguen y rindan un informe sobre la aplicación del ejercicio 2006 de los recursos del Seguro Popular en el estado de Puebla, así como el proceso de adjudicación de bienes.
Segundo. Que se informe a esta Cámara a la brevedad, sobre los resultados de dicha revisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de julio de 2007.
Diputada María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Julio 17 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A ATENDER Y DAR RESPUESTA, A TRAVÉS DE LA CONAGUA Y DE LA PROFEPA, EN CONCURRENCIA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO BLANCO PARA REVERTIR SU CONTAMINACIÓN, RECIBIDA DEL DIPUTADO CELSO DAVID PULIDO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MARTES 17 DE JULIO DE 2007
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Río Blanco en el estado de Veracruz nace en las cumbres de Acultzingo y termina junto con el río Papaloapan formando la laguna de Alvarado.
La contaminación del Río Blanco es conocida y es provocada por la industria de las ciudades de Nogales, Orizaba y Córdoba, ya que usan al río como vía de eliminación de sus desechos, y sus caudales descienden al municipio de Tierra Blanca. El Río Blanco ha servido para la generación de energía eléctrica para las fábricas textiles que operan en la región. En él, además son arrojadas las descargas de los residuos de los ingenios azucareros, de las industrias de la caña de azúcar, del papel, de bebidas, de la química, entre otras ramas industriales, que se asientan a lo largo de sus márgenes.
La propia Comisión Nacional del Agua reconoce en diversos documentos oficiales al Río Blanco como el cuerpo receptor que muestra los más altos niveles de contaminación en la región Golfo Centro.
Existen informes serios de que la salud de la población está siendo afectada por la contaminación industrial del río Blanco. En estudios recientes de investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM se asocia el creciente número de casos de insuficiencia renal terminal (IRT) y los correspondientes fallecimientos en niños y jóvenes del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, con la contaminación del Río Blanco.*
Informaciones periodísticas señalan que por IRT, desde 1998 a 2003, 270 personas fallecieron en seis años, y que en promedio mueren seis personas cada mes. Otros datos son más alarmantes señalando que por lo menos unas mil personas en los últimos cinco años han fallecido por el consumo de las aguas contaminadas del Río Blanco.
Por todo esto hay una queja recurrente de los habitantes afectados; señalan que las autoridades no hacen nada ante la gravedad de la situación.
Importantes actores de la sociedad civil, como grupos de pescadores, ganaderos, agricultores, ambientalistas, entre otros, exigen la intervención de las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno, en especial de las federales para solucionar esta grave problemática con proyectos integrales de saneamiento efectivo para acabar con la contaminación del Río Blanco.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que a través de sus organismos sectorizados, como son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en concurrencia, y de manera respetuosa en el ámbito de sus atribuciones, con el gobierno del estado de Veracruz atiendan y den respuesta inmediata a las justas demandas de la población asentada en las márgenes del Río Blanco para revertir su contaminación y deterioro.
Nota
* Mendoza Patiño N., et al,
"Tóxicos renales", en Revista de la Facultad de Medicina,
UNAM, vol. 49, número 1, enero-febrero, 2006-2007, pp. 34-37.
Sesión de la Comisión Permanente, a 18 de julio de 2007.
Diputado Celso David Pulido Santiago (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Julio 17 de 2007.)
Con base en el principio de acceso a la información pública y la rendición de cuentas, la comisión especial rinde su primer informe semestral de actividades.
I. Fundamento legal
Con fundamento en la fracción 6, inciso b), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación de rendir un informe semestral de actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos presenta el informe relativo al periodo comprendido de diciembre de 2006 a junio de 2007, correspondiente al primer año de ejercicio de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.
Los trabajos de la comisión se realizan atendiendo lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 42 y 44 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de llevar a cabo las tareas de estudio, análisis, revisión y atención de los asuntos vinculados con la problemática del combate a la brecha digital y el correspondiente acceso a las tecnologías de la información y comunicación por parte de todos los mexicanos, ello a través de las facultades legislativas, políticas y de gestión.
El contenido de este informe incluye rubros en los cuales se enuncian las actividades que desarrolló la comisión durante el primer semestre, a partir de su creación. La consecución de los objetivos trazados en el programa anual de actividades y las áreas donde es necesario intensificar los trabajos para el desahogo oportuno de los asuntos de su competencia.
II. Integración de la comisión especial
Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados de fecha 18 de diciembre de 2006, y que fue aprobado en la misma fecha por el Pleno, se creó la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos, cuya integración fue la siguiente:
Carlos Alberto Torres Torres, presidente (PAN); Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), Francisco Martínez Martínez (PRD), secretarios; Claudia Gabriela Caballero Chávez (PAN), Beatriz Collado Lara (PAN), Jesús Vicente Flores Morfín (PAN), Rocío del Carmen Morgan Franco (PAN), María del Carmen Pinete Vargas (PRI), Eduardo Sánchez Hernández (PAN), Antonio Vega Corona (PAN).
III. Instalación de la comisión especial
El 21 de diciembre de 2006 quedó legalmente instalada la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Con ello los integrantes asumieron la encomienda parlamentaria de desempeñar su trabajo de manera profesional, responsable, conjunta y en un marco de respeto y tolerancia de las diferencias, con objeto de atender la problemática del combate a la brecha digital mediante la construcción de un programa de carácter nacional en la materia.
En cuanto a las actividades de la comisión especial, se realizaron diversas reuniones de trabajo; se llevaron a cabo diversas acciones con diferentes grupos del sector, y se participó en diferentes eventos para establecer la posición de la comisión en el sector a nivel nacional e internacional.
IV. Integración actual de la comisión especial
Es oportuno mencionar que se realizaron cambios en la composición de la comisión, que continúa siendo de 10 diputados de diferentes grupos parlamentarios, toda vez que Claudia Gabriela Caballero Chávez causó baja mediante el oficio número D.G.P.L.60-II-0-483 de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, con fecha 24 de abril de 2007.
Por su parte, María Gabriela González Martínez causó alta como integrante de la comisión mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-0-511 de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, con fecha 26 de abril de 2007.
En razón de lo anterior, la comisión especial está integrada de la siguiente forma:
Carlos Alberto Torres Torres, presidente (PAN); Enrique Cárdenas del Avellano (PRI), Francisco Martínez Martínez (PRD), secretarios; Beatriz Collado Lara (PAN), Jesús Vicente Flores Morfín (PAN), María Gabriela González Martínez (PAN), Rocío del Carmen Morgan Franco (PAN), María del Carmen Pinete Vargas (PRI), Eduardo Sánchez Hernández (PAN), Antonio Vega Corona (PAN).
V. Reuniones de la comisión especial
A convocatoria del presidente de la mesa directiva de la comisión especial, durante el periodo que comprende del 21 diciembre de 2006 al 30 de junio de 2007 se celebraron en total cinco reuniones, de las cuales una fue para la instalación de la comisión, tres reuniones de trabajo y una sesión plenaria, en las que se discutieron y aprobaron diversos asuntos contenidos en las actas respectivas, por lo que, al tratarse de temas concurrentes, se describen cronológicamente a continuación:
29 de enero. Reunión de trabajo con John E. Davies, vicepresidente internacional del corporativo Intel, encargado del área World Ahead, que se ocupa de la estrategia mundial de dicha empresa para la inclusión digital; así como con Andrés Hoffman, director de la revista Política Digital, publicación que promueve e impulsa la adopción de estrategias gubernamentales en la materia.
28 de febrero. Reunión de trabajo con el corporativo Microsoft. Los trabajos sirvieron para escuchar las estrategias que la empresa se encuentra desplegando como medio de combate a la brecha digital, así como las inquietudes que encuentran en materia normativa de tecnologías de la información y comunicación.
27 de marzo. Sesión Plenaria. Con la asistencia de 8 de los 10 integrantes se aprobó el plan de trabajo de 2007 para el desempeño de la comisión.
29 de marzo. Reunión de trabajo con el doctor Craig Barrett, jefe de la Alianza Global de Naciones Unidas para el Desarrollo y las Tecnologías de la Información. En dicha sesión se nos presentaron las estrategias que Naciones Unidas se encuentra realizando en materia de promoción al acceso digital.
Cumpliendo la normatividad de la Cámara de Diputados, en marzo, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se participó con una comitiva de cuatro diputados en el foro de Líderes de Latinoamérica, en Cartagena, Colombia; y en junio, con una comitiva de cinco diputados, en el VII Congreso Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones:
21 de marzo. Visita a la planta de reciclaje de equipos de cómputo, en Bogotá, Colombia. Como parte de la gira por Colombia se visitó la experiencia exitosa del proyecto para reacondicionar equipos de cómputo, por el que se canalizan al sector educativo.
29 y 30 de junio. VII Congreso Anual de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones, AC (Anadic). Participación de una comitiva de la comisión especial formada por el presidente, Carlos Alberto Torres Torres; los secretarios, Enrique Cárdenas del Avellano y Francisco Martínez Martínez; y Beatriz Collado Lara y Antonio Vega Corona.
Se han sostenido las siguientes reuniones de trabajo con el sector público: Jurídico de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); Sistema de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta); Sistema E-México; Secretaría de la Función Pública; titular de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información; Economía Digital (Secretaría de Economía); Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI); Programa Sociedad de la Información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Con el sector privado: Reunión con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (Canieti); Asociación Mexicana de Internet (Amipci); México Digital; Corporativo Select; Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones, AC (Anadic); Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI).
Finalmente, con el sector académico y editorial: con Andrés Hoffman, director de la revista Política Digital; y con el consejo editorial de la revista Red.
Todo ello con la finalidad de analizar diversos problemas por los que atraviesa el país en materia de tecnologías de la información y comunicación.
Se entregaron a los diputados integrantes de la comisión diversos estudios y documentos relativos a la materia de la comisión especial.
Todo lo anterior, para comenzar los trabajos hacia un proyecto de iniciativa de ley para una sociedad del conocimiento en México, y el establecimiento de una estrategia del país en la materia.
Con base en lo anterior, y de conformidad con el artículo 45, párrafo 6, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión hace entrega del primer informe de actividades correspondiente al periodo que comprende del 21 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2007.
México, DF, a 18 de julio de 2007.
Atentamente
Diputado Carlos Alberto Torres Torres
Presidente
En la comunidad de Capulálpam de Méndez, distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, siendo las 10 horas del sábado 14 de julio de 2007 se reunieron en el salón de usos múltiples de la comunidad de Capulálpam de Méndez los ciudadanos Javier Cosmes Pérez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales; Aarón Ramírez Bautista, presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales; Eleazar Pérez Cosmes, presidente municipal; Hipólito García Peguero, síndico municipal; Reynaldo López García, presidente el Comité pro Defensa de los Recursos Naturales. Estuvieron presentes Edmundo Solís, superintendente de la compañía minera La Natividad y Anexas; y el ingeniero Juan López, geólogo de Continuum Resources. Como testigos de honor estuvieron los diputados federales Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas; Diego Cobos Terrazas, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Carlos Martínez Martínez, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas; Othón Cuevas Córdova, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas; Aleida Alavez Ruiz, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas; así como los diputados locales Ana Luisa Zorrilla Moreno, presidenta de la Comisión de Ecología; Genaro Vásquez Colmenares, presidente de la Comisión de Cultura; Leodegario Melchor Ordaz, integrante de la Comisión Agropecuaria, Minera y Forestal; Heriberto Ambrosio Cipriano, diputado por el distrito Ixtlán-Villa Alta.
El objetivo era continuar la mesa de diálogo respecto a los trabajos de minería desarrollados por la empresa La Natividad y Anexas y Continuum Resources en la región. Se llegó a los siguientes acuerdos:
Al no cumplir los acuerdos de la minuta del 16 de junio del año en curso, y no presentar la empresa minera La Natividad y Anexas o Continuum Resources ningún documento, en contra de lo que fue acordado con anterioridad; al considerarse tal hecho falta de respeto hacia los legisladores federales y estatales, hacia las autoridades municipales y comunales de Capulálpam de Méndez, y en general hacia la comunidad entera; y al considerarse muestra de desinterés el cumplimiento del marco legal vigente por parte de las empresas, todo ello imposibilita iniciar un diálogo serio que permita solucionar este grave conflicto que afecta a nuestra comunidad y a la región. Por tal motivo esta asamblea acuerda:
Segundo. Exigir a las autoridades federales vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas sobre límites máximos permisibles de contaminantes en agua suelo y aire que pudieran resultar aplicables a la empresa minera La Natividad y Anexas o Continuum Resources que realiza actividades en la comunidad de Capulálpam de Méndez, y que realicen los estudios y muestreos necesarios que permitan conocer los impactos ambientales que ha ocasionado la empresa minera con la finalidad de que ésta restaure los daños ocasionados.
