Orden del Día de la sesión del jueves 15 de abril de 2004
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Cámara de Senadores.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política:
- Con proyecto de acuerdo, en relación con los grupos de amistad.
Con el que remite el informe sobre los objetivos y logros de la visita de trabajo del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Crawford, Texas, en Estados Unidos de América. (Turno a Comisión)
Dos, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Araceli Minerva Fabián Vargas y Juan Esteban Andreu Mendoza puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Griselda López Saldaña, José Luis Almazán Robles, José Manuel Hernández Colín, Francisca Benteño Medina, Shuji Ando Ashijara, María del Carmen Blanco Peña, Fermín Vásquez Ortiz, Rubén Barrera Salcedo, Martha Lilia Muñiz Colunga, Cecilia López Alonso y Enrique Huerta Alvarado puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma la fracción XXVII del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un párrafo al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el primer y segundo párrafos del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de cambiar la fecha de clausura del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Unión y sobre la facultad de resolver el término de las sesiones del Congreso, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Agrario, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
De Ley Federal de Presupuesto, a cargo del diputado Francisco Rojas Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversos artículos de Ley Federal del Trabajo y adiciona a ésta el Capítulo denominado "Subcontratación de Personal", a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguelángel García-Domínguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 294 y 296 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción XXII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 3 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 126 y 127 del Capítulo IV de la Ley de Navegación, en materia de contaminación, a cargo del diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona un artículo 213 Ter al Código Penal Federal y reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción VII del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 76 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 47 y 51; y adiciona la fracción XII al artículo 133 y la fracción XI al artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
De Ley para la Inscripción de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, a cargo de la diputada Nora Elena Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 76 bis, fracción V, y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosalina Mazari Espín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Concepción Cruz García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, relacionadas con el régimen fiscal de pequeños contribuyentes, a cargo del diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola, que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Gilberto Hernández Andreu y Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra nación inmediata y nuestra integridad soberana.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluidos varios tratados internacionales.
De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar a la Conapesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el golfo de California.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista y Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Dictámenes negativos
De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Turismo.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa por la que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para fijar tarifa especial 1F que considere las altas temperaturas que se registran durante el verano en el estado de Chihuahua y diversas regiones del país, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, referente a la invasión de extranjeros que ocurre en el estado de Chiapas, quienes violan la Ley General de Población, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial investigadora del daño ecológico y social generado por Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Semarnat que declare área natural protegida el Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Economía para que informe del estado que guardan los procedimientos administrativos en materia de cuotas compensatorias y arancelarias, así como de los juicios que se desprendan de éstos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las directivas de las organizaciones sindicales del país, mediante sus respectivas federaciones o confederaciones registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que, con absoluto respeto del principio de libertad y democracia sindicales, se abstengan de incidir u obligar a que sus agremiados se afilien a determinado partido político o voten en favor de cierto candidato a un encargo público de elección popular, a cargo del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto al proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Chapantongo, Hidalgo, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinación para que rinda informe ante la Comisión de Energía, presidentes municipales y miembros de la comunidad sobre el estado que guardan las acciones emprendidas a efecto de reparar el daño ocasionado en los municipios de Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de Balastrera acaecida el 5 de junio de 2003 en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a evitar que las empresas importadoras sigan introduciendo todo tipo de contrabando en el país; y al Consejo de la Judicatura Federal, a supervisar la actuación de jueces de distrito que otorgan amparos para importar mercancías mediante el denominado "contrabando técnico", a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Salud cite a comparecer al doctor José Ignacio Santos Preciado, director general del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se reduzcan las tarifas eléctricas en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Energía que entregue información específica sobre Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús E. Martínez Alvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que, en función de sus facultades y atribuciones, el secretario de Economía vuelva a incluir el azúcar en el acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, devolviéndole así la característica de producto sensible, coadyuvando al fortalecimiento de esta cadena productiva, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a las dependencias responsables del sector de comunicaciones a fijar las tarifas de telefonía celular, de acuerdo con los estándares internacionales que rigen la telefonía móvil, a cargo del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a impulsar un proceso que permita descentralizar los trámites relacionados con la administración de la zona federal marítimo-terrestre a los estados y a los municipios, a cargo del diputado Zeferino Torreblanca Galindo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al titular del Ejecutivo federal que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de transferir o reasignar recursos financieros al gobierno del estado de México, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad técnico-financieros y el proyecto ejecutivo correspondientes a cuatro líneas de transporte masivo en la zona oriente de dicha entidad, a cargo del diputado Jesús Tolentino Román Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se establece la formación de la subcomisión para la evaluación de programas de desarrollo rural sustentable sujetos a reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a actualizar y, en su caso, llevar a cabo los programas faltantes de manejo de las áreas naturales protegidas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para requerir al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos que explique por qué no se toman medidas de alivio en las casetas de cobro con motivo de los congestionamientos kilométricos, con efectos contaminantes, de costo, daños a la salud y al bienestar anímico del usuario, que reduce la velocidad promedio a menos de una tercera parte de la que debe tener ese tipo de carreteras, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que mediante la SEP y la Semarnat se incorpore obligatoriamente en los programas de enseñanza pública y privada la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y la diversidad de cada una de las regiones y de los contextos naturales del país, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Tijuana, General Abelardo L. Rodríguez; y, de no cumplirse en éste las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, se sancione al grupo concesionario y se revoque la concesión conforme a derecho, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de que se suspenda y, en su caso, reintegre el cobro que por la expedición de credencial de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se está llevando a cabo, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Querétaro durante los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003, a cargo del diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte al Gobierno Federal a apoyar el proyecto del Canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús Antonio Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y a la Fiscalía Especial correspondiente a realizar acciones para informar y establecer mecanismos que hagan efectivas las investigaciones sobre la guerra sucia, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Yucatán durante los ejercicios de 2002 y 2003, a cargo del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, respecto a la seguridad vial, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Morelos durante los ejercicios de 2001 a 2003, a cargo del diputado Guillermo del Valle Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo de la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Nayarit durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Mejía González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Jalisco durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Baja California durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo del diputado Raúl Pompa Victoria, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los fondos federales asignados al estado de Guanajuato durante los ejercicios de 2000 a 2003, a cargo de la diputada Kenny Denisse Arroyo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respete el presupuesto asignado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Excitativas
A las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, de Desarrollo Social, y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, a solicitud de la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Rubén Figueroa Smutny, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Salud, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A las Comisiones de Gobernación, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal, a solicitud del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Agenda política
Sobre la persistencia de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada María Marcela Lagarde y de los Ríos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre los resultados de la reunión de la Cepal que conmemora los 10 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, realizada en Santiago de Chile, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre la Ley 151, aprobada por el estado de Sonora, en relación con la reforma del Código Electoral de esa entidad para la asignación de 50% de las candidaturas para cada género, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la construcción de la terminal norte de Toluca, a cargo del diputado Juan Carlos Núñez Armas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios en torno de la decisión del Gobierno
de Canadá sobre la matanza masiva de focas en su territorio, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES TRECE DE ABRIL DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos ochenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del martes trece de abril de dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Desde su curul el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del Partido de la Revolución Democrática, hace una solicitud en relación con la sección de prensa dentro del recinto. El Presidente informa que en su momento se tomará en consideración la solicitud.
Comunicación del Congreso del estado de Coahuila, con acuerdo relativo a las inundaciones en el municipio de Piedras Negras, solicitando se declare zona de emergencia a la región norte de esa entidad federativa, a fin de que reciba recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. De enterado.
El Presidente informa del sensible fallecimiento del señor Norberto Corella Gil Samaniego, diputado en la Quincuagésima Cuarta Legislatura y senador de la República en las legislaturas Quincuagésima Sexta y Quincuagésima Séptima, y la Asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Tabasco, con acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que ordene a la entidad de fiscalización superior de la Federación, audite el manejo y aplicación de recursos ejercidos durante dos mil tres por la Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán - Tenosique. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
Tlaxcala, con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, se respete el consenso de trabajadores del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, rechazando la descentralización de ese nivel educativo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por la que remite el informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dos. De enterado y remítase al Archivo para consulta de los ciudadanos diputados.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:
Una, con la que propone cambios en la integración de la Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se aprueba en votación económica.
La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas proyectos de decreto por los que:
Se expide la Ley del Registro Público Vehicular. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Se concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se concede permiso al ciudadano Carlos Pascual Monsiváis, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Argentina. La Asamblea dispensa todos los trámites al asunto en votación económica. La Secretaría da lectura al proyecto de decreto, mismo que sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular por trescientos noventa y nueve votos en pro, uno en contra y cinco abstenciones. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Se concede permiso al ciudadano Gilberto Hernández Andreu, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Ejército de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se concede permiso al ciudadano Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, para aceptar y usar la medalla que le confiere la Junta Interamericana de Defensa. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El Congreso del estado de Baja California remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción tercera del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Presentan iniciativas con proyectos de decreto los diputados:
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Abraham Bagdadi Estrella, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos ochenta y cuatro, ciento ocho y ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, que deroga los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y abroga el decreto que establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de marzo de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Jaime Miguel Moreno Garavilla, de Convergencia, que expide la Ley General para el Ejercicio de las Profesiones, Reglamentaria de los artículos quinto y ciento veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y abroga la Ley Reglamentaria del artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Fidel René Meza Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo ochenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos tercero y sexto de la Ley sobre la Celebración de Tratados y adiciona el artículo ochenta y seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, que reforma el artículo setenta y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.
Francisco Javier Guízar Macías, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiocho y deroga la fracción séptima del artículo ciento once, así como el artículo ciento quince bis del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
José Sigona Torres, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, que adiciona los artículos doscientos uno bis y doscientos cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y uno, cincuenta y seis, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y dos, sesenta y tres y setenta y siete y deroga el artículo cincuenta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Sergio Vázquez García, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos veintiuno y setenta y tres y reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo segundo y reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Salvador Márquez Lozornio, del Partido Acción Nacional, que adiciona un artículo doce bis a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Es de segunda lectura. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; José Felipe Puelles Espina, del Partido Acción Nacional; y José Adolfo Murat Macías, del Partido Revolucionario Institucional. A nombre de la Comisión habla el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional. La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge la votación respectiva, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos treinta y un votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones.
Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra
El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura de tres dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto:
Que concede permiso a seis ciudadanos para prestar servicios en distintas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros en México.
Que concede permiso al ciudadano Luis Carlos Astiazarán Orcí, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la recomendación para que una institución académica practique la auditoría ambiental al complejo termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos, de la Comisión Federal de Electricidad, ubicado en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Hablan en pro la diputada Lorena Torres Ramos, del Partido Acción Nacional; y el diputado Maximino Alejandro Fernández Ávila, del Partido Verde Ecologista de México. La Asamblea considera suficientemente discutidos los puntos de acuerdo en votación económica y de la misma manera los aprueba. Comuníquense.
Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología con punto de acuerdo para exhortar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a que canalice mayores recursos a la creación e instrumentación de nuevas plazas destinadas a la investigación científica. Hablan en pro los diputados: Julio César Córdova Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México; y con autorización de la Asamblea conferida en votación económica, Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y Consuelo Camarena Gómez, del Partido Acción Nacional. La Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del estado de México y al Ayuntamiento del municipio de Tultitlán, para que se instalen personal médico, ingenieros químicos y clínicos que diagnostiquen, traten, prevengan y canalicen a los habitantes expuestos a la contaminación de cromato hexavalente en la región de Lechería. A nombre de las Comisiones habla el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional, y propone la eliminación del tercer resolutivo del punto de acuerdo que la Asamblea admite en votación económica. La Secretaría, por indicaciones de la Presidencia, da lectura al punto de acuerdo con la eliminación admitida. Hablan en pro los diputados: Santiago Cortés Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática; Raúl Rogelio Chavarría Salas, del Partido Acción Nacional; y con autorización de la Asamblea conferida en votación económica, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México. Se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que investigue, si lo considera de su competencia, el asunto de discriminación racial de indígenas del estado de Hidalgo, por el uso del parque Rubén Darío, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República, información sobre las investigaciones relacionadas con los homicidios del diputado local del estado de Yucatán, Pánfilo Novelo Martín, de su hijo y asistente. Sin nadie que solicite la palabra se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con punto de acuerdo que crea una Subcomisión Especial para dar seguimiento al caso de la niña Paulina del Carmen Ramírez Jacinto y exhorta al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, a que cumplan con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relacionada con ese caso. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen negativo de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán. Sin nadie que solicite el uso de la palabra, se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Dictamen negativo de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, presentada por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos. Sin discusión se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Dictamen negativo de la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que no se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo trescientos veinticuatro y deroga los artículos trescientos veinticinco y trescientos treinta y tres de la Ley General de Salud. Sin nadie que solicite la palabra, se aprueba en votación económica. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a llevar a cabo acciones para reubicar los asentamientos irregulares en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas, así como a la Secretaría de Gobernación, a que verifique y tome acciones en contra de extranjeros que participen en acciones ilícitas, como la invasión de áreas naturales. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación.
Rosa María Avilés Nájera, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el homicidio de la defensora de los derechos humanos de los indígenas en el estado de Puebla, Griselda Tirado Evangelio. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
Sergio Álvarez Mata, del Partido Acción Nacional, en contra; Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, en pro; y José Luis Medina Lizalde, del Partido de la Revolución Democrática, en pro. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese. Contestan alusiones personales los diputados: Del Valle Reyes; Álvarez Mata; y Rosas Montero, quien acepta interpelación del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del Partido Acción Nacional.
Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:
Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo, a que se abstenga en el futuro de autorizar el ingreso a territorio o aguas nacionales, de símbolos mundiales de violaciones a los derechos humanos, y acepta interpelación del diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Marina y de Justicia y Derechos Humanos, esta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada proponente y atendida por la Presidencia.
Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales de Quintana Roo y Baja California, establezca las normas y lineamientos para el desarrollo de actividades de observación y nado con tiburón ballena y celebre acuerdos para el manejo, conservación y protección de su hábitat. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
José Antonio Cabello Gil, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Poder Ejecutivo, a que declare Zona de Monumentos Artísticos e Históricos al centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Narciso Agúndez Montaño, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a instalar una mesa de trabajo para la revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el estado de Baja California y solicita trámite de urgente resolución. Desde su curul el diputado Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios sobre la proposición de referencia y las tarifas eléctricas y el Presidente hace aclaraciones de procedimiento. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica. Hablan en pro los diputados: Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; y Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma forma lo aprueba. Comuníquese.
Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, para exhortar a las legislaturas de los estados que aún no lo han hecho, a agilizar la discusión y en su caso aprobación, del proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que haga cumplir a la empresa Petróleos Mexicanos, las disposiciones ambientales en las instalaciones petroleras. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía.
Ángel Pasta Muñúzuri, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se elimine de las ceremonias civiles matrimoniales la epístola de Melchor Ocampo. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Jazmín Elena Zepeda Burgos, a nombre del diputado Gerardo Ulloa Pérez, ambos del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a realizar una reestructuración de las tarifas de energía eléctrica en el estado de Chiapas. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.
Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar las comparecencias de los secretarios de Educación Pública y de Salud, a fin de que informen sobre la atención de denuncias de padres de familia, en relación con la inducción para la medicación de drogas a menores, que realizan algunos servidores públicos del sistema escolar. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud.
José Sigona Torres, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social, a que ratifique y respete el acuerdo setecientos setenta y tres / dos mil, celebrado por su Consejo Técnico el veintidós de noviembre de dos mil y deje sin efecto el doscientos setenta y nueve / dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha cuatro de noviembre de dos mil tres. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Francisco Javier Bravo Carbajal, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al titular del Ejecutivo, ejecute acciones para la desaparición de la Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Humberto Cervantes Vega, del Partido Revolucionario Institucional, para crear la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
María Angélica Ramírez Luna, del Partido Acción Nacional, en relación con los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos.
La Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión e informa del registro final de trescientos
noventa y tres diputadas y diputados y el Presidente levanta la sesión
a las diecinueve horas con trece minutos, citando para la que tendrá
lugar el jueves quince de abril de dos mil cuatro, a las diez horas.
México, DF, a 6 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Roberto Pérez de Alva Blanco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó solicitud de excitativa en relación con la minuta de reformas al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, aprobado por esta Cámara de Senadores en sesión celebrada el 8 de abril de 2003.
La Presidencia dispuso que se remitiera la solicitud del senador Pérez de Alva Blanco a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Gracias por su autorización señor Presidente.
Compañeros legisladores:
La tarea legislativa, es decir el hacer leyes como una de las acciones fundamentales de este poder, tiene como causa principal entre otras, el reglamentar la función del Estado para sí mismo y en relación con los ciudadanos. Legislar luego entonces, se convierte en una tarea fundamental para la relación entre los poderes del Estado para con la sociedad. Entonces bien las leyes que aquí se formulen, deben ser congruentes, eficientes, de utilidad social pero por sobre todas las cosas para que puedan tener esas características, debe ser una preocupación central que el proceso legislativo tenga su culminación.
Hoy en día, una sociedad cada vez mas instruida, cada vez más a la expectativa de los resultados y de la eficiencia del gobierno, pero muy particularmente observadora y crítica con todo derecho, de lo que nosotros, sus representantes diseñamos desde nuestra responsabilidad, nos exige un mejor cumplimiento de la encomienda que nos entregó con su voto.
Hacer leyes, hacer buenas leyes o modificar las que ya existen y que le sirvan a la República y primordialmente que sean de utilidad para los ciudadanos, pareciera ser que es el gran reto de los legisladores contemporáneos.
Sirva este proemio compañeros, para traer al comentario una iniciativa de reforma que planteamos a esta soberanía desde abril del 2001, que después de diversos análisis fue aprobada en abril de 2003 y que está pendiente de ser ratificada por la colegisladora, a un año de haber sido recibida por esa honorable representación.
Me refiero a la iniciativa que reforma el artículo 26º fracción I de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fuera aprobada por todas las fuerzas políticas en esta Cámara en abril del año pasado.
Esta reforma en un escenario muy crítico tanto por la economía familiar como por las condiciones climatológicas, permitiría que la Comisión Federal de Electricidad tenga la facultad de suscribir convenios durante la época más inclemente del verano y aceptar pagos en parcialidades para evitar el corte de energía eléctrica que pone en riesgo la vida de una familia, haciéndolo no en forma indiscriminada sino con los usuarios que lo justifiquen y particularmente en las zonas catalogadas como de alto consumo por su clima extremoso.
Desde nuestro punto de vista y pensado en función de la sociedad, esta puede ser una buena ley que evite para miles de familias la disyuntiva de comer o pagar la luz para que no se corte el suministro; la reforma es congruente con su necesidad y su petición, con la postura compartida por las fuerzas políticas en los Congresos de varios estados pero sobre todo es congruente con nuestro compromiso con los ciudadanos a quienes ofrecimos representar y ser conducto de sus demandas.
Sabemos que esta posibilidad no es la panacea y que hay esfuerzos en otras vías para resolver el problema; igualmente insisto en que la minuta en poder de la Cámara de Diputados no se orienta como equivocadamente alguien pudiera interpretarlo, a proponer medidas que cancelen el cumplimiento del cobro por el servicio que se recibe; lo que promueve es que en circunstancias especiales, en la temporada veraniega y reglamentándolo adecuadamente, se pueda hacer compatible esa facultad del cobro con la realidad económica y climática que viven los usuarios de zonas de alto consumo por las condiciones caloríficas imperantes en la temporada veraniega, con una fórmula que concilie ambos extremos, otorgando un razonable margen de facilidades para cubrir adeudos en pagos parciales y evitar así los cortes de energía, sin menoscabo de que el incumplimiento de lo que pudiera convenirse deje en condición a la autoridad para ejercer la atribución del corte.
Por eso, desde la presentación de la iniciativa nos preguntamos ¿habría un gran quebranto si se concede no la condonación, esto debe quedar muy claro, no la cancelación del adeudo, sino un simple plazo de pago a aquellas familias que justifiquen su insolvencia económica en el trimestre de mayor consumo en el verano? ¿No será mejor abrir esta pequeña puerta de oportunidad a la gente para que pueda cumplir con su pago, en vez de que surjan acciones de resistencia civil como ya las ha habido y las sigue habiendo en muchos sitios.
Estoy seguro que la concepción de esta honorable Cámara respecto del tema motivo la aprobación en abril del 2003 de esta posibilidad; sin embargo en la víspera de una nueva temporada de verano nos queda la gran inquietud de que la minuta siga aún aguardando ser revisada y discutida en la honorable Cámara de Diputados.
Señor Presidente:
Conociendo lo que normativamente permite el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, es claro que hay una limitación en respeto a la autonomía de la colegisladora para ejercer una excitativa directamente, sin embargo aludiendo a su alto sentido de responsabilidad y de compromiso social, invocando el espíritu que animó a todos los senadores que aprobaron en su oportunidad la iniciativa en comento, me permito solicitarle de la manera más atenta que de juzgarlo procedente, se sirva tal como ha sucedido ya en temas y ocasiones anteriores, dirigirse al C. Presidente de la Cámara de Diputados solicitándole en ese mismo tenor de respeto y conocimiento de las atribuciones y facultades de cada Cámara, tenga a bien, excitar a las comisiones a las que hubiere sido turnada la minuta correspondiente para que pudieran dictaminarla y ponerla a discusión en el pleno en el presente periodo ordinario, para que su resolución de ser coincidente con la nuestra, fuera de utilidad a las familias necesitadas en la próxima temporada de verano.
Agradezco de antemano su gentileza y consideración.
Atentamente
Sen. Roberto Pérez de Alva Blanco
(rúbrica)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de abril de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
En relación con el oficio número D.G.P.L.59-II-2-448, de fecha 30 de marzo del año en curso, suscrito por las C. Diputadas Ma. de Jesús Aguirre Maldonado y Amalín Yabur Elías, en su carácter de Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva a su digno cargo, por virtud del cual remitieron a este Órgano de Gobierno Punto de Acuerdo adoptado en la Cámara de Senadores, por el que se solicita que se declarare al presente año como "El año del 150 Aniversario del Himno Nacional Mexicano" y se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a los Cabildos Municipales a que realicen Sesiones Solemnes el día 15 de septiembre del año 2004, me permito expresar a usted lo siguiente:
En Sesión de la Junta de Coordinación Política efectuada el día 1° del mes y año en curso, sus integrantes determinaron procedente respaldar el Punto de Acuerdo a que se hace referencia, con la salvedad de que la Sesión Solemne que se propone en el Punto Cuarto, se realice el martes 14 de septiembre al inicio de la Sesión del Pleno.
Lo anterior me permito hacerlo de su conocimiento para los efectos que resulten procedentes.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para expresar a usted un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de abril de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
En relación con los atentos oficios de fechas 13 de abril del año en curso, suscritos por el C. diputado Francisco J. Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del PAN, mediante los cuales hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política, diversas modificaciones en la integración de comisiones respecto de diputados del grupo parlamentario que coordina, me permito comunicarle lo siguiente:
En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de este órgano de gobierno, se dieron por enterados de las comunicaciones formuladas en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los cambios que a continuación se precisan:
Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de abril de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
En relación con el atento oficio de fecha 13 de abril del año en curso, suscrito por el C. diputado Francisco J. Barrio Terrazas, coordinador del grupo parlamentario del PAN, mediante el cual hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política, solicitud para que se realice modificación en la representación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, por cuanto a diputados del grupo parlamentario que coordina.
En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de este órgano de gobierno, se dieron por enterados de la comunicación formulada en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del cambio propuesto.
Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de abril de 2004.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presente
En relación con los atentos oficios de fechas 6 y 12 de abril del año en curso, suscritos por el C. diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo Parlamentario del PRD, mediante los cuales hizo del conocimiento de la Junta de Coordinación Política, diversas modificaciones en la integración de comisiones, respecto de diputados del grupo parlamentario que coordina, me permito comunicarle lo siguiente:
En reunión de trabajo celebrada el día de hoy, los integrantes de este órgano de gobierno se dieron por enterados de las comunicaciones formuladas en términos de lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, inciso c), y 44 numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los cambios que a continuación se precisan:
Sin otro particular por el momento, me es grato expresar a usted un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica)
Presidente
México, DF, a 12 de abril de 2004.
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
El C. Humberto Ballesteros Cruz, director general de Enlace Político de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha dirigido al suscrito, mediante oficio número DEP-0810/04, de fecha 5 del mes en curso, por el que solicita que se le haga llegar el original del similar número DEP-0811/04, así como el informe sobre los objetivos y logros de la visita de trabajo del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Crawford, Texas, en Estados Unidos de América.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño con el presente los documentos citados anteriormente, para los fines que estime procedentes.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subdirector de Enlace Legislativo
Tlatelolco, DF, a 5 de abril de 2004
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, envío a usted el informe sobre los objetivos y logros de la visita de trabajo del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Crawford, Texas, en Estados Unidos. Sirva el mismo para dar respuesta al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente el 3 de marzo del presente, en relación con el exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que en dicha visita de trabajo exprese el interés prioritario de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, en que se avance en los términos de la reforma migratoria y que amplíe los derechos de los mexicanos migrantes.
Atentamente
Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica)
Director General
Informe
Visita de Trabajo del C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a Crawford, Texas, en Estados Unidos de América
5 y 6 de marzo de 2004.
I. Contexto de la visita
De conformidad con el permiso otorgado por el H. Congreso de la Unión, el Presidente Vicente Fox Quesada realizó una visita de trabajo a Crawford, Texas, en Estados Unidos de América, del 4 al 6 de marzo, en atención a una invitación formal del Presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, realizada en enero pasado.
La relación entre México y Estados Unidos de América cubre una amplia y variada gama de temas de importancia fundamental para los dos países, que la hacen compleja e intensa. Los vínculos económicos, demográficos y sociales, por un lado, y los desafíos que plantea en la relación el renovado énfasis en la seguridad, por la otra, dan aún mayor relevancia a los temas que afectan de manera creciente la vida cotidiana de nuestras poblaciones.
Las relaciones con Estados Unidos han sido un aspecto central de la política exterior de México. Derivado de la vecindad geográfica entre ambos países, existe un abanico de oportunidades de colaboración económica, cultural, comercial, tecnológica y social, que son elementos de una relación dinámica y compleja que, en los últimos años, ha sido objeto de una profunda transformación.
Difícilmente podrían negarse la profundidad y amplitud de la agenda entre ambos países. La importancia que para ambas economías tienen hoy nuestros vínculos comerciales y productivos, la creciente confianza mutua que ha generado la lucha conjunta contra el crimen organizado, y que nos permite encarar constructivamente los desafíos que nos impone el surgimiento de espacios nuevos de cooperación en áreas como la seguridad, suponen un amplio espacio de trabajo para garantizar la responsabilidad compartida y la cooperación en beneficio recíproco de los dos pueblos.
La necesidad de impulsar el diálogo entre los dos países deriva de estas realidades y en la importancia de que la relación bilateral México-Estados Unidos se caracterice por altos niveles de confianza y entendimiento, cimentados en intereses y valores compartidos.
El diálogo bilateral se ha fortalecido e intensificado a través de los diversos encuentros que los Presidentes Fox y Bush han sostenido desde que asumieron sus respectivos mandatos. Estos encuentros se han dado tanto en el contexto de la visita de Estado llevada a cabo en septiembre de 2001 como en el marco de las reuniones en foros multilaterales de los que ambos países somos parte, así como de diversas visitas de trabajo de ambos Presidentes. Estos acercamientos y el impulso a los distintos temas de la agenda bilateral se ven reforzados a través del activo diálogo bilateral que se da a todos los niveles cotidianamente.
El rubro social de la agenda bilateral gira fundamentalmente por el tema de la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos. En este aspecto, nuestro país vecino se enfrenta con la ausencia de normas adecuadas y constructivas que permitan administrar esta realidad ineludible y prioritaria de la relación bilateral.
El tema migratorio ha tenido avances importantes en los últimos meses, principalmente como resultado de la voluntad de ambos países para dialogar de manera abierta y constructiva sobre este tema, con la intención de que el flujo migratorio se dé en un marco de seguridad, orden y respeto al derecho y la dignidad humana.
En el encuentro sostenido por el Presidente de la República con su homólogo norteamericano fue posible constatar relaciones de amistad y cooperación sumamente sólidas y maduras, pasar revista a la agenda bilateral, intercambiar impresiones sobre la actualidad internacional, así como concretar nuevos esquemas de cooperación.
Asimismo, el encuentro entre ambos mandatarios permitió el desarrollo de una reflexión conjunta sobre los retos y oportunidades involucrados en el fenómeno migratorio y significó para México una oportunidad para aportar mayor información objetiva sobre el alcance de los planteamientos del gobierno mexicano en la materia.
II. Desarrollo de la visita y principales actividades
La visita de trabajo del Presidente de la República al rancho del Presidente Bush en Crawford, Texas, se desenvolvió en un marco de amistad y entendimiento recíproco. Cabe destacar que se cumplió cabalmente con los propósitos de la misma.
El Presidente de la República estuvo acompañado por la siguiente comitiva oficial:
1. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista
Secretario de Relaciones Exteriores
2. Dr. Eduardo Sojo
Coordinador de Políticas Públicas de la
Presidencia de la República
3. Lic. Gerónimo Gutiérrez Fernández
Subsecretario para América del Norte, Secretaría
de Relaciones Exteriores
4. Gral. de Bgda. José Armando Tamayo Casillas
Jefe del Estado Mayor Presidencial
5. Embajador Carlos de Icaza
Embajador de México en Estados Unidos de América
6. Embajador Rápale Steger
Director General de Protocolo, Secretaría de Relaciones
Exteriores
7. Ing. Bosco Martí Ascencio
Director General para América del Norte, Secretaría
de Relaciones Exteriores
La visita del Presidente de la República a Crawford, Texas, significó un esfuerzo por profundizar aún más la relación bilateral y aprovechar el potencial de esa relación en beneficio recíproco de los dos pueblos. Fue el onceavo encuentro de trabajo con el Presidente George Bush desde que asumió funciones, en diciembre de 2000.
A su arribo al rancho en Crawford, Texas, el Presidente de México y su Sra. esposa, Martha Sahagún de Fox, fueron recibidos por el Sr. George Bush, Presidente de Estados Unidos de América, y por la Sra. Laura Bush. Ambos mandatarios calificaron el encuentro de una ocasión para reforzar la amistad entre México y Estados Unidos de América.
El Presidente George Bush ofreció al Presidente de México una cena de bienvenida en su honor. En dicha cena, el Presidente Vicente Fox estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador de México en Estados Unidos de América.
Asistieron, por parte del gobierno de Estados Unidos de América, el secretario de Estado, Sr. Collin Powell; la consejera de Seguridad, Dra. Condoleeza Rica; el coordinador de Asesores de la Casa Blanca, Andrew H. Card Jr.; y el embajador de Estados Unidos de América en México, Emb. Tony Garza.
Durante la cena, el Presidente de la República expresó el interés del Gobierno de México por tener una relación cada vez más estrecha y fructífera con Estados Unidos e hizo votos por la prosperidad de ambos países y por la continua amistad entre ambos pueblos.
El día 6 de marzo, el Presidente Vicente Fox sostuvo una reunión de trabajo en la residencia privada del Presidente George Bush. El Presidente de México estuvo acompañado por la comitiva oficial y el Presidente de Estados Unidos de América por el secretario de Estado, la Consejera de Seguridad, el Sr. Roger F. Noriega, subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, el embajador Tony Garza y el embajador Tom Shannon, asistente especial del Presidente y principal director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.
El encuentro que ambos mandatarios sostuvieron permitió abordar los temas más relevantes de interés mutuo en los ámbitos bilateral y multilateral.
En la reunión entre los Presidentes Vicente Fox y George W. Bush, el tema migratorio fue prioritario para México. Como se comentó anteriormente, el TLCAN permitió definir normas y parámetros claros que facilitaron un crecimiento excepcional de nuestros intercambios económicos a lo largo de la última década. La situación es muy distinta en el terreno migratorio, donde nos enfrentamos con la ausencia de normas adecuadas y constructivas que permitan administrar esta otra realidad ineludible y prioritaria de nuestra relación bilateral.
La normatividad migratoria es un componente fundamental, pero no único en la política social de los mexicanos en el exterior de la administración del Presidente Vicente Fox. A ella se suman los diversos esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de vida diaria de nuestros connacionales, mediante las acciones de nuestra extensa red consular, sobre todo en el campo de protección, así como las tareas de atención a las comunidades mexicanas en Estados Unidos.
En febrero de 2001, los Presidentes Fox y Bush instruyeron a funcionarios del más alto nivel en sus respectivas administraciones para definir los términos para ordenar en el corto, mediano y largo plazos el movimiento de mexicanos hacia Estados Unidos, reconociendo los orígenes sociales de la migración y las necesidades del mercado laboral en ambos países.
Evidentemente, se trata de un tema complejo tanto en su contenido como en su contexto, dado que su tratamiento responde en gran medida a circunstancias de carácter interno de Estados Unidos.
Como es del conocimiento de esa soberanía, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 complicaron en mayor medida el proceso de una búsqueda bilateral encaminada a una fórmula integral para lograr que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se desarrollara de manera segura, digna, legal, ordenada y humana. Sin embargo, el Gobierno de México, sin perder la perspectiva del enorme significado que tuvo para el mundo y para la relación bilateral los lamentables atentados del 11 de septiembre y sus efectos inmediatos, continuó insistiendo en la necesidad de buscar una solución al fenómeno de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y en la necesidad de otorgar un estatus legal a los connacionales que, en su mayoría por razones de empleo, de manera indocumentada residen en territorio estadounidense.
El Presidente George Bush anunció el 7 de enero de 2004 su propuesta migratoria, en la que reconoce el valor de las aportaciones de los trabajadores indocumentados a la economía estadounidense, así como la necesidad de reforzar la seguridad interna con el ofrecimiento de un estatus legal a los millones de trabajadores no autorizados en Estados Unidos.
Debe señalarse que algunos de los argumentos de carácter económico y de seguridad vinculada a la migración que fundamentan la propuesta del Presidente Bush fueron constantemente expuestos por el gobierno mexicano en los últimos años, a fin de convencer a la administración y Congreso estadounidenses sobre la inaplazable necesidad de adoptar medidas para atender la problemática de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, incluyendo la situación de los connacionales indocumentados establecidos en ese país. El compromiso político alcanzado previamente por el Gobierno de México sobre el tema de la migración y la persistencia de la parte mexicana durante los últimos tres años contribuyó indudablemente a la formulación y presentación de la propuesta del Presidente estadounidense.
La propuesta del Presidente Bush ofrece una oportunidad a los diversos actores políticos para incorporarse al debate, al tiempo que permite colocar este tema de importancia fundamental para nuestro país en el centro de la atención pública y de la agenda política en la Unión Americana.
Sin embargo, no se trata de una propuesta acabada ni definitiva. Las opiniones sobre la propuesta presidencial se encuentran divididas, destacando principalmente los aspectos negativos.
El Presidente Vicente Fox abordó el tema migratorio con el Presidente Bush, bajo dos puntos centrales: el Gobierno de México espera un avance formal en el tema migratorio por parte de la administración federal, así como la importancia para el Gobierno de México del avance en las propuestas de ley en materia migratoria pendientes en el Congreso de Estados Unidos de América.
Si bien la administración del Presidente Fox ha dado la bienvenida a esta propuesta, porque reabre el debate y parte del reconocimiento de la contribución económica y social de los migrantes, en la reunión el Presidente de la República expresó una serie de preocupaciones para el gobierno mexicano sobre los cuales es necesario prestar particular atención durante este proceso relacionado con el tema migratorio.
Entre los aspectos planteados por el Presidente Vicente Fox están la eficiencia y facilidad para el acceso a los programas planteados, que tendrá relación con la importancia de que estos mecanismos sean generosos y atractivos; las modalidades de renovación de los periodos de trabajo y su duración; el proceso para acceder a la residencia permanente y, eventualmente, a la ciudadanía; el tratamiento que se dará a las personas autoempleadas, ya que puede haber una proporción importante de gente que se encuentra en esta situación.
Asimismo, expresó su preocupación para que se dé especial atención a los criterios y mecanismos que garanticen la unidad familiar de los migrantes; el tratamiento que podrían tener las personas que han sido sujetas a un proceso de repatriación administrativa si es su deseo entrar eventualmente en un programa de trabajadores como el planteado por el Presidente Bush; las disposiciones que garanticen la igualdad de los derechos laborales y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos y la conveniencia y factibilidad de que la gente que se encuentra en un proceso de residencia permanente vea acelerado este proceso para abrir espacios a los que puedan, desde este programa, solicitar la residencia;
El Presidente George W. Bush inició su conversación reiterando su compromiso personal y el de su administración en avanzar en el tema migratorio con nuestro país.
Asimismo, el Presidente Bush indicó claramente su oposición a cualquier amnistía y se refirió a la escasa posibilidad, desde su punto de vista, de que haya un avance en las reformas a las leyes migratorias en este año electoral norteamericano.
El Presidente Vicente Fox, respetuoso de que las propuestas en materia migratoria pendientes en el Congreso de Estados Unidos y el avance de las mismas son una decisión soberana del gobierno y el Congreso de ese país, insistió en la necesidad de avanzar en las reformas profundas que legalicen el estatus de millones de trabajadores indocumentados, con independencia de los tiempos electorales norteamericanos. Asimismo, expresó al Presidente Bush su interés porque propuestas legislativas que pretenden lograr una reforma migratoria pendientes en el Congreso y que cuentan con un importante apoyo bipartidista pueden constituir piezas importantes para avanzar en la complejidad de la agenda migratoria. En este sentido, solicitó al Presidente Bush la postura de su administración sobre estas propuestas.
Asimismo, el Presidente de México expresó su preocupación con relación al proceso legislativo sobre las iniciativas de ley en ambas Cámaras del Congreso que endurecerían la normatividad migratoria. De manera clara y precisa, el Presidente de México reiteró al Gobierno de Estados Unidos de América su compromiso para continuar promoviendo que, bajo un enfoque de responsabilidad compartida, ambos gobiernos mejoren la vida de miles de mujeres y de hombres que han emigrado a Estados Unidos.
Es importante recordar a esa soberanía que los esfuerzos de la presente administración en el campo migratorio no se han limitado a la promoción de la reforma migratoria. En tanto ésta se transforma en una realidad, se han intensificado las tareas de promoción y defensa de los derechos de nuestros connacionales, aprovechando todas las posibilidades que permiten nuestra legislación interna, el derecho internacional y la normatividad vigente en Estados Unidos.
Las relaciones comerciales con Estados Unidos son amplias y complejas. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) ha sido el motor fundamental de esos desarrollos, propiciando la formación de nuevas instituciones y generando un ambiente de negocios más claro y transparente, que ha favorecido una mayor integración económica regional. Con este instrumento se ha logrado no sólo aumentar el comercio y las inversiones, sino impulsar la cooperación económica en diversos sectores e involucrar con un mayor dinamismo a los demás niveles de gobierno, a los sectores privado y académico, así como a la sociedad civil.
La importancia de la relación comercial bilateral se refleja en su participación en los flujos comerciales totales de ambos países. Actualmente, Estados Unidos es el destino de 89% del total de las exportaciones mexicanas y el origen de 63% de las importaciones totales de México. El comercio bilateral total de México con ese país significa 76% de sus flujos comerciales totales.
En el encuentro, ambos mandatarios comentaron sobre las principales controversias en materia comercial que enfrentan ampos países. Con relación a la presencia de encefalopatía espongiforme bovina en territorio estadounidense y a la prohibición de importaciones de carne bovina adoptada por nuestro país, el Presidente Vicente Fox pidió al mandatario estadounidense abordar el tema desde una perspectiva del TLCAN e hizo énfasis en la importancia de establecer acciones coordinadas entre los tres países de América del Norte, mediante el desarrollo de iniciativas globales para el control y erradicación de la enfermedad.
Por su parte, el Presidente Bush reconoció que la decisión de México de cerrar sus fronteras a la importación de alimentos no seguros fue una decisión correcta y entendible.
En general, ambos mandatarios manifestaron su compromiso para cumplir con sus compromisos previstos en el TLCAN y para que, en un ambiente de cooperación entre las autoridades de ambos países, se resuelvan las controversias derivadas de la relación comercial que están pendientes de resolución a través de los mecanismos institucionales establecidos.
Como es de su conocimiento, con objeto de generar un mayor crecimiento económico y aumentar la productividad en la región, a través de la reducción de costos y la facilitación de los flujos comerciales, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey el 21 de marzo de 2002, coincidieron en la importancia de imprimir una visión de lago plazo a la relación trilateral, por lo que se iniciaron trabajos exploratorios trilaterales de una potencial iniciativa de América del Norte con el fin de promover el desarrollo de mercados comunes en sectores específicos y establecer un marco regional de seguridad que proteja del terrorismo a México, Estados Unidos y Canadá.
Los trabajos exploratorios han encontrado resultados favorables, que significan importantes avances en la competitividad, la creación de empleos, la prosperidad, la seguridad y la calidad de vida en la región de América del Norte. Por lo anterior, en la reunión de trabajo el Presidente Vicente Fox propuso a su homólogo estadounidense analizar la posibilidad del lanzamiento de la misma, así como el mecanismo institucional para iniciar los trabajos en las diferentes áreas de interés y de oportunidad.
Por su parte, el Presidente Bus manifestó su interés en avanzar en el proyecto, reafirmando el apoyo de su administración. En este sentido, ambos mandatarios acordaron fortalecer las pláticas con el Gobierno de Canadá para este propósito. Asimismo, el Presidente estadounidense comentó sobre la importancia de impulsar un esquema de cooperación que garantice el suministro de energía para hacer más eficientes los mercados energéticos.
Estados Unidos es el mercado más importante para los destinos turísticos mexicanos, ya que los visitantes estadounidenses constituyen aproximadamente 88% del turismo de internación recibido por México. La seguridad de las personas es un tema estratégico en el que México colabora con sus socios de América del Norte.
Incrementar el turismo y la seguridad de manera simultánea a través de un servicio al viajero de negocios y al turista que les permita ingresar en Estados Unidos con mayores facilidades y ahorros en tiempo, a la vez que fortalecemos la seguridad, es un asunto de especial interés para el Gobierno de México. La puesta en marcha de este servicio representaría un símbolo de colaboración estrecha y creciente entre Estados Unidos y sus dos vecinos en América del Norte, y proyecta la región como un espacio seguro y unido frente al mundo. Este esquema ya opera entre Estados Unidos y Canadá en 6 aeropuertos (preclearance), y Canadá ha expresado su deseo de incorporar 3 aeropuertos más.
En este sentido, el Presidente Vicente Fox propuso iniciar un programa piloto desde Cancún, de donde parten vuelos a 32 aeropuertos en Estados Unidos, que representan casi 30% del flujo total de pasajeros desde México (2.2 millones anuales). La propuesta fue bien recibida por su homólogo estadounidense, por lo que ambos mandatarios acordaron establecer un grupo de trabajo que analice este programa piloto para avanzar en su instrumentación.
La frontera entre México y Estados Unidos, con 3,181 kilómetros de longitud, una población de aproximadamente 11 millones de ambos lados de la línea divisoria, más de 350 millones de cruces anuales y un intercambio comercial que rebasa los 240 mil millones de dólares, es un ejemplo único de convivencia armónica entre una gran potencia y en un país en vías de desarrollo.
El carácter peculiar y único de nuestra frontera se traduce en una multiplicidad de intercambios e interacciones que abarcan prácticamente todos los temas de la actividad humana. Las cuestiones de seguridad se interrelacionan estrechamente con los aspectos comerciales y la preservación del medio ambiente, pasando por toda suerte de cuestiones trascendentales como la salud, los intercambios culturales y las corrientes turísticas, por mencionar algunos ejemplos.
En la reunión, el Presidente de México señaló la importancia de aprovechar plenamente la compleja red de cooperación institucional que se ha desarrollado en la frontera a lo largo del tiempo.
Con respecto al medio ambiente, ambos Presidentes convinieron en la importancia de fortalecer el desempeño del Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan) y de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) en sus labores de financiamiento de proyectos de infraestructura ambiental en la frontera. El Presidente Vicente Fox solicitó al Ejecutivo estadounidense su apoyo para que el Senado de ese país apruebe el Protocolo Modificatorio de los documentos constitutivos de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (Bandan). Ello, para lograr la operación eficiente de ambas instituciones. Dicho protocolo fue aprobado por esa soberanía el 8 de abril de 2003. Al respecto, el Presidente George Bush se comprometió a que su administración entablará el diálogo inmediato con actores clave para que este proceso se agilice.
Como es del conocimiento de esa soberanía, en el Tratado para la Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos, suscrito en 1944, se establece que un tercio de los volúmenes que escurren de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, y del Arroyo de las Vacas, será asignado a Estados Unidos. Dicho tercio no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos a 431.7 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua anuales.
Como resultado de las condiciones de sequía que han afectado la región del río Bravo desde hace 11 años, el Gobierno de México concluyó el ciclo 25 (1992-1997) con un déficit de 1,262 Mm3, mismo que fue cubierto en mayo de 2001 con aguas generadas durante el ciclo 26 (1997-2002). En virtud de lo anterior, el ciclo 26 generó un déficit del orden de 1,600 Mm3, que deberá cubrirse durante el presente ciclo 27 (2002-2007).
Desde el inicio de la presente administración, se ha cumplido con el objetivo de evitar el incremento del déficit y mantener entregas promedio anuales consistentes con el Tratado de 1944.
