Iniciativas, Miscelánea Fiscal y de decreto
por el que se expide la Ley de los Impuestos Ambientales.
Informes, sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal.
DE
CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA
LA LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS, CORRESPONDIENTE
A LA SESION ORDINARIA DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESION ORDINARIA DEL 6 DE NOVIEMBRE
DE 2003
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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
POR COMISION OFICIAL |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 6 de noviembre de 2003 doc
Listado de Inasistencias día 6 de noviembre
de 2003 doc
Nota: Las diferencias
que existen entre las listas de asistencia y el número de votos
pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días
se publicarán las inasistencias justificadas respecto a la presente
lista.
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, PRESENTADA EN LA SESION DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Presente
Por instrucciones de la diputada Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta de la Junta de Coordinación Política, y con la finalidad de dar cumplimiento el día de hoy al acuerdo de este órgano de gobierno, remito a usted Comunicado de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión en torno a la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, ruego a usted que el mismo comunicado sea hecho del conocimiento del Pleno en la sesión del día de mañana.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Roberto Campa Cifrián (rúbrica)
Comunicado de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión en torno a la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
Considerando
Que la Constitución Política señala que estas iniciativas deben ser presentadas a más tardar el 15 de noviembre, de tal manera que el Congreso pueda dictaminar, debatir y aprobar las reformas en materia de ingresos y la Cámara de Diputados ejercer su facultad exclusiva de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Que la estrecha coordinación en materia fiscal y presupuestal entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios determina la necesidad de que las resoluciones del Congreso de la Unión en estas materias se produzcan con oportunidad, de tal manera que en cada entidad federativa se pueda proceder a integrar sus proyectos presupuestales para el siguiente año.
Que las iniciativas de ingresos y egresos que el Gobierno Federal debe presentar a la Cámara de Diputados, constituyen un indicador de las perspectivas económicas para el año siguiente y se convierten en un referente obligado de los actores de la economía.
Que la situación actual requiere de mensajes que generen certidumbre, que no contribuyan a propiciar un clima inadecuado para la estabilidad económica de nuestro país.
Que en los últimos días se han producido diversas declaraciones desde distintas dependencias del Ejecutivo Federal en torno a la presentación de las citadas iniciativas y en particular en relación con su contenido.
Que igualmente se han distribuido algunos documentos -incluso contradictorios entre sí- a los que algunos medios han otorgado el carácter de iniciativas formales.
Que esta situación ha contribuido a propiciar un clima de desconcierto y un debate adelantado sobre hechos que, cuando menos en la formalidad parlamentaria, no se han dado.
Que la Cámara de Diputados no ha recibido hasta el día de hoy ninguna iniciativa ni de ingresos ni de presupuesto para el año 2004.
Primero. Se solicita atentamente a las dependencias correspondientes del Ejecutivo Federal emitan un comunicado público informando acerca de la veracidad de distintos documentos que han sido difundidos, conteniendo lo que aparentemente serían las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, mismos que, en cumplimiento del artículo 74 de la Constitución, deben ser recibidos en primera instancia por la Cámara de Diputados.
Segundo. En caso de que dichos documentos sean apócrifos, iniciar de inmediato una investigación para aplicar las sanciones correspondientes a quienes los hubieran elaborado y difundido.
Tercero. Esta Cámara se encuentra atenta para recibir, a través de las instancias correspondientes, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para proceder a analizarlas, debatirlas y dictaminarlas.
Cuarto. Solicítese muy atentamente al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara remita el presente comunicado al Ejecutivo Federal y a los medios de comunicación el mismo día de su firma, ordenando que se publique en los diarios de mayor circulación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2003.
Junta de Coordinación Política
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia (rúbricas)
(De enterado. Noviembre 6 de 2003.)
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON LOS QUE REMITE EL PAQUETE ECONOMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. Presidente de la República me permito enviar a ustedes:
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. Presidente de la República me permito enviar a ustedes:
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2004
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. Presidente de la República me permito enviar a ustedes:
Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de octubre de 2002 a octubre de 2003
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. Presidente de la República me permito enviar a ustedes:
Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona, Deroga y Establece Diversas Disposiciones Fiscales
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. Presidente de la República me permito enviar a ustedes:
Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H Congreso de la Unión
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso H) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por instrucciones del C. Presidente de la República me permito enviar a ustedes:
Iniciativa de Decreto por el que se Expide la Ley de los Impuestos Ambientales
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE CONCEDE AUTORIZACION AL C. VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2003, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA XIII CUMBRE IBEROAMERICANA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Atentamente
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 13 al 16 de noviembre de 2003, con el propósito de asistir a la XIII Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
TRANSITORIO
UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salo de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 6 de noviembre de 2003.
Sen. Carlos Chaurand Arzate (rúbrica)
Vicepresidente
Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESION DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión correspondiente, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
Exposición de Motivos
La corrupción es uno de los principales problemas que día a día enfrentan las sociedades y que provoca costos económicos, políticos y sociales muy altos para los ciudadanos, de manera que ningún gobierno, no importa cuán democrático sea, puede ser eficaz y satisfacer cabalmente las necesidades de sus gobernados si es corrupto; si las instituciones y los servidores públicos carecen de la integridad, profesionalismo y honestidad necesarios para realizar adecuadamente sus funciones, y por el contrario, su única motivación es el interés propio y la ganancia personal, en lugar del bien público.
La sociedad mexicana durante décadas ha tenido que pagar los costos generados por un sistema en el que la corrupción es una actividad de bajo riesgo y de altos rendimientos para quienes incurren en ella. Por lo que es un fenómeno complejo y difícil de desarticular si no existe la voluntad para ello.
Adicionalmente, esta práctica ha traído como consecuencia la merma en la confianza y credibilidad de los ciudadanos en la política, en las instituciones y en los servicios gubernamentales, principalmente debido a la nula transparencia y acceso a la información respecto al actuar público. Así, la falta de transparencia no sólo ha afectado las finanzas públicas, sino se ha obstaculizado también el crecimiento económico, el bienestar social y el desarrollo.
La transparencia y el combate a la corrupción son dos de las condiciones más importantes para el éxito de un gobierno democrático en nuestra nación. Por ello, la necesidad de combatir frontalmente la corrupción en todos los ámbitos de gobierno e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en las gestiones pública y privada, debe ser una prioridad para esta Soberanía.
Existiendo las condiciones óptimas para lograrlo; conseguiremos romper con el pacto silencioso de complicidades que se daban entre servidores y empleados públicos. Pero en el entendido de que no bastan las buenas intenciones, ni los programas de escritorio, se necesita una estrecha coordinación entre autoridades y gobernados; donde se eliminen las trabas que otorgan discrecionalidad al funcionario; donde los trámites gubernamentales no tarden una eternidad en resolverse; donde las cosas se faciliten al ciudadano para no optar por el camino de la corrupción como único medio eficiente para resolver cualquier conflicto que se les presente; donde se sienta a la justicia pronta y expedita como reza nuestra Constitución Federal; donde las acciones públicas sean transparentes; donde el responsable rinda cuentas ante la justicia y donde prevalezca los valores de justicia, libertad, certeza, igualdad y verdad.
En ese sentido, una herramienta de enorme trascendencia para tener éxito en el combate a la corrupción y en la creación de una cultura de rendición de cuentas, es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma que representa un parteaguas en la evolución de la administración pública en todos los ámbitos.
Sin embargo, a nivel local el camino hacia la conformación de órganos de transparencia se encuentra empañado por una serie de eventos que crean conflictos meramente de forma y no de fondo, pero que siguen reflejando una lucha por la supremacía entre la estructura local.
Tal es el caso, por ejemplo, de la reciente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal, aprobada con fecha 17 de Diciembre de 2002 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En ese sentido, y como parte fundamental de la Ley, se incluyó la participación de un Consejo de Acceso a la Información, conformado por ciudadanos, por representantes de los tres órganos de gobierno, y un representante de cada uno de los órganos autónomos. Dicho órgano funge como la instancia de supervisión y de vigilancia en el cumplimiento de la ley, además de promover el derecho de acceso a la información. Este órgano es indispensable en cuanto a que sería en gran medida garantía en la satisfacción de los derechos que concede la Ley.
Sin embargo, por situaciones políticas ajenas al espíritu de la Ley, y a casi siete meses de su aprobación, la ciudad no cuenta aún con el Consejo previsto, pues la designación de los Consejeros Ciudadanos se encuentra en litigio interpuesto por el Jefe de Gobierno capitalino, agravándose la situación cuando el Ministro de la Corte, Góngora Pimentel, ordenó la suspensión provisional del Consejo.
En ese sentido y tratando de prever cualquier ambigüedad que pueda suscitarse en la extensión a nivel local de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es que proponemos que en caso de causarse cualquier controversia o conflicto en la conformación de los órganos de transparencia del Distrito Federal o de los Estados de la República, proponemos que sea el Senado de la República quien determine, previo procedimiento, a las personas que serán nombradas para ocupar los cargos en dichos órganos, en tanto no se determine ningún procedimiento o resolución que solucione la controversia o conflicto de manera que se pueda asegurar que bajo ninguna circunstancia pueda ser suspendida la aplicación de la Ley de Transparencia correspondiente.
Lo anterior resulta de gran importancia toda vez que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información funda una nueva forma de relación entre los ciudadanos y el gobierno; una relación fincada en la transparencia, estableciendo un pacto de apertura y honestidad que permite ejercer una adecuada rendición de cuentas de los gobernantes a la ciudadanía, evitando la discrecionalidad de los servidores públicos y permitiendo hacer pública toda la información del gobierno.
Estamos convencidos de que la ley, por sí misma, no basta para combatir la corrupción. Por ello debemos impulsar que toda la sociedad se involucre, se movilice y participe en la lucha contra la corrupción y en la construcción de una cultura de transparencia.
Así también, resulta indispensable asegurar que los Órganos de Transparencia a nivel local permitan la participación ciudadana en la supervisión y promoción del derecho de acceso a la información y un impulso a la rendición de cuentas. Pero para hacerlo eficazmente se debe asegurar que la elección de los ciudadanos participantes se realice a través de un procedimiento transparente y democrático, lejano a los intereses partidistas o particulares, ajeno a los conflictos de las autoridades locales y que sea garante de la imparcialidad en el acceso y veracidad de la información.
Nada resulta más trascendental e importante que la claridad en los procedimientos de selección, por lo que es necesario que sea un órgano plural y colegiado como lo es el Senado de la República, el cual refleja la pluralidad política e ideológica de cada estado incluyendo el Distrito Federal, donde además desde facultades estatutarias se le da intervención en los asuntos de principal trascendencia.
No podemos olvidar que es necesario dotar a los órganos garantes de la transparencia con facultades claramente establecidas y atendiendo además a que en sus atribuciones se debe ver reflejada la imparcialidad e independencia de su actuación para que resulte inapelable. Así mismo, es necesario que el procedimiento de selección de los ciudadanos que han de participar en la instrumentación de los órganos de transparencia sea regulado de forma supletoria o coadyuvante por una ley federal, que verse sobre la misma materia y que garantice la autonomía total y asegure el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley. Tal situación se justifica, si atendemos a que el Senado de la República cuenta con 128 representantes populares, comprometidos a representar los intereses de la ciudadanía, por lo que se convierte en la autoridad adecuada para conocer del tema.
No debemos permitir en ningún caso la discrecionalidad de una sola persona, que aún teniendo la calidad también de órgano de gobierno o de poder, o bien, que en tanto no se resuelvan los problemas jurídicos que impidan su funcionamiento, los estados y el Distrito Federal, sigan sin contar con un órgano garante de los principios de la ley, pues esto podría trastocar de manera negativa la credibilidad en dichos órganos. Por lo que en la presente iniciativa de reformas, se propone un artículo transitorio que señale la responsabilidad del Senado de intervenir en la búsqueda de perfiles y elección de los ciudadanos que han de participar en los órganos de transparencia de cada Estado, incluido el Distrito Federal, en tanto no se encuentre determinado claramente en las disposiciones locales.
Para la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México el interés fundamental es presentar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, por ello nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 5, 63, 64 y la denominación del Título Cuarto, se adicionan un Titulo Quinto y sus respectivos artículos 65 y 66 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo Primero.- se reforman los artículos 1, 3, 5, 63, 64 y la denominación del Título Cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para quedar como sigue:
Artículo 1
La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, cualquier otra entidad federal.
Asimismo garantizará que las Entidades Federativas y el Distrito Federal coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de esta Ley.
............
Artículo 3
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
XIV. Sujetos obligados:
Del inciso a) al f)............
g) Las Entidades Federativas y el Distrito Federal en relación al Título Cuarto de esta Ley.
XV. ...
Artículo 5
La presente Ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales y locales en los términos de la presente ley.
...............
Título Cuarto
Acceso a la Información en las Entidades Federativas
y el Distrito Federal
Capítulo Único
Artículo 63
Las Entidades Federativas y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante Ley, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con sus Constituciones y Estatutos correspondientes.
Los órganos a que se refiere el párrafo anterior, gozarán de autonomía en sus determinaciones y contaran con representación ejecutiva, legislativa, judicial, ciudadana y de los órganos autónomos por ley.
Artículo 64
En caso de no instalarse el órgano a que se refiere el artículo anterior según el plazo establecido por ley, respecto a los integrantes ciudadanos, la designación de los mismos y en tanto no sea resuelto el impedimento, recaerá en el Senado de la República, quien de manera provisional nombrará a las personas que ostentarán el cargo, de acuerdo al siguiente procedimiento:
II. Al término de dicho plazo, las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la propia convocatoria se mandarán publicar dentro de los tres días siguientes, en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario o Gaceta Oficial correspondiente.
III. Después de siete días de publicadas las propuestas, se cerrará la recepción de opiniones y el Senado de la República previa integración de una Comisión Especial, sesionará las veces necesarias para llevar a cabo la comparecencia de cada una de las personas propuestas. IV. Cumplido lo anterior y a más tardar siete días después de cerrado el período de entrevistas, se emitirá el dictamen con la terna que deberá cubrir el cargo de integrante ciudadano. La designación que haga la Comisión del Distrito Federal, será ratificada por la mayoría de los miembros del Senado presentes.
IV. La sesión que deberá celebrarse de acuerdo con el párrafo anterior, se hará a más tardar al décimo día siguiente a aquel en que la Comisión haya emitido el dictamen. Durante los recesos del Senado de la República será la Comisión Permanente quien apruebe el dictamen que haga la Comisión respectiva.
Artículo Segundo.- El anterior Título Cuarto denominado "Responsabilidades y Sanciones" y sus respectivos artículos 63 y 64 devienen a ser respectivamente Titulo Quinto y artículos 65 y 66 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para quedar como sigue:
Título Quinto
Responsabilidades y Sanciones
Capítulo Único
Artículo 65
Serán causas de responsabilidad administrativa ........
..........................
Artículo 66
Las responsabilidades administrativas?
.............
............
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las Entidades Federativas y el Distrito Federal deberán cumplir con lo establecido en el artículo 63 en un plazo no mayor a 180 días a la publicación en el Diario Oficial del presente decreto.
Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de noviembre del 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta.
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Noviembre
6 de 2003.)
QUE REFORMA LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE EXAMINAR, DISCUTIR, MODIFICAR Y, EN SU CASO, APROBAR LAS REFORMAS QUE SE PROPONGAN AL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Dentro del constitucionalismo moderno es común establecer como principio general dentro de las Constituciones la división de poderes; los antecedentes de este principio lo encontramos con Aristóteles, sin embargo no fue sino a partir de la propuesta realizada por Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, que el principio de la división de poderes se difundió y adquirió el carácter de dogma constitucional, con contenido político.
Todas las Constituciones que tuvo nuestro país han tomado como base la teoría de Montesquieu, nuestra Ley Suprema vigente establece en el artículo 49 el principio de división de poderes, cito:
"Artículo 49: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgaran facultades extraordinarias para legislar."
La formula de la división de ejercicio del poder consagrado en este artículo tiene cuatro objetivos principales: atribuir preferentemente una función a uno de los tres poderes constituidos, sin excluir la posibilidad de que los restantes poderes participen de ella o les sea atribuida cierta forma de actuar de ella; permitir la posibilidad de que los poderes se neutralicen entre sí; establecer la colaboración o cooperación que perfeccione un acto jurídico; y señalar mecanismos en virtud de los cuales uno de los poderes se defienda de la acción de los otros.
Con base en estas consideraciones, queda claro que los órganos del poder sólo deben de actuar conforme a las facultades expresas que la Constitución y las leyes secundarias les señalen, y que la ampliación de esas facultades mediante interpretación extensiva de la norma contraviene postulados centrales del Estado de derecho: el principio de legalidad y de seguridad jurídica.
En materia hacendaria, los poderes constituidos federales ejercen las facultades que la Constitución les otorga, así como las contenidas en la Ley de Ingresos; el Presupuesto de Egresos de la Federación; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y la Ley de Planeación, entre otras. No obstante de la importancia que reviste esta materia para el desarrollo del país y del sistema democrático, su normatividad ha tenido un precario desarrollo constitucional y legal, adoleciendo de claridad y eficacia, prueba de ello es el hecho de la separación formal entre los ingresos y los egresos, toda vez que en la mayoría de las definiciones de la voz presupuesto se incluyen egresos e ingresos estatales, de ahí que estas no sean adaptables de manera automática para nuestro sistema.
Sin embargo, a pesar de las disposiciones constitucionales y la doctrina jurídica en materia hacendaria y presupuestal, existe un vacío legal que afecta el gasto público, en virtud de la invasión de competencias del Ejecutivo federal al Legislativo por lagunas en la ley que han contribuido a que el primero, de manera unilateral, recorte o modifique el presupuesto, olvidándose del interés social y del decreto que la Cámara de Diputados, como representante y defensora de los intereses de la nación emite.
Este tipo de vicio derivados del exceso del poder, deberían ser suprimidos, sobre todo teniendo en cuenta la trascendencia y el impacto directo que tiene el presupuesto sobre la economía, el desarrollo y el nivel de vida de la sociedad mexicana.
Una verdadera participación de la Cámara de Diputados en esta materia es exigible, no sólo por el principio de la división de poderes, sino por el hecho de que representa a la nación y a las más diversas preferencias e intereses económicos y políticos.
El Presupuesto es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica y social del gobierno, es el medio más eficiente para la planificación social y para la implementación de un orden justo en la distribución del ingreso nacional. En el artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Presupuesto de Egresos de la Federación se señala lo siguiente:
El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar, durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señalen.
En este orden de ideas, el Presupuesto de Egresos de la Federación es un acto del Poder Legislativo que realiza la Cámara de Diputados en ejercicio de su facultad exclusiva establecida en la fracción IV del artículo 74 constitucional para examinarlo, discutirlo y aprobarlo, previa aprobación de las contribuciones que deben decretarse para cubrirlo; el Ejecutivo federal colabora en este acto a través de la iniciativa que presenta y la ejecución que realiza del mismo, en virtud del decreto que los representantes de la nación emiten en uso de sus facultades, pudiendo sólo erogar las cantidades que le hayan sido autorizadas mediante el presupuesto y de conformidad al mismo.
Desde una perspectiva jurídica, el Presupuesto es un mandato del Legislativo al Ejecutivo mediante el que se le marca cuánto y en qué gastar, sentando las bases de la disciplina en la gestión financiera durante el ejercicio de su vigencia; asimismo, constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos y la base para la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.
En este sentido, en Convergencia consideramos que para llegar a una verdadera racionalidad, transparencia y eficacia plena en el manejo de la hacienda pública federal, la Cámara de Diputados debe participar en el conocimiento completo del proceso de elaboración y asignación del presupuesto así como de sus modificaciones.
Ahora bien, desde un punto de vista formal y orgánico, el presupuesto es un acto legislativo, porque sigue el procedimiento de cualquier ley, en el que sólo intervienen una de las dos cámaras del Congreso, por lo que tiene la característica de decreto, es indebida la delegación de facultades que suele hacerse para que el Presidente de la República o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifiquen el presupuesto, pues ello es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados, pues aquel no puede constitucionalmente traspasar esta potestad.
Es cierto que pueden existir muchas razones económicas que hagan variable las condiciones previstas en el decreto de Presupuesto de Egresos, que obliguen de inmediato al replanteamiento del gasto, y que en el propio presupuesto se establezcan los mecanismos para realizar los ajustes; sin embargo, dentro del marco de respeto institucional, debe quedar en claro que los ajustes que sean necesarios al Presupuesto de Egresos deben pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados y que, en todo caso, deben justificarse plenamente las causas que motiven esos cambios y las decisiones adoptadas, porque entrañan una inobservancia de lo dispuesto por el órgano constitucionalmente facultado para definir el destino de los recursos que se obtienen de los contribuyentes; de tal suerte que, por ejemplo, no basta aducir una simple caída o baja en la recaudación para fundar en ella un ajuste al Presupuesto de Egresos, porque ello también podría ser el reflejo de una ineficiencia del aparato recaudador y, consecuentemente, de una responsabilidad directa de su titular:
Sobre el particular propongo que se adicione un párrafo octavo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de acotar la facultad discrecional con la que cuenta actualmente el Ejecutivo federal de autorizar las adecuaciones presupuestales a los diferentes programas, en virtud de que el decreto de Presupuesto ya fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. Lo que permitirá que se cumplan todas las metas y programas señalados en el decreto inicial para la satisfacción de las necesidades sociales, en aras de fortalecer el federalismo y la división de poderes en materia presupuestal.
De aprobarse esta reforma se fortalecería la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados respecto de la dirección del gasto público, ya que permitir observaciones del Ejecutivo o proporcionarle facultades excesivas de modificación por sí mismo de las disposiciones presupuestales al ejecutarlas, desvirtúa el régimen de facultades exclusivas del proceso presupuestario y, en consecuencia, el principio de división de poderes.
Reforzando tales consideraciones, nuestra Ley Suprema establece en el inciso f) del artículo 72 que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o de decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación; en consecuencia la propia Constitución federal, faculta al Poder Legislativo para que realice todo el procedimiento legislativo previsto en la Carta Magna y en las leyes secundarias para la reforma de cualquier decreto, es decir, debe respetarse el mismo procedimiento que se ha seguido para su creación; por lo que se considera necesario subsanar el vacío jurídico que existe tratándose de modificaciones al decreto de Presupuesto de Egresos.
En ese orden de ideas, se propone que el Ejecutivo federal deberá presentar a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación a los montos presupuestales, cuando estos representen individualmente una variación mayor del 10% en alguno de los ramos que comprende el presupuesto o cuando represente un monto mayor al 1% del gasto programable; exceptuando dicha obligatoriedad cuando existan situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales, plagas, epidemias o cuando se trate de alguna situación de emergencia que afecte total o parcialmente el territorio nacional.
Por otro lado en virtud de que el pleno de la Cámara de Diputados solo funciona como cuerpo colegiado durante los dos periodos ordinarios de sesiones, propongo que durante los recesos de ésta y en caso de existir un evento económico que hagan impostergables la reducción o la modificación al Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo realice los ajustes correspondientes, con la obligación de hacer llegar el primer día hábil en que se reúna la Cámara un documento pormenorizado en que explique las causas que lo originaron y las modificaciones hechas, a efecto de que los diputados lo analicen y las aprueben en su caso, tomando las medidas pertinentes para establecer su ejercicio en los términos que se aprobó.
Compañeras y compañeros legisladores:
El avance democrático de México requiere de poderes constituidos autónomos provistos de las facultades necesarias para poder llevar a cabo una eficiente y equilibrada conducción del poder. Resulta evidente que una verdadera y real división de poderes y de facultades, así como el respeto irrestricto de nuestra Ley Suprema; es necesaria para el desempeño eficaz de la misión que cada uno de los tres poderes de la Unión tienen como responsabilidad.
Hoy más que nunca, la nación mexicana reclama un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con el interés supremo de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa como proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo Unico: Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
IV. ...
.........
.........
.........
..........
..........
..........
Siempre que, a juicio del Ejecutivo federal, existan causas graves o extraordinarias que ameriten la modificación o reducción del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, corresponderá a ésta, en forma exclusiva, determinar si procede la modificación y, en su caso, el monto en que habrá de operar tal reducción, siempre que se justifiquen fehacientemente las causas que la originen. Cuando se invoque la no recaudación, deberán comprobarse plenamente los motivos de ella; en caso contrario, será causa de responsabilidad.
Corresponderá a la Cámara de Diputados aprobar las adecuaciones que el Ejecutivo federal pretenda llevar a cabo al decreto de Presupuesto cuando éstas representen individualmente una variación mayor del 10% en alguno de los ramos que comprende el presupuesto o cuando represente un monto mayor al 1% del gasto programable; exceptuando dicha obligatoriedad cuando existan situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales, plagas, epidemias o cuando se trate de alguna situación de emergencia que afecte total o parcialmente el territorio nacional.
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 6 de noviembre de 2003.
Diputados: Jesús González Schmal, Luis Maldonado Venegas, Juan Fernando Perdomo Bueno, Enrique Ariel Escalante Arceo, Alberto Jiménez Merino, Carlos Blackaller Ayala, Luis Felipe Madrigal Hernández, Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, Tomás Antonio Trueba Gracián, René Arce Islas, Víctor Manuel Camacho Solís, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Manuel Velasco Coello, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Alejandro González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, y Joel Padilla Peña (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Noviembre 6 de 2003).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE DIVERSAS COMISIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS ESTUDIEN, EVALUEN Y PROPONGAN MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE EL PROGRAMA BIENVENIDO PAISANO Y LA OPERACION DE RETENES EN LAS CARRETERAS DEL PAIS SATISFAGAN SU OBJETIVO ORIGINAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
Se acerca la época navideña y de fin de año, en la que se restablecerá en las fronteras del norte de la República el programa Bienvenido Paisano, cuyo encomiable objeto nadie podrá negar.
Sin embargo, su realización práctica en las deterioradas carreteras del país y la infraestructura de servicios de abastecimiento de gasolina, atención de accidentes, vigilancia y control del gigantesco contrabando hasta de automóviles realizado al amparo de la facilidad de acceso y la corrupción que entraña en la consumación de ese tipo de delitos requieren una seria revisión y cuidado en la operación del programa, a fin de que no se deforme y produzca efectos contraproducentes al objetivo inicialmente concebido.
La avalancha de solicitudes de acceso en los consulados mexicanos ha relajado el cumplimiento de requisitos básicos, pero sobre todo, junto con las familias que regresan a visitar a sus parientes, cada día es más común que se cuelen traficantes que aprovechan la época para introducir una o varias camionetas con carga para reventa e incluso para dejar en territorio mexicano el vehículo o vehículos que arrastran como remolque para su posterior regularización.
Lo peor que podría pasarnos es cerrar los ojos y no ver que la afluencia por cientos de miles de vehículos satura nuestras carreteras, lo cual cuadruplica el tiempo necesario para transitar de un lugar a otro e incluso paraliza regiones enteras que se congestionan y en general se producen condiciones de contaminación con crecimiento exponencial por los vehículos que transitan a vuelta de rueda en amplios tramos carreteros.
Los retenes se han multiplicado, se hacen colas de automóviles de varios kilómetros de extensión y ello inhibe que los residentes permanentes en el país se desplacen por las carreteras. Son ya manifiestamente insuficientes para un uso normal, mucho más para un aforo de esta magnitud.
Son conocidos también el maltrato y la extorsión de que son víctimas los visitantes paisanos en los susodichos retenes que, dicho sea de paso, constituyen una violación flagrante de la libertad de tránsito en el territorio nacional y que se aceptaron con carácter temporal, habiéndose ya constituido en inocultables aduanas interiores de dudoso beneficio.
En éstas concurren, bloqueando las carreteras con piedras, tambos y hasta trincheras con costales de arena, tanto el Ejército Nacional como la Policía Federal de Caminos, la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación y hasta uno que otro policía local que también hace su agosto, sin que a la fecha se sepa qué resultados positivos y qué costos supone este extraño y absurdo sistema de vigilancia que, si de revisión de tráfico de drogas se tratara, debería ser localizado en los lugares de cultivo y procesamiento de ésta, donde sí sería eficaz tan numeroso y variado contingente de policías y soldados y no se violarían garantías de millones de mexicanos que viajan por carretera en vehículo privado o transporte público y sin deberla ni temerla en el día y en la noche y madrugada son obligados a salir de sus autos para ser inspeccionados bajo amenaza de personal armado.
Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta a las Comisiones de Comunicaciones; de Transportes; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Relaciones Exteriores; y de Gobernación a evaluar este programa, a fin de que surta efectos positivos para residentes y visitantes. Y, desde luego, procede considerar el costo en la introducción de volúmenes de mercancía y vehículos de contrabando para conocer sus efectos en la economía, ecología y tranquilidad del país. El evidente interés público nacional en este asunto requerirá la mayor diligencia en su atención.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Población, Fronteras
y Asuntos Migratorios; de Comunicaciones; y de Transportes. Noviembre 6
de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE PROPONER QUE SE CREE LA COMISION ESPECIAL PARA LA PROTECCION DE LA ZONA DE LA MARIPOSA MONARCA EN MEXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSE RANGEL ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
José Rangel Espinosa, en su carácter de diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que en ésta se cree la comisión especial de la mariposa monarca, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. A ninguno de los integrantes de esta Cámara escapa la importancia que reviste, especialmente por razones de orden ecológico, la protección del hábitat de la mariposa monarca en el país -que por diversas razones ha venido siendo depredada ancestralmente-, en especial en parte de los estados de México y de Michoacán, donde 22 municipios, entre los que se encuentra el recientemente creado bajo la denominación de San José del Rincón, México, del que me honro ser oriundo, sirven de sede a la hibernación y reproducción de este lepidóptero.
Es tan trascendente para México la presencia de la mariposa monarca, que en buena medida se traduce en factor determinante del equilibrio de la naturaleza en los municipios afectados por las declaratorias de reserva que se han dictado para tal propósito.
Por ello es indispensable la búsqueda de recursos que permitan, por una parte, frenar el deterioro de la calidad de vida a que con tal motivo se han visto expuestos los propietarios de la tierra; y, por otra, procurar la rehabilitación de las condiciones físicas de los lugares que han sido dañados en aras de la justa supervivencia humana.
Segunda. Tampoco es desconocido para los integrantes de esta soberanía que hay en la nación más de una treintena de autoridades federales, estatales y municipales, incluso una comisión coordinadora en la que participan representaciones de estos tres niveles de autoridad, con injerencia en diversos renglones de las actividades que se desarrollan alrededor de dicho hábitat, así como en el manejo de los recursos naturales que quedan inmersos en él y que han sido congelados mediante las citadas declaratorias de reserva de las respectivas áreas, que pretenden frenar la degradación de que, tanto en calidad como en cantidad, han venido siendo objeto la fauna y la flora ahí existentes, al grado de que muchas especies han desaparecido y otras están a punto de fenecer.
Tercera. Que las declaratorias de reserva referidas, si bien procuran el cuidado de la mariposa monarca, como preciado patrimonio del planeta, también han repercutido negativamente en algunos aspectos del hábitat de otro bien que más debe preocuparnos: el ser humano, cuyos índices de marginación, de por sí críticos, se elevaron a grado tal, que obligaron a muchas familias a desplazarse hacia municipios vecinos en busca de los recursos mínimos que les permitan subsistir, y a otras a tratar de encontrar en el vecino país del norte una mejor perspectiva de vida.
Cuarta. Que a tres años de la creación de la comisión coordinadora referida, no se han dado los pasos necesarios para resolver el problema de marginación humana, sin descuidar la protección de la mariposa monarca, como es debido, tomando en cuenta que resulta elemento esencial del equilibrio ecológico de la zona, y continúa la depredación de la fauna y de la flora, en la mayoría de las veces porque no hay otra alternativa de subsistencia para quienes no estuvieron en posibilidad de encontrar más salida.
Quinta. Que resulta impostergable resolver ambas cuestiones, sólo en apariencia antagónicas, para lo cual es necesario hacer acopio de todas las herramientas que se han venido produciendo alrededor de esta materia, durante ya casi un cuarto de siglo, por métodos deductivos e inductivos, así como de las múltiples disposiciones legales que han sido puestas en vigor, por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de formular propuestas concretas, de aplicación inmediata, para dicho fin.
Sexta. Que resulta evidente que este momento es el más adecuado y oportuno para el propósito indicado, pues la llegada y el asentamiento de la mariposa monarca en nuestro país, con fines de hibernación y reproducción, apenas se inician y estamos aún en condiciones de proponer algunas medidas que amortigüen los efectos sociales referidos y que periódicamente se presentan y acentúan, con el riesgo de que la intolerancia haga presa a nuestros conciudadanos de males mayores.
Séptima. Lo anterior pone de manifiesto la pertinencia de que se constituya en esta soberanía la comisión especial para la protección de la zona de la mariposa monarca a fin de que se ocupe, por una parte, de reunir todos los elementos para urgir a las autoridades competentes a canalizar los recursos presupuestales necesarios a fin de amortiguar los efectos negativos de las declaratorias de reservas territoriales mencionadas y los daños ecológicos que la violación de tales mandatos puede acarrear; y, por otra parte, con igual propósito, de vigilar que las acciones acordadas se lleven a cabo con la mayor oportunidad, eficiencia y eficacia.
Por las consideraciones anteriores, someto a juicio de esta alta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye la comisión especial para la protección de la zona de la mariposa monarca, con el propósito de reunir todos los elementos, de cualquier orden, pertinentes para proponer las medidas más adecuadas y oportunas para la inmediata solución de la problemática que se traduce en daños ecológicos y económicos a las zonas protegidas, en nuestro país, como hábitat de hibernación y reproducción de la mariposa monarca.
Segundo. En forma especial, la comisión a que se refiere el punto que precede tendrá como tarea principal procurar que los recursos presupuestales con que cuentan las diversas autoridades federales, estatales y municipales se canalicen en forma inmediata hacia la implantación de las medidas permanentes y urgentes aconsejables para prevenir mayores daños al bosque, a los acuíferos y sociales, a los que año con año se enfrentan ante este fenómeno natural diversos municipios de los estados de México y de Michoacán.
Tercero. La comisión que se constituye deberá establecer coordinación permanente y muy cercana con todas las autoridades que, en los tres niveles de gobierno, tengan atribuciones en las diversas materias conectadas con los recursos naturales inmersos en la problemática de que se trata, a fin de dar debido cumplimiento a lo ordenado en los incisos primero y segundo de este punto de acuerdo.
Cuarto. Primordial encomienda de la comisión especial cuya creación se propone será la búsqueda de soluciones alternativas que abatan los altos índices de marginación en la zona de que se trata, que día tras día se incrementan, así como la contención del deterioro ecológico que ha desembocado en la desaparición y degradación de especies de la fauna y la flora originales.
Quinto. Se solicita respetuosamente que este punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, sea turnado a la Junta de Coordinación Política para que se sirva instaurar el acuerdo que constituye la comisión que propongo, señalando su objeto, duración, integración y órganos de gobierno, como ordenan los artículos 34, 39, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.
Dip. José Rangel Espinosa (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Noviembre 6 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004 SE PROGRAME UN INCREMENTO SUFICIENTE PARA ATENDER CON OPORTUNIDAD LAS NECESIDADES DEL SECTOR PESQUERO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR SANCHEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL JUEVES 6 DE 2003
El que suscribe, integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se programe un monto suficiente para la atención de los requerimientos del sector pesquero nacional, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La pesca es una de las actividades que debe ser pilar en el desarrollo económico del país. Este sector aporta el 0.7% del Producto Interno Bruto Nacional, emplea al 1.3% de la población económicamente activa en pesca de altura, ribereña y acuacultura. Su volumen de captura coloca a México entre los 20 países con mayor producción del orbe. La balanza comercial en la materia es superavitaria por 475 millones de dólares.
Al respecto debemos aceptar que las variables mencionadas no corresponden al potencial de los recursos naturales y humanos existentes; 11 mil 592 kilómetros de costa; ríos y cuerpos de aguas interiores vastos; recursos bióticos pesqueros, fauna y flora, que esperan un aprovechamiento integral en beneficio de una población que trabaja en ellos y de una comunidad nacional que de ellos obtiene la posibilidad de un mejoramiento en su dieta alimenticia.
De manera adicional, en este sector se establece entre productores y consumidores, una larga cadena de intermediación constituida por transportistas, introductores, almacenistas, industriales, distribuidores, expendedores del producto en establecimientos especializados y en diversos sistemas de tienda, agentes financieros, lo cual permite el fortalecimiento económico de algunas regiones del país.
Esta población demanda del Estado mexicano plena comprensión de sus necesidades. Por una parte, los trabajadores y las comunidades pesqueras que perciben un paulatino abandono de las políticas gubernamentales que regulan sus actividades. Por la otra, los consumidores de productos del mar que no los pueden llevar a su mesa por los elevados precios del mercado, y en algunas regiones, por su escasa disponibilidad.
El complejo de actividades y acciones del sector pesquero requiere de inversiones aplicadas a la construcción, reconstrucción y mantenimiento de la infraestructura; equipamiento y avituallamiento de la flota; establecimiento de almacenes y frigoríficos al servicio directo de los pescadores; instalación de plantas procesadoras; educación y capacitación de la población aplicada y de sus hijos; integración de sistemas de distribución y comercialización adecuados al interés de productores y consumidores; e investigación.
Pero no sólo se trata de los aspectos sociales de la población dedicada a este sector, que demanda superar sus niveles de bienestar, y de la población en general, que exige mejoras en la dieta, empobrecida en las últimas décadas. No sólo se trata de los aspectos económicos de una actividad primaria generadora de ingresos directos a más de 260 mil familias y divisas a la economía nacional.
Se trata de atender a la comunidad de pescadores, que en razón de sus actividades productivas está ubicada en áreas vinculada a sitios estratégicos de la seguridad nacional. Su espíritu de pertenencia a un país en cuya defensa colaboran, en los mares y líneas costeras, debe ser correspondido oportuna y cabalmente por el Estado. La vigilancia de nuestro mar territorial y patrimonial y los recursos que contiene, vuelven estratégica la presencia de los pescadores en los lugares de su tarea; 12 millas y 200 millas de mar territorial y de mar patrimonial, respectivamente, constituyen un espacio cuya amplitud supera las posibilidades logísticas de nuestras fuerzas armadas y de allí la importancia de su lealtad.
El reporte oportuno de los trabajadores del mar sobre movimientos de embarcaciones de bandera ajena, o propia, relacionadas con ilícitos como contrabando de drogas y bienes diversos, pesca ilegal, tráfico de personas, traslado de armas, con acciones susceptibles de vincularse al terrorismo, puede alertar a las autoridades competentes y permitir su intervención oportuna para prevenirlos y perseguirlos.
Algunas acciones de Estado afectan a los pescadores y deben ser cuidadosas y atendidas con puntualidad y cabalidad en el fortalecimiento de sus actividades y sus consecuencias. El caso de la ampliación de la zona de exclusión en la sonda de Campeche, por razones de seguridad nacional, es una muestra de cómo se impacta directamente su nivel de ingresos y su calidad de vida, por políticas de Estado en el marco de su actuación.
Desafortunadamente, para las políticas gubernamentales la pesca no es una actividad prioritaria; basta señalar que en este año sólo le corresponderá el 2% del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, lo que significa el 0.07% del presupuesto nacional. De esa magnitud es la consideración que merece el sector en los programas del Ejecutivo.
La atención de los aspectos que se han señalado demanda recursos presupuestales suficientes y oportunos. Si queremos que el sector pesquero desarrolle sus potencialidades, si queremos fortalecer el ejercicio soberano en nuestros mares, si queremos aumentar y enriquecer la dieta de las familias mexicanas, debemos orientar las políticas gubernamentales al nivel de políticas de Estado eficientes y eficaces, con suficiencia de recursos presupuestales.
Por lo expuesto, fundado y motivado, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal
a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2004 se programe un incremento suficiente
para atender con oportunidad las necesidades que el sector pesquero está
demandando.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, considere este incremento.
Tercero. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo federal para su conocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2003.
Diputados: Salvador Sánchez Vázquez, Alejandro Higuera Osuna, Gonzalo Alemán Migliolo, Joel Padilla Peña, Gerardo Montenegro Ibarra, Raúl Mejía González, Francisco Javier Obregón Espinosa, Carlos Martín Jiménez Macías, María Sara Rocha Medina, Sofía Castro Ríos, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Eugenio Mier y Concha Campos, Jesús Porfirio Sánchez Schmal (rúbricas).
(Turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Noviembre 6 de 2003.)
A LAS COMISIONES DE GOBERNACION, DE SEGURIDAD PUBLICA, Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALEJANDRO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, PRESENTADA EN LA SESION DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez y Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia en turno de esta Cámara de Diputados se sirva excitar a las Comisiones de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Puntos Constitucionales para que procedan al análisis, discusión y dictamen; para su posterior discusión en el Pleno de la H Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de la Iniciativa que reforma el primer párrafo de la fracción V del artículo 55 y la fracción VI del artículo 82, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma los incisos b), c), y d) del párrafo 1 del artículo 7, el párrafo 1 del artículo 40 y el párrafo 1 del artículo 77, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El día 25 de marzo del 2002, la diputada Patricia Chozas y Chozas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Quincuagésima Octava Legislatura, presentó una iniciativa de reformas que tienen por objeto establecer límites de tiempo a los Consejeros del Instituto Federal Electoral para que puedan acceder a cargos de representación popular, y habiendo transcurrido desde entonces con exceso el término de cinco días que establece el artículo 21 fracción XVI del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos y sin que al día de hoy las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales a las que fuera turnada hayan dictaminado respecto de la misma.
Segunda. El 29 de octubre del 2002, el grupo parlamentario del Partido Verde presentó excitativa ante el Pleno, a lo que el Presidente de la Cámara determinó:
"De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones señaladas para que emitan el dictamen correspondiente."
Tercera. Entendemos que las comisiones referidas, apenas el pasado mes de octubre han iniciado sus trabajos legislativos, pero es importante que la ciudadanía tenga la certeza, de que la actuación de los Consejeros Electorales sea basada en criterios de imparcialidad y objetividad en las resoluciones políticas de trascendencia para el país.
Cuarta. Consideramos respetuosamente que a las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, se les debe aplicar la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo, porque es la segunda excitativa que se presenta para la iniciativa en comento.
Por lo antes expuesto, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en turno, atentamente pido:
Unico. Tenga por presentada esta excitativa, se sirva excitar y exhortar a los Presidentes de las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Puntos Constitucionales para que presenten su dictamen respecto a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como también del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; presentada por la diputada Patricia Chozas y Chozas el día 25 de marzo del 2002, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de la Unión, apercibiéndoles que para el caso de nuevo incumplimiento, se turnará a otra Comisión de esta Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 6 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Se excita a las Comisiones de Gobernación, de
Seguridad Pública, y de Puntos Constitucionales para que emitan
el dictamen correspondiente. Noviembre 6 de 2003.)
En diversos foros se ha señalado que las acciones que dependen del Instituto a su cargo para resolver la difícil situación financiera por la que atraviesa ya están en marcha, sin embargo por sí mismas son insuficientes. En ese sentido, ¿De qué manera puede el Poder Legislativo contribuir con la solución de los problemas de fondo del IMSS? ¿Existe alguna agenda para iniciar el análisis y solución de las distintas medidas -digamos, estructurales- que tienen que llevarse a cabo?
La difícil situación que enfrenta el Instituto, como se señala en el "Informe sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS" que presentó al Poder Legislativo aparece como una consecuencia directa del actual pasivo laboral. Si esto es así, ¿En qué términos quedó pactada la revisión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto, que tenemos entendido tiene como fecha límite el 15 de marzo de 2004? ¿Qué están haciendo sindicato y autoridades de manera conjunta para arreglar esta situación?
Sin duda, uno de los principales logros de estos tres años consiste en haber avanzado significativamente en la creación de una conciencia nacional sobre la gravedad del problema del pasivo laboral y por concepto del Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS. Sin embargo, aún no vemos con claridad cuáles son las soluciones que pueden considerarse viables y suficientes para enfrentar esa situación, podría comentamos ¿Cuál sería el efecto de no resolver estos temas durante el presente periodo legislativo? Y en el mismo sentido, en su opinión, ¿De cuánto tiempo disponemos para salvar el barco de la seguridad social?
Sabemos que el pasado 15 de octubre las autoridades y el Sindicato de Trabajadores del Instituto firmaron la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, ¿puede comentarnos cómo se desarrolló el proceso de negociación y las características de los acuerdos alcanzados?
¿Qué cambios de fondo serán posibles alcanzar dentro de la administración del Presidente Fox? ¿Estaría usted de acuerdo en que sería conveniente trabajar junto con el Poder Legislativo una agenda de reformas que pudieran analizarse con tiempo, valorándose sus desventajas, costos y en su caso, procedimientos legales para apoyar su implantación?
¿Cómo ha afectado la situación financiera y la escasez de recursos que vive el instituto, a la operación de sus servicios, especialmente en el abasto de medicamentos y en el gasto de inversión destinado a mantener la infraestructura de unidades médicas y hospitales?
Nos enteramos por medio de la prensa que a finales de septiembre de este año se presentaron al Secretario de la Función Pública los avances de un sistema para transparentar el abasto del Instituto. Debido a que el IMSS es una de las principales entidades compradoras del Gobierno Federal, pues su gasto representa cerca del 3 por ciento del PIB, y con frecuencia aparecen notas que ponen en duda los procedimientos de compra. En tal sentido, resulta indispensable conocer de primera mano los avances logrados en materia de transparencia y combate a la corrupción, por lo que le agradecería informarnos sobre los logros registrados en la materia.
Con relación a los Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS) ¿cuáles han sido los avances obtenidos con la aplicación de este programa y qué esperan obtener en términos de calidad y disminución de costos de la atención médica? ¿Qué resultados arroja la Tercera Encuesta Nacional de Satisfacción en la atención de la Salud Reproductiva por parte de las usuarias?
¿El Instituto tiene contemplado implementar algún programa o esquema para ampliar la cobertura de la población abierta mediante el Seguro de Salud para la Familia?
¿Qué está haciendo el Instituto en materia de formación de capital humano, infraestructura física y calidad en la atención médica actualmente y para enfrentar el cambio epidemiológico y demográfico, particularmente el envejecimiento de la población y la intensificación de las enfermedades crónico-degenerativas?
¿Cómo se ha logrado alcanzar una cobertura del 90 por ciento de abasto de medicamentos por día en el primer nivel de atención y qué medidas se están adoptando para alcanzar el 100 por ciento?
¿Cómo ha incidido la actualización tecnológica en el expediente clínico y en el Sistema Nacional de Tiendas IMSS?
LISTA DE PONENTES DEL GPPAN
PRIMER RONDA:
Es de conocimiento público que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sostiene a nivel político y legislativo la necesidad de fortalecer con recursos públicos las empresas estatales del sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
Nuestra propuesta y las iniciativas que hemos presentado en esta materia, se orientan a preservar la exclusividad del Estado en el sector eléctrico y dotar a dichas empresas de autonomía financiera, técnica y operativa, para cumplir eficazmente su función en beneficio del pueblo mexicano y para impulsar el desarrollo económico nacional.
Luz y Fuerza del Centro juega un papel esencial en la prestación del servicio de electricidad para millones de usuarios en nuestro país. Por ello, debe ser atendida bajo el esquema que nuestro Grupo Parlamentario ha propuesto.
Lamentablemente, el historial de subcapitalización y descapitalización que padece Luz y Fuerza del Centro, incluidas sus subsidiarias, es un gran obstáculo para su modernización y la mantiene en una situación de incertidumbre que inhibe su desarrollo y un mejor cumplimiento de su función. En consecuencia, queremos que nos responda, Lic. Luis de Pablo Serna, los siguientes cuestionamientos:
1 . ¿Cuáles son las razones económicas, técnicas y políticas por las que se ha mantenido en esta situación a Luz y Fuerza del Centro?
2. ¿Si el Gobierno Federal no quiere su desaparición o eventual privatización, por qué no se toman las medidas para su reestructuración y fortalecimiento, conservando la exclusividad del Estado en el sector eléctrico?
En conexión con las preguntas anteriores, y teniendo en cuenta la precaria situación financiera de Luz y Fuerza del Centro y la precaria defensa que le brinda la actual Administración, queremos que explique a esta Legislatura lo siguiente:
3. ¿Cuáles son los planes y proyectos concretos que ha presentado usted para el fortalecimiento financiero público, la reorganización operativa, la modernización tecnológica y el aumento de la capacidad y eficiencia de Luz y Fuerza del Centro, que no caigan en la estrategia impulsada por el Gobierno Federal de abrir el sector eléctrico al capital privado?
Los defensores del neoliberalismo en el gobierno y fuera de él, afirman que la persistencia de elevados subsidios a las tarifas eléctricas por parte de Luz y Fuerza del Centro, es uno de los principales factores que limita su solvencia financiera porque le impide acudir a los mercados internacionales de capitales.,
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que estas acusaciones pretenden desvirtuar el papel social de las empresas públicas, por lo que es fundamental transparentar las modalidades y los montos del subsidio al consumo. Esto permitiría establecer un esquema donde se aplique el subsidio a las tarifas para quienes verdaderamente lo requieren, sin dañar la integridad financiera de la empresa.
En consecuencia Señor Director, queremos que responda a cabalidad y con datos puntuales la siguientes preguntas:
4. ¿Cuáles son los diferentes tipos de usuarios que reciben subsidios y a cuánto asciende los montos de los mismos en cada caso?
5. En particular nos interesa conocer, ¿hasta qué punto la empresa ha modificado su política tarifa/subsidios presionada por la Secretaría de Hacienda para lograr una supuesta autonomía financiera y qué repercusiones pueden derivarse para la viabilidad a mediano y largo plazos de Luz y Fuerza Centro?
Algunos especialistas han señalado que Luz y Fuerza del Centro fue dejada al margen de la carga fiscal que pesa sobre la CFE bajo el concepto de "Aprovechamientos", equivalentes al 9% de sus activos fijos en operación. Sin embargo, se le niegan los recursos necesarios para desarrollarse y se le estigmatiza al considerarla "botín de luchas sindicales". En este contexto, queremos que responda:
6. ¿Cuáles son las bases productivas para que Luz y Fuerza del Centro aproveche esta situación fiscal para reorganizarse y pueda generar recursos propios y romper el círculo vicioso en el cual presumiblemente se encuentra entrampada?
7. ¿Qué evaluación tiene usted respecto a los informes de la obsolescencia de algunas de las centrales generadoras y del conjunto de las línea de transmisión, que según cálculos provocan pérdidas operativas que aparecen disimuladas contablemente?
Pese a que es un símbolo de la industrialización de México, de la creación de la empresa pública y de la economía mixta, Luz y Fuerza del Centro tiene una imagen adversa entre los usuarios de todo el centro del país, debido a problemas como: frecuentes cortes de energía eléctrica, lentitud del servicio, supuestos actos de corrupción hormiga, y otros más.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sabe que detrás de esta situación hay restricciones severas provocadas por la estrategia de privatización indirecta que afecta en diversa escala a las tres empresas del sector energético: PEMEX, CFE y Luz y Fuerza del Centro. Por ello, consideramos de gran importancia que por su conducto conozcamos:
8. ¿Cuál es la situación real de las fallas operativas de la empresa, el burocratismo y las otras supuestas plagas que la afectan? y
9. ¿Qué avances tangibles se han realizado
en términos de eficiencia operativa de la empresa frente al usuario
promedio, que es quien finalmente determina la imagen pública de
una entidad?
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA, DE SU REUNION EXTRAORDINARIA, REALIZADA EL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:30 horas del 4 de noviembre de 2003, en el salón "C" ubicado en el edificio "G", del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los CC. diputados integrantes de la Comisión, con la finalidad de realizar la reunión extraordinaria, previamente convocada, conforme al siguiente:
Orden del Día
Por lo que habiendo quórum suficiente se procedió a desahogar, uno por uno, los puntos del Orden del Día, llegándose a los siguientes:
Acuerdos
I. Se aprueba el orden del día.
II. Respecto a los preparativos para la comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria:
II.1. La Comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria se realizará el próximo día miércoles 19 de noviembre a las 17:00 en el Salón "Legisladores de la República" de esta Cámara de Diputados.
II.2. El formato de la comparecencia será el mismo aprobado en el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados".
II.3. Los grupos parlamentarios integrados en la comisión se reunirán para definir los cuestionamientos que harán al C. secretario y la forma en que participarán.
II.4. Los cuestionamientos de los grupos parlamentarios al C. secretario serán concentrados en la Comisión de Reforma Agraria, para su publicación con 72 horas de anticipación en la Gaceta Parlamentaria y ser enviados al servidor público compareciente.
III. Sobre el programa de trabajo de la Comisión.
De conformidad con el acuerdo tomado en la Reunión Ordinaria de la Comisión de fecha 23 de octubre, la Presidencia de la Comisión presentó los documentos "propuesta de agenda legislativa" y "programa anual de trabajo" como documentos para revisión, modificación y/o adiciones de los integrantes de la comisión.
Asimismo, se presentó una propuesta de reuniones para revisión y evaluación de la política agraria en relación con el Acuerdo Nacional para el Campo y atención de los "focos rojos".
III.1. Los integrantes de la comisión revisarán los documentos y presentarán sus observaciones y propuestas, mismas que se incluirán; además se considerarán las opiniones de los sectores social agrario y privado, así como de especialistas, legisladores locales, etc. para la integración definitiva del programa de trabajo de la comisión.
IV. Asuntos generales.
Dentro de los Asuntos Generales se planteó la Propuesta de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria, información sobre la expropiación al ejido Santa Ursula Coapa realizada en diciembre de 1984 y el pago de más de 1,200 millones de pesos a que ha sido sentenciada la SRA.
IV.1. La Junta Directiva de la Comisión, redactará la solicitud de información a la Secretaría de la Reforma Agraria sobre este asunto; para ponerla a consideración de la comisión y ésta pueda emitir una opinión fundada al respecto.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17:00 horas, del día 4 de noviembre del año 2003, se concluye la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Reforma Agraria de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Diputados: T. Manuel García Corpus (rúbrica),
Presidente; Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), secretario;
Margarito Fierros Tano (rúbrica), secretario; José Lamberto
Díaz Nieblas (rúbrica), secretario; María Hilaria
Domínguez Arvizu, secretaria.
Al desayuno reunión de trabajo de su Mesa Directiva, con los medios de comunicación nacionales, que se realizará el viernes 7 de noviembre, a las 10 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A la reunión de trabajo que sostendrá con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, con motivo del análisis del programa y presupuesto de esa institución, el lunes 10 de noviembre, a las 11 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
A su segunda reunión ordinaria, con el doctor Miguel Hakim Simon, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se realizará el lunes 10 de noviembre, a las 16:30 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la visita de cortesía de la Comisión de Protección de Medio Ambiente y Recursos de la Asamblea Popular Nacional de China, que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre, a las 9:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Jacqueline G. Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre, a las 15 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de trabajo, que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre, a las 17:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SALUD, Y DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A la comparecencia del doctor Santiago Levy Algazi, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se efectuará el martes 11 de noviembre, a las 18 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde) del Palacio Legislativo (edificio A, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Dip. José A. Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
Dip. Enrique Burgos García
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 11 de noviembre, a las 19 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINION PUBLICA
A la mesa redonda que se efectuará el miércoles 12 de noviembre, de las 9 a las 19 horas, en el auditorio norte.
Atentamente
Alberto Emiliano Cinta
Director General
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su segunda reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre, a las 9:30 horas, en el salón Libertadores.
Atentamente
Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su segunda reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo con el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, a las 12 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente