La suscrita senadora María del Carmen Ramírez García a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Proyecto de Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Considerando que: la nutrición es un fenómeno esencial de la vida, requisito indispensable para que el ser humano, junto con la satisfacción de otras necesidades, pueda crecer y desarrollarse adecuadamente, ya que sin una alimentación variada, completa y nutritiva, el hombre no estará en posibilidades de desarrollar todas sus potencialidades.

Por ello, es importante que la madre del gestante se alimente adecuadamente para que el ser que está procreando tenga buena salud para enfrentarse a la vida. Si este infante se alimenta con todos los nutrientes necesarios, contará con las mejores condiciones de tener un crecimiento y desarrollo adecuado en lo social, psicológico, biológico y espiritual. Así estará en posibilidades de desarrollar habilidades intelectuales, artísticas y manuales por lo que repercutirá positivamente para sí mismo y la sociedad.

Sin embargo para que el ser humano tenga una dieta completa, suficiente y equilibrada es necesario que los alimentos estén disponibles en calidad y precios accesibles para toda la población, principalmente para mujeres en periodos de gestación o lactancia, niños menores de cinco años, ancianos y trabajadores.

En México en las dos últimas décadas la desnutrición la ha resentido gran parte de la población, afectando de forma significativa a madres gestantes, lactantes y niños menores de cinco años, lo que ha provocado una elevada mortalidad infantil y los que han sobrevivido, posteriormente reflejan una baja productividad en lo educativo y laboral.

Al combatir la desnutrición y la mala alimentación, los gobiernos, junto con las instituciones de salud y la sociedad, han desplegado esfuerzos de diversa naturaleza alcanzando avances reales, pero limitados, lo cual no ha sido suficiente para solucionar la pobreza de la mayoría de la población mexicana.

En la década presente, se destaca la aparición de un nuevo tipo de desnutrición urbana ligada al hecho de que a un porcentaje grande de población de procedencia rural que migró a las ciudades durante los años de crisis, no pudo garantizarse una nueva fuente de ingresos estable y suficiente y se alejaron de las posibilidades de subsistencia, así fuera mínima, que ofrecía la vida del campo.

Entre las causas que se encuentran asociadas al agravamiento del problema de la mala alimentación de amplios sectores de la población están las provocadas por las políticas de ajuste, la reducción de los subsidios de los productos básicos, la liberación en los precios de los mismos y los topes salariales que se establecen para los trabajadores rurales y urbanos.

Un aspecto central en este complejo problema es la disponibilidad de alimentos, pues se ha visto afectada por la falta de una eficiente planeación, insuficiencia de recursos y falta de eficiencia en su aplicación para la producción como son los créditos, los subsidios, los seguros agrícolas etcétera; además, por la ausencia de investigación y de desarrollo de tecnologías para un mejor desarrollo regional, así como una mejor infraestructura hidrológica, se afectó la productividad de las regiones y es por ello la baja en la producción de alimentos para el consumo nacional.

Otro aspecto no menos importante es la accesibilidad de los alimentos, pues la falta de caminos de acceso transitable todo el año y de transporte, la centralización del abasto en las tres ciudades más grandes del país (ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) la falta de implementación de mercados regionales basados en la planificación, así como la falta de un organismo regulador del flujo de productos, ha generado el intermediarismo que altera la circulación de los productos, que eleva los precios, propicia el acaparamiento, ocultamiento de productos y genera la especulación, impidiendo el abasto de alimentos accesibles a toda la población.

Por otro lado, la política alimentaria ha propiciado que el sector productor de alimentos impulse sólo cultivos rentables, de acuerdo a la demanda de un núcleo del mercado, en detrimento de la producción de productos básicos, lo cual ha provocado dependencia externa de nuestros bienes básicos indispensables, poniendo en riesgo la seguridad y autosuficiencia alimentaria.

Aunado a ello, la industria de los alimentos en México, tanto nacional como transnacional, ha venido elaborando una serie de productos con un alto valor agregado que debido a las costosas campañas publicitarias, son consumidos por la población, especialmente los niños, ocasionando modificaciones en los hábitos de consumo, lo que resulta delicado, sobre todo en el caso de los sectores de bajos ingresos, cuyo acceso a los alimentos es insuficiente. Por ello, se requiere regular y vigilar la industria productora de alimentos, tanto nacionales como transnacionales, con el fin de que los alimentos procesados contengan y preserven lo más posible la calidad de los nutrientes.

Aunque el Gobierno Federal ha declarado que la política de ajuste ha procurado no reducir el gasto en sectores de importante sensibilidad social, el gasto destinado a subsidios a la alimentación, al abasto y la comercialización de alimentos básicos, no ha dejado de ser afectado con algunas reducciones reales.

En algunos casos la acción combinada de estos factores ha dado como resultado un repunte de los índices de mortalidad y morbilidad infantil, ligados a un insuficiente acceso a los nutrientes mínimos indispensables, en un sector significativo de la población menor de edad y en otros casos dio como resultado el estancamiento de la lucha contra la desnutrición en los diversos niveles en que se manifiesta en las familias mexicanas desde hace décadas.