Tercero. Que una comisión de diputados federales y estatales integren un grupo de trabajo con la participación de autoridades municipales y comunales de Capulálpam de Méndez, así como con la participación de funcionarios de la administración pública federal para recavar la información que permita revisar la legalidad en la operación de la empresa minera La Natividad y Anexas o Continuum Resources para trabajar en la región.
Cuarto. Que por intermediación de los diputados federales aquí presentes se abra ante la Secretaría de la Función Pública una investigación sobre posibles actos que resulten en responsabilidad de servidores públicos relacionados con el otorgamiento de distintas concesiones, autorizaciones y permisos relacionados con los trabajos de la minera La Natividad y Anexas o Continuum Resources en el territorio comunal de Capulálpam de Méndez y, en su caso, se dé parte a las autoridades competentes.
Quinto. Que de manera urgente las dependencias competentes apliquen las medidas administrativas necesarias para clausurar de manera temporal la compañía minera La Natividad y Anexas o Continuum Resources, en tanto se realizan las investigaciones a que se refieren los acuerdos anteriores.
Sexto. En caso de que la empresa minera no suspenda sus actividades de exploración y explotación minera, y las autoridades federales no cumplan su responsabilidad, nos reservamos el derecho de iniciar los procedimientos administrativos o judiciales a que haya lugar en contra de quien o quienes resulten responsables.
Por la comunidad de Capulálpam de Méndez
Ciudadano Pedro Aarón Ramírez Bautista (rúbrica)
Presidente del Consejo de Vigilancia
Ciudadano Eleazar Pérez Cosmes (rúbrica)
Presidente Municipal
Ciudadano Hipólito García Reguero (rubrica)
Edmundo Solís Acevedo
Superintendente de La Natividad y Anexas
A su reunión de trabajo con una delegación de parlamentarios de Rumania, encabezada por el Presidente de la Cámara de Diputados de ese país, legislador Bogdan Olteanu, que se realizará el martes 24 de julio, a las 11:30 horas, en la sala de juntas de la convocante.
Atentamente
Diputado Gerardo Buganza Salmerón
Presidente
DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A su undécima sesión ordinaria, que se llevará cabo el martes 24 de julio, a las 14 horas, en la sala de juntas de la comisión, situada en el edificio D, segundo nivel.
Atentamente
Diputado Héctor Padilla Gutiérrez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su reunión de trabajo con académicos del Colegio de la Frontera Norte, AC, para tratar el tema Necesidades de una reforma en materia de desarrollo metropolitano, que se verificará el martes 24 de julio, a las 15 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la reunión de mesa directiva que tendrá lugar el miércoles 25 de julio, a las 9 horas, en el salón F del edificio G.
Orden del Día
4. Presentación de los siguientes proyectos de dictamen:
a) Por el que se aprueba el punto de acuerdo para exhortar
al gobierno federal a considerar, a través de la Secretaría
de Turismo, la incorporación del municipio de Boca del Río,
Veracruz, al programa del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
b) Por el que aprueba el punto de acuerdo para exhortar
al titular del Poder Ejecutivo federal a iniciar, a través del Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el procedimiento establecido en el Reglamento
de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a
efecto de que se ejercite la acción de revisión parcial del
decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en el municipio
de Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente.
c) En comisiones unidas con la de Economía, por
el que se aprueba el punto de acuerdo para exhortar a las secretarías
de Economía, de Desarrollo Social, y de Turismo a crear un programa
que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de
artesanos de plata.
d) En comisiones unidas con la de Cultura, por el que
se aprueba el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Turismo a realizar, a través del Consejo de Promoción Turística,
una campaña de promoción permanente sobre Teotihuacán.
5. Presentación del proyecto "Parque lineal y parque
histórico, ecoturismo Puente de Calderón", a cargo del licenciado
Héctor Álvarez Cortés, presidente municipal de Zapotlanejo,
Jalisco.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE ACCESO AL AGUA Y A LA PROTECCIÓN DE AMBIENTES ACUÁTICOS
A la reunión de mesa directiva que se realizará el miércoles 25 de julio, a las 10 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante.
Atentamente
Diputada María Soledad López Torres
Presidenta
DE LA COMISIÓN PARA INVESTIGAR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA EN CUANTO AL ORIGEN, COBRO, DESTINO E IMPACTO QUE TIENE EN LAS FINANZAS EL PAGO DEL DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO
A su primera sesión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de julio, a las 10 horas, en el salón D del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la decimoquinta reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 25 de julio, a las 10:30 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
4. Presentación de los siguientes proyectos de dictamen:
a) Por el que se aprueba el punto de acuerdo para exhortar
al gobierno federal a considerar, a través de la Secretaría
de Turismo, la incorporación del municipio de Boca del Río,
Veracruz, al programa del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
b) Por el que aprueba el punto de acuerdo para exhortar
al titular del Poder Ejecutivo federal a iniciar, a través del Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el procedimiento establecido en el Reglamento
de la Ley Agraria en materia de reordenamiento de la propiedad rural, a
efecto de que se ejercite la acción de revisión parcial del
decreto presidencial expropiatorio de fecha 28 de mayo de 1984 en el municipio
de Santa María Huatulco, Oaxaca, ante el tribunal agrario competente.
c) En comisiones unidas con la de Economía, por
el que se aprueba el punto de acuerdo para exhortar a las secretarías
de Economía, de Desarrollo Social, y de Turismo a crear un programa
que fortalezca y modernice la micro, pequeña y mediana empresa de
artesanos de plata.
d) En comisiones unidas con la de Cultura, por el que
se aprueba el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Turismo a realizar, a través del Consejo de Promoción Turística,
una campaña de promoción permanente sobre Teotihuacán.
5. Presentación del proyecto "Parque lineal y parque
histórico, ecoturismo Puente de Calderón", a cargo del licenciado
Héctor Álvarez Cortés, presidente municipal de Zapotlanejo,
Jalisco.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el miércoles 25 de julio, a la 11 horas, en la sala de juntas de esta unidad parlamentaria.
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión de trabajo con el subdirector de Finanzas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, licenciado José María Rivera Cabello, que se efectuará el miércoles 25 de julio, a las 12 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES
A su reunión de trabajo, que se celebrará el miércoles 25 de julio, a las 12 horas, en el salón C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE ACCESO AL AGUA Y A LA PROTECCIÓN DE AMBIENTES ACUÁTICOS
A su sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 25 de julio, a las 14:30 horas, en el salón A del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A su reunión de trabajo con la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, arquitecta Sara Topelson Friedman, que se llevará a cabo el miércoles 25 de julio, a las 17:30 horas, en la sala oval de la mencionada dependencia, situada en avenida Paseo de la Reforma 116, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.
La reunión tendrá la finalidad de abordar temas sobre reforma metropolitana.
Atentamente
Diputado Obdulio Ávila Mayo
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 26 de julio, a las 9 horas, en el salón A del edificio G.
Atentamente
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se realizará el jueves 26 de julio, a las 12 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS QUE VIVEN EN EL BOSQUE
A la reunión que sostendrá con el director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), biólogo José Cibrián Tovar, que tendrá lugar el viernes 27 de julio, a las 11 horas, en el salón C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A la octava reunión de mesa directiva, que se verificará el martes 31 de julio, a las 9:30 horas, en el edificio D, segundo piso.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
A su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 11 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
Al Encuentro laico internacional sobre diversidad, sexualidad y familias, que cocluirá el viernes 20 de julio, de las 10 a las 14 y de las 16 a las 19 horas, en el auditorio del edificio E.
El objetivo del encuentro consiste en propiciar la reflexión nacional para impulsar políticas públicas en el marco de un Estado laico, que fortalezca el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, a través de la formulación de leyes y de programas que promuevan la educación de la sexualidad, el cuidado de la salud sexual, el respeto de la diversidad sexual y social, y el reconocimiento de las distintas formas de organización familiar.
Se contará con la participación de representantes de los sectores involucrados en la discusión; entre otros: expertos nacionales e internacionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores.
Entre los invitados internacionales se encuentran Vladimir Luxuria, diputada de Italia; Louis George Tin, presidente del Comité Internacional para el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia; Carla Antonelli, activista transexual española; Georgina Beyer, ex alcaldesa y ex diputada transexual de Nueva Zelandia; y Frances Kissling, presidenta de Catholic for a Free Choice.
El encuentro es gratuito y está abierto al público en general. Se entregará constancia si se asiste como mínimo a 80 por ciento de las ponencias.
Temas
• "Estado laico y marco jurídico"
Estado laico en México.
Ley de Identidad de Género en España.
Despenalización del aborto.
Estado laico y objeción de conciencia.
Crímenes de odio por homofobia.
Reconocimiento jurídico a parejas del mismo sexo.
Ley para Personas Transgénero y Transexuales.
• "Derecho a la salud sexual y reproductiva"
Derechos sexuales.
Derechos reproductivos.
Salud sexual.
VIH/sida.
• "Diversidad sexual"
Identidades y expresiones de género diversas.
Jornada Mundial de Lucha contra la Homofobia.
Historia de la diversidad sexual.
Transgénero-transexuales.
Bisexualidad.
Identidades lésbicas.
Diversidad sexual en el medio urbano y en el rural.
• "Familias"
Diversidad de familias en México.
Familias queer.
Masculinidades y familias.
Familias y mujeres en México.
Familias y diversidad sexual.
Atentamente
Diputado David Sánchez Camacho
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la inauguración de la exposición de la obra del pintor michoacano Santiago Bucio, que permanecerá hasta el viernes 20 de julio, en el vestíbulo principal, ala norte.
En la explanada se exhibirán libros, revistas, folletos, carteles y discos compactos, en apoyo del Encuentro laico internacional sobre diversidad sexual y familias (que realiza también el diputado David Sánchez Camacho).
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
Al diplomado El Legislativo ante la gestión metropolitana, organizado con la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llevará a cabo hasta el martes 24 de julio, de las 8 a las 11 horas, en el salón de usus múltiples del edificio I, planta baja.
Diplomado
El Legislativo ante la gestión metropolitana
Aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos viven en las 55 zonas metropolitanas, en menos del 10 por ciento del territorio nacional, que en conjunto aportan casi 80 por ciento del PIB y padecen concentración, crecimiento desordenado e irregular y déficit de cobertura y calidad de infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Rezagos, desequilibrios y magnitud de las demandas exigen una adecuada coordinación entre gobiernos locales y eficacia gubernativa y de gestión para inducir la concurrencia de los sectores privado y social y preservar los equilibrios requeridos de funcionalidad urbana, gobernabilidad y desarrollo sustentable. Las atribuciones relacionadas con el ordenamiento territorial y la conducción del desarrollo demandan una atención urgente de los Poderes de la Unión.
Por eso la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados impulsa una visión integrada del fenómeno metropolitano que sirva de marco de referencia, con sustento técnico, para orientar tanto el diseño de iniciativas de ley como su discusión y dictamen, de manera que sean pertinentes, viables y benéficas para la sociedad. Con esa finalidad, la comisión solicitó al Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Universidad Autónoma Metropolitana el diseño y desarrollo de esta capacitación especializada para legisladores y personal técnico parlamentario, en virtud de la amplia experiencia en esta materia.
Justificación
Estas actividad es parte del programa de trabajo de la comisión y permitirá contar con referentes adecuados que permitan entender mejor la evolución del fenómeno metropolitano, las experiencias de gestión y legislación local y contribuir así a enriquecer el criterio del legislador en la elaboración de iniciativas de ley y sus dictámenes. Por la temática y aproximación, es el primer diplomado en su tipo en el ámbito legislativo.
Respaldo institucional
El diplomado es resultado de la decisión de la Junta de Coordinación Política para apoyar las acciones institucionales dirigidas a proveer soporte técnico especializado a los integrantes de la legislatura y al personal técnico que le sirve para el desempeño de las funciones y del trabajo legislativo; mereció la recomendación favorable del Comité de Administración y la calidad está respaldada por la experiencia y excelencia de docentes e investigadores del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, pionero en este campo.
Objetivo
Enriquecer perspectivas y actualizar enfoques acerca del fenómeno de urbanización metropolitana, los requerimientos de gestión y los criterios técnicos a considerar en el diseño de políticas públicas y leyes en la materia.
Temática
Los contenidos comprenden tres ejes: a) implicaciones del fenómeno en su contexto internacional y nacional, b) revisión del marco legal vigente en la materia y c) análisis de la gestión pública (infraestructura, servicios públicos, uso del suelo, política fiscal, participación ciudadana).
Método de trabajo
En cada sesión habrá una exposición a cargo del especialista en el tema, luego se dará paso a preguntas y respuestas y se concluirá con el análisis grupal de un estudio de caso. Se proporcionará material de consulta y bibliografía, habrá dos mesas redondas de expertos y se inducirá una participación activa.
Duración
Sesenta y seis horas en 22 sesiones en total, 3 sesiones por semana, martes, miércoles y jueves de 8:00 a 11:00 horas. Inicia el 5 de junio y concluye el 24 de julio de 2007.
Coordinador general: Diputado Obdulio Ávila Mayo, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Coordinador académico: Maestro Roberto Eibenschutz Hartman, coordinador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, Universidad Autónoma Metropolitana.
Requisitos
b) Llenar formato de registro vía impresa o digital.
c) Presentar currículum vitae, constancia de estudios
y carta de exposición de motivos dirigida al coordinador general.
d) En cuanto al personal, constancia de la comisión
o área en la que presta sus servicios.
e) Comprometer una asistencia mínima de 80 por
ciento del total de sesiones y a cumplir los lineamientos del diplomado.
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Al Taller de análisis y discusión de temas educativos, que se realizará el martes 24 y el miércoles 25 de julio, de las 8:30 a las 19 horas, y de las 9:30 a las 15 horas, respectivamente, en el salón 2 del edificio I.
Uno de los principales objetivos del taller es abordar los problemas estructurales vinculados con el sistema educativo y proponer soluciones específicas. Para ello, se ha invitado a conocidos expertos en educación, a fin de que presenten sus puntos de vista e intercambien información y experiencias con los participantes.
Programa
24 de julio
9:10 a 11:30. La educación mexicana y su problemática.
Expositores: Fernando Solana y José Ángel
Pescador Osuna.
12:00 a 12:30. Receso.
12:30 a 15:00. Federalización educativa y asignación
de recursos a las entidades federativas.
Expositores: Raúl González Apaolaza y René
González Cantú.
15:00 a 16:00. Comida.
16:30 a 19:00. Equidad en la educación.
Expositores: Roger Díaz de Cossío y José
Antonio Carranza Palacios.
12:00 a 14:30. Políticas de educación básica.
Expositores: Gilberto Guevara Niebla y Carlos Ornelas.
14:30 a 15:00. Comentarios generales y entrega de constancias.
1. La educación mexicana y sus problemas.
Atentamente
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la inauguración de la exposición Artesanos de la república, que se realizará el martes 24 de julio y permanecerá en la explanada y el área de la rotativa.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
Al diplomado Análisis y diseño de la reforma del Estado en México, que –en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México– ese órgano legislativo llevará a cabo hasta el lunes 12 de noviembre, de las 8 a las 10 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo nivel) del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Módulo II. El régimen político.
20 de julio. La relación entre poderes.
Ponente: Doctor José Luis Méndez Martínez.
23 de julio. La relación entre poderes y
reforma administrativa.
Ponente: Doctor José Luis Méndez Martínez.
25 de julio. ¿Una nueva constitucionalidad?
Ponente: Doctor Rogelio Ramírez Soto.
27 de julio. El Poder Legislativo
Ponente: Diputado local Víctor Hugo Círigo
Vázquez.
30 de julio. El Poder Ejecutivo.
Ponente: Maestro Gabriel Campuzano Paniagua.
1 de agosto. El Poder Ejecutivo.
Ponente: Maestro Gabriel Campuzano Paniagua.
3 de agosto. Parlamentarismo, semipresidencialismo
y presidencialismo.
Ponente: Maestro Ulises Corona Ramírez.
6 de agosto. Parlamentarismo, semipresidencialismo
y presidencialismo.
Ponente: Maestro Ulises Corona Ramírez.
8 de agosto. Parlamentarismo, semipresidencialismo
y presidencialismo.
Ponente: Maestro Ulises Corona Ramírez.
Fechas: 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de agosto.
• Ejes temáticos
Fechas: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 y 24 de septiembre.
• Ejes temáticos
Fechas: 26 y 28 de septiembre, y 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15
y 17 de octubre.
• Ejes temáticos
Fechas: 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de octubre, y 5, 7, 9
y 12 de noviembre.
• Ejes temáticos
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación del Reporte CESOP número 3, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 17:30 horas, en el salón 4 del edificio I.
Atentamente
Doctor Francisco Guerrero Aguirre
Director General