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PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 4 de noviembre de 2003 doc
Listado de Inasistencias día 4 de noviembre
de 2003 doc
Nota: Las diferencias
que existen entre las listas de asistencia y el número de votos
pueden variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días
se publicarán las inasistencias justificadas respecto a la presente
lista.
* El diputado Mario
Alberto Rafael Zepahua Valencia (PRI), no ha rendido protesta.
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO. DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA: CON ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
Por instrucciones de la diputada Elba Esther Gordillo Morales, presidenta de la Junta de Coordinación Política y con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito enviar el anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, a efecto de que sea sometido a la consideración de la asamblea durante la sesión del día de hoy. Asimismo, sea publicado a la brevedad como anexo de la Gaceta Parlamentaria de este día.
Lo anterior con el objeto de que dicho anteproyecto se someta a los trámites legales conducentes y esta soberanía esté en posibilidades de discutirlo a fondo durante la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Roberto Campa Cifrián (rúbrica)
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, SOBRE LA PROGRAMACION DE COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO FEDERAL EN COMISIONES, EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL III INFORME DE GOBIERNO, PRESENTADO Y APROBADO EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
La Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7°, párrafos 4 y 5, del mismo ordenamiento, y
Considerando
1. Que, con objeto de completar y ahondar el análisis del III Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado necesario citar a comparecer a diversos funcionarios públicos ante las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados.
2. Que, en términos del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, artículo quinto, las comparecencias en comisión de llevarán a cabo conforme a la programación que acuerde la Junta de Coordinación Política.
3. Que en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 13 de octubre del presente se establecen las fechas para la realización de las comparecencias de los titulares de Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. Que, con base en diversas solicitudes recibidas por esta Junta, se revisó el calendario con objeto de reprogramar dichas comparecencias de modo que la fecha elegida fuera la más conveniente para ambas partes.
5. Que la Comisión de Reforma Agraria sometió a la consideración de la Junta el acuerdo para citar a comparecer al secretario del ramo en el seno de dicha Comisión, que fue aprobado por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Con base en lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7°, 22, 34 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados somete a consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Con objeto de dar cumplimiento al artículo 7°, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, las comparecencias ante comisiones ordinarias de los funcionarios del Ejecutivo federal que se indican a continuación se realizarán en las fechas que se señalan:
Director de la Comisión Federal de Electricidad:
Ing. Alfredo Elías Ayub.
Comisión de Energía.
Miércoles 5 de noviembre de 2003, a las 17:00
horas.
Director de Petróleos Mexicanos: Ing. Raúl
Muñoz Leos.
Comisión de Energía.
Jueves 6 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.
Director de Luz y Fuerza del Centro: Lic. Luis de Pablo
Serna.
Comisión de Energía.
Martes 11 de noviembre de 2003, a las 17:00 horas.
Director del Instituto Mexicano del Seguro Social: Dr.
Santiago Levy Algazi.
Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Salud; y de
Trabajo y Previsión Social.
Martes 11 de noviembre de 2003, a las 18:00 horas.
Secretario de la Reforma Agraria: Lic. Florencio Salazar
Adame.
Comisión de Reforma Agraria.
Miércoles 19 de noviembre de 2003, a las 17:00
horas.
Segundo. Hágase del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero. En términos del artículo 93 constitucional y del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva realice las comunicaciones correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre del año 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica p.a.)
Presidenta
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional
Dip. Francisco Barrio Terrazas (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yáñez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Aprobado en votación económica. Noviembre
4 de 2003.)
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A FIN DE CREAR EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
Durante el siglo XX, la concentración poblacional y económica dominó los procesos de urbanización en el país y provocó que se modificara radicalmente el perfil de la nación mexicana, que transitó de la preponderancia de lo rural al predominio de lo urbano.
En 1910, el país contaba con una población de 15.2 millones de habitantes, quienes en su inmensa mayoría habitaban en las regiones rurales. Para 1950, la población mexicana alcanzó 25.7 millones de personas. De ellas, 57.5 por ciento habitaba en el medio rural; y 42.4, por ciento en las áreas urbanas. Para 2000, la población alcanzó 98 millones de habitantes; y los residentes urbanos, 66 por ciento.
Precisamente en este año, el sistema urbano nacional se integraba por 121 ciudades, donde residían 63.5 millones de personas. Entre aquéllas destacan las grandes ciudades metropolitanas, como la Ciudad de México, con 18.3 millones de habitantes; y seis ciudades metropolitanas con más de un millón de habitantes y que en conjunto suman 11.62 millones de personas, como Puebla-Tlaxcala, Guadalajara, Monterrey y la región de La Laguna.
En otros rangos del sistema urbano nacional encontramos los siguientes:
También pone en evidencia la compleja dimensión del problema urbano en México y la urgente necesidad de buscar soluciones que atiendan de forma integral la problemática que enfrentan las ciudades de nuestro país y particularmente las megalópolis.
No obstante que comparten territorio, recursos naturales, problemas, oportunidades y retos, la gestión y el gobierno de las ciudades metropolitanas en México han estado limitados históricamente por una idea que las concibe delimitadas y contenidas por fronteras jurídico-administrativas, divididas por muros artificiales que las separan y las tratan como si fueran mundos distintos.
El origen de esa situación se encuentra en nuestro sistema jurídico institucional, que ha evolucionado insuficientemente en el reconocimiento de una realidad que rebasa desde hace mucho tiempo las previsiones del sistema federal.
Por ejemplo, al examinar el marco jurídico que norma los asentamientos humanos, encontramos un deficiente diseño de instrumentos que garanticen la gestión integral de los problemas metropolitanos. Es el caso de nuestro sistema jurídico constitucional, aprobado en sus partes sustantivas en el tiempo en que predominaba lo rural, y que ahora resulta insuficiente para un país que concentra la mayor parte de su población y actividad productiva en el medio urbano.
Hasta febrero de 1976 no se introdujo en la Carta Magna de forma clara y explícita el tema de los asentamientos humanos, al reformarse el tercer párrafo del artículo 27 y adicionarse los artículos 73 y 115, con objeto de establecer las bases constitucionales de la Ley General de Asentamientos Humanos, expedida el 26 de mayo de 1976.
Esa ley dedica un capítulo al tema de la conurbación y ordena a la Federación, las entidades federativas y los municipios la planeación y regulación conjuntas y coordinadas del fenómeno de conurbación que les competa.
Asimismo, fija la ocasión, el contenido y la forma en que deben celebrarse los convenios, los órganos que deben instituirse y el contenido de los programas de ordenación de zonas conurbadas para atender los requerimientos comunes en materia de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico e infraestructura.
Sin embargo, ese mecanismo de gestión conjunta, en el mejor de los casos, se ha limitado a la coordinación para la planeación del desarrollo metropolitano, sin que ello implique necesariamente comprometer la puesta en operación de políticas, acciones o inversiones comunes congruentes con el plan que surja de este proceso de concertación entre las entidades y los municipios involucrados.
Lo anterior impide la formulación de estrategias y políticas públicas que aborden de forma integral los problemas de las ciudades, dado que al supeditar las actuaciones metropolitanas sólo a instrumentos de coordinación, se subordina la solución de los complejos y profundos problemas de las metrópolis a un mecanismo que depende, casi exclusivamente, de la buena voluntad de los gobiernos de las entidades y de los municipios que intervienen en esos procesos de concertación.
Tal es el caso de los planes metropolitanos de desarrollo urbano, que han sido supeditados a las necesidades y prioridades de los gobiernos en turno y que difícilmente logran articularse en los programas de inversión o a los presupuestos públicos de los estados y los municipios.
Al deficiente marco jurídico y a la debilidad de los instrumentos de coordinación, habría que sumar la virtual desaparición de las políticas federales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y la ausencia de recursos para el financiamiento de proyectos y obras de dimensión metropolita en las conurbaciones interestatales e intermunicipales.
En el transcurso de los últimos años hemos presenciado cómo se ha diluido la política federal en materia de asentamientos humanos. Tal es el caso del Programa 100 Ciudades, en su momento considerado una de las principales actuaciones del Gobierno Federal para apoyar la planeación de las ciudades medias y realizar algunas obras dirigidas a ordenar el territorio y mejorar la gestión de los centros urbanos.
Dicho programa murió de inanición y dejó sin opciones de financiamiento la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal.
El Programa Hábitat, puesto en operación por el actual Gobierno Federal, no es ni pretende ser el eje articulador de la política nacional de desarrollo urbano, ya que tanto sus objetivos como sus actuaciones específicas lo convierten en un instrumento orientado a mitigar la situación de pobreza que enfrenta la población urbana, mediante acciones de mejoramiento barrial, vivienda, infraestructura social básica y acciones preventivas en zonas de riesgo.
En materia de financiamiento de grandes obras de infraestructura urbana de las zonas metropolitanas (transporte, vialidades, agua y servicios), la Federación ha dejado de intervenir.
Tal vez el caso más claro de ello es la construcción y ampliación del Metro en la Ciudad de México y las obras hidráulicas de la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), donde a partir de 1995 el financiamiento ha recaído exclusivamente en las autoridades del gobierno del Distrito Federal a través de la contratación de deuda pública.
Si bien es cierto que en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se considera un fondo de naturaleza estatal orientado exclusivamente a financiar obras de alcance regional o intermunicipal, dicho fondo, además de poco significativo en términos financieros, está orientado a financiar obras de infraestructura social básica vinculadas a los programas para superar la pobreza.
Por ello creemos que esa problemática debe motivar una reflexión que nos permita arribar a los acuerdos necesarios que posibiliten generar un nuevo esquema de gobierno y gestión de las ciudades metropolitanas, que cuente con la fuerza jurídica y financiera requerida para actuar de forma integral y unificada frente a los grandes desafíos de las metrópolis.
En este sentido, nos parece sumamente relevante que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2001-2006 advierta la necesidad de modificar la legislación para constituir organismos de gobierno y administración de las zonas metropolitanas, así como instancias de cooperación intermunicipal, y la integración de sistemas tributarios y recaudatorios coordinados intermunicipalmente.
En virtud de lo anterior y con el propósito de generar una fuente segura y continua de financiamiento de las acciones y obras de alcance metropolitano en las conurbaciones interestatales e intermunicipales, proponemos la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano.
Dicho fondo deberá incluirse en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación y regularse en la Ley de Coordinación Fiscal, que constituye hoy el instrumento jurídico más adecuado para asegurar la integración anual de una bolsa de recursos federales orientada específicamente a financiar obras y acciones de naturaleza metropolitana.
Ese fondo se integrará anualmente por un monto de recursos equivalentes a 2.5 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP); es decir, de acuerdo con la recaudación federal estimada para 2003, por alrededor de 22 262 millones de pesos.
Para garantizar el acceso de todas las ciudades conurbadas o en proceso de conurbación, el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se dividirá en dos fondos: uno orientado a financiar obras y acciones en las ciudades medias o poblaciones urbanas con más de 100 mil habitantes, y otro para apoyar la realización de obras en las zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes.
Cada uno participará de 50 por ciento de los recursos totales; es decir, una cantidad equivalente a 1.25 por ciento de la RFP, que de acuerdo con las estimaciones de 2003 significarían 11,131 millones de pesos para cada uno de los fondos.
Para la distribución de los recursos de ambos fondos, se proponen dos criterios básicos: la equidad y la proporcionalidad. Con ello garantizamos que todas las ciudades cuenten, en primer lugar, con un piso igual de recursos y, en segundo, que reciban recursos en proporción directa a su peso poblacional.
De esa forma evitamos desequilibrios en la asignación de los recursos que tiendan a privilegiar las ciudades grandes y consolidadas en perjuicio de los conglomerados urbanos en proceso de metropolización, que incluso mantienen una fragilidad financiera mayor que les dificulta destinar recursos fiscales propios para financiar esas acciones.
Por ello se propone que del Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades Medias, 40 por ciento se distribuya en partes iguales entre las ciudades con población de entre 100 mil y 1 millón de habitantes, y el restante 60 por ciento se reparta en proporción directa a la población de cada ciudad.
Así, aseguramos una cantidad igual de recursos a las ciudades que se encuentran en el rango señalado y después asignamos el restante 60 por ciento de acuerdo con su peso poblacional, estrechamente vinculado a la dimensión de sus necesidades.
Al dar más peso a la proporcionalidad, se evita castigar las ciudades con población que oscila entre 500 mil y 1 millón de habitantes.
Respecto al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, se propone utilizar los mismos criterios, pero asignando 60 por ciento de los recursos de ese fondo conforme al criterio de equidad, y el restante 40 por ciento en proporción directa a la población de cada zona metropolitana.
De ese modo se evita que la ZMCM, que cuenta con una población superior a 18 millones de habitantes, absorba la mayor cantidad de los recursos de ese fondo, en menoscabo de otras regiones como Guadalajara, Monterrey, Puebla y La Laguna.
Asimismo, la iniciativa refiere con claridad que los recursos de ese fondo se destinarán exclusivamente a financiar acciones y obras de carácter metropolitano vinculadas a la planeación y ordenación del territorio, infraestructura hidráulica, vialidades, transporte, seguridad pública y protección del ambiente.
Para la aprobación del financiamiento de obras o acciones, se proponen como criterios básicos la integración y el funcionamiento de las instancias de coordinación metropolitana que establece el Capítulo IV de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de estimular el funcionamiento efectivo de estos instrumentos de concertación para la gestión de los asuntos de las ciudades.
En el mismo sentido, se establece la obligación de que cada obra o proyecto que reciba financiamiento de este fondo guarde estricta congruencia con los planes de desarrollo urbano de los municipios o de ordenamiento territorial de las zonas metropolitanas. Con ello se alienta la adecuada planeación de las intervenciones urbanas de los gobiernos de las entidades y de los municipios.
Asimismo, se propone establecer como requisito ineludible la aportación de los gobiernos de las entidades y de los municipios para el financiamiento de las obras aprobadas, ya que ello multiplicará los recursos para atender de forma conjunta y concertada los problemas que comparten las conurbaciones.
Dicha aportación se efectuará de acuerdo con las capacidades financieras de cada entidad o municipio, para lo cual se fijarán criterios en las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
También se establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano se ejercerán a través de convenios que suscribirán las entidades y los municipios con la Secretaría de Desarrollo Social, y se disponen como criterios mínimos para los convenios la especificación de las obras o acciones por financiar, la aportación de las entidades o los municipios y la congruencia con los planes de desarrollo urbano o metropolitano.
Por último, y con objeto de otorgar transparencia y certeza al proceso de asignación de recursos y aprobación de los proyectos de inversión, se propone que la Secretaría de Desarrollo Social publique en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del fondo y la relación de ciudades que reúnan los requisitos referidos en la iniciativa, dentro de los 30 primeros días del ejercicio fiscal correspondiente.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 27, párrafo tercero, 73, fracción XXIX-C, y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales someten a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Unico. Se adiciona la fracción VIII al artículo 25 y los artículos 45 A, 45 B, 45 C y 45 D, para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
VIII. Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Metropolitano:
a) Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades
Medias; y
b) Fondo para el Desarrollo de Zonas Metropolitanas.
Artículo 45 B. El Fondo para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades Medias se destinará exclusivamente a financiar acciones y obras de alcance intermunicipal, interestatal o ambos de las ciudades con población de entre 100 mil y 1 millón de habitantes, de acuerdo con los datos del sistema urbano nacional y con base en la información más reciente que para el efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
La distribución de los recursos de este fondo se efectuará atendiendo los siguientes criterios:
b) 60 por ciento se distribuirá en proporción directa al número de habitantes que tengan las ciudades que reúnan las características referidas en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 45 C. El Fondo para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas se destinará exclusivamente a financiar obras de alcance intermunicipal, interestatal o ambos en las zonas metropolitanas cuya población sea superior a 1 millón de habitantes, de acuerdo con los datos del sistema urbano nacional y con base en la información más reciente que para el efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
La distribución de los recursos de este fondo se efectuará atendiendo los siguientes criterios:
d) 40 por ciento se distribuirá en proporción directa al número de habitantes de las zonas metropolitanas que reúnan las características referidas en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 45 D. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los primeros treinta días del ejercicio fiscal correspondiente, las Reglas de Operación de este fondo, y la relación de las ciudades que reúnan las características referidas en los artículos 45 B y 45 C de esta ley.
Para la aprobación del financiamiento de obras o acciones con cargo a este fondo, la Secretaría de Desarrollo Social deberá observar lo siguiente:
b) Que las entidades y los municipios beneficiados aporten, de acuerdo con su capacidad financiera, una parte del total de los recursos requeridos para las obras o acciones que se desarrollen con cargo a este fondo; y
c) Que las obras y acciones financiadas con cargo a este fondo guarden congruencia con los planes y programas de desarrollo urbano de los municipios, centros de población o de ordenamiento de las zonas metropolitanas.
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2003.
Diputados: Clara Marina Brugada Molina, Marcela Lagarde y de los Ríos, Angélica de la Peña Gómez, Lizbeth Rosas Montero, Narciso Agúndez Montaño, Juan García Costilla, José Luis Naranjo Quintana, David Ferreira Martínez, Valentín González Bautista, Irma Figueroa Romero, Francisco Chavarría Valdeolivar, Margarito Fierros Tano, Javier Salinas Narváez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Eliana García Laguna, Daniel Ordóñez Hernández, Iván García Solís, José Luis Cabrera Padilla, Elpidio Tovar de la Cruz, Yadira Serrano Crespo, Javier Manzano Salazar, Abdallán Guzmán Cruz, Sergio Magaña Martínez, Israel Tentory García, Marcelo Herrera Herbert, Rogelio Franco Castán, Enrique Torres Cuadros, Elba Garfias Maldonado, Angélica Díaz del Campo, Nancy Cárdenas Sánchez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Horacio Duarte Olivares, Dolores Padierna Luna, Guadalupe Morales Rubio (rúbricas).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano,
y de Presupuesto y Cuenta Pública. Noviembre 4 de 2003.)
QUE REFORMA DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES, PARA HACER PUBLICAS Y AUDITABLES LAS DECLARACIONES DE BIENES PATRIMONIALES, RENUNCIANDO AL SECRETO BANCARIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OSCAR GONZALEZ YAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Como consecuencia de la modificación del Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abarca los artículos 108 a 114, realizada al inicio de la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se expidió la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamentó lo referente a juicio político, a declaración de procedencia y a las responsabilidades administrativas. La reforma constitucional y legal antes mencionada se dio en el marco de la denominada renovación moral de la sociedad, sin embargo, sus propósitos, si bien es cierto fueron positivos, no lograron abatir los altos índices de corrupción generada fundamentalmente desde el interior del poder público.
En la administración que correspondió al sexenio 1988-1994, la corrupción de la Administración Pública alcanzó niveles insospechados, de tal forma, que servidores públicos deshonestos se aprovecharon de los cargos públicos para, indebidamente, conciliar la función pública con la realización de negocios particulares ilícitos. Empero, esa situación no fue sólo privativa de la administración pública, sino que permeó también a los Poderes Legislativo y Judicial.
El 13 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Responsabilidades Administrativas. En este ordenamiento se establece el régimen disciplinario y de responsabilidades de los Servidores Públicos que se indican en el artículo 108 constitucional.
Sin embargo, es necesario seguir pugnando para inhibir conductas deshonestas de los funcionarios públicos, hace unos días un importante funcionario federal de la Secretaría de Salud fue cesado de su cargo por actos de corrupción.
Por ello, se hace necesario que el Poder Legislativo, en ejercicio de sus funciones, se aboque a expedir las reformas legales necesarias a efecto de que la ciudadanía readquiera la confianza de las instituciones; por tanto, la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se basa en que las declaraciones patrimoniales que todo Servidor Público está obligado a presentar al correspondiente órgano de control interno, sean públicas y auditables, no sólo por la autoridad que corresponda, sino también, por los particulares.
Podrá argumentarse que en la situación de inseguridad por la que atraviesa nuestro país, el que se haga del conocimiento de la ciudadanía el patrimonio con el que cuenta un servidor público pueda crearle problemas a él y a su familia, sin embargo, esta situación es necesaria a efecto de que se conozca el monto total del patrimonio con el que cuenta un Servidor Público, al inicio de su encargo y el incremento patrimonial que resulta de la percepción de los emolumentos que ha dicho cargo corresponde.
Asimismo, proponemos la reforma del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el propósito de que en materia de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, no sea aplicable el secreto bancario, regulado en dicha ley.
De igual forma, se propone la adición de una fracción VI al Artículo 247 del Código Penal Federal, con el propósito de sancionar penalmente la falsedad de los datos que se incorporen en la declaración de situación patrimonial de un servidor público.
Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 36 y se deroga el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona un párrafo cuarto al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito; y se adiciona una fracción VI al artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 36 y se deroga el párrafo tercero del Artículo 40 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 36
...
Las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos serán públicas y auditables. La Secretaría dispondrá lo conducente para que esta disposición sea cumplida.
Artículo 40
...
...
Se deroga
...
...
...
...
Artículo Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 117
...
...
...
En materia de declaración de situación patrimonial prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no aplica el secreto bancario.
Artículo Tercero. Se adiciona una fracción VI al artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 247
...
VI. Al que proporcione información falsa en su declaración de situación patrimonial, sea al inicio del encargo, en la declaración anual o a la conclusión del mismo.
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil tres.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Alejandro González Yáñez (rúbrica), coordinador; Pedro Vázquez González (rúbrica), vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Francisco A. Espinosa Ramos (rúbrica).
(Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación,
y de Justicia y Derechos Humanos. Noviembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS FEDERALES COMPETENTES A QUE SE TOMEN MEDIDAS URGENTES CONTRA LA INFILTRACION DE PRODUCTOS DE CONTRABANDO POR PARTE DE CIUDADANOS Y DE MAFIAS EXTRANJEROS, PRINCIPALMENTE COREANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y Derechos Humanos, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Población Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
La mafia coreana, como una extensión de las mafias asiáticas, se ha establecido en nuestro país, teniendo como centro de operaciones las calles del Centro Histórico, principalmente Tepito, La Lagunilla, República de Argentina, El Carmen y hasta en departamentos de la Unidad Habitacional Tlatelolco.
Como parte de su estrategia de infiltración al mercado nacional, observan negocios establecidos y hacen ofertas atractivas para comprarlos, presionan a los propietarios hasta que aceptan vender sus negocios.
Después de arreglos y modificaciones a los locales, los usan como bodegas para almacenar diversas mercancías de procedencia ilícita, en su gran mayoría de origen chino.
Dicha mercancía ingresa al país con documentación apócrifa, para evadir impuestos y encubrir el contrabando, con la complicidad de las autoridades aduanales. La mercancía se puede observar y adquirir en las calles de esta ciudad y en los negocios ya establecidos, así como en todo el territorio nacional.