Esta situación, por un lado, obedece a la falta de un marco normativo que regule y oriente la intervención de los diversos organismos de la administración pública federal, que convergen en el ámbito de la alimentación con programas específicos para atender el problema en sus diferentes fases; que articule y coordine a los diversos sectores que intervienen en la cadena de producción, transformación, comercialización, abasto y consumo de alimentos; que garantice la soberanía, seguridad y derechos alimentarios de todos los mexicanos y que propicie la participación democrática de los sectores sociales y privados.

En el marco de la estrategia nacional de descentralización, la alimentación deberá permanecer como prioridad del Gobierno y para la sociedad, de tal manera que en materia de política alimentaria, se requiere eficientar la participación estatal, no exclusivamente mediante la propiedad pública o la administración directa, sino a través del fortalecimiento de las diversas entidades del sector público, mediante el gasto social, así como la canalización de estímulos y apoyos a los sectores privado y social para su involucramiento en el proceso alimentario.

Actualmente las normas, instituciones y políticas vigentes no se adecuan a los nuevos requerimientos que plantea el problema nutricional y alimentario en el país, ni a las nuevas posibilidades existentes para enfrentarlo.

El país debe tener como estrategia de desarrollo la autosuficiencia alimentaria, para asegurar la alimentación de sus habitantes, esto depende del cuidado de sus recursos naturales, del desarrollo tecnológico, así como el diseño y ejecución de sistemas de asistencia alimentaria, con el fin de asegurar la vida digna de su población.

Por ello es impostergable fortalecer en cantidad y calidad la acción institucional y eficientar la coordinación interinstitucional, intersectorial e interregional, a fin de asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones adecuadas de calidad y precio.

La situación de desnutrición que padecen grandes sectores, exige crear una canasta básica altamente nutritiva, así como impulsar programas educativos sobre nutrición.

Dada la diversidad geográfica, económica, étnica, cultural, social y política del país, se requiere de diagnósticos regionales que permitan dar respuesta alimentaria de acuerdo a las características de cada zona.

México ha firmado y ratificado el pacto internacional sobre "los derechos económicos, sociales y culturales" de la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 11.2 habla específicamente sobre el derecho a la alimentación y de la necesidad de que los países legislen localmente sobre este derecho.

Por las razones antes expuestas, los senadores abajo suscritos, integrantes de la LVIII Legislatura, sometemos a trámite legislativo la siguiente iniciativa de adición al texto constitucional, con objeto de avanzar posteriormente en el establecimiento del marco legal necesario para generar la legislación secundaria y las políticas que permitan profundizar la lucha contra la desnutrición en el país, de manera que ésta pueda ser superada en el mediano plazo.

Esta adición constitucional eleva a la categoría de derecho humano, el que toda persona cuente con una alimentación suficiente en calidad y cantidad.

Se establece la corresponsabilidad del Estado mexicano, la sociedad en su conjunto y las familias, para garantizar que la alimentación de cada miembro de la sociedad mexicana alcance los nutrientes indispensables que le permitan la salud física y mental.

El Estado garantizará las políticas, los instrumentos y los apoyos que establezca la ley, estará obligado a que las diversas instancias que correspondan al Gobierno aseguren la satisfacción de una dieta en la que atienda la Iniciativa de las familias y la participación de los grupos sociales para la plena satisfacción de este derecho. En particular, el Estado será responsable de la promoción de los alimentos y de regular el abasto y comercialización de los mismos con la finalidad que se garantice su disponibilidad y accesibilidad en calidad y precio.

Como consecuencia de esta adición, se insertará como parte específica de esta garantía, el mandato constitucional que ordena que los salarios mínimos sean suficientes. También se entenderá que las pensiones de seguridad social deberán ser tales que aseguren el derecho a la alimentación.

Del derecho a la alimentación, también se deriva la obligación estatal y social de dar precios accesibles a los alimentos, de ofrecer los alimentos a quienes carecen de los medios para obtenerlos, a informar sobre la calidad nutricional de los productos, al igual que el deber de llevar a cabo todas las acciones que obstaculicen la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores, el siguiente:

Decreto que adiciona el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Unico. Se adiciona el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes párrafos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4. ...

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Todo ser humano tiene derecho a una alimentación suficiente en calidad y cantidad. El Estado mexicano, la sociedad y las familias, son responsables de garantizar la alimentación que permita la salud física y mental de cada miembro de la sociedad mexicana. La ley establecerá las políticas, instrumentos y apoyos necesarios para que la federación, las entidades federativas y los municipios aseguren la satisfacción de una dieta asequible que contenga todos los nutrientes necesarios de los alimentos en calidad, cantidad y disponibilidad.

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Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Suscriben: Senadores: Ma. del Carmen Ramírez García, Jesús Ortega Martínez, Antonio Soto Sánchez, Moisés Castro Cervantes, Daniel López Nelio Santiago, Elías Miguel Moreno Brizuela, Rodomiro Amaya Téllez, Serafín Ríos Alvarez , Armando Chavarría Barrera, Demetrio Sodi de la Tijera, Lázaro Cárdenas Batel, Ricardo Gerardo Higuera, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Raymundo Cárdenas Hernández, Leticia Burgos Ochoa, Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbricas).