Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se pronuncia contra la construcción, el revestimiento y el encementado del canal Todo Americano, presentada el 26 de abril de 2007.
Diputada Lilia Merodio Reza (rúbrica)
Secretaria
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
Secretario
Diputado Gerardo Buganza Salmerón
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
Edificio
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se pronuncia contra la construcción, el revestimiento y el encementado del canal Todo Americano, presentada el 26 de abril de 2007.
Diputada Lilia Merodio Reza (rúbrica)
Secretaria
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
Secretario
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
29 de junio de 2007.
Secretarios de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En sesión ordinaria del día de la fecha, el pleno acordó exhortar a ese órgano legislativo a considerar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; además, coadyuvar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampliar presupuesto 2007 y cumplir pago pendiente de ex braceros ya registrados; lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar; por consiguiente, para mejor proveer, se adjunta copia del punto de acuerdo de la Comisión de Asuntos Migratorios, que se aprobó por unanimidad en esta misma sesión y fecha.
Por la Directiva del Honorable Congreso del Estado
Diputada Sonia Mendoza Díaz (rúbrica)
Primera Secretaria
Diputada María Guadalupe Almaguer Prado (rúbrica)
Segunda Secretaria
Diputados Secretarios de la LVIII Legislatura del Congreso
del Estado
Presentes
Los que suscribimos, diputados Hilario Vázquez Solano, José Belmárez Herrera y Juan Izaguirre Ostiguín, integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, nos permitimos presentar a la consideración de esta asamblea legislativa, punto de acuerdo por el cual el Congreso de San Luis Potosí solicita al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación de la república, en nombre de los ex braceros y sus familias de nuestra Entidad, y en adhesión a similares de las legislaturas de Oaxaca y Aguascalientes, a efecto de que se inicie de manera inmediata el pago del apoyo social del fideicomiso para ex trabajadores migratorios mexicanos, así como, que sean tomadas en cuenta las resoluciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para incluir en el pago del fideicomiso, incluso a los ex trabajadores migratorios que aún no están registrados, en uso de las facultades que nos confiere los artículos 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 72 y 73 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Proponemos lo anterior con base en los siguientes
Antecedentes
El pasado 9 de noviembre del año 2006, el Pleno del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortó a la Cámara de Diputados a considerar en la Ley de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2007 el presupuesto para el Fideicomiso de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de por lo menos mil 500 millones de pesos; recursos necesarios para poder cubrir el total de personas registradas e iniciar con el pago de quienes se incorporan.
Asimismo, en el referido punto de acuerdo se exhortó al Senado de la República a aprobar con la mayor brevedad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que le fuera remitida por la Cámara de Diputados; para facilitar a los ex trabajadores migratorios la posibilidad de comprobar la estancia laboral en los Estados Unidos de América durante el lapso que establece dicho ordenamiento y, además, iniciar un nuevo periodo de registro para aquéllos ex braceros que no han logrado registrarse teniendo derecho a ello.
El presupuesto finalmente aprobado para dicho fideicomiso fue sólo de 300 millones de pesos; cantidad que únicamente cubrirá el pago de 7 mil 894 personas, quedando pendientes más de 31 mil de las registradas sin pagar, y cerca de 200 mil aún sin registrar.
Justificación
A la fecha, no obstante que han transcurrido casi seis meses del presente año, no se ha iniciado el pago de, por lo menos, los 300 millones de pesos con que ya se cuenta, lo que representa una falta de respeto a la dignidad de las personas que esperan dichos recursos, que –recordemos– son personas de la tercera edad, la mayoría campesinos de muy escasos recursos, a las que con todo derecho corresponde dicho pago, que en su momento les fue descontado de sus salarios, y a las que este retraso afecta de manera sustancial, no sólo por la pérdida de su valioso tiempo, sino porque dicho recurso es primordial en su proyecto de vida; por ello, nos unimos al exhorto que hace el Congreso del estado de Aguascalientes, con el fin de que se inicien de manera inmediata los pagos del apoyo social a los ex trabajadores migratorios mexicanos; y por ende respaldamos las solicitudes en este mismo sentido que han manifestado los integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades del Altiplano, y la agrupación Hoy Unidos por Mexquitic.
Por su parte, el Congreso del estado de Oaxaca hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice los trámites necesarios a efecto de lograr una ampliación a mil 500 millones de pesos, mediante adecuaciones y reasignación de recursos, planteamiento con el cual estamos de acuerdo, considerando además necesario solicitar el apoyo al respecto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El pasado 16 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Secretaría de Gobernación deberá incluir en el padrón del Fideicomiso que Administra el Fondo Social de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos, o bien, a sus hijos o cónyuges; que hayan trabajado legalmente en los Estados Unidos de América entre 1942 y 1964.
Se declararon inconstitucionales la fracción I del artículo 4o. y la fracción I del artículo 6o., de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; el máximo Tribunal determinó que dichos preceptos violan la Carta Magna federal, al limitar al acceso al apoyo social únicamente a los ex trabajadores migratorios que estuvieron incluidos en el padrón, con lo que quedaban al margen del beneficio correspondiente quienes no se encontraban registrados.
Conclusión
En virtud de lo antes expuesto, se hace necesario que la Cámara de Diputados rectifique y reforme la citada ley, considerando la resolución de la Suprema Corte y que la Secretaría de Gobernación inicie de inmediato el pago a ex braceros en los términos antes señalados.
Conforme a lo anterior, nos permitimos someter a la aprobación de esta asamblea legislativa el siguiente
Punto de Acuerdo
Que contiene los puntos específicos siguientes:
Primero. Que el honorable Congreso del estado de San Luis Potosí exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión a considerar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformando la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y que legislen a favor de los miles de ex trabajadores migratorios mexicanos que laboraron en los Estados Unidos de América entre 1942 y 1964, que justamente deben recibir el apoyo social que en derecho les corresponde.
Asimismo, llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para lograr que reciban el apoyo respectivo todos aquéllos ex trabajadores migratorios, que podrían ser alrededor de 250 mil; o en ausencia de ellos, sus hijos o cónyuge.
Segundo. Que el honorable Congreso del estado de San Luis Potosí exhorta al Congreso de la Unión para que, en coadyuvancia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estudie y analice la forma de autorizar una ampliación del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año 2007 a mil 500 millones de pesos, con el fin de poder dar cumplimiento al pago de los ex braceros ya registrados y que se encuentran pendientes de recibir el apoyo.
Tercero. Que el honorable Congreso del estado de San Luis Potosí exhorta a la Secretaría de Gobernación a iniciar de inmediato el pago a los ex trabajadores migratorios mexicanos, considerando que transcurre el mes de junio y es fecha que no se cumple al menos con la aplicación de los 300 millones de pesos, con los que cuenta el fideicomiso para entrega de apoyos.
Cuarto. Comuníquese los anteriores resolutivos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a los congresos estatales del país, a fin de que consideren la posibilidad de sumarse a este punto de acuerdo.
Quinto. Notifíquese para todos sus efectos a los respectivos congresos de los estados de Oaxaca y de Aguascalientes.
Atentamente
San Luis Potosí, SLP, a 13 de junio de 2007.
La Comisión de Asuntos Migratorios
Diputado Hilario Vázquez Solano (rúbrica)
Presidente
Diputado José Belmárez Herrera (rúbrica)
Vicepresidente
Diputado Juan Izaguirre Ostiguín (rúbrica)
Secretario
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Julio 4 de 2007.)
México, DF, a 29 de junio de 2007.
Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a mayo de 2007. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con mayo de 2006. De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para mayo de 2007. Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública a mayo del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)
Secretario de Hacienda y Crédito Público
(Turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Julio 4 de 2007.)
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XIV, 78, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código de Justicia Militar, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante el presente año han consternado a la opinión pública varios casos en los que efectivos militares atentaron contra civiles indefensos: la violación tumultuaria de 13 bailarinas y sexoservidoras en Castaños, Coahuila; la violación y el homicidio de Ernestina Ascencio Rosario; la violación de cuatro adolescentes en Michoacán; la ejecución de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa; y la ejecución de Héctor Adrián Salazar Fernández, en Tamaulipas.
Caso de las sexoservidoras de Castaños, Coahuila
El 11 de julio de 2006, 13 bailarinas y sexoservidoras fueron golpeadas, sometidas y violadas por más de 20 soldados del Ejército Mexicano comisionados para resguardar el material electoral en Castaños, Coahuila.
Siete soldados –entre ellos José Joaquín Alvarado Flores– encabezaron una riña y fueron expulsados del bar El Pérsico. Se fueron y regresaron, 40 minutos después, acompañados por otros 20 efectivos militares, en una Hummer del Ejército Mexicano, matrícula 01914153, uniformados y con armas. Los soldados pertenecían a la sexta zona militar, de Múzquiz. Encerraron a las mujeres, las golpearon, las sometieron y las violaron.
Aunque el evento sucedió el año pasado, su repercusión ha sido mayor en 2007 debido a la insistente denuncia pública que ha encabezado el obispo de Saltillo, Raúl Vera.
El prelado solicitó que los militares fueran llevados ante la justicia coahuilense, pero el procurador general del estado, Jesús Torres Charles, respondió que si la justicia militar no los castigaba, él lo haría. Se aplicaría la justicia civil, dijo, pero después que fueran castigados "por insubordinación y abandono del puesto" en la corte militar.
Aunque participaron más de 20 soldados en las agresiones, sólo 6 fueron detenidos; 2 desertaron. Uno de ellos es José Joaquín Alvarado. Su identidad se conoce porque fue detenido tras la riña en El Pérsico, la que costó la destitución a Rubén Venzor como general en la sexta zona militar. Paralelamente, se habrían librado en total 14 órdenes de aprehensión.
Casi un año después, el 7 de mayo pasado, el obispo Raúl Vera denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) "tuvo un cambio notable de conducta, después del 1 de diciembre, cuando el nuevo gobierno federal empezó a buscar la exoneración de los soldados presos" y los ha ido liberando.
Advirtió como grave el "peligro social" que representa el hecho de que la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Sedena ofrezcan "impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometen delitos" porque "eso crea un enorme riesgo para todo el país". Finalmente, denunció que han estado amenazando a las ofendidas para que retiren las denuncias y al obispo para que cese en la denuncia pública del caso.1
Caso de Ernestina Ascencio Rosario
El 26 de febrero de 2007 falleció, en Soledad Atzompa, Veracruz, la indígena nahua de 73 años de edad Ernestina Ascencio Rosario, a causa de la violación tumultuaria que efectivos militares perpetraron en su contra, de acuerdo con las primeras declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, del procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, del gobernador de Veracruz, de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y del presidente de la CNDH.
Incluso, en un inicio, se documentó en la prensa la detención de soldados que habrían cumplido arresto en el cuartel militar Hidalgo.2
En una de las investigaciones más rápidas de que hayamos tenido conocimiento, en cerca de dos meses se desestimaron o de plano desaparecieron las pruebas del caso; entre ellas, las muestras de semen con que se dijo contar. Cada dependencia fue cambiando su versión de los hechos; y sin importar la ausencia de lógica, de responsabilidad y facultades, tanto de los funcionarios como de las dependencias y los organismos que intervinieron, al final resultó que no hubo violación ni participación de militares.
Según el señor Felipe Calderón, doña Ernestina murió de gastritis crónica. De acuerdo con el médico Pablo Mendizábal, quien realizó la primera necropsia, falleció de traumatismo craneoencefálico, luxación de vértebras cervicales y anemia aguda; es decir, se trató de una muerte mecánica traumática. Para el médico Ignacio Gutiérrez Vázquez, quien realizó la segunda necropsia, la señora Ernestina murió de anemia aguda secundaria y shock hipovolémico debido a sangrado de tubo digestivo; o sea, se trató de una muerte mecánica traumática. Finalmente, de acuerdo con el médico Fernando Cervantes Duarte, de la CNDH, la muerte fue originada por anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas, neoplasia hepática maligna, proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica.3
Resulta que la única instancia que tuvo acceso al cuerpo todo el tiempo –comparó muestras de semen del cuerpo de Ernestina con muestras de sangre de su personal,4 pero se abstuvo de informar de la causa de muerte y de los resultados de sus investigaciones– fue la Procuraduría General de Justicia Militar, pese a que inició su averiguación previa 26ZN/04/07, el 26 de abril de 2007, el día en que murió Ernestina Ascencio.
Durante los casi dos meses que duró la "investigación", el cuerpo de Ernestina fue enterrado, desenterrado y dos veces abierto; y las fotografías de sus partes íntimas fueron distribuidas ampliamente, de manera irónica, por la propia CNDH.
El caso de Ernestina Ascencio se volvió rápidamente un emblema de la falta de transparencia, de la arbitrariedad y de la impunidad con que puede ser tratado un asunto cuando se ponen de acuerdo las instituciones para ello, en este caso, por tratarse de la intervención del Ejército.
Caso de las adolescentes de Nocupétaro, Michoacán
Del 2 al 4 de mayo de 2007, cuatro adolescentes de Nocupétaro, Michoacán, fueron secuestradas, drogadas y violadas por elementos del Ejército Mexicano.
Las cuatro menores fueron detenidas por efectivos militares, a las 8 de la mañana, en el bar La Estrellita, donde trabajaban, acusadas de proteger a Los Zetas. Fueron llevadas en helicóptero, intimidadas y violadas en el cuartel de la vigésima primera zona militar.5 Los hechos fueron denunciados por la presidencia municipal de Nocupétaro ante la CNDH.
José Luis Soberanes Fernández, presidente de la CNDH, en su informe preliminar sobre la actuación del Ejército en operativos contra el narcotráfico en Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, presentado el 15 de mayo, informó que, en total, se recabaron 52 quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales.6
Sin embargo, no aportó detalles de esos casos, como en qué averiguación o averiguaciones previas residen las investigaciones, o qué autoridad ministerial se encuentra a cargo.
Caso de la familia Esparza Galaviz
El 1 de junio de 2007, en el poblado serrano de Joya de los Martínez, municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, una familia fue acribillada por efectivos del Ejército Mexicano, debido a que ignoraron el alto que un retén militar les hizo para revisar el vehículo en que viajaban.
Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años; sus hijos, Grisel Adahaí Esparza Galaviz, de 4 años, Juana Diosmirey, de 7, y Edwin Leonel, de 2; y su cuñada Gloria Alicia Esparza Parra, de 19 años.7
Asimismo, fueron lesionados Josué Duván Carrillo Esparza, de 7 años (una bala le perforó un pulmón); Teresa de Jesús Flores Sánchez, de 16 años, maestra que tiene balas incrustadas en todo el cuerpo; y Adán Abel Esparza Parra, esposo de Griselda Galaviz y padre de los niños acribillados, a quien dispararon en las manos, pues conducía la camioneta Ford doble rodada, color rojo, placas TW48927, que fue atacada.
Se ha indicado que ni siquiera se trataba de un retén, por lo que el chofer no pudo percatarse de que los soldados intentaban detenerlo.
El 4 de junio pasado, la Sedena informó que 3 oficiales y 16 elementos de tropa del 24 Regimiento de Caballería Motorizado fueron internados en la prisión militar de Mazatlán por su presunta responsabilidad en la muerte de las víctimas. Actualmente se encuentran a disposición del juzgado militar adscrito a la tercera región militar. Se desconoce si están sometidos por cargos de indisciplina militar o por homicidio.
Caso de Héctor Adrián Salazar Fernández, en Tamaulipas
El 3 de junio de 2007, Héctor Adrián Salazar Fernández, de 27 años de edad, quien viajaba como copiloto en una camioneta Murano, en Díaz Ordaz, Tamaulipas, fue asesinado por elementos del Ejército cuando el conductor ignoró el alto que hizo un retén militar.
Los soldados dispararon a mansalva contra el vehículo, conducido por Jesús Rogelio Alonso, quien circulaba en la carretera ribereña, tramo Mier-Nuevo Laredo, a la altura de la Estación Cuarentenaria, poco después de las 11:00 horas.
En los cinco casos que se mencionan, sucedidos o documentados durante 2007, se observa una constante: no se conoce de qué forma se realiza la investigación, ni los cargos ni las consecuencias jurídicas contra los presuntos responsables. En ninguno de estos atentados, cometidos por militares, se ha procesado a alguien. Lejos de ello, en dos de los casos –Castaños y Ernestina Ascencio– los militares originalmente detenidos fueron o están siendo liberados.
En los casos de las adolescentes violadas en Nocupétaro, Michoacán, no se sabe que se haya detenido a alguien; en el del asesinato de Héctor Adrián Salazar Fernández, en Tamaulipas, tampoco.
Únicamente están detenidos los presuntos agresores de la familia Esparza Galaviz: 19 elementos militares pero, como se mencionó, se desconocen las acusaciones e incluso los nombres de los agresores.
Antecedentes
Desde su creación, en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones dirigidas al Ejército Mexicano por la violación de los derechos humanos de mil 41 personas, 403 de las que han sido civiles.8
No se consideran los casos denunciados que, de acuerdo con la CNDH, no acreditaron la violación de derechos humanos, ni los que fueron presentados en ese lapso ante otras autoridades u organismos internacionales de defensa de derechos humanos; además, obviamente, menos aún los casos no denunciados. Tampoco se consideran en estos casos las violaciones de derechos humanos que han cometido autoridades policiacas en el mismo periodo, algunos de los cuales han sentado precedentes gravísimos de violación de derechos humanos, como los de los perredistas muertos o desaparecidos entre 1988 y 1996, el caso de Aguas Blancas, de los zapatistas detenidos en 1995, el de Acteal y los más recientes de Atenco o Oaxaca.
Entre los mil 41 casos en que la CNDH ha emitido alguna recomendación a la Sedena o a su Procuraduría General de Justicia Militar se encuentran, en cambio, los relativos a 630 efectivos militares que han sido víctimas de algún abuso cometido por sus superiores jerárquicos; 8 casos de policías judiciales, de los cuales 7 fueron asesinados en un enfrentamiento ocasionado por una supuesta confusión y 403 civiles, entre los que se consideran 23 casos de acusados de delitos contra la salud que acreditaron haber sido torturados para confesar el delito, 188 personas acusadas de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, 36 migrantes que intentaban pasar a Estados Unidos y 5 personas que no se detuvieron ante un retén militar.
Además, de esos 252 casos de abuso en que la autoridad militar informó que realizaba alguna función, en 151 casos de civiles víctimas de violaciones de derechos, los efectivos militares no estaban cumpliendo siquiera una función o tarea determinada.
Las violaciones cometidas contra los derechos humanos de los 403 civiles, entre los que se encontraron 15 menores, incluyen en 19 casos la ejecución; en 7, la violación sexual; en 7 más, la desaparición forzada; y en 377, el allanamiento, la tortura y la detención o retención ilegal de persona.
Impunidad militar
No todos los casos de violaciones de efectivos militares han llegado, no obstante, a la CNDH. Independientemente de la labor del ombudsman nacional, los organismos defensores de derechos humanos se han encargado de denunciar y documentar casos que hasta la fecha permanecen impunes:
Caso de las hermanas tzetzales Ana, Beatriz y Celia González Pérez9
4 de junio de 1994. En un retén militar situado en Altamirano, Chiapas, fueron privadas ilegalmente de la libertad y víctimas de abuso sexual por personal castrense. El caso se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe 11.565 da cuenta de la responsabilidad del instituto armado de la violación de los derechos a la integridad personal, a la honra y a la dignidad en perjuicio de las indígenas.
La CIDH recomendó a las autoridades correspondientes "llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones mencionadas y que, en su caso, se apliquen las sanciones legales correspondientes a los culpables", además de la reparación del daño a las víctimas. Ese exhorto, hasta hoy sólo ha sido cumplido de manera parcial.
Caso de Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez10
3 de diciembre de 1997. Indígenas tlapanecas de 28 y 31 años, respectivamente, de Zopilotepec, municipio de Atlixtac de Álvarez, Guerrero, fueron violadas por soldados delante de la familia.
Aurelia Méndez, su esposo, Celerino Vásquez Solano, y los hijos de ambos estaban recolectando hojas de maíz en una parcela de tierra en Tlacotzingo cuando llegaron cinco soldados, realizaron unos disparos para asustar a la pareja, se acercaron a Celerino, lo golpearon con los rifles y lo ataron. Dos soldados golpearon a Aurelia, la arrojaron al suelo y la violaron delante del esposo e hijos.
Después llevaron a la pareja amarrada a la parcela en la que trabajaban Delfina Flores y su esposo, Aureliano Vicente Cantú. Los soldados patearon, amenazaron y ataron a Aureliano. Tres soldados se acercaron a Delfina, la insultaron, tomaron del pelo y la empujaron. El bebé de cuatro meses que llevaba Delfina en los brazos cayó al suelo. Dos soldados le arrancaron la ropa interior y la violaron. Ella consiguió evitar que la violaran por tercera vez agarrando una piedra, pero el soldado en cuestión, por no poder violarla, la golpeó.
Caso de Francisca Santos Pablo, Victoriana Vázquez Sánchez,11 Evaristo Albino Téllez, Antonio Mendoza Olivero12 y Pedro Ramírez Santos13
20 y 21 de abril de 1999. Indígenas mixtecos. Comunidad de Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.
Evaristo y Antonio de 27 y 12 años, respectivamente, salieron de la comunidad Barrio Nuevo a recoger maíz de la parcela de su finca.
Al día siguiente, como no regresaban, Francisca y Victoriana, de 33 y 50 años, respectivamente, fueron a buscarlos a dicha parcela. Cerca del lugar vieron a algunos militares y encontraron un charco de sangre. Fueron perseguidas por los soldados. Victoriana fue atada y llevada a una casa abandonada, donde fue violada por tres soldados. Francisca fue llevada a un desfiladero, donde perdió el conocimiento y luego fue violada.
El 7 de mayo siguiente, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero les informó que las dos personas estaban muertas y que sus cuerpos se encontraban en el Servicio Médico Forense de Acapulco.
El mismo 21 de abril, miembros del Ejército Mexicano ejecutaron al indígena mixteco Pedro Ramírez Santos, de 27 años de edad, cuando se dirigía a cuidar su ganado. Los militares trasladaron el cuerpo a la Agencia del Ministerio Público de Putla, Oaxaca, donde las autoridades negaron información a los familiares y justificaron la muerte con el argumento de que los militares lo mataron por portar una escopeta.
El caso fue llevado a la CIDH.
Caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera14
2 de mayo de 1999. 43 elementos de tropa, una estación de radio y cuatro vehículos orgánicos, de Ciudad Altamirano, Guerrero, del Ejército Mexicano, adscritos al 40o. Batallón de Infantería –encabezados por el comandante de la 35a. zona militar en Chilpancingo, Guerrero, general de brigada DEM Jorge Pérez Toledo, el teniente coronel de infantería José Pedro Arciniega Gómez, segundo comandante y jefe de grupo– se trasladaron con el capitán de infantería Artemio Nazario Carballo a los poblados El Guayabo.
En las inmediaciones de la ranchería de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, el personal militar marcó el alto a personas que salían corriendo de sus casas, pero hicieron caso omiso de ello y dispararon, ocasionando la muerte de Salomé Sánchez Ortiz quien falleció al momento en que un proyectil de arma de fuego penetró la región frontal de su lado derecho. Acto seguido, sometieron y capturaron a Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.
El 4 de mayo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en Arcelia, Guerrero, junto con semillas de marihuana y de amapola, y 15 matas de marihuana.
Los detenidos denunciaron penalmente los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y fabricación de actuaciones cometidos en su agravio por los elementos del Ejército. Lejos de investigar, la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia a favor del instituto armado, argumentando la incompetencia de dicho fuero para investigar los delitos; por tanto, la indagatoria quedó en manos de la Procuraduría de Justicia Militar.
En julio de 2000, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al secretario de la Defensa Nacional iniciar una investigación administrativa y una averiguación previa contra los miembros del Ejército Mexicano que autorizaron, supervisaron, implantaron y ejecutaron el operativo del 1 al 4 de mayo de 1999 en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero; asimismo, instruir al procurador general de Justicia Militar a que integrase y emitiese con la mayor brevedad la resolución de la averiguación previa número 35ZM/06/99, con motivo de los delitos de homicidio y tortura.
Ante la falta de resultados, en octubre de 2006, organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos anunciaron que llevaron el caso a la CIDH.
Caso de Valentina Rosendo Cantú15
16 de febrero del 2002. Indígena tlapaneca, de 17 años de edad, oriunda de la comunidad de Caxitepec, Guerrero, quien fue torturada y violada por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano mientras lavaba ropa cerca de su casa, en Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero. La Procuraduría General de Justicia del Estado declinó la competencia en favor del Ejército.
El caso fue llevado a la CIDH por organismos de defensa de derechos humanos y fue admitido el 21 de octubre de 2006.
Caso de Inés Fernández Ortega16
22 de marzo de 2002. Indígena tlapaneca de 27 años, originaria de Ayutla de los Libres, Guerrero. En la comunidad de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, preparaba agua en la cocina de su casa, acompañada por cuatro hijos, cuando aparecieron 11 soldados. Tres de ellos entraron en la casa y la acusaron de robar la carne que estaba secando en el patio. No respondió porque apenas si habla español. Los niños corrieron a casa de un familiar. Los soldados la violaron.
En noviembre de 2003, la CNDH recomendó al secretario de la Defensa Nacional dictar instrucciones para integrar la averiguación previa número 35ZM/06/2002 y a la Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, sancionar a quienes se negaron a entregar las documentales ministeriales solicitadas por la CNDH e iniciar procedimiento administrativo de responsabilidades por las omisiones del agente del Ministerio Público Militar encargado de integrar la averiguación previa.
Ante la ausencia de resultados, el caso fue llevado a la CIDH y fue admitido el 21 de octubre de 2006.
Casos aceptados por autoridades militares
En mayo pasado, la prensa documentó 48 casos de delitos sexuales, 17 que se encuentran actualmente bajo la jurisdicción militar:
En el reportaje en cuestión, se lee:
Las penas, con todo, han sido benignas. La máxima sanción contra un militar violador ha sido de diez años, pero es la excepción. En el ámbito civil, el violador puede purgar una condena de hasta 14 años.
(…)
En las diez páginas liberadas por la Sedena, en respuesta a una petición hecha vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, hay datos irrefutables sobre historias de pederastia:
Las víctimas son cuatro menores de edad de 17, 12, 9 y 8 años de edad. Ésta es la cantidad mínima, pues en 38 delitos sexuales no se informó de la edad de la persona que sufrió la violencia sexual.
Y los datos no dejan lugar a dudas sobre la extensión de las prácticas de violencia sexual: sargentos, coroneles, tenientes, capitanes, cabos, soldados y generales que abusan, violan, hostigan y acosan.
No se informan los nombres de las víctimas, pero sí algunos datos que hablan de la situación de impotencia y de dominio de poder que sufrieron las personas sujetas al abuso frente a quienes tienen uniformes verde olivo: "12 años, masculino", "6 años, femenino", "allanamiento de morada", "abuso sexual", "violación", "violación", "violación".
(…)
A un sargento segundo de administración, de San Cristóbal, Chiapas, se le "dictó sentencia condenatoria de ocho meses de prisión ordinaria" por el delito cometido, en 2003, "contra el honor militar en su modalidad de cometer actos impropios contra una menor de edad" de seis años.
La información de la Sedena enfatiza que fue el "honor militar" el que resultó herido, no la salud física y sicológica de la niña, a la que se le repararía el daño con ocho meses de cárcel.
(…)
En otros casos, la violencia sexual ha sido sólo uno de los distintos delitos cometidos por un militar. El 28 de diciembre de 2004 un subteniente de infantería abandonó su arresto, allanó una morada y cometió "abusos deshonestos" contra una mujer de 32 años a la que además lesionó. La pena: un año y tres meses en la prisión del primer regimiento militar.
Tampoco es excepcional que los ataques ocurran en sitios de alta concurrencia. Por ejemplo, un sargento abusó sexualmente de un niño de 12 años, en agosto de 2005, en el interior del Hospital Regional de Tuxpan, Veracruz.
Y no es dato aislado: ocho de los criminales sexuales son médicos y al menos seis delitos ocurrieron en el interior de instalaciones hospitalarias de las fuerzas armadas.
No es extraño que las agresiones sexuales ocurran en los agrupamientos de los soldados en que el victimario es el de mayor rango. Como el abuso cometido por un mayor, en el primer semestre de 2000, contra una persona "mayor de 18 años, femenino" del pelotón del 45 batallón de infantería.
Los jueces militares han sido indulgentes a la hora de imponer sanciones: la mayor de las penas le fue impuesta a un sargento, en Temamatla, estado de México, encontrado culpable del delito de "violación equiparada", por lo que fue condenado a diez años de cárcel, pero con derecho a solicitar su preliberación.
Otro violador, uno de los pocos casos seguidos por la justicia civil, es un capitán condenado a seis años y medio de prisión en Tlalnepantla, también en el estado de México.
Pero hay sanciones todavía menores: a un capitán primero, médico cirujano, responsable de una violación equiparada y agravada, se le condenó a un año y tres meses de cárcel, sin derecho a libertad preparatoria y a cinco años de suspensión para ejercer como pasante de medicina.
Entre todos los inculpados, sólo existen un par de militares capaces de evadirse a la justicia, según reconoce la Defensa Nacional.
Uno es el general brigadier de Mazatlán, quien está libre a pesar de que ya había sido detenido, pues "está pendiente de cumplimentarse una orden de reaprehensión", según se anota para explicar el estado de su proceso.
Debido a los casos que permanecen en la impunidad, las organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que sean las autoridades civiles las que juzguen la presunta comisión de delitos del fuero común de militares contra civiles, porque son más observables que las militares y podrían proceder de manera imparcial, dado que la Procuraduría General de Justicia Militar es parte de la misma institución castrense a la que pertenece el indiciado.18
El 2 de marzo de 2007, apenas iniciadas las indagatorias del caso de Ernestina Ascencio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez convocó una acción urgente insistiendo en la denuncia de los casos que la justicia militar ha dejado impunes, y señaló:
Ponía como ejemplos, los casos de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, Francisca Santos y Victoriana Vázquez, Evaristo Albino Téllez, Antonio Mendoza Olivero y Pedro Ramírez Santos, las tres hermanas tzeltales, Valentina Rosendo Cantú, y la guerra sucia de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, ampliamente documentadas y absolutamente impunes hasta hoy.
Organismos internacionales: competencia civil
Por lo menos desde 1996 ha sido ya un lugar común que los organismos internacionales de derechos humanos, tanto independientes como oficiales, recomienden a los gobiernos, en particular al mexicano, trasladar al Ministerio Público y jueces civiles la competencia de delitos de militares contra civiles.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre tortura, sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre violencia contra la mujer han insistido en ello, como se observa a continuación:
2001. México.22
El sistema de procuración e impartición de justicia militar es en esencia inadecuado para tramitar casos de derechos humanos. Un sistema de coadyuvancia más activo y una mayor transparencia podrían aliviar de alguna manera el problema. Sin embargo, la única solución real es el fin de la jurisdicción militar sobre los casos de derechos humanos.
2004. México.23
La interpretación que los tribunales militares hacen de la Constitución en favor de la jurisdicción militar, cuando hay miembros del Ejército implicados en violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidas, menoscaba el estado de derecho, fomenta la impunidad y agrava la negación de la justicia a las víctimas. Los órganos internacionales de derechos humanos, tales como los mecanismos temáticos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han pedido repetidamente a las autoridades mexicanas que restrinjan la jurisdicción militar y garanticen una estricta separación entre las responsabilidades y tareas militares y las funciones de mantenimiento del orden público. Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano y a otras instituciones pertinentes que adopten y pongan en práctica de forma efectiva las siguientes recomendaciones.
Investigación imparcial de las violaciones de derechos humanos
• Reformar el artículo 13 de la Constitución y los artículos 37 y 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, para garantizar que se ajustan sin ambigüedades a las recomendaciones internacionales de que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar, ya se encuentre en servicio activo o no, sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles.
2004. México.24
La interpretación judicial de la Constitución a favor de la jurisdicción militar cuando los funcionarios militares están implicados en violaciones internacionalmente reconocidas de los derechos humanos facilita la impunidad y la negación de la justicia. Las organizaciones internacionales de los derechos humanos, tales como los mecanismos de la ONU y el IACHR, han convocado en varias ocasiones a las autoridades para restringir la jurisdicción militar y para asegurar una separación terminante de tareas militares de las funciones de seguridad pública.
• Las reformas constitucionales deben garantizar expresamente que todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por personal militar serán investigadas y sancionadas en las cortes criminales civiles.
• La legislación debe asegurar la separación de funciones de los militares de las de policía.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1995. Ecuador.25
48. Es obligación del gobierno llevar a cabo una investigación completa, independiente e imparcial sobre cualquier supuesta violación del derecho a la vida. Dicha obligación es inherente al deber del gobierno de proteger los derechos humanos, reconocido en la Convención Americana. Cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas. Los procedimientos legales resultan, por consiguiente, incapaces de proporcionar la investigación, la información y el remedio supuestamente disponibles. En este caso, las autoridades militares realizaron la investigación de unos hechos que supuestamente implicaban responsabilidad por parte de miembros de su organización y de la propia organización. Las autoridades militares no poseían la autoridad legal para ejercer dichas funciones en este caso, ni podían actuar, en absoluto, con la independencia e imparcialidad necesarias. Resulta instructivo advertir, a este respecto, que todos los testigos requeridos para ofrecer testimonio en el proceso penal militar llevado a cabo eran miembros de la organización militar. Semejante arreglo tiene como consecuencia que los presuntos responsables sean aislados del curso normal del sistema legal. Este tipo de impunidad de facto supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana.
1999. Colombia.26
El problema de la impunidad se agrava por el hecho de que la mayoría de los casos que involucran violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado son juzgados por el sistema de justicia penal militar. Los tribunales militares se han abstenido en forma consistente de sancionar a miembros de las fuerzas de seguridad acusados de cometer violaciones a los derechos humanos. La comisión ha condenado en repetidas oportunidades a la jurisdicción militar en Colombia, y en otros países, por no proveer un remedio judicial efectivo, independiente e imparcial frente a las violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana, asegurar la impunidad y la denegación de justicia.
(…)
La comisión recomienda, entre otros, que el Estado tome las medidas necesarias para combatir los altos niveles de impunidad mediante la realización de investigaciones penales serias, imparciales y efectivas sobre la presunta comisión de delitos, así como la imposición de las sanciones legales correspondientes a los responsables; y provea apoyo material completo a la Oficina de la Fiscalía General de la Nación y, particularmente, a la Unidad de Derechos Humanos. El Estado debe garantizar también que la justicia militar se limite a juzgar los delitos y faltas de función y no extienda su jurisdicción a los casos que involucran violaciones a los derechos humanos. Cada una de las entidades del Estado que juegan un papel en el sistema de justicia penal debe tomar todas las medidas dentro de su competencia para implementar la jurisprudencia establecida por la sentencia C-357/98 emitida por la Corte Constitucional el 5 de agosto de 1997. La comisión también llama al Estado a desmantelar inmediatamente el sistema de justicia regional.
2001. México.27
81. La Comisión Interamericana ha sostenido anteriormente que "cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas", en virtud de lo cual los procedimientos resultan "incapaces de proporcionar la investigación, la información y el remedio supuestamente disponibles" y se verifica una impunidad de facto que "supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana". En particular, la CIDH ha determinado que, en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8(1) de la Convención Americana. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana:
Corte Interamericana de Derechos Humanos
1988.28
En cuanto a los aspectos jurisdiccionales, la comisión recuerda a los Estados miembros que los ciudadanos deben ser juzgados por sus jueces naturales, regidos por el derecho común y la justicia ordinaria. Por lo tanto, los civiles no deben ser sometidos a la jurisdicción de tribunales especiales. La utilización, por ejemplo, de tribunales militares debe estar limitada al enjuiciamiento de miembros de las fuerzas armadas en servicio militar activo, por las faltas o delitos de función. En todo caso, esta jurisdicción especial debe excluir los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos.
2000. Perú.29
117. En un estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
118. En el presente caso, los militares encargados de la debelación del motín ocurrido en el penal El Frontón hicieron un uso desproporcionado de la fuerza que excedió en mucho los límites de su función, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos. Por lo tanto, los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos militares, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hubieran sido militares o no.
Organización de Naciones Unidas
1996. Colombia.30
76. El comité advierte, preocupado, que no parece aceptable la escasa punibilidad del delito de tortura en el Código de Justicia Militar, la extensión de la jurisdicción militar para conocer de delitos comunes a través de un alcance inadmisible del concepto de acto de servicio y el dictado de normas que limitan gravemente la eficacia de los medio de protección de los derechos, como el hábeas corpus.
80. El comité entiende que se debe poner término a la situación de impunidad, efectuando las modificaciones legislativas y administrativas que fueran necesarias para que los tribunales militares juzguen solamente infracciones a los reglamentos militares, castigando la tortura con una pena adecuada a su gravedad y eliminando toda duda acerca de la responsabilidad de quien obedece una orden ilegal.
1998. México.31
86. El personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido en general por la justicia militar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene competencia para formular recomendaciones respecto del comportamiento del personal militar y parece que sus intervenciones han ayudado en ocasiones a personas detenidas por los militares. Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni el procurador General Militar informaron al Relator Especial de que se hubiera enjuiciado a personal militar específico por tortura.
88. Las recomendaciones siguientes tienen por objeto tratar los problemas descritos anteriormente:
(…)
j) Los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles, en particular la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deben ser conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en acto de servicio.
1999. México.32
44. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Ejército se investigan y juzgan en los tribunales militares, cuyo procedimiento se rige por el Código de Justicia Militar. Los jueces de los tribunales militares son todos oficiales en servicio activo que nombra el Ejecutivo. Los querellantes particulares no pueden entablar acción penal contra los militantes, y sólo la Secretaría de Defensa está habilitada para procesar a éstos ante un tribunal militar. Pero este tipo de tribunal no guarda conformidad con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. El ordenamiento jurídico militar es arbitrario y suele dar lugar a errores judiciales. En los sucesos de El Bosque, la Secretaría de Defensa no consideró la posibilidad de enjuiciar a nadie. El procurador general de Justicia Militar facilitó a la relatora especial información sobre el procesamiento de los militares. En esa documentación no se revela el número total de acusados ni las disposiciones jurídicas en virtud de las cuales se formularon los cargos. Según la información recibida, están en proceso 77 personas por delitos relacionados con la droga, 40 por homicidio, 27 por homicidio culposo, 46 por violencia contra las personas, 68 por abuso de la fuerza, 20 por lesiones con premeditación, 15 por lesiones sin premeditación y 31 por tortura. En una nota al final de documento se dice que algunos de los acusados lo están de más de uno de los delitos mencionados.
98. La ineficacia de la justicia ha permitido que se violen los derechos humanos. Su falta de competencia para juzgar a los militares por violar los derechos humanos de los civiles limita la independencia de los tribunales ordinarios. Convendría pedir al relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados que hiciera un análisis completo del sistema judicial de México.
102. Las autoridades mexicanas competentes son reacias a hacer responsables de sus actos a los militares por ejecuciones extrajudiciales y otras transgresiones de los derechos humanos. Así se observó especialmente en relación con los sucesos de El Charco. Los tribunales ordinarios no pueden juzgar a los militares por violaciones de los derechos humanos aunque las víctimas sean civiles. El procesamiento de los militares está en manos del procurador general militar, subordinado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Preocupa a la relatora especial que esta situación, unida al problema de las presiones de los colegas y la lealtad profesional mal entendida, vaya en perjuicio de las víctimas civiles y sus familiares y limite enormemente las posibilidades de que las causas que les afectan se sustancien en un tribunal competente, independiente e imparcial, con arreglo a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.
107. La relatora especial recomienda al gobierno de México que:
(…)
f) Inicie las reformas necesarias para que los tribunales ordinarios puedan juzgar a todas las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos, cualquiera que sea su profesión;
200333
(…) Los acusados de tortura no deberían ser juzgados por tribunales militares. Deberían establecerse autoridades nacionales independientes, como una comisión nacional o un mediador, con competencia para conocer de la denuncia y llevar a cabo la investigación. Las denuncias de tortura deberían examinarse inmediatamente y ser investigadas por una autoridad independiente que no tenga relación con la que investiga las acusaciones contra la presunta víctima o está a cargo de las actuaciones judiciales contra ella (…)
2006. México.34
69. La relatora especial recomienda al gobierno:
a) Poner fin a la impunidad respecto de la violencia contra la mujer llevando a cabo reformas de la legislación, los procedimientos de investigación y el sector judicial:
(…)
VI) Velar, reformando la legislación si fuera necesario, por que todos los actos de violencia contra civiles cometidos por personal militar sean investigados por las autoridades civiles, encausados por las autoridades civiles y juzgados por tribunales civiles independientes e imparciales.
2. Los antecedentes de casos en que efectivos militares han cometido delitos contra civiles y éstos han quedado impunes;
3. Los antecedentes de sanciones impuestas, por las autoridades jurisdiccionales militares, a efectivos militares por la violación de los derechos humanos de civiles, que tienden a ser menores que las impuestas por las mismas conductas a civiles por las autoridades jurisdiccionales civiles; y
4. Las insistentes recomendaciones que organismos civiles y oficiales, nacionales e internacionales han realizado a los gobiernos y, en particular, al mexicano, para que se retire el fuero militar en los casos en que militares abusan de civiles.
5. Que la Constitución señala, específicamente, que la jurisdicción militar se aplica en delitos que afecten la disciplina militar.
Asimismo, se plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 37 del Código de Justicia Militar, indicando la obligación del Ministerio Público Militar de remitir dichos casos a la autoridad civil.
Se propone eliminar la fracción II del artículo 57, del mismo Código de Justicia Militar, para instruir como competencia exclusiva del fuero militar los delitos contra la disciplina castrense. Y, finalmente, se propone reformar el artículo 435 para asegurar que la acción penal en el fuero militar se condicione a la declinación de competencia de los tribunales del orden civil y lograr, con ello, la institucionalidad en materia de justicia militar.
Dichas reformas buscan coadyuvar en convertir en parte de la normalidad democrática la denuncia, la investigación, la consignación y el juicio de los militares que cometan abusos contra la población. Y, con ello, evitar la impunidad y, en consecuencia, lograr inhibir la comisión misma de delitos de militares contra civiles en México.
Por consiguiente, someto a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo primero. Se reforma el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los órganos de justicia militar en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Igualmente ocurrirá en cualquier delito cometido por personal militar en contra de civiles.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 37 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:
Artículo 37. Toda denuncia o querella, sobre delitos de la competencia de los tribunales militares, se presentará, precisamente, ante el Ministerio Público; y a éste harán la consignación respectiva, las autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal.
Tratándose de delitos presuntamente cometidos por personal militar en contra de civiles, el Ministerio Público Militar se abstendrá de participar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional. Cuando, en el curso de una investigación de su competencia, tenga conocimiento de un delito cometido por personal militar contra civiles, remitirá de manera inmediata a la Procuraduría General de la República el expediente correspondiente para que sea ésta la que, en su caso, ejercite la acción penal. La Procuraduría de Justicia Militar no podrá iniciar una averiguación previa en tanto no exista una declaración previa de incompetencia por parte de los tribunales ordinarios, según lo dispuesto en el artículo 13 constitucional.
Artículo tercero. Se reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar para quedar como sigue:
Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar exclusivamente los especificados en el libro segundo de este código.
II. Se deroga
Artículo 435. La facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero de guerra, corresponde a los tribunales militares, previa declinación de competencia de los tribunales del orden civil, al tenor de lo dispuesto por el artículo 13 constitucional. Corresponde a los tribunales militares declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y aplicar las penas que las leyes militares señalen.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las víctimas de presuntos delitos cometidos por personal militar, cuyas investigaciones o juicios se encuentren en proceso en instancias militares a la entrada en vigor del presente decreto, podrán solicitar el traslado de sus casos a autoridades de procuración o impartición de justicia civil.
Notas:
1 Avilés, Jaime, "El gobierno federal busca que
se exonere a soldados acusados de violación: Vera", La Jornada,
9-05-07; citado el 14-06-07; disponible en Internet: http://www.jornada.unam.mx/2007/05/09/index.php?section=politica&article=016n1pol.
2 Espejo, Raymundo, "¡Retienen al procu y al general!",
Notiver; en línea; México, 28-02-07; citado 15-03-07; formato
html, disponible en Internet: http://www.notiver.com.mx/index.php?id=57465.
Redacción, Los arraigan, Notiver, en línea, México,
13-03-07; citado 20-06-07; formato html, disponible en Internet: http://www.notiver.com.mx/index.php?id=58976.
3 Batres Guadarrama, Valentina; Bautista Bravo, Alliet,
y Contreras Julián, Maricela (coordinadoras), Contradicciones
y retractaciones sobre la verdad histórica de los hechos / Caso
Ernestina Ascensión Rosario (Sierra de Zongolica, Veracruz), Grupo
Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, México, 2007; disponible en Internet:
http://192.168.10.254/publicaciones/libros/zongolica/contradicciones-web.pdf.
Documenta con detalle los diferentes resultados que las autoridades mencionadas
fueron dando sobre el caso.
4 Secretaría de la Defensa Nacional, comunicado
de prensa número 019, Dirección General de Comunicación
Social, en línea, México, 6-03-07; citado 15-03-07; formato
html, disponible en Internet: http://www.sedena.gob.mx/pdf/comunicados/192007.pdf.
Sobre las investigaciones realizadas se menciona: Se han entrevistado a
cuatro oficiales y a 19 de tropa que forman parte de la Base de Operaciones
García (...) Se realizó un examen médico con revisión
minuciosa del área genital a todo el personal militar que se encontraba
en el lugar (...) Peritos especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial
en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido
del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal
(...)
5 Osorno, Diego, "Pinches drogadictas putas", La Opinión,
en
línea, México, 17-05-07; citado 14-06-07; formato html, disponible
en Internet: http://www.milenio.com/torreon/milenio/nota.asp?id=493172.
Contiene los testimonios de las menores. 6. Comunicado de prensa CGCP/072/07,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en línea, México,
15-05-07; citado 14-06-07; formato html, disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/comsoc/compre/compre2.asp?offset=12#.
7 Rojas Guerrero, Benito, "Daños colaterales",
Redes Ciudadanas Jalisco, en línea, México, 5-06-07; citado
14-06-07; formato html, disponible en Internet http://redesciudadanasjalisco.blogspot.com/2007/06/daños-colaterales.html
8 Esta cifra se obtiene de las 31 recomendaciones que
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido a la Secretaría
de la Defensa Nacional o a su Procuraduría General de Justicia Militar,
desde 1990 a junio de 2007: 004/1990, 070/1991, 098/1991, 126/1991, 001/1993,
143/1993, 185/1993, 268/1993, 059/1996, 114/1996, 031/1997, 032/1997, 085/1997,
086/1997, 087/1997, 096/1997, 100/1997, 073/1999, 087/1999, 008/2000, 019/2000,
020/2000, 017/2001, 015/2003, 016/2003, 048/2003, 008/2004, 023/2004, 014/2005,
049/2005 y 009/2007. Se puede observar el detalle en: Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp.
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe 53/01, caso 11.565, Ana, Beatriz y Celia González Pérez.
México, 4-04-01; citado 18-06-07; formato html, disponible en Internet:
http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Mexico11.565.htm.
10 Amnistía Internacional, México. Mujeres
indígenas e injusticia militar, AMR 41/033/2004, en línea,
23-11-04; citado 18-06-07; formato html, disponible en Internet: http://web.amnesty.org/library/index/eslamr410332004.
11 Amnistía Internacional, Cit.
12 Castillo Jiménez, Karina, "El caso de dos asesinatos
por soldados, en el olvido. Olvido y represión contra mixtecos",
Comunicación e Información de la Mujer, en línea,
México, 20-10-03; citado 19-06-07; formato html, disponible en Internet:
http://www.cimacnoticias.com/noticias/03oct/03102004.html.
13 Pichardo, Manuel A., Rostros de la impunidad: mujeres
indígenas violadas por militares en Guerrero, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, México; citado 19-06-07;
formato html, disponible en Internet: http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=dfejul03muje.
14 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez AC, en línea, Campesinos ecologistas Rodolfo Montiel
y Teodoro García, México; citado 14-06-07; formato html,
disponible en Internet: http://www.centroprodh.org.mx/casos/ecologistas/ecologistas.htm.
El caso de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera,
en audiencia ante la CIDH, boletín de prensa, en línea, México,
24-10-06; citado 14-06-07; disponible en Internet: http://www.centroprodh.org.mx/Sala%20de%20prensa/Boletines/2006/con%20otros/Ecologistas_241006.htm•
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación
008/2000, caso de los habitantes de la comunidad de Pizotla, municipio
de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y de los señores Rodolfo
Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, 14-07-00; Citada 21-06-07;
formato html, disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp.
• Human Rights Watch, Injusticia militar. La reticencia de México
para sancionar los abusos del ejército, en línea, Estados
Unidos, 2001; citado 21-06-07; formato html, disponible en Internet: http://www.hrw.org/spanish/informes/2001/injusticia_militar3.html.
15 Amnistía Internacional, Cit. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Informe 93/06, petición 972-03,
admisibilidad, Valentina Rosendo Cantú y otros, México, en
línea, 21-10-06; citado 20-06-07; formato html, disponible en Internet:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Mexico972.03sp.htm.
16 Amnistía Internacional, Cit. Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación 048/2003, sobre
el caso de la señora indígena tlapaneca de la comunidad de
Barranca de Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, en línea, México,
28-11-03; Citada 21-06-07; formato html, disponible en Internet: http://www.cndh.org.mx/recomen/recomen.asp.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 94/06, petición
540-04, admisibilidad, Inés Fernández Ortega y otros, México,
en línea, 21-10-06; citado 20-06-07; formato html, disponible en
Internet: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Mexico540.04sp.htm.
17 Padgett, Humberto, Los delitos sexuales del ejército,
Emeequis 66, México, 7-05-07.
18) Entre los artículos e informes que han generado los organismos mexicanos de defensa de los derechos humanos al respecto se encuentran:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de julio de 2007
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Julio 4 de 2007.)
Palacio Legislativo 25 de junio del 2007.
En respuesta a la invitación del señor Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, los suscritos del presente informe viajamos el 18 y 19 de junio del año en curso a Madrid, España, para participar en el Seminario internacional sobre cohesión social en Iberoamérica.
Además de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la reunión fue copatrocinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Con la reunión celebrada en Madrid inició el trabajo encomendado por los jefes de Estado y de gobierno sobre el tema "La cohesión social y las políticas públicas para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica". El debate, proceso de reflexión y diálogo sobre la cohesión social culminará en la decimoséptima Cumbre Iberoamericana, por celebrarse en Santiago de Chile, en noviembre del 2007.
El seminario sobre cohesión social abrió espacios de reflexión y debate entre los delegados gubernamentales, organismos internacionales, la sociedad civil y representantes de los pueblos "originarios" (indígenas) y afrodescendientes de la región.
Algunas de las intervenciones más sobresalientes fueron las correspondientes a las palabras introductorias y las conclusiones presentadas por el señor Enrique Iglesias, titular de la Segib, la de la señora. Clarissa Hardy, ministra de Planificación de Chile; la del señor Kevin Casas, ministro de Planificación y Política Económica de Costa Rica; la del señor David Choquehuanca, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia; la del señor José Luis Machinea, secretario ejecutivo de Cepal, y la del señor Felipe González, ex presidente de España.
Todos ellos hicieron diversas contribuciones desde la perspectiva de sus países y con la visión de sus instituciones.
Sus intervenciones orientaron el debate desde los aspectos teórico conceptuales, las perspectivas y limitaciones de la cohesión social en Iberoamérica, los desafíos para la democracia, los derechos sociales y las políticas públicas; el empleo, la competitividad y las políticas fiscales, las aspiraciones de igualdad y pertenencia de ciudadanía, las oportunidades para la economía regional, la confianza y eficacia de las instituciones democráticas y el contrato social.
Además de las intervenciones magistrales, el debate se fortaleció con la instalación de mesas de trabajo, plenarias y diversas sesiones para propiciar un diálogo más plural e incluyente.
Sintetizamos los principales planteamientos:
2. Los actores que bien podrían ser llamados a construir espacios de interacción no cuentan con una comunidad de principios, tienen limitados niveles de cooperación y comunicación.
3. Es relevante consolidar el estado de derecho, el orden social democrático y la gobernabilidad.
4. La región se caracteriza por grandes diferencias con niveles de bienestar entre países, entre regiones dentro de cada país y entre diferentes segmentos de su población. Esas desigualdades son en muchos casos de una larga raíz histórica.
5. El de la "cohesión social" surge como un tema prioritario cuando la humanidad atraviesa por un cambio de época, cuando las bases mismas de la vida en común empiezan a ser cuestionadas y erosionadas.
6. Hay suficientes razones para creer que estamos viviendo un periodo de transición histórica, de un profundo cambio de época en la historia de la humanidad.
2. Deben tomarse medidas para encarar las serias restricciones que prevalecen en el mundo del trabajo: hay creciente desempleo, se acentúa la brecha salarial, se expande el trabajo informal y las distintas maneras de agudizar la pobreza social.
3. La negación del "otro" constituye una marca secular de ciudadanía incompleta en la región. En América Latina los procesos de conquista, colonización y desarrollo van unidos a una persistente negación de plenos derechos a grupos marcados por la diferencia racial, étnica y cultural.
4. Por tratarse de una región pluriétnica y pluricultural, los indígenas, los afrodescendientes y otros grupos sociales, sufren distintas formas de racismo, discriminación y exclusión social.
5. Los cambios culturales fomentan un mayor individualismo. Cada día es más complicado crear y recrear mecanismos de reciprocidad y solidaridad entre los distintos grupos de la sociedad.
Además de participar en las distintas mesas de trabajo, plenarias y otros diálogos informales en el Seminario sobre cohesión social, también sostuvimos entrevistas con diputados Españoles de distintos grupos parlamentarios de ese país. Fuimos invitados a visitar el Palacio Legislativo del Congreso de los Diputados en Madrid e iniciamos diversas propuestas de mutua colaboración entre los legisladores de ambas naciones.
El viaje de trabajo a Madrid fue altamente positivo. Nuestra corta estancia en esa ciudad nos permitió entablar diálogos con diversos representantes de los jefes de Estado y de gobierno, quienes organizan actividades hacia la próxima Cumbre Iberoamericana, por celebrarse en noviembre, en Santiago de Chile.
Hacemos el exhorto correspondiente para hacer el esfuerzo necesario y prever que los representantes del Congreso de la Unión de nuestro país organicen su participación en la próxima Cumbre Iberoamericana, que seguramente será de trascendental importancia para México y América Latina.
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, REFERENTE A SU REUNIÓN DE TRABAJO CON ACADÉMICOS ESPECIALISTAS EN DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO SOBRE EL ASUNTO DE LA BARRANCA DE HUEYETLACO, REALIZADA EL VIERNES 2 DE MARZO DE 2007
Con base en lo dispuesto en los artículos 39, 40, 44, numeral 1, y 45, numeral 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a las 10:30 horas del 2 de marzo de 2007 se reunieron los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano para llevar a cabo la reunión de trabajo con académicos especialistas en desarrollo urbano y metropolitano, en la cual se registró la siguiente asistencia:
Diputados: Obdulio Ávila Mayo, presidente; Alejandro Sánchez Domínguez, Juan Manuel Villanueva Arjona, secretarios; Jaime Espejel Lazcano, Jorge Godoy Cárdenas.
Como invitados estuvieron el arquitecto Roberto Eibenschutz Hartman, el ingeniero Augusto Suárez y alumnos de la licenciatura en planeación territorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco.
Dicha reunión se llevó a cabo con el siguiente
Orden del Día
Al respecto, alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana iniciaron la presentación del tema comentando que la delegación Cuajimalpa se encuentra en la zona poniente del valle de México y en el extremo norte de dicha delegación se encuentra situada la barranca de Hueyetlaco; destacaron que los habitantes de Interlomas deben atravesar Cuajimalpa y pasar por la calle Jesús del Monte para poder llegar al sur de la ciudad.
Por otro lado, comentaron que los puntos de conflicto vial en esa zona son Jesús del Monte, San José de los Cedros, calle Echanove, Noche de Paz y avenida El Olivo. Señalaron también que no existe un transporte público eficiente para que la gente pueda trasladarse de Cuajimalpa a Huixquilucan. Asimismo, comentaron la necesidad de tener una construcción integral, por lo que es viable la construcción del puente siempre y cuando se complemente con la construcción de un paso a desnivel y un eje vial.
En forma alterna, propusieron la construcción de dos puentes a la altura de la carretera México-Toluca que brinde desahogo en la zona poniente de la ciudad.
Por otro lado, señalaron la accesibilidad entre Huixquilucan y Cuajimalpa representa en la actualidad un problema importante, ya que un gran número de calles del municipio de Huixquilucan son cerradas.
Con el fin de poder mitigar los conflictos viales, los alumnos de la licenciatura en Planeación Territorial plantearon la viabilidad de innovar el transporte colectivo en la zona, mediante el aerobús, el cual podría contener cuatro estaciones:
Posteriormente, se dio el uso de la voz al arquitecto Roberto Eibenschutz Hartman, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien comentó que era importante establecer mecanismos que condujeran a la determinación de abrir o no el puente que se encuentra a media construcción sobre la barranca de Hueyetlaco; destacó además que la realidad es que la circulación es conflictiva y se requiere de otras acciones adicionales al puente.
Asimismo, comentó que el proyecto del aerobús es viable, ya que no existe ningún impedimento técnico para que pueda realizarse. Finalizó su intervención diciendo que se deben de tomar acciones concretas que beneficien a Huixquilucan y Cuajimalpa.
Por su parte, el ingeniero Augusto Suárez agradeció la invitación y mencionó que le agradó la presentación de los alumnos. Agregó que el panorama de crecimiento del estado de México está obligado a tener proyectos específicos; en el ámbito legislativo comentó que se debe de empezar a tratar de que los presupuestos y los planes a mediano y largo plazo en cuestiones como estas se atiendan y sean concordantes.
Asimismo, dijo que la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana es una sociedad del Colegio de Ingenieros Civiles, la cual asesora a empresas, municipios, delegaciones, representantes populares, inversionistas e incluso colonos respecto a la problemática diversa que existe en la Ciudad de México, principalmente.
Destacó que el tema de la barranca de Hueyetlaco es un ejemplo que se repite constantemente en la ciudad, por no haberse previsto desde antes y no haber salvaguardado debidamente los derechos de vía.
Por otra parte, explicó que México es un país en el que los asentamientos humanos están creciendo aceleradamente y la capacidad de inversión es reducida. Señaló también que afortunadamente ya existe un transporte como el metrobús, que prevé la preferencia de paso del transporte público, lo que sin duda reditúa en la economía y en el medio ambiente.
Posteriormente comentó que la barranca de Hueyetlaco ecológicamente está abandonada y mencionó que le parece bueno que se preocupen por el impacto ambiental, pero definió que en cualquier país desarrollado el primer estudio de impacto que se hace es el fiscal, cuyo fin es saber en que manera repercute una obra de infraestructura en empleos, en la economía y en la productividad local.
Respecto al puente de la barranca de Hueyetlaco, subrayó que una solución probable podría ser la de construir pasos a desnivel, y que la calle de Tecamachalco, en el municipio de Huixquilucan, se ampliara y se realizara una intersección vial.
Otra propuesta del ingeniero Augusto Suárez fue que se lleve a cabo una red emergente y una traza estratégica en la cual se utilicen camiones con el fin de resolver situaciones que provoquen tráfico vehicular en la ciudad.
Agregó, que una buena solución sería empezar a quitar los horarios burocráticos, ya que de esa manera bajarían de manera considerable las aglomeraciones en las calles y en el transporte, y propuso horarios escalonados.
Por otro lado, comentó que hay que tener en cuenta que es muy importante que la gente haga menos tiempo en trasladarse de un lugar a otro. La sustentabilidad de la ciudad obliga a ahorrar en los tiempos de que disponen de las personas, en combustible, en mantenimiento de accidentes y en hacer una mejor planeación y control del uso de suelo.
Por último, comentó que sería prudente que se descontinuara el uso de algunos automóviles que tienen mas de diez años de antigüedad y que se dé preferencia a los autos que transportan más gente.
Finalmente, el diputado Obdulio Ávila Mayo reconoció las opiniones que se realizaron, toda vez que provienen de actores que no están involucrados con los gobiernos. Asimismo, destacó que es interesante la propuesta del aerobús, ya que éste tipo de transporte existe actualmente en otros países con resultados favorables.
Mencionó que la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos ya tenía previsto hacer modificaciones viales bajo la falta de coordinación, comunicación y homologación de normas, y destacó la necesidad de legislar sobre el tema de coordinación, a fin de evitar más casos como el de la barranca de Hueyetlaco.
Explicó que de parte de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, más que pretender dar una solución concluyente, sería bueno aportar recomendaciones e ir recabando diferentes puntos de vista, a efecto de construir una reforma legal constitucional que pueda ser auxiliar de los problemas que se presentan en las zonas metropolitanas.
Por último, al no haber otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión a las once horas con cincuenta minutos del dos de marzo de dos mil siete
Firma al calce el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a fin de cumplir lo previsto en el artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, PERTENECIENTE A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDA CON EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO METROPOLITANO Y LA PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL RESPECTO A LA VIALIDAD QUE SE CONSTRUYE SOBRE LA BARRANCA DE HUEYETLACO EL MARTES 27 DE MARZO DE 2007
Con base en lo dispuesto en los artículos 39; 40; 44, numeral 1; y 45, numeral 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se reunieron los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en el edificio G (restaurante Los Cristales) del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, Distrito Federal, a las 17:40 horas del 27 de marzo de 2007, con objeto de llevar a cabo la reunión de trabajo con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, el subsecretario de Desarrollo Metropolitano y la procuradora ambiental y del Ordenamiento Territorial del Gobierno del Distrito Federal. Se registró la siguiente asistencia:
En relación con el punto número 2 del orden del día, se concedió el uso de la voz al arquitecto Jesús Arturo Aispuro Coronel, quien comentó que el tema de la barranca de Hueyetlaco ha sido un detonador para la revisión integral del poniente de la Ciudad de México.
Destacó que los múltiples pronunciamientos, convenios y una serie de compromisos entre el gobierno del estado de México y del Distrito Federal han planteando la necesidad de contar con un estudio integral de conectividad y movilidad de los componentes que tienen que ver con la sustentabilidad en la zona poniente de la ciudad.
Subrayó que ni en el estado de México ni en el Distrito Federal hay para el presente año programas de desarrollo y construcción de vialidades (barranca de Hueyetlaco), por lo cual se puso a consideración del estado de México y de la Comisión Ejecutiva Metropolitana la necesidad de acelerar la realización de un estudio de manera integral; y que gracias a la participación de la Cámara de Diputados se contaba ya con recursos del fondo metropolitano para llevarlo a cabo.
Destacó que la información enviada por el estado de México era el estudio que en esa materia realizaron los desarrolladores a cargo de esa vialidad, centrado sólo en las consecuencias y características del desarrollo, pero no en la totalidad del poniente de la ciudad.
Explicó que la información que tienen del Distrito Federal era que a lo largo del tiempo se habían venido realizando diferentes opciones de movilidad y que la posición del jefe de gobierno se había expresado en múltiples foros y ocasiones a los medios de comunicación y grupos interesado en el tema.
Posteriormente, señaló que abrir la barranca de Hueyetlaco significaría un incremento en el flujo vehicular en ese punto. Asimismo, destacó que habían preparado y realizado un diagnóstico (mapa) con la identificación puntual de cada uno de los proyectos y puntos conflictivos del poniente de la ciudad, antes de pensar en la apertura de la vialidad.
Incluso, dijo que tienen ya una propuesta para el paso siguiente, la cual es coordinada por el Colegio de Arquitectos y reúne a especialistas en materia de vialidad, ambiente, desarrollo urbano y uso de suelo.
Mencionó para finalizar que cuentan no sólo con una propuesta de estudio integral sino, también, con una primera estimación de lo que implicaría la ejecución de las obras necesarias para atender ese tema, lo que permitiría en su oportunidad, a través de la Cámara de Diputados, obtener los recursos correspondientes para llevar a cabo la ejecución de las obras, una vez concluido el estudio mencionado.
Posteriormente, el diputado Obdulio Ávila Mayo, presidente de la comisión, dio el uso de la palabra a la licenciada Diana Ponce Nava, procuradora ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, quien agradeció la invitación y el interés de los diputados en conocer diferentes puntos de vista con relación al tema.
Mencionó que la institución que dirige fue creada en 2001 y entró en funciones en 2002, con el objetivo principal de garantizar la defensa de los derechos ambientales y urbanos de los habitantes del Distrito Federal. Sus facultades son emitir y atender denuncias, iniciar investigaciones de oficio y emitir recomendaciones y sugerencias.
En referencia al tema de la barranca de Hueyetlaco, y en el marco de las atribuciones mencionadas, dijo que en diciembre de 2006 se inició una investigación de oficio que derivó en una verificación en sitio, realizada el 12 de enero de 2007. Añadió que solicitó información a diversas autoridades del Distrito Federal.
Expuso que, en un marco de respeto de la soberanía estatal y de la municipal, se solicitó también información del gobierno del estado de México, que amablemente la proporcionó y que ha permitido realizar un análisis integral.
La licenciada Diana Ponce Nava indicó que las conclusiones obtenidas por lo que concierne a la parte ambiental fueron que hay una erosión provocada por pérdida de cobertura vegetal, así como que hay acumulación de materiales de construcción (varillas, vigas, arena, cascajo). Destacó que la obra, actualmente clausurada por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, ha generado contaminación de las laderas en el agua y en su cauce natural, derivado del tiro de los residuos sólidos, la descarga de aguas residuales y los asentamientos humanos irregulares (los cuales datan de más de 10 años en el lado del municipio de Huixquilucan), por lo cual se hablaba de una degradación ecológica de más de 10 años.
Agregó que en el lado del Distrito Federal (delegación Cuajimalpa), el cambio de uso habitacional no había sido significativo y que se habían eliminado árboles y arbustos de manera mínima.
Mencionó que, desde el punto de vista legal, se encontraron acciones y actos de autoridad aislados. Destacó que la obra no contaba con los permisos y las autorizaciones que requiere la legislación del Distrito Federal (uso de suelo, evaluación de impacto ambiental, drenajes y alcantarillados), por lo cual la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal clausuró la obra.
Indicó que se habían encontrado acciones fragmentadas que se derivan de una percepción social negativa, y que era evidente la falta de coordinación metropolitana, en el caso del Distrito Federal con las autoridades del estado de México, y que cada autoridad iba realizando obras de manera fragmentada, sin visualizar los requerimientos legales que se presentarían en el siguiente segmento de la obra.
Para finalizar, sugirió que los planes en que se trabaja tengan una evaluación ambiental estratégica y regional, con el debido acceso de información al público para que, de esa forma, la percepción social sea de respeto de los derechos ambientales y del ordenamiento territorial.
Posteriormente, el actuario Héctor Hernández Llamas agradeció la invitación y mencionó que uno de los mecanismos a través de los cuales se busca avanzar en la coordinación metropolitana (en particular entre el estado de México y el Distrito Federal) son las "comisiones metropolitanas", de las cuales a la fecha hay seis, y una de ellas es la Comisión Metropolitana de Transportes y Vialidad (Cometravi).
Señaló que en 2000, en el seno de la Cometravi, se firmó un acuerdo entre el Gobierno del Distrito Federal y el del estado de México donde se enumeran, entre otros elementos, 13 acciones que tienen que ver con la búsqueda de mejorar la vialidad en el poniente de la ciudad, que incluían llevar a cabo obras en Reforma, en Palmas, en la zona de Santa Fe, en Legaria y en Conscripto. La última señalaba la construcción de un puente sobre la barranca de Hueyetlaco, lista que muestra lo que hacía siete años se visualizaba como necesario en esa región de la ciudad.
Informó que se tuvo el cuidado de "establecer candados", los cuales fueron básicamente que en el seno de la Cometravi se aprobarían los proyectos ejecutivos de cada una de las 13 acciones mencionadas, estableciendo la prioridad en función de los recursos que se dispusieran para llevarlos a cabo.
El actuario expresó para concluir su participación que se cuenta con las piezas fundamentales a fin de seguir avanzando: el acuerdo con las autoridades del estado de México, las definiciones técnicas rigurosas de lo que hay que hacer para poner al día la gran cantidad de estudios de diversa naturaleza, de bases de datos, de información que se tiene sobre el tema de la vialidad en el poniente de la ciudad y los recursos para poder llevarlo a cabo este año.
Con relación al punto número 3 del orden del día, participaron con diversos cuestionamientos a los invitados los diputados Mauricio Ortiz Proal y Carlos René Sánchez Gil.
Acto seguido, el diputado Obdulio Ávila Mayo, presidente, señaló que la reunión de trabajo era el inicio de un diálogo productivo con el gobierno de la Ciudad de México, así como un esfuerzo loable para traducir los conocimientos y las experiencias en normas concretas que pudieran auxiliar desde el plano legislativo en la búsqueda de soluciones.
En relación con el punto número 4 del orden del día, el diputado Obdulio Ávila Mayo solicitó a los invitados que toda información documental que tuvieran sobre el tema la remitieran a la Comisión de Desarrollo Metropolitano. El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal entregó un plano con la propuesta para la integración vial y espacios públicos de la zona poniente del área metropolitana.
Desahogado el orden del día, y por no haber otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión a las 19:20 horas del 27 de marzo del año 2007. Firma al calce el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, DE SU REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS SOBRE LA INSEGURIDAD, AC, DOCTOR LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2007
Con base en lo dispuesto en los artículos 39, 40, 44 numeral 1 y 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el salón de usos múltiples número uno del Edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, siendo las 10:10 horas del 28 de marzo de 2007, se reunieron los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano para llevar a cabo la reunión de trabajo con el director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC (ICESI) registrándose la siguiente asistencia:
Diputados: Obdulio Ávila Mayo, presidente; Juan Manuel San Martín Hernández.
Como invitado especial, asistió el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director general del ICESI.
Dicha reunión se llevó a cabo bajo el siguiente
Orden del Día
A continuación, referente al punto número 2 del orden del día, se dio el uso de la voz al doctor Luis de la Barreda Solórzano, quien comento que el ICESI fue fundado en el año 2002 por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, de Monterrey, la fundación Este País, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Asimismo, comentó que fueron esas cinco instituciones las que en aquél tiempo plantearon la importancia de realizar en México este tipo de encuestas victimológicas, como las que se realizan en países de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Canadá. Australia, entre otros países, en donde se han presentado resultados positivos contra la inseguridad pública, ya que las encuestas victimológicas tiene un gran aprecio por parte de los académicos, los medios de comunicación, la comunidad en general y las autoridades, ya que dan datos distintos de los que ofrece la estadística oficial.
Mencionó que si se deseaba saber la encuesta oficial de delitos cometidos en el Distrito Federal, se tendría que basar en los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística, Geografía Informática, datos que a su vez le proporciona la Procuraduría General de Justicia, esos datos son los que derivan en la estadística oficial, sin embargó destacó, que esa estadística no proporciona datos de los delitos que no fueron denunciados.
Asimismo, destacó que la estadística oficial no proporciona datos sobre cuáles eran las características de los delincuentes, si el delito se cometió con violencia o no, si en el delito los delincuentes emplearon armas, o bien los motivos por los cuales el ofendido presenta su denuncia o no.
El doctor De la Barreda, continuó exponiendo que la estadística oficial tampoco arroja el resultado de la averiguación previa, ni tampoco, qué experiencia tuvo el denunciante en su trato con el Ministerio Público y con la policía.
Explicó que para realizar las encuestas se hace primero una selección de la vivienda, siguiendo los estándares recomendados por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y posteriormente se acude a las visitas para realizar las entrevistas, en las cuales se efectúan una serie de preguntas, las cuales proporcionan el porcentaje de delitos no denunciados, es decir, la parte de victimización real.
En una segunda parte de la encuesta, aseguró que los datos mostraban la percepción que tiene la victima con relación al delito. Subrayó que el tamaño de la criminalidad no se mide por el número de delitos denunciados, sino por el número de delitos realmente cometidos, lo que permite saber si la criminalidad va a la baja o al alza en una entidad correspondiente, en una ciudad determinada o en el país, situación que permite realizar comparaciones entre entidades, ciudades y localidades seleccionadas para las encuestas.
Mencionó, que el ICESI no es una organización no gubernamental que se dedique a hacer juicios que descalifiquen la tarea de las autoridades, ya que tiene los auspicios de dos universidades muy importantes en el país como son la UNAM y el TEC de Monterrey, lo que permite que por primera vez en la historia de México, un instituto como el ICESI participe en la Encuesta Internacional de Victimización que se realiza cada cinco años por la ONU, en más de 70 países.
Por otro lado, explicó que los dos principales objetivos del ICESI son, primero la realización de encuestas victimológicas y segundo, hacer estudios y propuestas para combatir la criminalidad. Destacó que el ICESI ha realizado cuatro encuestas nacionales sobre inseguridad, las cuales se dividieron por entidades federativas, por selección de áreas urbanas de gran importancia y por selección de las 16 áreas metropolitanas de mayor importancia. Las ciudades en que se realizaron dichas encuestas fueron Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuernavaca, Culiacán, Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Nuevo Laredo, Oaxaca, Tijuana, Villahermosa, la zona conurbana del DF y estado de México.
Haciendo una comparación de las encuestas realizadas en las tres zonas metropolitanas del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), comentó que en el DF, 3 de cada 10 habitantes han sido victimas de por lo menos un delito en su vida, más alta que en las otras dos ciudades.
Las encuestas realizadas por el ICESI, reveló que la Ciudad de México era la ciudad con mayor porcentaje de delitos cometidos seguido de Guadalajara y Monterrey.
Comentó también que la prevalencia de víctimas era un punto muy importante en materia de criminología, dato que se refiere a la probabilidad de ser víctima de acuerdo con la edad y el sexo, de esta forma las encuestas revelaron que existe mayor probabilidad de ser víctima entre los 20 a los 29 años de edad y que los hombres son victimizados en una proporción ligeramente mayor que las mujeres.
Acto seguido, el doctor Luis de la Barreda se refirió al problema de la multivictimización, que se refiere a las víctimas que fueron objeto de más de un delito durante un periodo determinado. Señaló que en el Distrito Federal siete de cada diez personas durante toda su vida nunca han sido víctimas de la delincuencia.
Aunado a lo anterior, expuso que la prevalencia delictiva, destacando que en el Distrito Federal, se presentan 16 mil 500 víctimas por cada 100 mil habitantes, muy por encima de Guadalajara que tuvo 4 mil 400 y de Monterrey que tuvo 3 mil 200.
En cuanto a la incidencia delictiva, comentó que el Distrito Federal presentó 23 mil delitos por cada 100 habitantes, contra 6 mil que presentó Guadalajara y 4 mil de Monterrey.
Por otro lado, el doctor Luis de la Barreda indicó que la percepción de inseguridad, no tenía que ver directamente con el hecho de que uno haya sido víctima de delito, sino simplemente el saber que otros han sido víctimas y que uno mismo puede serlo, lo que hace sentir a la población inseguridad.
Referente a los delitos denunciados, mismos que significan una mínima parte de la delincuencia real, aseveró que de los 333 secuestros denunciados en toda la república, 103 corresponden al Distrito Federal, seguido del estado de México con 46, sin embargo, comentó que existen entidades en donde no se había registrado ningún secuestro, como por ejemplo en Yucatán.
Por otra parte, señaló que de toda la República Mexicana, la única entidad donde hubo un incremento notable de la delincuencia fue en el Distrito Federal, presentándose en comparación descensos significativos en Cuernavaca, Culiacán y Guadalajara.
Con relación al porcentaje de denuncias, se destacó que en las zonas urbanas acude a denunciar el delito en un 21 por ciento de las víctimas, sin embargo en el Distrito Federal el porcentaje de denuncias ascienden al 18 por ciento, en Guadalajara al 16 por ciento y en Monterrey al 23 por ciento.
Referente a la "cifra negra u oculta", expresó que no solamente es el porcentaje de delitos denunciados, sino los delitos que no registran las autoridades, y los delitos que no dan lugar a una averiguación previa a pesar de haberse denunciado, así como los varios delitos sufridos en un solo incidente, pero que quedan registradas en una sola averiguación previa. Asimismo, apuntó que en las zonas urbanas estudiadas, sólo se registran 13 de cada 100 delitos.
Por otro lado y en relación con la percepción sobre cómo está la criminalidad, comentó que de la totalidad de las zonas urbanas estudiadas, 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en su entidad, en la Ciudad de México el 78 por ciento, en Monterrey el 59 por ciento y en Guadalajara el 50 por ciento.
Asimismo, y en relación con la encuesta realizada referente a la criminalidad en las ciudades, dijo que 9 de cada 10 personas se sienten inseguras en la Ciudad de México, en Guadalajara el 53 por ciento y en Monterrey el 50 por ciento.
Posteriormente, el doctor De la Barreda explicó que casi la mitad de los ciudadanos en las áreas urbanas percibe que la delincuencia ha aumentado, y el transporte público y andar por las calles son percibidos los ámbitos más inseguros con el 78 por ciento y el 73 por ciento respectivamente.
Asimismo, destacó que más de la mitad de la población considera que la criminalidad ha afectado su calidad de vida, así como también, ha dejado de realizar actividades por temor a ser víctimas.
Por otro lado, expresó que la gran mayoría de la población considera que los medios de comunicación le dedican demasiado espacio a las noticias sobre crímenes.
Referente a la confianza que le inspiran a los ciudadanos las instituciones, mencionó que las policías preventivas tienen una confianza del 5.3 por ciento, los policías judiciales o ministeriales 4.9 por ciento y el ministerio público 5 por ciento, de las corporaciones policíacas, confían más en las federales que en las locales, lo que podía deberse a que las corporaciones policiacas federales tienen mejor capacitación y los ciudadanos tienen menos contacto con ellos.
Finalmente, el doctor De la Barreda puntualizó que le parecía muy bien que en México se estuviera asentando la práctica de la realización de encuestas victimológicas periódicas, que pudieran servir para la formulación de políticas criminológicas y también para comparar como se va o no avanzando en el país.
Con relación al punto número 4 del orden del día, el diputado Obdulio Ávila Mayo, agradeció nuevamente la presencia del doctor Luis de la Barreda Solórzano, habiendo desahogado el orden del día.
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión, siendo las 12 horas del día veintiocho de marzo de 2007, firmando al calce el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
Presidente
A su sesión ordinaria, que tendrá verificativo el martes 10 de julio, a las 10 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Benjamín González Roaro
Presidente
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
A la reunión de trabajo que tendrá lugar el martes 10 de julio, a las 11 horas, en la zona C del edificio G, a efecto de analizar los últimos dos ejes temáticos, "Participación ciudadana" y "Resolución de disputas, justicia electoral y sanciones", con relación a las Jornadas ciudadanas de reflexión y análisis para la modernización y reforma electorales, organizadas por el Instituto Federal Electoral.
Atentamente
Diputado Diódoro Carrasco Altamirano
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la undécima reunión de su mesa directiva, que se efectuará el martes 10 de julio, a las 11 horas, en la sala de juntas situada en el segundo piso del edificio F.
Orden del Día
DEL CONSEJO EDITORIAL
A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 10 de julio, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Junta de Coordinación Política, situada en el edificio G, segundo nivel.
Atentamente
Diputada María del Carmen Pinete Vargas
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A su undécima reunión plenaria, que se efectuará el martes 10 de julio, a las 14 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la comparecencia del comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, maestro Daniel Karma Thoumeh, que se realizará el martes 10 de julio, a las 16 horas, en el salón B del edificio G.
Formato
Participación de diputados (por 3 minutos), uno
por partido político:
PT
Convergencia
PVEM
PRI
PRD
PAN
Participación del comisionado (por 10 minutos)
Participación de diputados, uno por partido político
(por 5 minutos):
PRI
PRD
PAN
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión de su mesa directiva, que se efectuará el miércoles 11 de julio, a las 8:30 horas, en la sala de juntas de ese órgano legislativo (edificio D, tercer piso).
Atentamente
Diputado Raymundo Cárdenas Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la decimotercera reunión de su mesa directiva, que se realizará el miércoles 11 de julio, a las 10 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto nivel).
Atentamente
Diputado Marcos Matías Alonso
Presidente
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 11 de julio, a las 10 horas, en el salón de protocolo del edificio C, con la presencia del director general del Instituto de Asuntos Europeos de Irlanda, señor Alan Dukes, quien dictará la conferencia Reforma fiscal en Irlanda, para después llevar a cabo la sesión ya programada para analizar con servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente
Diputado Jorge Estefan Chidiac
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A su sexta reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 11 de julio, a las 10 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo que convoca, situada en el edificio D, tercer piso.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A la reunión de su mesa directiva, que se efectuará el miércoles 11 de julio, a las 11 horas, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, situada en el tercer piso del edificio H.
Atentamente
Diputada Verónica Velasco Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 11 de julio, a las 13 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Atentamente
Diputada Verónica Velasco Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A su séptima reunión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 11 de julio, a las 14 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CITRICULTURA
A su reunión de trabajo, que se celebrará el jueves 12 de julio, a las 9:30 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
8. Clausura.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión de trabajo que sostendrá con la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles, AC, el jueves 12 de julio, a las 12 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la reunión de su mesa directiva, que se realizará el martes 17 de julio, a las 10 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 17 de julio, a las 12 horas, en la sala de juntas de ese órgano legislativo (edificio F, primer nivel).
Atentamente
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO
A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 17 de julio, a las 17 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 18 de julio, a las 12 horas, en la sala de juntas de ese órgano legislativo (edificio F, primer nivel).
Orden del Día
Al Foro de análisis de la reforma hacendaria, que se verificará el martes 10 de julio, de las 9 a las 14 horas, en el hotel Misión de los Ángeles (calzada Porficio Díaz 102-D, Oaxaca, Oaxaca).
El objetivo del foro es establecer comunicación directa con representantes de la comunidad académica, de organizaciones civiles y empresariales oaxaqueñas, y la sociedad en general, con relación a la propuesta del Ejecutivo federal de la reforma integral de la hacienda pública.
Atentamente
Diputada Irma Piñeyro Arias
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Al foro permanente sobre finanzas públicas Reforma Fiscal en Irlanda, con el señor Alan Dukes, que se llevará a cabo el miércoles 11 de julio, a las 10 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Diputado Moisés Alcalde Virgen
Presidente
DEL DIPUTADO SAMUEL PALMA CÉSAR
En coordinación con la editorial Miguel Ángel Porrúa, a la presentación de La reforma política y la L Legislatura del Congreso de la Unión, libro de Antonio Riva Palacio López, que tendrá lugar el jueves 12 de julio, a las 18 horas, en el Salón Verde, edificio A, segundo piso.
Moderador: Gustavo Salinas Íñiguez.
DEL DIPUTADO DAVID SÁNCHEZ CAMACHO
Al Encuentro laico internacional sobre diversidad, sexualidad y familias, que tendrá lugar del lunes 16 al viernes 20 de julio, de las 10 a las 14 y de las 16 a las 19 horas, en el auditorio del edificio E.
El objetivo del encuentro consiste en propiciar la reflexión nacional para impulsar políticas públicas en el marco de un Estado laico, que fortalezca el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, a través de la formulación de leyes y de programas que promuevan la educación de la sexualidad, el cuidado de la salud sexual, el respeto de la diversidad sexual y social, y el reconocimiento de las distintas formas de organización familiar.
Se contará con la participación de representantes de los sectores involucrados en la discusión; entre otros: expertos nacionales e internacionales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores.
Entre los invitados internacionales se encuentran Vladimir Luxuria, diputada de Italia; Louis George Tin, presidente del Comité Internacional para el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia; Carla Antonelli, activista transexual española; Georgina Beyer, ex alcaldesa y ex diputada transexual de Nueva Zelandia; y Frances Kissling, presidenta de Catholic for a Free Choice.
El encuentro es gratuito y está abierto al público en general. Se entregará constancia si se asiste como mínimo a 80 por ciento de las ponencias.
Temas
• "Estado laico y marco jurídico"
Estado laico en México.
Ley de Identidad de Género en España.
Despenalización del aborto.
Estado laico y objeción de conciencia.
Crímenes de odio por homofobia.
Reconocimiento jurídico a parejas del mismo sexo.
Ley para Personas Transgénero y Transexuales.
• "Derecho a la salud sexual y reproductiva"
Derechos sexuales.
Derechos reproductivos.
Salud sexual.
VIH/sida.
• "Diversidad sexual"
Identidades y expresiones de género diversas.
Jornada Mundial de Lucha contra la Homofobia.
Historia de la diversidad sexual.
Transgénero-transexuales.
Bisexualidad.
Identidades lésbicas.
Diversidad sexual en el medio urbano y en el rural.
• "Familias"
Diversidad de familias en México.
Familias queer.
Masculinidades y familias.
Familias y mujeres en México.
Familias y diversidad sexual.
Atentamente
Diputado David Sánchez Camacho
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
Al diplomado El Legislativo ante la gestión metropolitana, organizado con la Universidad Autónoma Metropolitana, que se llevará a cabo hasta el martes 24 de julio, de las 8 a las 11 horas, en el salón de usus múltiples del edificio I, planta baja.
Diplomado
El Legislativo ante la gestión metropolitana
Aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos viven en las 55 zonas metropolitanas, en menos del 10 por ciento del territorio nacional, que en conjunto aportan casi 80 por ciento del PIB y padecen concentración, crecimiento desordenado e irregular y déficit de cobertura y calidad de infraestructura, equipamiento y servicios públicos. Rezagos, desequilibrios y magnitud de las demandas exigen una adecuada coordinación entre gobiernos locales y eficacia gubernativa y de gestión para inducir la concurrencia de los sectores privado y social y preservar los equilibrios requeridos de funcionalidad urbana, gobernabilidad y desarrollo sustentable. Las atribuciones relacionadas con el ordenamiento territorial y la conducción del desarrollo demandan una atención urgente de los Poderes de la Unión.
Por eso la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados impulsa una visión integrada del fenómeno metropolitano que sirva de marco de referencia, con sustento técnico, para orientar tanto el diseño de iniciativas de ley como su discusión y dictamen, de manera que sean pertinentes, viables y benéficas para la sociedad. Con esa finalidad, la comisión solicitó al Programa Universitario de Estudios Metropolitanos (PUEM) de la Universidad Autónoma Metropolitana el diseño y desarrollo de esta capacitación especializada para legisladores y personal técnico parlamentario, en virtud de la amplia experiencia en esta materia.
Justificación
Estas actividad es parte del programa de trabajo de la comisión y permitirá contar con referentes adecuados que permitan entender mejor la evolución del fenómeno metropolitano, las experiencias de gestión y legislación local y contribuir así a enriquecer el criterio del legislador en la elaboración de iniciativas de ley y sus dictámenes. Por la temática y aproximación, es el primer diplomado en su tipo en el ámbito legislativo.
Respaldo institucional
El diplomado es resultado de la decisión de la Junta de Coordinación Política para apoyar las acciones institucionales dirigidas a proveer soporte técnico especializado a los integrantes de la legislatura y al personal técnico que le sirve para el desempeño de las funciones y del trabajo legislativo; mereció la recomendación favorable del Comité de Administración y la calidad está respaldada por la experiencia y excelencia de docentes e investigadores del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, pionero en este campo.
Objetivo
Enriquecer perspectivas y actualizar enfoques acerca del fenómeno de urbanización metropolitana, los requerimientos de gestión y los criterios técnicos a considerar en el diseño de políticas públicas y leyes en la materia.
Temática
Los contenidos comprenden tres ejes: a) implicaciones del fenómeno en su contexto internacional y nacional, b) revisión del marco legal vigente en la materia y c) análisis de la gestión pública (infraestructura, servicios públicos, uso del suelo, política fiscal, participación ciudadana).
Método de trabajo
En cada sesión habrá una exposición a cargo del especialista en el tema, luego se dará paso a preguntas y respuestas y se concluirá con el análisis grupal de un estudio de caso. Se proporcionará material de consulta y bibliografía, habrá dos mesas redondas de expertos y se inducirá una participación activa.
Duración
Sesenta y seis horas en 22 sesiones en total, 3 sesiones por semana, martes, miércoles y jueves de 8:00 a 11:00 horas. Inicia el 5 de junio y concluye el 24 de julio de 2007.
Coordinador general: Diputado Obdulio Ávila Mayo, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Coordinador académico: Maestro Roberto Eibenschutz Hartman, coordinador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, Universidad Autónoma Metropolitana.
Requisitos
b) Llenar formato de registro vía impresa o digital.
c) Presentar currículum vitae, constancia de estudios
y carta de exposición de motivos dirigida al coordinador general.
d) En cuanto al personal, constancia de la comisión
o área en la que presta sus servicios.
e) Comprometer una asistencia mínima de 80 por
ciento del total de sesiones y a cumplir los lineamientos del diplomado.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
Al diplomado Análisis y diseño de la reforma del Estado en México, que –en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México– ese órgano legislativo llevará a cabo hasta el lunes 12 de noviembre, de las 8 a las 10 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo nivel) del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Módulo I. Conceptos fundamentales, crisis y reforma del Estado.
11 de julio. Factores legales, políticos e institucionales
de la reforma del Estado
Ponente: Doctor Javier Oliva Posada
13 de julio. Factores legales, políticos e institucionales
de la reforma del Estado
Potente: Doctor Javier Oliva Posada.
16 de julio. Las vías para la reformulación
del Estado
Ponente: Doctor Édgar Jiménez Cabrera
Fechas: 18, 20, 23, 25, 27 y 30 de julio, y 1, 3, 6 y
8 de agosto.
• Ejes temáticos
Fechas: 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 y 31 de agosto.
• Ejes temáticos
Fechas: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 y 24 de septiembre.
• Ejes temáticos
Fechas: 26 y 28 de septiembre, y 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15
y 17 de octubre.
• Ejes temáticos
Fechas: 19, 22, 24, 26, 29 y 31 de octubre, y 5, 7, 9
y 12 de noviembre.
• Ejes temáticos