Esta mafia coreana contrata a menores de edad para vender y distribuir el contrabando, como parte de sus necesidades operativas.
Los coreanos, miembros de esta organización criminal ingresan a territorio mexicano, en su mayoría, en calidad de turistas, y ante la indiferencia de las autoridades migratorias permanecen y se establecen para cumplir sus fines ilícitos.
Hay quienes aseguran que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se mantiene una tarifa de 5 mil dólares por cada coreano que ingresa de manera ilegal; esto, en presunto contubernio de agentes federales y de migración.1
Mientras esta mafia extiende sus tentáculos a lo largo y ancho del territorio nacional, se apropia de negocios, utiliza a menores y a trabajadores nacionales, y crea una competencia desleal que destruye el comercio y la industria nacional, las autoridades desconocen el número de ciudadanos asiáticos que se encuentran en el país, cuándo entraron y cuándo deben abandonarlo.
La forma en que han evolucionado las organizaciones de contrabandistas es sorprendente. En menos de diez años, la mafia coreana ancló en México, y desde aquí ha extendido sus redes hasta Centroamérica, el sur de California y la Florida.
Todo ingresa al país a través de pequeñas bandas, pero también en barcos y furgones del ferrocarril, desde las fronteras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, así como los puertos marítimos de Veracruz y Manzanillo.
El poder económico de estas organizaciones es tal, que son dueños de sus propias embarcaciones y tienen un sistema logístico muy complejo y especializado.
De hecho, reportes de las mismas autoridades dicen que el control del barrio de Tepito pasó a manos de chinos y coreanos desde hace siete años, un dato que posteriormente confirmó un estudio que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM difundido en mayo de 2001.
En el estudio difundido en 2001 por la Universidad Nacional Autónoma de México se señala que tan sólo en el Distrito Federal radican cerca de 10 mil coreanos, la tercera parte de ellos en los alrededores de la Zona Rosa. De los aproximadamente 3 mil coreanos del área, encontraron que 2 mil trabajan en Tepito. Las otras dos terceras partes, dice el estudio, son de dudosa residencia y ocupación.
Los coreanos, de hecho, han afianzado su presencia en las tres principales ciudades del país. En Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, sus operaciones acentúan la violencia a la hora de aplicar sus métodos, y han llegado incluso a confundirse con los ajustes de cuentas que realizan los narcotraficantes.
En materia fiscal, agrupaciones empresariales y académicas coinciden con la necesidad de una simplificación administrativa, sencillez en el cálculo de impuestos, revisión de regímenes especiales y exenciones, reducción de la tasa del ISR (Impuesto Sobre la Renta) y el establecimiento de una tasa uniforme del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Además de la revisión de aranceles, ya que este tipo de barreras no han sido eficientes para proteger a la industria nacional.
Aranceles con porcentajes tan altos que hacen atractivo el contrabando, sería preferible establecer cuotas con las que se cubra el impuesto y se reduzca el contrabando.
El tema lleva más de tres décadas debatiéndose en los medios gubernamentales y académicos. En su esencia, hay dos razones elementales: una es que el gobierno tiene una excesiva dependencia fiscal respecto a los recursos petroleros y la otra razón es el sinnúmero de rezagos que caracterizan al país en materia de infraestructura física y social, así como en seguridad pública y educación, aunado a exigencias financieras producto del Fobaproa, los Pidiregas, las pensiones y el rescate carretero.
Por supuesto que los problemas en estos rubros no se reducen a un tema puramente financiero, pues sobra evidencia que apunta más a la corrupción, y la impunidad.
En este sentido, la reforma fiscal es necesaria, pero no será suficiente si no existe el imperio de la ley, y si no existe una estrategia integral que sea capaz de combatir frontalmente a este tipo de mafias asiáticas que se han convertido en organizaciones criminales que, como el narcotráfico, atentan contra la seguridad nacional.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a aclarar la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros, especialmente de origen coreano, que son presuntos miembros de organizaciones delictivas que trafican con productos de contrabando.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través del Servicio de Administración Tributaria, haga eficientes los esfuerzos en el combate al contrabando de mercancías y de evasión fiscal.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a implementar estrategias efectivas que promuevan el ingreso a la cadena productiva formalmente establecida para aquellas personas que comercian con bienes de procedencia ilícita.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y al Servicio de Administración Tributaria a crear una estrategia coordinada que sea capaz de combatir a estas organizaciones delictivas en nuestro país, tratando este problema como un asunto prioritario para la seguridad nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
Nota:
1 Jorge López Fuentes; La Mafia Coreana Invade
a México-Contubernio con Autoridades Aduanales. I www.lacrisis.com.mx/mafia010403.htm
(Turnada a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público, y de Seguridad Pública. Noviembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA PROMOVER Y CREAR EN QUINTANA ROO UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, POR EL ESTADO DE INDEFENSION EN QUE LOS CIUDADANOS SE ENCUENTRAN EN MATERIA DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESUS GONZALEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes
Considerandos
El estado de Quintana Roo alcanzó el estatus jurídico-político de entidad federativa el 8 de octubre de 1974, fecha desde la cual se rige con su propia Constitución Política y según el ordenamiento federal que prescribe también la división de poderes en el orden local, por lo que ese importante estado cuenta con un Poder Legislativo facultado para emitir las leyes necesarias para mantener la vigencia del orden jurídico en sus relaciones internas.
A pesar de la riqueza del estado en cuanto a recursos naturales, pródiga en hospitalidad y poseedora de gran cultura autóctona y colonial, la administración pública en la entidad ha venido a menos y parecería que a medida que los grandes y espléndidos centros turísticos del estado se han desarrollado, principalmente en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra el desarrollo turístico de Cancún, más evidente resulta el atraso administrativo, fiscal y conocimiento en estas materias cruciales en la vida de un polo de desarrollo de esta dimensión.
Es el caso evidente que el estado de Quintana Roo no cuenta con una instancia jurisdiccional administrativa para revisar los actos de autoridad en esa especialidad y a la fecha sea ya de los pocos estados que no han creado un tribunal de lo contencioso-administrativo que permita a los ciudadanos recurrir los actos arbitrarios en esa vía, por cierto cada día más notorios en el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, quien parece tener el deliberado propósito de situar en la Secretaría de Hacienda y en la Procuraduría Fiscal del estado a personas notoriamente incapaces y arbitrarias, a sabiendas de que contra sus actos violatorios de la garantía de legalidad no hay un recurso administrativo al cual recurrir y, necesariamente, el afectado tiene que interponer el juicio de amparo, con los gastos, las tardanzas y la falta de especialidad del juzgador federal que ello implica para resolver los conflictos.
Por esas razones y en vista de que Quintana Roo recibe cada día mayor número de inversiones en el ramo turístico, se hace indispensable que, en cumplimiento de las garantías de defensa del ciudadano, constituya el tribunal de lo contencioso-administrativo para la impartición de justicia fiscal y administrativa, en consonancia con el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución General de la República y su correlativo inciso 21 del artículo 75 de la Constitución del estado que resuelva las controversias tan constantes en la administración pública estatal y que sirva de contrapeso al crecimiento de la improvisación y del despotismo de las autoridades del Estado.
Esto se hace ineludible en el momento en que los estados solicitan mayor cuantía de recursos de la Federación, cuando en su régimen jurídico interno los ciudadanos contribuyentes carecen de instancias expeditas de justicia.
Por lo expuesto, solicito a esta H. asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita respetuosamente al H. Congreso del estado de Quintana Roo que se sirva estudiar, aprobar y emitir la Ley de Justicia Fiscal y Administrativa, para la constitución de un tribunal con facultades jurisdiccionales a fin de dirimir los conflictos que se presentan en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2003.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Noviembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SE BUSQUE UNA SOLUCION ADECUADA AL CONFLICTO LABORAL QUE UN GRUPO DE TRABAJADORES DEL INEGI TIENE CON ESA DEPENDENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO JAVIER VEGA Y GALINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
El suscrito, diputado federal Roberto Javier Vega y Galina, en ejercicio de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a resolver el conflicto laboral y económico con algunos de sus trabajadores que se encuentran en plantón permanente ante las oficinas de dicha secretaría en el Distrito Federal, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Desde 1997, un grupo de trabajadores del INEGI interpuso demandas laborales ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con motivo de diversas irregularidades de carácter laboral, ante las cuales la dirección de dicho instituto intentó realizar convenios de retiro voluntario con los demandantes, para que mediante el pago de una liquidación se desistieran de sus demandas laborales.
Aunado a lo anterior, los trabajadores eventuales se encuentran limitados en cuanto a los derechos a recibir las mismas prestaciones que los trabajadores de planta. El instituto no cubre al ISSSTE las cuotas correspondientes a los seguros de invalidez, vejez y muerte; adeuda a la fecha una cantidad que se estima en alrededor de 240 millones de pesos.
Los trabajadores no tienen estabilidad en el empleo y, en general, la situación laboral que priva deja mucho que desear.
Como consecuencia de lo anterior, desde el 22 de julio un grupo de esos trabajadores se encuentra en plantón permanente ante las oficinas de la SHCP en espera de ser atendidos y resuelta su problemática, sin que hasta la fecha hayan tenido avances.
Por esas razones apelo a su sentido de responsabilidad en busca de su apoyo para que la Cámara. de Diputados apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión formula un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dentro de los cauces legales, realice las gestiones necesarias para que se resuelva el conflicto laboral que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática tiene con un grupo de sus trabajadores que se encuentra en plantón permanente ante las oficinas centrales de dicha secretaría en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2003.
Dip. Roberto Javier Vega y Galina (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Noviembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD A INCORPORAR EN SUS OBJETIVOS Y PROGRAMAS LA ATENCION A NIÑOS Y JOVENES DE LA CALLE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MENDEZ SALORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
Jorge Antonio Kahwagi Macari, Manuel Velasco Coello, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Alvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Avila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Luis Antonio González Roldán, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Juventud y Deporte, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En el Partido Verde Ecologista de México reafirmamos nuestro compromiso con la juventud mexicana y asumimos como nuestras, sus causas, sus anhelos, sus ideales y sus luchas.
Sin lugar a dudas, nuestro partido se ha constituido como el partido joven de México. En la Cámara de Diputados, nuestro grupo parlamentario tiene, proporcionalmente, el mayor número de diputados jóvenes, y hemos presidido en anteriores Legislaturas la Comisión de Juventud y Deporte, posición desde la cual trabajamos con el Instituto Nacional de la Juventud de manera coordinada y respetuosa, logrando importantes acuerdos y reformas.
Cada día, millones de jóvenes reclaman oportunidades para apuntalar su presente y su futuro con opciones de estudio, capacitación y empleo que les ayuden a desarrollar su máximo potencial.
Sabemos que muchos de los problemas que enfrenta la juventud están en función de las características propias de los grupos sociales a los cuales pertenecen. En el medio rural, la falta de oportunidades los hace migrar fuera de sus comunidades para encarar situaciones de incertidumbre que generan frustración y desesperanza. En el medio urbano, los jóvenes estamos expuestos a innumerables riesgos, tales como delincuencia, deterioro social, violencia informativa, alcoholismo y drogadicción, entre otros.
Desafortunadamente, el Estado mexicano no ha podido responder a las demandas de empleo, salud y educación de millones de jóvenes en todo el país, especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes de la calle, cuya situación de miseria y pobreza convierte en víctimas fáciles para los traficantes, las mafias de la delincuencia organizada y las redes de prostitución.
Estos niños y jóvenes, que por diversas razones han recurrido a la prostitución, no tienen conocimiento de los riesgos en que se encuentran al incurrir en este tipo de prácticas, ya que, por ejemplo, no aplican ninguna medida de prevención contra el VIH-sida.
Las edades de estos infantes y adolescentes fluctúan entre los 12 y los 17 años de edad, por lo que, al ser población objetivo del Instituto Mexicano de la Juventud, se deben desarrollar programas que atiendan sus necesidades, tomando en cuenta que su problemática no solamente se debe a la desintegración familiar, sino principalmente a la pobreza.
Debemos construir un espacio en el que confluyamos los jóvenes que tengamos propuestas y soluciones a los problemas que nos aquejan, en donde pongamos como mira hacia el futuro la sustentabilidad, la autogestión de las comunidades, la autodeterminación y la soberanía de todos los pueblos e individuos.
La solución a los problemas que enfrentan los niños y jóvenes de la calle es un asunto que a todos nos concierne, pues sus consecuencias sociales socavan los fundamentos sobre los cuales se ha de construir nuestra sociedad futura.
Por todo lo anterior, y procurando atender las demandas de la población mexicana, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a incorporar dentro de sus objetivos la atención a niños y jóvenes de la calle y a que desarrolle programas que combatan las diferentes problemáticas que enfrentan estos sectores de la población.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2003.
Diputados: Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador; Manuel Velasco Coello (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Alvarez Romo (rúbrica), Jacqueline Argüelles Guzmán, María Avila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Avila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Noviembre
4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004 SE REALICEN LOS AJUSTES QUE PERMITAN QUE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL SE CONSIDEREN PARTE DE SU PATRIMONIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El Instituto Politécnico Nacional, fundado en el año de 1936, fue concebido como parte de un proyecto nacional de desarrollo definido en la Constitución Política de 1917; sus objetivos son democratizar la enseñanza para darle un carácter popular a la educación superior, formar técnicos al servicio del Estado y de esta manera impulsar la economía del país, mediante una explotación metódica de nuestra riqueza potencial, que afiance la independencia nacional y mejore los niveles de vida de las clases más necesitadas.
De acuerdo con las razones históricas que dieron origen al Instituto Politécnico Nacional, sus egresados no solamente deben estar debidamente preparados profesionalmente, sino además ser conscientes de su compromiso con las aspiraciones del pueblo, participar en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y contar con un elevado sentido de solidaridad social que les permita contribuir eficientemente a fortalecer nuestra independencia económica, de ahí la importancia de las actividades de vinculación, que se traducen en recursos autogenerados para alcanzar los fines de su origen histórico.
El artículo 27 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que:
II. Se constituirán con los recursos autogenerados del propio centro público de investigación de que se trate, pudiendo recibir aportaciones de terceros;
Para el cumplimiento de sus fines, contenidos en el artículo 3º de su Ley Orgánica, el ordenamiento le dota de diversas atribuciones y características. De igual forma, según el artículo 6º del citado ordenamiento, el patrimonio del Instituto Politécnico Nacional estará constituido, entre otros elementos, por los ingresos que obtenga por los servicios que preste.
Independientemente de su origen, cabe señalar que en todo momento los recursos patrimoniales del Instituto Politécnico Nacional son y han sido sujetos de la normatividad y procedimientos administrativos de control y fiscalización del gasto público por parte de las instancias correspondientes.
No obstante todo lo anterior, a partir del año 2000 el Instituto Politécnico Nacional ha sido requerido a efecto de que, en interpretación contraria a lo que dispone su Ley Orgánica y la Ley de Ciencia y Tecnología, entere sus ingresos propios en la Tesorería de la Federación, por estimarse dichos ingresos como recursos fiscales. Efectivamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha interpretado la normatividad de tal manera que se considere los ingresos propios o autogenerados por el IPN como "excedentes" que deberán ser depositados en la Tesorería de la Federación.
Dada la precaria situación económica y presupuestal que viven las instituciones de educación pública superior, en lo general el Instituto Politécnico Nacional, con esfuerzo e imaginación y con la colaboración de toda la comunidad politécnica, ha venido complementando los insuficientes recursos presupuestales que recibe mediante la obtención de ingresos propios (200 millones de pesos en 2003) y aplicándolos a resolver, en alguna medida, las múltiples necesidades que enfrenta. Verse ahora obligado a enterar sus recursos autogenerados a la Tesorería de la Federación significaría, en términos reales, un decremento respecto de lo que pudiera plantear el proyecto de asignación presupuestal sometido a la Cámara de Diputados para el próximo ejercicio fiscal, además de colocarlo en condiciones de discriminación, desventaja y desigualdad frente a otras instituciones públicas de educación superior.
La interpretación equivocada de la Secretaría de Hacienda es contraria a las disposiciones arriba mencionadas, lesionando seriamente el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y, por consiguiente, los intereses de la nación.
Conforme a las anteriores consideraciones y argumentos, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. En el dictamen de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2004 y del Presupuesto de Egresos de la Federación deberán precisarse con toda claridad la calidad y destino que, conforme a su naturaleza jurídica, deben tener los ingresos propios o autogenerados del Instituto Politécnico Nacional, reconociéndoles su carácter patrimonial y la libre disposición que de ellos puede hacer la institución educativa para el cumplimiento de sus fines.
Con un artículo que señale lo siguiente: los ingresos autogenerados del Instituto en ningún caso podrán ser considerados recursos de carácter fiscal de la Federación y, por lo tanto, no se entregarán al Gobierno Federal.
Lo anterior, sin demérito de que tales recursos deben ser sujetos de la normatividad y los mecanismos corrientes de control y fiscalización del gasto público federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Dolores Padierna Luna, Gilberto Ensástiaga Santiago, Emilio Serrano Jiménez, Salvador Martínez Della Rocca, Rosa María Avilés Nájera, Susana Manzanares Córdova, Alfonso Ramírez Cuéllar, Lizbeth Rosas Montero, Minerva Hernández Ramos, Edgar Torres Baltazar (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Noviembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXTENDER LA VIGENCIA DEL FIDEICOMISO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS E INTEGRAR EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES DE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR HUGO ISLAS HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
Me dirijo a ustedes para presentar a su consideración un proyecto de punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que en breve estudiaremos, se prevea la continuación del apoyo a las entidades federativas y a los municipios con recursos frescos provenientes de los excedentes de las ventas de hidrocarburos al exterior.
Existe gran número de obras que los gobiernos locales no han podido concluir, por falta de financiamiento y que representan acciones de dignificación y elevación de la calidad de vida de muchas comunidades.
Lo hago con la certeza absoluta de que la LIX Legislatura pasará a la historia como "la Legislatura del federalismo mexicano", por los acuerdos que habremos de tomar a lo largo de estos tres años, para favorecer el papel de los estados y de los municipios en el desarrollo nacional.
Recordemos que en el país aspiramos a detonar el crecimiento y lograr una mejor distribución de la riqueza, a partir de la revisión de las relaciones fiscales, sociales y de gobierno entre los tres órdenes políticos que define la Constitución.
Esta aspiración será viable sólo si logramos una mejor distribución de los recursos públicos y si apostamos de manera decidida a reducir la actual dependencia financiera de los gobiernos locales respecto del federal.
La vía del desarrollo regional es una alternativa seria y realista para que el crecimiento, las obras, los empleos y los servicios se expandan en todo el país y no continúen concentrándose en unas cuantas metrópolis.
Una de las respuestas al desarrollo sostenido en los países industrializados ha sido el fortalecimiento de sus gobiernos regionales locales, constituyéndolos en auténticos subsistemas económicos y sociales.
En esos regímenes, los gobiernos locales ejercen cerca de 40 por ciento del ingreso público nacional y aproximadamente 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en promedio.
Cabe preguntarnos cuándo será posible una situación similar en México, señalado como la octava economía del planeta, con una participación de 2 por ciento del PIB y 5 por ciento del ingreso nacional para nuestras regiones.
Por eso afirmamos que la gobernabilidad y la viabilidad futura del país pasan por poner en manos de los gobiernos locales una parte más sustancial del ingreso y de las responsabilidades del ejercicio de las políticas del desarrollo nacional.
Con esos antecedentes, recuerdo a ustedes, compañeros legisladores, que el año pasado, por disposición de esta soberanía, se estableció en el artículo 21, inciso j), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003 que los recursos excedentes derivados de la venta del petróleo mexicanos al extranjero se destinaran de la manera siguiente: 25 por ciento, al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros; 25 por ciento, a mejorar el balance económico del sector público federal; y 50 por ciento, a gasto de inversión en infraestructura en las entidades federativas, distribuido conforme a la estructura porcentual del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública de 2001.
El secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal manifestó que la expectativa del precio de la mezcla mexicana de petróleo era de 24 dólares el barril para todo el año.
Eso permitiría al Gobierno Federal obtener ingresos extraordinarios por un importe aproximado a 44 mil 565 millones de pesos, de los cuales -conforme a lo indicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal señalado- se distribuirían 15 mil 440 millones de pesos al gasto no programable, fundamentalmente al pago de intereses de la deuda; y 15 mil 125 millones de pesos, a cubrir el déficit de los ingresos por una sobreestimación de la recaudación.
De esa forma se tendrían 14 millones de pesos de ingresos excedentes netos, de los cuales 7 mil millones de pesos se entregarían a las entidades federativas para infraestructura, 3 mil 515 millones de pesos ingresarían en el Fondo de Estabilización Petrolera y 3 mil 515 millones de pesos servirían para pagar la deuda.
Además, se buscaría un esquema para tratar de entregar dichos recursos antes de diciembre de 2003.
Conforme a lo anterior, la Secretaría de Hacienda creó un fideicomiso de inversión en infraestructura en los estados, que no entró en operación hasta mayo del presente año, señalando los lineamientos de operación correspondientes.
Hasta entonces, cada entidad se dio a la tarea de preparar sus requerimientos, pero resultaron de su aplicación los problemas siguientes:
2. Por la naturaleza del Presupuesto de Egresos de la Federación, este fideicomiso se extinguirá el 31 de marzo del próximo año; y
3. Por no haberse señalado en el texto de su disposición la participación de los municipios, éstos han sido por lo general excluidos de esa fuente de financiamiento con recursos de la Federación.
Punto de Acuerdo
Unico. Que esta soberanía apruebe que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se mantenga la previsión de canalizar los ingresos excedentes por la venta de petróleo a inversión en infraestructura en los estados, considerando que esos ingresos se apliquen también al financiamiento de proyectos de infraestructura de impacto social que presenten los ayuntamientos del país, dentro de los requerimientos de los gobiernos de los estados.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 4 de octubre de 2003.
Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
Diputados: Abel Echeverría Pineda, Abraham Velázquez Iribe, Adrián Villagómez García, Ady García López, Alberto Jiménez Merino, Alejandra Méndez Salorio, Alejandro González Yánez, Alfonso González Ruiz, Alfonso Rodríguez Ochoa, Alfonso Sánchez Hernández, Alfredo Gómez Sánchez, Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Guillén Quiroz, Angel Buendía Tirado, Antonio Mejía Haro, Armando Leyson Castro, Armando Neyra Chávez, Arturo Alcántara Rojas, Arturo Nahle García, Arturo Osorio Sánchez, Arturo Robles Aguilar, Belizario Herrera Solís, Benjamín Sagahón Medina, Blanca Estela Gómez Carmona, Carlos Blackaller Ayala, Carlos Mireles Morales, Carlos Rovirosa Ramírez, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, César Amín González Orantes, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Concepción D. Castañeda Ortiz, Consuelo Rodríguez de Alba, Cristina Díaz Salazar, Cruz López Aguilar, David Hernández Pérez, Dolores Gutiérrez Zurita, Eduardo Bailey Elizondo, Eduardo Olmos Castro, Elizabeth Sotelo Ochoa, Emilio Badillo Ramírez, Emilio Chuayfett Chemor, Emilio Serrano Jiménez, Enrique Burgos García, Enrique Escalante Arceo, Enrique Torres Cuadros, Ernesto Alarcón Trujillo, Esteban Valenzuela García, Eugenio Mier y Concha Campos, Evelia Sandoval Urbán, Federico Barbosa Gutiérrez, Félix González Canto, Fernando Ulises Adame de León, Filemón Arcos Suárez, Florencio Collado Gómez, Florentino Domínguez Ordóñez, Francisco Arroyo Vieyra, Francisco Frías Castro, Francisco Grajales Palacios, Francisco Herrera León, Gaspar Avila Rodríguez, Gonzalo Alemán Migliolo, Gonzalo Guízar Valladares, Gonzalo Rodríguez Anaya, Gonzalo Ruiz Cerón, Guillermo Aréchiga Santamaría, Guillermo del Valle Reyes, Guillermo Huízar Carranza, Guillermo Zorrilla Fernández, Gustavo Moreno Ramos, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Heliodoro Díaz Escárraga, Homero Díaz Rodríguez Humberto Cervantes Vega, Humberto Filizola Haces, Inelvo Moreno Alvarez, Israel Tentory García, Ivonne Ortega Pacheco, J. Miguel Luna Hernández, Jacobo Sánchez López, Jaime Fernández Saracho, Jesús Angel Díaz Ortega, Jesús Lomelí Rosas, Jesús Morales Flores, Jesús Ramón Valdés, Jesús Zúñiga Romero, Jorge Kahwagi Macari, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Jorge Ortiz Alvarado, Jorge Uscanga Escobar, Jorge Utrilla Robles, José Alarcón Hernández, José García Ortiz, José Luis Flores Hernández, José Luis Naranjo Quintana, José Mario Wong Pérez, José Rangel Espinosa, Juan Antonio Gordillo Reyes, Juan Manuel Dávalos Padilla, Juan Pérez Medina, Juan Vega Rayet, Julián Nazar Morales, Julio César Córdova Martínez, Laura Martínez Rivera, Lázaro Arias Martínez, Leticia Gutiérrez Corona, Lino Celaya López, Luis Antonio González Roldán, Luis Antonio Ramírez Pineda, Luis Felipe Madrigal Hernández, Luis Medina Lizalde, María del Carmen Izaguirre Francos, María Isabel Maya Pineda, Manlio Fabio Beltrones, Manuel Velasco Coello, Marcela Guerra Castillo, Marcelo Tecolapa Tixteco, Marco Antonio García Ayala, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Marco Antonio Torres Hernández, Margarita Martínez López, Margarito Fierros Tano, María de Jesús Aguirre Maldonado, María Hilaria Domínguez Arvizu, Mario Carlos Culebro Velasco, Mario Moreno Arcos, Mayela Quiroga Tamez, Miguel Angel Yunes Linares, Miguel Osorio Chong, Moisés Jiménez Sánchez, Nora Elena Yu Hernández, Omar Bazán, Oscar Bitar Haddad, Oscar Félix Ochoa, Oscar Pimentel González, Oscar Ramos Salinas, Oscar Rodríguez Cabrera, Pablo Anaya Rivera, Pablo Bedolla López, Pablo Pavón Viñales, Pascual Sigala Páez, Paulino Canul Pacab, Paulo Tapia Palacios, Pedro Avila Nevares, Quintín Vázquez García, Rafael Galindo Jaime, Raúl Mejía González, Raúl Pompa Victoria, Rebeca Godínez y Bravo, René Meza Cabrera, Roberto Campa Cifrián, Roberto Vega y Galina, Rogelio Rodríguez Javier, Rogelio Rueda Sánchez, Roger Alcocer García, Rómulo I. Salazar Macías, Rosalina Mazari Espín, Rosario Herrera Ascencio, Rubén Figueroa Smutny, Salvador Sánchez Vázquez, Sami David David, Sara Rocha Medina, Sergio A. Magaña Martínez, Sergio Posadas Lara, Sonia Rincón Chanona, Ubaldo Aguilar Flores, Valentín González Bautista, Víctor Alcerreca Sánchez, Víctor González Huerta, Wintilo Vega Murillo, Zeferino Torreblanca Galindo.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Noviembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INTEGRAR UNA COMISION ESPECIAL QUE REVISE LA DEBACLE DE LOS SECTORES PESQUERO Y OTROS COLATERALES AFECTADOS EN CAMPECHE, RELACIONADOS CON LA EXPANSION DE PEMEX EN LA SONDA DEL MISMO NOMBRE, E INSTRUMENTAR UNA PARTIDA ADICIONAL PARA SU RESCATE Y DESARROLLO INTEGRAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
Exposición de Motivos
En ocasiones diversas hemos escuchado con atención las demandas vertidas en esta tribuna a efecto de establecer comisiones especiales o tratos mejores a los ingresos de las entidades federativas, e incluso de los ayuntamientos, todos relacionados con la actividad de Pemex y con los excedentes por la venta del hidrocarburo.
Los mexicanos de Campeche siempre hemos apoyado esas iniciativas considerando que el petróleo y sus beneficios son de la nación de todos los mexicanos y que por justicia las entidades federativas petroleras merecen un mejor trato.
Hace casi ya 25 años Pemex arribó a Ciudad del Carmen, Campeche, para explorar y explotar la riqueza que yacía en el subsuelo de nuestra plataforma continental, y por el bien de México los recibimos con el mejor ánimo. Ahora bien, actualmente la sonda de Campeche, donde se encuentra el complejo Canterell, considerado por propios y extraños como "la joya de la corona mexicana", produce para nuestro país 75% del crudo nacional y 30% de gas natural, en sus 225 plataformas.
Campeche y su pueblo no puede más que ser solidario con el resto de los estados hermanos, aun cuando se ha restringido el 80% de nuestras áreas de pesca; es decir, de los 38,674 kilómetros cuadrados, identificados por el Atlas Camaronero, en 1960 para la captura del camarón quedaban en el 2001 únicamente 8,825 kilómetros cuadrados; aun cuando se ha sacrificado a las 650 embarcaciones camaroneras que atracaban en los puertos de Carmen y Lerma, Campeche, y de los que actualmente no hay más de 160 barcos. Por si fuera poco, la Secretaría de Marina, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de septiembre de 2003, ha ampliado las áreas de restricción en aras de la seguridad de nuestra industria petrolera, por temor a los ataques terroristas, con lo que la restricción llega al 95%. Y los campechanos lo entendemos pacientemente y continuamos sacrificando nuestro sector pesquero, sustento de nuestra economía local.
Pero el rosario de problemas no cesa ahí. El sector pesquero generaba entre 1975 y 1980 alrededor de 27 mil empleos directos e indirectos de los que sólo quedan menos de 3 mil, y de los cuales el 50% son temporales.
De las 19 plantas procesadoras que existían en la geografía estatal, sólo quedan 5 y operan únicamente 120 días por año. De los 15 astilleros que cada temporada enriquecían nuestra flota, se han reducido a 3.
El número de varaderos ascendía a 20, actualmente subsisten 7.
En 1950, año en que se levantó el primer registro de captura, se obtuvo un total de 3,772 toneladas. Nuestra cifra récord llegó felizmente en 1978 a más de 25 mil toneladas. La debacle inició en los ochenta, y para 1990 la captura del crustáceo decreció hasta las 8 mil toneladas. La cifra de 2001 es verdaderamente penosa: solamente alrededor de 1,200 toneladas. Se han perdido muchos millones de dólares en todos estos años, y con ello, la esperanza de miles de familias vinculadas al sector.
Tomando como base la cifra de captura de 1989 que fue de 12,123 toneladas, hasta 2001, se ha dejado de pescar 62,582 toneladas, cuyo valor comercial en el mercado internacional, considerando su procesamiento, habría alcanzado una cifra que supera los de 750 millones de dólares americanos. Esta cifra quizá sea pequeña comparada con las que obtiene algún otro estado por sus procesos industriales.
La problemática que genera la industria petrolera en mi estado no sólo ha afectado al sector pesquero, también la sociedad ha padecido sus estragos al crear un espejismo de empleo en Ciudad del Carmen. La migración hacia este punto ha rebasado los límites de cualquier autoridad municipal para la provisión de bienes y servicios públicos.
El sector agrícola ha sufrido desbandada, y hoy hacemos grandes esfuerzos por recuperar el potencial que nuestro campo solía tener.
Siendo Campeche la entrada de la península de Yucatán, no cuenta aún con un amalgamiento carretero confiable con el resto del país. Esta cintura geográfica, en la cual está situada la entidad, la hace ser una auténtica bisagra en el desarrollo y modernización de las comunicaciones de la región.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por nuestro país y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 12 de mayo de 1981, en su artículo 1, numeral 2, señala lo siguiente: "Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia."
El artículo 15, numeral 2, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México y publicado en el DOF de fecha 24 de enero de 1991, establece en su parte conducente que: "Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades".
La Carta de la Organización de Estados Americanos, suscrita por México y publicada en el DOF el día 13 de enero de 1949, conviene en su artículo 34: "...la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo..."
La relación Campeche-Pemex no debe ser considerada como un matrimonio mal avenido. Tendremos que coexistir en paz: Campeche, comprendiendo hiper vide este severo problema únicamente por el bienestar de México; y Pemex y la SHCP siendo la mancuerna detonante y palanca del desarrollo económico del estado, y en particular del rescate de nuestro sector pesquero.
Que quede muy claro, Pemex no es nuestro enemigo, sino nuestro mejor aliado. Así lo ha dicho el gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, y así lo secundamos.
Han fracasado todos los intentos de resarcir estos males para cubrir la deuda histórica que México ha contraído con Campeche, pues actualmente mi estado sólo recibe de nuestra empresa insignia el equivalente a 130 millones de pesos en efectivo y en especie, lo que no representa ni el 4% de nuestro presupuesto anual.
De la SHCP, Campeche sólo ha recibido paliativos, fundándose en que el complejo Cantarell se ubica en la zona económica exclusiva de México y que el artículo 27 constitucional no permite a Campeche el mismo tratamiento que se da a otros estados de nuestra región, ya que éstos tienen sus pozos en tierra firme.
El bienestar de las regiones de nuestra nación no puede construirse exclusivamente basándose en argumentos legalistas e ignorar pasivamente la urgencia de los ciudadanos de donde quiera que éstos sean; también se requiere sumar a este criterio el factor invaluable de la justicia, por la que ahora Campeche clama.
