Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Antonio Morales de la Peña.
De los Congresos de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, México y Guerrero.
Iniciativa del Congreso del estado de Durango
Que reforma la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco
Que adiciona el artículo 37 de la Ley General de Educación. (Turno a Comisión)
Oficio del director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
Con el que remite el informe semestral de labores, en cumplimiento del artículo 311, fracción XIV, de la Ley de Concursos Mercantiles. (Turno a Comisión)
Oficios de la Cámara de Senadores
Seis, en los que se transcriben puntos de acuerdo por los que se solicitan mayores recursos a diversas partidas presupuestales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
De Ley Federal de la Juventud, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 96 Bis a la Ley General de Salud, con la finalidad de fomentar la investigación clínica y básica de las células estaminales del adulto y del recién nacido, a cargo del diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 170-A a la Ley Federal del Trabajo y un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo vigésimo primero al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que deroga los párrafos segundo, tercero, séptimo y octavo de la fracción IV del artículo 74; adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 78; reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 79; y adiciona las fracciones XX y XXV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Castelo Parada, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de remuneraciones de los servidores públicos, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona un párrafo al artículo 36 de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 16, primer párrafo; 32, segundo párrafo; 33, inciso b); 35, párrafo primero e inciso d), párrafos segundo y tercero; y adiciona un último párrafo al artículo 16 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Eduardo A. Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 10 y 32 y adiciona un artículo 16 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para distribuir de manera adecuada los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 7, fracción I; 8, fracción I; y segundo, tercero y octavo transitorios de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona un segundo párrafo al artículo undécimo transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, relativa a la integración del Consejo de Salubridad General, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Minutas
Proyecto de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. (Turno a Comisión)
Proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto:
- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Enajenación e Importación.
- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Uso y Tenencia de Vehículos.
- Ley del Impuesto a las Ventas y Servicios al Público.
- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
- Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Con punto de acuerdo, relativo a las remesas que envían a México los trabajadores que se encuentran en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Pedro Avila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política que instruya a quien corresponda para cumplir las normas y recomendaciones de accesibilidad en las instalaciones de este recinto legislativo, con el fin de satisfacer las necesidades prioritarias de las personas con capacidades diferentes, a cargo de la diputada Adriana González Furlong, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Semarnat a crear un fondo de protección del sistema de barrancas, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir la Ley Federal de Sanidad Animal y la norma oficial mexicana relativa al sacrificio humanitario de animales domésticos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre el paquete económico para 2004, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación practique una revisión exhaustiva a la transferencia presupuestal asignada a Provida en el Presupuesto de 2003, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, con relación a diversas recomendaciones respecto a la situación política y económica del país, a cargo del diputado Miguel Angel Yunes Linares, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobernadores, a las Legislaturas locales y a los ayuntamientos a adecuar sus respectivas legislaciones, expedir los ordenamientos necesarios e instaurar programas y políticas públicos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales relacionados con personas con discapacidad, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados solicite a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación que integre una comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez desde 1993, por constituir una grave violación de garantías individuales, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a aplicar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la norma oficial mexicana correspondiente a la construcción de un sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos en el municipio de Centro, Tabasco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal sobre la reforma y modernización de las instituciones, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra la desaparición de los organismos y las entidades públicos vinculados a fortalecer el enfoque sistémico que dé viabilidad a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a iniciar con la mayor brevedad los trabajos de reconstrucción de las instalaciones del Hospital General de Tepatitlán, Jalisco, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a las secretarías de Estado responsables de la Cibiogem a no levantar la moratoria sobre la siembra experimental de maíz transgénico, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Turismo a cumplir los convenios celebrados desde 1992 con el estado de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez, así como a proporcionar la información relativa a su cumplimento, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación revise fondos de origen federal que benefician a particulares del estado de Oaxaca que realizan operaciones con el gobierno del estado y el federal, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo inicie el 12 de diciembre y se mantenga como programa permanente de la Cámara durante la LIX Legislatura, a cargo del diputado Emilio Badillo Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para solicitar la devolución de impuestos retenidos a trabajadores de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública; a la Procuraduría General de la República; y a Petróleos Mexicanos a realizar, dentro de sus competencias, las acciones necesarias para contrarrestar y disminuir el robo y el tráfico ilícito de combustible en el país, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación practique revisiones a los fondos del Ramo 33 asignados al estado de Oaxaca durante los ejercicios fiscales de 2000 a 2002, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades a planear, programar, supervisar y evaluar, conforme al presupuesto aprobado, la cobertura total de municipios del país que faltan de incorporarse a dicho programa, a cargo del diputado Fermín Trujillo Fuentes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación con la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena y la prohibición del ingreso de maíz transgénico en el país, a cargo del diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe al Congreso de la Unión acerca de las medidas que nuestra representación diplomática ha puesto en práctica para la defensa de nuestros connacionales en el estado de California, a cargo del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 una partida destinada a incrementar el patrimonio del fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del diputado Francisco Grajales Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en torno de la nueva Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, a cargo del diputado Edgar Torres Baltazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes, a cargo del diputado Jesús Angel Díaz Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se exhorte a la Semarnat a reevaluar con la mayor rigurosidad técnica y científica el proyecto Puerto Mío, localizado en la playa El Almacén, en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie contra las prácticas desleales que afectan la porcicultura nacional y por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a publicar la resolución preliminar sobre el procedimiento de dumping con cuota compensatoria a las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relacionado con la empresa Publi XIII, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren recursos suficientes para la atención de los programas de vivienda rural y de adultos mayores, a cargo del diputado Juan Antonio Gordillo Reyes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para requerir al titular del Poder Ejecutivo federal que informe a esta soberanía acerca del destino y la aplicación de los recursos que ha solicitado por concepto de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal de 2004, a cargo del diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que el jefe de Gobierno del Distrito Federal asuma un compromiso inmediato con los esfuerzos del gobierno del estado de México en materia de desarrollo urbano integral, a cargo del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado en el Estado de Guerrero, a cargo del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con la asignación equitativa de recursos federales a las entidades federativas y al Fondo para la Educación Básica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a cargo del diputado Víctor Ernesto González Huerta, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se destine mayor presupuesto a ciencia y tecnología, a cargo del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar el otorgamiento de un subsidio al gas LP y al gas natural para uso doméstico en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 se elimine el artículo segundo transitorio y se incremente el presupuesto para el campo, a cargo del diputado Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar que se dé continuidad a la Comisión Especial respecto a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados constituya una comisión que acuda a entrevistarse con el indígena rarámuri Isidro Valdenegro López, con el propósito de informarse sobre la situación que guarda el proceso legal a que está sometido, a cargo de la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, a fin de incrementar los recursos destinados a la atención de los problemas estructurales de las universidades públicas estatales y, en particular, de aumentar los que se destinan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con objeto de que alcance la asignación promedio que en este rubro tienen las demás instituciones de educación superior estatales, a cargo del diputado Abraham Velázquez Iribe, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a solicitar al gobierno de Estados Unidos de América una prórroga de seis meses para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos se inscriban en el registro federal y cumplan las disposiciones de la llamada Ley contra el Bioterrorismo, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se pronuncie en favor de la no desincorporación del Colegio de Posgraduados, a cargo del diputado Fernando Fernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con la iniciativa de Ley para el Mejoramiento, presentada por algunos legisladores en el Congreso de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y a diversas secretarías de Estado a respetar y tratar con dignidad humana, conforme a las normas nacionales e internacionales en la materia, a los paisanos que ingresan en territorio nacional, a cargo de la diputada Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, sobre la discriminación de seropositivos en las Fuerzas Armadas, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que enfrentan los prestadores de servicios de las guarderías infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a las Secretarías de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales en torno de las acciones que deben emprender por los daños causados en la salud y en el ambiente por los rellenos sanitarios, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a modificar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Reglas de Operación de Aserca, a cargo del diputado Esteban Valenzuela García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador de Morelos a deslindar responsabilidades en el caso de la brutal represión contra pobladores de Tlanepantla, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que se excluyan del artículo segundo transitorio del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 las siguientes entidades del sector público: Colegio de Posgraduados, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural y Comisión Nacional de Zonas Aridas, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal aplique recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender y auxiliar a los productores damnificados por las sequías, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 disposiciones expresas que impidan que los programas sociales, especialmente los dirigidos a las mujeres, sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se incremente y etiquete el presupuesto que asegure el acceso de las mujeres indígenas a la educación, a cargo del diputado Santiago Cortés Sandoval, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en su dictamen correspondiente al Presupuesto de Egresos de 2004, se manifieste en contra de la desincorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, a cargo del diputado Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al resguardo y declaratoria de zona arqueológica del predio denominado Rancho las Trancas, en la delegación Azcapotzalco, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Solicitud de excitativas
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
A la Junta de Coordinación Política, a solicitud del diputado Carlos O. Pano Becerra, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agenda política
Comentarios acerca de los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la desincorporación de los organismos culturales enunciados en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2004, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre el uso de los recursos públicos en el municipio de Zamora, Michoacán, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efemérides
Sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Sida.
Sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Acerca de la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes de la Unión.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Juan de Dios Castro Lozano
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos setenta y seis diputadas y diputados, a las diez horas con veintisiete minutos del jueves cuatro de diciembre de dos mil tres, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Comunicación del Congreso del estado de Puebla con acuerdo relativo al presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que remite los informes relativos a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa; de la recaudación federal participable; de la evolución de la recaudación; y sobre las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al mes de octubre de dos mil tres. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Oficios de la Cámara de Senadores:
Cinco, con acuerdos por los que se solicitan mayores recursos para el Tribunal Superior Agrario; la Secretaría de Salud del estado de Puebla; el Instituto Federal Electoral, a fin de que conduzca la celebración el Segundo Parlamento de las Niñas y Niños de México; los pequeños productores de granos básicos y el Hospital Universitario de Nuevo León, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dos, por los que solicita el permiso necesario para que cuatro ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y comunica que cinco ciudadanos han dejado de prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso, se turnan a la Comisión de Gobernación; y por lo que respecta ha quienes han dejado de prestarlos, se turnan a las comisiones de Gobernación de las cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Cultura.
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo doscientos dieciocho de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Fernando Ulises Adame de León, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo cincuenta y tres del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Patricia Lugo Barriga, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para establecer el Premio Nacional por la Equidad y la Igualdad de las Mujeres. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.
Blanca Eppen Canales, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y por una Nueva Cultura Tributaria.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Juan Carlos Pérez Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes: del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado; y de Coordinación Fiscal; así como del Código Fiscal de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo ciento quince de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura. A nombre de la Comisión, fundamenta el dictamen la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional. Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, se aprueba el proyecto de decreto en lo general y en lo particular por unanimidad de cuatrocientos cincuenta votos en pro. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo trescientos treinta y tres de la Ley General de Salud. Es de segunda lectura.
El diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión fundamenta el dictamen y propone modificaciones al artículo transitorio del proyecto de decreto, que la Asamblea admite en votación económica.
El Presidente informa de la entrega por escrito de posicionamientos de grupos parlamentarios en relación con el dictamen a discusión. Insértense en el Diario de los Debates.
Sin nadie más que solicite el uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria en lo general y en lo particular, con las modificaciones admitidas, por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y seis votos en pro. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto por los que se concede permiso:
Al ciudadano Jaime Parada Ávila para aceptar y usar la condecoración conferida por el gobierno de la República Federal de Alemania.
A cuatro ciudadanos para prestar servicios en la Embajada de la República Federal de Alemania en México.
Al ciudadano Gerardo Javier Hinojosa Fajardo, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con puntos de acuerdo relativos a la supervivencia, rehabilitación y liberación de los delfines en el estado de Baja California Sur. Sin discusión se aprueban los puntos de acuerdo en votación económica. Comuníquense.
Presentan proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:
Patricia Elisa Durán Reveles, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Ejecutivo Federal información sobre los motivos por los que considera necesaria la disolución del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que convoque a un pacto político nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Juan Fernando Perdomo Bueno, de Convergencia, en relación con la incorporación de las personas con capacidades diferentes a programas sociales, en especial a los denominados Oportunidades y Hábitat. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, en relación con el artículo primero transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, para incorporar revisiones cuatrimestrales conjuntas entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, en materia de fiscalización y ejercicio del gasto público. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sebastián Calderón Centeno, del Partido Acción Nacional, a nombre de integrantes de la Comisión de Marina, en relación con la extinción del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Margarita Martínez López, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Juegos y Sorteos, enviada por el Congreso del estado de Nuevo León a la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.
Homero Ríos Murrieta, del Partido Acción Nacional, para exhortar a las legislaturas y gobiernos estatales, a que establezcan penas más severas cuando las víctimas de delitos sean menores de dieciocho años, a que legislen en materia de prevención de la violencia intrafamiliar y a que impulsen programas y acciones que permitan el desarrollo integral de los menores de dieciocho años.
Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con los niveles de bienestar en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, en relación con el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Alfonso Juventino Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para declarar al año dos mil cuatro como el Año Nacional del Migrante Mexicano. Se turna a la Comisión de Gobernación.
José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, en relación con la renovación de dirigencias sindicales de diversas secciones del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, en los estados de Tabasco y Veracruz.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática, en relación con el artículo treinta y uno del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Transcurrido el tiempo acordado para la duración
de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día
de la próxima sesión e informa del registro final de cuatrocientos
cincuenta y dos diputadas y diputados. El Presidente clausura la sesión
a las quince horas con treinta y siete minutos, citando para la que tendrá
lugar el martes nueve de diciembre de dos mil tres, a las once horas.
Palacio Legislativo, a 5 de diciembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados Del H. Congreso de la Unión
Presente
Distinguido señor Presidente:
Por medio de la presente solicito a usted respetuosamente gire sus apreciables instrucciones con la finalidad de que sean realizados los trámites necesarios para reincorporarme a los trabajos legislativos como diputado federal y vicepresidente en esta H. Cámara de Diputados.
Lo anterior, en virtud de que se ha cumplido el plazo de mi licencia.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Antonio Morales de la Peña (rúbrica)
DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA
Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Por este conducto, nos dirigimos muy respetuosamente a usted para hacer de su conocimiento que, en sesión extraordinaria celebrada por la H. XVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California el 19 de noviembre del presente año, se acordó hacerle llegar copia íntegra del acuerdo económico siguiente:
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirvan brindar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respecto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 26 de noviembre de 2003.
Dip. Leopoldo Morán Díaz (rúbrica)
Presidente
Dip. Everardo Ramos García (rúbrica)
Secretario
Dip. Leopoldo Morán Díaz
Presidente de la Mesa Directiva de la XVII Legislatura
del Estado de Baja California
Honorable Asamblea:
Los suscritos diputados, integrantes de la XVII Legislatura constitucional del estado, en ejercicio de los dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como de lo establecido por la fracción III de los artículos 110 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, comparecemos ante esta soberanía para promover una iniciativa de acuerdo económico, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Como representantes populares tenemos la firme convicción y deber de velar por los intereses de los habitantes de nuestra comunidad, evitando a toda costa un detrimento en la economía de los bajacalifornianos.
En los pasados días el Ejecutivo de la nación presentó al Congreso de la Unión el paquete de reformas fiscales en las que se propone aumentar la tasa del Impuesto al Valor Agregado al 13% en las zonas fronterizas.
En Baja California, como estado fronterizo, esta medida, lejos de beneficiar, causa una seria afectación en la competitividad comercial, industrial, entre otras actividades, dada la situación geográfica, que permite acceder a los productos extranjeros o compras en el extranjero, que son gravadas en una tasa del 8%, así entonces la fuga de recursos se haría evidente en perjuicio de los diversos sectores de la economía estatal.
Es por ello que creemos que, antes de concebir la idea de aumento o alza al IVA en un 13%, es necesario considerar otras opciones, tales como tasar a dicho impuesto en un 8% para la Federación y un 2% para los estados, participable a los municipios. Así como explorar ciertos puntos estratégicos, que como vías de autofinanciamiento permiten llegar a un resultado económico de cuyos frutos se impidan lesiones al bolsillo de los bajacalifornianos. Sólo después de agotar estas vías son justificables, desde el punto de vista social y político, acciones que impactan directamente en el nivel económico de la población.
Después de pagar los altos costos de las crisis, y tomando en cuenta que la inflación es uno de los impuestos más lesivos para el ciudadano, resulta incongruente que se adopte como alternativa de solución acciones en contra de los contribuyentes.
Consideramos que no es justo que en este caso a la ciudadanía se le pida que ponga "el remedio y el trapito y amárrate otro poquito".
Esto significa que, además de rechazar este incremento al IVA del 13%, no se observa de parte del Gobierno Federal, hasta el momento, cual será su parte a sacrificar de entre las alternativas que tiene a su alcance.
Estas medidas a que nos referimos, son fundamentales para un crecimiento con oportunidades para todos y medulares para un régimen de vida nacional ordenado y generoso, e implican los siguientes rubros:
El adelgazamiento del aparato gubernamental del Gobierno de la República (eliminación y fusión de secretarías de Estado, así como la regularización y reacomodo del personal burocrático) y la eficientización de las instituciones públicas ya existentes, bajo la disyuntiva para alcanzar un mejor y mayor resultado con el mínimo esfuerzo posible, lo cual conlleva, también, a la implementación de programas de austeridad que ejemplifiquen las condiciones socioeconómicas que rigen al país, eludiendo el desenfreno presupuestario, equilibrio y moderación en el ejercicio del gasto público de las instituciones.
La cuantificación del universo de causantes de impuestos, desde la perspectiva de inhibir la evasión de los mismos, ampliando la base de contribuyentes y simplificando al máximo los trámites fiscales, pues de ello depende la obtención de recursos más abundantes para el desarrollo de nuestra patria, además de un régimen de proporción y equilibrio respecto de aquellos que cumplen a cabalidad con sus deberes fiscales.
Un aspecto fundamental para que el gobierno genere confianza entre los contribuyentes de que los recursos serán bien empleados, es demostrar con hechos la aplicación de la ley para sancionar a quienes con motivo del servicio público se presten a desviar y saquear el erario del pueblo y todo tipo de corruptelas.
Los diputados que integramos la XVII Legislatura de Baja California, a través de las consideraciones aquí vertidas, manifestamos nuestro rechazo a la pretensión de elevar el actual IVA al 13% en los estados fronterizos, pues, apostamos primero a la exploración de otras vías para la obtención de recursos dirigidos al erario y gasto del Estado, antes que pretender cargar en los contribuyentes el costo económico de una indebida e inoportuna medida financiera.
No deseamos para Baja California la nociva y amarga medicina de aumentar el IVA en un 13%, porque el tratamiento propuesto, en vez de atacar las causas del mal, sólo impacta a las consecuencias que, al producir efectos secundarios, estimularían otros malestares y diversos tipos de padecimientos, en agravio a la economía estatal y familiar. Así pues, los diputados de la XVII Legislatura del estado de Baja California hacemos un pronunciamiento en el sentido del rechazo rotundo al aumento del IVA.
En virtud de lo antes expresado sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo Económico
Primero: Se exhorta al Congreso de la Unión a la no aprobación de la propuesta de aumentar al 13% el Impuesto al Valor Agregado para los estados ubicados en la región fronteriza, por los motivos expuestos en el presente punto de acuerdo.
Segundo: Esta soberanía propone al H. Congreso de la Unión que se tase el Impuesto al Valor Agregado para los estados ubicados en la región fronteriza, en un 10%, considerando un 8% para la Federación y un 2% para los estados con participación para los municipios.
Tercero: Remítase copia íntegra del presente punto de acuerdo económico a los estados ubicados en región fronteriza, a fin de que se pronuncien en contra del alza del impuesto al valor agregado.
Cuarto: Remítase copia íntegra del presente punto de acuerdo económico al H. Congreso de la Unión para que surta sus efectos correspondientes.
Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez García, a los 19 días del mes de noviembre del año 2003.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputados: Luz Argelia Paniagua Figueroa, Arturo Alvarado González, José Antonio Araiza Regalado, Raquel Avilés Muñoz, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Raúl Felipe Luévano Ruiz, Leopoldo Morán Díaz, Ricardo Rodríguez Jacobo, José de Jesús Martín Rosales Hernández, Francisco Rueda Gómez, Juan Terrazas Silva (rúbricas)
Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputados: Juan Manuel Salazar Castro (rúbrica), Nicolás Osuna Aguilasocho (rúbrica), Fernando Jorge Castro Trenti, Fidel Corvera Quiñones (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Marcelino Hidalgo Silva, Ismael Quintero Peña (rúbrica), Everardo Ramos García, Edmundo Salazar Acuña, Héctor Edgardo Suárez Córdova.
Representante del Partido de la Revolución Democrática:
Dip. Catalino Zavala Márquez
DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., a 6 de noviembre de 2003.
Dip. Juan de Dios Lozano Castro
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
En sesión celebrada el 20 de diciembre de 2002, el H. Congreso del estado de Chihuahua aprobó el acuerdo número 475/02 I P. O., que a la letra dice: "La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), procurando en todo momento que éste conserve su carácter social, implantando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la grave situación económica en que se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente".
El acuerdo fue enviado a esa soberanía mediante el oficio número U.T. 2969/02 y, debido a la importancia del asunto, le remito copia de dichas actuaciones.
Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Lic. Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre de 2002.
C. Dip. Lic. Eric Villanueva Mukul
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Le remito el acuerdo número 475/02 I. P.O., así como copia del dictamen que le dio origen, aprobado por el H. Congreso del estado en fecha 20 de diciembre de 2002, mediante el cual esta Legislatura exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), procurando en todo momento que éste conserve su carácter social, implantando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la grave situación económica en que se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente.
Lo anterior, para su conocimiento y efectos a que hubiera lugar.
Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica)
Presidente del H. Congreso del Estado
Honorable Congreso
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con carácter de punto de acuerdo formulada por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual proponen que esta soberanía tenga a bien exhortar respetuosamente al H. Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), procurando en todo momento que éste conserve su carácter social, implantando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la quiebra técnica en que posiblemente se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente. Igualmente, para que esta asamblea se solidarice con las demandas que en tal sentido han planteado los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, tanto jubilados como en activo.
Conforme a las facultades que son conferidas a las comisiones de dictamen legislativo en los artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen con base en los siguientes
Antecedentes
En octubre último se realizó en esta ciudad el "IV Encuentro de Maestros Jubilados y Pensionados de la Zona Norte de México", con el propósito de intercambiar puntos de vista en relación con la difícil situación económica y administrativa por la que atraviesa el ISSSTE.
En dicho encuentro, los maestros agremiados se pronunciaron porque las autoridades federales se aboquen a la búsqueda de mecanismos que permitan la recuperación económica y financiera que redunde en la permanencia y estabilidad del sistema de seguridad social a que han tenido derecho, evitando en todo momento que éste sea privatizado.
Por tal motivo, un grupo de profesores solicitó la intervención del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de que sus reclamos sean escuchados ante el H. Congreso del estado, así como en la máxima representación popular de la nación, toda vez que, según lo manifestaron, existe la posibilidad de que al ISSSTE sea modificado el régimen administrativo a que está sujeto, lo que se traduce en la eliminación de una serie de derechos obtenidos durante el tiempo en que prestaron sus servicios personales subordinados en favor del Estado.
Considerando
Que la difícil situación económica por la que atraviesan los sistemas de seguridad social en el país se ha convertido en un problema de índole social que, por razones obvias, preocupa a la clase trabajadora, toda vez que la aplicación de políticas económicas equivocadas y la falta de una adecuada planeación financiera con proyección de largo plazo han propiciado una incapacidad del gobierno para soportar la carga que dichos sistemas le representan.
En este caso se encuentra el organismo público descentralizado encargado de proporcionar la seguridad social a los trabajadores de la Federación, motivo por el que en los últimos años se ha venido presentado una serie de manifestaciones de los derechohabientes que reclaman, legítimamente, el respeto de los derechos obtenidos a través de años de lucha sindical.
De igual manera, hay la necesidad de reformar el marco jurídico que regula el ISSSTE, con el propósito de modernizarlo y hacer más eficiente la prestación de los servicios ofrecidos por dicha institución y que, en todo caso, deberán proteger y preservar los derechos logrados por la clase trabajadora.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora estima oportuno y necesario que la asamblea, en forma unánime, se solidarice con las demandas que en tal sentido han planteado los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, tanto de jubilados como en activo, de todo el país.
En razón de lo anterior, esta Comisión somete a la consideración de esta H. Cámara el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), procurando en todo momento que éste conserve su carácter social, implantando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la grave situación económica en que se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente.
Segundo. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua se solidariza con las legítimas demandas que en este sentido han planteado los sindicatos de maestros y de Trabajadores al Servicio del Estado, tanto de jubilados como en activo.
Tercero. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso de la Unión a que, de practicarse una modificación integral de la Ley del ISSSTE, se realice con el concurso de las bases de todos los sindicatos y derechohabientes no pertenecientes a ningún gremio, procurando con ello que en todo momento el Instituto conserve su carácter social y que de ninguna manera se privatice.
Cuarto. Remítasele copia del presente acuerdo, así como de la documentación que le diera origen, al H. Congreso de la Unión, para los efectos a que haya lugar.
Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Luis Carlos Campos Villegas, Presidente;
Oscar González Luna, secretario; Jorge P. Carreón León,
vocal (rúbricas).
H. Congreso del Estado
Presente
Los suscritos, en su carácter de diputados a la Sexagésima Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política del estado, comparecen ante este H. cuerpo colegiado para presentar iniciativa con carácter de acuerdo a fin de que esta soberanía tenga a bien exhortar respetuosamente al H. Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), procurando en todo momento que éste conserve su carácter social e implantando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la quiebra técnica en que posiblemente se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente. Igualmente, para que esta asamblea se solidarice con las demandas que en tal sentido han planteado los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, tanto jubilados como en activo. Lo anterior, con sustento en la siguiente
Exposición de Motivos
Los orígenes de la seguridad social en México se remontan a la expedición de la Constitución Política federal de 1917, cuando las disposiciones de tipo social se elevaron a rango constitucional, convirtiéndose en garantías sociales.
La integración del sistema jurídico vigente de la seguridad social consideró, y actualmente sigue haciéndolo, tres sectores de la población: los trabajadores en general, los servidores públicos y la población que no está sujeta a una relación laboral.
En cuanto a los servidores públicos o trabajadores al servicio del Estado, la seguridad social que se brinda se encuentra normada en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El ISSSTE es un organismo público descentralizado federal, producto de las luchas legítimas de los trabajadores, constituido en virtud de la citada ley, y tiene por objeto manejar un fondo propio para el pago de pensiones, jubilaciones y retiros de fondos de los trabajadores que se separan del servicio. Para la capitalización de dicho fondo, el Instituto creó los regímenes de préstamos personales, hipotecarios y prendarios, de tal suerte que los intereses generados coadyuven al incremento de los recursos y, con cargo a ello, cubrir los gastos administrativos que implica su manejo.
Por otro lado, el Instituto tiene por objeto administrar los servicios médicos que la Federación está obligada a prestar a sus servidores; además de la obligación de poner en práctica programas de vivienda, sociales, recreativos y culturales, con vistas a mejorar el nivel de vida de los trabajadores de la Federación y el de sus familias.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, el patrón tiene obligaciones frente a sus trabajadores, a las cuales no puede ni debe renunciar en ninguna circunstancia. Esto debe entenderse con plena claridad: los trabajadores no están obligados a "autojubilarse" o "autopensionarse" ni a "autoprestarse" servicios médicos. El patrón y nadie más tiene el deber ineludible de prestar y pagar esos servicios.
Pagar jubilaciones y pensiones, además de los servicios médicos, no es ningún "subsidio" sino, simplemente, el cumplimiento de las obligaciones ineludibles que tiene el Estado como patrón. Es absurdo y hasta un verdadero despropósito en términos de lógica decir "que el patrón se subsidia a sí mismo".
Las anteriores aseveraciones vienen a colación en virtud de las recientes declaraciones del director general del Instituto, CP Benjamín González Roaro, descritas a continuación: "El ISSSTE padece una quiebra técnica y requiere una cirugía mayor... Para solventar algunos gastos necesitamos, entre otras cosas, vender algunos bienes del ISSSTE, como terrenos... Del fondo de pensiones y jubilaciones para pagarlas, nos queda únicamente para agosto o septiembre".
Hay un fuerte nexo de causalidad entre las manifestaciones vertidas por dicho servidor público y la reforma en materia laboral que actualmente se cabildea en el honorable Congreso de la Unión, en la que se plantea por parte del Poder Ejecutivo federal la desaparición del apartado B) del artículo 123 constitucional, relativo a la seguridad social de los trabajadores del Estado, en un afán de pulverizar los esfuerzos y las conquistas laborales obtenidas por éstos a lo largo de muchas décadas.
El ISSSTE atraviesa en estos momentos por una situación económica difícil, que debe ser atendida con urgencia. Para ello, la solución no es eliminar al enfermo sino curarlo, pues resulta muy probable que el Instituto requiera alrededor de 50 mil millones de pesos para su rescate, beneficiando así a 10 millones de derechohabientes.
El manejo desacertado del Fondo para el Pago de Pensiones, Jubilaciones y Retiros de los Trabajadores, los problemas inflacionarios y el incremento constante y permanente de los trabajadores jubilados ponen al descubierto la necesidad de atender el pasivo contingente el cual, manejado con inteligencia y con metodología, involucrando ingeniería financiera, permitirá tomar las medidas económicas y financieras más adecuadas y, asociado a una disciplina presupuestal, sanear las finanzas del ISSSTE en general y del referido fondo en particular, a mediano y largo plazos.
Para cumplir lo anterior, también deberá exigirse la aplicación irrestricta de la Ley del ISSSTE en su artículo 177, en el sentido de que "si llegase a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir las obligaciones a su cargo, establecidas por la ley, el déficit que hubiese será cubierto por las dependencias y entidades en la proporción que a cada una corresponda".
Además, de practicarse una modificación integral de la Ley del ISSSTE, ésta deberá realizarse con el concurso de las bases de todos los sindicatos y derechohabientes no pertenecientes a ningún gremio, procurando con ello que en todo momento el Instituto conserve su carácter social y que de ninguna manera se privatice.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del estado, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto con carácter de
Acuerdo
Primero. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa al honorable Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), procurando en todo momento que éste conserve su carácter social, implantando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la quiebra técnica en que posiblemente se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente.
Segundo. La Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua se solidariza con las legítimas demandas que en tal sentido han planteado los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, tanto jubilados como en activo.
Tercero. Remítase copia del presente acuerdo, así como de la documentación que le diera origen, al H. Congreso de la Unión, para los efectos a que haya lugar.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, a los quince días del mes de octubre del año dos mil dos.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputados: Víctor Emilio Anchondo Paredes
(rúbrica), Mario Trevizo Salazar (rúbrica), José Mario
Wong Pérez (rúbrica), Alma Delia Urrutia Canizales, Víctor
Rivera Pérez (rúbrica), Ricardo Castro López (rúbrica),
Víctor Valencia de los Santos (rúbrica), Miguel Rubio Castillo
(rúbrica), Pedro Domínguez Alarcón (rúbrica),
Arturo Huerta Luévano (rúbrica), Jesús Corral Ordóñez
(rúbrica), Jesús Velarde Guzmán (rúbrica),
Manuel Acosta Lara (rúbrica), Jorge Carreón León (rúbrica),
Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Guillermo Márquez
Lizalde (rúbrica), Rogelio Yánez Bustillos (rúbrica),
Luis Carlos Campos (rúbrica).
DEL CONGRESO DE COAHUILA
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
En sesión celebrada el 27 de noviembre de 2003, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre "peaje", la cual fue planteada por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera del grupo parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.
Al tratarse este asunto, el Pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:
Primero.- Que este Congreso del Estado se pronuncia por el pleno respaldo a la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal propuesta por el Diputado Tomás Ruiz, exclusivamente en lo concerniente a la recaudación del 50% en favor de los municipios fronterizos por concepto de peaje.
Segundo.- Que esta propuesta sea enviada a las legislaturas de los Estado ubicados en las fronteras norte y sur del país.
Tercero.- Que esta propuesta se turne a la Comisión de Asuntos Fronterizos de este Congreso para que esta instancia legislativa se lo exponga al Secretario de Finanzas del estado.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso, este punto de acuerdo se hace del conocimiento de esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la consideración y los efectos que se estimen procedentes, en lo que se refiere al primer apartado del mismo.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 28 de noviembre de 2003.
El oficial Mayor del Congreso del Estado
Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Recientemente el grupo parlamentario Evaristo Pérez Arreola de Unidad Democrática de Coahuila, presentó un punto de acuerdo orientado a buscar el fortalecimiento de las finanzas de los municipios de Piedras Negras y Acuña. Con este propósito se planteaba que el gobierno del estado cediera, en beneficio de los dos municipios, el 12.5 por ciento que le corresponde al estado por concepto del peaje que se recauda por el tránsito de los puentes internacionales. Esto significaría que el municipio se quedará con el 25 por ciento del total de la recaudación por este concepto.
En ese entonces la propuesta, que indudablemente contribuiría a fortalecer las finanzas de ambos municipios, hoy sumamente golpeada por los gastos excesivos que ocasiona el arribo de migrantes tanto del interior del país como deportados de Estados Unidos, fue rechazada.
Al argumentar la propuesta de punto de acuerdo señalábamos que, con su actual presupuesto, con las tendencias de crecimiento, con la continuidad en los flujos migratorios, nuestras ciudades fronterizas están en riesgo de entrar en una etapa de quiebra económica y, por supuesto, social y política. Esta no es una afirmación catastrófica, simplemente señalamos que, de seguir como hasta hoy, habrá incapacidad de las autoridades municipales para atender los requerimientos crecientes de la ciudadanía.
Apuntábamos en ese entonces que, mientras la población en México crece a un promedio de 1.9 por ciento, en Acuña este ritmo de crecimiento es de alrededor del 7 por ciento, indice equiparable al de Tijuana. Más claramente expuesta esta situación, se presentaba así: según el censo de 1995 la ciudad tenía 81,602 habitantes, pero para el censo del 2000 la población había aumentado a 110,388 pobladores, esto significa un crecimiento en cinco años del 35 por ciento, esto mientras la población estatal crecía a un ritmo de 6 por ciento en este lapso de cinco años.
A este escenario debemos agregarle la perspectiva de que los flujos migratorios crezcan, ya que se calcula que en los próximos cinco años huirán del país alrededor de 500 mil habitantes al año.
En función de estos argumentos, proponíamos que la Comisión Permanente del Congreso del estado concretara una entrevista con el secretario de Finanzas, Javier Guerrero García, con el propósito de proponerle que aceptará que el estado cediera, en beneficio de Acuña y Piedras Negras, el 12.5 por ciento por concepto de peaje de los puentes internacionales establecidos en estos dos municipios fronterizos.
Hoy queremos de nuevo abordar esta problemática que presentan ambos municipios, pero respaldando una propuesta que, de aprobarse, puede tener efectos más positivos para estas poblaciones que la propuesta elaborada por nuestro grupo parlamentario.
El diputado Tomás Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, presentó en la Cámara de diputados la iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de que los municipios fronterizos que tienen puentes internacionales recauden el 50 por ciento del total que ingresa por este concepto. Como ustedes ven, esta iniciativa mejora sustancialmente la propuesta que elaboramos nosotros.
Consideramos que esta es una iniciativa de carácter eminentemente federalista, que no sólo está acorde con la orientación fundamental de Unidad Democrática de Coahuila, sino que también, al modificar el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, beneficia a municipios de 9 entidades federativas y 10 municipios adicionales; pero además incluye todos los puentes operados por la Federación.
Los fondos se destinarán a la conservación, mantenimiento, separación y ampliación de obras de vialidad en los municipios, no sólo los puentes, y todas las obras de infraestructura de impacto regional en la zona.
La iniciativa establece que para que se acceda al fondo, el municipio tiene que realizar un esfuerzo razonable en recaudación predial, equivalente al 51 % de su recaudación potencial, exigencia que obligará a mejorar a fondo los mecanismos para incrementar la recaudación de este impuesto.
Creemos que una iniciativa como esta permitirá que los municipios de Piedras Negras y Acuña fortalezcan su recaudación, mejoren la infraestructura y tengan condiciones que ayudarán a que se pueda hacer frente a los gastos extraordinarios que genera la intensa migración que se dé en estas ciudades.
Por lo tanto proponemos la aprobación del siguiente punto de acuerdo.
Unico. Este Congreso del estado se pronuncia por el pleno respaldo a la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal propuesta por el diputado Tomás Ruiz.
Saltillo, Coahuila, noviembre 24 de 2003.
Por el grupo parlamentario Evaristo Pérez Arreola de Unidad Democrática de Coahuila:
Diputados: Evaristo Lenin Pérez Rivera,
coordinador, Gregorio Contreras Pacheco (rúbricas).
C. Dip. Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
En sesión celebrada el 27 de noviembre de 2003, el Pleno del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una propuesta de punto de acuerdo sobre "desincorporaciones", la cual fue planteada por el diputado Gregorio Contreras Pacheco del grupo parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.
Al tratarse este asunto, el Pleno del Congreso aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente:
Primero.- Que se haga llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Presidencia de la República la solicitud para que de la lista de empresas a desincorporar se excluya el Colegio de Posgraduados; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Agencia de Noticias Notimex.
Segundo.- Que este pronunciamiento del Congreso del estado de Coahuila, en favor de la permanencia, como empresas sostenidas por el Estado, del Colegio de Posgraduados; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Agencia de Noticias Notimex, se haga llegar a la Cámara de Diputados.
Tercero.- Que este punto de acuerdo se envíe a todas las Legislaturas locales, con la solicitud de que se manifiesten de la misma manera.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de este Congreso y en cumplimiento de lo que se dispone en el segundo apartado del mismo punto de acuerdo, lo anterior se hace del conocimiento de esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la consideración y los efectos que se estimen procedentes.
Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 28 de noviembre de 2003.
El Oficial Mayor del Congreso del Estado
Lic. Prof. Alfonso Martínez Pimentel (rúbrica)
En el grupo parlamentario Evaristo Pérez Arreola de Unidad Democrática de Coahuila, nos preocupan varios mensajes contenidos en el presupuesto federal para el año 2004. Hoy queremos atender particularmente una inquietud. Esta se refiere a la desincorporación de entidades hasta hoy atendidas por distintas secretarías de Estado; nos referimos a las que tienen relación con la investigación en el campo y la información pública, particularmente el Colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Agencia de Noticias Notimex.
De todas estas instituciones, inscritas en el Presupuesto para desincorporase, nos llama la atención que sobre Notimex exista coincidencia entre Roberto Madrazo, Santiago Creel, Enrique Krauze, las bancadas de Convergencia, del PVEM, PT, PRI y PRD, y algunos diputados del PAN. Sobre Notimex tanto el Senado como la Asamblea de Representantes del Distrito Federal han aprobado puntos de acuerdo solicitando que esta agencia de noticias no sea desincorporada.
Notimex procesa 500 noticias nacionales e internacionales por día, 15 mil notas periodísticas al mes para clientes muy diversos. De estos clientes el 70 por ciento están ubicados en México. Sus abonados pagan aproximadamente 400 dólares mensuales. Cuenta con el respaldo de una red de profesionales de la comunicación integrada por más de 300 redactores, editores, fotógrafos, reporteros y corresponsales, estratégicamente distribuidos en México y en el mundo. Sus ventas ascenderán a 50 millones de pesos este año, de los cuales 43% es por venta de la información o el llamado hilo de suscriptores.
El periodista y analista en temas de medios de comunicación, Raúl Trejo Delarbre, ha recordado que, al principio de su gobierno, el presidente Fox señaló que al gobierno le interesaba tener una agencia de noticias capaz de apuntalar la presencia doméstica y foránea del Estado mexicano. También ha dicho que la existencia de esta agencia debe entrar en un plan de contar con instrumentos capaces de informar a los ciudadanos sin sujetarse a la benevolencia o el interés de las empresas de comunicación privada, por eso, insiste, medios como Notimex son indispensables.
Rubén Alvarez Mendiola, quien fue director de esta agencia, señala que su función social desde una perspectiva de Estado, es obvia: Tienen una finalidad integradora que busca dar identidad al interior del país y hacia fuera. Pero sobre todo es una agencia informativa profesional, que con frecuencia consigue primicias mundiales y obtiene premios nacionales e internacionales de prestigio. Además, genera en el medio periodístico una sana competencia.
Alvarez Mendiola propone evaluar la pertinencia de profesionalizar definitivamente esta agencia, que debería ser considerada abiertamente como entidad del Estado y no del gobierno y, por tanto, estar dotada de recursos suficientes y dirigida por profesionales de la comunicación, que no atiendan al interés de corto plazo del gobierno en tuno sino de la sociedad.
Por su parte, trabajadores y periodistas de Notimex coinciden con Alvarez Mendiola, al apuntar que Notimex debe ser una agencia de Estado al servicio de la sociedad y no del gobierno en turno, pero bajo un nuevo esquema de operatividad institucional, presupuestal y administrativa que la coloque como un auténtico instrumento de comunicación al servicio de la sociedad.
La agencia, agregan, puede ser pieza de una transparente política nacional de comunicación que a nivel del país debe convertirse en un medio clave del Estado mexicano, acorde con la pluralidad política; que actúe como una fuente de información veraz y oportuna para medios comerciales, las diversas regiones y los grupos desatendidos. La agencia debe ser ajena al control de cualquier grupo ideológico, político o económico, y con una línea editorial al margen de toda intencionalidad propagandística o estrictamente mercantil.
Pero el valor fundamental de una agencia de noticias como Notimex radica en que es un soporte para la pluralidad en los medios de comunicación, ya que sin su existencia peligrarían cientos de periódicos, revistas, radiodifusoras e incluso televisoras a nivel nacional, medios que no cuentan con la capacidad económica para sostener una planta de reporteros que los abastezca de noticias, carencia que suple la agencia la dotarlos de información nacional e internacional a bajo costos, esto indica que Notimex es un soporte de la diversidad y la pluralidad en los medios de comunicación, solo por este aporte es necesario mantenerla.
Por su parte el Colegio de Posgraduados ha sido reconocido como un centro público de investigación, es considerado en niveles de excelencia por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, además el 60 por ciento de los 600 especialistas forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, tiene convenios de investigación y docencia con varias instituciones extranjeras. Cerca de 600 profesores y mil estudiantes realizan cotidianamente tareas de investigación en este Colegio, actualmente por ejemplo se trata de resolver problemas como el virus de la tristeza en los cítricos, el mejoramiento del maíz, la creación de una harina de alta calidad industrial, la genética de variedades silvestres, la conservación de la cactácea biznaguilla en Tamaulipas, que sólo existe ya en los laboratorios.
Semejantes trabajos de investigación han realizado en beneficio de los agricultores mexicanos el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias que tiene en la entidad un centro experimental en el municipios de Zaragoza.
A pesar de reconocerse la necesidad de trabajar en torno al agua tanto en su conservación como en el cuidado para usarla, se trata de desincorporar a una institución de alta eficiencia tecnológica encargada de estas tareas, pero además se encuentra el camino de ser rentable, ya que con recursos autorizados para su sostenimiento por 211 millones de pesos para el año 2003, con sus propias investigación recupera recursos por 115 millones.
Con 271 investigadores, es considerado el brazo científico y tecnológico del sector del medio ambiente. Con sus estudios, por ejemplo, se ha desarrollado un sistema de recuperación integral de pérdidas en sistema de agua potable, que ha permitido reducir las fugas de agua en ciudades como México, Guadalajara, León, Veracruz, Jalapa y Reynosa. También, como producto de sus investigaciones, se ha permitido la reducción de volúmenes de riego de entre el 10 y el 40 por ciento.
Por su parte la Comisión Nacional de Zonas Aridas atiende a comunidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes, ubicadas en 16 estados; de ellas la mayoría se encuentra en Chihuahua, donde alcanzan las 57 mil 340 localidades. Esta Comisión debe jugar un importante papel no sólo para cuidar la biodiversidad existente en el semidesierto mexicano, sino también impulsar la investigación en torno a la productividad de los productos que se generan en esta región.
Pero lo grave de esta iniciativa para desincorporar estas instituciones ligadas al campo mexicano es un doble mensaje. El primero se orienta a decir que el campo, los campesinos y productores agropecuarios son innecesarios, por lo tanto se les deben retirar los respaldos con que hasta hoy cuentan. El segundo es también preocupante, sobre todo en un país que no genera tecnologías, que destina una ínfima parte del producto interno bruto a la investigación, que depende de las innovaciones tecnológicas que se generan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos; es grave que se quiera reducir drásticamente los recursos que el gobierno mexicano destina para esta actividad.
Para nosotros está claro que todas estas instituciones que hoy se plantea desincorporar deben seguir bajo el control del Estado, pero esto no choca con la necesidad de que se modernicen, que se vuelvan rentables, de que adquieran recursos privados y públicos por concepto de sus servicios. El hecho de que sean dependencias del Estado no es un obstáculo para que sean empresas productivas, eficientes y autosostenibles.
Tomando en cuenta estas consideraciones, proponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se haga llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Presidencia de la República la solicitud para que de la lista de empresas a desincorporar se excluya al Colegio de Posgraduados; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; la Comisión Nacional de Zonas Aridas, y la Agencia de Noticias Notimex.
Segundo. Que este pronunciamiento del Congreso del Estado de Coahuila en favor de la permanencia, como empresas sostenidas por el Estado, del Colegio de Posgraduados; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; la Comisión Nacional de Zonas Aridas, y la Agencia de Noticias Notimex se haga llegar a la Cámara de Diputados.
Tercero. Que este punto de acuerdo se mande a todas las Legislaturas locales, con la solicitud de que se manifiesten de la misma manera.
Saltillo, Coahuila, noviembre 26 de 2003.
Por el Grupo Parlamentario Evaristo Pérez Arreola de Unidad Democrática de Coahuila:
Diputados: Evaristo Lenin Pérez Rivera,
coordinador, Gregorio Contreras Pacheco (rúbricas).
DEL CONGRESO DE DURANGO
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
En sesión ordinaria verificada el 11 de los corrientes, la honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo que dice:
Punto de Acuerdo
Sin otro particular, nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 12 de noviembre de 2003.
Dip. Gabino Rutiaga Fierro (rúbrica)
Secretario
Dip. Jesús Gerardo Pérez Sáenz (rúbrica)
Secretario
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
En sesión ordinaria verificada el 19 de los corrientes, la honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango aprobó un punto de acuerdo que dice:
Punto de Acuerdo
Sin otro particular, nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 21 de noviembre de 2003.
Dip. Gabino Rutiaga Fierro (rúbrica)
Secretario
Dip. Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica)
Secretaria
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO
Toluca de Lerdo, Méx., a 27 de noviembre de 2003.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Nos permitimos dirigirnos a ustedes para comunicarles que, en sesión de esta fecha, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la LV Legislatura del estado de México tuvo a bien emitir el acuerdo que a continuación se transcribe:
Sin otro particular, les expresamos nuestra elevada consideración.
Atentamente
Dip. María Isabel de Jesús Viejo Plancarte
(rúbrica)
Secretaria
Dip. Elena García Martínez (rúbrica)
Secretaria
Toluca de Lerdo, Méx., a 27 de noviembre de 2003.
Dip. José Antonio Medina Vega
Presidente de LV Legislatura del Estado Libre y Soberano
de México
Presente
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, 57 y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción IV, y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado; y 74 del Reglamento de este Poder Legislativo, acudo a esta tribuna, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer un llamado a los legisladores del Congreso de la Unión, a través de la siguiente propuesta de proyecto de acuerdo, que solicito se le dé trámite de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
Las reformas fiscales deben estar encaminadas a buscar la equidad, justicia distributiva, generalidad e igualdad en los impuestos, eliminando los beneficios fiscales indebidos y la evasión fiscal y, en consecuencia, canalizar mayores recursos a estados y municipios porque, como a ustedes, los mexiquenses compartimos la visión de un México próspero y de bienestar, con oportunidades y satisfactores para todos los mexicanos.
En coincidencia con otros grupos parlamentarios, lo que se busca es que el Gobierno Federal elabore un paquete armónico, que cumpla los objetivos y que signifique un verdadero compromiso con el crecimiento y desarrollo del país.
Todos tenemos el compromiso de generar acuerdos. El respaldo y la corresponsabilidad entre las distintas fuerzas políticas y los Poderes de la Unión nos permitirán seguir avanzando hacia el desarrollo social y humano.
La reforma fiscal es el instrumento de política más importante del gobierno, pues refleja sus prioridades en materia social y económica, lo que cristaliza las decisiones gubernamentales y repercute directamente en la población, en particular sobre los grupos sociales en desventaja, los cuales dependen en mayor medida de los servicios sociales prestados por el gobierno.
De conformidad con la política del Gobierno Federal, se rechacen las propuestas que no sean estratégicas, que no permitan que el país camine y que impidan asignar cursos a renglones verdaderamente prioritarios.
Es importante crear propuestas que ahorren recursos y así gastar en el crecimiento de municipios y de estados en rubros de salud, educación, campo, ciencia y tecnología, universidades, escuelas, caminos y todo lo que vaya orientando al desarrollo del capital humano y social y al combate de la pobreza.
Con base en la consideración de que tanto los criterios tendentes a la continuidad en el manejo de la economía como las modificaciones contenidas en la reforma fiscal tengan el propósito de mantener finanzas públicas sanas sobre las cuales sustentar el crecimiento municipal, estatal y nacional, proponemos asumir la importancia del momento que vivimos y, por ello, exhortar a los legisladores federales a actuar con responsabilidad y remontar intereses partidistas para concentrarnos en reconocer la relevancia que reviste la reforma fiscal y actuar en consecuencia. Esto es, orientarnos hacia un solo objetivo: el desarrollo y crecimiento estable y definitivo de la nación mexicana.
La responsabilidad del Congreso de la Unión es decidir por la ciudadanía, por la opción de un México en crecimiento, con empleos, infraestructura y espacios suficientes para el desarrollo pleno de los seres humanos, pero ello implica invertir un poco más en nuestro país para lograr mejoras importantes.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de la asamblea el siguiente proyecto de acuerdo para que, de estimarlo correcto y adecuado, se apruebe en sus términos.
Proyecto de Acuerdo
Unico. Se hace un llamado a los legisladores del H. Congreso de la Unión a fin de que, mediante la construcción de acuerdos, impulsen los cambios necesarios para el fortalecimiento de las finanzas públicas con sentido federalista y visión de Estado, con responsabilidad política y patriotismo, con un claro compromiso en favor de todos los mexicanos, anteponiendo los intereses del país a los propios o de partido.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 27 días del mes de noviembre de 2003.
Diputados: Constantino Acosta Dávila (rúbrica),
Gonzalo Alarcón Bárcena (rúbrica), María del
Carmen Corral Romero (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica),
Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Germán Castañeda
Rodríguez (rúbrica), María Elena Lourdes Palacios,
Armando Javier Enríquez Romo (rúbrica), Angel Flores Guadarrama
(rúbrica), Berta María del Carmen García Ramírez
(rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica),
Jorge Ernesto Inzunza Armas (rúbrica), Roberto Liceaga García
(rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), José
Antonio Medina Vega (rúbrica), Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica),
Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Juan Rodolfo Sánchez
Gómez (rúbrica), Mario Sandoval Silvera (rúbrica),
Víctor Hugo Sondón Saavedra, Gonzalo Urbina Montes de Oca
(rúbrica), Víctor Javier Sosa Muñiz (rúbrica),
Leticia Zepeda Martínez (rúbrica).
DEL CONGRESO DE GUERRERO
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 27 de noviembre de 2003.
Por instrucciones de la Presidencia del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para los efectos procedentes, adjunto al presente, en cumplimiento a su transitorio segundo, el acuerdo parlamentario por el que se les formula un atento y respetuoso exhorto a que no aprueben la iniciativa de reformas constitucionales en materia energética propuesta por el titular del Poder Ejecutivo federal, aprobado en sesión de esta fecha.
Atentamente
Lic. Sáez Guadalupe Pavia Miller
Oficial Mayor
La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y
Considerandos
Primero.- Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
"Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Segundo.- Que asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
Artículo 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema dé planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
Tercero. Por su parte, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula lo siguiente:
Artículo 28.- "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios...
...
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza, de manera exclusiva, en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión, La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución, el Estado, al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerda con las leyes de la materia.
El Estado contará con los organismos y empresa que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de ó carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por si o con los sectores social y privado.
...
...
...
...
El estado, sujetándose a las leyes podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
...
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esta.
Cuarto.- Que conforme a1 artículo 73, fracción X, corresponde al Congreso de la Unión legislar en las siguientes materias:
Artículo 73.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
Quinto.- Que como es del conocimiento general, el Ejecutivo Federal envió a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional en materia de energéticos, para generar, según sus pretensiones, más empleos, más empresas extranjeras y más luz, como si esto fuera la gran solución a la problemática de las dos empresas estatales más importantes del Estado mexicano, tratando de hacer creer al ciudadano común y corriente, en forma por demás irresponsable, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en la actualidad no hay empleos ni tampoco hasta ahora, tenemos luz sino que ésta vendrá cuando las empresas extranjeras por fin tengan en sus manos éste recurso que pertenece al pueblo de México, y dejando pasar el hecho de que desconocemos que la Comisión Federal de Electricidad, es la cuarta empresa en el mundo generadora de electricidad.
Sexto.- Que tomando en consideración que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al aportar al gobierno mexicano la mayoría de sus ingresos por concepto de comercialización y venta de energía eléctrica, se queda con reducidos ingresos que le permiten apuntalar su infraestructura para responder a las demandas del mercado actual; por lo que su situación económica interna le provoca problemas de financiamiento y, por ende, se ve imposibilitada para modernizar sus servicios.
Séptimo.- Que es necesario que el Ejecutivo federal ya no desangre a esta importante empresa; de la manera como lo viene haciendo, y le destine un presupuesto acorde con sus necesidades para que pueda modernizar sus instalaciones y conseguir sus objetivos en términos de. su ley orgánica.
Octavo.- Que en la misma forma enunciada en el punto anterior, lo haga con Petróleos Mexicanos (Pemex) ya que, esta empresa es la única que sostiene la balanza comercial de pagos, pues sabemos, que no hay activación económica en la manufactura por lo que las exportaciones que se hacen en este rubro son muy limitadas y la factura más importante del país lo constituye precisamente nuestro petróleo, que hasta ahora es el recurso que nos está permitiendo subsistir como nación, y que mucho costó al pueblo de México, el cual, como también sabemos, ayudó como pudo al Presidente Lázaro Cárdenas para rescatar este recurso de empresas extranjeras, haciendo salir del país a las mismas que hasta el año de 1938 sacaban los recursos a su país de origen.
Noveno.- Que, por lo expuesto anteriormente, es necesario que este honorable Congreso se pronuncie en contra de las reformas constitucionales en materia energética propuesta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal y que al seno de ese Poder Legislativo se busquen otros mecanismos de financiamiento que eviten por lo tanto poner en manos del capital extranjero y de intereses transnacionales lo que es propiedad exclusiva del pueblo de México.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política local; 8, fracción I, y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa tiene a bien emitir el siguiente:
Acuerdo Parlamentario
Primero.- La Quincuagésima Séptima Legislatura al honorable Congreso del estado de Guerrero formula un atento y respetuoso exhorto a los diputados que integran la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que no aprueben la iniciativa de reformas constitucionales en materia energética propuesta por el Gobierno de Vicente Fox Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y busquen aplicar criterios adecuados para financiar, en el marco de la equidad social y la productividad a estas empresas del sector social, como son la CFE y Pemex, que son la parte más importante dé nuestra economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al beneficio general de los recursos productivos, los cuales deben preservarse como patrimonio del pueblo de México.
Segundo.- El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero manifiesta su solidaridad y respaldo al movimiento realizado por sindicatos del ramo eléctrico, asociaciones políticas, sociales y civiles, por la defensa del patrimonio energético nacional.
Transitorios
Primero.- El presente punto de acuerdo surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.
Segundo.- Comuníquese el presente punto de acuerdo parlamentario a los diputados integrantes de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero.- Publíquese el presente punto de acuerdo para conocimiento general en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su conocimiento general.
Cuarto.- Remítase el presente acuerdo parlamentario a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las Legislaturas locales para su conocimiento y adhesión al mismo.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil tres.
Dip. Herón Delgado Castañeda (rúbrica)
Presidente
Dip. Fredy García Guevara (rúbrica)
Secretario
Dip. Yolanda Villaseñor Landa (rúbrica)
Secretaria
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
Palacio Legislativo
Av. Congreso de la Unión 66
Edificio D, Primer Nivel
Col. El Parque
Del. Venustiano Carranza
México, DF, CP 15969
En sesión ordinaria verificada el 7 de octubre del presente año, la honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en uso de la competencia que le otorga el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa honorable Cámara de Diputados iniciativa en la que se propone reforma a la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. La Comisión dictaminadora, al estudiar la iniciativa, encontró que ésta tiene como finalidad reformar el artículo 104, en su fracción I-A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los presupuestos de los Poderes Judiciales estatales se fortalezcan sin eliminar la concurrencia entre Federación y los estados; y la Federación resarza o cubra a estos últimos por el hecho de que los tribunales locales conozcan de los litigios derivados de la materia mercantil y en materia de procesos penales por delitos federales en auxilio o apoyo de la justicia federal.
Segundo. Por lo anterior y si bien es cierto que aun y cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 104 establece que a los tribunales de la Federación corresponde conocer de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y la aplicación de leyes federales, o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal, también es cierto que en la actualidad esta circunstancia ha aumentado considerablemente con la consecuencia de que los Poderes Judiciales de los estados dediquen gran parte de su función jurisdiccional a la atención y resolución de estas controversias, y que de acuerdo con la competencia a los juzgados federales corresponde conocer de todos los asuntos derivados del cumplimiento y la aplicación de leyes federales y tratados internacionales de las materias que les competen.
Sin embargo, al disponer el mismo artículo la posibilidad de que el actor elija entre el tribunal federal o el local, esta situación ha generado un cúmulo de asuntos que los juzgados y tribunales de los estados deben desahogar, acentuándose en materia mercantil, debido a que el Poder Judicial federal no tiene el número de juzgados de distrito suficientes en las entidades federativas para atenderlos, a pesar de corresponderles por jurisdicción originaria.
Tercero. En consecuencia de lo antes mencionado y debido a la insuficiencia de juzgados federales y a la competencia concurrente establecida en la propia Constitución, y que por comodidad de las partes y de los litigantes ha provocado que los tribunales estatales atiendan y desahoguen el cien por ciento de los litigios mercantiles al extremo de que los juzgados de distrito no admiten las demandas de esta naturaleza, de tal suerte que los juzgados y tribunales de los estados tienen un cúmulo de trabajo en esta materia, desahogándolos en auxilio o apoyo de la justicia federal.
Cuarto. Igual suerte corre la materia penal en delitos federales en los juicios de amparo, en los que los jueces estatales por aplicación de leyes federales, se ven obligados a desahogar diligencias en auxilio de los jueces de distrito, lo cual implica tiempo y recursos. Por ello, la iniciativa propone reformar el artículo 104, fracción I-A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de fortalecer la autonomía y elevar la calidad de la función pública de las entidades federativas, estableciendo la obligación de la Federación de resarcir o cubrir a los estados en los términos que establezcan las leyes reglamentarias o secundarias, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los gastos que tengan que erogar para prestarle este servicio de administración de justicia en apoyo del Gobierno Federal.
Quinto. La Comisión dictaminadora consideró relevante la iniciativa que se comenta y, con la finalidad de plasmar la importancia y trascendencia de este tema, y una vez aprobado, se remita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente considerado, nos permitimos someter a la determinación de esa honorable Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para el trámite parlamentario correspondiente, el siguiente proyecto de
Decreto
El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del pueblo, decreta:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 104, fracción I-A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
I-B. a VI. ...
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los siete días del mes de octubre del año dos mil tres.
Diputados: Rubén Velasco Murguía,
Presidente; Isaías Berumen Aguilar, Miguel Angel Astorga Arreola,
secretarios (rúbricas).
CC. Diputados Secretarios de la H. LXII Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango
Presentes
El suscrito, Octaviano Rendón Arce, diputado por el X distrito local e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango y 127, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de estado, somete a la consideración de esta H. asamblea iniciativa que contiene reforma del artículo 104, fracción I-A, de la Constitución General de la República, para que, de estimarla procedente, esta H. LXII Legislatura la haga suya y, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción III, de nuestra Carta Magna, se inicie ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el procedimiento respectivo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema federal mexicano se adoptó, en el siglo XIX, como la forma de gobierno más moderna que existía entonces.
Nuestro país había sido una colonia completamente centralizada al imperio español, de tal manera que para el pueblo, y aun para las ciases ilustradas, tanto el sistema republicano como la democracia y el federalismo les eran completamente desconocidos.
Como consecuencia de dichos antecedentes centralistas y monarquistas, los nuevos sistemas de gobierno implantados produjeron muchas situaciones que no corresponden a los propósitos originales del federalismo puro.
En teoría constitucional, debería existir una nítida separación entre los poderes de la Federación y los de los estados, sin invasión de funciones. Sin embargo, esto no es así, especialmente en el ramo de la administración de justicia.
El Estado mexicano, desde su nacimiento, tuvo que enfrentar grandes problemas que aún son obstáculo para su desarrollo integral. El país estaba más o menos comunicado en el centro de la República, no así con las grandes regiones del norte y algunas otras de las selvas tropicales del sur y del sudeste.
Ello originó desde el principio que la presencia de las autoridades fuera muy desigual, pues mientras que en el centro y en la capital podían funcionar en los términos previstos en la ley, en las regiones aisladas que he mencionado las autoridades, sobre todo las federales, no tenían y todavía en la actualidad no tienen la presencia y los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
En 1824 se constituyó la Federación de estados, surgiendo entonces la competencia para resolver, jurisdiccionalmente, todos los asuntos litigiosos de naturaleza federal. Se hizo necesario estructurar en toda la República el Poder Judicial de la Federación, con una Suprema Corte, tribunales de circuito y los juzgados de distrito correspondientes.
Separando la competencia que a los juzgados federales siempre ha correspondido en la materia de amparo, con auxilio también de los juzgados estatales, conforme al artículo 104, fracción I-A, de la Constitución actual, todos los asuntos que se susciten sobre el cumplimiento y la aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales son materias propias de la competencia de los juzgados federales.
En el mismo artículo se dispone que en las controversias en que sólo se afecten intereses particulares podrán también conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los estados y del Distrito Federal.
Esa disposición ha originado miles y quizá millones de asuntos mercantiles que los juzgados y los tribunales de los estados han venido desahogando, porque la Federación nunca ha tenido en las entidades federativas el número de juzgados de distrito requerido para atender estos negocios, a pesar de corresponderles la jurisdicción originaria.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que de 1824 a la fecha los juzgados y los tribunales de los estados han tenido la totalidad de los juicios o controversias que se han originado con motivo de la aplicación de las leyes mercantiles, las cuales -todos lo sabemos- son federales.
Las razones para que esto sucediera son muy entendibles, pero una de ellas sin duda es la disposición contenida en la fracción 1-A del artículo 104 de la Constitución, donde se permite al actor, en un juicio mercantil, escoger, para el conocimiento del caso, un juzgado estatal cuando la controversia sólo afecte intereses particulares.
No hay juzgados federales suficientes para atender esas controversias, por un lado; y, por otro, al otorgar la Constitución competencia a los tribunales locales para conocer de esos litigios cuando sólo se afecten intereses particulares, se originó, por comodidad para las partes interesadas y los litigantes, lo que después se hizo una costumbre completamente arraigada: que los tribunales de los estados se hiciesen cargo y desahogasen 100 por ciento de los litigios mercantiles, a grado tal que los juzgados de distrito federales, no obstante tener la responsabilidad original de atender esos asuntos, de alguna manera los desdeñan cuando llega a presentarse alguna demanda ante ellos y obstaculizan su tramitación cuando tienen que darle entrada.
Esa práctica, que si bien tiene apoyo legal en la Constitución, atenta y rompe con el sistema del federalismo, pues ha constituido y constituye en la actualidad una carga tremenda de trabajo para los juzgados y los tribunales de los estados, los cuales se han convertido prácticamente en maquiladores al servicio del Poder Judicial de la Federación, que debería atender y cumplir esa responsabilidad, que representa más de 50 por ciento de los litigios que se ventilan ante la justicia de México.
En los últimos tres años, en Durango se han radicado más de 80 mil 242 juicios mercantiles en los juzgados de primera instancia. A eso hay que sumar las apelaciones y el desahogo de los diferentes incidentes que en cada uno de estos juicios, como es normal en todo trámite judicial, se ha requerido resolver.
En Durango capital, el Poder Judicial del estado ha tenido que establecer cuatro juzgados especializados en materia mercantil y dos juzgados auxiliares. Todos los demás juzgados del estado ejercen una competencia común tanto en materia mercantil federal como en la civil estatal, constituyendo los asuntos mercantiles 85 por ciento de los negocios que se atienden; el restante 15 por ciento corresponde a asuntos de la competencia propia estatal.
Como apreciamos, son miles los juicios mercantiles que el estado de Durango ha desahogado en auxilio o apoyo de la justicia federal. Si sumáramos las estadísticas de Durango a las de los demás estados de la República, tendríamos que concluir forzosamente que son millones los juicios mercantiles que los estados y el Distrito Federal han desahogado sin que hayan recibido de la Federación un solo centavo para los gastos administrativos y de personal que todo ese trabajo representa.
Independientemente de lo anterior, existe otra área donde los jueces de los estados, por aplicación también de leyes federales, se ven obligados a desahogar diligencias en auxilio de los juzgados de distrito. Esto sucede en materia de procesos penales por delitos federales y en los juicios de amparo.
Cabe destacar en este punto que, además del gasto y el tiempo que se utiliza para el auxilio en amparos, requisitorias y diligencias que se desahogan en materia penal, los juzgados de los estados reciben muchas veces un trato autoritario de los tribunales federales, como si fueran sus subordinados, lo que de ninguna manera corresponde a su dignidad de integrantes de un estado soberano miembro de la Federación, con su competencia propia de acuerdo con la Constitución mexicana.
Esa carga de trabajo obliga a los jueces locales a dilatar o posponer la atención y resolución de sus asuntos propios de carácter estatal por los que les son encomendados en auxilio de los juzgados de distrito, pues ocurre incluso que son prevenidos de ser sancionados con multas o medios de apremio que sólo son aplicables en la jurisdicción federal, no en la estatal.
Como consecuencia, puede constarse que mientras los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación gozan de recursos ilimitados y extraordinarios, los juzgados y tribunales de los estados, como en el caso de Durango, no alcanzan con sus escasos presupuestos a subsidiar los negocios que en justicia y por ley corresponde atender a los tribunales de la Federación.
Para mostrar las grandes diferencias, basta decir que un juez de distrito recibe como sueldo base $85,000.00; además, tiene dos bonos al año por la cantidad de $74,092.00 y 40 días de aguinaldo sobre el sueldo base. Tiene asimismo seguro institucional de 40 meses, seguro colectivo de retiro de $25,000.00, seguro de gastos médicos mayores de 444 a 592 salarios mínimos generales del Distrito Federal, seguro de separación individualizado, prima vacacional de 50 días de sueldo base que se otorga por cada periodo vacacional, prima quincenal, pago de defunción, vacaciones de 20 días al año en dos periodos de 10 días cada uno, un automóvil, equipo de telefonía celular, radiolocalizador y hasta apoyo para alimentos. Todo esto, además de contar con la seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Fovissste y del SAR.
Obviamente, los sueldos y las prestaciones de los magistrados, ya sean de los tribunales unitarios de circuito o de los tribunales colegiados de circuito, así como de los ministros de la Suprema Corte y los funcionarios de los tres organismos mencionados, se duplican o triplican, según sea el caso.
En cambio, los jueces de primera instancia del estado reciben como sueldo promedio mensual una cantidad que no supera 18,000.00 pesos, del cual la mayor parte es aportada por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 se asignaron al Poder Judicial de la Federación $20,301,710,906.00 (veinte mil trescientos un millones setecientos diez mil novecientos seis pesos), incluyéndose también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 1,665 millones de pesos, mientras que para los Poderes Judiciales de los estados, como promedio, los presupuestos apenas si rebasan 100 millones de pesos.
Es menester señalar que el H. Congreso del estado de Sonora, tomando en cuenta los lineamientos anteriores, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 104, fracción I-A, de la Constitución General de la República, cuyo propósito es fortalecer la autonomía y el mejoramiento de la función pública de los estados para que, sin eliminar la concurrencia que se considera en el precepto citado, la Federación quede obligada a resarcir o cubrir a los estados, en los términos que establezcan las leyes reglamentarias o secundarias, incluido el Presupuesto de Egresos de la Federación, los gastos que tengan que erogar para prestar este servicio de administración de justicia al Gobierno Federal.
Por lo expuesto y considerado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Acuerdo
La honorable LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, con las facultades que le confiere el artículo 55 de la Constitución Política local, en nombre del pueblo acuerda:
Primero. La LXII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango acuerda, en ejercicio del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto que reforma la fracción I-A del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre del pueblo, decreta:
Artículo Primero. Se reforma el artículo 104, fracción I-A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
I-B. a VI. ...
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.
Segundo. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango instruye al Presidente de la Mesa Directiva para presentar, formalmente, el contenido del presente acuerdo ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Victoria de Durango, Dgo., a 24 de marzo de 2003.
Dip. Octaviano Rendón Arce (rúbrica)
 
 
DEL CONGRESO DE JALISCO, QUE ADICIONA EL ARTICULO 37 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION
Honorable Congreso de la Unión
La Quincuagésima Sexta legislatura del honorable Congreso del estado, en sesión verificada el día de hoy, aprobó el acuerdo económico número 1152/03, del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se remite iniciativa de decreto que adiciona el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley General de Educación.
Por instrucciones de la Directiva de esta honorable soberanía jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2003, Año de la Equidad en Jalisco."
Guadalajara, Jalisco, a 11 de noviembre de 2003.
Lic. Ricardo Homero Salas Torres (rúbrica)
Oficial Mayor
Compañeras diputadas y diputados:
J. Guadalupe Madera Godoy, diputado de esta LVI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del estado de Jalisco, así como en los artículos 85, 87 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene a bien someter a consideración de esta H. representación popular iniciativa de acuerdo económico con carácter de dictamen que adiciona el artículo 37 de la Ley General de Educación con base en los siguientes:
Considerandos
I
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política de nuestro estado, es facultad de los diputados presentar iniciativas a la consideración del Pleno del Congreso del estado, así mismo los artículos 85, 87 y 90 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo establecen que dichas iniciativas podrán ser de ley, de decreto y de acuerdo económico.
II
La formación de los profesores, en virtud del papel fundamental que éstos desempeñan en la educación de niños y adolescentes, debe corresponder a las finalidades y los contenidos que la legislación educativa le asigna a la educación básica. Los principios que fundamentan el sistema educativo nacional parten de la idea de que existe un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que todos los niños y jóvenes mexicanos deben adquirir y desarrollar, independientemente de la entidad, región, condición social, religión, género o cultura étnica a la que pertenezcan.
Esta necesidad constituye la principal razón de la existencia de planes de estudio nacionales que, mediante un conjunto de propósitos, contenidos básicos y formas de organización, garantizan una formación común, adecuada a las principales finalidades del sistema educativo nacional. Al mismo tiempo, permiten atender las principales demandas que la diversidad regional, social y cultural del país le exigen al sistema educativo y, en particular, al ejercicio docente en todas las materias que se imparten en los diferentes niveles educativos.
III
Lograr que la educación artística trascienda y coadyuve de manera significativa al ámbito académico, ha sido el reto que desde diferentes perspectivas han abordado educadores, pedagogos y especialistas en varias épocas. Desde diferentes espacios académicos y culturales, organizaciones ofíciales y privadas han impulsado el análisis y reflexión en tomo a esta materia, así como los métodos más eficaces para acercarse a ella y desarrollarla; proponiéndola como un coadyuvante necesario para el desarrollo integral de los educandos, postulando el hecho de que el mayor logro intelectual en la historia de la humanidad es el arte.
IV
Con respecto a la educación artística, el tiempo y los espacios que se le dedicaban se han visto afectados debido a los programas instrumentados y a una falta de visión en la planeación. Aún cuando encontramos muchas justificaciones para dar un lugar privilegiado a la educación del arte en las escuelas, las cuales van desde considerar la expresión artística como la comunicación de las emociones de un hombre, o de un grupo a otro; es catalogado por muchos como parte de la base en la identidad cultural de los pueblos, incluso hay quienes lo refieren como una cualidad innata e inherente a la naturaleza del hombre y el hecho de no desarrollarla nos lleva a no autorrealizarnos como seres humanos; cierto es que todos sentimos la necesidad interior de expresar nuestra naturaleza, sentimientos y emociones.
V
Es importante considerar el marco legal que encuadra la impartición de la educación artística en nuestro país, para lo cual se hace referencia a la Ley General de Educación, que en sus artículos 2, 7, fracciones I y VIII, 12, fracción I, y 48 a la letra dicen:
Artículo 2
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.
Artículo 7
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá, además de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas;
VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;
Artículo 12
Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República, de la educación primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica.
Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.
VI
A pesar de conocer la Trascendental importancia que la educación artística tiene en todas las etapas formativas del educando, no se le ha dado la atención suficiente para formar profesionales que atiendan en las instituciones de educación básica, principalmente en secundaria y primaria, esta asignatura educativa, dejando en manos del tradicionalismo la aplicación de este hecho pedagógico, que sólo contribuye a propiciar un lento y en ocasiones errático desarrollo integral del individuo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política de nuestro estado, 85, 87 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, someto a la consideración de los miembros de esta asamblea la siguiente
Iniciativa de acuerdo económico con carácter de dictamen
Unico.- Gírese atento oficio al honorable Congreso de la Unión a efecto de proponer a su atenta consideración la adición del artículo 37, tercer párrafo, de la Ley General de Educación.
Actualmente dice:
Artículo 37.- ...
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.
Se propone adicionar:
Artículo 37.- ...
El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles, especialidades y licenciaturas que den cobertura a todas las áreas del conocimiento requeridas.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 11 de noviembre de 2003.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2003, Año de la Equidad en Jalisco."
Dip. J. Guadalupe Madera Godoy (rúbrica)
México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2003.
Diputado Juan de Dios Castro Lozano
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
311, fracción XIV, de la Ley de Concursos Mercantiles, así
como de la decisión tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en el expediente 698/2000, notificada a este órgano
por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/
8422/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, presento a
esta honorable asamblea, en mi carácter de director general del
Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el informe
semestral de labores ordenado por dichas disposiciones.
Atentamente
Lic. Luis Manuel Méjan Carrer (rúbrica)
Director General del Instituto
 
DE LA CAMARA DE SENADORES, SEIS EN LOS QUE SE TRANSCRIBEN PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITAN MAYORES RECURSOS A DIVERSAS PARTIDAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004
México, DF, a 4 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente punto de acuerdo:
México, DF, a 4 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente punto de acuerdo:
México, DF, a 4 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente punto de acuerdo:
México, DF, a 4 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente punto de acuerdo:
México, DF, a 4 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente punto de acuerdo:
México, DF, a 4 de diciembre de 2003.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con el siguiente punto de acuerdo:
Segundo.- Que para tal efecto se analice la conveniencia de tomar en cuenta los recursos provenientes de los excedentes de la venta de petróleo crudo, para dotar de mayores recursos a los programas de inversión de Pemex en materia de extracción de gas natural."
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56, 60, 63, 135, 138, 139, 140, 141, 165 y 168 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración, la siguiente iniciativa de Ley Federal de la Juventud.
Exposición de Motivos
La mayoría de los habitantes de nuestro país son jóvenes menores de 30 años de edad, por lo que los legisladores tenemos por delante la oportunidad de renovar las instituciones y leyes así también de crear las que nos hagan falta. Desde luego que esto implica una gran responsabilidad, pues se trata de reflexionar sobre los cambios y comprometernos con los que valgan la pena. En México, la democracia es nuestra forma de gobierno y, después de cumplir los 18 años, todas las personas que nacimos aquí o que se han nacionalizado en nuestro país nos consideramos ciudadanos. Esta democracia ofrece a los jóvenes, algunos mecanismos de inserción y participación dentro del sistema social, de una forma directa, mediante el voto. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un joven de 21 años puede ser elegido para diputado y al cumplir 25 años puede ser votado para senador de la República.
Indudablemente debe haber una representación en nuestro gobierno de las minorías y con mayor razón de las mayorías, en ese sentido, resulta contradictorio que no se tome en cuenta a la mayoría, que en este país la representan los jóvenes.
La juventud es una etapa en la cual el ser humano se está definiendo y tomando decisiones sobre una gran cantidad de cosas; nuevas tareas que aprender, responsabilidades que asumir, estudios que realizar y, en general, sobre qué vamos a hacer en la vida. Por lo que la violencia, la inseguridad pública, el desempleo y el narcotráfico son una constante hoy en día en el mundo, y muchos jóvenes que se sienten sin opciones y por estar en la etapa de definición, ahí el riesgo.
Se le debe hacer entender a la juventud, que ésta es una etapa de la vida, parte del aprendizaje y preparación para la responsabilidad de la vida adulta.
Somos conscientes que ser joven varia dependiendo del lugar donde se viva, y de las costumbres de cada comunidad de nuestro país. Las responsabilidades de los jóvenes en la ciudad y en el campo son diferentes, y se determinan a partir del sector social al que pertenecen y sus formas de vida, recursos económicos y culturales; es decir, no es lo mismo ser joven que vive y trabaja en el campo, que ser un joven que también vive en el campo, pero que se dedica a estudiar.
Sin duda hemos evolucionado, actualmente casi toda la gente puede entender lo que es un joven, pero las cosas no siempre fueron así, de hecho, el concepto de juventud es reciente, hasta el siglo pasado la infancia duraba muy poco y de inmediato los niños se entregaban a pesadas jornadas de trabajo, ni los niños ni los jóvenes tenían derechos especiales.
Ha sido hasta el siglo XX que las mujeres y los niños lograron hacer valer sus derechos, y ganaron un lugar en las luchas que la sociedad civil emprende por lograr una mejor forma de vida, y aun cuando se han tenido conquistas al respecto, y son mayoría los jóvenes en este país, no existe una legislación específica para ellos.
Solamente tenemos como referencia la Convención de los Derechos Humanos y de los Derechos del niño y los derechos de los jóvenes mayores de 18 años que se encuentran estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los legisladores debemos entender que las carencias de la juventud son inmensas, se debe diseñar un marco normativo que de respuestas a sus carencias y conga los puntos fundamentales de coincidencia de cualquier joven mexicano, independientemente de su ubicación en la nación y en la vida.
Es un derecho inalienable de los jóvenes mexicanos, que se ejerza una política de Estado que los proteja, contra toda situación que atente contra su integridad física, moral, intelectual o espiritual que les impida su desarrollo.
Según datos del INEGI la población joven en México es mayoría, y se incrementa de forma significativa si observamos que en 1970 la población de entre 15 y 24 años aumento 9 millones 200 mil y en 1999 fue de 20 millones 200 mil, se prevé que alcanzara 21 millones 200 mil en el 2010 y a partir de entonces, empezara a disminuir.
Es verdad que se han destinado recursos para este sector de la población, en el que uno de cada tres mexicanos tiene una edad de entre 12 y 29 años. Pero también lo es que se siguen teniendo grandes deficiencias que implican salud, educación, cultura, recreación, oportunidades de trabajo y una real defensa de sus derechos.
La presente Ley de la Juventud que proponemos a esta Honorable Cámara de Diputados, tiene como objetivo primordial, crear una estrategia incluyente de todos los sectores de la sociedad, así como incluir a los diferentes niveles de gobierno, en la atención de la juventud mexicana. Esta iniciativa de ley define una política coherente con las necesidades juveniles y pretende garantizar que todo joven mexicano cuente con alternativas para desarrollar todo su potencial en beneficio de sí mismo, de su familia, de su comunidad y de su país.
Diagnóstico
Según un diagnóstico de la Organización Iberoamericana de la Juventud, de la cual México es miembro, nos refleja que los jóvenes mexicanos a pesar de tener un mayor nivel educativo han sufrido un incremento en la tasa de desempleo y el deterioro en la calidad del empleo, también se ha incrementado la tasa del sector productivo que se incorpora al sector informal, así casi la totalidad de los nuevos puestos de trabajo de los jóvenes en México fueron de tiempo parcial, es decir, menos de 20 horas a la semana. En este contexto, los jóvenes son uno de los sectores más afectados por la crisis del empleo en México.
Lo cierto es que las perspectivas no parecen muy alentadoras. La situación del empleo juvenil empeora año tras año, aún a pesar de que la generación actual es la mejor educada y formada de todos los tiempos.
Un dato más de la organización iberoamericana de la juventud nos indica que 40% de los jóvenes mexicanos, vive en situación de pobreza, marginación y exclusión social, y las dificultades que muchas comunidades presentan con relación a la participación y la democracia, queda en evidencia la profunda necesidad de incrementar las acciones políticas orientadas a los jóvenes por parte del Estado.
En México 7 millones de jóvenes viven en situación de pobreza o miseria extrema y, por ello en condiciones inadecuadas para su desarrollo personal, debido a la precariedad de sus ingresos y su deficiente calidad de vida no satisfacen sus necesidades básicas, lo cual repercute en el abandono temprano de los sistemas escolares, no siempre para incorporarse al sector productivo.
Según datos de la encuesta nacional de la juventud realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, el 24% de los jóvenes de entre 20 y 24 años son jefes de hogares, con todas las implicaciones que esto conlleva.
Sí, por lo general, los jóvenes se están encontrando con dificultades para insertarse socialmente en la vida adulta, con mayor razón los jóvenes a los que nos estamos refiriendo tienen una dificultad mayor ya que parten de una situación de desventaja social, más todavía datos del sistema nacional salud nos indica que más de 13 millones de mexicanos consumen tabaco de los que la mayoría son personas menores de 30 años, respecto al grave problema del alcohol más de 2 millones 800 mil personas lo consumen en exceso en México y, 570 mil mexicanos consumen alguna droga ilegal. Lo más grave es que el uso de estas sustancias inicia a edades cada vez más tempranas.
Sin duda, son los jóvenes quienes actualmente demandan mayores servicios educativos, de salud, trabajo, deporte y recreación.
La diversidad del sector juvenil, se manifiesta en la diferencia de intereses y sus expectativas, que son tan distintas como su formación política, cultural y sentido de identidad y pertenencia. Sin embargo, tienen en común muchos problemas, necesidades, aspiraciones e ideales, aún tratándose de jóvenes con una situación económica desahogada.
Por ello, es imperativa una política de Estado que conozca los problemas de este sector de la población.
Antecedentes
Hemos tenido importantes esfuerzos por tratar de apoyar a la juventud mexicana como los han sido: El departamento de acción social y juvenil de la Secretaría de Educación Pública; El Instituto de la juventud o Injuve; el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud ( CREA); el Programa Integral de Adolescentes del DIF y el Programa de Jóvenes en Solidaridad de la Sedesol, todas éstas cargadas de buenas intenciones pero al no existir un marco jurídico integral que regule la atención a los jóvenes, seguirán siendo sólo una política transitoria y sin rumbo ante la magnitud del problema.
El 30 de septiembre de 1997 tuvimos como antecedente la creación de la comisión especial de asuntos de la juventud. Mas tarde el 17 de noviembre del mismo año se presento ante el senado de la República una iniciativa de ley para crear el instituto de atención de la Juventud, como una forma de canalizar los recursos del programa Causa Joven de la Comisión Nacional del Deporte.
En el marco jurídico, tenemos como antecedente más importante el que se dio en diciembre de 1998, al aprobarse la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que tuvo entre sus objetivos esenciales la creación del Instituto Mexicano de la Juventud, como un organismo público descentralizado.
En diciembre del 2000 fue presentada una iniciativa de Ley de Juventud, que se considera como un hecho relevante.
También una verdadera muestra de acuerdos en beneficio de la nación, lo realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que aprobó en abril del 2000, la ley de los jóvenes del Distrito Federal, reiterando con esto la posibilidad de acuerdos cuando se trata de beneficiar a los mexicanos.
Justificación
La presente iniciativa de ley, pretende proponer una visión de conjunto y generar, sobre los adolescentes y jóvenes, en lo que se refiere al tratamiento legislativo de los asuntos que guardan relación con sus derechos situación y problemática.
Los puntos siguientes se ocupan del desarrollo integral de los jóvenes; desde la perspectiva del tratamiento legislativo; ley de la juventud; entidades que velan por su aplicación; las políticas de la juventud y datos disponibles sobre la participación efectiva de los jóvenes en ellas.
La reflexión principal es que; en la mayoría de la República Mexicana, no están diseñados ni tienen mecanismos que permitan una efectiva y real participación de la juventud. Existen, sin embargo, algunos procesos puntuales que incluso se enmarcan en al Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son; la ciudadanía a los 18 años, el derecho a ser elegido y a ocupar cargos representación popular a los 21 y 25 años, como lo son el de diputado federal y senador de la República. No obstante el ejercicio de ambos derechos no se ha traducido hasta el momento en una mayor participación política de los jóvenes y en una efectiva sensibilización para la solución de sus problemas.
Propuesta
La presente iniciativa de la Ley Federal de la Juventud, ha sido elaborada, con el fin de plantear un programa nacional, que pretende ser útil para resolver la problemática de los jóvenes, partiendo de un análisis sistemático y desde un aspecto sustantivo de la realidad juvenil mexicana
En esta iniciativa, hemos tratado de capturar la condición humana, de sujeto de derechos y obligaciones del joven, teniendo en cuenta su confrontación con el resto de su entorno social y de su desarrollo integral.
Un aspecto que se recogió fue la percepción del reconocimiento real de la sociedad del joven como sujeto de derechos, del cual se pretendió concretar, en la legislación sobre la juventud y en las políticas que derivan de ello.
Debemos los legisladores de la 59ª Legislatura, tener un reconocimiento en los derechos de los jóvenes y que se plasmen en un derecho positivo que los efectivice.
Entre los principales aspectos que se proponen en la presente iniciativa y que en su momento habrán de ser valorados por esta Soberanía, se encuentran:
La enseñanza de valores y la educación para
padres como elementos para el mejoramiento de las bases de convivencia
social y familiar.
La atención a los jóvenes en diversas situaciones
vulnerables que requieran de la asistencia social.
Servicios y acciones a los que podrán acceder
los jóvenes mexicanos, con la presentación de la Tarjeta
Juvenil que será entregada por el Instituto Mexicano de la Juventud.
El establecimiento de opciones educativas para jóvenes
trabajadores y la capacitación para el autoempleo.
Diversas disposiciones en materia de trabajo y previsión
social, cultura, recreación y deporte.
Contenido de la Iniciativa
La iniciativa de Ley de la Juventud, consta de 6 Títulos, 12 Capítulos, 50 artículos, contando, además, con 6 disposiciones transitorias.
Título Primero.- Incluye el objeto de la ley, su finalidad, asimismo, una definición de los conceptos utilizados en la iniciativa, como son; Juventud y la de Personas Jóvenes.
Título Segundo.- Contiene los derechos y deberes, como el derecho a la recreación, a la integridad, a la dignidad, a la identidad, a la salud y al trabajo. Entre los deberes que se tipifican están aquellos de los jóvenes para consigo mismos, para con la sociedad, el Estado y la naturaleza.
Título Tercero.- Establece el Sistema Nacional de la Juventud, del cual su directriz será el Consejo Nacional de la Juventud y este sistema contará con un registro de organizaciones juveniles, un sistema nacional de participación juvenil y un fondo de iniciativas juveniles.
Título Cuarto.- Establece el Consejo Nacional de la Juventud, así como sus atribuciones. También se contempla la creación de los consejos estatales y municipales. El Consejo Nacional será un organismo público y autónomo, pero totalmente ciudadanizado y sin influencia de los partidos políticos.
Título Quinto.- Contiene la política de Estado hacia los jóvenes, así como las directrices que integran el Sistema Nacional de la Juventud, así también se contempla la coordinación de esfuerzos, de las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para concretar el buen desarrollo de la presente ley.
Título sexto.- Contiene las responsabilidades y sanciones al incumplimiento de la presente iniciativa de la Ley Federal de la Juventud.
Finalmente en los artículos transitorios se indican el momento en el que esta ley entrará en vigor, así también los plazos para que en un plazo máximo de noventa días, se formen los Consejos Estatales y Municipales de la Juventud.
Exhortación
Compañeras y compañeros legisladores:
La poca legislación en materia de juventud que hay en México es muy dispersa, con problemas de inoperancia y se caracteriza mas bien por su fragmentación, fragilidad y una marcada inestabilidad. Este hecho tiene una incidencia negativa en la juventud, así como en sus derechos civiles y políticos, participación, genero, desarrollo, educación, empleo, capacitación, salud, calidad de vida y esparcimiento.
Somos conscientes que se ha avanzado en los contenidos de los instrumentos internacionales en materia de juventud, y desde luego en nuestra carta magna. Por todo lo anterior es por lo que hoy venimos ante esta honorable tribuna a proponer un ordenamiento legislativo que colabore al buen desarrollo de nuestra sociedad.
Recordemos que la juventud también es un estado mental. Compañeras, compañeros, les invito a que pensemos joven, sintamos joven, actuemos joven, valorando las palabras del Doctor Salvador Allende: "Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica".
Iniciativa de Ley Federal de la Juventud
Título Primero
Artículo 1º.- Objeto. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en la República Mexicana. Su objeto es establecer los principios que orienten las políticas públicas y las acciones institucionales a favor de los jóvenes; El Consejo Nacional de la Juventud, con carácter de órgano rector de las políticas y estrategias de la Administración Pública Federal hacia la juventud.
Así también de los siguientes objetivos:
a) Elaborar, promover y coordinar la ejecución de políticas públicas dirigidas a crear las oportunidades, a garantizar el acceso a los servicios e incrementar la potencialidad de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología.
b) Coordinar el conjunto de las políticas nacionales de desarrollo que impulsan las instancias públicas, para que contemplen la creación de oportunidades, el acceso a los servicios y el incremento de las potencialidades de las personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía.
c) Propiciar la participación política, social, cultural y económica de las personas jóvenes, en condiciones de solidaridad, equidad y bienestar.
d) Promover y ejecutar investigaciones que permitan conocer la condición de las personas jóvenes y de sus familias, para plantear propuestas que mejoren su calidad de vida.
e) Proteger los derechos, las obligaciones y garantías fundamentales de la persona joven.
2. Promover el desarrollo integral de los y las jóvenes sin distinción de sexo, religión, oposición política, raza, etnia u orientación sexual, de nacionalidad mexicana y de los y las jóvenes extranjeros residentes en el territorio nacional.
3. Contribuir al acceso de los y las jóvenes a la vida nacional en los distintos ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y de otros tipos, promoviendo su protagonismo.
4. Garantizar el ejercicio de los derechos humanos, civiles y políticos que permitan el respeto a los jóvenes y su participación plena en el progreso de la nación.
5. Garantizar el reconocimiento, valoración, aceptación de un modo de pensar, sentir y actuar, como la expresión del estilo de vida, valores y creencias que corresponden a la juventud.
6. Establecer, garantizar y promover los derechos de los jóvenes.
7. Establecer sus derechos, la garantía de la defensa de los mismos y la promoción de sus intereses.
8. Determinar las obligaciones que tiene cada joven para consigo mismo, para con su familia, para con la sociedad y para con la Nación.
9. Integrar a los jóvenes a las tareas sociales, y promover su participación en todos los ámbitos de la vida pública, particularmente en los ámbitos de la educación, la capacitación, la cultura, el deporte, el empleo, la productividad, el acceso a los servicios públicos y privados y la convivencia.
10. Garantizar la atención igualitaria a la juventud a través de las distintas instancias públicas y privadas y los ámbitos en los cuales se prestará dicha atención.
11. Promover una cultura de respeto, integración y participación hacia los jóvenes en el ámbito familiar, comunitario y social, así como en el público y privado.
12. Establecer servicios, descuentos y promociones para la juventud.
13. Crear y organizar el Consejo Nacional de la Juventud, con objeto de coordinar y apoyar todos los esfuerzos que se realicen a favor de los jóvenes en el país.
14. Establecer las facultades y obligaciones de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
15. Disponer la celebración de convenios a favor de los jóvenes que al respecto acuerden los gobiernos federal, estatales y municipales.
Artículo 4º.- Personas jóvenes. Para los fines de la presente ley se considera como jóvenes a las mexicanas y mexicanos, cuyas edades están comprendidas entre los 14 y 29 años.
Título Segundo
Capítulo Unico
De los Derechos y Deberes de las Personas Jóvenes
Artículo 5º.- Derechos de las personas jóvenes. La persona joven será sujeto de derecho y gozará de todos los inherentes a las personas, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos o en la legislación especial sobre el tema.
Artículo 6º.- El derecho al desarrollo humano de manera integral. La presente ley establece la responsabilidad del Estado y sus instituciones en garantizar la implementación de servicios que promuevan un conjunto de condiciones que permitan al joven desarrollar plenamente sus facultades físicas, psicológicas, intelectivas, culturales, sociales y espirituales que articuladas coherentemente viabilizen y potencializen la participación de las personas jóvenes como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, políticos como civiles.
Artículo 7º.- El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las áreas vitales para su desarrollo humano.
Artículo 8º.- El derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa. Es derecho de todos las personas jóvenes de este país, incorporarse a las distintas actividades y ramas productivas así como tener acceso a empleos justos y estables que permitan su sustento y desarrollo, para lo cual el Estado velara, a fin que no sea objeto de ninguna discriminación por su condición de jóvenes.
Artículo 9º.- El derecho a la salud, la prevención y el acceso a servicios de salud que garanticen una vida sana. Todos los y las personas jóvenes mexicanas, tienen derecho a los servicios de salud en forma democrática y eficiente, conforme a sus necesidades.
Las personas jóvenes tienen derecho a gozar y participar en la implementación de políticas publicas y sociales que informen, investiguen y realicen actividades de prevención y rehabilitación contra el uso indebido de drogas.
Artículo 10º.- El derecho a la recreación, por medio de actividades que promuevan el uso creativo del tiempo libre, para que disfrute de una vida sana y feliz.
El Estado mexicano garantiza el derecho a la recreación, la practica del deporte u otras actividades, que permitan el sano esparcimiento y desarrollo de las personas jóvenes, para lo que dispondrá de los recursos que fueren necesarios.
Artículo 12º.- El derecho a tener a su disposición, en igualdad de oportunidades, el acceso al desarrollo científico y tecnológico.
Artículo 13º.- El derecho a la diversidad cultural y religiosa. La Cultura y la Religión, como expresión de la identidad nacional, formas de sentir, pensar y actuar de los diversos grupos sociales, culturales o étnicos se reconocen en los términos de sus particularidades y diferencias, por lo que deberán de ser respetadas, desarrolladas y difundidas, para lo cual el Estado dispondrá de los medios y recursos pertinentes para su fomento y difusión.
Artículo 14º.- El derecho a la atención integral e interinstitucional de las personas jóvenes, por parte de las instituciones públicas y privadas, que garanticen el funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a la persona joven.
Artículo 15º.- El derecho a la cultura y la historia como expresiones de la identidad nacional y de las correspondientes formas de sentir, pensar y actuar, en forma individual o en los distintos grupos sociales, culturales, políticos, económicos, étnicos, entre otros.
Artículo 16º.- El derecho a convivir en un ambiente sano y participar de las acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Todas las personas jóvenes tienen derecho a ser respetados en su vida psicosocial. Nadie puede hacer uso indebido de imágenes u otros medios que revelen la vida intima, personal y social de las personas jóvenes, salvo en los casos previstos por otras leyes.
Artículo 17º.- El derecho de las personas jóvenes con discapacidad a participar efectivamente, todas las personas jóvenes tienen el derecho a no ser desvalorizados y maltratados por las autoridades publicas y la sociedad, con estigmas u otros calificativos negativos que mellen a la integridad personal.
Artículo 18º.- La educación formal regulada por el estado para todos los y las jóvenes es un derecho que debe ser garantizado y que a la vez forma parte esencial del desarrollo integral, por lo que es responsabilidad del Estado mexicano, disponer de los recursos que fueren necesarios a los fines de garantizar este derecho.
Artículo 19º.- Todas las personas jóvenes tienen derecho a ser informados responsable y oportunamente en aspectos educativos, de salud integral en aspectos educativos, de salud integral, de salud sexual reproductiva, políticos, laborales, económicos, culturales y otros que faciliten el acceso a mejores condiciones de vida.
Artículo 20º.- Deberes. Son deberes de todas las personas jóvenes del territorio nacional y que habitan en el país:
b) Con la sociedad. Respetar los derechos de los demás, participar y asumir colectiva e individualmente tareas y acciones relativas al desarrollo de la seguridad, tolerancia y equidad de genero. Participaren la vida política, económica, social y cultural del país en el marco de los valores y principios democráticos.
c) Con la naturaleza. Resguardar y proteger su entorno ecológico. proteger y resguardar la calidad de un medio sustentable.
Capítulo I
Del Sistema Nacional de la Juventud
Artículo 21º.- De los componentes del Sistema Nacional de la Juventud. Conforme al artículo anterior. El Consejo Nacional de la Juventud, formulará las directrices para la integración del Sistema Nacional de la Juventud, el cual deberá incluir:
Artículo 22º.- Del registro de organizaciones juveniles, a través de la presente ley, todas las organizaciones juveniles podrán ser reconocidas una vez que sean identificadas a través del sistema de registro de juventudes, instrumentalizado por el Instituto Mexicano de la Juventud y su reglamento interno.
Artículo 23º.- Organizaciones juveniles. Se define como organización juvenil toda expresión de asociación juvenil que con fines lícitos que se estructura para desarrollar iniciativas y/o actividades de y para los jóvenes.
Artículo 24º.- Clasificación de las organizaciones juveniles.
La presente ley reconoce a las siguientes clases de organizaciones juveniles:
b) Organizaciones de jóvenes, que son organizaciones conformadas y dirigidas por jóvenes y que expresan toda forma de asociación juvenil, ya sea ésta voluntaria, cultural, folklórica, cívica, deportiva o social.
c) Organizaciones Políticas de la Juventud, que son expresiones asociativas de jóvenes que desarrollan actividades en el campo del pensamiento y la praxis del pensamiento político y social.
Artículo 25º.- Del sistema de participación de la juventud. La presente ley conforma el sistema nacional de participación de la juventud con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones de y para los jóvenes, este sistema esta conformado por las organizaciones juveniles reconocidas en el ámbito nacional, departamental y local.
Artículo 26º.- De la finalidad del Sistema Nacional de Participación de la Juventud. La presente ley garantiza la participación y representatividad de la juventud organizada de las organizaciones juveniles en todo el territorio nacional, cuya finalidad es desarrollar mecanismos de participación de los jóvenes que canalicen sus demandas.
Capítulo IV
Del Fondo de Iniciativas Juveniles
Artículo 27º.- Del Fondo de Iniciativas Juveniles. Créase el Fondo de Iniciativas Juveniles como mecanismo de financiación de las propuestas del sistema de participación de la juventud, sirviendo como fondo de garantía o de contrapartida para las iniciativas de proyectos que presentarán las organizaciones juveniles reconocidas por el Sistema Nacional de Registro de Organizaciones juveniles.
Título Cuarto
Capítulo I
Del Consejo Nacional de la Juventud, sus Atribuciones
y del Consejo Estatal y Municipal de la Juventud
Artículo 28º.- Se establece el Consejo Nacional de la Juventud, como órgano autónomo representativo de la sociedad civil que concrete y canalice las demandas de y para las personas jóvenes ante el Instituto Mexicano de la juventud y el sistema nacional de la juventud.
Artículo 29º.- El Consejo Nacional de la Juventud estará conformado por:
c)10 representantes de Organizaciones de Jóvenes,
que resulten elegidos de encuentros nacionales.
d) 30 representantes de Consejos Estatales de la Juventud,
que resulten elegidos de encuentros municipales.
Artículo 31º.- El Consejo Nacional de la Juventud elegirá a cinco miembros para la Dirección Nacional, mediante voto universal y directo en la Asamblea del Consejo Nacional de la Juventud, por un periodo de tres años, el mismo que estará conformado por: 1 Presidente, 2 Vicepresidentes, 1 Secretario General y 1 Secretario de Finanzas.
Podrán acreditar representantes ante el Consejo Nacional de la Juventud las organizaciones reconocidas en el capítulo referente, bajo las siguientes características:
c) Las organizaciones de jóvenes que demuestren
presencia en más de veinte estados.
d) Representantes de Consejos Estatales de Juventud que
resulten elegidos en asambleas municipales.
Artículo 32º.- Son atribuciones del Consejo Nacional de la Juventud:
b) Coordinar servicios a favor de la juventud la realización de planes, programas, y proyectos que satisfagan las demandas juveniles.
c) Proponer ante el Honorable Congreso de la Unión, proyectos de leyes que normen y regulen los planes, programas y proyectos que satisfagan las demandas juveniles.
d) Representar a los jóvenes asociados en la defensa de sus derechos y deberes ante instituciones estatales y asociaciones civiles.
e) Aprobar en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, el plan anual que incorpore planes, programas y proyectos a favor de la juventud.
f) Aprobar y reconocer las representaciones de la juventud asociada ante eventos nacionales e internacionales.
Capítulo III
De los Consejos Estatales de la Juventud
Artículo 34º.- Consejos Estatales de la Juventud. Los Consejos Estatales de la Juventud, son organismos dependientes del Consejo Nacional de la Juventud y tienen la finalidad de representar a las personas jóvenes asociadas a cada estado.
Artículo 35º.- Los Consejos Estatales de la Juventud estarán formados por:
c) Diez representantes de Instituciones Juveniles Estatales.
d) Diez representantes de cada Consejo Municipal de la
Juventud.
Artículo 37º.- El Director Ejecutivo del Consejo Estatal de la Juventud estará conformado por: 1 Presidente, 2 Vicepresidentes, 1 Secretario General y 1 Secretario de Finanzas.
Artículo 38º.- Son atribuciones del Consejo Estatal de la Juventud:
c) Gestionar ante organismos nacionales y Estatales financiamiento
para programas y proyectos presentados por sus organizaciones miembros.
d) Reconocer y aprobar las delegaciones de la juventud
asociada ante eventos nacionales y estatales.
Artículo 39º.- Los Consejos Municipales de la Juventud, son organizaciones que representan a la juventud asociada en el municipio, que dependen de sus respectivos Consejos Estatales.
Artículo 40º.- Los Consejos Municipales de la Juventud están conformados por organizaciones que de acuerdo a la presente ley son reconocidos por el Municipio en cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana.
Artículo 41º.- Los Consejos Estatales de la Juventud elegirán mediante voto universal y directo en Asambleas Municipales a un Director Ejecutivo formado por: 1 Presidente, 2 Vicepresidentes, 1 Secretario General y 1 Secretario de finanzas.
Artículo 42º.- Los Consejos Municipales de la Juventud gestionarán los recursos de su funcionamiento ante el Consejo Estatal y el Consejo Nacional de la Juventud, para los programas y proyectos presentados por sus miembros.
Artículo 43º.- Atribuciones de los Consejos Municipales de la Juventud. Son atribuciones del Consejo Municipal de la Juventud:
c) Gestionar ante el Presidente Municipal la incorporación de planes, programas y proyectos en el Plan Municipal de Desarrollo.
d) Gestionar ante organismos nacionales y regionales financiamiento para programas y proyectos presentados por sus organizaciones y miembros.
e) Reconocer y aprobar las delegaciones de la juventud municipal asociada ante eventos estatales y nacionales.
Capítulo Unico
De la Política de Estado Hacia los Jóvenes
Artículo 44º.- Política de Estado. La atención a la juventud es un asunto de interés prioritario para el Gobierno Federal, mismo que establecerá con carácter de política de Estado, una estrategia institucional de carácter integral y permanente para los jóvenes. En dicha política de Estado, se considerarán el papel que desempeñan la familia, la sociedad y los propios jóvenes.
Artículo 45º.- Sistema Nacional de la Juventud.El Consejo Nacional de la Juventud, formulará las directrices para la integración de un Sistema Nacional de la Juventud, el cual estará constituido por el conjunto de instituciones, dependencias, clubes, organizaciones, instancias, personas y en general cualquier agrupación de la sociedad que realice trabajo con la juventud y para la juventud.
La presente ley establece que este sistema esta compuesto por organizaciones e instituciones estatales y de la sociedad civil con el fin de garantizar:
El Consejo Nacional de la Juventud será el eje articulador de la participación previamente citada y la coordinación de los esfuerzos, instancia que promoverá, la suma de recursos y de voluntades de todas aquellas instancias que tienen como objetivo común la atención a la población juvenil.
Artículo 47º.- Recursos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se establecerán anualmente los recursos de los cuales se dispondrá para el desarrollo de sus programas de atención a la juventud. Tales recursos se incrementarán con las aportaciones provenientes de las instituciones productivas, del sector privado, de las aportaciones nacionales y federales, de la cooperación internacional y de los autosugestionados por los propios jóvenes. Bajo una estrategia de coordinación institucional, será el Consejo Nacional de la Juventud, el que indique el monto global de los recursos que en conjunto las dependencias e instituciones e integrantes del mismo destinarán para la atención del sector.
Título Sexto
Capítulo Unico
De las Responsabilidades y Sanciones
Artículo 48º.- Respeto a los derechos de los jóvenes. En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos a las personas jóvenes que esta ley consagra.
El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento jurídico, motivará la aplicación de las sanciones las establecidas en los Códigos Penales Federales y de los estados y las demás leyes aplicables.
Artículo 49º.- Responsabilidades.Las autoridades y servidores públicos consideradas en la presente ley que incumplan con la misma, serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la particular de los estados y las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de cada estado.
Artículo 50º.- Sanciones. Cualquier persona que tenga conocimiento del maltrato o violencia contra los jóvenes podrá denunciarlo ante las autoridades competentes.
De no hacerlo, se harán acreedores a una multa equivalente de 10 hasta 100 salarios mínimos generales vigentes aplicables en cada entidad federativa.
Transitorios
Primero.- Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Consejo Nacional de la Juventud deberá quedar integrado en un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Tercero.- Una vez que quede integrado el Consejo Nacional de la Juventud, sus miembros deberán tomar las medidas necesarias para que en un plazo máximo de noventa días, se formen los Consejos Estatales y Municipales de la Juventud.
Cuarto- La presente iniciativa se enviará en forma simultánea a las Comisiones del Congreso para efectos del dictamen correspondiente, a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a las instituciones y organizaciones de jóvenes y organizaciones no gubernamentales con fines dirigidos hacia la juventud. Previamente a la emisión del dictamen, las Comisiones a las que se haya turnado la presente iniciativa considerarán las propuestas que resulten de dicha consulta a la sociedad.
Quinto.- Se procederá a revisar el marco jurídico y a realizar las adecuaciones correspondientes en la legislación vigente, con objeto de que adecuarla a lo dispuesto por el presente ordenamiento, el cual deroga todas aquellas disposiciones que lo contravengan. El Instituto Mexicano de la Juventud, adecuará sus fines, atribuciones, organización y funcionamiento conforme a lo dispuesto por el presente ordenamiento.
Sexto.- Se establece el Día de la Juventud, el cual corresponderá a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, 4 de Diciembre de 2003.
Dip. Gonzalo Guízar Valladares
QUE ADICIONA UN ARTICULO 170-A A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y ADICIONA UN PARRAFO AL ARTICULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara la presente iniciativa de decreto que adiciona un artículo 170-A de la Ley Federal del Trabajo, y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 5 que:
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos".
Por ello a instancias de la Organización Internacional del Trabajo, los países miembros convinieron en aprobar el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, en donde se establecen las bases para impulsar las relaciones familiares igualitarias y con equidad de los trabajadores y trabajadoras.
Al mismo tiempo esta organización internacional da a conocer la Recomendación 165 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, en donde con más claridad el artículo 22 expresa que:
2) La duración del período posterior a la licencia de maternidad y la duración y las condiciones de la licencia a que se hace referencia en el subpárrafo 1) anterior deberían determinarse en cada país por uno de los medios previstos en el párrafo 3 de la presente Recomendación.
3) La licencia a que se hace referencia en el subpárrafo 1) anterior debería introducirse en forma gradual".
Por ejemplo, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo de la República Colombiana, establece que al mismo tiempo que la trabajadora hace uso de su licencia por maternidad, su esposo o compañero permanente tomará cuatro días de licencia por paternidad. Si la pareja está cotizando en el seguro social, la licencia de paternidad será por 8 días.
Lo mismo se establece en la Ley del Contrato de Trabajo de la República Argentina, que estipula:
ARTICULO 158- El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de híjo, dos (2) días corridos".
El artículo 4 constitucional establece la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, además de la protección de la organización y desarrollo de la familia. La licencia de paternidad tiene como base este artículo.
Nuestro país no ha aprobado, ni ratificado, el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, por lo que este convenio no tiene el carácter de ley en nuestro país. Por ello el objetivo de esta iniciativa es agregar, al menos en una forma limitada, el derecho de licencia por paternidad.
Es importante mencionar que la legislación laboral contiene los derechos mínimos con que cuentan las y los trabajadores del país. Por ello, la licencia por paternidad es una práctica común que se inscribe en los contratos colectivos de trabajo de los grandes sindicatos nacionales. La experiencia de la lucha sindical ha permitido la incorporación de nuevas figuras jurídicas de protección a los trabajadores; los contratos colectivos son una fuente especial de Derecho del Trabajo. Ha llegado el momento de incorporar estas figuras jurídicas a nuestras leyes para beneficio de todos los trabajadores del país.
Por ejemplo el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la empresa Teléfonos de México SA de CV establecen en su contrato colectivo de trabajo lo siguiente:
...
d) Para atender al cuidado de la familia, a juicio del trabajador, cuando la esposa de éste dé a luz, el que será hasta de tres días siguientes, tomando en cuenta la fecha del alumbramiento y sujeto a la comprobación del caso a juicio de la Empresa.
Se propone crear un nuevo artículo el 170-A y cambiar el nombre del título quinto por Trabajo de las mujeres y licencia de paternidad en la Ley Federal del Trabajo.
Se propone incluir en el artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado dos párrafos, porque armoniza con la licencia de maternidad; la paternidad y la maternidad deben ser dos caras de la misma moneda.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente:
Iniciativa de decreto que adiciona un artículo 170-A de la Ley Federal del Trabajo, y adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, con respecto a la licencia por paternidad.
Primero. Se adiciona un articulo 170-A y se modifica la denominación del Titulo Quinto de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Titulo Quinto
Trabajo de las mujeres y licencia de paternidad
Artículo 170-A. Los trabajadores hombres tendrán derecho a tres días de descanso consecutivos con goce de salario y prestaciones a partir del nacimiento de su hijo o hijos del sexo masculino o femenino, con la finalidad de atender a su esposa o concubina y de su hijo o hijos. Para hacer uso de este derecho, bastará que presenten al patrón el comprobante de alumbramiento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su defecto, por alguna institución del sistema nacional de salud.
La presentación del comprobante deberá hacerse de inmediato, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
Segundo. Se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 28.-
...
Los trabajadores hombres tendrán derecho a tres días de descanso consecutivos con goce de salario y prestaciones a partir del nacimiento de su hijo o hijos del sexo masculino o femenino, con la finalidad de atender a su esposa o concubina y de su hijo o hijos. Para hacer uso de este derecho, bastará que presenten al patrón el comprobante de alumbramiento expedido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, o en su defecto, por alguna institución del sistema nacional de salud.
La presentación del comprobante deberá hacerse de inmediato, salvo caso fortuito o fuerza mayor
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de diciembre de 2003.
Diputado Federal Marcos Morales Torres (rúbrica)
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL INCISO C) DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 5, Y UN TERCER PARRAFO AL ARTICULO 135 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscribimos, diputadas y diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo al inciso C) de la fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las figuras procesales de mayor trascendencia en el juicio de amparo es la llamada "suspensión del acto reclamado". En esencia, la suspensión del acto tiene por objeto mantener viva la materia objeto del juicio, de manera que no se causen perjuicios irreparables para el quejoso y que tampoco se vea afectado el interés público. Normalmente, la suspensión del acto reclamado se materializa en un proveído de la autoridad judicial que conoce del juicio de garantías, por medio del que se ordena a las autoridades responsables la paralización o cesación de cualquier acto que pudiera perjudicar al quejoso.
La suspensión del acto reclamado, tiene una naturaleza cautelar, puesto que no decide en modo alguno sobre el fondo del asunto sino que constituye solamente una apreciación preliminar con respecto de la existencia de un derecho. Al dictar la suspensión, el juez no se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sino que toma las medidas que resulten necesarias para que el pronunciamiento que haga respecto al fondo del asunto en el momento procesal oportuno pueda tener efectos, en virtud de que el acto de autoridad no se ha consumado de forma irreparable.
En este sentido, el profesor de la Escuela Libre de Derecho y reconocido especialista en materia de juicio de amparo, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, afirma lo siguiente:
El uso indebido de esta facultad que la Ley de Amparo otorga para proteger intereses legítimos, desvirtúa su noble fin y convierte a la suspensión del acto reclamado en un "burladero" para defraudar a la Ley.
Para comprender, tanto el sentido que debe tener la institución de la suspensión del acto reclamado, como la adición que se propone en la presente iniciativa, hay que recordar que la fracción X del artículo 107 constitucional establece lo siguiente:
La forma que tiene la autoridad, adicionalmente para proteger dichos intereses, es mediante el otorgamiento por parte del quejoso de una garantía, que hasta ahora puede revestir cualquier forma de las permitidas por la legislación fiscal.
Sin embargo, y dada la importancia social de ciertos casos, la autoridad judicial debe tomar muy en cuenta la posible afectación de terceros que por omisión del quejoso o por alguna circunstancia no puedan ser llamados a juicio y por ende defender oportunamente sus intereses legítimos.
A la luz de lo dispuesto por nuestra Carta Magna y de la experiencia que a partir de una multiplicidad de casos se ha ido acumulando en los últimos años, se considera necesario adicionar un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, mediante el cual se precise la garantía que deberá ofrecer el particular promovente del amparo, cuando se trate de asuntos cuyo objeto de fondo se refiera a la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios. En estos casos, para evitar fraudes procesales, conservar la materia del juicio, dar efectividad a los actos de autoridad que se ajusten a la Constitución y las leyes, preservar los intereses legítimos de los terceros perjudicados y poner a salvo el interés público, se considera necesario que la Ley de Amparo precise, que la única garantía aceptable es la del depósito en efectivo de la cantidad sobre la que versa el juicio ante el órgano judicial.
De la misma forma y como medida complementaria de la anterior, se considera oportuno adicionar un segundo párrafo al inciso C de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, a fin de considerar necesariamente como terceros perjudicados, en los asuntos que se han mencionado, a las asociaciones de productores legalmente constituidas.
Para fundamentar la propuesta, hay que considerar la importancia que tiene, para la economía Mexicana, el sector de productores de granos básicos y de bienes agroindustriales y agroalimentarios. No solamente se trata de un sector estratégico para el desarrollo nacional, sino que también es uno de los que mayores sacrificios ha tenido que realizar para poder sobrevivir a un entorno de apertura económica que ha afectado a millones de familias. El sector mexicano de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios tiene que competir, directa o indirectamente, con la importación de productos subsidiados, que han puesto en grave riesgo la subsistencia de muchas familias campesinas y de obreros del medio rural. Si además de esa competencia, la importación de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios se apoya en estratagemas de carácter procesal, para evadir la imposición de los aranceles o cuotas compensatorias que determinen las autoridades, entonces la situación que estamos enfrentando es doblemente peligrosa.
A mayor abundamiento, debemos estimar que este tipo de operaciones de importación de granos básicos, bienes agroindustriales y bienes agroalimentarios, que quedan libres de arancel por las deficiencias señaladas en la Ley de Amparo, inciden directamente en el precio de dichos bienes y con ello, dañan a toda la cadena productiva nacional: desde el campesino hasta el industrial.
La medida que se propone, pondría a salvo de fraudes procesales a millones de mexicanos. Según datos del INEGI, en el sector primario de la economía mexicana trabajan más de siete millones de personas sobre un total de más de 40 millones activas económicamente. Es decir, la medida propuesta puede beneficiar potencialmente a cerca del 20% de la población económicamente activa de nuestro País. Por lo que se trata, no solamente de una medida necesaria sino urgente.
En los últimos meses, la sociedad mexicana ha presenciado diversas movilizaciones de los sectores productivos del país, reclamando la injusta competencia que están enfrentado por las importaciones de productos que son subsidiados en otros países.
Quienes integramos la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, debemos mantenernos sensibles a tales reclamos y en atención a los planteamientos que hemos recibido en diversos foros y reuniones con las partes afectadas, debemos considerar que es momento de tomar todas las medidas prácticas, incluyendo las legislativas, que estén a nuestro alcance para proteger la economía nacional y poder servir mejor, de esa forma, a los intereses generales de todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso C) fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo ...
Fracción II. ...
Fracción III. ...
C) En los juicios de amparo en los que el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, serán terceros perjudicados necesariamente las organizaciones nacionales de productores legalmente constituidas.
Cuando el amparo se ...
...
Cuando el acto reclamado tenga relación directa o indirecta con la importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, la única garantía que se aceptará para otorgar la suspensión será la que consista en depósito en efectivo realizado ante la autoridad judicial competente, por el monto total de la importación en términos de la legislación fiscal aplicable.
Transitorios
Primero.- La presente iniciativa de reformas, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de rango legislativo o reglamentario que se opongan a la presente.
Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados el día 9 de diciembre de 2003.
Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)
 
QUE DEROGA LOS PARRAFOS SEGUNDO, TERCERO, SEPTIMO Y OCTAVO DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74; ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 78; REFORMA EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 79; ASI COMO ADICIONA LAS FRACCIONES XX Y XXV DEL ARTICULO 89, TODAS ESTAS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER CASTELO PARADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para derogar los párrafos segundo, tercero, séptimo y octavo de la fracción IV del artículo 74; adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 78; modificar el primer párrafo de la fracción II del artículo 79, así como adicionar en el artículo 89 las fracciones XX a la XXV, todas estas modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de actualizar el marco jurídico en materia presupuestaria y de Cuenta Pública, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La separación de poderes es la nueva realidad en el ejercicio del supremo poder de la Federación.
El Partido Acción Nacional en sus plataformas políticas, y por conducto de sus Legisladores, ha sustentado a través del tiempo la necesidad de otorgar al Poder Legislativo, los elementos que le permitan cumplir de mejor manera con sus responsabilidades, en la determinación de las contribuciones que se requieren para financiar las crecientes demandas de la población, teniendo en cuenta, que el régimen fiscal debe promover la inversión y ayudar a la generación de empleos, así como vincularse con un adecuado sistema presupuestario, que asigne de manera eficiente el gasto por medio de diversos programas y proyectos. Es la alta trascendencia que ambas tareas implican para el futuro del país, la razón que sustenta esta iniciativa.
El Poder Legislativo representado por las dos cámaras del Congreso de la Unión, requiere de mayor tiempo para cumplir con sus obligaciones constitucionales de examinar, discutir y aprobar anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos y, en el caso específico de la Cámara de Diputados, para aprobar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; por ello, se propone anticipar a octubre 15, la entrega del Paquete Económico de parte del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en aquellos años donde no se presenta cambio de Administración.
La necesidad de los legisladores de contar con más tiempo para cumplir con la anterior obligación constitucional, es todavía mayor en los años en que cambia el presidente de la República; Al respecto, hoy en día sólo cuenta el Congreso de la Unión con 15 días para desempeñar dicha tarea, al recibirse el Paquete Económico hasta el 15 de diciembre. Para estos casos, en la presente iniciativa se propone como fecha límite para su aprobación el 28 de febrero, lo cual hará que se disponga del tiempo necesario para examinar, discutir y aprobar en mejores términos la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Una solicitud de muchos años, ha sido la de resolver la eventualidad de que inicie un ejercicio fiscal y no se hubieren aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, o quedase pendiente éste último. Con el objeto de darle seguridad y certidumbre a todos los sectores del país y no generar inestabilidad política que afecte las expectativas en los mercados financieros nacionales e internacionales, se propone un esquema de reconducción presupuestaria que permita continuar la labor del Gobierno Federal y de los Gobiernos Locales y Municipales.
En los años en que no hay cambio de administración en el Ejecutivo Federal, la propuesta consiste en aprobar por un lapso de tiempo que abarcaría desde el primer día del nuevo ejercicio fiscal hasta el 15 de enero, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos que estuvo vigente para el año inmediato anterior, con las actualizaciones y ajustes que por razones legales o económicas se deban considerar. Con esto, la fecha del 15 de enero sería el límite para que el Congreso o en su caso la Cámara de Diputados, aprobaran los correspondientes documentos para el nuevo ejercicio fiscal.
En los casos de inicio de una nueva administración, se propone mantener la fecha vigente del 15 de diciembre para la entrega del Paquete Económico que incluye, Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, en estos casos también se aplicará el mecanismo de reconducción señalado, pero el Congreso tendrá como fecha límite para la aprobación del nuevo Paquete Económico, hasta el 28 de febrero. Con esto se lograría dar certidumbre económica; y desde el punto de vista político, se dispondría del tiempo necesario para resolver aquellos casos en los que se presentase incertidumbre por posibles cuestionamientos en los resultados electorales.
Al establecer nuevos plazos para la aprobación de la Ley de Ingresos y/o del Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del mecanismo de reconducción, se propone obligar a la Comisión Permanente a convocar a un período extraordinario al Congreso General o únicamente a la H. Cámara de Diputados en los casos en que no se hubiere aprobado la Ley de Ingresos y/o el Presupuesto de Egresos antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal, con el fin único de discutir y aprobar dichos documentos. En los años de inicio de una nueva administración, se convocará en la primera sesión de la Comisión Permanente del mes de febrero; de no ser este el caso, la convocatoria ocurrirá en la primera sesión del mes de enero.
Una vez culminados los tiempos propuestos en el mecanismo de reconducción presupuestaria para ambas situaciones y no se hubieren aprobado los documentos, se plantea se apruebe el Paquete Económico originalmente enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, o a la H. Cámara de Diputados en particular para el caso del Presupuesto de Egresos.
Otra limitación de nuestro actual marco jurídico en materia presupuestaria es, que no se permite comprometer recursos más allá del ejercicio fiscal correspondiente al presupuesto anual que se autoriza, pero la realidad nos muestra que eso no se respeta; el endeudamiento a largo plazo, los Pidiregas, son casos donde se crea la obligación de destinar recursos de presupuestos futuros para hacerles frente.
Para homologar nuestro marco jurídico en materia presupuestaria al de muchos países de avanzada en este tema, donde una de sus características consiste en planear presupuestos con visión de mediano y largo plazo, se propone autorizar en el presupuesto anual de egresos la posibilidad de contraer compromisos multianuales. Para esto, se plantea adicionar en la Constitución Política de nuestro país, una fracción al artículo 89, que autorice el comprometer recursos para programas de inversión y proyectos de infraestructura, que abarquen varios ejercicios fiscales.
Así como se propone ampliar el tiempo para examinar, discutir y aprobar el Paquete Económico y en particular el Presupuesto de Egresos de la Federación, también se reconoce el requerimiento de mayor tiempo para estudiar la Cuenta Pública anual, por lo que también se propone que el Ejecutivo Federal anticipe al 15 de marzo la presentación del documento de Cuenta Pública anual ante la Cámara de Diputados. De igual forma se establece que la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación deba entregar su informe con los resultados de la revisión, a más tardar el 15 de octubre.
Por otro lado, tras haberse aprobado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, resulta contrario a la misma que en el Presupuesto de Egresos se permitan partidas secretas; por lo que proponemos se elimine esta posibilidad.
Proponemos también pasar al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que enuncia las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la obligación referente a la entrega del Paquete Económico y la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados. Actualmente se encuentran dichas obligaciones en el artículo 74, el cual contiene las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.
Para responder a esta nueva realidad nacional, y lograr todo lo propuesto, presentamos ante esta Soberanía, la siguiente:
Iniciativa con Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se reforman los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo Segundo.- Se derogan los párrafos segundo, tercero, séptimo y octavo de la fracción IV del artículo 74;
Artículo Tercero.- Se adicionan, en el artículo 78, un segundo párrafo a la fracción IV y en el artículo 89, las fracciones XX a la XXV; se recorre la actual fracción XX para constituirse en la nueva fracción XXV.
Artículo Cuarto.- Se modifica el primer párrafo de la fracción II del artículo 79.
Artículo 74. . . .
II. . . .
III. . . .
IV. . . .
Derogada
Derogada
. . .
. . .
Derogada
Derogada
. . .
II. . : :
III. : : :
IV. . . .
Convocar al Congreso de la Unión y/o a la H. Cámara de Diputados, a un periodo extraordinario, en la primera sesión del mes de febrero en los años de inicio de una nueva administración, para la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en la primera sesión del mes de enero, en los casos en que no se hubiere aprobado alguno de los documentos del Paquete Económico durante el plazo establecido y que no corresponda a un año de inicio de una nueva administración en el Ejecutivo Federal.
V. . . .
VI. . . .
VII. . . .
VIII. . . .
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II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de Octubre del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.
. . .
III. . . .
IV. . . .
.............
............
...........
.............
XVII Derogada
XVIII. ...
XIX Derogada
XX. Entregar a la H. Cámara de Diputados el Paquete Económico que comprende los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el 15 de octubre, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente, a dar cuenta del mismo. En el caso del primer año de una nueva administración, se presentará el Paquete Económico a más tardar el 15 de diciembre para ser aprobado por el Congreso de la Unión a más tardar el 28 de febrero del siguiente año.
XXI. Si iniciado un ejercicio fiscal que no corresponda a una nueva administración en el Ejecutivo Federal y no se hubieran aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes, entrarán en vigor desde el primer día del nuevo ejercicio fiscal hasta el 15 de enero del mismo, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal inmediato anterior con las actualizaciones y ajustes que por razones legales y económicas deban considerarse.
El 15 de enero será la fecha límite para que el Congreso y/o la H. Cámara de Diputados aprueben la Ley de Ingresos y/o el Presupuesto de Egresos para el nuevo ejercicio fiscal.
Si concluida la fecha límite no se hubieren aprobado los documentos del Paquete Económico, quedarán aprobados los presentados por el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados para el nuevo ejercicio fiscal correspondiente.
XXII. El Presupuesto de Egresos de la Federación podrá contemplar Programas de Inversión y Proyectos de Infraestructura, que abarquen varios ejercicios fiscales. Para estos casos, habrá la obligación en los años futuros, de incluir y autorizar en los Presupuestos de Egresos, los recursos necesarios para cumplir con esos compromisos.
XXIII. El Ejecutivo Federal hará llegar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública del año anterior, a más tardar el 15 de marzo.
XXIV. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación del Paquete Económico, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente, a informar de las razones que lo motiven.
XXV.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
Artículo Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, 3 de diciembre de 2003.
Diputados: Javier Castelo Parada, Juan Molinar
Horcasitas, Miguel Angel Toscano Velasco, José Guadalupe Osuna Millán,
Gustavo E. Madero Muñoz, Rafael Sánchez Pérez (rúbricas).
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, A CARGO DEL DIPUTADO TOMAS CRUZ MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 64, 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los difíciles problemas económicos por los que hemos pasado en los últimos años, han arrojando a la pobreza absoluta a más de la mitad de la población, con un grave deterioro en el bienestar particular y general de la sociedad. En este sentido, uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad en su conjunto está en subsanar las profundas desigualdades entre los sectores de la población; por lo que estamos obligados a reorientar las políticas económicas y definir nuevas prioridades que reivindiquen la esencia del Estado democrático y social.
Los integrantes de esta soberanía coincidimos seguramente en disminuir las desigualdades entre los mexicanos y, con ello, crear mayores oportunidades en el desarrollo humano, ocupando el empleo un factor importante en la productividad material e intelectual; y este aspecto no será suficiente sin la remuneración adecuada que posibilite una real expectativa de desarrollo de vida en los individuos y de la sociedad en su conjunto.
En nuestro país, mucho se ha hablado y discutido sobre la política remunerativa del Estado mexicano y más cuando a través de los sueldos del Presidente de la República, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Estado, directores de la Administración Pública, alcaldes y congresistas, observamos que esta es lesiva, caótica, irracional e ilógica. Aunque en el artículo 75 constitucional se establece que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación serán fijados las retribuciones que correspondan a un empleo que esté establecido en la ley, se desconoce con precisión cuales son los criterios y el procedimiento para establecer los sueldos que perciben los servidores públicos que prestan sus servicios en los Poderes de la Unión, en las entidades federativas y el Distrito Federal.
No obstante, en México y desde siempre el asunto de las remuneraciones de los servidores públicos de la federación, estados, municipios y del Distrito Federal, se aborda de manera casi encubierta, como si fuera un secreto de Estado, cuando en otros países los criterios y el procedimiento son más transparentes y públicos, sobre la base democrática de que le corresponde aprobar los sueldos que perciben éstos al Poder Legislativo.
A todas luces, es ineludible la necesidad de erradicar prácticas anacrónicas que en nada contribuyen a fortalecer nuestro Estado de derecho; delimitar la actuación de los órganos del Estado es una tarea permanente, y más tratándose de la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La sociedad bien merece que sean claros los criterios y el procedimiento para determinar las remuneraciones de sus servidores públicos.
Los excesos en que han incurrido los mismos, parece indicar que no tienen limites, así como los beneficios inadmisibles a costa del erario público, aún cuando ya no se encuentre en funciones, y en detrimento de la República.
Para comprender a plenitud el sentido y contenido de la presente iniciativa, es ineludible, por un lado, tomar en consideración la experiencia de otros países, en este caso el de los Estados Unidos; y por otro, ubicar históricamente los antecedentes de la regulación de las remuneraciones en nuestro país.
Con relación al aspecto histórico, las leyes fundamentales del siglo XIX y documentos de la época nos permiten rescatar algunos antecedentes al respecto. El acta constitutiva de 1824 señaló en su numeral 150 que el supremo Poder Ejecutivo se depositaría en "un individuo o individuos. Un Ejecutivo unipersonal o colegiado, fue la polémica que se dio en la sesión extraordinaria del 2 de enero de ese año. La prevención del posible abuso y los excesos del Presidente, condujo a la formación del Consejo de Gobierno, cuya integración se haría a partir de la mitad de los senadores que velarían que los actos del primer mandatario fueran dictados conforme a la Constitución y a las leyes.
En las constituciones centralistas de 1836 y 1843 era facultad del Congreso dar jubilaciones y retiros, conceder licencias y pensiones, con arreglo a lo que dispusieran las leyes.
En su Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana de 1842, Mariano Otero, al referirse al peculado, expresa que "...esta profesión vergonzosa y eminentemente antinacional, de aprovecharse de las rentas públicas, formó una clase atendida, considerada y solicitada; y corrompiéndose los altos funcionarios se vieron esas fortunas escandalosas, adquiridas por el delito y ostentadas por la impudencia, y que sustituyendo a los principios políticos o administrativos que dividen a los hombres únicamente el interés de hacer una fortuna rápida, nos han delegado hombres para quienes cuanto hay de noble y santo no son más que palabras sin sentido, y que de todos modos y bajo todos pretextos, no buscan siempre más que oro y más oro. "
Destaca también, la participación del ministro de Guerra en la sesión de 22 de abril de 1843, al discutirse la composición de la Cámara de Diputados, pues, al hacer uso de la voz, sostenía en su parte conducente:
Paradójico resulta que fuera en las constituciones centralistas donde se plantearan decisiones radicales ante la escasez del erario y el modo más sencillo era rebajar los sueldos del Presidente, ministros, diputados, entre otros servidores públicos.
Ahora bien el asedio y las adulaciones por las redes de los ambiciosos y avarientos, así como los artificios que a cada paso se le tienden a los gobernantes, deben ser erradicados. Es necesario que los gobernantes no sacrifiquen los intereses permanentes de la sociedad en aras de intereses mezquinos o personales. Es un deber de los gobernantes resistir a tales maleficios. Tal como lo sostenía en su tiempo Francisco Zarco.
No obstante lo anterior, por lo que respecta a las remuneraciones o sueldos de los servidores públicos en el siglo XIX, existen disposiciones dispersas y no sistematizadas, que permitan hacer un seguimiento puntual de este tema.
Respecto a la experiencia en otros países, en Estados Unidos, a diferencia de México, los congresistas estipularon el salario del titular del Poder Ejecutivo, el cual actualmente es aprobado por el Poder Legislativo, conforme al artículo II Sección I, de la Constitución que establece que:
Benjamín Franklin, por su parte, sugirió que el titular del Poder Ejecutivo no debería percibir salario alguno en absoluto, infiriendo que "el amor por el dinero era la raíz de toda maldad política, y propuso que no recibiera ninguna remuneración por servicios prestados, pagos o recompensa alguna haciéndose necesario por ende sufragar los gastos de su oficina.
La propuesta de Franklin fue pospuesta y con el tiempo se olvidó, pero su objetivo de llevar a cabo el cargo presidencial honorífico y no por compensación fue alcanzado cuando George Washington declinó recibir parte alguna de su compensación que constitucionalmente le correspondía, proclamando en su discurso inaugural que "...rehusaba para sí mismo de cualquier parte de su remuneración la cual debía ser incluida en una reserva permanente para el Departamento Ejecutivo, y debía asimismo rezar por que los cálculos pecuniarios, estimados para el puesto en el que estaba, pudieran durante su gobierno ser limitados a los gastos actuales, como los bienes públicos piensen que se requiere".
La entrega por su país y el desprendimiento personal de estos hombres, los hicieron dignos de admiración y respeto por otros pueblos del mundo. La admiración no basta, es indispensable seguir el ejemplo con la actuación; es por ello, que resulta impostergable dar transparencia a los ingresos no sólo de los titulares del Poder Ejecutivo, sino de todos los servidores públicos de la federación, estados, Distrito Federal y municipios, toda vez que invocar una nueva moralidad del servidor público exige que sean precisamente éstos quienes encabecen esa moralidad, el que ponga el ejemplo siguiendo la premisa de nuestro prócer Benito Juárez, quien sostenía que el servidor público debe aspirar a vivir con la medianía de su sueldo y a trabajar para alcanzar las mejores aspiraciones de la sociedad.
El mérito personal, patriotismo, las virtudes para gobernar, así como la forma de regir los destinos de la República, hacen indispensable que los servidores públicos de los Poderes de la Unión cuenten con una remuneración indispensable y decorosa que les permita tener un retiro digno al concluir su encargo.
Es indispensable devolverle a nuestras instituciones el papel digno que les corresponde, sobre todo de sus servidores públicos, y que mejor que hacerlo transparentando sus ingresos y determinándoles una remuneración decorosa, tanto en su encargo, como en su retiro por los servicios prestados a la nación, atendiendo al cargo que hayan desempeñado, asegurándoles en algunos casos, una pensión vitalicia suficiente para vivir en forma digna y decorosa, una vez que se haya retirado de sus tareas.
Con lo anterior se cumpliría con un largo anhelo del pueblo mexicano encaminado a combatir la corrupción que ha penetrado a nuestras instituciones y que ha llevado al resquebrajamiento de su credibilidad, convirtiéndose hoy en día en una de las cuestiones trascendentales para la vida nacional el dar un paso definitivo hacia un México más transparente que establezca los instrumentos adecuados para erradicar la corrupción.
Es un imperativo de la moral pública y de la democracia terminar con el ejercicio discrecional de la hacienda pública, que beneficia a un sector muy reducido de los mismos, con remuneraciones salariales que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y que son contrarias a los principios de justicia, equidad, igualdad y solidaridad.
Comprometidos en construir una sociedad equitativa en las esferas económica, cultural, social y política, no podemos ser indiferentes frente a la desproporción de las remuneraciones que privan en México, en los diferentes niveles de gobierno. Tienen razón las voces críticas de la sociedad cuando cuestionan los ingresos elevados de sus servidores públicos, que contrastan con la pobreza de millones de mexicanos, que no alcanzan a resolver problemas elementales de alimentación, vestido, vivienda, empleo, educación o salud.
Los mexicanos reclaman austeridad y no ostentación. Actualmente tenemos que reconocer la existencia de remuneraciones excesivas y oprobiosas en todos los ámbitos de gobierno; sin desconocer los escandalosos salarios de servidores públicos, entre los que destacan gobernadores y presidentes municipales; éstos últimos perciben una remuneración mayor a la del mismo Presidente de la República. Esta grave situación se traduce en una sangría presupuestal al erario, por lo que se hace necesario un límite que equilibre tal desproporción y termine con el derroche vergonzoso de los recursos públicos.
Las acciones que adoptemos sobre este importante asunto de interés nacional definirán sustantivamente el compromiso de esta Legislatura en el proceso democrático, en un país como México, en un tema tan fundamental como es la reorientación social del presupuesto, la cual sólo puede darse bajo la premisa de impulsar una austeridad patriótica y republicana. Digamos no a las remuneraciones que lesionan el interés de la vida pública de la sociedad. El Congreso de la Unión debe poner un alto a salarios o remuneraciones de más de 400 mil pesos a presidentes municipales; de más de 200 mil a directores de entidades paraestatales; de 200 mil pesos netos a los secretarios de Estado. No más la ignominiosa discrecionalidad de servidores públicos que se autoasignan, discrecionalmente sus sueldos, priorizando su bienestar personal presente y futuro, por encima del de la sociedad.
De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General de la República, las remuneraciones que reciban los servidores públicos serán anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas, y según reza el artículo 126 constitucional no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el Presupuesto o ley posterior. Sin embargo, las características que privan en las remuneraciones de los servidores públicos de alto nivel distan mucho del mandato constitucional por las siguientes razones:
1. Son parcialmente ilegales, porque una parte de ellas no están contempladas en el Presupuesto ni en una ley posterior como lo señala el artículo 126 constitucional.
2. Son inequitativas en virtud de que no existe un principio de igualdad horizontal que norme las simetrías entre pares, como es el caso de 8 diputados y senadores o bien, siendo actividades diferentes, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, son iguales o parecidas por ser altamente relevantes para la nación, en virtud de que, en términos del artículo 49 constitucional, los tres poderes integran el Supremo Poder de la Federación; ninguno subordinado al otro.
3. Son aún más inequitativas si se considera que estas remuneraciones incrementan la opulencia en algunos servidores públicos y la pobreza de miles de mexicanos, contrariando con ello la naturaleza irrenunciable de nuestra investidura de servir al pueblo y no servirse de él.
Considerando que las remuneraciones netas mensuales de los diputados en el año 2003 son de 63 mil 56.77 pesos; de los senadores 86 mil 416 pesos; del Presidente de la República 158 mil 27.66 pesos; de los secretarios de Estado del grupo A 155 mil 498.49 pesos; del grupo B 159 mil 270.37 pesos, y del grupo C 163 mil 136.56 pesos; de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 151 mil 893.63 pesos, y sucesivamente encontramos miles de servidores públicos con ingresos reales mensuales de más de 100 mil pesos.
Proponemos, que la dieta del diputado federal sea la referencia para que ningún servidor público, federal, estatal, municipal y del Distrito Federal perciba una remuneración mayor que éstos. Con la salvedad de que tratándose del Presidente de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del IFE y demás servidores públicos equiparables en sueldo, tendrán una remuneración mayor que no exceda un tercio de la dieta que reciben los diputados federales. Los senadores tendrán una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.
Asimismo, se propone que no existan remuneraciones especiales, bonos, premios, ni otra compensación a los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal.
Desde luego, nuestra propuesta es que el monto inicial de referencia de las remuneraciones de diputados federales sean las que se encuentren vigentes y que también valdrán para el año 2004.
Con la reforma constitucional que estamos presentando, el ahorro que se obtenga de la reducción de las remuneraciones, atenderemos aspectos abandonados durante décadas que han profundizado la marginación de amplios sectores del pueblo de México. Con estos recursos debe ser atendido con urgencia el mejoramiento del sistema educativo nacional; atender el déficit histórico en la construcción de vivienda popular; canalizar prontamente recursos a las instituciones culturales del país, como escuelas de arte y cultura, que se encuentran casi en el abandono y la miseria absoluta; créditos a las pequeñas y medianas empresas, así como subsidios especiales para hacerlas competitivas frente al escenario de la globalización; mejorar con prontitud el sistema de salud pública, entre otros asuntos, tan indispensables como la construcción de caminos y vías de comunicación, o bien, el fortalecimiento inmediato de las instituciones de investigación nacionales y estatales.
Con una austeridad, emanada de la Ley Suprema, de las remuneraciones de los servidores públicos mencionados, se alcanzarán ahorros de miles de millones de pesos en los tres ámbitos de gobierno, para ser incorporados en el gasto de política social. Con la aplicación de estas medidas no es necesario el desmantelamiento de empresas, bajo pretexto de no tener más recursos para atender la pobreza. Insistimos: no es justificable la desincorporación, mientras existan otras opciones como el ahorro a partir de la austeridad en las remuneraciones de los servidores públicos y menos aún, si estos organismos tienen una función social reconocida ampliamente.
Esta acción representaría un cuantioso ahorro, pues son decenas de miles de servidores los que actualmente tienen percepciones superiores a las de los diputados federales. Razón por la cual se toma como referencia el sueldo de los diputados federales; lo que igualmente proponemos, como marco de referencia obligado para los servidores públicos estatales, del Distrito Federal y municipales, ya que a éstos corresponde velar por los intereses de la nación y vigilar que en las leyes de este Congreso se moderen la opulencia y la indigencia.
En virtud de lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico.- Se reforman los artículos 64, la fracción XI del artículo 73, el párrafo cuarto del inciso c de la fracción IV del artículo 115, el artículo 127; y se adicionan un párrafo al artículo 75, una fracción VIII al artículo 116, un párrafo segundo al inciso B de la fracción V de la base primera del apartado C del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 64. Los diputados y senadores percibirán una dieta igual, quienes no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso del presidente la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la misma el día en que falten.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, y para expedir la ley que establezca las bases entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, en materia de remuneraciones de los servidores públicos;
XII. a XXX. ...
En los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración no mayor a una tercera parte más de la que perciban los diputados federales. Asimismo, los secretarios de Estado y directores de la Administración Pública Federal centralizada, paraestatal o de los organismos autónomos, disfrutarán de una remuneración igual a la que perciban los diputados federales.
Artículo 115. ...
IV. ...
a) a b) ...
c) ...
...
...
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los ayuntamientos y dependencias de la administración pública municipal, centralizada y descentralizada, las cuales no serán mayores a las que perciban los diputados federales.
...
V. a X...
VIII. Los Congresos de los estados, al aprobar el presupuesto de egresos deberán señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos. Las remuneraciones que perciban el gobernador, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal y los diputados locales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales.
...
...
...
...
...
A a B ...
C ...
Base Primera ...
V. ...
a) ...
b) ...
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al aprobar el Presupuesto de Egresos, deberá señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local y de lo organismos autónomo, las cuales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales.
...
...
...
c) a o)
D a H ...
Artículo 127. Los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos respectivos.
En ningún caso los servidores públicos de confianza podrán percibir otro tipo de remuneraciones independientemente de su naturaleza o denominación.
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se abrogan los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero.- A partir del 1 de enero del siguiente año de ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor el presente decreto las dietas de los senadores se equipararan a las de los diputados federales.
Cuarto.- El titular del Poder Ejecutivo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral empezarán a percibir las remuneraciones establecidas en el presente decreto a partir del 1 de enero del siguiente año de ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor, por lo que deberán informar al Congreso de la Unión las adecuaciones que hagan al respecto.
Quinto.- El Congreso de la Unión tendrá un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la ley reglamentaria de la fracción XI del artículo 73 constitucional.
Sexto.- Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; tratándose del Distrito Federal, será el Estatuto de Gobierno y leyes respectivas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre del 2003.
Dip. Tomás Cruz Martínez (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTICULOS 16, PRIMER PARRAFO, 32, SEGUNDO PARRAFO; 33 INCISO B); 35, PARRAFO PRIMERO E INCISO D); PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, Y ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 16, TODOS DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO BAILEY ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad establecida por los artículos 71, fracción II, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 y 32 de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 62, y demás relativos de su Reglamento, me permito presentar al Pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos se reforman los artículos 16 párrafo primero y se agrega un párrafo segundo; 32 párrafo 2; 33 inciso B) segundo párrafo; 35 párrafo 1, inciso D) párrafos 2 y 3; 45 párrafo 1, todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Presentación
México un Estado Federalista
Nuestro Estado es profundamente democrático y federalista. Desde sus orígenes, son memorables aquellas grandes discusiones que registra la historia en las que se discutía sobre lo qué se quería como nación.
Fue desde el principio de nuestra vida independiente en donde se perfiló la concepción de una República Federal. Concepción que por cierto se ve alterada con la decisión de Iturbide de proclamarse emperador el 18 de mayo de 1822, contra la voluntad expresa y libre de la mayoría de los diputados y con el auxilio de la tropa que le era leal. Por ello es que decide en uno de los momentos más obscuros de nuestra historia apresar a todos los diputados que se oponían a sus designios en agosto del mismo año, resolviendo disolver el propio constituyente en octubre de 1822.
Estos fueron los motivos que provocaron la rebelión de Casa Mata del 1 de febrero de 1823, que marca, a decir de los historiadores, un cambio radical para el futuro de la nación, ya que habrá de ser precisamente el Acta de Casa Mata lo que determinará el fin de Iturbide y el inicio del movimiento federal, que se consuma a lo largo del año de 1823, con pronunciamientos de autodeterminación libre y soberana por parte de muchas de las Diputaciones Provinciales.
Es esta Acta de Casa Mata el documento, en que a decir de los historiadores, se plasma por primera vez, de manera clara, el concepto del Federalismo Mexicano.
Posteriormente el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, se limita a reconocer la existencia de los Estados, y crea algunos otros, estableciendo los principios fundamentales del Pacto de la Unión.
Diputaciones provinciales como las de Querétaro, Jalisco, Oaxaca y Yucatán, entre otras, forman Juntas Provinciales para hacer observar las leyes, guardar el derecho de los ciudadanos y de dirigir la Administración Pública.
En este sentido hay que mencionar el caso de Yucatán que jura, reconoce y obedece al Gobierno Supremo de México, siempre que sea liberal y representativo, pero con las condiciones siguientes:
Contemplado así el Pacto Federal Mexicano es conformado como una ficción jurídica, que fragua en una entidad especifica.
Estos sujetos crearon una entidad, con una voluntad o Gobierno Federal, ciertamente para que represente a todo el país, pero al servicio de estos mismos sujetos.
Conviene insistir que los poderes federales en cuanto órganos o voluntad de este pacto no se legitiman sino por los Estados.
Este es el origen de nuestro Estado Federalista, que a lo largo del siglo XIX y el siglo XX se va consolidando como una República Federal a través de sus normas fundamentales, como los son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, 1857 y, cuyos principios son retomados y ampliados en la de 1917. Principios que las necesidades de adaptación del Estado Mexicano al desarrollo nacional y contexto internacional ha venido perfeccionando, atendiendo a la realidad concreta de cada momento histórico.
La evolución del artículo 115 constitucional ha sido el mejor ejemplo de este desarrollo normativo del federalismo mexicano, por que el fortalecimiento municipalista está en la esencia de este federalismo. Con Municipios y Entidades Federativas sólidas se tendrá un Estado Mexicano Federalista fuerte, que nos permita el acceso a estados superiores de desarrollo y bienestar para la mayoría de los mexicanos; es la mejor arma para el combate a la pobreza y la pobreza extrema en el país.
La vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 25 "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución".
Corresponde al Estado Mexicano, en su vertiente de autoridad compuesta por los tres ordenes de gobierno que la propia Constitución reconoce, la Federación, los Estados y los Municipios, la rectoría del desarrollo económico de la nación. En donde queda claramente diseñado el modelo a seguir a través de una planeación democrática que habrá de dar origen al Plan Nacional de Desarrollo, que da unidad en la planeación como nación, pero que en su instrumentación específica respeta las particularidades de cada una de las regiones, cuya pluralidad y diversidad es la base de la riqueza como nación.
Son los estados y los municipios quienes deben de atender a esa diversidad, que es su realidad especifica. Diversidad que le es consustancial a su propia existencia, por lo que deben de ser ellos quienes se encarguen de su atención, ya que no puede ser de otra manera, sin afectar la esencia misma del Estado Mexicano, y sin alterar la voluntad del pueblo de México, que como lo establece en el artículo 40 de nuestra carta magna, es su voluntad la de constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecidos según los principios de esta ley fundamental" (que por cierto es el texto original de la constitución de 1917).
Es esa libertad y soberanía las que deben de ser garantizadas por el Pacto Federal, por que son origen y sustancia del mismo.
De igual forma en su Artículo 41 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en el caso de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos por la propia Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal".
Es claro que lo que trata de preservar El Constituyente es la unidad como nación, basada en el reconocimiento de la diversidad, por ello establece principios de carácter general que no pueden ser contravenidos por las constituciones locales de las entidades federativas. Pero es claro también, que el espíritu del constituyente es el de que las Entidades Federativas que suscriben el Pacto Federal asuman a plenitud sus responsabilidades con quienes las integran.
Es en este sentido que el Artículo 73 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para:
Fracción XXIX-A.- Para establecer contribuciones: Y que; "Las entidades federativas participan en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria determine. Las Legislaturas Locales fijaran el porcentaje correspondiente a los municipios, en su ingreso por concepto de impuestos sobre la energía eléctrica"
Como se aprecia es clara la voluntad del Constituyente de otorgar recursos a las entidades federativas para la atención de sus necesidades internas especificas, para que sean ellos quienes determinen como atender a sus habitantes de acuerdo a sus necesidades especificas.
Por su parte el Artículo 115, Frac. IV, establece que; "los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
Así, son los legisladores locales de las entidades federativas quienes habrán de determinar las contribuciones y los ingresos de los municipios en especifico. Pero sobre todo como la señala su inciso b) "Las participaciones federales deberán ser cubiertas por la Federación a los Municipios, con arreglo, a los plazos y los montos que establezcan anualmente las Legislaturas Locales."
Exposición de Motivos
Nuestro país en las ultimas décadas ha venido consolidando un proceso de descentralización de actividades a cargo del Gobierno Federal, que por motivos del desarrollo nacional se habían venido concentrando a lo largo de la historia en este orden de gobierno en perjuicio de los Estados y los Municipios, pero que hoy en día, atendiendo a las potencialidades que se han desarrollado en diversas regiones del país ya no tienen justificación alguna, antes al contrario se ha demostrado que este esquema ya no opera en beneficio de la población a la que representan.
México a lo largo de su historia, como nación libre y soberana, ha sido profundamente federalista, así lo han demostrado los diversos gobiernos federales que han avanzado en la consolidación plena de este sistema federal, atendiendo a las circunstancias especificas, por lo que hoy en día están dadas las condiciones para continuar en los procesos de consolidación del federalismo mexicano, permitiendo que los estados y los municipios asuman plenamente sus obligaciones ante sus representados.
El Municipio Mexicano y los Estados son las la instancias más cercanas a la población y por lo tanto conocen sus necesidades prioritarias a atender, por lo que están plenamente facultados para asumir sus responsabilidades, y son quienes tiene una visión más cercana de las necesidades de su desarrollo regional integral.
Los ciudadanos de los municipios acudirán antes que a ninguna otra instancia a la autoridad municipal para el planteamiento de sus problemas y para solicitar la solución de los mismos.
Por ello es conveniente que los programas institucionales a desarrollar en las entidades federativas sean ejecutados, en la medida de sus capacidades por las autoridades municipales, o bien por las de los Estados y por tanto que éstos sean convenidos entre los Gobiernos Estatales y los Ayuntamientos de los Municipios que conforman estas Entidades Federativas, con la finalidad de que respondan a las necesidades del desarrollo integral de las propias Entidades para benéfico de los municipios y de sus habitantes.
No es conveniente que los convenios se celebren con las Secretarias de Estado del Gobierno Federal, sino entre los Estados y los Municipios atendiendo al espíritu federalista de la nación mexicana. Estas dependencias del Ejecutivo Federal tendrán el carácter normativo sobre la utilización de los fondos, que ellas destinen a las Entidades Federativas, para el desarrollo de programas de impacto nacional, pero siempre respetando la determinación de la legislaturas y los municipios de sus prioridades y las características propias de la Entidad Federativa.
Así serán los Estados y los Municipios quienes determinen las prioridades de desarrollo de sus entidades federativas por lo cual aplicaran los recursos de acuerdo a los criterios establecidos por la propia ley, pero atendiendo a las necesidades especificas de cada entidad federativa y no conforme a formulas prediseñadas desde las oficinas centrales.
La información de las Instituciones federales como los son el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Secretaría de Desarrollo Social, habrán de ser de gran utilidad para la definición de los criterios, con los que los Estados y los Municipios definirán sus prioridades, sin formulas únicas y homogéneas ya que el país se distingue precisamente por su diversidad en todos los sentidos. El país no es homogéneo.
La idea de un Estado Homogenizador quita valor a las expresiones regionales. Por ellos se debe de defender el derecho a la pertenencia cultural propia, al desarrollo como comunidad. Ya que la sociedad es una comunidad de comunidades. Los procesos modernos de globalización no significan estandarización, eliminación de expresiones y desarrollos regionales. Por el contrario es elemento fundamental el desarrollo de las regiones para consolidar los Estados nacionales. La democracia implica precisamente saber vivir con las diferencia que se dan en el marco de un Estado Nacional.
Se reitera, no pueden ser las Dependencias Federales las que definan las prioridades de los Estados y los Municipios, como lo establece la actual Ley de Coordinación Fiscal ya que el sentido de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claramente lo opuesto. El Constituyente se ha pronunciado por que sean las Legislaturas Locales y los Municipios quienes se hagan cargo de la atención de sus necesidades; que sean ellos quienes las definan. Así lo establecieron en el artículo 115 en su fracción IV;
"Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos, plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados."
Es en este mismo sentido que se hace necesario también que los municipios, participen dentro del Sistema de Coordinación fiscal a través de los diferentes órganos que ésta ha establecido para el efecto, con pleno respeto al ejercicio soberano, mediante la designación de sus respectivas legislaturas locales, para actuar en dichos órganos. Participación que habrá de ser consensada, en el marco de las organizaciones que ellos mismos se han dado, y que hoy en día tienen pleno reconocimiento de los gobiernos federal y locales.
De ahí la necesidad de llevar a cabo las presentes reformas a las diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para cumplir cabalmente con lo que el Constituyente permanente ha establecido, para que los Estados y municipios respondan a sus necesidades de desarrollo, pero sobre todo cuenten con los elementos necesarios para desarrollar sus potencialidades en un marco de pleno respeto al Federalismo que nos hemos dado los mexicanos y que nos da identidad como nación y riqueza en la pluralidad.
Por lo antes expuesto se presenta la presenta iniciativa de decreto por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en los términos siguientes:
Articulo Unico.- Se reforma los artículos 16 párrafo primero y se agrega un párrafo segundo; 32 párrafos 2; 33 inciso B) segundo párrafo; 35 párrafo 1, inciso D) párrafos 2 y 3, todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 16. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los gobiernos de las entidades y los Municipios, por medio de su órgano hacendario, participaran en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a través de:
...
...
...
...
La participación de los gobiernos municipales, en los órganos anteriores se dará a través de dos representantes, en cada uno de ellos, a propuesta, de común acuerdo, por las organizaciones de presidentes municipales plenamente constituidas y reconocidas por las a autoridades federales hacendarias y por los gobiernos estatales.
Artículo 32
...
"Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los Estados, de conformidad a las prioridades que establezcan los propios Estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones o restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las que corresponden a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley".
Artículo 33
...
...
B) ...
En caso de los Municipios, estos podrán disponer de hasta un 2% del total de los recursos del fondo para la infraestructura social municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el gobierno Estatal correspondiente y el municipio de que se trate.
Artículo 35
Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del fondo para la infraestructura municipal, enfatizando el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizaran la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, utilizando, en su caso, las siguiente cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:
...
...
...
D). ...
Con objeto de apoyar a los Estados en la definición de sus prioridades, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros 15 días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponible en el ámbito municipal para cada estado.
Los Estados, tomando en cuenta los lineamientos anteriores, y en su caso con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, calcularan las distribuciones del fondo para la infraestructura social municipal correspondientes a sus municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2003.
Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Exposición de Motivos
A casi tres años de haberse constituido el Instituto Nacional de las Mujeres, resultado del consenso de legisladoras federales de todos los grupos parlamentarios y como respuesta a la exigencia de la sociedad civil organizada y del movimiento amplio de mujeres de nuestro país, se hace necesario tomar en cuenta los siguientes:
Considerandos:
2. De manera particular destacan los lineamientos de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por el Senado de la República en 1981, que a la letra dice en su artículo tercero los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
3. Más allá de la buena voluntad, se hace necesario e indispensable definir los mecanismos y las herramientas tendientes a lograr la resolución de la inequidad producto de las diferencias y estereotipos sociales que discriminan y minimizan a la mujer y a la niña precisamente por su condición de sexo. Estos mecanismos se caracterizan por su vanguardismo en el ámbito de la planeación y etiquetación de presupuestos, y darán lugar a la resolución a corto, mediano y largo plazo de la inequidad y desigualdad para hacer vigente la garantía de la plena igualdad jurídica del varón y la mujer consagrada en el artículo Cuarto Constitucional.
4. Los mecanismos derivados de estos compromisos con los derechos humanos, tienen el encargo de impulsar la incorporación de la Perspectiva de Equidad de Géneros en todas las políticas públicas estructurales de la Administración Pública Federal, con la coadyuvancia hacia las esferas de poder a nivel estatales y municipales.
5. Como consecuencia intrínseca, la pasada Legislatura esgrimió que era necesario transformar la Comisión Nacional de la Mujer en una institución con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas nacionales, así como en la formulación y el examen de la legislación que para el cumplimiento de diversas convenciones a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas se aplicasen de manera efectiva y eficiente en toda la nación.
6. Surge como respuesta política a estos compromisos la creación por ley del Instituto Nacional de las Mujeres, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Este Instituto responde a los acuerdos emanados de diversas Conferencias de entre las que destaca la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer celebrada en Pekín, China en 1995, en donde todos los gobiernos y Estados del mundo se comprometieron a establecer mecanismos encargados de definir un conjunto de medidas estratégicas que al ser adoptadas prioritariamente en cada uno de los países se instauren las acciones para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por la igualdad de tratos y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación por condiciones de edad, etnia, discapacidad, cultura, idioma, religión o cualquiera otra cuestión que impida o menoscabe los derechos humanos de las personas consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos y tratados en la materia.
7. La experiencia y aplicación de la ley del INMUJERES ha permitido valorar que la misma tiene que ser perfectible para que sea acorde a los requerimientos que el mismo instituto ha destacado como sus principales acciones a partir del objeto definido en el artículo cuarto de la ley en comento.
8. Estas reformas que hoy proponemos a esta honorable Asamblea, inciden en un mejor funcionamiento de su órgano de gobierno otorgándole el status de primacía al ser presidido rotativamente por diversos Secretarios del Gabinete del Ejecutivo Federal lo que refleja la importancia de sus atribuciones y resolutivos que de éste emanen.
9. Así también reformamos los órganos auxiliares, cuyas integrantes tienen ante el Instituto mayor injerencia de participación en la toma de decisiones reconociéndose que la influencia del sector no gubernamental, en particular las organizaciones políticas y privadas, de la sociedad civil organizada de mujeres y los grupos feministas, son el catalizador del cambio a favor de las mujeres, destacándose la importancia de su trabajo conjunto, permanente y no discriminatorio. Planteamos reconocer el derecho a voz y voto de todas y cada una de las consejeras de los Consejos Social y Consultivo, por lo que es menester reducir su composición.
10. Se destaca la diferenciación de los términos de género y sexo por un lado y por otro los conceptos de equidad entre los géneros e igualdad entre los géneros, ya que éstos no son sinónimos ni intercambiables.
11. Se establece mayor transparencia en el ámbito de la rendición de cuentas en la aplicación de los recursos y se busca una mayor correspondencia con las Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.
12. En lo interno, se insta al Instituto a realizar las reformas conducentes de su Estatuto Orgánico y elaborar su Reglamento de Procedimientos, concepto que se introduce para solventar integralmente la normatividad que debe regir al Instituto.
13. Actualizamos algunos cambios que han sufrido algunas entidades de la Administración Pública Federal.
14. La experiencia ha demostrado que los Enlaces de las instancias federales han evidenciado esfuerzos y compromisos, pero su incidencia respecto de la definición de las tareas de planeación y etiquetación de las políticas públicas a favor de los derechos humanos de las niñas y las mujeres han sido sumamente insuficientes, por lo que se considera necesario que cada instancia de interlocución cuente con el nivel preponderante acorde a la dimensión e importancia el objeto de este mecanismo.
15. Finalmente este esfuerzo de elaboración de las reformas a la Ley del INMUJERES responde a las inquietudes y compromisos que diversas consejeras vocales, consultivas y sociales hemos manifestado derivado de la propia experiencia teniendo como principal y genuino fundamento el fortalecimiento de la institución reivindicando los argumentos que esgrimieron las legisladoras de la LVIII Legislatura junto con las manifestaciones de preocupación que diversas mujeres académicas y de la sociedad civil han externado.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.
Artículo Único .- Se reforman los artículos 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 32 y se adicionan los artículos 5, 7, 12, 15, 18, 28 y 32 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para quedar como sigue:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 4.- El objeto general del Instituto es proteger los derechos humanos de las mujeres en el marco del Estado laico, así como promover, fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:
...
...
...
Artículo 5.- ...
...
...
...
...
...
...
...
Igualdad entre los géneros.- concepto que se refiere al principio de relación entre equivalentes, lo que quiere decir que hombres y mujeres tienen el mismo valor jurídico, cultural, filosófico y social.
Artículo 6.- El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:
La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la administración pública federal, y el fomento de la participación de la sociedad cuyas acciones estén destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres;
II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones de la administración pública federal, y la concertación social indispensable para su implementación.
IV. Impulsar y proponer en el marco del ....
V.- XXIV...
XXV. Vigilar que en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, se incorpore la perspectiva de género, y
XXVI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.
Capítulo II
De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 10
El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:
VI. Órgano Interno de Control.
II. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:
a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:
-Gobernación;
-Relaciones Exteriores;
-Seguridad Pública
-Hacienda y Crédito Público;
-Desarrollo Social;
-Medio Ambiente y Recursos Naturales;
- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación;
-Educación Pública;
-Salud;
-Trabajo y Previsión Social;
-Reforma Agraria;
-Procuraduría General de la República;
-Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el
-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
III...
a) ....
b) Dos integrantes de cada uno de los tres grupos parlamentarios con mayor representación en la Cámara de Diputados preferentemente sean integrantes de la Comisión de Equidad y Género y uno de cada uno de los grupos parlamentarios.
c) Dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Junta de Gobierno estará presidida por las y los titulares de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social y de Salud , de manera rotatoria, con ciclos de 3 sesiones ordinarias cada uno.
...
Las y los integrantes de la Junta de Gobierno, podrán ser suplidos por los representantes que al efecto designen, los cuales deben ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares; en caso de que la suplencia sea de diferente nivel al señalado, la funcionaria o el funcionario representante tendrá derecho de voz pero no de voto.
Las consejeras vocales que acumulen 3 faltas consecutivas e injustificadas tanto en las sesiones de la junta de gobierno como de las sesiones de trabajo de los órganos auxiliares serán removidas de su encargo y su sustitución correrá a cargo de la organización que la propuso.
En la segunda sesión de trabajo de la Junta de Gobierno, la Presidencia del Instituto propondrá una Secretaria Técnica y una Prosecretaria, cuyos nombramientos serán aprobados con la mitad más uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno.
Artículo 13.- Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto; debiendo la Presidencia darle a conocer previamente las bases de licitación, las propuestas técnica y económica y todos los fallos de las licitaciones.
VI.- X....
XI. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto, su Reglamento de Procedimientos y los apéndices administrativos que correspondan;
XII. Aprobar el Reglamento Interior de Trabajo;
XIII.- XVII...
...
...
...
Asistirán a todas las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la Secretaria Ejecutiva del Instituto; la Secretaria Técnica y la Prosecretaria de la Junta de Gobierno, así como la Comisaria o el Comisario Público del Instituto Nacional de las Mujeres.
...
Capítulo III
Del Nombramiento y Facultades de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 15...
VI.- Ser especialista en la elaboración, la planeación y la evaluación de las políticas públicas con Perspectiva de Equidad de Géneros.
VII.- Tener grado de Licenciatura debidamente acreditado.
VI... Formular los programas institucionales de costo, mediano y largo plazos, previa aprobación de la Junta de Gobierno.
VII.- X...
XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales individuales y colectivas de la entidad con sus trabajadoras y trabajadores.
XII...
XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, el informe puntual y la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno, escuchando al Comisario Público;
XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, invitando a dicha sesión al Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Presidentes de las Mesas Directivas de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión y a las Presidencias de las Comisiones de Equidad y Género de ambas Cámaras y darlo a conocer a la sociedad mediante su publicación;
XV.- XVII...
Artículo 18.- La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada por el Presidente de la República a propuesta de las dos terceras partes de las y los vocales de la Junta de Gobierno, únicamente por un segundo periodo de tres años.
Podrá ser removida por la Junta de Gobierno por negligencia o irregularidades en el desempeño de su encargo o incumplimiento de la presente ley
Capítulo V
Del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 22.- El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Estará integrado por 8 mujeres, cuyas participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán de entre las propuestas de los diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas, vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto.
...
Artículo 23.- Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer un periodo más. El Consejo Consultivo presentará un informe anual de actividades a la Junta de Gobierno a través de la Consejera Presidenta
Artículo 24.- El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Éste se integrará por ocho mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor de la promoción de la equidad e igualdad entre los géneros.
...
Artículo 25.- Las integrantes del Consejo Social durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer un periodo más. Al término de su encargo, el Consejo Social presentará un informe anual de actividades a la Junta de Gobierno a través de la Consejera Presidenta.
Artículo 26.- El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes:
II. Impulsar y favorecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en las acciones relacionadas con el objeto de esta Ley;
III... Promover vínculos de coordinación con los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las instancias de gobierno, así como con las organizaciones de la sociedad en general;
IV. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de los derechos humanos de las mujeres durante todo su ciclo de vida.
V...
II. Vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel nacional e internacional, relacionados con la equidad e igualdad entre los géneros;
III.- V...
V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por sexo de las distintas organizaciones de la sociedad.
VI...
Capítulo VI
De la Colaboración de los tres Poderes de la Unión
Artículo 28.- El Instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los informes anuales sobre la ejecución de las políticas tendientes a aplicar la transversalidad de la PEG en sus programas y así mismo, a las y los titulares de los órganos de impartición de Justicia Federal su opinión y colaboración para la aplicación de la legislación alusiva a la legislación internacional en materia de derechos humanos de las mujeres durante todo su ciclo de vida.
Así como también solicitará su colaboración dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.
El propio Instituto deberá presentar anualmente un informe que englobe el cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de la Unión.
Capítulo VII
Del Cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
Artículo 30.-
Como resultado de la evaluación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el Instituto deberá emitir opiniones y recomendaciones con carácter vinculatorio dirigidas a las y los legisladores, autoridades y servidores públicos a que se refiere el artículo 28, relacionadas con la ejecución del citado Programa.
Capítulo VIII
Del Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres
Artículo 32.-
....
Cualquiera de las Cámaras del H. Congreso de la Unión podrá citar a la Presidencia del Instituto para que comparezca y dé cuenta del ejercicio del presupuesto asignado y cumplimiento de metas, de conformidad con el Artículo 93 Constitucional.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.
Artículo Tercero.- Las Dependencias de la Administración Pública Federal, contarán con 90 días hábiles para crear los programas de género y el nombramiento de funcionarias o funcionarios de mandos medios superiores en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley, dentro de sus ámbitos de competencia.
Artículo Cuarto.- El Instituto contará con 60 días hábiles para reformar su Estatuto Orgánico conforme a las reformas contenidas en el presente decreto.
Artículo Quinto.- El Instituto contará con 120 días hábiles para elaborar el Reglamento de Procedimientos del Instituto.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a los 9 días del mes de diciembre de 2003.
Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)
 
QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, PARA DISTRIBUIR DE MANERA ADECUADA LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO CARLOS DIAZ ESCARRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Exposición de Motivos
En 1995 fue adicionado el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la concurrencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios en materia de seguridad pública y para coordinar a estos órdenes de gobierno en un sistema nacional de seguridad pública.
Tales funciones, se regulan a detalle por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue expedida por el Congreso de la Unión, conforme a la facultad que explícitamente le otorga el artículo 73, fracción XXIII, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 3 de ese cuerpo normativo define a la seguridad pública como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; determina que las autoridades alcanzarán dichos fines mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor; y establece que la función se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de ella.
Asimismo, esa ley, en sus artículos 10 y 11, preceptúa que la coordinación comprenderá, entre otras materias, las propuestas de aplicación de recursos para la seguridad pública, incluido el financiamiento conjunto; y que las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.
Sobre esas bases, el Consejo Nacional de Seguridad Pública determina anualmente desarrollar proyectos comprendidos en ejes, estrategias y acciones, para cuya ejecución canaliza y distribuye recursos presupuestales a fideicomisos creados ex profeso por cada Entidad Federativa y el Distrito Federal; recursos que provienen del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" (Fondo VII del Ramo 33) y se complementan con los aportados por las Entidades Federativas.
Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 25, fracción VII, 44 y 45 establece la existencia y destino del fondo referido, el cual, como es sabido, se constituye con cargo a recursos federales, que son determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
No obstante, el último de los numerales citados, es decir el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, limita la adecuada canalización del fondo a las actividades sustantivas de la seguridad pública en sus respectivos ámbitos territoriales, temporales y materiales de aplicación, y en cierta forma, hace nugatorios los propósitos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, antes sintetizados, ya que taxativamente indica el destino de las aportaciones federales relativas.
Esta visión, fundamentada en mi experiencia personal, es, a su vez la opinión unánime de los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales de Seguridad Pública, responsables de determinar la distribución de los recursos indicados conforme a las necesidades de cada Entidad Federativa; de los Consejos Estatales de Seguridad Pública y de los fideicomisarios correspondientes.
Ello, toda vez que la disposición legal en comento etiqueta injustificadamente el destino de los recursos aportados a los respectivos fondos, constriñéndolos a los ejes expresamente indicados, en detrimento de otros muchos programas necesarios para la atención de los fines indicados por la multicitada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De la misma manera, trae consigo el deterioro de la coordinación institucional y origina se detenga la ejecución de otras importantes tareas de la seguridad pública.
Si a eso aunamos la disminución constante, en términos reales, de los presupuestos asignados a la coordinación de la seguridad pública en los últimos años, las conclusiones son desalentadoras: pocos recursos para un ámbito de aplicación reducido y ya muy explorado.
Consecuentemente, los fideicomisos estatales no pueden distribuir recursos, hacia donde realmente se requieren. Por ejemplo, para gasto corriente de reclusorios; para equipar, homologar o asignar dotaciones complementarias a los elementos de las policías preventivas municipales; o para apoyar eventualmente con gasto de capital a los cuerpos de bomberos.
Esto, ha provocado que, en varios Estados, reclusorios recientemente construidos con altas inversiones de recursos de infraestructura de seguridad pública, estén convertidos en elefantes blancos, puesto que al no existir los medios para ponerlos en actividad, como serían salarios de custodios, administrativos y técnicos, o el pago de suministros diversos, estos reclusorios hayan tenido que permanecer desocupados y alejados de sus fines intrínsecos; que muchas de las policías preventivas municipales carezcan del armamento indispensable para enfrentar a la delincuencia y para desarrollar a sus elementos y prevenir su deserción; y que los cuerpos de bomberos sobrevivan con el siempre insuficiente apoyo directo de Estados, Municipios y Patronatos privados.
La redacción actual del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, es ajena a la realidad que debiera regular y propicia la ausencia de la coordinación ordenada por nuestra Constitución y su ley reglamentaria; coordinación que por ese freno normativo no se concreta en recursos presupuestales destinados a fines útiles.
En ese sentido, y para evitar que dicha situación se haga crónica en perjuicio de la sociedad, destinataria formal y material de la seguridad pública, se hace necesario romper los candados que la actual redacción del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal ha colocado al destino de los recursos derivados del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal", facultando a los Estados, para que, a través de fideicomisos y consejos estatales de seguridad pública, y en el marco de una sana coordinación fiscal, puedan distribuir racional y adecuadamente los recursos depositados hacia actividades de seguridad pública distintas a las indicadas por este numeral.
Por lo anteriormente expuesto, formulo la iniciativa siguiente:
Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinaran al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Publico, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados; y a las demás acciones, que en relación con lo preceptuado por el artículo 3 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determinen en los programas estatales de la materia o por los Consejos Estatales de Seguridad Pública.
...
Transitorios
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica)
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO UNDECIMO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE JUNIO DE 2001, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito ciudadano, diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIX Legislatura de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, viene a presentar la siguiente iniciativa por la que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo décimo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tenor de la presente
Exposición de Motivos
El crecimiento económico depende en gran medida de la inversión en capital físico y humano, lo cual depende de la eficiente intermediación entre el ahorro y la inversión. Dentro del sector financiero, el mercado de valores juega un papel fundamental permitiéndole a las empresas acceder a fuentes de financiamiento no bancario a precios competitivos y con flexibilidad de perfiles de pago. Al mismo tiempo, le permite a los inversionistas tener más alternativas para encausar sus ahorros, con perfiles de riesgo y rendimiento acordes a sus preferencias.
Con la reformas a la ley del Mercado de Valores y a la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicada el primero de junio de 2001 se buscó hacer al mercado de valores más moderno y eficiente, pero sobre todo más transparente, incrementando el nivel de protección al público inversionista y limitando usos contrarios a las sanas prácticas de mercado. Un aspecto importante considerado en las reformas de 2001, fue el papel de las acciones sin voto o con voto restringido. En la exposición de motivos de la reforma, se señaló que cuando el capital de las empresas esta representado de manera importante por acciones que restringen el derecho de voto y una parte menor de éste esta representado por acciones ordinarias, esta diferenciación puede incentivar al grupo que tienen el control de la empresa a través de posiciones mayoritarias en los votos, pero relativamente pequeñas en el capital a actuar en su propio beneficio, aún a costa de la propia empresa y en perjuicio de los inversionistas minoritarios.
La reforma de 2001 incluyó dos medidas claves para evitar este fenómeno. Por un lado, hizo más estrictos los límites aplicables a la emisión de acciones sin derecho de voto o de voto restringido llevándolos de 25% del capital social al 25% del capital colocado entre el público inversionista y prohibió la instrumentación de mecanismos a través de los cuales se negocian u ofrecen al público, de manera conjunta, estos tipos de acciones con acciones ordinarias. Los límites establecidos son consistentes con la protección de los inversionistas ya que en la medida en que el capital de las empresas esté representado preponderantemente por acciones ordinarias, los accionistas minoritarios estarán en mejores condiciones para hacer valer los derechos que les corresponden.
Por otro lado, la ley sentó las bases para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control en la empresa. Actualmente es obligatorio realizar una oferta pública de adquisición cuando se pretenda tomar el control de una emisora. Es decir, cuando una emisora vaya a cambiar de grupo de control, el comprador tiene la obligación de hacer una oferta pública de compra dirigida a todos los accionistas de la empresa ofreciéndoles el mismo precio por acción que se ofrece a los accionistas de control.
No obstante, se ha identificado que al no contarse con un régimen transitorio explícito, se ha generado incertidumbre para aquellas empresas que habían emitido acciones distintas a las ordinarias antes de la reforma del 2001, y que cumplían con los límites vigentes en su momento, pero que hoy sobrepasan los límites que se encuentran en vigor. Esta incertidumbre obstaculiza la obtención de financiamiento y algunos procesos corporativos cotidianos, como es el caso de los pagos de dividendos en acciones.
Es así que esta incertidumbre se deriva del hecho de que, gran parte de las empresas actualmente ya han colocado entre el público acciones sin derecho a voto, las cuales operan en el mercado con niveles de liquidez satisfactorios. En este sentido, si ahora a esta empresa se le obliga a adecuarse a los nuevos límites, en los incrementos de capital que lleve a cabo para financiar nuevos proyectos de inversión, sólo podrá emitir acciones ordinarias (con voto) y estas al no ser equivalentes a los que ya cotizan en el mercado, debido a que otorgan a sus titulares distintos derechos, gozarán de menor liquidez y por tanto los inversionistas estarán dispuesto a pagar un precio menor o incluso no estarían dispuestos a adquirirlas.
La presente iniciativa establece una disposición transitoria, que tienen como objeto dotar de plena seguridad jurídica a las sociedades que, antes de la reforma del 2001, ya contaban con acciones distintas a las ordinarias o habían instrumentado mecanismos de vinculación de estos tipos de acciones con acciones ordinarias, permitiéndoles ajustarse a los límites establecidos en la Ley, de manera gradual y ordenada, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:
Primero, que la proporción de acciones ordinarias en el capital social tienda a incrementarse o bien, en casos excepcionales, cuando la situación de la empresa y de la transacción así lo justifique, se mantenga constante.
Segundo, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorice en ambos casos el ajuste gradual de la estructura de capital, procurando la protección de los intereses del público inversionista y siempre que se revele al mercado que con la modificación al capital social, éste aún no se ajusta al régimen vigente.
Con esta adecuación, el régimen previsto estará a la altura de las necesidades del mercado y eliminará las dificultades que hoy enfrentan diversas empresas para obtener financiamiento accionario y por tanto facilitará el desarrollo de proyectos productivos, que se traduzcan en empleos y bienestar económico. Asimismo, está adecuación complementa y se complementa con los avances de las reformas de 2001 en materia de prácticas de gobierno corporativo, revelación de información, y protección a los derechos de accionistas minoritarios. En conclusión, el régimen de adecuación gradual propuesto, es consistente con los principios de transparencia y equidad en el mercado.
Por lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo décimo primero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Artículo Unico.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 30 de abril de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2001.
"Décimo primero.- ...
No estarán sujetas a las restricciones establecidas en la fracción II, segundo y tercer párrafos del propio artículo 14 Bis 3, las emisoras que hayan emitido las acciones o instrumentado los mecanismos a que dichos párrafos se refieren, con anterioridad al inicio de vigencia del mismo precepto, siempre que para ello se hayan ajustado a las disposiciones legales correspondientes.
En caso de modificaciones al capital social, las excepciones antes señaladas serán aplicables en tanto tienda a incrementarse la proporción de acciones ordinarias original o, cuando la situación de la emisora lo justifique, se mantenga dicha proporción, siempre que se revele al público inversionista que con la modificación al capital, éste aún no se ajusta al régimen vigente. En ambos casos se requerirá la previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual procederá cuando a su juicio se acredite que no se afectan los intereses del público inversionista."
Dip. Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 15 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RELATIVA A LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, A CARGO DEL DIPUTADO HUGO RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Hugo Rodríguez Díaz, miembro de la actual LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Federal y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Cuerpo Colegiado, acude ante esta tribuna a presentar iniciativa de ley, con carácter de decreto, para lo cual hace las siguientes
Consideraciones
Primero. El artículo 73, fracción XVI, base primera, de la Constitución General de la República indica que "el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.
Segundo. No obstante lo claro de la disposición constitucional en el sentido de que en el Consejo de Salubridad General no intervendrá ninguna Secretaría de Estado, el artículo 15 de la Ley General de Salud establece que "el Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un Presidente, que será el secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine. Los miembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias"
Tercero. En ese sentido y tomando en consideración el principio general de Derecho que nos indica que "sobre la Constitución, ninguna ley o reglamento tendrá validez", encontramos en el artículo 15 de la Ley General de Salud una contra indicación a la normatividad constitucional que hace inaplicable y, en su caso, violatoria de la Constitución Federal como lo es el incluir en la integración del Consejo de Salubridad General al Secretario de Salud habida cuenta que mientras la Constitución Federal indica que "el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado..." Mientras, en el artículo 15 de la Ley General de Salud indica que el presidente de dicho Consejo será precisamente el Secretario de Salud, lo que hace contrario a lo ordenado por la Constitución Federal puesto que al señalar al Secretario de Salud como presidente del Consejo, provoca la intervención de una Secretaría de Estado, lo cual se encuentra restringido precisamente por la Constitución federal.
Cuarto. En tales condiciones, lo congruente y a fin de respetar lo ordenado por nuestro Código Máximo y evitar su violación por leyes secundarias, se propone la modificación del artículo 15 en lo que respecta a la integración del Consejo de Salubridad General en el sentido de que la presidencia será ejercida por un funcionario señalado directamente por el Presidente de la República quien deberá reunir los requisitos que el Reglamento Interno del Consejo, además de los miembros y a señalado actualmente, esto es, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine.
Quinto. Además de los motivos que inducen esta iniciativa, es el conseguir en esta ocasión que en la Ley General de Salud quede señalado como integrantes como vocales del Consejo de Salubridad General a un diputado y aun senador miembros de los Consejos de Salud de una y otra Cámara Legislativa quienes quedarán solo como vocales y a quienes, en el Reglamento Interno del Consejo, se les indicará específicamente que solo tienen derecho a intervenir con voz y no voto ni mucho menos con efectos ejecutivos. Esto es, la idea es aclarar en la misma ley que los incluye los límites que, además, deberán ser señalados en el Reglamento Interno del Consejo de Salubridad General donde el mando se encuentra, sin ponerlo con la mínima duda, del Presidente de la República conforme lo marca la propia Constitución federal.
Sexto. El propósito de incluir a miembros del legislativo solo con derecho a voz, es el de realizar el enlace real y directo entre el Consejo y elementos del legislativo a fin que, en caso de existir algún problema que sea posible solucionar con la creación, modificación, adición o reforma de la normatividad que va desde la misma Constitución Federal, hasta alguna nueva ley o del universo de leyes federales en la que, acorde con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de nuestra Máxima Ley, el diputado o senador que tiene funciones de enlace entre el Consejo y el Legislativo, tenga conocimiento de inmediato de ello y proceda a la solución que, por vía legislativa sea necesaria.
En atención a las consideraciones antes mencionadas, pongo a su consideración para ser aprobado el siguiente
Decreto que modifica el artículo 15 de la Ley General de Salud, a fin de respetar el mandato de la Constitución General de la República relativo a la exclusión de cualquier secretaría de Estado en la integración del Consejo de Salubridad General, así como incluir como vocal de dicho Consejo a un diputado y a un senador integrantes de la Comisión de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para quedar como sigue:
Ley General de Salud
Artículo 15. El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del Presidente de la República en los términos del Artículo 73,fracción XVI, base 1ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un Presidente que será señalado directamente por el Presidente de la República quien deberá reunir los requisitos que el Reglamento Interno del Consejo indique; además, estará integrado por un Secretario, trece vocales titulares, dos de los cuales serán los Presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio Reglamento Interno determine, entre los que estarán incluidos, solo con derecho a voz y exentos de funciones ejecutivas, un diputado y un senador miembros de las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Salvo los miembros del Congreso de la Unión, el Presidente de la República serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en las ramas sanitarias.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Consejo de Salubridad General tendrá un plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las modificaciones necesarias en el Reglamento Interior y presentarlas al Presidente de la República, quien, a su vez, contará con treinta días contados a partir de la fecha en que le sean entregadas las modificaciones en mención, para aprobarlas o modificarlas y publicarlas en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito que se transcriba íntegro en la Gaceta Parlamentaria el texto de la presente iniciativa de ley propuesta a esta honorable asamblea.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 9 diciembre de 2003.
Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO AL GAS LP Y AL GAS NATURAL PARA USO DOMESTICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LAGUETTE LARDIZABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada, Martha Laguette Lardizábal, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar el otorgamiento de un subsidio al gas L.P. y al gas natural para uso doméstico en el estado de Chihuahua, conforme a las siguientes
Consideraciones
La posición geográfica del estado de Chihuahua, entre la altiplanicie y la Sierra Madre Occidental dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso que llega a 45° centígrados en el verano y hasta 20° centígrados bajo cero durante el invierno. Estas son las temperaturas más bajas del país.
El servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua mantiene estadísticas de las temperaturas mínimas promedio, pronosticando para esta temporada invernal 2002-2003 en el Estado de Chihuahua las siguientes:
Incremento en las enfermedades agudas como influenza y neumonía, principalmente en niños y personas adultas mayores, y entre aquellas que no cuentan con los recursos suficientes para calentar sus hogares;
Ausentismo laboral, con pérdida de horas-hombre que repercute en la productividad y eficiencia de las empresas y un incremento en los costos de las instituciones del sector salud;
Alto índice de ausentismo escolar; y
Incapacidad de 80% de la población con ingresos menores a cinco salarios mínimos para hacer frente a los gastos que requeriría un sistema de calefacción a los precios vigentes de los combustibles.
Según datos del sector salud, durante el periodo invernal 2002-2003, se registraron 761 personas hospitalizadas por hipotermia y enfermedades respiratorias agudas, y 74 defunciones por hipotermia en la entidad, lo cual determina que el uso de gas natural y gas L.P. son para la población chihuahuense artículos de primerísima necesidad, sobre todo en el periodo invernal.
Son reveladores los siguientes datos: Chihuahua concentra el 3% de la población del país y demanda el 9% del gas L.P. que se consume en el territorio nacional, sólo superado por el Distrito Federal que consume 30%. El resto del país consume el 61% restante. Del total de gas L.P. que se consume, alrededor del 62% va directamente a los hogares chihuahuenses y el 38% se distribuye en las áreas comercial, industrial y de transporte.
El gobierno del estado de Chihuahua ha solicitado la intervención de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía, así como de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía, ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para solicitar se autorice el subsidio del 30% al precio del gas L.P. en cilindros, y del gas natural que se expendan para uso doméstico en las colonias populares de los diversos municipios de la entidad, durante el periodo comprendido de noviembre de 2003 a marzo de 2004 que corresponde al presente ciclo invernal. No se ha recibido respuesta satisfactoria a la fecha.
Dicha solicitud fue acompañada de un Estudio de Soporte para Solicitud del Subsidio a los Precios del Gasóleo Doméstico, Gas Natural y Gas L.P. para el invierno 2003-2004, en el que se dan razones y justificaciones suficientes, climatológicas, de salud y económicas.
Según dichos estudios una familia de cinco miembros requiere en promedio 2,474.14 pesos al mes para la adquisición de sus insumos básicos, sin contar sus demás necesidades, y el costo de los energéticos mencionados oscilarían entre 408.24 a 826.10 pesos, lo cual tendría un fuerte impacto a su economía familiar.
Los diversos datos, pruebas y argumentaciones ponen muy en claro que el consumo de gas L.P. y gas natural no es para las famillas chihuahuenses un insumo de lujo sino un artículo de primerísima necesidad indispensable para enfrentar el frío de invierno.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía su intervención ante el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, para que se autorice un subsidio del 30% al precio del gas L.P. cilindro y gas natural de uso doméstico, por el periodo invernal que comprende los meses de diciembre de 2003 a marzo de 2004, en el estado de Chihuahua.
La proposición con punto de acuerdo se encuentra suscrita por los diputados federales del estado de Chihuahua integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Omar Bazán Flores, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, Jesús Aguilar Bueno, Lorenzo Miguel Lucero Palma, José Mario Wong Pérez, Nora Elena Yu Hernández y por la suscrita.
La proposición fue entregada oportunamente a la Coordinadora de nuestro Grupo Parlamentario para los efectos del Artículo Cuarto del Acuerdo Parlamentario relativo al Orden del Día de las sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación. En cumplimiento de este Acuerdo, la solicitud correspondiente se acompañó de la versión electrónica del documento.
Solicitamos que este asunto sea tramitado como de urgente y obvia resolución, en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento antes invocado, sirviendo para ello de sustento las consideraciones que justifican la gravedad e importancia del asunto y el inicio ya del ciclo invernal en el estado de Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: Martha Laguette Lardizábal (rúbrica),
Omar Bazán Flores, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica),
Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Lorenzo Miguel Lucero Palma
(rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica),
Nora Elena Yu Hernández (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR DAR CONTINUIDAD A LA COMISION ESPECIAL RESPECTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ROBLES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Me permito presentar a este Pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar que esta H. Cámara de Diputados de la LIX legislatura instale nuevamente la Comisión Especial, constituida el 17 de abril de 2001, para darle Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros.
El 4 de agosto de 1942 se firmó el convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícolas y en 1943 el ferroviario, en el que se establece la creación del Fondo de Retención del 10% de los salarios que percibían los trabajadores en los Estados Unidos de Norte América, mismos que se depositaron vía Wells Fargo, siendo transferidos al Banco de México y posteriormente al Banco del Ahorro Nacional, con la finalidad de entregarlo a los trabajadores braceros a su regreso a México. El Convenio Binacional duro hasta 1964.
El Convenio Binacional concluyó oficialmente el 30 de mayo de 1963, sin embargo cabe señalar que gran cantidad de braceros siguieron trabajando hasta el año siguiente, 1964.
Con la firma del Convenio Binacional se establece la creación de un fondo de ahorro del campesino y que consistía en la retención de un 10% de sus salarios devengados, los cuales debían ser depositados en Banco Nacional de Crédito Agrícola, SA.
Esta retención, hecha de común acuerdo, decía en su artículo 5°: "El trabajador manifiesta su conformidad para que le sea descontado de su salario el 10% y autoriza a la administración para recibirlo de su empleador y conservarlo en calidad de depósito para serle reintegrado a su regreso al punto del lugar que partieron, o tan pronto como sea practicable en forma de crédito a su cuenta en el Banco de Crédito Agrícola de México, en moneda corriente de los Estados Unidos Mexicanos, al tipo de cambio de la fecha en que el banco mencionado haya recibido la cantidad correspondiente.
El problema que se genera en estos tiempos, es que los recursos que se depositaron en esas fechas vía Wells Fargo - Banco de Crédito, S.A. - Banco del Ahorro Nacional, no existen. Al fusionarse el 12 de julio de 1975 el Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural y que dio origen a Banrural, se hizo un revisado del proceso de transmisión de recursos provenientes del Fondo de Ahorro Campesino o de depósitos en lo individual, relacionado con dicho fondo y la sorpresa fue que no había antecedentes ni recursos.
Por tal motivo se creó esta Comisión Especial para darle seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros en la LVIII Legislatura, la cual terminó sus funciones el 30 de agosto del 2003, por término de Legislatura, dejando la responsabilidad y para darle continuidad y seguimiento, en la LIX Legislatura.
Estoy seguro de que retomando lo que hasta hoy se ha visto y realizado a través de la Comisión Especial en esta H. Cámara de Diputados, en la Secretaria de Gobernación, con los representantes de los braceros en las entidades federativas y en los Estados Unidos, podremos encausar nuevamente como asunto de urgente y obvia resolución, esta problemática que afecta a tantos mexicanos.
Con base en lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento Interior, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la H. Cámara de Diputados acuerde dar continuidad a la Comisión Especial para darle seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros para que se encargue a lo iniciado por la LVIII Legislatura en la recuperación de información necesaria acerca del destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre 1942-1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en los Estados Unidos, instalando nuevamente esta Comisión Especial.
Segundo. Que fundamentado en lo establecido en el Artículo 89 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, la Comisión Especial tenga la facultad que le permita llegar al fondo de la investigación, sin importar las dependencias que estén involucradas en la solución de este problema, con el fin de encontrar los Fondos Retenidos a los braceros mexicanos.
Tercero. Si fuera necesario, que comparezcan los funcionarios que permitan llegar al esclarecimiento de esta investigación.
Cuarto. Si existen indicios a través de documentos fehacientes que logren ubicar a dónde fueron a parar los Fondos que se retuvieron con este Convenio Binacional, se busque la forma de canalizar estos fondos a una de pendencia gubernamental o a un Fideicomiso creado con este fin.
Quinto. Que en caso de no existir ya ningún fondo de esas retenciones, la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial, busque la forma legal de obtener el monto que permita resarcir a los braceros mexicanos.
Sexto. La Comisión deberá concluir su mandato en un plazo de seis meses, a partir de la fecha de su instalación.
Séptimo. La Comisión estará integrada por los Diputados que designen las Fracciones Parlamentarias existentes en la LIX Legislatura, de acuerdo a la proporción que corresponda.
Octavo. Esta Comisión Especial deberá informar mensualmente del avance y resultados de los trabajos realizados, ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente.
Agradezco la atención y todo el apoyo de mis compañeros legisladores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CAMARA DE DIPUTADOS CONSTITUYA UNA COMISION DE DIPUTADOS QUE ACUDA A ENTREVISTARSE CON EL INDIGENA RARAMURI ISIDRO VALDENEGRO LOPEZ, CON EL PROPOSITO DE INFORMARSE SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA EL PROCESO LEGAL A QUE ESTA SOMETIDO, A CARGO DE LA DIPUTADA SUSANA MANZANARES CORDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los diputados que suscriben, con fundamento en lo dispuesto el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, el cual se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Ahí donde la Sierra Madre Occidental se torna más agreste y accidentada viven los tarahumaras, que se llaman a sí mismos rarámuris, "los de los pies ligeros". Cultivan sus cosechas en las tierras altas durante el verano y se mudan a las partes bajas del cañón durante los meses fríos. En esta zona encontramos especies en peligro de extinción como el puma, el ocelote, el oso gris y el venado cola blanca, así como una tala inmoderada de los bosques.
En su transcurrir los rarámuris manifiestan un principio trascendente con la naturaleza, se conciben a sí mismos como una raza unida a las fuerzas originales, y su trato cotidiano con el medio ambiente tiene un carácter que le da sentido a sus formas particulares de organización sociocultural. Este sentido de su acción social está definido entonces por una íntima relación entre el entorno natural y los seres humanos, en la que la conservación de la naturaleza constituye una condición imprescindible para la conservación de lo humano.
Describir el contexto de existencia del pueblo rarámuri es ilustrar las circunstancias de miseria de las víctimas del neoliberalismo, agravado en este caso por su circunstancia de triplemente excluidos por su condición de ser campesinos, indígenas y pobres. Además de vivir la paradoja de ser dueños originarios de bosques y recursos naturales que en la vía de los hechos son explotados por los caciques madereros, su situación se agrava por la presencia de narcotraficantes, ambos protegidos por autoridades civiles y judiciales. Isidro Baldenegro, dirigente indígena rarámuri, lo sabe por experiencia propia.
Coloradas de la Virgen es una zona de más de 25,000 hectáreas, habitada desde tiempos inmemoriales por rarámuris. La situación en este lugar es delicada, pues allí son los indígenas comuneros los que, con Baldenegro al frente, se han opuesto a la tala indiscriminada e ilegal realizada por caciques y mafias.
Isidro Baldenegro López ha encabezado en distintos momentos la defensa del bosque de Coloradas de la Virgen, ha sido representante desde 1996 de su comunidad para distintas comisiones y cargos que ésta le ha conferido, destacando su actuación como secretario de bienes comunales, cargo que ejerció desde 1999 hasta el 2002, además de dirigir distintas movilizaciones en defensa del bosque y el medio ambiente y en contra de los intereses creados por los madereros y narcotraficantes de la zona.
El día 29 de marzo pasado, Isidro Baldenegro fue detenido en su casa por agentes judiciales, que no exhibieron ninguna orden de aprehensión y que lo amenazaron a él y a su vecino y amigo Hermenegildo Rivas Carrillo, acto en el cual se le sembraron armas de uso exclusivo del Ejército y una bolsa de semillas de marihuana. El indígena está acusado de un delito que le fue fabricado, en circunstancias injustas, violatorias de los derechos humanos. Esta detención ilegal pretende acabar con la defensa legitima del bosque de Coloradas de la Virgen.
Consideraciones
1. Para un rarámuri como Isidro Baldenegro y para la etnia a la que pertenece, la defensa del bosque es una situación de sobrevivencia como pueblo indígena, por lo que los alcances y beneficios de sus acciones no sólo sirven para el fortalecimiento de la cultura ambiental, sino que tienen que ver principalmente con la protección y promoción del desarrollo de su lengua, su cultura, sus usos, sus costumbres, sus recursos y sus formas especificas de organización social.
2. La defensa del bosque, encabezada por Isidro Baldenegro, trata de evitar la explotación inadecuada por parte de los madereros y promover la restauración de este bosque mediante un manejo sustentable de los recursos naturales de este municipio por parte de su comunidad.
3. La acusación de portación de armas de uso exclusivo del Ejército que mantiene en la cárcel desde hace ocho meses al indígena rarámuri Isidro Baldenegro, esta fundada en una serie de irregularidades y datos falsos aportados por los agentes judiciales que lo detuvieron.
4. Existen numerosos indicios de que se trata de una detención ilegal, ya que diversos testigos acreditan que Baldenegro fue detenido en su casa del Ejido Coloradas de la Virgen, sin orden de aprehensión, y no en la montaña, como declararon los judiciales que lo detuvieron.
5. En el contexto de la novena reunión de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), en la que participan delegados de comunidades y pueblos indios de 17 entidades del país, se aseveró que la detención es una represalia de los caciques Fontes Lugo, ya que el grupo de Baldenegro logró la suspensión definitiva de la tala del bosque del Ejido Coloradas de la Virgen, explotado hasta entonces por los caciques Fontes Lugo.
6. Que la acción urgente por la libertad de Baldenegro, emprendida por distintas organizaciones sociales y no gubernamentales, menciona que los rarámuri de Coloradas de la Virgen "han sufrido por más de 30 años la violencia por parte de los narco-caciques: la familia Fontes". Isidro y sus compañeros "emplearon el pasado 9 de marzo una combinación de acciones legales y bloqueos para detener la tala ilegal controlada por los Fontes. La familia Fontes es presunta responsable de la muerte del padre de Isidro: Julio Baldenegro, en 1986, así como de otros rarámuri, incluyendo al segundo gobernador, una autoridad tradicional, todos ellos asesinados por sus protestas contra la tala. Se reporta que los Fontes están detrás de estas acciones policiacas ilegales. Pese a todo, sus esfuerzos por intimidar a la comunidad rarámuri han fallado: están más determinados que nunca a defender sus derechos".
7. Isidro Baldenegro López ha realizado acciones de trascendencia ambiental, al haber logrado la suspensión de la explotación del bosque de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que se traduce en beneficios sociales para esta comunidad rarámuri.
8. Que el pueblo indígena de las Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, y diversas organizaciones sociales están promoviendo la libertad de Isidro Baldenegro López, como un reconocimiento a los actos que el dirigente indígena ha realizado en defensa de sus recursos forestales y en beneficio de la comunidad.
Por todo lo anterior y con el propósito de que se haga justicia contra un acto represivo que pretende abonar el campo para la explotación irracional de los recursos naturales por parte de las compañías madereras y los intereses que estas representan, presentamos la siguiente propuesta de
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda:
Unico.- Nombrar a una comisión plural de diputados para que se traslade al estado de Chihuahua con el propósito de entrevistarse con los indígenas Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, con el fin de informarse de las circunstancias de su detención y de la situación que guarda su proceso penal, e informar a esta H. Cámara de Diputados.
Dip. Susana Manzanares Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCION DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y EN PARTICULAR, PARA AUMENTAR LOS QUE SE DESTINAN A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, CON EL OBJETO DE QUE ALCANCE LA ASIGNACION PROMEDIO QUE EN ESTE RUBRO TIENEN LAS DEMAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR ESTATALES, A CARGO DEL DIPUTADO ABRAHAM VELAZQUEZ IRIBE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Hacemos uso de esta tribuna, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar una proposición con punto de acuerdo.
La diputación federal sinaloense, por mi conducto, expone a la consideración de esta soberanía, la problemática financiera que afecta a las universidades públicas.
En este país, sigue siendo muy bajo el presupuesto que la Federación destina a la educación superior.
Para el año que concluye, en este renglón se aplicarán recursos por el orden de los 37 mil 634 millones de pesos, un monto realmente insuficiente, que representa apenas el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto.
En educación superior se invierte poco, pero además hay que decirlo, el dinero público se distribuye mal.
No hay criterios claros para repartir el presupuesto; y en su asignación prevalece la discrecionalidad.
Ello ha propiciado una marcada inequidad, fuertes desequilibrios y rezagos entre las instituciones de educación superior.
Así lo expresan los rectores de las universidades; y así se demuestra con los siguientes datos.
En el caso de las universidades públicas estatales, el subsidio federal ordinario por alumno, es de 32 mil 300 pesos.
Para las universidades públicas federales, este promedio es más del doble.
Con la finalidad de reducir estas asimetrías, solicitamos que, a partir del próximo año, se pueda crear e incluir en el Presupuesto de la Federación, el fondo para la equidad y el fortalecimiento de la educación superior.
Los legisladores sinaloenses, en este sentido, hacemos nuestro el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que los senadores de la República respaldaron en fecha reciente, de manera unánime.
Al igual que otras instituciones, la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos reclama y exige atención para estos asuntos.
Y cuando hablamos de la UAS, nos referimos a la institución con mayor tradición y presencia en el noroeste del país; a la universidad pública que ocupa el cuarto lugar nacional por el número de estudiantes que atiende.
Durante los últimos diez años, la UAS incrementó su matrícula en un 60 por ciento, esto es, en cerca de 40 mil alumnos en los niveles de licenciatura y posgrado.
Para atender esa demanda la UAS ha realizado un esfuerzo muy importante, pero lo ha hecho enfrentando un déficit financiero muy elevado.
Su monto crece y se acumula, porque el subsidio federal ordinario que recibe por alumno es de 26 mil 400 pesos, como resulta evidente, hablamos de un subsidio muy inferior al promedio que reciben las universidades públicas estatales.
Para enfrentar estas dificultades, es que en el Ejercicio Fiscal de la Federación para el 2002, se creó el programa de atención a los problemas estructurales de las universidades públicas.
Fue un avance significativo, porque el propósito central de este programa, es ayudar a las universidades públicas estatales, para que atiendan sus fuertes pasivos.
Sin embargo, de nuestra parte queremos hacer un llamado de atención para que la operación de este programa presupuestal sea más eficiente.
Para atender los problemas estructurales de las universidades públicas estatales, necesitamos definir reglas de operación más transparentes.
Necesitamos criterios neutrales y equitativos, para que no se repita lo que ha acontecido durante los últimos años. Se nos informa, que persiste la discrecionalidad en beneficio de las universidades públicas más fuertes y consolidadas. Esto ya no puede, no debe repetirse.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero.- Incrementar los recursos y mejorar las reglas de operación del programa de atención a los problemas estructurales de las universidades públicas estatales.
Segundo.- Que en la revisión y dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, se pueda crear e incluir el Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento para la Educación Superior.
Tercero.- Que considerando la difícil situación financiera por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su caso, se le asignen suficientes recursos, para que el subsidio por alumno de dicha Universidad, alcance la asignación promedio que en este rubro tienen las instituciones de educación superior estatales, en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: Abraham Velázquez Iribe (rúbrica),
Oscar Félix Ochoa, Francisco Frías Castro, Diva Hadamira
Gastélum Bajo, Armando Leyson Castro, Esteban Valenzuela García,
Bernardo Vega Carlos, Alfredo Villegas Arreola, Jesús Vizcarra Calderón,
Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Alejandro Higuera Osuna, Javier
Osorio Salcido.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, UNA PRORROGA DE SEIS MESES PARA QUE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS MEXICANAS SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO FEDERAL Y CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE LA LLAMADA LEY CONTRA EL BIOTERRORISMO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSE GARCIA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 12 de junio de 2003 fue expedida la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Public Healt Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 or Bioterrorism Act), mejor conocida como Ley Contra el Bioterrorismo (LCB).
2. El bioterrorismo es definido como la acción de introducir a un país en forma asociada o no con alimentos, animales, plantas, mercancías o personas, microorganismos patógenos, agentes químicos, residuos radio nucleares, toxinas o sustancias dañinas, con el propósito de generar en la población enfermedades, pánico o terror.
4. De la LCB, el Título III, bajo el rubro "Protección a la Inocuidad y Seguridad del Abasto de Alimentos y Fármacos" y, más concretamente, el Subtítulo "A" relativo a la "Protección de Abasto de Alimentos", es el que mayores implicaciones tiene para los exportadores mexicanos ya que impone las siguientes obligaciones:
La fecha límite para el registro de Las Instalaciones Alimenticias es el 12 de diciembre de 2003. En caso de que alguna empresa no registre sus instalaciones a la fecha señalada e intente exportar alimentos a EU, tendrá las siguientes consecuencias:
Se considerará un acto Ilícito.
El Gobierno Federal de EU podrá entablar demandas civiles y penales, ante Tribunales Federales, en contra de las personas involucradas.
Los productos que se pretendan exportar serán retenidos administrativamente en el puerto de entrada por la FDA.
Cuando la FDA decida cambiar de lugar a los productos retenidos, los particulares involucrados deberán organizar el transporte y correrá por su cuenta el costo de dicho transporte y almacenamiento.
B. Aviso Previo de Importación (Sección 307). La LCB exige que se deberá dar aviso previo de embarque a la FDA, vía electrónica, sobre la llegada a algún puerto de entrada, de cualquier producto alimenticio, a fin de dar tiempo para revisar, evaluar y juzgar la información, antes de que llegue, realizar inspecciones, interceptar productos contaminados y garantizar la introducción de alimentos seguros.
En caso de que la llegada del producto sea por transporte carretero, el aviso será de al menos 2 horas antes.
En caso de que sea por transporte ferroviario o aéreo, será de cuando menos 4 horas.
En caso de que sea por vía marítima, será de cuando menos 8 horas.
En ningún caso se podrá enviar un aviso previo con más de 5 días de anticipación de la llegada del embarque al puerto de entrada
C. Mantenimiento de Registros o Archivos (Sección 306). La LCB exige que las personas o empresas establezcan, mantengan y pongan a disposición de la FDA registros de información relativa a sus operaciones, cuando menos por un periodo de dos años hacia atrás. El objetivo es que tales registros sirvan a la FDA para identificar las fuentes anteriores inmediatas, los receptores posteriores inmediatos y los transportistas de los alimentos que se exportan a EU. En tales circunstancias, las personas o empresas que Fabriquen, procesen, envasen, transporten, distribuyan, reciban, almacenen o exporten alimentos destinados al consumo humano o animal a los EU, deberán mantener los registros.
D. Detención Administrativa (Sección 306). La LCB autoriza a que un oficial o empleado de FDA puede ordenar la Detención Administrativa de los productos alimenticios si considera que existen pruebas o información fidedigna que indique que dicho artículo representa una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud de personas o animales.
6. Que durante el primer semestre de 2003, el Gobierno Mexicano manifestó su preocupación sobre las regulaciones de la LCB en los Comités de Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En esos foros México inicialmente manifestó su preocupación por la posibilidad de que las medidas fueran incompatibles con los compromisos internacionales de EU en la OMC y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
7. El 26 de agosto pasado se creó un Grupo de Alto Nivel (GAN), en el que participan varios secretarios y subsecretarios de las Secretarías de Economía, Salud, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, así como Aduanas, Cisen, y SAT, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones para minimizar los impactos negativos de la LCB.
8. El Gobierno Federal elaboró un listado de productos agroalimentarios y pesqueros mexicanos, así como un directorio de exportadores de productores que deben conocer las regulaciones de la LCB. Diversas direcciones de Internet se han puesto ha disposición de los productores, por parte de Sagarpa, Economía, Aduanas y Bancomext, etcétera.
11. Que EU es el principal socio comercial de México y concentra 90% de las exportaciones mexicanas. Según datos oficiales, en México existen 7,500 compañías que exportan productos agroalimentarios a EU. Del total, 5,000 son grandes empresas que tienen la capacidad necesaria para cumplir con las disposiciones de la LCB, pero el resto, 2,500, son pequeñas y al parecer no tienen la capacidad suficiente para cubrir los nuevos requisitos.
12. Que hasta la fecha se desconoce el número exacto de las empresas mexicanas exportadoras que han logrado inscribirse en el Registro Federal de la FDA, pero todo indica que es elevado el porcentaje de empresas que no podrán inscribirse antes de la fecha límite del 12 de diciembre próximo.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Esta Cámara de Diputados exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que, a la brevedad posible, solicite al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica una prorroga, de al menos seis meses, para que las empresas mexicanas exportadoras de alimentos puedan inscribirse en el registro federal y den cumplimiento a los demás requisitos que impone la nueva legislación contra el bioterrorismo; dadas las condiciones especiales de comercio que existen entre ambas naciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, SE PRONUNCIE A FAVOR DE LA NO DESINCORPORACION DEL COLEGIO DE POSGRADUADOS, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO FERNANDEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el estado de México en la LIX Legislatura, acorde con nuestra agenda legislativa y en función de nuestros orígenes reafirmados en el presente, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Considerando
Que la Revolución Mexicana, orillada por la implantación de un modelo económico liberal a finales del siglo XIX, en donde la pobreza se veía reflejada en el nulo acceso a la educación, condiciones de trabajo infrahumanas y falta de garantías en cuanto a la posesión de la tierra por parte de la inmensa mayoría de mexicanos, toma un nuevo cauce en el presente, con las intenciones del Presidente Fox al pretender desincorporar las instituciones que son el resultado de nuestro proceso histórico reciente, de nuestras necesidades como nación, al vulnerar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para así implantar modelos eficientistas de maximización de ganancias con la mínima inversión, esquemas estos de la iniciativa privada, no importando para ello que infrinja nuestra soberanía al permitir de nuevo la dependencia tecnológica total.
Obedeciendo a no muy claros intereses, Fox prepara el camino para que el campo mexicano, en el presente devastado, dependa única y absolutamente de quienes hacen la investigación en esta área, pero fuera de las fronteras de nuestro país, eliminando de tajo centros de investigación en proceso, haciendo a un lado casos como el del Colegio de Posgraduados para consolidar así la subordinación tecnológica, agrícola, pecuaria y forestal a merced del gran capital.
Tal es el caso del Colegio de Posgraduados, una institución que ha contribuido desde su fundación, en 1959, al desarrollo del país mediante el establecimiento de programas académicos sobre casi todas las disciplinas del conocimiento agronómico y afines, y mediante la realización de actividades de investigación y servicio dirigidas a la solución de problemas de los sectores agrícola, pecuario y forestal del país.
Para ello tiene como misión formar líderes talentosos, en maestrías y doctorados para el sector rural, con reconocimiento nacional e internacional, que mediante el manejo del conocimiento contribuyen al desarrollo sostenible del país en los ámbitos científico, social, cultural y económico.
Para ello, el cuerpo académico del Colegio de Posgraduados realiza actividades de investigación y vinculación que apoyan la docencia y el desarrollo del país en sus siete campus.
De los 21 programas de maestría y doctorado, 19 están reconocidos como programas de excelencia por el Conacyt, previa evaluación rigurosa por eficiencia terminal y tiempo de graduación de los alumnos, número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 357 cursos de posgrado, etcétera. Uno de sus programas tiene nivel internacional y es el único, en el área agrícola, de ese nivel en el país.
Del total de profesores del Colegio de Posgraduados, 63 por ciento es miembro del SNI, por su amplia actividad científica y académica individual, siendo por ello la institución educativa del sector agropecuario y forestal con mayor proporción de científicos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores.
Actualmente, el Colegio de Posgraduados tiene inscritos a mil 15 estudiantes de maestría y doctorado en sus 21 programas de posgrado. Ello representa un crecimiento de 66 por ciento de la matrícula en los últimos diez años, tanto nacionales como extranjeros.
De 2000 a la fecha, el Colegio de Posgraduados ha contribuido con poco más de 200 graduados por año, con una eficiencia terminal de por lo menos 70 por ciento.
En 2000 se establecieron 98 convenios de servicio (evaluaciones, capacitaciones, eventos, productos de investigación, etcétera) por un monto de 24 millones de pesos. En 2003 se han estimado ingresos de este tipo por 59.9 millones de pesos.
Los recursos destinados al Colegio de Posgraduados escasamente representan alrededor de 1 por ciento del presupuesto de la Sagarpa. Por tanto, su desincorporación representaría un ahorro equivalente para el Gobierno Federal de apenas 400 millones de pesos al año, no comparable con los múltiples beneficios que desde su creación ha reportado al sector agropecuario mexicano en materia de producción y de creación tecnológica nacional.
Lo anterior significaría despedir a más de mil 200 trabajadores administrativos, técnicos y manuales; y 600 académicos e investigadores de primer nivel. Es decir, mil 800 desempleados, mil 800 familias que, de la noche a la mañana, se quedarían en la calle.
Algunos de los resultados hasta ahora reportados por el Colegio de Posgraduados han sido evidenciados de manera sucinta en los anteriores párrafos. Empero, asimismo, consideramos que, para que el Colegio de Posgraduados reafirme su calidad de centro de investigación de excelencia, sea evaluado periódicamente para ratificar su eficacia y eficiencia.
Por tanto, se proponen los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la H. Cámara de Diputados exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta representatividad federal a no incluir la desincorporación del Colegio de Posgraduados, contenida en el artículo segundo transitorio, fracción sexta, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, remitido por el titular del Poder Ejecutivo federal, toda vez que esa entidad desempeña funciones sustantivas en el fomento, promoción, difusión y apoyo en la formación de científicos en los sectores agrícola, pecuario y forestal.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a desechar la propuesta de desincorporación del Colegio de Posgraduados, pues dicha entidad paraestatal es pilar de la investigación en materia agrícola, pecuaria y forestal, continuando de esta manera con la misión a él encomendada por el pueblo de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Fernando Fernández García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION A LA INICIATIVA DE LEY PARA EL MEJORAMIENTO, PRESENTADA POR ALGUNOS LEGISLADORES EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSE GARCIA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, del Trabajo y de Convergencia de la LIX Legislatura, presentamos proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con relación a la iniciativa de Ley para el Mejoramiento de la Seguridad Fronteriza y la Inmigración, presentada por algunos legisladores en el Congreso estadounidense.
Consideraciones
1. En los últimos 10 años, y a pesar del aumento inédito de las medidas de control fronterizo en Estados Unidos, se ha registrado un incremento espectacular del número de inmigrantes que llegan a dicho país en busca de trabajo. La mayoría de los estudios estima que, entre 1990 y 2000, la población de migrantes indocumentados de origen mexicano en Estados Unidos se ha duplicado.
2. La mayoría de los mexicanos que trabajan sin documentos en Estados Unidos es explotada por sus patrones. Las leyes de inmigración les niegan los más elementales derechos, pese a que fortalecen la economía estadounidense con su mano de obra y sus bajos salarios. Millones de inmigrantes en aquel país esperan desde hace muchos años tener los documentos para trabajar legalmente, obtener una licencia de manejo, comprar una casa, abrir un negocio y moverse con libertad entre los dos países a que pertenecen y a los que benefician con su trabajo, cultura y valores.
3. En los últimos meses han sido presentadas al Congreso estadounidense diversas iniciativas de ley que pretenden regularizar de diversas maneras y con procedimientos distintos la estancia de trabajadores inmigrantes que actualmente no cuentan con documentos para permanecer en Estados Unidos.
4. Una de dichas iniciativas fue presentada al Congreso el 25 de julio de 2003 por los congresistas estadounidenses Jim Kolbe, Jeff Flake y John McCain, quienes introdujeron la iniciativa de Ley para el Mejoramiento de Seguridad en la Frontera y la Inmigración.
5. La iniciativa ha sido considerada por diversos analistas y por agrupaciones de migrantes como una solución práctica y progresiva para ocuparse de los problemas asociados con los cruces ilegales en la frontera. Dicha iniciativa ha sido interpretada actualmente como la que más cumple las demandas de los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos.
6. La iniciativa está dirigida a detener la inmigración ilegal, facilitar que los trabajadores extranjeros obtengan visas y ofrecer incentivos para que los 11 millones de inmigrantes indocumentados, mayoritariamente de origen mexicano, adquieran el estatus legal. La iniciativa crea un programa para trabajadores temporales que permita atraer trabajadores a Estados Unidos de manera segura y legal.
7. La propuesta de ley está dirigida también a responder a la escasez proyectada de trabajo y ofrecer incentivos para los millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en Estados Unidos. La iniciativa acepta que mientras los estadounidenses logren niveles de educación y capacitación cada vez mayores, se vuelve más difícil llenar puestos considerados menos calificados, como trabajos agrícolas y de hoteles, que los estadounidenses no están dispuestos a ocupar.
8. En términos generales, la propuesta de ley crea dos categorías de visa: la H-4-A, la cual permite a nuevos trabajadores extranjeros entrar y trabajar por medio de un proceso legítimo y seguro; y la H-4-B, que regulariza, aunque con una penalización de 1,500 dólares, a los trabajadores que hubiesen entrado de modo ilegal y que viven en Estados Unidos actualmente con el estatus de indocumentados, permitiendo que los trabajadores que hayan contribuido a la economía nacional trabajen hacia un estatus legal y permanente para sí mismos y sus familiares en el futuro.
9. Aunque la iniciativa no provee amnistía para la población indocumentada actual, presenta un mecanismo mediante el cual los inmigrantes indocumentados puedan avanzar hacia un estatus legal. Al comienzo del tercer año de tener la visa, después de haber pasado por el sistema de registro dos veces, un trabajador puede solicitar la residencia permanente legal por sí mismo.
10. Los visados del programa H-4-A y H-4-B son elegibles para todas las protecciones actualmente ofrecidas a los trabajadores inmigrantes y estadounidenses. Estas incluyen los mismos beneficios, sueldos, condiciones de trabajo y el derecho de organizarse en un sindicato de que disfrutan los demás empleados. Los derechos incluyen la capacidad de cambiar de trabajo si no les agrada el ambiente actual de trabajo.
11. Para los legisladores mexicanos debe ser una prioridad contribuir a garantizar que los trabajadores que intentan ingresar en Estados Unidos como trabajadores temporales no lo hagan a través de un viaje largo, peligroso e ilegal, sino que sea una entrada documentada y segura en Estados Unidos.
12. De la misma manera, seguiremos comprometidos en avanzar en la búsqueda de un acuerdo migratorio definitivo que permita regular el flujo migratorio entre nuestro país y Estados Unidos. Pensamos que la propuesta de iniciativa de ley arriba comentada permite avanzar en la búsqueda de dicho objetivo.
Por lo antes expuesto, hacemos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
1. Apoyamos las iniciativas de ley presentadas por diversos legisladores y que buscan ayudar a solucionar el problema de los migrantes indocumentados que laboran en Estados Unidos.
2. De manera particular, suscribimos la iniciativa de Ley para el Mejoramiento de Seguridad en la Frontera y la Inmigración, pues es la que más se ajusta actualmente a las demandas de los que han emigrado y de sus familias y de los que están pensando emigrar y que es la que podría mejorar el tratamiento de la problemática de los trabajadores inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. La iniciativa puede ser un punto de arranque en la búsqueda de un acuerdo migratorio definitivo entre México y Estados Unidos.
3. Apoyamos el cabildeo que realizan en el Congreso estadounidense diversos grupos y asociaciones de inmigrantes a fin de que la iniciativa de Ley para el Mejoramiento de la Seguridad Fronteriza y la Inmigración se apruebe antes de las elecciones federales en Estados Unidos de 2004.
Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, A RESPETAR Y TRATAR CON DIGNIDAD HUMANA, Y CONFORME A LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA MATERIA, A LOS PAISANOS QUE INGRESAN A TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MAYELA MARIA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, la diputada federal Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez presenta, con carácter de obvia y urgente resolución, a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En virtud de que los paisanos ingresan a territorio nacional son sujetos y blanco de un sinnúmero de atropellos, abusos, arbitrariedades y tratos inhumanos por parte de servidores públicos migratorios y aduaneros, se les y vulneran flagrante y gravemente tanto sus garantías individuales como sus derechos humanos fundamentales de los cuales gozan como cualquier otra persona en la República Mexicana.
Los paisanos, es decir, los emigrantes permanentes (nacidos en México y con domicilio en Estados Unidos), los emigrantes temporales de retorno (nacidos en México y que sólo se desplazan a Estados Unidos para trabajar unos meses) y los nativos estadounidenses de origen mexicano que viven en Estados Unidos (o población de origen mexicano), mismos que ingresan a nuestro país por tierra o aire en la frontera, o en los diversos puertos marítimos o en los diferentes aeropuertos del territorio nacional, merecen que al momento de ingreso nacional, se les oriente, asesore y explique acerca de los derechos y servicios de que gozan sin distinción de ninguna especie como lo plantea y determina el Programa Paisano implementado en 1989, fundamentalmente por parte del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación y el Colegio de la Frontera Norte.
Sin embargo, en la realidad no se ha ejecutado como debiera ser dicho Programa, toda vez que han prevalecido una serie de actos de molestia que afectan los bienes y las personas de los paisanos entre los que se encuentran cobros indebidos, maltrato verbal, extorsión, despojo de pertenencias o lentitud en los trámites, primordialmente.
Existe un importante flujo de paisanos a través de los aeropuertos nacionales y de las principales localidades fronterizas, sobre todo en los meses de diciembre de cada año, estimándose un total de 874,056 paisanos quienes ingresaron en Diciembre de 2002 por los aeropuertos nacionales y las principales localidades fronterizas. Esta trascendente cantidad de paisanos que entran en nuestro país, nos invita indubitablemente a reflexionar sobre dicha problemática y a solicitar de las autoridades administrativas competentes y coordinadoras en el Programa Paisano, que eviten la proliferación y generación de actos indignos, inhumanos e ilegales que en forma constante se cometen en contra de nuestros connacionales, vulnerando su esfera jurídica.
Por tanto, resulta importante y fundamental que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, brinden un mejor y digno trato y servicio a los paisanos y difunda de mejor manera, a través de los medios de comunicación masiva, el contenido, los derechos y los beneficios a que son acreedores en el Programa Paisano; que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Administración General de Aduanas, brinden un mejor y digno trato y servicio a los paisanos y bienes que traen consigo al momento de ingresar; que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública, vigile con mayor eficacia y eficiencia a los servidores públicos migratorios y aduaneros para que cumplan cabalmente con sus funciones y responsabilidades, a efecto de evitar estafas y extorsiones.
En tal tesitura y dentro de estos parámetros, las funciones encomendadas a la Administración Pública Federal en la ejecución y aplicación del Programa Paisano, se llevarán a cabo con eficiencia, eficacia, cortesía y profesionalismo, respetando y haciendo valer a la vez las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo la contenida en el artículo 11 de esta Carta Fundamental que dispone que "Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes: El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país", como también el de respetar los derechos fundamentales de los cuales gozan nuestros paisanos, con la finalidad primordial de brindarles seguridad en sus personas y en su patrimonio.
Por lo expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea para que determine con carácter de obvia y urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Administración General de Aduanas, a la Secretaría de la Función Pública, a respetar y tratar con dignidad humana a todos y cada uno de los paisanos que ingresan a territorio nacional, de conformidad con las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así como con los ordenamientos jurídicos de la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROBLEMATICA QUE GUARDAN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LAS GUARDERIAS INFANTILES SUBROGADAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZAN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, basado en las siguientes
Consideraciones
El pasado 6 de noviembre del año en curso, la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, presentó ante la honorable asamblea de ese alto cuerpo una proposición con punto de acuerdo relativa a la problemática de las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esta propuesta fue turnada para su estudio y dictamen a las comisiones de Salud y Seguridad Social, y de Equidad y Género de la honorable Cámara de Senadores y, posteriormente, con fecha 11 de noviembre de 2003 fue dictaminada y remitida para su aprobación a la asamblea general. El día 18 de Noviembre de 2003 fue aprobado en sus términos el dictamen referido en el aparto anterior que hacía suya la propuesta originalmente presentada por la senadora Martha Sofía Tamayo Morales.
Las consideraciones tomadas en cuenta tanto por la proposición con punto de acuerdo como por el dictamen referido parten de la aceptación de que los contratos que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha presentado a los prestadores de servicios de las guarderías subrogadas de dicho Instituto presentan términos y condiciones que impactan negativamente en su aspecto económico a los prestadores, hecho que repercute en un decremento de la calidad y seguridad de un servicio tan importante como es el cuidado de los hijos de los trabajadores mexicanos.
Por solidaridad y respeto a los argumentos de la señora senadora Martha Sofía Tamayo Morales y a los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras, hago míos sus argumentos y me permito reproducir a continuación algunos de ellos.
"Las diferentes actividades que se han llevado a cabo desde entonces por parte del Instituto para la prestación de este servicio, orientadas inicialmente a establecer instalaciones especiales por zonas convenientemente localizadas en relación con los centros de trabajo y de habitación, destinando los recursos provenientes de la cuota patronal correspondiente a la construcción de instalaciones propiedad de la institución, para su equipamiento y para la contratación directa de personal especializado de acuerdo con la normatividad, denominando a este esquema "de guarderías ordinarias."
"En el año de 1983 el Instituto creó un esquema más flexible para la prestación del servicio de guarderías, denominado guarderías participativas, operado por asociaciones civiles organizadas por las cámaras patronales, en instalaciones dadas en comodato por el Instituto, y posteriormente, en el año de 1995 se inicio la aplicación de un sistema denominado vecinal comunitario, por virtud del cual el Instituto presta sus servicios a través de microempresas sociales operadas por especialistas mediante contratos de subrogación de servicios, resultando que es este último esquema el que ha producido mejores resultados, tanto en el nivel de calidad del servicio, en la satisfacción de las madres usuarias, como en los costos de operación, existiendo una diferencia en costos por niño atendido hasta tres veces inferior respecto del esquema denominado ordinario."
"El Punto de Acuerdo considera erróneas las estrategias y los criterios de disminuir la calidad de atención de los infantes y las cuotas que se cubren a los particulares que operan guarderías subrogadas; ya que tiende al desmantelamiento de la infraestructura de guarderías" y, lo más grave, la disminución de la calidad de los servicios, afectando derechos adquiridos de padres, hijos y prestadores de servicios, con la supuesta finalidad de sustentar, con las economías que se logren con el cambio de esquemas, la expansión cuantitativa del servicio.
1.- Se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Consejo Técnico de esta institución a la instalación a la brevedad posible de mesas de trabajo integradas por funcionarios del área de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social o los funcionarios que designe el director general; los prestadores de servicios; los representantes de la clase obrera, de los padres de familia, de la Secretaría de Educación Pública y de senadores y diputados de las comisiones correspondientes de ambas Cámaras. Mesas de trabajo en las que, buscando la protección de las niñas y los niños y la preservación de la calidad de los servicios, se analicen las propuestas de cambio en la normatividad de las guarderías y consecuentemente los términos y condiciones de los contratos de prestaciones de servicios que se deriven de las modificaciones que se establezcan.
2.- Que la Cámara de Diputados solicite, respetuosamente, al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy, girar las instrucciones necesarias a fin de que se suspenda temporalmente las acciones encaminadas a la firma del nuevo contrato que regirá la relación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los prestadores de servicio de guarderías subrogadas durante el año 2004.
3.- En tanto no se acuerde un convenio que satisfaga las necesidades e intereses de ambas partes, que a su vez se pueda reflejar en la seguridad y calidad del servicio de guarderías, se mantendrá el mismo esquema de contrato vigente al día de hoy.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN TORNO A LAS ACCIONES QUE DEBEN EMPRENDER POR LOS DAÑOS CAUSADOS EN LA SALUD Y EN EL AMBIENTE POR LOS RELLENOS SANITARIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta
ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo,
al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el apartado correspondiente a las garantías individuales, específicamente en su artículo 4°, el derecho de toda persona a la protección de la salud y de vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Somos un país de más de 100 millones de habitantes y la generación de desechos diarios asciende a miles de toneladas. Las estadísticas nacionales al respecto no están completas, como quedó manifestado en un seminario celebrado en agosto de 2001, donde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expresó que estaba creando condiciones para obtener la información correspondiente. En intervenciones posteriores en el Legislativo, dicha dependencia no ha mencionado cifras sobre el particular.
De acuerdo con investigaciones del sector privado, sólo en el Distrito Federal y municipios conurbados se producen 30 mil toneladas aproximadamente de desechos diarios, lo que representa más de 10 millones de toneladas al año.
En 1996, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Semarnat daban la cifra de 31.96 millones de toneladas, por lo que la cifra en la actualidad debe de ser alrededor de 50 por ciento más, dado el crecimiento de la población y el cambio de los hábitos de consumo.
De esos desechos, la gran mayoría no se procesa adecuadamente y va a parar a los rellenos sanitarios, autorizados o no, en condiciones inadecuadas, todos a cielo abierto. Esa situación se repite a lo largo del país. La cifra de esos sitios es de miles, se habla de 80 mil en la República, de los cuales 30 son sumamente contaminantes. Por mencionar un ejemplo, sólo en el valle de Toluca -se menciona- hay 500 tiraderos.
Existe un tipo desechos sumamente contaminantes y de imposible degradación natural, los residuos peligrosos, la mayor causa de contaminación del suelo, mantos freáticos, ríos, pozos de aguas, presas y atmósfera y, por tanto, de la producción de hortalizas contaminadas.
Durante la época de lluvia, los rellenos sanitarios están más activos, debido a que el agua que les cae fluye a través de los desechos, llegando al suelo firme, ya contaminada. Por tanto, contamina el suelo y el subsuelo, así como los ríos, mantos freáticos y lagunas adonde va a parar.
Las inciertas cifras disponibles y la poca información sobre la envergadura de los daños de la salud impiden evaluar con precisión los impactos. No obstante, puede asegurarse que el problema representa un grave problema de salud pública, ya que los médicos han señalado que esos desechos provocan enfermedades cutáneas y respiratorias, o tumoraciones y malformaciones en los recién nacidos. Hay quien afirma que se trata de un genocidio.
La salud de la población depende de infinidad de factores. Uno de ellos es el ambiente adecuado, de ahí la importancia del destino de los desechos industriales y municipales.
La LVIII Legislatura, consciente de la gravedad del problema de ambiente y de salud, referida a la disposición final de los residuos, aprobó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El objeto de aquélla se establece en el artículo primero, el cual manifiesta que se debe "garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable, a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos, y llevar a cabo su remediación..."
El cumplimiento de la mencionada ley, de acuerdo con su artículo 8, recae fundamentalmente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de las entidades federativas del sector, incluidos los municipios, estableciendo también la intervención de otras dependencias, según las características de las materias objeto de la ley.
No obstante, por ser un tema que afecta la salud de la población, también a la Secretaría de Salud compete la atención de la población afectada.
México ha contraído compromisos en la región en torno del tema ecológico, tal es el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como órganos que tienen la misión principal de impulsar políticas de gobernabilidad ambiental y promover el logro del desarrollo sostenible.
Por lo anteriormente expuesto y con base en las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar los estudios pertinentes en torno de los daños a la salud causados por los rellenos sanitarios, además de emprender de inmediato las acciones correspondientes de atención a la población afectada por dicha contaminación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efectuar una intervención más efectiva para que se solucione la contaminación que producen los rellenos sanitarios.
Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, A QUE, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACION DE ACERCA, A CARGO DEL DIPUTADO ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la coordinacion de Sinaloa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, expone a la consideración de esta soberanía nacional la situación actual que atraviesa el campo sinaloense, concretamente los productores agrícolas, en la comercialización de sus cosechas, mediante el siguiente diagnóstico y proposición.
Consideraciones
Ante el rezago histórico del sector rural y la apertura comercial internacional de productos agropecuarios, las organizaciones de productores rurales y el gobierno mexicano lograron el Acuerdo Nacional para el Campo; con el objeto de reactivar al campo mexicano teniendo como vías de aplicación reformas estructurales de fondo y una visión estratégica nacional de largo plazo. El acuerdo reconoce al Estado mexicano como rector de la actividad paro promover, concertar e instrumentar políticas de fomento productivo, de desarrollo económico y social con aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, todo esto dentro de un contexto global, con sentido nacionalista y enfoque regional.
El reconocimiento del campo mexicano como prioridad nacional representa elementos determinantes en el presente y futuro de la nación, asegurando la soberanía y seguridad alimentaría, el desarrollo y viabilidad a largo plazo. Con ello se protegen los intereses nacionales tanto por razones económicas como de seguridad nacional, creando condiciones para una alimentación sana y suficiente paro la población.
Para dotar al campo de todos los instrumentos indispensables para su fortalecimiento y lograr un desarrollo justo y equitativo de la sociedad rural, se requiere seguir avanzando en materia legislativa, siendo necesaria la participación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Paro impulsar el desarrollo rural integral y elevar el nivel de vida en el campo es necesario un presupuesto gubernamental creciente en términos reales, suficiente y responsable, para ir reduciendo las asimetrías que enfrenta el sector rural.
Los estragos que ha provocado la apertura a la competencia extranjera, que llega con todo tipo de apoyos tecnológicos, financieros y de infraestructura, y los deficientes estímulos nacionales para enfrentar algunas variables como el clima, la tierra y el riego, hacen necesario integrar al productor agrícola al mercado a través de los procesos de comercialización.
Bajo este contexto, es necesario realizar modificaciones al subprograma de apoyos directos al ingreso objetivo, cuyo fin es otorgar a los productores agrícolas certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, para impulsar la diversificación productiva, las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional para potencializar sus impactos y lograr que el productor cumpla con responsabilidades contraídas, el apoyo debe llegar al productor a través del comprador del cultivo, conjuntamente con el pago de cosecha, con ello se evitan graves problemas de generación de interés financieros, se optimiza tanto el inicio de nuevos cultivos como el tiempo de entrega de los apoyos, mismos que hoy representan graves problemas sociales y políticos.
Por lo tanto y considerando que en el punto numero 91 del Acuerdo Nacional para el Campo, contempla otorgar certidumbre en el ingreso al productor de granos y oleaginosas para su comercialización otorgando un ingreso objetivo, proponemos que para el estado de Sinaloa en la comercialización de los cultivos de trigo, maíz, arroz, cártamo, sorgo y soya, se considere el pago de estos productos agrícolas en una solo exhibición ya sea por medio de los industriales, las organizaciones de productores agrícolas o las comercializadoras, tomando como referencia que los ingresos objetivos por tonelada ya fueron fijados por la Sagarpa, en el estado de Sinaloa, para los cultivos a sembrarse en los ciclos 2003-2004, de las siembras ciclos otoño-invierno y primavera-verano, otorgando el ingreso objetivo de la siguiente manera: trigo a $1,800.00 por tonelada, maíz a $1,650.00 por tonelada, arroz a $2,100.00 por tonelada, cártamo a $3,300.00 por tonelada, sorgo a $1,270.00 por tonelada y soya a $3,000.00 por tonelada, recordando que estos ingresos objetivos por tonelada a los cultivos mencionados fueron dados a conocer a las organizaciones agrícolas, a los productores agrícolas y a la opinión publica por el delegado de la Sagarpa en Sinaloa, el señor Alfredo Fernández Gallegos, el pasado mes de Junio del presente año.
Propuesta
Por todo lo anterior expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico.- se exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifiquen conjuntamente las reglas de operación de Aserca y autoricen las modificaciones mencionadas en el párrafo seis a que refieren las consideraciones respecto al subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo.
Dip. Esteban Valenzuela García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL REPRESENTANTE DE SERGIO ESTRADA CAJIGAL, GOBERNADOR DE MORELOS, A DESLINDAR RESPONSABILIDADES EN EL CASO DE LA BRUTAL REPRESION CONTRA POBLADORES DE TLANEPANTLA, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Comunidad de Tlalnepantla, al norte de Morelos, a lo largo de noviembre manifestó su inconformidad con el presidente municipal electo, Elías Osorio Torres, debido a sus oscuros antecedentes.
Ante el descontento generalizado, el pueblo en su mayoría se dio a la tarea de nombrar a su presidente municipal por el método de usos y costumbres, desarrollando un proceso democrático que lo llevó a elegir a un legítimo representante de sus intereses.
Sin embargo, el gobierno de Morelos, con la incapacidad para el diálogo y la cerrazón que lo ha caracterizado durante su mandato, se negó a reconocer el procedimiento electoral por usos y costumbres.
Como en otros casos, el gobernador Sergio Estrada Cajigal ha manifestado un desprecio total por el movimiento social, llegando incluso a criminalizarlo.
El miércoles 26 de noviembre, los pobladores de la comunidad de Tlalnepantla fueron víctimas de una brutal agresión por elementos de la policía estatal sin justificación para desalojar el bloqueo a la autopista federal.
Niños, mujeres, ancianos y pobladores fueron reprimidos con armas de fuego y gases lacrimógenos, al grado de resultar herido de bala Ignacio Méndez, así como muchos otros que resultaron con fracturas y lesiones graves.
Esta fue la respuesta ante la disposición negociadora de quienes fueron sujetos del acto violento, que procedían a retirase de la autopista en una expresión evidente de tolerancia y buena disposición.
Diversos medios de comunicación transmitieron las imágenes del hecho. Diversos periodistas relatan cómo el secretario de Gobierno, Eduardo Becerra, llamó por teléfono a las emisoras de televisión y les demandó que "cortaran esas imágenes y que no las pusieran al aire". Asimismo, impidió que la noticia se difundiera en el canal local.
La forma en que el secretario de Seguridad Pública mandó golpear al fotógrafo de La Jornada Morelos para quitarle sus fotos es una clara muestra de cómo en Morelos no existe libertad de expresión y que quien manda sobre los medios es quien gobierna con la razón de la fuerza.
Según se registró en los medios de comunicación, la represión fue derivada de una instrucción precisa de Sebastián Izunza Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública, haciendo con ello a un lado el proceso negociador que el Congreso y el Ejecutivo estatales tenían con la comunidad.
Esa noche fueron privados de la libertad 57 habitantes de Tlalnepantla, quienes al ser liberados mostraron claras señales de violencia en diferentes partes del cuerpo y, según sus declaraciones, fueron sometidos a presiones psicológicas en su cautiverio para reconsiderar sus demandas.
Además, no quedaron constancias por escrito que los libere de cualquier otra nueva orden de privación de la libertad, por lo que existe preocupación de ser nuevamente aprehendidos.
La comunidad de Tlalnepantla está en contra de que Elías Osorio Torres asuma el gobierno de ese municipio. Ante los hechos evidentes de ingobernabilidad, las fracciones del PRD, del PAN, del PVEM y de Convergencia han sometido un punto de acuerdo al Congreso local para solicitar la desaparición de poderes en Tlalnepantla y la creación de un consejo municipal que convoque a elecciones extraordinarias dentro de un lapso de tres meses.
Cuando los diputados de la actual Legislatura local pertenecientes a la fracción parlamentaria del PRI acusan a Alvaro Urreta Fernández como "gente ajena a la comunidad" que "está manipulando a la población y la han llevado a cometer delitos", están cometiendo una difamación, ya que el mencionado es desde hace 31 años vecino del poblado, comunero desde hace 20 y productor desde hace 7, independientemente de que, como profesionista realice labores académicas y públicas.
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al Ejecutivo estatal, con pleno respeto de su soberanía, a deslindar responsabilidades ante los hechos violentos, con el consiguiente castigo a los responsables.
Segundo. Exhortar al Ejecutivo estatal a que envíe una iniciativa al Congreso local para la desaparición de poderes en Tlalnepantla, Morelos.
Tercero. Exhortar al Ejecutivo estatal a que castigue a quienes por cualquier medio ejerzan represión contra los pobladores inconformes de Tlalnepantla, Morelos.
Dip. Lizbeth Rosas Montero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE EXCLUYAN DEL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2004 EL COLEGIO DE POSGRADUADOS, EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS, EL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA, EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL Y LA COMISION NACIONAL DE ZONAS ARIDAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PRI
No es desmantelando las instituciones públicas como se debe allegar de recursos al erario federal. No es desincorporando o privatizando los centros de enseñanza superior como se sale del estancamiento en que hoy nos encontramos. No es privando al Estado de su participación en la ciencia y el desarrollo tecnológico como podemos avanzar en la independencia y soberanía de la nación.
No podemos aspirar a contar con una verdadera autonomía alimentaria, tecnológica y educativa si se pretende cercenar instituciones fundamentales como éstas del agro mexicano, que han puesto su mejor esfuerzo para lograr no sólo la excelencia académica sino también contribuir significativamente en el aumento de la cantidad y calidad de los productos agrícolas que son básicos en la alimentación del pueblo mexicano.
Como mexicanos y como legisladores, mucho nos indignó esa propuesta del Ejecutivo federal, que atenta contra las instituciones. La visión de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica agropecuaria pretende desmantelar en lugar de fortalecer para debilitar aún más el desarrollo agrícola del país.
Esas instituciones, compañeras y compañeros diputados, contribuyen de la manera más importante para México en la formación de recursos humanos especializados y de alto nivel académico, en la generación de conocimiento científico y de tecnología propia y en la capacitación de técnicos y productores en los muy diversos sistemas de producción, que van desde la agricultura tradicional y de subsistencia hasta la agricultura empresarial.
Una aportación de gran relevancia para el país que ha hecho el Colegio de Posgraduados, la institución de educación de posgrado más antigua y prestigiosa de México y América Latina, es la formación de más de 4 mil 300 maestros y doctores en ciencias, quienes contribuyen a la superación de múltiples instituciones de enseñanza e investigación de los sectores agrícola, pecuario y forestal.
En adición, como producto de sus investigaciones, también ha generado importantes tecnologías útiles para el sector rural, y es la única institución que cuenta con un grupo de estudio de género específico para este sector.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias contribuye de manera muy significativa, a través de la continua generación de innovaciones tecnológicas y su transferencia a los productores, como son las más de mil variedades mejoradas de cultivos básicos, hortícolas e industriales.
Entre otras aportaciones de consideración están las técnicas para el control integrado de plagas y enfermedades de plantas, tanto en zonas rurales como en urbanas e incluso turísticas; la identificación y el aprovechamiento de especies forrajeras para el pastoreo; las técnicas de diagnóstico y producción de vacunas para controlar enfermedades de animales; técnicas para aumentar la producción de leche; y los sistemas de protección, conservación y recuperación de los bosques mexicanos.
Las técnicas modernas para el uso eficiente del agua en el sector rural que genera el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua han permitido ahorros importantes del líquido en diversas regiones del país, en especial donde más se carece de ella.
Su labor es especialmente importante si se toma en cuenta que el agua pronto será el recurso más valioso en el mundo. Además, participa de manera efectiva en el manejo del agua en las zonas urbanas.
La Comisión Nacional de Zonas Aridas también contribuye significativamente en el combate de la pobreza, mediante técnicas de conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales en las zonas áridas y semiáridas, que cubren 60 por ciento del territorio nacional. Entre esos recursos se encuentran plantas en riesgo de extinción y plantas de uso medicinal e industrial.
La capacitación de los técnicos dedicados a la asistencia de productores rurales, incluso la capacitación directa de los campesinos, es una labor fundamental para el mejoramiento de las familias rurales de México. La realiza el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.
Estas instituciones aportan conocimiento científico y tecnológico para el campo como un bien público y, de esa manera, el Estado mexicano garantiza su disponibilidad para todos los productores, incluidos los sectores social y privado.
Por ello, con fundamento en los artículos 55, fracción II, y 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico. Que se excluyan del artículo segundo transitorio del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 las entidades públicas que a continuación se señalan: Colegio de Posgraduados, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural y Comisión Nacional de Zonas Aridas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Jorge
A. Kahwagi Macari, Miguel Luna Hernández, Víctor Suárez
Carrera, Francisco Javier Obregón Espinoza, Pascual Sigala Páez,
Inti Muñoz Santini, F. Alberto Jiménez Merino, Luis Antonio
Ramírez Pineda, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL APLIQUE RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES PARA ATENDER Y AUXILIAR A LOS PRODUCTORES DAMNIFICADOS POR LAS SEQUIAS, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL TENTORY GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Uno de los recursos más importantes para el desarrollo de todas nuestras actividades es el agua y, al mismo tiempo, es un recurso limitado y para muchos mexicanos es muy difícil acceder al preciado líquido.
En nuestro país, alrededor de 78 por ciento del agua captada se usa en agricultura, 12 por ciento en usos municipales, 8 por ciento en la industria y 2 por ciento en ganadería. Como vemos, los productores agrícolas son los que consumen la mayor proporción del agua captada.
Quienes disponen de riego son productores afortunados, pero millones de mexicanos son productores de temporal, expuestos a las inclemencias climáticas y, en particular, a la falta de lluvias bien distribuidas. Por ello, cuando tienen cosechas, éstas son tan precarias, que no les permiten subsistir.
Sólo por mencionar un ejemplo comparativo, en los valles agrícolas, hablando de granos básicos, en el caso del maíz se logran rendimientos promedio de 12 toneladas por hectárea y en las zonas de temporal, cuando bien les va, apenas si obtienen una tonelada por hectárea.
Más aún: el efecto de las sequías y la consiguiente ausencia de ingresos en las familias pobres no son el único problema. También se genera en esas áreas el cultivo de enervantes y se propicia la emigración.
Los mexicanos sufrimos del fenómeno de la sequía en diferentes modalidades e intensidades. Los agricultores la resienten cuando sus cultivos no rinden porque las lluvias se presentaron mal distribuidas y sobre todo insuficientes; los ganaderos, cuando no tienen agua para abastecer a sus hatos; y los habitantes de las comunidades, cuando no tienen agua para el consumo doméstico.
El fenómeno de la sequía es mucho más complejo y difícil de predecir que las inundaciones y también más complicada la evaluación de sus impactos.
El Gobierno Federal, por no comprender los efectos y la gravedad de las sequías, ha tomado la decisión de no aplicar recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para ayudar a los damnificados por las sequías.
Esa decisión por ningún motivo se puede justificar, pues es responsabilidad de los gobiernos en todos sus niveles auxiliar a los productores de esas regiones en tales circunstancias.
No es posible que el Gobierno Federal abandone a su suerte a los productores y que sólo los gobiernos de los estados en casos como Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán en este año auxiliaran a los productores agropecuarios, destinándoles recursos para que las tierras no se queden sin sembrar, en este caso en el próximo ciclo otoño-invierno.
En todo el país, cada año tenemos la presencia de sequías, las cuales las padecen más los productores con menos recursos y sobre todos los que viven del temporal. En Michoacán, este año los productores de la parte sur del estado, particularmente de los municipios de Huetamo, San Lucas, Carácuaro, Nocupétaro, Turicato, La Huacana, y Arteaga, no tuvieron precipitaciones suficientes en 443 mil 666 hectáreas, que representan 12.8 por ciento de la superficie agrícola de la entidad. En esos municipios se encuentran siniestrados los cultivos en 80 por ciento.
Por ello comparto con ustedes, señores legisladores, esta información y, al mismo tiempo, les propongo que solicitemos al Ejecutivo federal que los recursos del Fonden se incrementen y se apliquen para atender los efectos negativos de la falta de agua, tanto para la producción agrícola y pecuaria como para uso doméstico.
Además, habrá que generar complementariamente la reglamentación adecuada para que el programa que pudiera resultar de esta propuesta se aplique con la debida transparencia, a fin de que llegue efectiva, eficaz y oportunamente a los productores afectados por las sequías.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que se apliquen recursos del Fonden para atender a los damnificados por las sequías y que dichos recursos fluyan con oportunidad a todas las comunidades del país afectadas.
Segundo. Asimismo, se pronuncia porque se realice un trabajo de colaboración entre las dependencias e instituciones de las entidades afectadas por las sequías para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven a su pronta atención.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Israel Tentory García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA INCORPORE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DE 2004, DISPOSICIONES EXPRESAS QUE IMPIDAN QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESPECIALMENTE DIRIGIDOS A LAS MUJERES SEAN AFECTADOS POR ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, REDUCCIONES, DEFIRIMIENTOS O CANCELACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículo 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados y diputadas federales sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 los programas sociales sujetos a reglas de operación, dirigidos a las mujeres, no sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por el Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2004, como en años anteriores, el Ejecutivo federal propone cambiar la nomenclatura y orientación de los programas sociales sujetos a reglas de operación, contenidos en el anexo 15 del propio proyecto, en relación al anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2003.
De tal manera, las reglas de operación de dichos programas vigentes para el ejercicio fiscal 2003 quedan desfasadas, pues no corresponden a la nueva nomenclatura ni a la reorientación propuestas. Así, se hace necesario elaborar y publicar nuevas reglas de operación o, cuando menos, modificar las existentes.
En virtud de que el Ejecutivo federal generalmente no cumple con la publicación de las reglas de operación o sus modificaciones dentro de los plazos establecidos para tal efecto en el Presupuesto de Egresos, el ejercicio de los recursos asignados y la ejecución de los programas se retrasan, generando incertidumbre a los beneficiarios; ineficacia en los programas y, en muchas ocasiones, subejercicio presupuestal.
Para los programas sociales dirigidos a impulsar la equidad de género, en beneficio de las mujeres, el Ejecutivo propone en general disminuciones en términos reales a las asignaciones presupuestarias correspondientes, en relación con los montos asignados para 2003; además, el proyecto no contempla varios de estos programas previstos en el Presupuesto 2003. La reducción en las asignaciones y la desaparición de programas repercuten negativamente en la necesaria instrumentación de una verdadera política de equidad y género y en perjuicio de las mexicanas.
Los programas sociales, principalmente los dirigidos a favorecer a las mujeres, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003, deben permanecer en el Presupuesto para 2004, con asignaciones de recursos que en términos reales sean equivalentes, cuando menos, a los recursos previstos para cada programa en el 2003.
En aras de la transparencia y del respeto al derecho a la información pública y con el propósito de dar mayor certeza a los beneficiarios de los programas sociales, es necesario etiquetar los recursos asignados a estos programas, cuantificando expresamente cada uno de ellos en el anexo 15 del Presupuesto proyectado.
Por otro lado, en favor de la equidad de género, es necesario también definir el monto de los recursos asignados que se otorguen en beneficio de las mujeres en cada programa social, cuando así proceda.
Dada la importancia prioritaria que tienen los programas sociales para la sociedad mexicana, en el Presupuesto para 2004, debemos establecer expresamente que los montos asignados a dichos programas no serán objeto de adecuaciones o ajustes presupuestarios, ni de reducciones, diferimientos o cancelaciones.
Por lo anterior expuesto y para los efectos de los artículos 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que se incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 disposiciones expresas que impidan que los programas sociales, especialmente los dirigidos a las mujeres, contenidos en el anexo 15 del Proyecto de Presupuesto 2004, no sean afectados por adecuaciones presupuestarias, reducciones, diferimientos o cancelaciones por el Ejecutivo federal.
Segundo. Que en el propio Presupuesto se etiqueten los recursos asignados a dichos programas sociales, de manera expresa en el propio anexo 15, los cuales, no sean menores en términos reales a los asignados en 2003.
Tercero. Asimismo, disponer en el texto del articulado del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, o en uno de sus transitorios, que las reglas de operación deberán determinar expresamente la desagregación por género de los recursos asignados a cada programa.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2003.
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE INCREMENTE Y ETIQUETE EL PRESUPUESTO QUE ASEGURE EL ACCESO DE LAS MUJERES INDIGENAS A LA EDUCACION, A CARGO DEL DIPUTADO SANTIAGO CORTES SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal, profesor Santiago Cortés Sandoval, del GPPRD, con base en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la propuesta con punto acuerdo para que se incremente y etiquete el presupuesto que asegure el acceso de las mujeres indígenas a la educación y que la Secretaría de Educación Pública lleve a cabo programas de sensibilización para el fomento y verificación de que se cumpla con la educación a ese sector de la población.
La educación, entendida como el proceso de escolarización al que todo mexicano tiene derecho constitucional de acceso, potencia las capacidades individuales a través de los conocimientos que se adquieren y, por tanto, amplía sus posibilidades de incorporarse al entorno social, cultural y económico. Saber leer y escribir constituyen habilidades básicas de la interacción entre individuo y sociedad.
Este postulado, lamentablemente continúa siendo una asignatura pendiente y una deuda histórica que el Estado tiene con la población indígena del país. Basten dos datos que confirman esa desventaja social efectiva para este grupo de mexicanos:
El 40% de la población indígena de 15 años y más, no cuenta siquiera con la escuela primaria concluida, de ellos 18% no tiene instrucción y solamente 22% tiene algún grado de primaria. En tanto, casi dos de cada diez personas en hogares indígenas completaron la primaria y cuatro de cada diez han alcanzado algún grado de posprimaria.
Sin embargo, en las mujeres indígenas el no acceso a la educación adquiere proporciones más drásticas. Las estadísticas oficiales, ciertamente frías e incluso conservadoras, son elocuentes:
La mayor inasistencia femenina, se registra entre las hablantes de una lengua indígena, en alrededor del 50%.
Por edades, la inasistencia a la escuela es dramática en la población de 15 a 24 años de edad, en por lo menos 75% en las hablantes de una lengua indígena frente a 20% de quienes tiene entre cinco y 14 años de edad. Esto es indicativo de una menor disposición de servicios educativo en las comunidades.
De cada 100 mujeres no hablantes de una lengua indígena, 32 no saber leer ni escribir; en tanto que sólo 18% de los hombres presenta esta desventaja.
El analfabetismo es mayor entre las mujeres que hablan lengua indígena (43.3%), que entre quienes no la hablan (10%); mientras que el analfabetismo en los varones es 23.4% y 6.7%, respectivamente.
La exclusión social de las mujeres indígenas tiene profundas raíces históricas, que datan desde los procesos de conquista y colonización españolas al que han estado expuestos los Pueblos Indígenas, que fueron integrados a la fuerza a nuevas formas de organización social. Esto provocó que se despojara a las mujeres indígenas del prestigio y poder que tenían, como poseer conocimientos curativos y "poderes" espirituales, entre otras cosas.
Actualmente, también es un hecho que en la mayoría de las políticas públicas e incluso en los estudios etnográficos disponibles sobre Pueblos Indígenas, la mujer indígena sigue siendo la gran invisible y la gran ausente.
En ese sentido, garantizar el acceso a la educación a las mujeres indígenas es imperativo e impostergable, por ser un vehículo para el desarrollo equitativo e integral de los propios Pueblos Indígenas.
Sin embargo, la enseñanza hacia los indígenas debe darse bajo las premisas de una educación intercultural bilingüe.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que esta H. honorable asamblea exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en su dictamen de Presupuesto de Egresos del año 2004, se incrementen y etiqueten recursos destinados para garantizar el acceso de las mujeres indígenas a la educación.
Segundo: Que esta honorable asamblea exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que lleve a cabo programas especiales y campañas de sensibilización en las comunidades indígenas, a fin fomentar y verificar que las mujeres asistan a la escuela, desde preescolar hasta la enseñanza universitaria.
Diputados: Santiago Cortés Sandoval, Horacio
Duarte Olivares, Héctor Miguel Bautista López, Omar Ortega
Alvarez, Tomás Cruz Martínez, Narciso Agúndez Montaño,
Francisco Javier Saucedo Pérez, Eliana García Laguna, Abdallán
Guzmán Cruz, María Guadalupe Morales Rubio, Dolores del Carmen
Gutiérrez Zurita, José Luis Naranjo Quintana, Irma Sinforina
Figueroa Romero, Javier Manzano Salazar, Sergio Augusto Magaña Martínez,
Francisco Mora Ciprés, Enrique Torres Cuadros, Marcelo Herrera Herbert,
Ana Lilia Guillén Quiroz, Adrián Chávez Ruiz, Francisco
Chavarría Valdeolivar, Juan García Costilla, Susana Guillermina
Manzanares Córdova, María de los Dolores Padierna Luna, Emilio
Serrano Jiménez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Pascual
Sigala Páez, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía
Haro, Arturo Nahle García, César Antonio Chávez Castillo,
María Marcela Lagarde y de los Ríos.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, EN SU DICTAMEN CORREPONDIENTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2004, SE MANIFIESTE EN CONTRA DE LA DESAPARICION DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMENEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hacen del conocimiento del Pleno una proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
Con fecha 3 de noviembre de 2003 el Ejecutivo Federal remitió a la H. Cámara de Diputados El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, en el cual señala en el Segundo Transitorio, Fracción XIV, la intención de iniciar el proceso de desincorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
El IMTA a lo largo de su existencia ha producido importantes desarrollos científicos y tecnológicos orientados a contribuir a resolver la problemática hídrica del país. Fue creado por decreto Presidencial el 7 de agosto de 1986, actualmente es un organismo público descentralizado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su misión está enfocada a realizar Investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua, contribuyendo así al desarrollo sustentable del país.
Dentro de los beneficios tecnológicos y económicos a destacar, que el IMTA ha impulsado, se encuentran:
El sistema de pronóstico de riego en tiempo real (Spriter) el cual lo desarrolló en colaboración con la Comisión Nacional del Agua y las Asociaciones de Usuarios de Riego para evaluar las necesidades hídricas de los cultivos, programar el riego en condiciones de escasez de agua y generar la estadística agrícola e hidrométrica de los distritos de riego. El Spriter se está aplicando en varios distritos de riego en una superficie de 300 mil hectáreas sembradas en su mayoría con maíz, trigo y frijol.
El beneficio obtenido por incremento de producción y por ahorro de agua se estima en 661.2 millones de pesos por año.
El ensalitramiento de los suelos y los niveles freáticos someros son las causas principales de la disminución en la productividad de las zonas de riego y en ocasiones del abandono de actividad agrícola. Se estima que en México existen 800,000 hectáreas afectadas por drenaje deficiente y salinidad en diferentes grados. El IMTA en colaboración con la CNA desarrolló una metodología para determinar la separación óptima entre los drenes parcelarios, dicha metodología permitió reducir los costos de instalación en un 50%. Durante los últimos cinco años se han realizado proyectos de drenaje agrícola en 35,000 hectáreas localizadas en el noroeste de México, con un costo promedio de rehabilitación de suelos de $8,000 pesos por hectárea. El costo de rehabilitación representa la vigésima parte del costo requerido para incorporar una nueva hectárea a la agricultura de riego. El beneficio anual por la aplicación de la metodología de diseño y por la incorporación del área a la producción es de alrededor de 305 millones de pesos.
En los distritos de riego las redes interparcelarias están formadas por canales laterales, sublaterales y regaderas en tierra, en los cuales se producen pérdidas de agua importantes, El IMTA desarrolló una tecnología de diseño de redes colectivas de baja presión, en la cual se aprovecha la energía potencial de las redes de canales para conducir y distribuir el agua hasta las parcelas. Con base en esta tecnología se han diseñado redes colectivas de baja presión en varios distritos de riego. El beneficio por el incremento en la producción de granos y por el ahorro de agua en 16,400 hectáreas donde se instalaron estos sistemas es de 38.8 millones de pesos por año.
Asimismo, ha desarrollado una metodología que atiende la recuperación de pérdidas de agua potable, que inicia con un diagnóstico, e involucra la sectorización, la eliminación y el control. El proceso de transferencia se ha llevado a cabo mediante aplicación directa, publicación de manuales y cursos de capacitación, el IMTA considera que si la metodología se aplicara en todo el país los beneficios económicos alcanzarían los 7,000 millones de pesos al año.
De igual modo, las investigaciones y desarrollos del IMTA han contribuido a controlar la hidrotransmisión del cólera. Sus estudios han permitido ofrecer recomendaciones a la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud, lo cual ha contribuido a la disminución de los casos de cólera reportados en el país. Se estima que, como resultado de la aplicación de estas recomendaciones, se podría contribuir a evitar 70 mil hospitalizaciones y 20 mil defunciones, además de ahorrar casi 3 mil millones de pesos cada año.
Por otra parte, el IMTA ha tenido importantes actividades relacionadas con la medición del agua, donde en la mayor parte de los distritos de riego, acuíferos e industrias de México existen serias deficiencias en la medición del agua, ocasionando con esto que no se cuente con un control efectivo sobre las reservas de agua del país, tanto superficiales como subterráneas, lo que ha originado una continua e insostenible sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, así como un ineficiente aprovechamiento y un inaceptable e injustificado desperdicio de este recurso. Por ejemplo:
Los ingresos propios del IMTA se han incrementado notablemente desde 2001, año en el que se constituyó como organismo público descentralizado. En efecto, en este año, los recursos autogenerados sumaron 64.6 millones de pesos, en 2002 fueron 79.3 millones de pesos y se estima que en 2003 serán de 125 millones de pesos.
Así también, el IMTA tiene programado establecer un convenio de desempeño, con el modelo incluido en la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica en 2004, con la Semarnat, el Conacyt, la SHCP y la Secretaria de la Función Pública y obtener así el reconocimiento como Centro Público de Investigación. Lo que le permitirá al Instituto manejar de manera más eficiente los recursos propios y canalizar parte de ellos para hacer investigación y desarrollar tecnología orientada a la solución de problemas concretos y a la generación de productos tecnológicos que beneficien de manera tangible, tanto desde el punto de vista social como económico al sector.
Es necesario e importante resaltar que en apoyo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se han sumado un gran número de sectores, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que en días pasados presentó una propuesta de punto de acuerdo en este mismo sentido, hasta destacados centros de investigación científica, los gobiernos de los estados de Morelos y de Michoacán, senadores, el Conacyt, universidades, los principales gremios profesionales de asociaciones científicas y tecnológicas, organizaciones sociales y campesinas, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto y fundado; sometemos a esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en su dictamen correspondiente, se manifieste en contra de la desincorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que ha propuesto el Ejecutivo Federal en el Segundo Transitorio, Fracción IV del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de diciembre de 2003.
Diputados: Jesús Vizcarra Calderón
(rúbrica), Presidente; Luis Felipe Madrigal Hernández, Jesús
Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Juan Carlos Núñez
Armas, Israel Tentory García, secretarios; Francisco Alberto Jiménez
Merino (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Isidro Camarillo
Zavala, Marco Antonio Gama Basarte, Alberto Urcino Méndez Gálvez,
José Guadalupe Osuna Millán, José Orlando Pérez
Moguel, Miguel Angel Rangel Avila, Alfredo Rodríguez y Pacheco,
J. Miguel Luna Hernández, Francisco Mora Ciprés, Inelvo Moreno
Alvarez, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, Elpidio Tovar de la Cruz,
Fernando Ulises Adame de León, Roberto Aquiles Aguilar Hernández,
Juan Manuel Dávalos Padilla, Roberto Antonio Marrufo Torres, José
Rangel Espinosa, Gonzalo Rodríguez Anaya, Carlos Manuel Rovirosa
Ramírez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández
(rúbrica), Abraham Velázquez Iribe, Jesús Zúñiga
Romero, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL RESGUARDO Y DECLARATORIA DE ZONA ARQUEOLOGICA DEL PREDIO DENOMINADO "RANCHO LAS TRANCAS", EN LA DELEGACION AZCAPOTZALCO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ante la urgente necesidad de recuperar y salvaguardar nuestras riquezas arqueológicas que constituyen una herencia cultural para México y el mundo.
Así como dentro del marco de desculturización en que viven nuestras ciudades, que se encuentran asentadas sobre antiguos vestigios.
Y siendo parte muy importante de éstos las tres grandes culturas que conformaron la triple alianza establecida por Texcoco-Tenochtitlan-Azcapotzalco, esta última de la cual tenemos pocos asentamientos estudiados y rescatados a pesar de su valiosa aportación e importancia.
Ya dentro del actual Azcapotzalco, delegación política del Distrito Federal habitada por más de 455 mil personas, encontramos entre éstos, los antiguos barrios de Amantla y Auhizotla, presencia de los más antiguos asentamientos en el Valle de México y a pesar de esto, Azcapotzalco no cuenta con un solo sitio arqueológico y menos con un museo adecuado que ponga a disposición de la población el acercamiento con nuestra cultura.
Es por lo anterior que, nuestro país siempre ha buscado recuperar su pasado para entender su presente y construir su futuro. De ahí que a lo largo del siglo XX se hayan constituido múltiples instituciones y normas que buscan regular la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos y que actualmente integran la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En efecto, esa ley establece en su artículo 28 que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de la flora y de la fauna relacionados con esas culturas. Asimismo señala, en su artículo 30, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia la instancia encargada de realizar toda clase de trabajos materiales para descubrir o explorar monumentos arqueológicos y que en su artículo 5°, faculta al Presidente de la República o en su caso el Secretario de Educación Pública para que expidan la declaratoria correspondiente de zona de monumentos.
Esta función clave que realiza el INAH y la SEP, la referimos en esta alta tribuna de la Nación en virtud de que en la Delegación Azcapotzalco de esta Ciudad de México se encuentra en riesgo parte significativa de nuestro patrimonio cultural.
La amenaza a nuestro patrimonio se está dando en este momento en la zona de los antiguos pueblos de San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla y Santa Lucía, hoy parte del conglomerado urbano de la citada demarcación, que han sido objeto de estudio e investigación desde inicios del siglo XX por parte de connotadas arqueólogas y arqueólogos, entre los que destaca el ilustre Manuel Gamio.
Particularmente en San Miguel Amantla, en las calles de Santa Lucia No. 30 esquina con Calzada de la Naranja, se encuentra el predio denominado "Rancho las Trancas", donde de 1986 a 1989 la Subdirección de Salvamento Arqueológico del INAH realizó investigaciones, de las cuales se desprendió que existe un continum en la ocupación de la zona desde el año 800 antes de nuestra era, en la etapa denominada como preclásico superior, hasta el año 1100 aproximadamente, correspondiente al postclásico tardío.
La cantidad y calidad de los vestigios encontrados han permitido al INAH caracterizar a estas ocupaciones como un lugar importante durante el periodo clásico en la cuenca de México, según se desprende de las conclusiones de diversos dictámenes técnicos.
Precisamente en esa zona existen grupos de solicitantes de vivienda que han demandado desde hace unos meses la utilización de ese predio para construir vivienda de interés social. Ante esa petición, tanto el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México como la Delegación Azcapotzalco han solicitado opinión del INAH para determinar la viabilidad del proyecto, a lo que esta institución ha respondido negativamente reiterando los dictámenes emitidos en 1990 y 1993, donde recomienda la conservación del sitio como una de las mas importantes evidencias arqueológicas de la época en su tipo, dentro de la cuenca de México, y principalmente en una ciudad tan grande como la nuestra, lo que nos permite con su estudio entender nuestro pasado cultural, sus cambios y transformaciones.
El peligro en el que se encuentra el predio se ha agudizado de unos meses a la fecha, debido a la demanda de espacios para reubicar a los habitantes de edificios dañados del centro histórico de la Ciudad de México, muchos de los cuales han sido ubicados en campamentos provisionales en otras delegaciones, de hecho el propio GDF ya había levantado campamentos provisionales en el predio para alojar a los damnificados, aunque sensible a la protección de nuestro patrimonio arqueológico ha decidido suspender su ocupación.
Ante esas presiones para darle un uso diferente al predio al dispuesto por el INAH, y en previsión de posibles conflictos entre los solicitantes de vivienda y los vecinos del predio y el gobierno local, es que hoy sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que, con base en las atribuciones que le confiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, realice las acciones necesarias para la protección y resguardo del predio denominado "Rancho las Trancas", a fin de garantizar su preservación como parte del patrimonio cultural de nuestra nación.
Segundo.- Que con fundamento en los artículos 5°, 21 y 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, se exhorte al Presidente de la República o en su caso, al Secretario de Educación Pública para que expidan la declaratoria correspondiente e inscriban la zona referida en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos.
Tercero.- Se solicita a las Comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados, para que lleven a cabo el análisis que les permita otorgar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, destinar los recursos necesarios para que el INAH lleve a cabo las acciones necesarias para el pleno estudio y rescate de la zona en comento.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2003.
Diputados: Francisco Javier Carrillo Soberón,
Pablo Franco Hernández, María Elba Garfias Maldonado, Marbella
Casanova Calam (rúbricas).
Con fecha 30 de septiembre de 2003 el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, miembro de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, presentó ante este órgano legislativo un punto de acuerdo por el que se solicita a la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que sea creada la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la frontera sur.
Considerando
Que en fecha 30 de septiembre de 1997 los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentaron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura la propuesta de proyecto de acuerdo para la integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, la cual se presentó al Pleno y fue aprobada por mayoría, dando origen a la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur.
La institución nuevamente de la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur tendría como finalidad principal contribuir y dar seguimiento a la creación y aplicación de los diversos programas específicos de abatimiento de la desigualdad social en la franja fronteriza del sureste mexicano.
En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, señor Presidente, excite a la Junta de Coordinación Política a fin de que se dictamine la proposición de referencia.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
Palacio Legislativo, a 3 de diciembre de 2003.
Atentamente
Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica)
 
 
A LA COMISION DE ECONOMIA, A PETICION DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara de Diputados que se sirva excitar a la Comisión de Economía para que se someta a los trámites correspondientes para su aprobación la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, presentada por el diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz de la LVIII Legislatura, ya que ésta ya está dictaminada, aprobada y sometida a primera lectura por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial el viernes 13 de diciembre de 2002.
Considerando como lo menciona la propia iniciativa, que no sólo es importante reformar y adecuar nuestra Ley Minera para mantener un alto nivel competitivo en el ámbito internacional, en donde es fácil advertir que muchos otros países, especialmente los latinoamericanos, están haciendo constantes esfuerzos legislativos para atraer inversiones en este ramo, sino por que la minería en el ámbito interno, constituye el primer eslabón de la gran cadena productiva nacional y por lo mismo impacta en todos los sectores de la economía, lo cual podemos afirmar en función de que prácticamente todos los bienes materiales de que disponemos cotidianamente, tienen algún componente directo o indirecto del mundo mineral; además de que la minería representa una de las muy pocas actividades que son capaces de integrar a la vida productiva a las regiones más apartadas e inhóspitas de nuestro país, generando empleos en donde prácticamente nadie más podría, creando infraestructura que otros simplemente no llevarían a esas regiones y originando con su presencia importantes beneficios y derrama económica en zonas históricamente marginadas que difícilmente hubiesen podido encontrar otras formas de subsistir.
En mi distrito, como en muchos otros, ésta es una de las actividades primordiales para el desarrollo de la región, las demandas ciudadanas que se me hacen como diputado Federal van encaminadas a la búsqueda de soluciones para mejorar los niveles de vida de mis representados y considero que, al aprobarse esta iniciativa se logrará parte de este objetivo.
Por lo anteriormente expresado, me dirijo usted como diputado federal por el 01 distrito de San Luis Potosí, para solicitarle respetuosamente se:
Excite a la Comisión de Economía para que se someta a los trámites correspondientes para la aprobación la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, presentada por el diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz de la LVIII Legislatura, que se sometió a primera lectura el viernes 13 de diciembre de 2002.
Atentamente
Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica)
A la reunión de trabajo que sostendrán con servidores públicos adscritos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la presencia del maestro Gerónimo Gutiérrez Fernández, subsecretario para América del Norte, el martes 9 de diciembre, a las 8 horas, en el patio sur del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente de la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el martes 9 de diciembre, a las 9 horas, en el salón Fundadores (edificio H, cuarto nivel).
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con los secretarios estatales de Cultura, para abordar el tema "Presupuesto 2004", que tendrá lugar el martes 9 de diciembre, a las 9:30 horas, en el salón de usos múltiples situado en la planta baja del edificio D del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA
A su reunión de trabajo con los secretarios estatales de Economía, para abordar el tema "Presupuesto 2004", que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, a las 13:30 horas, en el salón de usos múltiples situado en la planta baja del edificio D del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A su sesión plenaria, que se realizará el martes 9 de diciembre, a las 14 horas, en el restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE VIVIENDA
A la inauguración del Seminario de innovación y calidad en la vivienda, que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, a las 15 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Roberto Pedraza Martínez
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, a las 16 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Fernando Fernández García
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se realizará el martes 9 de diciembre, a las 16 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE CULTURA
A su tercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la coordinación de Veracruz (edificio H, primer nivel).
Atentamente
Dip. Filemón Arcos Suárez
Presidente
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 9 de diciembre, a las 17 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio F, primer nivel).
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
A su reunión plenaria con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciada Gloria Brasdefer Hernández, que se efectuará el martes 9 de diciembre, a las 17 horas, en el antiguo salón Protocolo, ubicado en el edificio A.
Atentamente
Dip. Jorge Uscanga Escobar
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria con funcionarios del IMSS y del ISSSTE, que se efectuará el martes 9 de diciembre, a las 17:30 horas, en el salón Libertadores.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, DE EDUCACION PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
A su reunión de trabajo con el doctor Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario general ejecutivo, y consejeros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que se realizará el martes 9 de diciembre, a las 17:30 horas, en el auditorio sur.
Orden del Día
Dip. Francisco José Rojas Gutiérrez
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública
Dip. Salvador Martínez Della Rocca
Presidente de la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos
Dip. Julio César Córdova Martínez
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
A su reunión de trabajo, que se efectuará el martes 9 de diciembre, a las 18:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
4. Se someterá a consideración del pleno
la aprobación del acta de instalación, de fecha 9 de octubre
de 2003, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 30 de octubre del mismo
año.
5. Se someterá a consideración del pleno
el programa anual de trabajo realizado por la Mesa Directiva de la Comisión.
6. Se someterán a consideración del pleno
los criterios para la regionalización de los foros y actividades
que realizará la Comisión en 2004.
7. Se someterá a consideración del pleno
la creación de un grupo de trabajo encargado únicamente de
coordinar, junto con el Senado de la República y las Comisiones
involucradas de la Cámara de Diputados, la realización del
Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México,
2004.
8. Asuntos generales.
9. Clausura de la sesión.
DE LA COMISION DE SALUD
A su reunión ordinaria de trabajo con funcionarios del ISSSTE y del IMSS, que se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, a las 18:30 horas, en el salón Libertadores, ubicado en el edificio H, primer nivel.
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GENERO
A la reunión que sostendrá con la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, el martes 9 de diciembre, a las 19 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, a las 9 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
5. Análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentado
por la diputada Cristina Portillo Ayala, del PRD, el 19 de noviembre de
2003, para que con absoluto respeto a su jurisdicción y competencia,
se exhorte al Supremo Tribunal Militar para que, de confirmar la culpabilidad
del Subteniente Herón Varela Flores en el homicidio del Coronel
Salvador Juárez Villa sustituya la pena de muerte impuesta por la
de prisión que corresponda.
6. Análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas a los artículos
85, 85 bis, 86, 87 y 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
presentada por el H. Congreso del estado de Puebla, en sesión celebrada
por la H. Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2003.
7. Análisis y, en su caso, aprobación del
proyecto de opinión que la Comisión de Defensa Nacional turna
a la Comisión de Seguridad Social, en relación con la minuta
proyecto de decreto remitida a esta Cámara de Diputados por la Cámara
de Senadores, por el que se reforman los artículos 31 y sexto transitorio
de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
8. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Infraestructura Turística y Desarrollo, que se realizará el miércoles 10 de diciembre, a las 9 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE
A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 10 de diciembre, a las 10 horas, en la sala de juntas de la coordinación de Jalisco (edificio C, planta baja).
Atentamente
Dip. José Manuel Carrillo Rubio
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la quinta reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, a las 10 horas, en la sala de juntas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su segunda sesión ordinaria, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 11 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer nivel).
Orden del Día
DE LA COMISION DE TURISMO
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Promoción Turística, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a partir de las 13 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco López Mena
Presidente
DE LA COMISION DE GOBERNACION
A su quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su quinta reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 14 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su segunda sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 14:30 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
 
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se efectuará el miércoles 10 de diciembre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo, que se realizará el jueves 11 de diciembre, a las 8 horas, en el patio sur.
Atentamente
Dip. Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente
DE LA COMISION DE TURISMO
A su quinta reunión plenaria, con el director de Fonatur, licenciado John McCarthy Sandland, que se realizará el jueves 11 de diciembre, a las 8:30 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre, a las 16 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día