A pesar de la persistencia de la sequía, México ha acreditado durante los dos primeros años del ciclo 27, 142 Mm3 (252,941a-p) por encima del mínimo promedio que establece el Tratado.
Durante 2003, México acreditó a Estados Unidos la cantidad promedio anual que establece el Tratado de 1944, es decir 431 Mm3, así como un volumen adicional de 62 Mm3, cantidad superior en 16% al compromiso promedio anual del Tratado. De esta forma, se acreditó un volumen total de 493 Mm3, logrando con ello la cobertura parcial de las deficiencias registradas el año anterior.
En la reunión entre ambos mandatarios, el Presidente Vicente Fox refrendó el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones.
El Presidente de la República reiteró la importancia de asegurar la continuidad de los programas de modernización y aprovechamiento eficiente del agua. Asimismo, reiteró la necesidad de refrendar el compromiso de apoyo financiero de Estados Unidos a los proyectos de tecnificación. Ambos mandatarios se comprometieron a que durante el mes de abril se lleven a cabo pláticas sobre los distintos asuntos relacionados con el tema del agua.
En materia de seguridad fronteriza, los Presidentes de México y de Estados Unidos de América expresaron su interés por mantener y estrechar aún más los vínculos de cooperación existentes entre ambos países para contar con una frontera segura que al propio tiempo atienda adecuadamente las necesidades humanas y económicas de la dinámica relación entre ambos países, combatir el crimen organizado y prevenir amenazas a la seguridad y prosperidad.
El Presidente de la República reiteró que la cooperación ha estado y debe seguir cimentada en tres ejes, que son el respeto a la soberanía de las partes, la confianza mutua y la corresponsabilidad. Asimismo, hizo énfasis en las necesidades de inversión en infraestructura que permita la introducción de sistemas de información y nuevas tecnologías que aceleren los procedimientos en la frontera y que garanticen una reducción sensible de los tiempos de espera, en especial en situaciones de riesgo (alerta naranja).
Por su parte, el Presidente Bush expresó su beneplácito por el alto grado de cooperación que existe a lo largo de la frontera para dar respuesta a los nuevos retos de seguridad que enfrenta la región fronteriza. Asimismo, enfatizó que su gobierno no tiene interés en militarizar la frontera con nuestro país.
Por lo que se refiere al sistema de registro de entradas y salidas hacia y desde Estados Unidos (US Visit, por sus siglas en inglés), los mandatarios conversaron sobre la posibilidad de excluir de la toma de fotografía y huellas digitales a los mexicanos con visa láser que regularmente cruzan la frontera, permanecen menos de 72 horas y que no se internan más allá de la franja fronteriza en territorio estadounidense.
En este sentido, el Presidente Vicente Fox expresó el beneplácito de su gobierno ante dicha posibilidad y expresó su interés porque Estados Unidos implemente las tecnologías para leer la visar láser y así agilizar la entrada de los poseedores de ésta.
La cooperación entre México y Estados Unidos en materia jurídica es fundamental tanto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico como en el desarrollo de la cooperación en materia de seguridad con pleno respeto de las respectivas soberanías y jurisdicciones.
Por razones de vecindad geográfica, intercambio comercial y flujo de personas entre ambos países, los efectos del narcotráfico son múltiples y motivo de gran preocupación para ambos países. En este sentido, los Presidentes Fox y Bush reconocieron y subrayaron el alto grado de cooperación bilateral contra las drogas y el crimen organizado trasnacional, donde prevalecen la confianza y el entendimiento.
El Presidente George Bush reconoció los esfuerzos del Gobierno de México para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y expresó una felicitación al Presidente Fox en ese sentido.
Por su parte, el Presidente Fox comentó que el sistema judicial y de procuración de justicia en México están en transformación, con objeto de garantizar la seguridad de la sociedad. Asimismo, reiteró que para nuestro país es indispensable el pleno respeto de su legislación en todas las acciones relativas al combate a las drogas.
Respecto al tráfico de personas, ambos Presidentes reafirmaron la lucha que realizan contra el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas y el interés por reforzar la coordinación interinstitucional e intercambio de información entre ambos países.
Al respecto, el Presidente Vicente Fox solicitó al Presidente de Estados Unidos que, para la elaboración del informe correspondiente a 2004, se tome en cuenta la percepción del Departamento de Seguridad Interna, en particular de la Oficina de Aplicación de la Ley Migratoria y Aduanera, (BICE, por sus siglas en inglés), que es la oficina directamente relacionada con las autoridades mexicanas que combaten el tráfico de personas.
Asimismo, expresó su preocupación en torno a la problemática que se está presentando en la frontera con menores mexicanos que pretenden ser internados, se presume que con fines de adopción ilegal y otros delitos graves, en territorio estadounidense por terceras personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses a los cuales no se les finca ningún cargo.
El Presidente Vicente Fox discutió asimismo con el Presidente de Estados Unidos de América sobre la importancia de avanzar en la negociación de un Acuerdo de Totalización entra ambos países, el cual beneficiará a miles de trabajadores mexicanos y estadounidenses que han dedicado parte de sus vidas trabajando en Estados Unidos y en México, respectivamente. Exhortó al Presidente George Bush a que, como un tema asociado a la competitividad regional, ambos gobiernos se comprometan a la firma de este importante acuerdo, calificándolo como un logro de justicia social para ambas administraciones.
III. Conclusiones
La reunión entre los Presidentes de Estados Unidos de América, George W. Bush, y de México, Vicente Fox Quesada, permitió fortalecer la amistad entre los dos países, caracterizada por el diálogo franco, el respeto mutuo y la cooperación.
Para México, la reunión sirvió para reiterar e impulsar en la agenda bilateral los temas de mayor prioridad para nuestro país, como el fenómeno migratorio, la cooperación económica y fronteriza, y la colaboración en materia de procuración de justicia y combate al narcotráfico, entre otros más.
En apego a la solicitud presentada al H. Congreso de la Unión por el Presidente Vicente Fox para ausentarse del territorio nacional y al punto de acuerdo de la Comisión Permanente aprobado el 3 de marzo pasado, la temática migratoria recibió una atención prioritaria durante la reunión sostenida entre ambos mandatarios. Si bien el Gobierno de México no tiene formalmente un papel en el proceso de cambios a la legislación migratoria estadounidense, a cargo fundamentalmente del Congreso por ser un proceso de carácter interno, esta circunstancia de ninguna manera quiere decir que México deba asumir un papel de espectador en ese debate.
La vigencia de factores fundamentales en la relación con Estados Unidos de América, tales como la importancia de la población mexicana (primera minoría en ese país), la constante demanda de mano de obra mexicana que se integra al mercado laboral estadounidense, el vínculo entre migración y la seguridad de la frontera común, la intensa relación económica que ubica a México como el segundo socio comercial de Estados Unidos y la determinación de ambos Presidentes para avanzar en el tema de la migración, otorga a México un peso específico en la discusión del tema migratorio.
Por ello, para el gobierno contribuir a la discusión sobre el tema migratorio y apoyar todos los esfuerzos a favor de los derechos y legítimas aspiraciones de los migrantes mexicanos continuará siendo su más alta prioridad.
La reunión entre el Presiente Vicente Fox y el
Presidente George Bush fue una gran oportunidad para continuar fortaleciendo
las relaciones políticas, comerciales y sociales entre ambos países
y reafirmar el compromiso de colaborar para establecer una relación
estratégica de prosperidad que proyecte los beneficios de una mayor
integración y que impulse el crecimiento económico y desarrollo
social de ambos lados de la frontera.
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS, CON LOS QUE SE REMITEN CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO, APROBADOS POR LA CAMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 12 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-27, signado el 2 de octubre último, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, original del similar número SP/100/0322/2004, suscrito el 2 del mes en curso por el C. Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública, por el que da respuesta al punto de acuerdo en que se solicita dar cumplimiento exacto al decreto presidencial de fecha 2 de enero de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes y año, expedido para beneficiar la situación fiscal de los sectores agrícola, ganadero, silvícola y pesquero y de las personas relacionadas con éstos, presentado por el diputado Gonzalo Alemán Migliolo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de abril de 2004.
C. Lic. Santiago Creel Miranda
Secretario de Gobernación
Presente
Mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-0-27, de fecha 2 de octubre pasado, las CC. María de Jesús Aguirre Maldonado y Amalín Yabur Elías, secretarias diputadas de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, solicitaron a través de la dependencia a su muy digno cargo dar a conocer los puntos de acuerdo que se aprobaron en la sesión de dicha Cámara, celebrada en esa misma fecha, cuyos términos se transcribieron en el oficio citado.
Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito encarecer a usted que, por conducto de esa dependencia, se haga llegar a las CC. secretarias diputadas de la Mesa Directiva mencionada el oficio de respuesta que se acompaña.
Hago propicia la ocasión para reiterarme a su distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Eduardo Romero Ramos (rúbrica)
Secretario
México, DF, a 2 de abril de 2004.
Diputadas María de Jesús Aguirre Maldonado
y Amalín Yabur Elías
Secretarias de la Mesa Directiva de la LIX
Legislatura de la Cámara de Diputados
Presentes
Me refiero a su atento oficio número D.G.P.L. 59-II-0-27, de fecha 2 de octubre de 2003, dirigido al C. secretario de Gobernación, en el que se dan a conocer los puntos de acuerdo tomados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en sesión celebrada en esa fecha, cuyos términos se transcribieron en el oficio mencionado.
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que para dar cumplimiento a los puntos de acuerdo señalados, por lo concerniente a esta Secretaría, se impartieron instrucciones a los titulares de los Organos Internos de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante oficios números 113/750/405/03 y 113/750/406/03, respectivamente, ambos de fecha 23 de octubre del año próximo pasado, a efecto de proceder a determinar, en su caso, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, tanto de la SHCP como del SAT, que hubieren incumplido el decreto señalado en el primero de los puntos de acuerdo a que se ha hecho mención.Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Eduardo Romero Ramos (rúbrica)
Secretario
México, DF, 12 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-412 de fecha 16 de marzo del año en curso, signado por los CC. secretarios de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño copia del similar número VI.-106/. 100837, suscrito por el C. licenciado Gilberto José Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual da contestación a los puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal que informe sobre las acciones realizadas para la atención de la problemática relacionada con la reubicación y el pago a que tienen derecho los ciudadanos de los pueblos afectados por la construcción de la presa Belisario Domínguez "La Angostura", del estado de Chiapas, presentado por el diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudad de México, DF, marzo 25 de 2004.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
En atención a su oficio número SEL/300/712/04 de fecha 17 de marzo de 2004, recibido en esta dependencia el día 22 del mismo mes y año, que se sirviera dirigir al licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, mediante el cual hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en los que se solicita se informe a esa Soberanía respecto a las acciones realizadas por la Secretaría de la Reforma Agraria para la atención de la problemática relacionada con la reubicación y el pago a que tienen derecho los ciudadanos de los pueblos afectados por la construcción de la Presa Belisario Domínguez "La Angostura", del estado de Chiapas, por lo que en cumplimiento de las instrucciones del C. licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, me permito informar a usted lo siguiente:
Por decreto presidencial de fecha 11 de diciembre de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de enero de 1973, se expropió al ejido La Concordia, municipio del mismo nombre, del estado de Chiapas, una superficie de 3,0147-70-00 hectáreas, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción y embalse de la presa y planta hidroeléctrica denominada La Angostura, mismo que fue ejecutado en todos sus términos el día 7 de mayo de 1994.
En el citado decreto expropiatorio se estableció como pago por concepto de indemnización la cantidad de $9?788,130.00, para que ingresara al fondo común del ejido, a fin de aplicarlo en los términos de lo previsto en el artículo 122 de la Ley Federal de Reforma Agraria entonces en vigor, esto es, a la adquisición de tierras equivalentes en calidad y extensión a las expropiadas, donde se reconstruiría el núcleo agrario, o bien a la creación de fuentes de trabajo permanentes si así lo decidieran las dos terceras partes de los ejidatarios en asamblea general del núcleo agrario.
En el caso que nos ocupa, la asamblea general de ejidatarios acordó adquirir 41 predios rústicos que en conjunto suman 5,236-98-13 hectáreas, con los recursos indemnizatorios depositados a su favor en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Una vez culminada la acción agraria de incorporación de tierras al régimen ejidal, se expidió la resolución presidencial de fecha 19 de agosto de 1985, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 del mismo mes y año, incorporándose al régimen ejidal una superficie de 5,203-72-93 hectáreas, sin incorporar al régimen ejidal la superficie de 33-25-20 hectáreas, ya que el núcleo agrario no acreditó la propiedad de dos inmuebles, Isla del Carmen con superficie de 2-60-75 hectáreas e innominado con superficie de 30-64-45 hectáreas.
Por otra parte, por decreto presidencial de fecha 11 de diciembre de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 1973, se expropió al ejido Niños Héroes, municipio de La Concordia, estado de Chiapas, una superficie de 492-86-66 hectáreas, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción y embalse de la presa y planta hidroeléctrica La Angostura; mismo que fue ejecutado en todos sus términos el día 8 de mayo de 1994.
El monto de la indemnización señalado en el decreto expropiatorio ascendió a la cantidad de $1?427,359.88, para ser aplicado en términos de lo que disponía el artículo 122 de la Ley Federal de Reforma Agraria entonces vigente, por lo que la asamblea general del núcleo agrario acordó adquirir el predio denominado Covadonga, con superficie de 337-59-30 hectáreas, en la cantidad de $438,870.90 y el remanente de la indemnización fue entregado equitativamente en efectivo y en forma directa en el mes de abril de 1975 a cada uno de los ejidatarios reconocidos.
Con la ejecución de ambos decretos expropiatorios y con la entrega de los fondos comunes provenientes de las indemnizaciones, la Secretaría de la Reforma Agraria culminó su intervención en los procedimientos expropiatorios de tierras ejidales destinadas a la construcción de la presa y planta hidroeléctrica La Angostura.
No omito informarle que por oficio número CRA/102/2002 y su similar D.G.P.L. 59-II-2-412 de fecha 17 de marzo del año en curso, el diputado Manuel García Corpus, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, solicitó la misma información a que se contrae el presente oficio, razón por la cual por oficio número VI.- 1061. 100755 de fecha 25 de marzo del corriente año, se le dio respuesta en los mismos términos. (Anexo copia de la respuesta).
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural
Lic. Gilberto José Hershberger Reyes (rúbrica)
Ciudad de México, DF, marzo 25 de 2004.
Diputado Manuel García Corpus
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria
de la Cámara de Diputados
Presente
En atención a su oficio número CRA/102/2002, y a su similar número D.G.P.L. 59-II-2-412 de fecha 17 de marzo de 2004, suscrito por los CC. secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en los que se solicita se informe a esa soberanía respecto a las acciones realizadas por la Secretaría de la Reforma Agraria, para la atención de la problemática relacionada con la reubicación y el pago a que tienen derecho los ciudadanos de los pueblos afectados por la construcción de la Presa Belisario Domínguez "La Angostura", del estado de Chiapas, por instrucciones del C. licenciado Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, me permito informar a usted lo siguiente:
Por decreto presidencial de fecha 11 de diciembre de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de enero de 1973, se expropió al ejido La Concordia, municipio del mismo nombre, del estado de Chiapas, una superficie de 3,014-70-00 hectáreas, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción y embalse de la Presa y Planta Hidroeléctrica denominada La Angostura, mismo que fue ejecutado en todos sus términos el día 7 de mayo de 1994.
En el citado decreto expropiatorio se estableció como pago por concepto de indemnización la cantidad de $9?788,130.00, para que ingresara al fondo común del ejido, a fin de aplicarlo en los términos de lo previsto en el artículo 122 de la Ley Federal de Reforma Agraria entonces en vigor, esto es, a la adquisición de tierras equivalentes en calidad y extensión a las expropiadas, donde se reconstruiría el núcleo agrario, o bien a la creación de fuentes de trabajo permanentes si así lo decidieran las dos terceras partes de los ejidatarios en asamblea general del núcleo agrario.
En el caso que nos ocupa, la asamblea general de ejidatarios acordó adquirir 41 predios rústicos que en conjunto suman 5,236-98-13 hectáreas, con los recursos indemnizatorios depositados a su favor en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Una vez culminada la acción agraria de incorporación de tierras al régimen ejidal, se expidió la resolución presidencial de fecha 19 de agosto de 1985, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 del mismo mes y año, incorporándose al régimen ejidal una superficie de 5,203-72-93 hectáreas, sin incorporar al régimen ejidal la superficie de 33-25-20 hectáreas, ya que el núcleo agrario no acreditó la propiedad de dos inmuebles, Isla del Carmen con superficie de 2-60-75 hectáreas e innominado con superficie de 30-64-45 hectáreas.
Por otra parte, por decreto presidencial de fecha 11 de diciembre de 1972, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 dé enero de 1973, se expropió al ejido Niños Héroes, municipio de la Concordia, estado de Chiapas, una superficie de 492-86-66 hectáreas, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarse a la construcción y embalse de la Presa y Planta Hidroeléctrica La Angostura; mismo que fue ejecutado en todos sus términos el día 8 de mayo de 1994.
El monto de la indemnización señalado en el decreto expropiatorio ascendió a la cantidad de $1?427,359.88, para ser aplicado en términos de lo que disponía el artículo 122 de la Ley Federal de Reforma Agraria entonces vigente, por lo que la asamblea general del núcleo agrario acordó adquirir el predio denominado Covadonga, con superficie de 337-59-30 hectáreas, en la cantidad de $438,870.90 y el remanente de la indemnización fue entregado equitativamente en efectivo y en forma directa en el mes de abril de 1975 a cada uno de los ejidatarios reconocidos.
Con la ejecución de ambos decretos expropiatorios y con la entrega de los fondos comunes provenientes de las indemnizaciones, la Secretaría de la Reforma Agraria culminó su intervención en los procedimientos expropiatorios de tierras ejidales destinadas a la construcción de la presa y planta hidroeléctrica La Angostura.
En espera que esta información le sea de utilidad, aprovecho para enviarle un cordial y respetuoso saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural
Lic. Gilberto José Hershberger Reyes (rúbrica)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO Y EN SU CONSULADO GENERAL EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
México, DF, a 12 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Araceli Minerva Fabián Vargas.
Puesto: Técnico contable, Sección
de Finanzas (voucher examiner).
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de
América en México, Distrito Federal.
Nombre: Juan Esteban Andreu Mendoza.
Puesto: Especialista en visas.
Lugar de trabajo: Consulado General de Estaos
Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de la credencial de elector.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE JAPON EN MEXICO
México, DF, a 12 de abril de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitado que se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Griselda López Saldaña.
Puesto: Asistente en el Departamento Político.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: José Luis Almazán Robles.
Puesto: Asistente en el Departamento Administrativo.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: José Manuel Hernández Colín.
Puesto: Asistente en el Departamento Cultural.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: Francisca Benteño Medina.
Puesto: Empleada del Departamento Administrativo.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: Shuji Ando Ashijara.
Puesto: Asistente del Departamento Cultural.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: María del Carmen Blanco Peña.
Puesto: Empleada del Departamento Administrativo.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: Fermín Vásquez Ortiz.
Puesto: Empleado del Departamento Administrativo.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: Rubén Barrera Salcedo.
Puesto: Empleado del Departamento Administrativo.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: Martha Lilia Muñiz Colunga.
Puesto: Empleada de la Residencia.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: Cecilia López Alonso.
Puesto: Empleada de la Residencia.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Nombre: Enrique Huerta Alvarado.
Puesto: Empleado de la Residencia.
Lugar de trabajo: Embajada de Japón en
México.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION IV Y SE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 71 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 56, 60, 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN.
I. Del Proceso Legislativo.
A) En sesión celebrada el 20 de marzo de 2002, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Diputada Yadira Ivette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de fortalecer el Poder Judicial de la Federación, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
B) En sesión celebrada el 11 de abril de 2002, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el Diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Federal, para conferir el derecho restringido de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
C) En sesión celebrada el 22 de mayo de 2002, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa de decreto, por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Federal, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
D) En reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 07 de agosto del año 2002 se dio trámite de recibo correspondiente a las iniciativas de los incisos A), B) y C).
E) En sesión celebrada por la Honorable Cámara de Diputados en fecha 24 de abril de 2003, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa por la que propone que se reforme y adicione el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
F) En sesión celebrada el 11 de diciembre de 2003, por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Diputada Margarita E. Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
G) En sesión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2003 por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda, presentaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la precitada sesión, el Pleno de la H. Cámara de Senadores discutió y aprobó el dictamen en comento.
H) Con fecha 15 de diciembre de 2003, la H. Cámara de Senadores envió a la H. Cámara de Diputados la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I) En sesión celebrada el 18 de diciembre de 2003, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, turnó la Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
J) En reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 19 de diciembre del año 2003 se dio trámite de recibo correspondientes a la iniciativas del los incisos E) y F) y a la Minuta del inciso H).
K) En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebrada el 27 de enero de 2004, existiendo el quórum reglamentario, el Pleno de dicho Órgano Colegiado determinó la integración de una Subcomisión Específica que se encargara del estudio de la Minuta referida y las Iniciativas relacionadas con objeto de que integraran el proyecto de dictamen correspondiente para ser sometido a su consideración; mismo que fue aprobado por la Subcomisión.
L) Con fecha 12 de abril del año 2004, en sesión de la Comisión, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, por lo que se pone a consideración de esa Soberanía para su discusión y resolución constitucional.
II. Materia de las Iniciativas y la Minuta.
Las iniciativas referidas en los incisos A), B), C), E) y F), y la Minuta del inciso H) del apartado anterior, coinciden en su propósito de reformar el artículo 71 Constitucional a fin de otorgar la facultad de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La iniciativa referida en el inciso A) del apartado anterior, propone reformar, aparte del artículo 71, los artículos 27 fracción XIX párrafo segundo; 94 párrafos primero, quinto, sexto y noveno; 97 párrafos primero, segundo, cuarto y séptimo; 99 fracción IX párrafo séptimo; 100 párrafos segundo y octavo; 101 párrafos primero y segundo; 104 fracción 1-B; 105 fracción III; 107 inciso b fracciones II, III, IV y V; 110 párrafo primero; 116 fracción III párrafo quinto. Se adicionan un párrafo segundo a la fracción II y un inciso e) a la fracción V del artículo 107; un párrafo séptimo y octavo a la fracción III del artículo 116. Se derogan el párrafo tercero de la fracción XIX del artículo 27; la fracción XXIX-H del artículo 73; el párrafo noveno del artículo 100, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las reformas anteriores con el fin de incorporar los tribunales en materia agraria, laboral y de lo contencioso administrativo al Poder Judicial, asimismo pretende fortalecer el Consejo de la Judicatura federal y fortalecer la autonomía de los poderes judiciales locales.
Estas reformas por no ser concernientes a la intención de nuestro dictamen, serán materia de un dictamen posterior al que en esta ocasión se presenta.
III. Valoración de las Iniciativas y la Minuta.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se encuentra sustentada en una serie de principios estructurales, entre ellos encontramos: la soberanía del pueblo, el establecimiento y función de los poderes públicos en servicio de esta soberanía, el principio de división federal del estado y el principio de división de poderes. Ninguno de ellos es un principio jurídico-teórico inmutable sino que, por el contrario, todos ellos son principios jurídico-políticos, expresión de una situación política e histórica determinada y, por tanto, esencialmente dinámicos. Esto significa que estos principios no solamente regulan sino que también se adaptan a los cambios que surgen en una sociedad.
Uno de estos principios fundamentales de construcción del Estado como una estructura de poder limitada, es el principio de división de poderes. Este principio, concretado filosóficamente por los pensadores más preclaros de los comienzos del constitucionalismo contemporáneo: John Locke y Charles de Secondat, barón de Montesquieu, tuvo como finalidad específica establecer un sistema en donde el poder estuviera controlado por el mismo poder y lograr así, de una vez por todas, el control de los gobiernos autocráticos. Este principio, en su expresión final, se ha convertido en uno de los paradigmas del Estado Constitucional y el constitucionalismo moderno, así fue consagrado en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: "Toda sociedad dentro de la cual la garantía de los derechos no se encuentre asegurada, ni la separación de poderes establecida, carece de Constitución".
La gran utilidad de este principio radica en que permite la evolución de los estados bajo un esquema que, aún siendo complejo, es funcional. Lo que es claro, es que este principio, desde su concretización filosófica y jurídica, nunca pretendió establecer órganos separados sin relación alguna entre ellos, lo que imposibilitaría la realización de las más básicas funciones estatales. La separación de los distintos órganos del Estado, se estableció en el libro del Espíritu de las Leyes de 1748, solamente para después enfatizar la relación funcional de los mismos. Los órganos del Estado no se dividen para aislarse, sino que se dividen para poder establecer los pesos y contrapesos necesarios entre las funciones que realizan, tanto intra como interorgánicamente.
Originalmente, la división de poderes buscaba el control mutuo de las dos funciones predominantemente políticas dentro del Estado: la función legislativa y la función ejecutiva. Los pesos, contrapesos y protecciones establecidas entre las funciones estatales estaban dirigidos a lograr este control: la facultad del ejecutivo de convocar a sesiones de las cámaras, la participación del ejecutivo en la iniciativa legislativa, la inviolabilidad de los legisladores por sus opiniones políticas, el veto del ejecutivo, los medios de atribución de responsabilidad política y la protección procesal para el enjuiciamiento penal, entre otras. La función jurisdiccional, sin embargo, se relegaba como una función secundaria y, en el caso del autor del Espíritu de las Leyes, como una función que se limitaba a ser la mera "boca de la ley".
A este principio original de división de poderes y, como ha quedado establecido, de división de funciones, se le agregó posteriormente un elemento que terminó de consolidar los elementos estructurales del Estado Constitucional Moderno: el control de constitucionalidad. Esta función se agregó como un principio estructural más a la lista original, lo que transformó de manera definitiva la supremacía política de la Constitución en supremacía jurídica. La Constitución se consolidó como norma jurídica. Esta función se fue integrando a las constituciones de modos tan diversos como el juicio de amparo mexicano, la revisión judicial difusa norteamericana, o los controles concentrados europeos. Con el transcurso del tiempo, sin embargo, estos controles han perdido, en muchos de los casos, su marca de origen y han sido adoptados por los estados de manera combinada, por lo que ya no existen, o existen pocos sistemas de control judicial de la Constitución de características puras. Los distintos estados más bien han adoptado los procesos y estructuras más convenientes a sus necesidades constitucionales, jurídicas, políticas y sociales.
Nuestro caso no es una excepción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha seguido un proceso de transformación desde un tribunal supremo de legalidad, con algunas funciones constitucionales, hasta el robusto Tribunal Constitucional de hoy en día, con funciones plenas de determinación de las cuestiones jurídicas de mayor importancia y trascendencia en nuestro orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia se ha consolidado como un órgano colegiado independiente y autónomo, que ha logrado ser el punto de balance entre los órganos políticos y entre los diversos niveles de gobierno en el largo proceso de transición política de nuestro país. La Suprema Corte de Justicia ha utilizado los transformados y nuevos medios de control constitucional, así como los ya consolidados, para obtener una continua racionalización de nuestro orden jurídico, y lograr así que nuestro progreso a una democracia consolidada se haga dentro de los cauces establecidos por la máxima norma del país: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este largo proceso, como una consecuencia natural, se generan necesidades de modificación de las estructuras, órganos, procesos y normas que dan vida, no solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino a la totalidad del Poder Judicial de la Federación. Esta necesidad de continuos ajustes queda manifiesta en la larga historia de transformaciones del Poder Judicial y, en específico, en las reformas de 1996 y de 1999 al Poder Judicial, en donde se reelaboraron y se afinaron aspectos de la reforma de 1994. Por otro lado, es claro que las reformas que establecieron la nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia tuvieron como una de sus finalidades principales lograr una institución sólida, impermeable a las eventuales presiones políticas de órganos cuyos conflictos debía resolver, y capaz de ser el fiel de la balanza de fuertes conflictos políticos, sin politizarse ella misma, posibilitando la resolución objetiva de los mismos. Esta posición institucional se fundamenta, entre otros elementos, en la imposibilidad de creación y mantenimiento de los vínculos personales de sus integrantes con el poder político, apuntalando su autonomía e independencia personal mediante un nuevo procedimiento para su designación, en donde aumenta el grado de participación del Senado como órgano de nombramiento y no solamente de ratificación, así como el reforzamiento del catálogo de requisitos e incompatibilidades para los posibles candidatos a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta Comisión dictaminadora estima pertinente modificar la Minuta de la colegisladora, otorgándole la facultad contenida en el artículo 71 de la Constitución Federal, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa modificación se da en virtud de que consideramos que es en el Pleno donde se podrán formular aquellas iniciativas que reflejen los cambios necesarios para que nuestro órgano jurisdiccional federal, alcance los principios de justicia expedita, completa e imparcial contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El otorgar la facultad de iniciativa al Pleno de nuestro máximo tribunal tiene como finalidad lograr que el órgano que se encuentra más cerca de los problemas de la justicia, que tiene la capacidad técnica para la elaboración de soluciones y la independencia política para que éstas sean neutrales y funcionales, tenga la posibilidad de participar directamente mediante la formación de iniciativas en el proceso legislativo, lo que indudablemente nos llevará a que el Poder Judicial de la Federación continúe transformándose para lograr una mejor administración de justicia, una justicia más pronta y expedita, mejores procesos y órganos mejor estructurados.
Lo anterior, de ningún modo significa que la Suprema Corte de Justicia se convierta en legislador, como tampoco lo son el Ejecutivo Federal o las legislaturas de los estados en materia federal. Sólo significa abrir la posibilidad para que el órgano con mayor conocimiento técnico de la función jurisdiccional, pueda proponer iniciativas para que sean examinadas por el cuerpo político del Estado. Los eventuales resultados legislativos de estas iniciativas, no son el producto de la voluntad de un solo órgano, sino de un proceso de discusión y aprobación por parte de los órganos que componen el Poder Legislativo, de revisión y sanción por parte del Poder Ejecutivo y, en último término, producto del legislador como el órgano complejo diseñado constitucionalmente. La Suprema Corte de Justicia, por tanto, en ningún momento se convierte en juez y parte, ni aún en el caso de impugnación de normas en donde la misma hubiera elaborado la iniciativa respectiva. Lo anterior es así ya que, como se ha reiterado, el producto del legislador no es un producto exclusivo de un órgano específico, sino del legislador federal en su totalidad. Existen, por tanto, elementos suficientes que permiten la evaluación objetiva de las normas en la realización de esta función de control, que se encuentra asegurada además por la neutralidad del órgano colegiado en donde radicaría esta facultad, así como de los individuos que lo componen, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Como ha quedado manifestado en el punto referente al Proceso Legislativo de este dictamen encontramos que, los diferentes partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, han presentado diversas iniciativas donde se plantea reformar el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar la facultad de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, esta facultad de iniciar leyes no es desconocida en el derecho comparado, en donde existen por lo menos 17 países que la prevén, entre los que se encuentran: España, Noruega, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil.
Hay que tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia ha estado ya históricamente involucrada en las reformas legales y constitucionales relacionadas con las materias de la competencia del Poder Judicial de la Federación. Desde la participación indirecta por la incorporación de criterios elaborados en su jurisprudencia a la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; como de manera directa, promoviendo proyectos de iniciativas y con la configuración de grupos interinstitucionales y convocatorias nacionales para el perfeccionamiento de los órganos y procesos de impartición de justicia. Por otro lado, se han otorgado facultades al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para elaborar un complejo sistema de normas secundarias para la correcta distribución de los asuntos entre sus Salas y entre los Tribunales Colegiados de Circuito. Esta facultad fue establecida originalmente desde la reforma constitucional de 10 de agosto de 1987, y perfeccionada por las reformas de 31 de diciembre de 1994 y de 11 de junio de 1999, quedando finalmente en el párrafo séptimo de artículo 97 de la Constitución Federal. Así, desde 1995, la SCJN ha emitido 74 acuerdos generales con los más variados contenidos: creación de órganos internos para la realización de funciones específicas, el establecimiento de los lineamientos para la publicación de jurisprudencia y tesis, acuerdos específicos para la propuesta de candidatos para los puestos de jueces y magistrados. De estos, por lo menos 20 se refieren en general a la distribución de asuntos, y por lo menos 6 a la remisión de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito.
El otorgamiento de esta facultad de iniciativa es, por tanto, un paso natural en la evolución y participación de la Suprema Corte de Justicia en la formación de elementos esenciales para la correcta operación del ordenamiento jurídico. Significa la formalización de actividades ya existentes y la consolidación de procesos que, en muchos casos, son ya insuficientes para la correcta integración y perfeccionamiento de los órganos, procesos y competencias del Poder Judicial de la Federación. Esta facultad, entendida como la posibilidad de iniciar leyes de naturaleza orgánica y procesal y no las que conciernen a los aspectos sustantivos cumple, entonces, con la necesidad fundamental de que un órgano jurisdiccional autónomo e independiente pueda participar, si bien parcialmente, en el mejoramiento de una actividad esencial del Estado Constitucional Democrático Moderno, la administración de justicia plena, pronta, expedita e imparcial.
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocen la importancia y el esfuerzo que la Colegisladora realizó en el complejo procedimiento legislativo que permitió llegar a la Minuta Proyecto de Decreto enviada por la Honorable Cámara de Senadores y, de igual manera, reconocen el interés mostrado por las diputadas y diputados que presentaron diversas iniciativas en este sentido.
Este Órgano Colegiado estima que en correspondencia con el interés tanto de la Colegisladora como de las diputadas y diputados que presentaron iniciativas, la reforma que se debiera hacer al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en este apartado, debiera encaminarse hacia otorgar dicha facultad de iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo por lo que concierne a su Ley Orgánica sino que debiera ir más allá, facultándola para presentar iniciativas sobre cualquier modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a las normas adjetivas que regulan las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con lo que se logrará un mejor sistema de impartición de justicia, según los argumentos expuestos, abundando en que, de aprobarse una reforma en el sentido propuesto, sería un caso sui generis al determinar en el texto constitucional la identificación de la competencia con el nombre específico de una ley y no con la materia; con las consecuencias que en el futuro pudiera tener al cambiar o modificar dicho ordenamiento su denominación.
Motivados en los argumentos expuestos y con fundamento en lo establecido por el Artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales coincidimos en someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen con Proyecto de
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV Y SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción IV y se reforma el último párrafo del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 71.- ...
I. ...
II. ...
III. A las Legislaturas de los Estados, y
IV.- Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las materias relativas al ejercicio de las funciones del Poder Judicial de la Federación.
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, así como por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe su ley y su reglamento.
TRANSITORIO.
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.- México, Distrito Federal, a los 12 días del mes de abril del año 2004.
Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica);
Rubén Alexander Rábago (rúbrica), secretario; Sergio
Alvarez Mata (rúbrica); René Arce Islas (rúbrica);
Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez, secretario; Federico
Barbosa Gutiérrez (rúbrica); Francisco Barrio Terrazas; Angel
Augusto Buendía Tirado (rúbrica); Enrique Burgos García
(rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica);
Horacio Duarte Olivares (rúbrica); Alvaro Elías Loredo (rúbrica),
secretario; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc
Frías Castro (rúbrica), Presidente; Luis Antonio González
Roldán (rúbrica), secretario; J. Jesús Lomelí
Rosas (rúbrica), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica),
secretario; Germán Martínez Cázares (rúbrica);
Arturo Nahle García (rúbrica), secretario; Janette Ovando
Reazola (rúbrica); Jorge Luis Preciado Rodríguez; Rogelio
Humberto Rueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas
(rúbrica); Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Socorro
Userralde Gordillo (rúbrica); Marisol Vargas Bárcena; Pedro
Vázquez González (rúbrica), secretario; Emilio Zebadúa
González (rúbrica).
DE LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIX-L AL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, la Iniciativa que Propone la Adición de la Fracción XXIX-K al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Minuta con Proyecto de Decreto por el que adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Presidencia de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados.
Conforme a las facultades conferidas a las Comisiones por los artículos 39, 40, 44 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87, 88, 93 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se presenta el siguiente:
DICTAMEN
I. Del Proceso Legislativo
A). En sesión pública celebrada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el día 7 de noviembre del año 2002, el Senador José Carlos Cota Osuna, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con fecha 12 de noviembre del año 2002, fue aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República, el dictamen de la iniciativa enunciada en el inciso anterior en los términos siguientes: Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En sesión pública celebrada por el Pleno de la Colegisladora, el 14 de noviembre del año 2002, fue aprobado por ésta el dictamen enunciado.
Recibida la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de noviembre de 2002, el Presidente de la Mesa Directiva, en uso de las facultades legales y reglamentarias que tiene atribuidas, acordó dar a la misma trámite de recibo y ordenó su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, para el estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
Con posterioridad, mediante comunicación fechada el 9 de noviembre de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados amplió el turno mencionado en el párrafo anterior otorgándole a la Comisión de Pesca la prerrogativa de opinión como elemento a considerar por la Comisión de Puntos Constitucionales en sus trabajos de análisis, estudio y dictaminación de la minuta señalada.
En reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales celebrada el 19 de diciembre del año 2003, existiendo el quórum reglamentario, se dio el trámite de recibo correspondiente y se aprobó iniciar la discusión de la Minuta de referencia.
El día 1° de abril del año en curso fue recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales comunicación escrita de la Mesa Directiva de la Comisión de Pesca con la cual se remitió la opinión de esta última Comisión sobre la Minuta en análisis.
B) En la sesión celebrada por la Cámara de Diputados en fecha 13 de diciembre del año 2002, la Diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, presentó a consideración del Pleno la Iniciativa que Adiciona la Fracción XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas determinó turnarla para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.
En reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, realizada en fecha 19 de diciembre de 2003, se dio recibo a la misma y se acordó iniciar el estudio para su dictamen.
En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales realizada en fecha 12 de abril de 2004, existiendo el quórum reglamentario, el pleno de la Comisión acordó aprobar en sus términos el presente dictamen que incluye la Minuta enviada por el Senado y la Iniciativa antes referida y ordenó elevarlo a la consideración de esta Soberanía.
II. Materia de la Minuta y la Iniciativa.
La Minuta y la Iniciativa que son objeto del presente dictamen proponen la adición de una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que, el Congreso de la Unión tenga la facultad expresa de expedir leyes en materia de pesca y acuacultura, estableciendo para tal caso, la concurrencia entre los gobiernos federal, estatales y municipales, en el ámbito competencial que les corresponda, así como la participación en la materia de los sectores social y privado.
III. Valoración de la Minuta y la Iniciativa
En el dictamen aprobado por el Senado de la República, se considera como argumento irrefutable para la aprobación de la propuesta: impulsar el federalismo, visto como la desconcentración administrativa y transferencia de facultades, recursos y programas a los estados y municipios; es decir, conferir a las entidades federativas, mayor intervención en la toma de decisiones de los asuntos que de manera directa afectan a sus comunidades y pobladores.
Por otra parte, se reconoce, que con las leyes de pesca de 1925, 1938, 1947, 1950, 1972, 1986 y la vigente de 1992, así como la adhesión de México a la Conferencia Internacional del Mar que estableció la Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas - formalizada en el año de 1976 mediante la reforma al artículo 27 constitucional y cuyo contenido amplía el poder soberano de la Nación sobre los recursos marinos- representaron pasos importantes para desarrollar las actividades vinculadas a la pesca y la creación de instancias de coordinación y participación social para la ordenación pesquera.
No obstante lo anterior, se considera que la descentralización de funciones a los estados y municipios debe ir más allá de su intervención derivada de acuerdos o convenios con la Federación, y ser más vinculante a la que ahora tienen los consejos consultivos.
Para ello, es necesario reconocer que las entidades federativas cuentan cada vez más con la capacidad institucional para asegurarse, junto con la Federación, de que se aprovechen de mejor manera los recursos pesqueros y acuícolas de su jurisdicción, siendo la distribución de atribuciones entre los tres órdenes de gobierno el mecanismo idóneo para hacer realidad ese propósito, esquema de concurrencia, que desde luego, debe preverse a nivel constitucional.
Se argumenta que las bases de concurrencia debe fijarlas el Poder Legislativo a partir de facultad expresa, ya que no es un tema nuevo en la Constitución, siendo que ésta, actualmente confiere al Congreso la potestad de establecer concurrencia en materias tales como educación (artículo 3, fracción VIII); seguridad pública (artículo 73 fracción XXIII); asentamientos humanos (artículo 73, fracción XXIX-C); protección al ambiente y equilibrio ecológico (artículo 73 fracción XXIX-G); protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I); deporte (artículo 73, fracción XXIX-J) y; turismo (artículo 73, fracción XXIX-K).
Se argumenta además, que México requiere de esquemas institucionales que lo coloquen en mejores estadios de producción, comercialización y aprovechamiento racional de sus recursos, mismos que se encuentran en los dos millones 926 mil 252 kilómetros cuadrados de mar territorial y zona exclusiva del país.
Asimismo, como algunos temas importantes que pueden ser objeto de distribución de competencias, se mencionan: la administración de pesquerías, acuacultura, capacitación, infraestructura, industrialización, comercialización, financiamiento, investigación, inspección, vigilancia, entre otros.
Cabe hacer la aclaración, de que en el dictamen enviado por el Senado a esta Colegisladora, se justifica el por qué para incorporar la propuesta se adiciona una fracción XXIX-L al artículo 73 constitucional, y no una fracción XXIX-K como originalmente se estableció en la iniciativa, esto, en función de que con fecha 24 de octubre de 2002 en esta representación y posteriormente en el Senado de la República el 14 del noviembre del mismo año, se aprobó, la adición del la fracción XXIX-K al mencionado artículo constitucional, donde se faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de turismo, estableciendo las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Adición que habiendo satisfecho el proceso legislativo previsto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de septiembre de 2003 iniciando su vigencia al día siguiente al de su publicación.
En el mismo sentido de la Minuta, el texto de la Iniciativa que se estudia, expresa que en la vida política de nuestra Nación se ha manifestado la voluntad de ser una auténtica República Federal en la que cada una de las Entidades se desarrolle en condiciones que atiendan a las características regionales y el respeto a las facultades que correspondan al ámbito local, sin menoscabo de las que correspondan al Gobierno Federal.
Se argumenta igualmente, en la Iniciativa, que es necesario incorporar a los representantes de los grupos sociales y productivos involucrados en el sector con objeto de que se diseñen mecanismos de participación que fortalezcan la transparencia en la toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo.
En la Iniciativa que se dictamina, finalmente se concluye que el propósito es alcanzar un federalismo cooperativo que se base en la corresponsabilidad social, la solidaridad y la equidad y que se refleje en bienestar social para los pescadores y habitantes de las comunidades ribereñas.
Es oportuno mencionar que respecto de la Iniciativa también opera la observación realizada párrafos arriba en el sentido de que se adicionaría la fracción XXIX-L al artículo 73 constitucional por haberse aprobado la reforma que da contenido a la fracción XXIX-K.
Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, coincidimos con los argumentos planteados en el dictamen del Senado de la República, así como con aquellos vertidos en la Iniciativa en el sentido de que la tendencia federalista desarrollada en el país en los últimos años, incluye necesariamente la redistribución de competencias entre los niveles de gobierno.
De igual manera, no podemos negar la importancia económica que representan para el país, la pesca y la acuacultura, por lo que cualquier propósito legislativo para impulsar el sector, debe ser respaldado firmemente por los representantes populares.
Esta Comisión recibió en el transcurso de sus trabajos de análisis y dictaminación las reflexiones por escrito de los Diputados René Arce Islas y Germán Martínez Cázares. En cuanto hace a las observaciones del primero de los legisladores mencionados, propone utilizar el término "entidades federativas" en lugar de la expresión "gobiernos de los estados". Esto, en opinión del Diputado Arce Islas, a fin de incluir al Distrito Federal toda vez que en la segunda de las expresiones es claro que aquel no estaría considerado. Asimismo propone utilizar el término exacto para cada orden de gobierno eliminando el concepto de "gobierno" toda vez que este es susceptible de tener dos acepciones: una amplia que comprendería a todas las instituciones públicas que desarrollan las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, y otra restringida en la que por tal concepto se entendería fundamentalmente la función ejecutiva. En tal virtud considera más conveniente utilizar los términos "federación", "entidades federativas", y "municipios".
A su vez, el Diputado Martínez Cázares expresó su acuerdo en la conveniencia de utilizar el término "entidades federativas" en lugar del de "los estados" toda vez que esto permitiría incluir al Distrito Federal. En contraste estima prudente conservar la redacción original que contempla el concepto de "gobierno" en virtud de que el uso aislado del término "federación" podría ser equívoco ya que el mismo de acuerdo al artículo 40 constitucional se refiere "al todo, que incluye a los estados, a los municipios y doctrinalmente aceptado, al Distrito Federal, ...". Asimismo considera igualmente conveniente conservar la alusión a la participación de los sectores social y privado dada la importancia de estos en las actividades de pesca y acuacultura.
Un insumo de relevancia en las tareas de análisis y dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales lo constituye la Opinión que al respecto acordó y emitió la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en su reunión ordinaria del 24 de marzo de 2004. En esta, la citada Comisión hizo alusión a la disminución que ha observado en años recientes la producción pesquera al pasar de 1 millón 570 mil toneladas en 1997 a 1 millón 16 mil toneladas para el 2003, lo cual se manifiesta en una disminución en el consumo per cápita de la población mexicana de 12 kilogramos en 2002 a poco más de 9 kilogramos en el 2003.
Ante ello, sostiene la Comisión de Pesca la necesidad de "un renovado enfoque, de un marco normativo más moderno...". De igual manera señala que "El desarrollo nacional pasa necesariamente por la concurrencia, participación y compromiso de la (sic) entidades federativas y de los municipios. Nada más válido para la pesca, ya que cada región, cada pesquería, requiere de soluciones propias, expeditas y, sobre todo, el compromiso de quienes la regulan."
Otro elemento de importancia a considerar son los comentarios escritos, que a solicitud de esta Comisión de Puntos Constitucionales, se sirvió enviar con fecha 5 de abril de 2004, por instrucciones del Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de ese organismo. En dicha comunicación se enfatiza que la pesca tiene como objetivo la explotación, uso o aprovechamiento de bienes del dominio directo de la Nación, de lo cual se deriva la competencia federal, motivo por el cual la concurrencia de entidades federativas y municipios en la materia debiera acompañarse de otras adecuaciones normativas a efecto de preservar su constitucionalidad y legalidad posteriores, lo que a juicio de esta Comisión dictaminadora es un importante aspecto a considerar.
Atendiendo las propuestas y observaciones expuestas el Pleno de esta Comisión estima conveniente hacer las siguientes consideraciones:
El federalismo, sin embargo, no constituye una limitante inflexible a las posibilidades de participación, colaboración y concurrencia de los distintos órdenes de gobierno en los casos, y con las modalidades que la propia Constitución establece. La doctrina constitucional reconoce de esta manera las denominadas facultades coincidentes, coexistentes, y de auxilio.
En el caso que nos ocupa estamos en presencia de una facultad que en esencia le ha correspondido al orden federal, al cual el Constituyente Permanente le puede dar la posibilidad constitucional -en concreto a uno de sus órganos como es el Congreso de la Unión-, de establecer las bases a efecto de definir la participación y concurrencia de los otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de tal facultad.
Es importante observar que en todo caso tales participación y concurrencia no sólo deben atender a principios de eficacia en la acción pública intergubernamental, sino también, y sobre todo, al espíritu de la Ley Fundamental, así como a la eventual constitucionalidad de los actos que deriven de esa participación y concurrencia.
En efecto, el párrafo quinto del artículo 27 constitucional establece que:
"Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales ....; las aguas marinas interiores; las de lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural ...; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riveras, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; ......."
Asimismo, el párrafo sexto del mismo artículo 27 constitucional, en su parte relativa establece que:
"En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. ......"
A su vez el artículo 48 de la Ley Fundamental, en su parte relativa establece que:
"Las islas, los cayos y arrecifes ......, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y ........dependerán directamente del gobierno de la Federación, ...."
En atención a las disposiciones constitucionales citadas se reitera la posibilidad constitucional que el Constituyente Permanente puede darle a la federación, a través de uno de sus poderes como lo es el Congreso de la Unión, la facultad de establecer mediante el proceso legislativo ordinario, las bases para normar la participación de los órdenes estatal y municipal, y el propio federal, en una facultad que en su mayor medida, aunque no totalmente, le corresponde a este último.
Esto último es así por dos razones. La primera es que aún y cuando la mayor parte de las aguas, medio físico en el cual se encuentra el objetivo material de la actividad pesquera, son de jurisdicción federal, existen otras, las menos, que son de naturaleza estatal. En segundo lugar es de observar que aún y cuando el fruto potencial de la pesca y la acuacultura se encuentra en las aguas comentadas, esta industria humana implica muchas otras actividades que pueden ser de naturaleza federal, estatal o municipal, o incluso coincidentes. Sólo a manera ilustrativa podrían mencionarse el fomento, la investigación, el apoyo a la comercialización, la administración de pesquerías y la capacitación.
En todo caso debe enfatizarse que la participación o concurrencia de los distintos órdenes de gobierno debe ajustarse a la Constitución, circunscribiendo aquella al ámbito de sus respectivas competencias -tal y como se propone en el proyecto original-. En el caso que nos ocupa es claro que el uso y aprovechamiento de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal sólo podrá realizarse mediante concesión o permiso del Ejecutivo Federal, motivo por el cual -y dado el énfasis que al respecto hizo el Constituyente-, será una actividad que deberá permanecer en el ámbito de este poder federal. Es de observar que este aspecto, en el que se coincide con la opinión de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, deberá ser considerado en su caso por el legislador ordinario.
Sin embargo, lo anterior no contraviene la viabilidad constitucional de la participación y concurrencia de entidades federativas y municipios en materia de pesca y acuacultura. Esta podrá manifestarse, sin otro límite que su propia esfera competencial, tratándose de aguas que no sean de jurisdicción federal, así como en aquellas otras actividades que inciden en la pesca y la acuacultura. Esto sin detrimento del recurso que a la colaboración intergubernamental le ofrecen los hoy denominados convenios de coordinación, que más adelante, en los términos que el legislador lo establezca podrían transformarse en normas sustantivas.
B. Se estima procedente la sustitución del término "gobiernos de los estados" por el de "gobiernos de las entidades federativas" para incluir -como la técnica legislativa aconseja- al Distrito Federal en la minuta en cuestión. Esto es así, porque de acuerdo al artículo 43 constitucional el Distrito Federal es parte integrante de la Federación, lo cual es aceptado doctrinalmente. Asimismo, argumentar que el Distrito Federal por no contar con litorales no debiera ser parte de la reforma es improcedente por dos razones: la primera porque ello no implica carecer de actividades de pesca y acuacultura; la segunda porque se daría un trato preferente por sobre el Distrito Federal a las otras 14 entidades federativas que tampoco cuentan con litorales.
C. Se estima innecesario sustituir el término "gobierno (s)" por la denominación del orden de gobierno al cual se haga referencia; en el caso, "federación", "entidades federativas" y "municipios", ya que el uso gramatical de este concepto en la minuta es congruente con el propósito que inspira la adición constitucional de hacer concurrir en pesca y acuacultura a los tres órdenes de autoridad que impactan a estas vitales actividades.
En refuerzo a lo anterior se puede observar que el propio Constituyente Permanente ha usado indistintamente los términos en el mismo artículo 73. Así en las fracciones XXIX-C y XXIX-G del citado artículo alude a "gobierno(s)", en tanto las fracciones XXIX-I y la XXIX-J hacen mención a "la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios".
D. Se estima conveniente conservar, tal y como lo establece la propia minuta del Senado, el texto en el cual se establece "la participación de los sectores social y privado". Lo anterior en virtud de la importancia de la mencionada participación acreditada por el número y vigor de las organizaciones de pescadores y la importancia de las empresas privadas del sector. Ello también se puede apreciar en el Informe de la Consulta Nacional del Sector Pesquero realizada por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados en los meses de enero a abril del 2001.
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-L AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los doce días del mes de abril del 2004.
Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica);
Rubén Alexander Rábago (rúbrica), secretario; Sergio
Alvarez Mata (rúbrica); René Arce Islas (rúbrica);
Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez, secretario; Federico
Barbosa Gutiérrez (rúbrica); Francisco Barrio Terrazas; Angel
Augusto Buendía Tirado (rúbrica); Enrique Burgos García
(rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís (rúbrica);
Horacio Duarte Olivares (rúbrica); Alvaro Elías Loredo (rúbrica),
secretario; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc
Frías Castro (rúbrica), Presidente; Luis Antonio González
Roldán (rúbrica), secretario; J. Jesús Lomelí
Rosas (rúbrica), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica),
secretario; Germán Martínez Cázares (rúbrica);
Arturo Nahle García (rúbrica), secretario; Janette Ovando
Reazola (rúbrica); Jorge Luis Preciado Rodríguez; Rogelio
Humberto Rueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas
(rúbrica); Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Socorro
Userralde Gordillo (rúbrica); Marisol Vargas Bárcena; Pedro
Vázquez González (rúbrica), secretario; Emilio Zebadúa
González (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR LA MEDALLA AGRICOLA, QUE LE CONFIERE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se solicita el permiso constitucional para que el ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Medalla Agrícola que le confiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de abril de 2004.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu
Salinas, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica),
Maximino Alejandro Fernández Avila, secretarios; José Porfirio
Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje
(rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla
López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera, José
Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios,
Luis Eduardo Espinosa Pérez (rúbrica), Fernando Fernández
García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José
González Morfín (rúbrica), Jesús González
Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la
Garza, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Germán
Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez
Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista
(rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María
Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez
García (rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS GILBERTO HERNANDEZ ANDREU Y MIGUEL IDELFONSO AMEZAGA RAMIREZ PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN EL EJERCITO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA, RESPECTIVAMENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fueron turnados para su estudio y dictamen los expedientes con las minutas proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Gilberto Hernández Andreu y Capitán de Fragata Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de los Estados Unidos de América y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier DEM Gilberto Hernández Andreu para aceptar y usar la condecoración Legión al Mérito que le confiere el Ejército de los Estados Unidos de América.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Cap. Frag. CG DEM Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez para aceptar y usar la "Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa", que le confiere dicha Junta.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 14 de abril de 2004.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu
Salinas, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica),
Maximino Alejandro Fernández Avila, secretarios; José Porfirio
Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Alvarez Monje
(rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla
López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera, José
Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios,
Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández
García, Patricia Garduño Morales (rúbrica), José
González Morfín (rúbrica), Jesús González
Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la
Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán Martínez
Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica),
Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel
Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín
Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina,
Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García
(rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE RESPALDEN LAS ACCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL ENCAMINADAS A RECOMPONER LAS RELACIONES MEXICO-CUBA Y RECHAZAR TODA ACCION QUE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD INMEDIATA DE NUESTRA NACION INMEDIATA Y NUESTRA INTEGRIDAD SOBERANA
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo para que se respalden las acciones del Ejecutivo Federal, encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y para rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra nación inmediata y nuestra integridad soberana.
Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1.- Al inicio del mes de octubre del presente año, el Presidente George W. Bush manifestó públicamente la decisión de su administración de endurecer el bloqueo contra la República de Cuba. Asimismo, el día 27 de octubre, en el marco de la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México, el secretario de Estado adjunto, Roger Noriega, refrendó la postura sobre Cuba de la administración Bush, lo cual, sin duda, tensa el clima de paz en nuestra región.
2.- Estos pronunciamientos coinciden con el loable proceso de recomposición de las relaciones bilaterales entre nuestro gobierno y el de Cuba, de cuyos primeros resultados nos congratulamos.
3.- En atención a la tradicional política exterior del Estado mexicano, de respeto a la soberanía de las naciones y de solución negociada y pacífica de los conflictos, expresamos al Ejecutivo nuestra preocupación por la alteración de los equilibrios regionales.
4.- La política de bloqueo contra Cuba, lejos de contribuir al entendimiento entre los países de la región, dificulta las relaciones de respeto mutuo y no coadyuva al avance de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el desarrollo libertario y con justicia social a que todos los pueblos tenemos derecho.
5.- Consideramos necesario que México vuelva a jugar su tradicional papel de interlocutor respetuoso entre los dos países amigos y sus gobiernos, encaminado a restaurar y fortalecer las bases de una seguridad regional multilateral e integral, que se apoye en la soberanía de los Estados y propicie la cooperación, la paz y el desarrollo.
6.- En este contexto, durante su visita a nuestro país, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos de América, Roger Noriega, acusó a la política exterior de México de sustentarse en "un cinismo manufacturado", que impide al país fijar su misión en el escenario político global y manifestó que, para superar sus problemas actuales, los países del área dependen "sólo del liderazgo estadounidense".
7.- Las buenas relaciones entre vecinos, como entre todas las naciones, se basan en la interlocución respetuosa. Estamos ciertos de que México necesita redefinir su papel en el mundo y, en especial, actualizar y escribir el marco jurídico de su doctrina de seguridad nacional para reforzar su trabajo diplomático en favor de bilateralizar la agenda en la materia con Estados Unidos e impulsar su multilateralización a nivel de las naciones de todas las regiones del mundo.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Dictamen con Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Respaldamos las acciones del Ejecutivo federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba y rechazamos toda acción que ponga en riesgo la seguridad de nuestra región y nuestra integridad soberana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de febrero de 2004.
Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica),
Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario;
Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo
Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos
(rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez
(rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica),
Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu
(rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz
Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar,
José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro
Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez
(rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica),
Juan José García Ochoa (rúbrica), Marcela González
Salas y Petriccioli, Alejandro González Yáñez, Francisco
Javier Guízar Macías, Leticia Gutiérrez Corona, Francisco
Xavier López Mena (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio,
Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García,
Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica),
Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández.
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SENADO DE LA REPUBLICA A CONCLUIR EL TRAMITE DE RATIFICACION DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el Punto de Acuerdo para exhortar al Senado de la República a concluir el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:
CONSIDERACIONES:
1. El Senado de la República no ha iniciado ningún trámite relativo a la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, en consideración de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha sometido el documento ante el Senado de la República para su respectiva ratificación.
2. La ratificación en comento, aún no ha procedido en razón de que únicamente ha sido signada por el Ejecutivo Federal, durante la Asamblea General de la ONU, celebrada en Septiembre de 2003.
3. El estado actual del Protocolo en cuestión, se encuentra a la fecha en análisis y revisión en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que procederá a presentarlo ante el Senado de la República para su respectiva ratificación al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, el cual, dará inicio el 15 de marzo de 2004.
4. Hasta entonces, se dará inicio al trámite correspondiente, a efecto de proceder a la ratificación el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, por el Senado de la República.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Dictamen con Punto de Acuerdo
ÚNICO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a efecto de que se sirva remitir a la brevedad posible el protocolo facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, al Senado de la República para su Ratificación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 11 de febrero de 2004.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica),
Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez
Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica),
Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván
Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja
(rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar
Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica),
Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina
Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica),
Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez
Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas
(rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica),
Marcela González Salas y Petriccioli, Alejandro González
Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia
Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena (rúbrica),
Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica),
Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo
Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez
(rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE Y EXPRESE SU FIRME Y ENERGICO RECHAZO AL TRATO QUE SE DA A NUESTROS CONNACIONALES QUE SON DEPORTADOS EN CONDICIONES INHUMANAS, VIOLENTANDO TODA NORMA DE LEY, INCLUIDOS VARIOS TRATADOS INTERNACIONALES
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen, el punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales.
Los diputados federales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente Dictamen con Punto de Acuerdo, por las siguientes:
CONSIDERACIONES
Es de conocimiento general que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos de América endureció las medidas de seguridad nacional, adoptando posiciones extremas para evitar ataques similares.
Las negociaciones para lograr un acuerdo migratorio han sido afectadas de forma negativa; sin duda el asunto es de gran importancia para un gran número de mexicanos, pero también para nuestro vecino del norte, que es el principal centro de recepción de la mano de obra mexicana que busca oportunidades para satisfacer sus necesidades.
El tránsito hacia la búsqueda de mejores oportunidades es, sin duda, de difícil acceso, enfrentando enormes riesgos, incluido el de perder la vida y la de sus familias para llegar al vecino país del norte.
La frontera norte de nuestro país es la más transitada del mundo, y a través de ella se da un enorme intercambio de mercancías y se comparte además un desarrollo industrial y cultural, por lo que para que se siga realizando este benéfico intercambio es necesaria una sana y más justa relación.
A través de diversos estudios bilaterales se ha demostrado el importante papel que para la economía del vecino del norte representa la mano de obra mexicana. Sin embargo, la mayoría de esta mano de obra no tiene acceso a los mínimos de seguridad social.
Es evidente que, frente a la importancia que nuestros connacionales representan para la economía norteamericana, esto no se refleja en sus políticas migratorias.
En los últimos años, en el tramo de Baja California y el estado norteamericano de California la vigilancia ha sido con patrulleros, alumbrado, sensores, telescopios de visión nocturna; la estrategia de "Guardián" es imposibilitar el cruce, empujando a los migrantes hacia las montañas y los desiertos, donde predominan las condiciones extremas, hasta lograr su muerte en muchas ocasiones.
Un informe del Banco de México señala que las remesas de dinero de migrantes equivalen al 83% de la inversión de Estados Unidos en México. Sin embargo, este sector de mexicanos ha sido olvidado y marginado de la política mexicana y ya es tiempo de que el país les devuelva algo: a cambio de ese gran aporte a la economía nacional.
Por otra parte, el Presidente Fox ha destacado la importancia que las remesas de los trabajadores migrantes tienen en la economía nacional, remesas que han llegado a equipararse con la inversión extranjera directa, declarando el propio Presidente que éstas han permitido a millones de mexicanos salir de la pobreza extrema.
No es desconocido que México y Estados Unidos de América comparten muchos proyectos de inversión y de desarrollo comercial, pero también problemas que sólo con la acción bilateral se pueden resolver. De alguna manera, el tránsito de mercancías ha sido normado gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin embargo el tránsito de personas presenta grandes dificultades que no han sido superadas.
El flujo migratorio ilegal, que constituye una fuente de riqueza para la agricultura y la industria del vecino del norte es, sin duda, el sector más vulnerable y sensible ante abusos de este tipo.
En fechas recientes, los medios de comunicación han difundido reiteradas notas sobre la deportación en condiciones inhumanas y humillantes de nuestros connacionales sin ningún fundamento, violentando toda norma de ley incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
Particularmente nos referimos al Programa Piloto de Repatriación Lateral, que consiste en deportar por el estado de Texas a los inmigrantes indocumentados capturados en Arizona, con el pretexto, según las autoridades norteamericanas, de prevenir las muertes de los connacionales.
El programa inició el ocho de septiembre y ha concluido el pasado 28 de este mes; diariamente se deportaron cerca de 300 indocumentados, por lo que al final del programa serán de aproximadamente 6 mil personas.
Lo anterior es totalmente condenable, ya que se han violado sus derechos humanos cuando retornaban a sus lugares de origen.
La defensa de los derechos de nuestros trabajadores migratorios, que son fuente de riqueza y divisas, es uno de los grandes pendientes de la agenda nacional.
Por otra parte, pocos son los logros de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de nuestro país defensoras de los derechos humanos en sus propuestas y solicitudes para la eliminación de este Programa de Repatriación Lateral, que viola y pone en riesgo la seguridad de hombres, mujeres y niños migrantes, al deportarlos encadenados y esposados por lugares desconocidos.
Finalmente, no debemos olvidar que el Estado debe cumplir su responsabilidad de preservar y garantizar valores tan preciados como la vida, la libertad y la dignidad de las personas.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Dictamen con Punto de Acuerdo
1.- Que la Cámara de Diputados se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas, violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
2.- Exhortar al Ejecutivo para que, a través de las instancias correspondientes eleve una enérgica protesta ante el trato que las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a nuestros connacionales en el proceso de deportación a nuestro país, con el compromiso de una estricta observancia y protección de los derechos humanos, que garantice la dignidad y la seguridad de los inmigrantes mexicanos en los puntos de cruce fronterizo y aeropuertos.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 11 de febrero de 2004.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica),
Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez
Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica),
Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván
Cortés Jiménez (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja
(rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar
Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica),
Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina
Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández (rúbrica),
Rogelio Alejandro Flores Mejía, Carlos Flores Rico, Blanca Gámez
Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas
(rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica),
Marcela González Salas y Petriccioli, Alejandro González
Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías, Leticia
Gutiérrez Corona, Francisco Xavier López Mena (rúbrica),
Alejandra Méndez Salorio, Guadalupe Morales Rubio (rúbrica),
Sergio Penagos García, Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo
Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez
(rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández.
DE LA COMISION DE PESCA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA CONAPESCA A IMPLEMENTAR UNA POLITICA PESQUERA NACIONAL INTEGRAL QUE INVOLUCRE A LOS PESCADORES Y SUS DEMANDAS, ASI COMO A LA REVISION DE LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO EN EL ESTADO DE SINALOA Y EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
ANTECEDENTES
Con fecha 30 de septiembre de 2003, el C. el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una proposición con Punto de Acuerdo para que, en lo conducente, se exhorte a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el Golfo de California.
CONSIDERANDOS
La visión de mercado que considera a la pesca solamente como un elemento que debe alcanzar adecuados niveles de productividad y no reconoce que esta actividad incide, al menos, en tres ámbitos esenciales de la sociedad mexicana: alimentación, desarrollo regional y empleo.
La carencia de una política pesquera de Estado y con visión de largo plazo, ha sumido al sector social de la pesca en el abandono, ha generado conflictos entre los productores y cancelado oportunidades de desarrollo en las comunidades ribereñas.
Entre otros instrumentos de planeación y administración de los recursos, están los ordenamientos pesqueros, que deberían ser las vías primordiales para la construcción de consensos entre los actores que confluyen en una región determinada. Desafortunadamente no han cumplido con su objetivo y es, por tanto, urgente que se revisen los procedimientos llevados a cabo para su implementación.
En el Golfo de California, en la pesquería de camarón se han generado conflictos sociales porque en el diseño del ordenamiento no se incluyeron todos los grupos que trabajan en la zona. Por una parte, en el Delta del Río Colorado se han tomado medidas administrativas por demás apresuradas para el manejo de la pesquería. De manera particular, en el estado de Sinaloa, se permitió el crecimiento acelerado del esfuerzo pesquero.
Es necesario, también, fortalecer la investigación pesquera; para ello se requiere destinar mayor presupuesto, ya que es imperante que las decisiones de manejo de los recursos se basen en la información técnico-científica. En la pesquería de camarón, la co-existencia de los pescadores ribereños y la flota de altamar hace necesario que las investigaciones incorporen información de ambos grupos, sin dejar de lado las implicaciones socioeconómicas.
En el caso específico del Estado de Sinaloa, es importante señalar el problema que se presenta año con año entre pescadores ribereños y de altamar. Por tanto, es necesario que se consideren opiniones en tal sentido, como la emitida por el Instituto Nacional de Pesca que, en el informe de evaluación de las poblaciones de camarón durante la veda 2002, señalaba:
"....el escenario menos favorable para la flota artesanal es iniciar junto con los barcos..."
Consideramos que es impostergable la implementación de medidas de administración de dicha pesquería que prevenga el enfrentamiento entre los grupos involucrados del sector, ya que de otra forma los conflictos podrían agravarse y convertirse en un problema social que afecte de manera directa al sector y propicie condiciones de ingobernabilidad en las épocas de captura del recurso.
En el mismo caso se encuentra la situación que enfrentan otras pesquerías en esa región del país, lo cual demanda que de inmediato sean atendidas de una manera integral, con criterios de sustentabilidad, entendida ésta como la alternativa para construir consensos sociales, mejores condiciones económicas para el sector y practicada con responsabilidad en el uso de los recursos naturales.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a implementar una política pesquera nacional integral que involucre a los pescadores y sus demandas, así como a la revisión de los procedimientos llevados a cabo para el ordenamiento pesquero en el estado de Sinaloa y en el Golfo de California, principalmente en lo que se refiere a la pesquería del camarón.
Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza
(rúbrica), Presidente; Ivonne A. Ortega Pacheco (rúbrica),
secretaria; Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), secretario;
Alejandro Higuera Osuna (rúbrica), secretario; Abraham Bagdadi Estrella
(rúbrica), secretario; Narciso Agúndez Montaño (rúbrica),
Leonardo Alvarez Romo, José Irene Alvarez Ramos (rúbrica),
Antonio F. Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Carlos
Blackaller Ayala (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno
(rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Martín
Carrillo Guzmán, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica),
Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias
(rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abdallán
Guzmán Cruz, María del Rosario Herrera Ascencio, Pablo Alejo
López Núñez (rúbrica), J. Humberto Martínez
de la Cruz (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica),
Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), José Orlando
Pérez Moguel (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica),
Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Esteban Valenzuela García
(rúbrica), Yolanda G. Valladares Valle, Alfredo Villegas Arreola
(rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA Y ORLANDO RAMOS GUERRERO PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 5 de abril del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos doctor Luis Ernesto Derbez Bautista e ingeniero Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz; y de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que les confieren los Gobiernos de Perú y del Reino de España, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ing. Orlando Ramos Guerrero para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Plata, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de abril de 2004.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu
Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica),
secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Fernando Alvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo
Bedolla López (rúbrica), Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica),
José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz
Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica),
Fernando Fernández García, Patricia Garduño Morales,
José González Morfín (rúbrica), Jesús
González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez
de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Germán
Martínez Cázares (rúbrica), Guillermo Martínez
Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Consuelo Muro Urista
(rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha
Medina, Hugo Rodríguez Díaz, Sergio Vázquez García
(rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica).
HONORABLE ASAMBLEA
ANTECEDENTES
2. En la misma fecha de su presentación, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, de la LVIII Legislatura, la iniciativa en comento, para su estudio, análisis y dictamen.
3. De conformidad con el punto segundo del acuerdo de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, relativo a los dictámenes pendientes de la anterior legislatura, esta Comisión, realizó el dictamen, tomando en consideración las aportaciones de los diputados, de los diversos grupos parlamentarios que la integran.
2. Al interior de la Comisión de Turismo, se conformó una Subcomisión, que revisó el contenido social y las disposiciones existentes en la Ley Federal de Turismo, para determinar si la propuesta de reformas a este ordenamiento contenía algún precepto que no estuviese en la Ley Federal de Turismo.
3. Se consultó, al sector turístico que se podría ver afectado o beneficiado con estas reformas.
2: En la Ley Federal de Turismo, se contempla un capítulo, el segundo, al turismo social y se contempla todos los mecanismos y regulaciones para fortalecerlo, así como la participación de otras instancias gubernamentales, y la promoción con el sector privado.
3. El turismo social en México está debidamente reglamentado y apoyado por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, por lo que la tarea pendiente es que más mexicanos tengan acceso a éste, con la mejoría de las condiciones económicas y laborales.
4. Las modificaciones realizadas en la Ley Federal de Turismo en el año 2000, en la cual se incluyó como beneficiarios del turismo social a las personas con discapacidad y a las personas con menores ingresos económicos, otorgó certeza jurídica a los más desprotegidos.
5. El propósito, de incluir en la Ley Federal de Turismo, a las personas adultas mayores para que gocen de los beneficios del turismo social, se encuentran plenamente vigentes, ya que para este sector de la población se ha establecido el derecho a los descuentos, así como a las personas con recursos limitados. Aunado a lo anterior, este grupo social, cuenta con la protección de sus derechos con el ordenamiento jurídico denominado Ley de los Derechos de los Adultos Mayores.
6. En la Iniciativa en comento, su autor propone, en el artículo 9, suprimir el segundo y tercer párrafo, trasladando al numeral diez la creación de un Instituto Nacional de Turismo Social, con el objeto de que éste regule y supervise su desarrollo y operación, invadiendo competencias, facultades y atribuciones que son propias de la Secretaría de Turismo, además, las modificaciones que se proponen ya están contempladas en la Ley Federal de Turismo vigente, incluso es más amplio en el articulado, porque se incluye la participación de otros sectores gubernamentales.
7. En la propuesta de la Iniciativa en análisis, en el artículo 11, se señala la necesidad de crear Institutos similares al Instituto Nacional de Turismo Social, tanto en los Estados como en los municipios, lo que invade la competencia de las Secretarias de Turismo estatales.
8. En el artículo 12 de la iniciativa en comento, se otorga la coordinación de turismo social al Instituto Nacional antes descrito, y a sus equivalentes estatales y municipales, pretendiéndose la participación obligatoria de los sectores social y privado, mientras que en el párrafo segundo de la Ley vigente, se estipula con precisión que se procurará la participación de los sectores social y privado, contrario a la obligatoriedad que pretende la iniciativa en estudio.
RESOLUTIVO
Se dictamina en sentido negativo la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo, para modificar los artículos 9, 10, 11 y 12 la cual fue presentada por el Diputado Enrique Martínez Orta Flores, de la LVIII Legislatura, toda vez que del estudio y análisis de la iniciativa en comento se encontró improcedente las modificaciones a la Ley Federal de Turismo debido a que los preceptos legales de la iniciativa se encuentran vigentes en la ley de la materia.
ÚNICO. Se deshecha la propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Turismo en sus numerales 9, 10, 11 y 12.
Diputados: Francisco X. López Mena (rúbrica),
Presidente; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), secretaria;
Rómulo Cárdenas Vélez (rúbrica), secretario;
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), secretario;
Félix Arturo González Canto (rúbrica), secretario;
Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Gonzalo Alemán
Migliolo (rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica),
Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Alvaro Burgos Barrera (rúbrica),
Francisco Javier Bravo Carvajal, Guillermo del Valle Reyes, Rodolfo Esquivel
Landa (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo, Irma S. Figueroa
Romero (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Gonzalo Guízar
Valladares, Alejandro Higuera Osuna, J. Jesús Lomelí Rosas
(rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica),
Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica),
Janette Ovando Reazola (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega
(rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), C. Zeferino
Torreblanca Galindo (rúbrica), Pablo Antonio Villanueva Ramírez
(rúbrica), Wintilo Vega Murillo (rúbrica), Elizabeth Oswelia
Yáñez Robles (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández.
DE LA COMISION DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUMADORES Y NO FUMADORES
A la Comisión de Salud, de la LIX Legislatura en la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto que pretende crear la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La Comisión de Salud, de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3, los artículos 43, 45 en su numeral 6 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual corresponde a esta Comisión dictaminar la iniciativa en comento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto, a partir de la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.
En al capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.
ANTECEDENTES.
En la misma fecha y de conformidad con los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de este órgano legislativo, remitió dicha iniciativa para su estudio y dictamen, a esta Comisión.
En su exposición de motivos el diputado expresó su preocupación, ya que se considera al tabaquismo como la primera causa de muerte previsible en el mundo, además menciona los efectos nocivos y adictivos de la nicotina.
El diputado enuncia una gran cantidad de problemas de salud, que están relacionados directamente con el consumo del tabaco, como el cáncer, el enfisema pulmonar, cardiopatías o accidente cerebro vascular.
Afirma que la adicción al tabaco ha sido creada y está sostenida por un reducido número de personas, que se ven beneficiadas con las ganancias que deja la industria del tabaco, a pesar de que vaya en detrimento de la salud de la población en general.
Aunado a lo anterior, manifiesta encontrarse alarmado, debido a que la adicción al cigarro va en aumento, ya que según dice, cada año hay cuatro millones más de adictos al cigarro: Además de que el número de fumadores menores de edad se ha incrementado, así como también el número de mujeres fumadoras.
El diputado expone que los fumadores pasivos, en general pertenecen a los más vulnerables, entre los que se encuentran niños y ancianos.
En este sentido menciona que los fumadores pasivos tienen un 20% de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, por verse expuestos al humo del tabaco.
Debido a todo esto, el Diputado, consideró necesaria la creación de una Ley General para la protección a la Salud de los Fumadores y no Fumadores; la cual constaría de cuatro títulos integrados por 50 artículos, más 10 artículos transitorios.
En su propuesta, en el artículo 8 el diputado le otorga a los gobiernos federal estatal y municipal, facultades para:
II. ordenar por oficio o denuncia visitas de verificación en los establecimientos, empresas u oficinas de gobierno que no cumplan con la ley
III. sancionar a propietarios de establecimientos o empresas que no cumplan con esta ley
IV. sancionar a particulares que al momento de la visita si se encuentran fumando en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre que se hayan negado a modificar su conducta, después de solicitárselo
II. Poner a disposición del juez cívico competente a las personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía por incumplimiento de esta ley
III. Oficinas de la Administración Pública Federal, estatal, o municipal y de los órganos autónomos de orden federal o local; oficinas, juzgados, instalaciones del órgano judicial federal y local y oficinas administrativas, etc.
IV. En hospitales, clínicas, centros de salud, centros de atención médica, públicos, sociales, o privados, cualquier lugar cerrado de instituciones médicas y de enseñanza
V. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes,
VI. Bibliotecas Públicas, hemerotecas o museos,
VII. Instalaciones deportivas,
VIII. En los centros de educación inicial, básica a media superior, superior, incluyendo auditorios, salones, de clase, etc.
IX. En cines, teatros, y auditorios cerrados a los que tenga acceso el público en general, con excepción de las secciones de fumadores en los vestíbulos
X. En los vehículos de transporte público
de pasajeros,
XI. En los vehículos de transporte escolar o de
personal,
XII. En cualquier lugar que de forma expresa determine la Secretaría de Salud, entidades federativas y municipios.
Por otro lado la propuesta del diputado señala las condiciones que deben tener los espacios considerados para fumadores, entre las que se encuentran: estar aisladas de las áreas de no fumadores, tener ventilación hacia el exterior, o sistema de extracción o purificación de aire y ubicarse de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 45 numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; esta Comisión, realizó el correspondiente estudio, del cual se desprenden las siguientes:
CONSIDERACIONES
Conocemos los enormes costos en materia de atención a la salud que provoca el tabaquismo en México, ya que hay una gran cantidad de enfermedades que están directamente relacionadas con él.
El Congreso de la Unión entiende y comparte la preocupación del diputado en relación con el consumo del tabaco, es por esta razón que el 19 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 276, 277, 277 bis, 421, 308, 309 y 421 de la Ley General de Salud.
En las reformas mencionadas, se establecen las disposiciones para la publicidad del tabaco, así como la prohibición de vender cigarros a menores de edad, expresada en el artículo 277, del ordenamiento mencionado, que a la letra dice: "No se venderán o distribuirán cigarros a consumidores en empaques que contengan menos de 14 cigarros, cigarros sueltos, o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos.
No se venderán o distribuirán cigarrillos en farmacias, boticas, hospitales, ni escuelas de nivel preescolar hasta bachillerato o preparatoria"
Del mismo modo, el nuevo artículo 277 bis de la citada ley, establece la obligación para las unidades hospitalarias y clínicas del sistema nacional de Salud, de contar con áreas donde se prohíba el uso del tabaco.
El mencionado artículo, otorga la facultad de regular sobre las áreas con permiso para fumar, a la Secretaría de Salud, así como a los Gobiernos de las Entidades Federativas.
Creemos que si la intención del diputado es derogar el Reglamento que emitió el Poder Ejecutivo para llevar la prohibición de fumar a rango de ley; ésta, a nuestro parecer es innecesaria, ya que las reformas que se hicieron a la Ley General de Salud en este tema son suficientes y delegan la facultad de reglamentar en esta materia a los gobiernos de las Entidades Federativas, así como la Secretaría de Salud, la cual ya cuenta con un reglamento, que a nuestro parecer es adecuado.
En este sentido, la Comisión se dio a la tarea de analizar la propuesta de ley y cotejarla con el Reglamento Sobre Consumo de Tabaco, que fue publicado el 27 de julio de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, nos pudimos dar cuenta de que existen grandes similitudes.
Es por esta razón que pensamos que la inquietud del diputado, está prevista por la Ley General de Salud y que para ese efecto la Secretaría de Salud emitió el Reglamento sobre el Consumo del Tabaco, el cual está vigente y cuyo objetivo se expresa claramente su artículo 1, que a la letra dice: "El presente Reglamento tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos nocivos causados por la exposición al humo del tabaco, con la reducción del consumo de éste, principalmente, en lugares públicos cerrados"
De la misma manera, el mencionado reglamento también establece en su capítulo III las especificaciones tendientes a limitar los lugares en los que se puede fumar. Así por ejemplo, menciona, en el artículo 9 los lugares en los que está prohibido fumar, siendo mucho más específico que el proyecto que presenta el diputado.
Por otra parte, creemos que el capítulo de sanciones del reglamento al que nos referimos, es adecuado en relación con el incumplimiento del mismo, ya que creemos que la propuesta del diputado es un tanto rígida, al proponer, no sólo sanciones económicas, si no, inclusive, arresto de hasta 36 horas. El reglamento en cambio, dice en el artículo 20 "La inobservancia a lo dispuesto en el artículo 9 será sancionada con amonestación con apercibimiento y cuando se trate de reincidencia por tercera ocasión y sucesivas, con multa de una a seis veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate".
Resulta absurdo ir en contra de las disposiciones que el mismo Poder Legislativo ha aprobado en fechas recientes y las cuales ya han sido publicadas, en el Diario Oficial de la Federación.
El poder Legislativo ha facultado a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades Federativas para reglamentar los lugares en dónde se puede consumir tabaco, es ilógico querer reatribuirnos esa facultad, para intervenir en una materia que ya se considera de competencia local.
Por otra parte, la iniciativa presenta inconsistencias jurídicas muy graves, y sólo por citar un ejemplo, la iniciativa, en su artículo 5, pretende darle a particulares, asociaciones civiles, órganos de control interno y personas físicas, la facultad de vigilar el cumplimiento de la Ley, en una clara contravención a lo que dispone el artículo 89 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: ...
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia"
Es cierto que la finalidad de la iniciativa es proteger la salud de los mexicanos, fumadores y no fumadores, pero ninguna norma puede estar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Entendemos y compartimos la preocupación del diputado, y estamos conscientes de que, a pesar de que existe un ordenamiento tendiente a proteger a los no fumadores y que trata de restringir el consumo del tabaco; la lucha contra el tabaquismo, no es sólo del Estado, sino de la sociedad, así como del ejemplo y educación que damos a las próximas generaciones.
RESOLUTIVO
ÚNICO. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y No Fumadores, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; por considerar que la reglamentación en esta materia es facultad de la Secretaría de Salud y de los Gobiernos de las Entidades Federativas, además de que contiene graves inconsistencias jurídicas que van en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, la iniciativa resulta redundante respecto a las disposiciones de los artículos 276, 277, 277 bis, 308, 309 bis, y 421 de la propia Ley General de Salud en materia de publicidad y venta de tabaco; publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Enero del presente año.
Salón de Sesiones de la Comisión de Salud, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2004.
Diputados: José Angel Córdova Villalobos,
Presidente; Pablo Anaya Rivera, secretario (rúbrica); María
Cristina Díaz Salazar, secretaria (rúbrica); José
Javier Osorio Salcido, secretario (rúbrica); Rafael García
Tinajero Pérez, secretario (rúbrica); Jesús Aguilar
Bueno, José Porfirio Alarcón Hernández, Julio Boltvinik
Kalinka (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica),
María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Jaime
Fernández Saracho (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica),
Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José García
Ortiz, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica),
Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín,
Javier Manzano Salazar, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica),
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Maki Esther Ortiz Domínguez, Martha
Palafox Gutiérrez (rúbrica), Raúl Piña Horta,
María Angélica Ramírez Luna, Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica),
Isaías Soriano López, José Luis Treviño Rodríguez
(rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Martín Remigio
Vidaña Pérez.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTRUYA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A EFECTO DE TRANSFERIR O REASIGNAR RECURSOS FINANCIEROS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICO-FINANCIEROS Y EL PROYECTO EJECUTIVO CORRESPONDIENTES A CUATRO LINEAS DE TRANSPORTE MASIVO EN LA ZONA ORIENTE DE DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JESUS TOLENTINO ROMAN BOJORQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Consideraciones
Es una obligación de los gobiernos enfrentar los problemas más serios que aquejan a la ciudadanía, en este caso particular, aquellos derivados del crecimiento de la mancha urbana y sus implicaciones para la población, sobre toda la de escasos recursos. El crecimiento demográfico en el Valle de México y la expansión físicas de las ciudades ha rebasado las demarcaciones municipales, dando carácter verdaderamente regional a la problemática urbana. Es ya un hecho indiscutible que las transformaciones urbanas y demográficas ocurridas en la región conurbada, han rebasado sobradamente el marco de acción y el ámbito jurisdiccional municipal en la planeación del desarrollo y nos imponen como marco de referencia y acción la escala regional en la atención eficiente de las necesidades sociales. De aquí se desprende la urgente necesidad de una estrecha colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y los poderes del Estado.
La dinámica demográfica del país, derivada de circunstancias económicas profundas que se manifiestan en la incapacidad del campo para satisfacer las necesidades de empleo, ingreso digno y servicios a la población rural, ocasionó un sostenido flujo migratorio rural-urbano, que continua hasta nuestros días. Al reducirse por razones naturales el espacio disponible para uso urbano en el actual territorio de la Ciudad de México, el resultado casi obligado era que la expansión urbana rebasara los límites de la ciudad capital y que impactara al territorio del Estado de México, destacadamente en los municipios vecinos a la Ciudad de México.
Durante los años cuarenta la Zona Metropolitana del Valle de México tenía una población 1?754,530 habitantes, de los cuales 1?645,422 se concentraban en la Ciudad de México; sin embargo a partir de los cincuenta el crecimiento empieza a desplazarse paulatinamente hacia la áreas circunvecinas en el Estado de México, principalmente hacia los municipios de Chimalhuacán, Naucalpan y Tlalnepantla.
Entre 1960 y 1970, la expansión urbana se extiende hacia siete municipios del Estado de México, entre ellos Netzahualcóyotl y La Paz, con una población de 5?155,327 habitantes, que en relación con el año 1950, la población había registrado un incremento en casi 73%. Para 1980, la Zona metropolitana cubría ya la totalidad de las delegaciones del Distrito Federal y fusionó en una sola ciudad los municipios mexiquenses de Chalco, Chicoloapan e Ixtapaluca, entre otros, alcanzando una población metropolitana de 13,734,654 habitantes; este aumento representaba el 59%, en relación con 1970.
Pero sin dejar de ser sorprendente el crecimiento en términos cuantitativos, lo novedoso en este último período radicaba en que definitivamente estaba cambiando el origen del crecimiento: había dejado de poco a poco de ser el producto de la migración rural-urbana, para convertirse en un fenómeno de desplazamiento poblacional urbano-urbano, concretamente, de la expulsión de población del Distrito Federal hacia la periferia.
De acuerdo con el censo 2000 de INEGI, la Zona Metropolitana del Valle de México tenia una población de 18?351,878 de habitantes, correspondiendo 3?046,987 de ellos a los ocho municipios conurbados de la Zona Oriente: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad.
El incremento poblacional en esta región ha sido verdaderamente alarmante, como puede apreciarse a manera de ejemplo en el caso de Chimalhuacán, cuya población aumentó en más de 100% en los años noventa, pasando de 242,317 a 490,772 habitantes.
Para situarnos en el contexto nacional y apreciar en toda su magnitud la gravedad de la situación expuesta, basta decir que de acuerdo con INEGI, la población total en el año 2000 en los ocho municipios conurbados de la Zona Oriente, fue superior a la de 20 Estados de la República; tan sólo Chimalhuacán supera la población del Estado de Baja California Sur.
Y el crecimiento continúa. De acuerdo con las proyecciones de INEGI, para el año 2020 la Zona Metropolitana alcanzará la cifra de 25,135,878 habitantes, superior en casi 7 millones a la población registrada en el año 2000. Y las tendencias registradas indican que en un alto porcentaje este crecimiento se orientará más aceleradamente a los municipios de la zona Oriente, donde tendrá su mayor impacto.
Ciertamente, el proceso de urbanización en esta zona ha sido heterogéneo; por ejemplo, mientras que en Netzahualcóyotl se cuenta con casi todos los servicios públicos, en Chimalhuacán, el municipio vecino, el rezago es verdaderamente dramático. Quien no conozca inmensos cinturones de miseria y abandono, difícilmente puede imaginar el abandono en que viven allí cientos de miles de seres humanos, y eso a escasos 28 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México.
El crecimiento demográfico y urbano ha ocurrido de manera caótica, ajeno a toda atención integral a las necesidades de la población. Además de la dotación de servicios, debe tomarse en cuenta que los habitantes de la región oriente corresponden a los estratos sociales más débiles en materia de empleo, ingreso y seguridad social. Basta decir que el 50% de los trabajadores perciben un ingreso entre cero y dos salarios mínimos; la gran mayoría gana un salario mínimo.
De acuerdo con estimaciones, la tercera parte del salario de los habitantes se emplea en transporte hacia sus centros de trabajo, ubicados en su mayoría en el Distrito Federal, Tlalnepantla o Naucalpan. El tiempo diario de recorrido se oscila en torno a cuatro horas, consumiendo un tiempo valioso que podría ser dedicado al descanso y a la necesaria convivencia familiar. No exageramos al decir que estas circunstancias hacen de Chimalhuacán y otros municipios auténticas "Ciudades Dormitorio", todo esto agravado por el aumento progresivo de la pobreza y el costo de transporte.
La expansión de la mancha urbana y el crecimiento poblacional, combinados con la falta de un servicio de transporte eficiente, han provocado altos niveles de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México. Según registros de Proaire del contenido del aire obtenidos en 1988, el 84% de las emisiones contaminantes fueros generadas por las unidades de transporte y de este total el 45.5% corresponde a emisiones de automóviles particulares y 54.6% a unidades de transporte público.
En el año 2002 en la Zona Metropolitana del Valle de México se originaron más de 33 millones de tramos-viajes diarios: 81.7% en transporte público y 18.3% en transporte particular. El pronóstico es que para los años 2010 y 2020 la cifra ascienda a 37.5 y 40.7 millones de tramos-viaje diarios, respectivamente.
Asimismo, en 2002 la afluencia del Metro fue de 3.8 millones de pasajeros diarios en las 11 líneas del Metro, cuya longitud total es de 201.7 kilómetros, de los cuales sólo se han construido 13.9 kilómetros en territorio del Estado de México.
La demanda creciente de transporte masivo, no ha podido ser atendida debidamente por el gobierno estatal debido a la carencia de recursos económicos y es el caso que el problema se acentúa con el paso del tiempo, con consecuencias cada día más perniciosas. A las insuficiencias mencionadas en el precario sistema de transporte público existente, debe agregarse la incomodidad, el exceso de pasaje por unidad, el hacinamiento, el mal estado de los vehículos, la irregularidad en las salidas y recorridos, la elevada inseguridad que se hace manifiesta en frecuentes accidentes de tránsito y el mal trato a los pasajeros, entre otras desventajas que la actual situación impone a los usuarios.
El exceso de pequeñas unidades que hoy constituyen la estructura del transporte público, ocasiona los cotidianos y costosos congestionamientos viales y el aumento de contaminantes producidos por el creciente número de vehículos automotores particulares y de servicio público concesionado, como microbuses, autobuses y transporte de carga. Añádase a ello la enorme concentración de población, los altos tiempos de viaje en transporte público -y también privado, debido a los embotellamientos- y el consiguiente desgaste físico, estrés y reducción en le rendimiento laboral que todo esto causa. También se deriva de todo esto una elevada contaminación sonora y el enorme gasto de combustible de las miles de pequeñas unidades que proporcionan el servicio, con el consecuente incremento en la contaminación del aire. Por todo lo anterior, constituye una imperiosa necesidad la introducción de cuatro líneas de transporte colectivo en la Zona Oriente del Estado de México, para lo cual se requiere la realización de los estudios de factibilidad técnicos y financieros y el correspondiente proyecto ejecutivo. Las líneas propuestas son las siguientes.
2.- La Paz-Texcoco, con una longitud aproximada de 23 kilómetros, de la cual se benefician los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz y Texcoco, la población estimada es de 1,600 000 habitantes y la demanda diaria, de 100,000 pasajeros. En esta línea podrán aprovecharse las vías férreas y derecho de vía federal ya existentes en la zona desde el porfiriato, reduciendo así el costo de inversión, ya que no sería necesaria la expropiación de terrenos de particulares y el pago de los mismos.
3.- La Paz-Ixtapaluca, cuya longitud aproximada es de 18 kilómetros y que beneficiará a los municipios de La Paz, Ixtapaluca y Chicoloapan; la población estimada es de 850,000 habitantes y la demanda diaria, de 150,000 pasajeros.
4.- Xochiaca-Chalco, con una longitud aproximada de 15 kilómetros, beneficiando a los municipios de La Paz, Chalco y Valle de Chalco, con un total de 1,200,000 habitantes y una demanda diaria estimada de 150,000 pasajeros.
Punto de Acuerdo
Unico: Se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de transferir o reasignar recursos financieros, al Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la elaboración de los estudios de factibilidad técnicos y financieros y el proyecto ejecutivo para cuatro líneas de transporte masivo Chimalhuacán- Pantitlán, La Paz- Texcoco, La Paz-Ixtapaluca y Xochiaca-Chalco, en la zona oriente del estado de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril del 2004
Diputados: Alberto García Cuevas, Alfredo
Gómez Sánchez (rúbrica), Armando Neyra Chávez,
Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Blanca Esthela Gómez
Carmona, Emilio Chuayffet Chemor, Felipe Medina Santos (rúbrica),
Fernando Fernández García (rúbrica), Francisco Rojas
Gutiérrez (rúbrica), Gaspar Avila Rodríguez (rúbrica),
Gema Isabel Martínez López (rúbrica), Guillermo Martínez
Nolasco (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica),
Jesús Adolfo Murat Macías, José Carmen Arturo Alcántara
Rojas, José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), José
Rangel Espinoza (rúbrica), Marco Antonio Gutiérrez Romero
(rúbrica), María Isabel Maya Pineda, Pablo Bedolla López
(rúbrica), Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Víctor
Ernesto González Huerta (rúbrica), Jesús Tolentino
Román Bojórquez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A NO REDUCIR LOS PROYECTOS CULTURALES QUE REALIZAN LAS EMBAJADAS DE MEXICO EN EL EXTRANJERO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSE ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaria de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de Mexico en el extranjero, a cargo del diputado Jose Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado federal José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, haciendo uso de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a no reducir los proyectos culturales que realizan las embajadas de México en el extranjero, que presenta con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. El Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, desde su campaña política para la Presidencia argumentó la importancia de la cultura en nuestra nación, enfatizando que la "herencia cultural que poseemos los mexicanos es una de las más sustantivas, duraderas y valiosas del mundo. Mucho hemos creado y mucho y más merecemos seguir creando".
Segunda. En el mismo marco de su campaña, Vicente Fox propuso como prioridad en materia de política exterior enfrentar creativamente la globalización a través del principio de "que las embajadas y los consulados deben hacer de la cultura mexicana una ventaja comparativa de nuestra política exterior. El objetivo es claro: impulsar en México una cultura de vanguardia para salir al mundo. No podemos ni debemos aislarnos. La cultura mexicana se empobrecería, perdería su fuerza y su carácter universal".
Tercera. En congruencia con sus propuestas de campaña, el Presidente Vicente Fox plasmó las propuestas arriba señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Por un lado, se señala que México está en "posibilidad de poder promover la imagen de un país democrático, tolerante y seguro, la cual refleje la transparencia, la pluralidad y el vigor de nuestros procesos políticos, económicos, sociales y culturales".
Por otro lado, se afirma que, en "respuesta a las necesidades derivadas de los cambios en los ámbitos interno y externo, la labor del gobierno en materia de relaciones exteriores para el periodo 2001-2006 se articulará en torno de una serie de objetivos estratégicos. Uno de estos objetivos es el de apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económica, comercial, cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional sustentable y de largo aliento".
Para lo anterior, se señala en el mismo objetivo prioritario arriba mencionado que "la diplomacia mexicana no actúa en el vacío, al ser parte de un proyecto de gobierno y eje central de la acción del Estado... [y que] Como complemento de la estrategia de promoción económica y comercial, se emprenderá una activa política de difusión en el exterior de la rica y diversa cultura mexicana con el fin de dar a conocer nuestros valores culturales y de apoyar una imagen positiva de México en todo el mundo".
Cuarta. Estos mismos principios son retomados en la estrategia programática planteada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su Programa de relaciones exteriores para el periodo 2000-2006.
Quinta. Como resultado de una visión de largo plazo, la SRE tiene en su misión la de "vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior" y "ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo, a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos".
Sexta. La SRE plantea en su propio programa una serie de actividades tendentes a cumplir su misión. Entre las acciones se encuentran 1. "Suscribir tratados y acuerdos internacionales e interinstitucionales, así como suscribir convenios de cooperación educativa y cultural"; y 2. "Realizar visitas, encuentros, conferencias y seminarios para difundir la producción cultural de México en el extranjero".
Séptima. Dentro de la estructura orgánica de la SRE se tiene la Unidad de Asuntos Culturales, que es la encargada de implantar y dar seguimientos a las dos acciones relevantes mencionadas en el considerando anterior.
Octava. La Unidad de Asuntos Culturales de la SRE tiene como objetivos
Diseñar, impulsar y participar en la ejecución de la política de cooperación educativa internacional;
Coordinar las labores de promoción y difusión cultural en las representaciones de México en el exterior;
Coordinar el Programa de imagen cultural de México en el exterior, así como fomentar la presencia cultural y artística de México a escala internacional;
Realizar, en coordinación con el Instituto de México, actividades que fomenten la presencia cultural y artística de México en el exterior; y
Coordinar los programas de becas para la formación de capital humano que México ofrece a extranjeros y los que los gobiernos extranjeros y organismos internacionales ofrecen a mexicanos.
Décima. Frente a la frustrada reforma fiscal, que se discutió en la Cámara de Diputados, el Presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2004 se vio profundamente afectado, pues los recursos con que contará la Federación serán muy reducidos. Ante este panorama, la propia Cámara de Diputados tuvo que integrar una serie de lineamientos presupuestarios para el ejercicio fiscal de 2004, llamadas "disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria", cuyo objetivo es tratar de potenciar al máximo el impacto de los recursos federales en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
Undécima. Ante este panorama, se ha generado una creciente preocupación por parte de la honorable Cámara en el sentido de que las acciones que realiza la SRE en pro de la difusión y promoción de nuestra cultura en el exterior se vean severamente afectadas por las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Duodécima. No debemos permitir que se frene o se disminuya la promoción del entendimiento y el fortalecimiento de los lazos de amistad y fraternidad entre México y los demás países, vía difusión de nuestro legado cultural y artístico.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se envíe el presente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para exhortarla a efecto de que, sin omitir las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, no se sacrifiquen los proyectos culturales que realiza mediante la Unidad de Asuntos Culturales, representaciones de México en el exterior y el Instituto de México.
Segundo. Asimismo, se exhorta a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores que, en aras de compensar las posibles limitaciones en la realización de sus actividades culturales, derivadas de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestarias establecidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, se dé prioridad a la ejecución de proyectos culturales que tengan como principio básico la coordinación inter e intrainstitucional y la participación de las diversas organizaciones y grupos sociales y privados vinculados con el ámbito cultural o interesados en él, a fin de aprovechar los recursos humanos, materiales y financieros con que cuentan.
Tercero. La Cámara de Diputados se une, en la medida de sus posibilidades, a coadyuvar para que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice plenamente sus objetivos de vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México en el exterior, así como el de ampliar y profundizar las relaciones culturales con las distintas regiones del mundo.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 15 de abril de 2004.
Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA FORMACION DE LA SUBCOMISION PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE SUJETOS A REGLAS DE OPERACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Rosario Herrera Ascencio, con fundamento en los artículos 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, así como el 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se establece la formación de la Subcomisión para la evaluación de programas de desarrollo rural sustentable sujetos a reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 al tenor de los siguientes:
Antecedentes
La ejecución de los programas gubernamentales es un proceso continuo en donde se involucran de manera multidimensional y ascendente cuatro etapas, la planeación, la instalación, la operación y la evaluación. De tal forma que este proceso da cabida a valoraciones y nuevas propuestas que determinan la mejora, modificaciones y el enriquecimiento para ejercicios futuros de los programas.
En la concepción de los programas gubernamentales cobra especial interés la etapa de la evaluación, pues en ella se sientan las bases para asegurar que los programas alcancen las metas y objetivos establecidos, y que los programas se desarrollen bajo criterios de eficiencia y eficacia, permitiendo operarlos bajo reglas claras, que aseguren la transparencia, equidad y la oportunidad en el ejercicio de los recursos.
En México a partir de 1996 se inician los procesos de evaluación externa de programas gubernamentales, específicamente de los programas de la recién formada Subsecretaria de Desarrollo Rural, desarrollándose desde entonces diversos eventos que conformarían la actual cultura para la evaluación de programas gubernamentales, desarrollándose capacidades sobresalientes en el tema de la evaluación y desempeño de Programas Gubernamentales, de tal forma que han sido instituciones y profesionales nacionales los que han desarrollado las principales estructuras operativas y trabajos sobre este tema.
Hasta el año 2003 la coordinación e instrumentación de las evaluaciones había corrido a cargo de las respectivas coordinaciones sectoriales, comunicando a la Cámara los resultados de dichas evaluaciones.
Debido a la importancia de los procesos de evaluación el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del 2003, en el tercer párrafo, inciso b) fracción IV del artículo 55 establece la responsabilidad de la Cámara de Diputados de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, es bajo este fundamento que se procede a desarrollar la presente propuesta, con la finalidad de poder contar con los lineamientos, estructura y medios necesarios para llevar a buen fin las evaluaciones.
La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad la creación y formación de las instancias que permitan la realización de las diferentes actividades necesarias para el cumplimiento de la nueva tarea encomendada, siempre procurando que desde la formulación de las reglas de operación y la operación misma de los programas, exista plena concordancia con los objetivos delineados para éstos, enmarcados en los documentos, base de nuestra actual política de desarrollo sectorial, tales como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Acuerdo Nacional para el Campo, así como los criterios generales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Considerandos
Con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos de los programas que deberán sujetarse a reglas de operación, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó establecer en el inciso b), fracción IV del artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 (Decreto 2004), la obligación de las dependencias y entidades, a través de su correspondiente coordinadora sectorial, a presentar los resultados de las evaluaciones, de cada programa, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a más tardar el 15 de octubre de ese ejercicio fiscal.
Que en el tercer párrafo, inciso b) fracción IV del artículo 55 del Decreto en comento, establece que las evaluaciones de los programas serán responsabilidad de la Cámara de Diputados y se realizarán conforme a lo dispuesto por las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Que a saber las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable se integran por las siguientes comisiones: 1) Agricultura y Ganadería, 2) Desarrollo Rural, 3) Recursos Hidráulicos, 4) Medio Ambiente y Recursos Naturales, 5) Pesca, 6) Asuntos Indígenas, 7) Reforma Agraria y 8) Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.
Que en virtud de lo dispuesto por el inciso b) fracción IV del artículo 55 del Decreto 2004; los objetivos que la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable, debe alcanzar para lograr una real y verdadera evaluación son los siguientes:
b) Definir la estructura operativa mas adecuada para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto de Presupuesto señalado, así como establecer los lineamientos operativos bajo los cuales se deberán conducir las evaluaciones.
c) Cuidar y vigilar que los Programas Gubernamentales se operen y desarrollen bajo las condiciones establecidas en el Decreto 2004, asegurando con ello el logro de los objetivos para los que fueron creados.
d) Contribuir para que las evaluaciones de los programas mencionados, se realicen en forma representativa, neutral, oportuna y transparente.
Con el propósito de realizar un trabajo efectivo, deberán establecerse los canales de comunicación y coordinación apropiadas con cada una de los titulares de las coordinaciones sectoriales que operan programas sujetos a reglas de operación, pudiéndose firmar convenios entre el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y cada uno de estos titulares, con el objeto de acordar el procedimientos para instrumentar las evaluaciones de los programas.
Es necesaria la instalación de las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable, toda vez que las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones a más tardar el 30 de abril.
Para dar cumplimiento a las evaluaciones que la Cámara de Diputados debe realizar, es necesario que los responsables, nombrados por los titulares de los diferentes sectores, proporcionen, al menos, la siguiente información: Objetivos generales de cada Programa, Objetivos Específicos, Componentes de apoyo, Poblaciones Objetivo, Metas, Metodología de operación del programa, Organigrama de la estructura que opera cada programa, Dependencia o Entidad responsable de la aplicación de programa y Programa de trabajo, cumpliendo lo establecido en el inciso a) de la fracción IV del artículo 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- El pleno de la Cámara de Diputados instruye a los Presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca, Asuntos Indígenas, Reforma Agraria y Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, para que se instalen formalmente en las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Segundo.- Que las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable formen la Subcomisión para la Evaluación de Programas Gubernamentales sujetos a Reglas de Operación, que deberá estar integrada plural y proporcionalmente de conformidad con la representatividad de cada partido en esta Legislatura.
Tercero.- La Subcomisión para la Evaluación de Programas Gubernamentales sujetos a Reglas de Operación, presentará en el transcurso de 10 días naturales a partir de su constitución, la propuesta para la conformación de la estructura operativa.
Esta subcomisión tendrá las siguientes atribuciones:
2. Recabar y preparar las variables y los indicadores que permitan evaluar los impactos alcanzados por los programas, así como su administración.
3. Recibir y calificar los resultados de las evaluaciones.
4. Preparar los informes para las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable, los cuales comprenderán: los procedimientos seguidos para llevar a cabo las evaluaciones, los programas a evaluar, los evaluados y las instituciones u organismos contratados.
5. Informes financieros, de los recursos aplicados para realizar las evaluaciones y de las finanzas del órgano evaluador.
6. Presentar a las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural Sustentable las propuestas de criterios que deben cumplir las reglas de operación.
7. Establecer comunicación con los representantes de cada uno de los ramos, para planear y aplicar las evaluaciones.
8. Proponer políticas basadas en los resultados de las evaluaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2004.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE MEDIANTE LA SEP Y LA SEMARNAT SE INCORPORE OBLIGATORIAMENTE EN LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA PUBLICA Y PRIVADA LA MATERIA DE EDUCACION AMBIENTAL REGIONAL, EN LA QUE SE ESTABLEZCAN LAS PARTICULARIDADES Y LA DIVERSIDAD DE CADA UNA DE LAS REGIONES Y DE LOS CONTEXTOS NATURALES DEL PAIS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL AMEZCUA ALEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe diputado federal a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a ésta soberanía, para presentar la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Las bases de cualquier cultura son invariablemente la educación, por lo que debemos poner especial atención en formar individuos responsables y concientes de lo que el medio ambiente representa para la integridad de todo cuanto existe en el planeta. Somos uno de los 10 países con mayor diversidad biológica en el mundo, pero también uno de los que cuentan con los mayores niveles de deterioro al medio ambiente.
Sin embargo somos uno de los países también, con raíces culturales más ricas y profundas, contamos con una gran diversidad de entornos étnico-geográficos, los cuales cuentan con sus propios rasgos culturales y sus propias características geográficas, climatológicas etc. Así como su propia flora y fauna, lo que hace que estos ecosistemas tan diferentes unos de otros, tengan también sus propias necesidades de acuerdo a sus particularidades.
Es cierto que se ha trabajado de manera incansable en la elaboración de leyes para proteger nuestros recursos naturales y promover la explotación racional de los mismos con desarrollo sustentable. Pero debemos también considerar la educación como principal herramienta para edificar una adecuada cultura en materia de protección ambiental.
En razón de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero.- Se exhorta al poder Ejecutivo, para que a través de la SEP y la Semarnat, se incorpore obligatoriamente en los programas de educación publica y privada, la materia de educación ambiental regional, en la que se establezcan las particularidades y diversidad de cada una de las regiones y contextos naturales del país.
Segundo.- Que la materia de educación ambiental regional, forme parte del contenido de los libros de texto gratuitos
Dado en el Palacio Legislativo, a los 13 días del mes de abril del 2004.
Dip. Miguel Amezcua Alejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A LLEVAR A CABO LAS VERIFICACIONES NECESARIAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA, GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ; Y, DE NO CUMPLIRSE EN ESTE LAS OBLIGACIONES QUE LA LEY DE AEROPUERTOS SEÑALA, SE SANCIONE AL GRUPO CONCESIONARIO Y SE REVOQUE LA CONCESION CONFORME A DERECHO, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL GONZALEZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal por el municipio de Tijuana, estado de Baja California, Manuel González Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que lleve a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Tijuana, General Abelardo L. Rodríguez, y en caso de que no se cumplan las obligaciones de conservación, mantenimiento, seguridad y las demás relativas a la Ley de Aeropuertos, en dicho aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Con la Ley de Aeropuertos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de diciembre de 1995, inició la participación de la inversión privada en el sistema aeroportuario mexicano.
En esta ley se establece que para la administración, operación y explotación de aeropuertos, se requiere de la concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conforme a los lineamientos generales para la apertura a la inversión en el sistema aeroportuario mexicano.
El Gobierno Federal abrió este sector a la inversión privada mediante el esquema de concesiones, con los objetivos de conservar, modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria, elevar los niveles de seguridad y eficiencia y mejorar la calidad de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales.
Esta fue la razón por la cual se le otorgó al Grupo Aeroportuario del Pacífico, la concesión de doce centrales aéreas del Centro Pacífico y Centro Norte, entre las cuales se encuentra el aeropuerto internacional General Abelardo L. Rodríguez, de Tijuana.
En virtud de que los aeropuertos son de gran importancia para el desarrollo económico y turístico del país, es necesario que éstos cuenten con infraestructura, tecnología y métodos de gestión y operación adecuados para elevar los niveles de eficiencia y operatividad acordes con los estándares internacionales.
En el caso del aeropuerto de Tijuana, uno de los más importantes del país, con un aforo promedio de__ mil pasajeros diarios, existen serias deficiencias en la seguridad, conservación y mantenimiento de sus instalaciones, así como una funcionalidad y operatividad poco eficaz.
En este aeropuerto se detectan las siguientes deficiencias:
Piratería:
En la zona concurren toda clase de servicios de transporte de personas que no cuentan con autorización.
Ambulantaje:
A la vista de todos, se instalan vendedores ambulantes frente a las instalaciones del aeropuerto, sin que los concesionarios del mismo realicen acciones para evitar este tipo de comercio informal.
Seguridad:
Dentro de las instalaciones del aeropuerto, se dan de manera cotidiana los robos, y en fechas pasadas hasta asesinatos, sin que se tenga al momento medidas concretas por parte de los concesionarios.
Escasez e ineficiencia de filtros de seguridad para el número de pasajeros que circulan dentro de dicho inmueble.
Instalaciones:
Falta de estacionamiento publico y de servicios, falta de limpieza, falta sillas en las salas de acceso, insuficiencia de puertas de contacto y salas de acceso, infraestructura insuficiente de carga dentro del área de operaciones del aeropuerto, suciedad en áreas interiores del aeropuerto y aduanas, falta de infraestructura vial para el ingreso al aeródromo, entre otras.
Adeudos:
El concesionario del aeropuerto internacional de Tijuana General Abelardo L. Rodríguez tiene adeudos tanto con el gobierno del estado y con el gobierno de la ciudad de Tijuana, en rubros que van desde falta de pago en el consumo de agua hasta la falta de pago por concepto de impuesto predial, entre otros.
Asociación de Prestadores de Servicios del Aeropuerto de Tijuana, AC:
Desde 2001, esta asociación ha sufrido hostigamientos y faltas a sus derechos humanos por parte los concesionarios de dicho aeropuerto, además que el administrador del mismo, de origen español, tiene las siguientes averiguaciones previas:
Averiguación Previa 385/01/205 Ana Gabriela Rocha Amaya en contra de Guillermo Villalba, por abuso de autoridad, el 06 de abril de 2001.
Averiguación previa 1613/01 Rodolfo Figueroa Pacheco en contra de Guillermo Villalba, por abuso de autoridad.
Es por estas consideraciones, siendo la Secretaría de Comunicaciones la autoridad responsable de vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar el funcionamiento del sistema aeroportuario mexicano, que someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
"Unico: Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se lleven a cabo las verificaciones necesarias al aeropuerto internacional de Tijuana General Abelardo L. Rodríguez y, en caso de que no se cumplan las obligaciones que la Ley de Aeropuertos señala, en dicho aeropuerto por parte del grupo concesionario, se sancione y revoque la concesión conforme a derecho."
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 13 de abril de 2004.
Dip. Manuel González Reyes
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE SUSPENDA Y, EN SU CASO, REINTEGRE EL COBRO QUE POR LA EXPEDICION DE CREDENCIAL DE AFILIACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES SE ESTA LLEVANDO A CABO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de instrumentar a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con la supervisión de la Contraloría de la Federación conforme a los siguientes:
Considerandos
1. Que los adultos mayores son uno de los grupos con más vulnerabilidad en el país y permanecen en su gran mayoría relegados al olvido social y familiar después de haber servido de alguna manera a forjar el país del cual gozamos todos hoy.
2. Que fue hasta la creación del Instituto Nacional de la Senectud (Insen) y el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud cuando el Estado de forma propositiva inicia el rescate y reconocimiento de ese enorme sector de mexicanos en rezago social, tratando de dar una dignificación y sentido a sus vidas, mismo que se plasma por la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados con la creación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el correspondiente Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
3. Que dicha ley tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores regulando la política pública nacional en dicha materia, tratando que todas las acciones se realicen en su beneficio, orientando y fortaleciendo su independencia, capacidad de decisión, su desarrollo personal y comunitario.
4. Que en los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta promoviendo su presencia y participación, teniendo una atención preponderante de parte de las autoridades federales, estatales, municipales.
5. Que deben tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar.
6. Que los adultos mayores miran con gran preocupación el desinterés mostrado hasta hoy por el Lic. Pedro Borda Hartmann director general del Inapam a quien desde el 3 de marzo del año en curso le hice patente la gran inconformidad por el cobro, injustificado de $30.00, de las nuevas credenciales que esta emitiendo el Instituto, así como las "cuotas" que independientemente del "costo" de la credencial, cobran para insertarlos en un "libro" $5.00 y la venta de un "directorio de beneficios en la zona metropolitana" $5.00
7. Que de forma disfrazada lo manejan como "donativos" que en realidad son obligatorios por la presión e intimidación que ejercen los empleados de los lugares que expiden las mencionadas credenciales y que suman la cantidad de $40.00 misma que multiplicada por los aproximadamente 7 millones de adultos mayores de 60 años en todo el país nos arroja la cantidad de $280 millones de pesos.
8. Que las credenciales aún en uso hoy, expedidas por el antiguo Insen fueron gratuitas
9. Que es un principio elemental del derecho que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza". Siendo que en ninguna parte de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se autoriza a este Instituto a realizar un cobro por expedir las credenciales de afiliación a las personas de la tercera edad. Inclusive, la fracción XIX del artículo 28 de la citada ley, la disposición más específica sobre la materia, confirma lo anterior, al señalar:
"Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables."
10. Que la expedición de tal credencial, que por el contrario al artículo 28 lo prevé como una atribución u obligación para el Instituto, a efectos de lo cual recibe los fondos procedentes del presupuesto federal.
11. Que con independencia de lo anterior, es necesario señalar la desproporción absoluta del monto cobrado por la expedición de la credencial, efectuado en contra de uno de los sectores más vulnerables de la población y, a cuyos integrantes se supone que el Instituto debe tutelar y proteger contra todo abuso, pero por el contrario son actores en un triste papel de este fraude contra los adultos mayores.
Por todo lo antes expuesto pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Uno. Esta honorable Cámara de Diputados solicite la inmediata intervención del Ejecutivo federal para poner un alto a este asunto privatizador y deshonesto, y proceda a la devolución económica a los adultos mayores que ya hubieren causado dichos pagos e instrumente las medidas necesarias para realizar el cambio de credenciales sin costo alguno.
Dos. Se solicite la comparecencia del director general del Inapam para que informe sobre el origen y base de tal cobro, del monto recaudado a la fecha y su destino.
Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE QUERETARO DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2000, 2001, 2002 Y 2003, A CARGO DEL DIPUTADO LINO CELAYA LURIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo ´parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Querétaro, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: Carlos Jiménez Macías,
José Alfonso Muñoz Muñoz, Oscar Martín Ramos
Salinas, Arturo Robles Aguilar, María del Consuelo Rodríguez
de Alba, María del Rosario Herrera Ascencio, Benjamín Sagahón
Medina, Raúl Mejía González, Martín Carrillo
Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban
Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí
Rosas, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín
Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto
Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco
Arroyo Vieyra, Carlos Flores Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXHORTE AL GOBIERNO FEDERAL A APOYAR EL PROYECTO DEL CANAL DE LA CORTADURA, EN TAMPICO, TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JESUS ANTONIO NADER NASRALLAH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la honorable Cámara, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Gobierno Federal a apoyar el proyecto Canal de la Cortadura, en el municipio de Tampico, Tamaulipas, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El Estado está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicos indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía; y a procurar el mejor y más amplio aprovechamiento de los recursos naturales del país y la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la nación.
El Canal de la Cortadura es un cuerpo de agua que comunica el río Pánuco con la Laguna del Carpintero.
El proyecto del Canal de la Cortadura nos permitirá contar con un paseo navegable entre el golfo de México, el río Pánuco y la Laguna del Carpintero; y, al mismo tiempo, detonar dos proyectos complementarios, la marina interior y la exterior, que serían desarrollados por inversionistas privados, uno en la propia laguna y otro en la isleta Pérez.
Los beneficios para la ciudad son muchos: desde los ecológicos, con el dragado y saneamiento constante de la laguna; hasta los urbanos y económicos, con la transformación de su imagen y la generación de atractivos espacios públicos.
El proyecto Canal de la Cortadura es una obra clave que colocará a Tampico a la altura de lo que sus habitantes merecemos y deseamos, una obra que nos hará legítimamente sentir el orgullo de ser tampiqueños.
Los objetivos de tan importante proyecto son éstos:
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Alberto Cárdenas Jiménez; y de Turismo, licenciado Rodolfo Elizondo Torres, a implantar con la mayor brevedad los programas aplicables al proyecto del Canal de la Cortadura, en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
Dip. Jesús Nader Nasrallah
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA FISCALIA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A REALIZAR ACCIONES PARA INFORMAR Y ESTABLECER MECANISMOS QUE HAGAN EFECTIVAS LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA GUERRA SUCIA, A CARGO DEL DIPUTADO ABDALLAN GUZMAN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputadas y diputados de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El día 2 de abril del presente año, se efectuó el Foro de análisis y evaluación de las acciones de investigación sobre la guerra sucia en México, 2000-2003, organizado por el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. En este foro se realizó un balance de la labor de la Fiscalía Especial creada para esclarecer los crímenes de la guerra sucia, cuyo logro principal ha sido la detención de Miguel Nazar Haro, uno de los principales articuladores de la represión política ejercida por el Estado mexicano entre las décadas de los sesentas y setentas.
Aunque este primer resultado fue considerado por los participantes del foro como un paso importante en la búsqueda de la verdad y justicia, también se llegó a la conclusión de que resulta insuficiente pues existen claros señalamientos que apuntan hacia la responsabilidad de ex presidentes y militares que también deben ser investigados, juzgados y sancionados para que la labor de la Fiscalía sea creíble y eficaz en su objetivo.
Por lo anterior, resulta indispensable insistir en la necesidad de que la Fiscalía Especial sea la única instancia de investigación ministerial de estos hechos, evitando la intervención de otras instituciones como la Procuraduría General de Justicia Militar cuya independencia e imparcialidad han sido severamente cuestionadas por organismos no gubernamentales e internacionales de derechos humanos.
Las y los diputados de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convencidos de la necesidad de aclarar y sancionar todos los delitos cometidos con motivo de la guerra sucia, como requisito indispensable para que la sociedad mexicana pueda iniciar un proceso de búsqueda de genuina armonía entre todos sus integrantes, apoyamos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial informe cuáles son los avances de las indagatorias realizadas en los diversos casos que está investigando por los crímenes cometidos durante la guerra sucia, así como las acciones y adelantos que ha realizado en torno a la satisfacción del derecho a la verdad de los familiares de detenidos desaparecidos y sociedad en general.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Presidente de la República para que como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas instruya al secretario de la Defensa Nacional con el objeto de que el estamento militar se abstenga de intervenir en los actos de procuración de justicia y de enjuiciamiento de los inculpados de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la guerra sucia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de abril de 2004.
Diputados: Abdallán Guzmán Cruz,
Eliana García Laguna (rúbrica), Juan García Costilla,
José Luis Medina Lizalde, Francisco Saucedo Pérez.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATAN DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2002 Y 2003, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO MORENO CARDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Yucatán, durante los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: Carlos Jiménez Macías,
Benjamín Sagahón Medina, Wintilo Vega Murillo, Raúl
Pompa Victoria, Raúl José Mejía González, Martín
Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro,
Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús
Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero
Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez
García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón
Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra,
Carlos Flores Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA SEGURIDAD VIAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCIA TINAJERO PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Seguridad vial
En el reporte de la PFP del 2002 se informa que en ese año hubo, en las carreteras federales, 42,606 accidentes en los que fallecieron 4,864 personas y resultaron lesionadas 35,454 con un monto de daños materiales cercano a los 1,600 millones de pesos. Cifras de la SSa establecen que los accidentes de tráfico ocupan el lugar número siete entre las diez principales causas de mortalidad general en México. Cifras de la OMS estiman que mas de 1.2 millones de hombres, mujeres y niños, murieron en todo el mundo en accidentes de tránsito y mas de 50 millones se lesionaron o quedaron discapacitados.
México ocupa ya según la OPS junto con EU, Brasil, Colombia y Venezuela un lugar entre las 5 naciones de América con mayor número de muertes relacionadas con el transito.
Las anteriores cifras ponen de manifiesto que la seguridad vial no solo es un asumo de políticas de transporte; representa en primer término un gigantesco problema de salud publica. Entenderlo así nos obligaría a realizar un esfuerzo enérgico por comprender y prevenir los traumatismos causados por el tránsito al igual que tratamos de comprender y prevenir muchas otras enfermedades. Comenzaríamos por no calificar simplemente como simples accidentes a estos hechos que, indudablemente, se pueden prevenir y evitar.
De no iniciarse pronto acciones para la prevención de las muertes y traumatismos viales cuyo número sigue aumentando en forma persistente, aumentaran también los costos que como sociedad tendremos que pagar: en vidas, en bienes materiales; en presión presupuestal creciente sobre nuestro sistema de salud; en la lucha contra la pobreza de las familias que pierden uno de sus sostenes o tienen que afrontar el gasto suplementario de atender a un miembro discapacitado.
Por estos motivos el pasado 7 de abril durante la celebración del Día Mundial de la Salud bajo el lema "la seguridad vial no es accidental" la OMS recomendó como medidas urgentes para prevenir los accidentes de tránsito y sus consecuencias: Integrar la seguridad vial en los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades; recabar sistemáticamente datos sobre magnitud, características y consecuencias de los accidentes viales; investigación médica, y presupuestaria; prestación oportuna de primeros auxilios en el lugar de accidente, así como atención y rehabilitación adecuada; dotar a los médicos de conocimientos especializados en traumatismos; promover la integración de la salud, políticas de transporte y una mayor atención a la seguridad vial, partiendo de sus efectos en la salud y sus costos. Así como la creación de un organismo de seguridad vial, que coordine a nivel nacional una política de seguridad vial, bajo un enfoque científico, amplio y sistemático.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar como política nacional prioritaria la prevención de los accidentes de tránsito, así como instrumentar las medidas necesarias para brindar atención medica oportuna a las víctimas en el lugar del accidente y con posterioridad a éste. Lo anterior en coordinación con la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Trabajo y Previsión Social, Economía y Turismo.
Segundo.- Se hace un llamado al Congreso de la Unión, a Gobiernos locales y del Distrito Federal, así como a la sociedad civil, para elaborar e impulsar las reformas legales para solucionar el grave problema de salud pública ante el descuido de la seguridad vial dentro de las líneas marcadas de la OMS
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2004.
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE MORELOS DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2003, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO DEL VALLE REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Morelos, durante los ejercicios fiscales de los años 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: Guillermo del Valle Reyes, María
del Consuelo Rodríguez de Alba, Arturo Robles Aguilar, Raúl
Mejía González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco
Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García,
Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro
Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval
Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier
Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos
Padilla, Francisco Arroyo Vieyra, Carlos Flores Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE AGUASCALIENTES DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2003, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ DE ALBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Aguascalientes, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: María del Consuelo Rodríguez
de Alba, Guillermo del Valle Reyes, Omar Bazán Flores, Arturo Robles
Aguilar, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Kenny Denisse Arroyo
González, Miguel Lucero Palma, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz,
Carlos Jiménez Macías, Raúl Mejía González,
Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc Frías
Castro, Esteban Valenzuela García, Benjamín Sagahón
Medina, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro
Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval
Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier
Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos
Padilla, Francisco Arroyo Vieyra, Carlos Flores Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE NAYARIT DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2003, A CARGO DEL DIPUTADO RAUL MEJIA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Nayarit, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: Jesús Humberto Martínez
de la Cruz, María del Rosario Herrera Ascencio, Carlos Jiménez
Macías, Raúl Mejía González, Francisco Cuauhtémoc
Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos,
J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez,
Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín
Vázquez García, Benjamín Sagahón Medina, Francisco
Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos
Padilla, Francisco Arroyo Vieyra, Carlos Flores Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE JALISCO DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2003, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNANDEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Jalisco, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: María del Rosario Herrera Ascencio,
Carlos Jiménez Macías, Benjamín Sagahón Medina,
Raúl Mejía González, Martín Carrillo Guzmán,
Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban Valenzuela García,
Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro
Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval
Figueroa, Quintín Vázquez García, Francisco Javier
Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Francisco Arroyo Vieyra,
Carlos Flores Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2003, A CARGO DEL DIPUTADO RAUL POMPA VICTORIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H. Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Baja California, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: Carlos Jiménez Macías,
Raúl Pompa Victoria, Wintilo Vega Murillo, Omar Bazán Flores,
José Alberto Aguilar Iñárritu, Guillermo del Valle
Reyes, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, María del Consuelo
Rodríguez de Alba, Salvador Sánchez Vázquez, Arturo
Robles Aguilar, Kenny Denisse Arroyo González, Carmen Guadalupe
Fonz Sáenz, Benjamín Sagahón Medina, Raúl Mejía
González, Martín Carrillo Guzmán, Francisco Cuauhtémoc
Frías Castro, Esteban Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos,
J. Jesús Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez,
Enrique Guerrero Santana, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Quintín
Vázquez García, Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto
Alarcón Trujillo, Juan Manuel Dávalos Padilla, Francisco
Arroyo Vieyra, Carlos Flores Rico (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FISCALICE LOS FONDOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE GUANAJUATO DURANTE LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2003, A CARGO DE LA DIPUTADA KENNY DENISSE ARROYO GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 74 y 79 que esta H Cámara de Diputados tiene la facultad de fiscalizar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación señala las facultades que tiene la Auditoría Superior de la Federación respecto a los sujetos de fiscalización superior de la cuenta pública; entre ellas, las entidades fiscalizadas en las que se comprende, de acuerdo con el artículo 2, fracción VI, de la citada ley, a las entidades federativas que ejerzan recursos públicos federales.
El uso de fondos federales por las entidades federativas presupone un proceso que se inicia con la solicitud de éstos para destinarlos a fines específicos y su ejercicio, de serles concedidos, debe cumplir todas las normas que conlleva la aceptación de tales fondos.
La rendición de cuentas debe ser precisa. Si la rendición de cuentas no fuese transparente, no debe otorgarse mas recursos. La soberanía estatal radica también en informar a quienes otorgaron fondos federales el claro manejo de éstos, no es la soberanía un salvoconducto para el ejercicio discrecional de los recursos públicos federales.
El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas, como lo expresa el presupuesto de egresos de la federación, deberá comprobarse en los términos de las disposiciones aplicables.
La Cámara de Diputados, a través de su entidad de fiscalización, está obligada a investigar si el proceso de destino de los recursos federales se cumplió puntualmente; si su aplicación correspondió en monto, tiempo y forma a lo aprobado en el presupuesto de egresos de la federación, para cumplir el fin determinado.
La legalidad es fundamental en la vida de las instituciones, su actuación no puede estar fuera de ella; la corresponsabilidad aparece cuando se otorga y no se cuida el fin para el que fue otorgado; por ello, a efecto de deslindar ante los ojos de la ciudadanía el ejercicio cuidadoso de los fondos que a cada instancia corresponde, propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo al artículo 74, fracción IV y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base igualmente en los artículos 2, 4 y 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, practique auditorías a los fondos federales asignados al estado de Guanajuato, durante los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2004.
Diputados: Jesús Humberto Martínez
de la Cruz, María del Rosario Herrera Ascencio, Carlos Jiménez
Macías, Benjamín Sagahón Medina, Raúl Mejía
González, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Esteban
Valenzuela García, Bernardo Vega Carlos, J. Jesús Lomelí
Rosas, Lázaro Arias Martínez, Enrique Guerrero Santana, Jorge
Leonel Sandoval Figueroa, Quintín Vázquez García,
Francisco Javier Bravo Carbajal, Ernesto Alarcón Trujillo, Juan
Manuel Dávalos Padilla, Francisco Arroyo Vieyra, Carlos Flores Rico
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RESPETE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCELO TECOLAPA TIXTECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Desde esta alta tribuna de la Nación hago uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exija a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico respetar la decisión de esta Soberanía respecto al presupuesto autorizado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio presupuestal 2004, a partir de los siguientes:
Considerandos
I.- En los últimos años, a través de diversas acciones, se ha tratado de impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, es así que en el 2001 se aprobó la reforma constitucional en materia indígena, estableciendo principios constitucionales de reconocimiento y protección a la cultura y los derechos de los indígenas, sus comunidades y su pueblos, dando cuerpo y significado pleno a la presencia viva de la población indígena como heredera de las civilizaciones prehispánicas que tanto nos han enorgullecido a los mexicanos.
II.- Que el 21 de mayo de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista, esto con la finalidad de instrumentar acciones a favor de los pueblos y comunidades indígenas, vislumbrando una mayor capacidad para coordinar los esfuerzos y una oportunidad más para atender los grandes rezagos en que se encuentran.
III.- Que además de contribuir en las reformas mencionadas, el Congreso de la Unión, en pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º constitucional, ha incrementado los recursos presupuestarios al desarrollo de los pueblos indígenas, por ejemplo el ejercido a través del Fondo Indígena, destinado a la ejecución de obras de infraestructura (tales como caminos, electrificación, agua potable y alcantarillado), proyectos productivos y acciones de capacitación en legislación ambiental.
IV.- Que ha sido preocupación de los representantes populares promover iniciativas y reformas tendientes a eficientar los presupuestos que redunden en mejores políticas públicas dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, creando instituciones y diseñando enfoques novedosos en la aplicación de los recursos.
V.- Que en este proceso de rediseño institucional se han transformado las instituciones públicas que atienden a los pueblos y comunidades indígenas, no obstante este esfuerzo, se mantienen mentalidades y prácticas burocráticas que condicionan y desvirtúan la transparencia que debe tener toda política presupuestal.
VI.- Que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción IV del artículo 74 Constitucional, por consenso de todas las fuerzas políticas aquí representadas, autorizó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas un aumento superior al que proponía el Ejecutivo federal.
VII.- Que del presupuesto de inversión etiquetado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, inicialmente de 2,485.8 millones de pesos, la Cámara de Diputados definitivamente aprobó un monto de 2,991.5 millones de pesos, lo que logró un importante aumento presupuestal para este organismo público, que finalmente ascendió a 505.7 millones de pesos.
VIII.- Que cumpliendo la obligación de informar las aprobaciones de esta Cámara, específicamente en materia de pueblos indígenas, este logró en el incremento fue hecho del conocimiento de los pueblos indígenas de la Nación, por lo que se ha provocado una entusiasta participación en la elaboración de proyectos de inversión por parte de las comunidades indígenas.
IX.- Que en reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Asuntos Indígenas acordamos realizar el seguimiento en la aplicación de dichos recursos autorizados y coordinarnos con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que se cumpla esta decisión presupuestal.
X.- Que como resultado de esta coordinación las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Comunicaciones y Asuntos Indígenas, acordamos presentar este punto de acuerdo como urgente y obvia resolución:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos la presente proposición, sometemos a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el estricto cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, aprobado por la H. Cámara de Diputados, respecto al aumento presupuestal de 505.7 millones de pesos como gasto de inversión de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas mismo que se aplicará a los proyectos presentados por los pueblos y comunidades indígenas de la Nación.
Segundo.- Por la naturaleza de ser un gasto de inversión para el cumplimiento de la justicia social para estos pueblos, solicitamos que dichos recursos se entreguen de manera inmediata.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2004.
Dip. Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica)
SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESION ORDINARIA DEL 13 DE ABRIL DE
2004
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
COMISION |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 13 de abril de 2004 doc
Listado de Inasistencias día 13 de abril de 2004 doc
Nota: Las diferencias
que existen entre las listas de asistencia y el número de votos
pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días
se publicarán las inasistencias justificadas respecto a la presente
lista.
A la comparecencia del presidente ejecutivo del Consejo Mexicano del Café, licenciado Roberto Giesemann S., que tendrá lugar el jueves 15 de abril, a las 8:30 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, que se llevará a cabo el jueves 15 de abril, a las 8:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
A su reunión ordinaria, que se verificará el jueves 15 de abril, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
A su reunión de instalación oficial, que tendrá verificativo el jueves 15 de abril, a las 10 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta
DE LA SECCION INSTRUCTORA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 15 de abril, a las 10 horas, en la oficina de la Sección (edificio F, primer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión para la presentación del libro La historia del 8 de marzo, de la diputada María E. Orantes López, que se verificará el jueves 15 de abril, a las 17 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Al foro Reforma integral del sistema de impartición de justicia en México, que se efectuará el jueves 15 de abril, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
Al desayuno con senadores polacos, con la asistencia del embajador de Polonia en México, que tendrá lugar el viernes 16 de abril, a las 9:30 horas, en el salón de reuniones de la Comisión, edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su comida con la delegación del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, que tendrá verificativo el viernes 16 de abril, a las 14:30 horas, en el salón de reuniones de la Comisión, edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se realizará el lunes 19 de abril, de las 9:30 a las 14 horas, en el teatro "Manuel Doblado" de León, Guanajuato.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A la reunión de la Subcomisión de Legislación, que se llevará a cabo el lunes 19 de abril, a las 18 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
A su primera reunión de trabajo y de instalación, que tendrá verificativo el martes 20 de abril, a las 9 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ECONOMIA
A su reunión plenaria, que se efectuará el martes 20 de abril, a las 17 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Manuel López Villarreal
Presidente
DE LA COMISION BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 20 de abril, a las 17:30 horas, en la sala de juntas de la Biblioteca Legislativa (edificio C, tercer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A la sesión en conferencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, que se efectuará el miércoles 21 de abril, a las 8 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), situado en el edificio A, segundo nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 21 de abril, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL H. CONGRESO DE LA UNION
A su reunión de instalación, que se realizará el miércoles 21 de abril, a las 11 horas, en el Salón de Protocolo del edificio A.
Orden del Día
Dip. Norma Saucedo Moreno
Dip. José Luis Medina Lizalde
Dip. Ady García López
DE LA COMISION DE SALUD
A su novena reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 21 de abril, a las 14 horas, en el salón Fundadores, ubicado en el edificio H, cuarto nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su sexta sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 21 de abril, a las 15 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
Al simposium El dolor y su tratamiento, que tendrá lugar el jueves 22 de abril, de las 8:30 a las 14 horas, en el hotel Gobernador, salón Durango, de la ciudad de Durango.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión extraordinaria, que se realizará el jueves 22 de abril, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el jueves 22 de abril, a las 13 horas, en las instalaciones de la Comisión, edificio D, cuarto piso.
Orden del Día