Consideraciones
I) Que el complejo Cantarell, ubicado en la sonda de Campeche, produce 75% del crudo nacional y 30% del gas natural en sus 225 plataformas;
II) Que dada la expansión de dicho complejo petrolero las áreas de pesca identificadas por el Instituto Nacional de la Pesca se han restringido hasta en un 95%;
III) Que la merma ocasionada en el sector pesquero de Campeche en el número de embarcaciones, así como los empleos e infraestructura que éste generaba ha afectado el cimiento de la economía local;
IV) Que es necesaria la colaboración Federación-estado para impulsar la recuperación del sector pesquero, el fortalecimiento de la infraestructura carretera, así como para reforzar la hacienda pública de los municipios más afectados por la industria petrolera;
V) Que para lograr este esquema de colaboración es necesaria la comprensión sobre las afectaciones y disposición para solucionarlas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos;
VI) Que el estado de Campeche valora en toda su dimensión la importancia de nuestra industria petrolera y los beneficios de la expansión de Petróleos Mexicanos en la entidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 42 y 43, así como lo establecido en los artículos 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulo al Pleno de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para integrar una comisión especial que revise a profundidad la debacle del sector pesquero y otros sectores colaterales afectados en el estado de Campeche relacionada con la expansión de Pemex en la sonda del mismo nombre, para instrumentar una partida adicional para su rescate y desarrollo integral, conforme al siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se crea la comisión especial que revise a profundidad la debacle del sector pesquero y otros sectores colaterales afectados en el estado de Campeche relacionados con la expansión de Pemex en la sonda del mismo nombre, para instrumentar una partida adicional para su rescate y desarrollo integral.
Segundo. La constitución de la presente comisión especial deberá realizarse conforme a lo previsto por los numerales 1, 2 y 3 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La comisión especial en comento deberá rendir informe sobre los aspectos generales de las afectaciones causadas por la expansión de Pemex, especialmente por causa del complejo Cantarell, en el estado de Campeche.
Cuarto. El informe que rinda la comisión especial deberá, con toda oportunidad, hacerse del conocimiento del Pleno antes de ser aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, y turnado a las comisiones ordinarias respectivas a efecto de que resuelvan lo conducente.
Transitorio
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Por el Partido Revolucionario Institucional: Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Dip. Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.
Por el Partido Acción Nacional: Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Dip. Sebastián Calderón Centeno (rúbrica).
Por el Partido de la Revolución Democrática: Dip. Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Noviembre 4 de 2003.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, VICENTE FOX QUESADA, QUE DURANTE SU GIRA DE TRABAJO POR ARIZONA, NUEVO MEXICO Y TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EXHORTE A LOS GOBERNADORES DE DICHOS ESTADOS A QUE OTORGUEN SU APOYO PARA ALCANZAR A LA BREVEDAD UN ACUERDO MIGRATORIO ENTRE AMBAS NACIONES, SUSCRITA POR LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PAN, PRD, PVEM, PT Y CONVERGENCIA, EN LA SESION DEL MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2003
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios citados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos ante esta soberanía con objeto de solicitar que se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, a que durante su gira de trabajo que realizará del 4 al 6 de noviembre del año en curso por los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América, exhorte a los gobernadores de dichos estados a que otorguen su apoyo ante las instancias competentes del gobierno de aquel país a favor de alcanzar a la brevedad un acuerdo migratorio entre ambas naciones, en particular para que se dicten las disposiciones pertinentes a efecto de garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales que trabajan en esas entidades, independientemente de su situación migratoria.
Dicho punto de acuerdo se plantea al tenor de las siguientes
Consideraciones
Mediante decreto emitido por el honorable Congreso de la Unión en fecha 30 de octubre del año en curso, se autorizó la solicitud del ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentase del territorio nacional con objeto de realizar entre los días 4 y 6 de noviembre del año en curso una gira de trabajo por los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, Estados Unidos de América.
Al autorizar la referida solicitud, tanto la colegisladora como esta soberanía consideraron que el propósito fundamental de la referida visita será ampliar y profundizar las relaciones políticas, comerciales y sociales de México con tres de los estados de la Unión Americana colindantes con nuestro país a los que emigra una gran cantidad de connacionales.
La agenda de trabajo que propone realizar el Ejecutivo federal se constituirá principalmente en tres puntos principales:
2) Promoción económica y de inversión; donde expondrá la necesidad de reactivar las economías con el impulso del comercio bilateral y regional, sosteniendo reuniones de trabajo con organismos empresariales y empresarios en lo particular. Asimismo, el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos llevará la preocupación por contar con una frontera en la que el flujo de bienes y de personas sea expedito y ordenado, conciliando las preocupaciones de seguridad que existen entre ambas naciones.
3) Diálogo y atención a las comunidades mexicanas; con el motivo del crecimiento constante de la población mexicana en los Estados Unidos de América desde la década de los setenta se requiere de una mayor atención y articulación de las mismas, por tal motivo sostendrá un diálogo franco con dicha comunidad para el conocimiento de sus principales problemas y evaluar los avances del recientemente creado Instituto de los Mexicanos en el Exterior y su Consejo Consultivo, además de que divulgue el avance en el proceso de reforma constitucional relativa a nacionalidad que recientemente aprobó esta soberanía y que se encuentra actualmente en su fase de análisis y discusión en las Legislaturas de los estados.
En razón de lo anterior, los grupos parlamentarios en esta honorable Cámara de Diputados antes señalados reconocen la importancia de nuestra relación con los tres estados de la Unión Americana que visitará el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, por lo que en atención a los argumentos antes referidos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico: Se exhorta al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, a que en la gira de trabajo que realizará del 4 al 6 de noviembre del año en curso por los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos de América, exhorte a los gobernadores de los mismos con objeto de que otorguen su apoyo ante las instancias competentes del gobierno de aquel país a fin de agilizar las gestiones para que a la brevedad pueda concretarse un acuerdo migratorio que permita el tránsito de personas en condiciones de seguridad y respeto para sus derechos humanos y en particular para que se dicten las disposiciones pertinentes a efecto de garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales que trabajan en esas entidades, independientemente de su situación migratoria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de noviembre de 2003.
Dip. Elba Esther Gordillo Morales (rúbrica), Presidenta y coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Dip. Pablo Gómez Alvarez (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Dip. Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dip. Alejandro González Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica p.a.), coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
(Aprobada. Comuníquese. Noviembre 4 de 2003.)
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 23 de octubre de 2003 le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape y Almirante Marco Antonio Peyrot González para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Federal de Alemania y de la República Italiana, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Almirante Marco Antonio Peyrot González, secretario de Marina, para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la República Italiana, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia
Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica),
secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio
Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño
(rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo
Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García,
Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González
Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López
Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo
Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica),
Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María
Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 23 de octubre de 2003 le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Allan Nahum Kaim, Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo y Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiuh Velazco Bernal para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos de la República Federal de Alemania, de la República Argentina y del Reino de España, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Allan Nahum Kaim para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Comendador, que le confiere el gobierno de dicho país.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Contralmirante CG DEM Eduardo Roberto Zúñiga Martín del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Naval a los Servicios Distinguidos, que le confiere el Gobierno de la República Argentina.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Artillería DEM Adolfo Héctor Tonatiuh Velazco Bernal, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia
Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica),
secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio
Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño
(rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo
Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García,
Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González
Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López
Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo
Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica),
Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María
Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 23 de octubre del año en curso le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky, Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas y Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial; Cruz de la Marina de la Defensa Nacional, y de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que les confieren los gobiernos de las Repúblicas del Perú, de Guatemala y Federal de Alemania, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Mtro. Isaac José Woldenberg Karakowsky para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República del Perú.
Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas para aceptar y usar la condecoración Cruz de la Marina de la Defensa Nacional, que le confiere el Gobierno de la República de Guatemala.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Lic. Francisco Alfonso Durazo Montaño para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia
Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica),
secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio
Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño
(rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo
Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García,
Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González
Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López
Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo
Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica),
Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María
Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO TOMAS ROBERTO GONZALEZ SADA PARA QUE PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO DE JAPON EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CON CIRCUNSCRIPCION CONSULAR EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 21 de octubre de 2003, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el día 23 de octubre del año en curso se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Proyecto de Decreto
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Tomás Roberto González Sada para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Japón en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia
Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica),
secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio
Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño
(rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo
Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García,
Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González
Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López
Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo
Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica),
Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María
Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE LA EMBAJADA DE ESE PAIS EN MEXICO
A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 23 de octubre del año en curso le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes López Salinas, Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo, María Cristina López Villafranco, Ignacio Martínez Morales, Everardo Massé Bautista, Luis Antonio Melgoza Martínez, Ana Margarita Ortega Ramírez, María de Jesús Reyes Alvarez y Héctor Abel Soriano Velasco para prestar servicios en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado, y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Lourdes López Salinas para que pueda prestar sus servicios como auxiliar contable en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Stephanie Francesca Marina de la Torre Cattaneo para que pueda prestar sus servicios como auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María Cristina López Villafranco para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Ignacio Martínez Morales para que pueda prestar sus servicios como vigilante en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Everardo Massé Bautista para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Luis Antonio Melgoza Martínez para que pueda prestar sus servicios como empleado auxiliar en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Ana Margarita Ortega Ramírez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Octavo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana María de Jesús Reyes Alvarez para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Héctor Abel Soriano Velasco para que pueda prestar sus servicios como intendente en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de ese país en México.
Sala de Comisiones de la Cámara Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de octubre de 2003.
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica),
Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Claudia
Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Avila (rúbrica),
secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
Fernando Alvarez Monje, Pablo Bedolla López (rúbrica), Manlio
Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), José Luis Briones Briceño
(rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo
Espinoza Pérez (rúbrica), Fernando Fernández García,
Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González
Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López
Núñez, Germán Martínez Cázares, Guillermo
Martínez Nolasco (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala (rúbrica),
Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María
Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
Sergio Vázquez García, Wintilo Vega Murillo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF.
1. Petróleos Mexicanos ha dado a conocer que pese a los cuestionamientos severos de diversos sectores de la sociedad, ha otorgado contratos a grupos empresariales que incluyen a trasnacionales, para que éstos realicen actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el territorio nacional en forma paralela a nuestra empresa pública, según el llamado "modelo genérico de contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios", comúnmente conocido como contrato de servicios múltiples (CSM).
El Artículo 27 de nuestra Constitución es muy preciso: "Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales (...) el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, líquidos o gaseosos (...) Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos (...)"
El texto constitucional no deja lugar a dudas: la producción de hidrocarburos no es materia de contratos. Señor Director, para el Partido de la Revolución Democrática los Contratos de Servicios Múltiples no se apegan al marco jurídico vigente. Su puesta en marcha viola la letra y el espíritu de la Constitución y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Es un contrato de riesgo que PEMEX ha buscado disfrazar como contrato de servicio.
Ante el empecinamiento de su administración por impulsar la participación de empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, en la renta petrolera mexicana, le preguntamos, ¿cuál es según Usted el sustento legal de dichos contratos? De entrada, nos parece inaceptable que en materia de producción petrolera, PEMEX pueda ser sujeto a la jurisdicción de la Cámara de Comercio Internacional, en Paris, Francia. Además, desde la perspectiva del desarrollo estratégico de nuestra industria petrolera ¿no le parece que los contratos de servicios múltiples van en el sentido de hacer a mediano plazo de PEMEX una simple agencia de supervisión de la actividad petrolera? ¿porqué los contratos dan tanta ventaja a los particulares? Por cuestión de tiempo enumero sólo algunos:
El contratista estaría sujeto al ISR. Los otros impuestos, derechos o gravámenes a que esté sujeto entran como un componente del costo. El pago del IVA corre por cuenta de PEMEX. Así, el régimen fiscal petrolero subyacente en el contrato es muy favorable para el contratista.
El contratista tendría derecho a conservar copias de toda la información geológica, técnica y económica que se obtenga sobre el bloque durante la vigencia del contrato. Al término del mismo deberá destruir las copias, inutilizarlas o entregarlas al Gerente de Operación de Contratos. No seamos ingenuos: a pesar de esta precaución es obvio que el contratista contará y conservará para él, más y mejor información técnica y económica que PEP.
Por todo lo expuesto el PRD se opone firmemente a los contratos de servicios múltiples.
2. Este fin de semana se nos ha anunciado la construcción de megaproyectos de refinación, algunas informaciones nos dicen que se utilizarían para la producción principalmente de etilenos, producto básico que ya está siendo elaborado en nuestras actuales instalaciones de PEMEX, pero como otros proyectos que su administración está impulsando, no hay claridad respecto al beneficio y desarrollo que representan para el país, por lo que le solicitamos nos pueda proporcionar a la brevedad toda la información respectiva, ya que presumimos que no deberá ser en detrimento de nuestras actuales capacidades de producción.
Uno de los proyectos en el ámbito de la refinación que más han llamado la atención de la opinión pública, entre otras razones por el gran despliegue publicitario del que ha sido objeto (no quisiéramos pensar que por razones asociadas al futurismo veracruzano blanquiazul), es el de la reconfiguración de la Refinería Lázaro Cárdenas del Río en Minatitlán, Veracruz. Sin duda, la recuperación de la autosuficiencia en materia de refinados y en particular de las llamadas "gasolinas limpias", debe ser un objetivo estratégico de una empresa de la envergadura de PEMEX y, sobre todo, de una nación como la nuestra. Sin embargo, hasta donde sabemos, en el costo de inversión del proyecto, no se incluye el de las obras que estarían vinculadas necesariamente al mismo para darle plena viabilidad. Un proyecto como el de la refinería de Minatitlán, requeriría también de un nuevo poliducto de 12 pulgadas para distribuir las nuevas gasolinas que fuera de Minatitlán a Puebla, lo que implica una longitud de 560 kilómetros. Este poliducto necesitaría de al menos cinco estaciones de bombeo en su trazado. Además, debería considerarse un ducto de 12 pulgadas de diámetro y 27 kilómetros de longitud hacia la Terminal de Pajaritos; así como un oleoducto de 24 pulgadas igualmente entre Pajaritos y Minatitlán. Señor Director: Especialistas en la materia estiman que el costo de estas obras asociadas al proyecto podría avecindar los 1,800 millones de pesos. Pero más allá del costo que pudieran tener, tras las amargas experiencias en Cadereyta y Ciudad Madero, y dado que los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda en estos casos, señalan que los proyectos no deben fraccionarse; le inquirimos ¿porqué se fraccionó el estudio del proyecto de la Refinería Lázaro Cárdenas? ¿cómo incide esta fragmentación en la tasa interna de retorno del mismo? Por otra parte, ¿qué resultados en términos de producción gasolina han tenido los trabajos en Cadereyta, Ciudad Madero, Salamanca y Tula? ¿a cuánto asciende la inversión total realizada hasta la fecha en esos lugares?
Siguiendo con el tema de la refinación, es importante señalar que uno de los aspectos más opacos, desde hace algunos años, es el relacionado con las inversiones de Petróleos Mexicanos en el extranjero. De manera que seré directo señor director: ¿dónde y bajo qué condiciones tiene inversiones PEMEX en el extranjero? ¿de qué naturaleza son los contratos, alianzas o convenios -le pedimos nos aclare este punto, pues al parecer implicaron la construcción de plantas coquizadoras- que PEMEX tiene con Exxon Mobil en Baytown, Texas; con la Coastal Aruba Refining Company y con la Port Arthur Coker Company? Como usted bien sabe, esos tres contratos implican el procesamiento de más de 320,000 barriles diarios de crudo.
Pero el caso emblemático de inversión en el extranjero es la alianza con Shell en Deer Park. Aquí se refinan 340,000 barriles diarios de los cuales 200,000 barriles del tipo maya son proporcionados por PEMEX, pese a que el convenio establece obligaciones compartidas a la mitad. Para empezar Ingeniero Muñoz Leos ¿cuál es la situación general actual de esta refinería? ¿qué incidencia tiene PEMEX en el nombramiento de ejecutivos de esta refinería y sobre todo, en la definición de las políticas de operación? ¿cómo y bajo que esquema se reparten PEMEX y Shell las utilidades? ¿cómo se contabilizan los refinados producidos? ¿a qué mercado se destinan? En suma, ¿porqué en la Memoria de Labores de PEMEX no se entrega información clara y suficiente del funcionamiento de una refinería en la que PEMEX tiene una muy significativa participación?
3. Empresas como de las que usted proviene, en este caso la Dupont, impulsan activamente la investigación tecnológica como condición para prevalecer frente a la dura competencia internacional, llegando a mantener con inversión propia cientos de proyectos de investigación estratégica, desearíamos saber señor Director, ¿cuál ha sido la utilidad para PEMEX de tener a su servicio un importante centro de investigación?, y ¿porqué no le invierte la administración recursos propios, contradiciendo las mejores prácticas internacionales, y poniendo a PEMEX en desventaja obvia frente a sus competidores y socios?
4. Señor Director, el nuevo proyecto de Chicontepec, representará una inversión muy alta para el país bajo el esquema de los llamados pidiregas, se habla de asumir una deuda de más de 30 mil millones de dólares, en yacimientos que no convencen a todos de su rentabilidad, lo que sería un gran negocio para las empresas licitantes, pero terriblemente gravoso para las finanzas de PEMEX y del país. La primera etapa ya arrancó en marzo pasado acaparada casi totalmente por las empresas Schulemberger y Clafuortanic, participando la mexicana ICA con menos del 10%. ¿Está usted seguro de la productividad de dicho proyecto?, ¿nos podría enviar a la brevedad los números y datos que nos permitan opinar sobre la conveniencia de asumir dicha deuda?
5. Señor Director, sabemos todos de la necesaria no intromisión de las administraciones en los asuntos internos de la vida de los sindicatos, sin embargo usted y yo sabemos también del grave flagelo que representó para el país un viejo sistema corporativo, donde de manera ilegal se llegó a extremos que ya condenó la opinión pública nacional y los órganos competentes, como en el penoso asunto del tristemente célebre PEMEXGATE, lo que debe constituir una costosa lección para todos. Ante estos acontecimientos nos parece que algunos administradores siguen actuando conforme al viejo sistema y reclamamos formalmente que la administración que usted encabeza tome las decisiones que le corresponden, tal es el caso del reciente proceso electoral interno efectuado en las secciones del Sindicato petrolero, llegó a esta Cámara el reclamo de trabajadores y de organismos de la sociedad civil que observó dicho proceso, con la denuncia de graves intromisiones de la administración en dicho asunto, tal como facilitar traslado de trabajadores en vehículos de la empresa, así como la salida de labores, antes de concluido el horario, a grupos determinados para copar las instalaciones sindicales, etcétera.
Uno de los casos que más nos preocupan es el que se refiere a la Sección 14 en Ciudad PEMEX, Tabasco, donde no sólo se vive y labora con las instalaciones ocupadas por el ejército y los trabajadores son asediados por un verdadero sistema de acoso laboral, que encabeza su responsable de recursos humanos, un ingeniero de nombre Javier Chávez Morales, lo que está configurando una delicada situación que puede comprometer no sólo la estabilidad laboral de la empresa, sino inclusive la tranquilidad social de la mencionada localidad, con la grave responsabilidad que a usted y al mencionado funcionario le corresponden. De este asunto tenemos documentación suficiente para respaldar nuestro dicho.
Señor Director en sus manos está el no ser parte de hechos que no corresponde a la administración atender, sino inclusive respaldarse en las autoridades del trabajo para ser factor de conciliación y nunca de enfrentamiento, como lo está siendo hasta ahora. Por lo cual desde esta tribuna solicitamos formalmente cambie su proceder en este tema y remueva de su cargo a funcionarios que están atentando contra la estabilidad de PEMEX, como es el caso mencionado señor Chávez Morales.
6. Señor Director, vemos con profunda preocupación cómo han sido desaparecidas en estos tres años alrededor de nueve mil plazas de personal técnico y profesional, formado en años de trabajo, los cuales han sido corridos injustificadamente o forzados a la jubilación sin su consentimiento. Desde nuestro punto de vista se vive un verdadero desmantelamiento de la capacidad productiva de PEMEX y se está trasladando su materia de trabajo, y la renta petrolera nacional, a manos de unas cuantas trasnacionales, para lo cual han sido a su vez creadas cerca de cinco mil plazas, para personal de reciente ingreso sin experiencia en la producción petrolera, pero sí en la visión de reducir a PEMEX en una simple plataforma de negocios. Esto constituye una nueva expropiación petrolera, pero en contra de sus legítimos dueños y en contra de la nación.
Las consecuencias de diverso tipo son muy lesivas para el país, baste con mencionar unas cuantas. Apenas hace año y medio PEMEX enfrentaba alrededor de 16,000 demandas laborales, producto de esta errática política administrativa y laboral, hoy registra más de 25,600 demandas que representan un pasivo laboral contingente de cerca de 6,000 millones de pesos.
En esta oleada que está destruyendo la capacidad productiva de la empresa, y que amenaza con incrementarse, se dan casos tan ilegales y aberrantes como el de pretender liquidar a trabajadores que ya fueron jubilados, véase el caso del Ing. Moisés Flores Salmerón, por el solo hecho de formar parte de los esfuerzos organizativos del personal de confianza contra esta política depredadora, le preguntaríamos Señor Director, ¿se pretende dar una lección contra el activismo nacionalista y reivindicador de estos valiosos trabajadores?, ¿se insistirá en esta visión que sustituye nuestro desarrollo por el de los grandes monopolios energéticos trasnacionales?
Señor Director, desde esta tribuna le insistimos:
detenga ya esa política que selectivamente ha golpeado a los trabajadores,
sindicalizados y de confianza, que asumen un compromiso democrático
y solidario con sus compañeros, reinstale a todos aquellos que han
sido corridos por motivos obviamente políticos. Por supuesto que
han logrado ustedes cancelar toda expectativa de cambio laboral y sindical
democrático, conforme a los veinte compromisos firmados por el candidato
Vicente Fox en el año 2000, sin embargo esto no los exime de actuar
conforme a la ley y al respeto de los derechos humanos de los trabajadores
agredidos.
Palacio Legislativo, a 4 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la H. Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto me permito dirigir a usted la siguiente;
FE DE ERRATAS
El pasado día 03 de Noviembre de 2003 el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó ante usted la propuesta de preguntas para la comparecencia del Director General de PEMEX y;
En las últimas tres preguntas
dice:
¿Cuál es la razón por la que PEMEX
continúa retirando personal técnico y administrativo experimentado
entre 40 y 50 años de edad, en los centros de trabajo, a la vez
que contrata personal administrativo y directivo para el corporativo y
las direcciones de las filiales?
Siendo que debe decir:
Sin más por el momento, le solicitamos de la manera más atenta, a través de la Mesa Directiva sean enviados nuestra "Fe de Erratas" a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la Gaceta Parlamentaria para su publicación.
Atentamente
Dip. Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica)
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, DE SU REUNION PLENARIA REALIZADA EL MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2003
En la ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 27 de octubre del 2003, siendo las 12 horas del día 29 de octubre del año dos mil tres, en el salón D del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los siguientes ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Asistencia: Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, María Eloísa Talavera Hernández, Roger David Alcocer García, Rosa María Avilés Nájera, Julio César Córdova Martínez, Consuelo Camarena Gómez, Patricia Durán Reveles, Humberto Filizola Haces, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Abdallán Guzmán Cruz, Jorge Legorreta Ordorica, José Luis Medina Lizalde, Alfonso Juventino Nava Díaz, Omar Ortega Alvarez, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Fernando Ulises Adame de León, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Rubén Alfredo Torres Zavala, Marisol Urrea Camarena.
Contándose con el quórum reglamentario, el diputado Julio César Córdova Martínez, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, procedió a iniciar los trabajos de la sesión.
Intervención del diputado Presidente de la Comisión
El Diputado Julio César Córdova Martínez, en su carácter de Presidente de la Comisión instruyó al secretario, diputado Omar Ortega Alvarez, dar lectura al orden del día, la cual fue aprobada por unanimidad.
Posteriormente, se sometió a consideración del pleno de la Comisión, la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.
Acto, seguido, el Presidente procedió a desahogar el orden del día, procediendo a presentar al pleno de la Comisión la siguiente propuesta para la integración de las subcomisiones.
1. Integración de las subcomisiones de trabajo:
De acuerdo con la información solicitada en el cuestionario, sobre la propuesta de integración de las subcomisiones, se elaboró una lista, tomando en cuenta el interés, la experiencia profesional y tiempo disponible de los diputados para quedar distribuidos de la siguiente manera:
Subcomisión: Biotecnología, Bioseguridad y Biodiversidad
Adame de León Fernando, Ulises, coordinador (PRI); Vidaña Pérez, Martín Remigio (PRI); Avilés Nájera, Rosa María (PRD); Córdova Villalobos, José Angel (PAN); Lastra Marín, Lucio Galileo (PAN).
Subcomisión: Comunicación
Gutiérrez Zurita, Dolores del Carmen (coordinadora) (PRD); Legorreta Ordorica, Jorge (PVEM); Alcocer García, Roger David (PRI); Jiménez Sánchez, Moisés (PRI); Medina Lizalde, José Luis (PRD); Aragón Cortés, Sheyla Fabiola (PAN).
Subcomisión: Presupuesto y Fiscalización
Filizola Haces, Humberto (coordinador) (PRI); Scherman Leaño, María Esther (PRI); Guzmán Cruz, Abdallán (PRD); Martínez Della Rocca, Salvador (PRD); Urrea Camarena, Marisol (PAN).
Subcomisión: Legislación
Frías Castro, Francisco Cuauhtémoc (coordinador) (PRI); Alcérreca Sánchez, Víctor Manuel (PRI); Ortega Alvarez, Omar (PRD); Utrilla Robles, Jorge Baldemar (PRI); Talavera Hernández, María Eloísa (PAN); Torres Zavala Rubén Alfredo (PAN).
Subcomisión: Promoción
Camarena Gómez Consuelo (coordinadora) (PAN); Durán Reveles, Patricia Elisa (PAN); Saldaña Hernández, Margarita (PAN); Avilés Nájera, Rosa María (PRD); Jiménez Merino, Francisco Alberto (PRI); Nava Díaz, Alfonso Juventino (PRI).
Una vez presentada la propuesta de integración las Subcomisiones fue aprobada por unanimidad, y el diputado Presidente solicitó a los coordinadores de las subcomisiones dirigirse a los integrantes de la Comisión para que presenten sus propuestas de trabajo:
La diputada Consuelo Camarena Gómez, coordinadora de la Subcomisión de Promoción, planteó la necesidad de crear un programa de investigación, que comprenda desde educación básica hata primaria, media superior, y así poder dar viabilidad a un plan que sea viable y que pueda contribuir al desarrollo de cerebros investigadores desde la infancia.
El diputado Francisco Frías Castro, coordinador de la Subcomisión de Legislación, justificó la necesidad de ordenar los asuntos que competen a la comisión y así poder llegar a ser mas eficaces en el desempeño de nuestras funciones legislativas.
El diputado Humberto Filizola Haces, coordinador de la Subcomisión de Presupuesto y Fiscalización, exhortó a los integrantes de la subcomisión a ponerse a trabajar a la brevedad posible por los tiempos tan cercanos de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
El diputado Ulises Adame de León, coordinador de la Subcomisión de Biotecnología, Bioseguridad y Biodiversidad, expresó que las tendencias mundiales en materia de investigación de ciertos productos, hacen que en México exista el consumismo de productos transgénicos, que competen a las áreas económicas, ambientales, tecnológicas y científicas, por lo cual el país tiene que involucrarse en éstas áreas y hacer un proyecto al respecto.
Acto seguido en asuntos generales, los diputados hicieron uso de la palabra.
El diputado José Luis Medina Lizalde comentó que es necesaria la creación de un banco de datos de investigadores, y sugirió que esta Comisión dé prioridad a su creación y a las investigaciones que se realizan en diferentes instituciones, para lo cual es necesario que se establezcan criterios de clasificación.
El diputado Ulises Adame de León manifestó que existe la necesidad de definir la prospectiva de la investigación científica. Al respecto es necesario que se realizan investigaciones que lleguen a ponerse en práctica.
El diputado Presidente reconoció que el campo es uno de los sectores más golpeados y sugirió crear un programa donde la aplicación de la ciencia y la tecnología impulse el desarrollo del campo.
La diputada Patricia Durán Reveles manifestó que es importante que las subcomisiones, presenten una fecha límite para entregar su programa de trabajo respectivo.
El diputado Abdallán Cruz Guzmán expresó su inquietud por que la ciencia y la tecnología sea vinculada al área educativa.
El diputado Presidente comentó que en esta Comisión se cuenta con la presencia del Presidente de la Comisión de Educación, lo cual puede ser muy útil para vincular estas áreas.
La diputada Eloísa Talavera señaló al respecto que ya quedaron definidas las subcomisiones en temas específicos pero faltan por definir las subcomisiones temáticas.
La diputada Consuelo Camarena en respuesta a la inquietud del diputado Abdallán Guzmán, señaló que se encuentra incluido en el 2º párrafo de las actividades de las Subcomisión de Promoción estimular a los estudiantes desde su edad temprana el interés por la ciencia y la tecnología.
El diputado José Luis Medina Lizalde propuso redefinir el nombre Promoción por Divulgación, así como crear un marco jurídico que apoye las prácticas científicas.
El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro señaló que hay que vincular con fórmulas legales los planes de estudio para que desde la primaria se tenga el tiempo y el espacio para tener un acercamiento con la investigación.
La diputada María Eloísa Talavera convocó a los integrantes de la Comisión a participar en un taller de Planeación Estratégica.
El diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez señaló la importancia de iniciar con un método de trabajo para así lograr objetivos específicos.
El Presidente expresó que está de acuerdo en la creación del taller de Planeación Estratégica, y respecto a la creación de Bancos de datos aclara que la Academia de Ciencias ya está elaborando un Atlas de la Ciencia Mexicana. Resaltó también la necesidad de concretar a la brevedad las agendas de trabajo y seguir avanzando en los trabajos de la Comisión.
El diputado Humberto Filizola Haces propuso realizar un foro en cada una de las ocho regiones en que se divide el país con el propósito de tratar discutir y analizar las problemáticas reales.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica comentó que presentó al pleno de esta H. Cámara un punto de acuerdo donde propone que se destinen más recursos para crear más plazas en el Sistema Nacional de Investigadores.
El Presidente comentó que hay que seguir insistiendo en el tema del presupuesto, ya que sin él, no hay avance científico y le solicitó apoyo al diputado Humberto Filizola, con datos y estadísticas en inversión científica en el país, que sirvan de sustento a la Comisión para presentar en los siguientes días un punto de acuerdo bien documentado ante el pleno.
El diputado Fernado Ulises Adame de León señaló que hay que redefinir criterios de evaluación de la investigación.
El diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez propuso abrir el diálogo con el Conacyt, para evitar reprimir a la comunidad científica.
El diputado Roger David Alcocer comentó que se tiene que apoyar a las empresas para que inviertan en ciencia y tecnología.
El diputado José Luis Medina Lizalde señaló que en México no hay participación en el sector privado porque el gobierno no lo ha impulsado.
La diputada Consuelo Camarena Gómez demostró con ejemplos prácticos la importancia de invertir en la ciencia y tecnología.
El Presidente destacó que es importante ofrecer un decidido apoyo al sector empresarial, incentivarlos para que inviertan en el campo de la investigación mediante reformas fiscales que incentiven su participación en la investigación científica.
Posteriormente procedió a desahogar el orden del día, en el cual el Presidente informó de los siguientes puntos:
2. Firma del convenio (indefinido) de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias
3. 2da Reunión Nacional Ordinaria 2003 de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (Jiutepec, Morelos, 6 y 7 de noviembre)
4. Sesión de trabajo con la Comisión de Ciencia y Tecnología, Educación, Cultura y Salud de la Asamblea Popular China (jueves 6 de noviembre a las 13:30 horas)
5. Reunión con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti) en Acapulco, Guerrero, del 13 al 16 de noviembre. (Convención Nacional Anual, Tecnologías en convergencia para el desarrollo de México)
6. Foro de Biotecnología y Bioseguridad (miércoles 19 de noviembre a las 11:00 horas, Salón Verde) Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud.
7. Comparecencia del director general del Conacyt ante la Comisión de Ciencia y Tecnología (miércoles 26 de noviembre a las 12:00 horas)
Al finalizar la sesión de trabajo la Comisión de Ciencia y Tecnología hizo un reconocimiento público a los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 2003.
Una vez agotado el orden del día, el Presidente de la Comisión convocó a sesión ordinaria para el 5 de noviembre de los corrientes y dio por clausurada la sesión siendo las 14:00 horas del 29 de octubre de 2003.
Diputados: Julio César Córdova Martínez,
Presidente; Eloísa Talavera Hernández, secretaria; Omar Ortega
Alvarez, secretario; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez,
secretario (rúbricas).
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión de su Mesa Directiva, que se realizará el miércoles 5 de noviembre, a las 9:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión de trabajo con el ingeniero Ramón Corral Avila, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
5. Relativo a la proposición con punto de acuerdo,
turnada a esta Comisión por la Mesa Directiva de la LIX Legislatura,
para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y, en
lo conducente, a la Procuraduría General de la República,
a que en el ámbito de su competencia agilicen las acciones que sean
necesarias para el otorgamiento del beneficio de la libertad preparatoria,
en favor de las personas sentenciadas, por la reforma del artículo
85 del Código Penal Federal; presentada por el diputado José
Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 10 horas, en el patio sur.
Atentamente
Dip. Roberto Pedraza Martínez
Presidente
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su segunda sesión ordinaria, que se efectuará el miércoles 5 de noviembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer nivel).
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la tercera reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión, edificio F, segundo nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su tercera reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 12 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 5 de noviembre, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 12 horas, en el salón de usos múltiples situado en la planta baja del edificio D.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 12 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Segunda Subcomisión "Medicina Preventiva y Bioética", que se realizará el miércoles 5 de noviembre, a las 13 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ENERGIA
A la comparecencia del ingeniero Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que se efectuará el miércoles 5 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Francisco Salazar Díez de Sollano
Presidente
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre, a las 17 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A su reunión con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores, que se efectuará el jueves 6 de noviembre, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su reunión plenaria, que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 6 de noviembre, a las 17 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE ENERGIA
A la comparecencia del ingeniero Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos, que se realizará el jueves 6 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Francisco Salazar Díez de Sollano
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, a las 19 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
En el subtítulo de la lista de asistencia de las diputadas y los diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1366 del martes 4 de noviembre de 2003
Dice:
lista de asistencia de las diputadas y los diputados,
correspondiente a la sesion ordinaria del jueves 28 de octubre de 2003
Debe decir:
lista de asistencia de las diputadas y los diputados,
correspondiente a la sesion ordinaria del jueves 30 de octubre de 2003