Iniciativas Acuerdos Actas Informes Convocatorias Invitaciones

Iniciativas

Que se adiciona el artículo 66 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de plazos de respuesta y atención ciudadana; recibida del diputado Alan Sahir Márquez Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del jueves 21 de mayo de 2026

El que suscribe, Alan Sahir Márquez Becerra, en su carácter de diputado federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1 fracción I; 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 66 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de plazos de respuesta y atención ciudadana; al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El acceso a servicios públicos de calidad constituye un elemento esencial para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo económico del país. En este sentido, la atención oportuna a las solicitudes, peticiones y gestiones realizadas por la ciudadanía ante las entidades públicas forma parte del derecho a una buena administración, así como del principio de eficacia en el ejercicio de la función pública.

La Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado encargada de la prestación del servicio público de energía eléctrica, tiene la responsabilidad no sólo de garantizar la continuidad del suministro, sino también de atender de manera eficiente y oportuna las solicitudes de información, por parte de su Comité de Auditoría.

Sin embargo, en la práctica, es frecuente que personas usuarias del servicio eléctrico presenten solicitudes, reportes o gestiones mediante oficios, medios electrónicos o canales institucionales, sin recibir respuesta en plazos razonables o, en algunos casos, sin recibir respuesta alguna. Esta situación genera incertidumbre jurídica, afecta la confianza en las instituciones y prolonga problemáticas que pueden impactar directamente en la vida cotidiana y en las actividades productivas.

La ausencia de plazos claros y obligatorios de respuesta por parte de la autoridad propicia discrecionalidad administrativa y debilita los mecanismos de rendición de cuentas. En un Estado de derecho, la falta de respuesta no puede ser la regla, ni puede quedar sin consecuencias jurídicas.

A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su portal menciona que atiende 10 millones de visitas al año en sus Centros de Atención a Clientes, y que cuenta con una aplicación para proporcionar servicios en línea, como el 071, mencionando que están disponibles para sus más de 49.6 millones de usuarias y usuarios en todo México; sigue habiendo retos. Solo pueden realizar consultas, trámites, aclaraciones y reportes relacionados con el suministro eléctrico: desde verificar saldos y aclarar recibos, hasta reportar fallas en el servicio para su atención inmediata. En el mismo sentido, menciona que hay un equipo especializado en seguimiento de solicitudes, que trabaja en coordinación con áreas técnicas para agilizar su atención. También mencionan que cuentan con 2,150 ventanillas de atención personalizada, para realizar aclaraciones y solicitudes de servicio diversas.

Sin embargo, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad, ha desarrollado diversos mecanismos de atención a personas usuarias, tales como centros de atención, plataformas digitales y líneas telefónicas, que en conjunto atienden millones de interacciones anualmente, lo cierto es que dichos canales se encuentran orientados principalmente a la recepción y gestión de solicitudes, sin que exista una obligación normativa clara que establezca plazos específicos para su atención y resolución.

Si bien la institución requiere contar con equipos especializados para el seguimiento de solicitudes y una amplia infraestructura de atención, la ausencia de tiempos máximos de respuesta genera incertidumbre jurídica para la ciudadanía, al no contar con un parámetro claro que garantice cuándo una solicitud debe ser atendida o resuelta.

En este sentido, la existencia de múltiples canales de atención no necesariamente se traduce en una atención efectiva, en tanto que la falta de plazos definidos permite que las solicitudes queden sujetas a tiempos indeterminados, afectando la confianza en la institución y prolongando problemáticas que inciden directamente en la vida cotidiana de las personas usuarias del servicio eléctrico.

Por ello, resulta indispensable complementar los mecanismos a fin de garantizar que la atención no sólo sea accesible, sino también oportuna, eficiente y sujeta a rendición de cuentas.

Por otra parte, la energía eléctrica constituye uno de los servicios públicos más relevantes para el desarrollo económico, social y humano de cualquier país. En el caso de México, su provisión continua, eficiente y de calidad, es un elemento indispensable para garantizar el bienestar de la población, el funcionamiento de los servicios básicos y la operación de las actividades productivas.

El acceso a la electricidad trasciende su carácter técnico para convertirse en un factor determinante en la calidad de vida de las personas. La disponibilidad de energía eléctrica permite el funcionamiento de servicios esenciales como el alumbrado público, los sistemas de salud, la educación, la seguridad, el acceso a la información y la comunicación, así como el desarrollo de actividades domésticas cotidianas. En este sentido, la electricidad no sólo es un insumo productivo, sino una condición necesaria para el ejercicio de múltiples derechos fundamentales.

En el ámbito de la salud, la energía eléctrica resulta indispensable para la operación de hospitales, clínicas, equipos médicos, sistemas de refrigeración de medicamentos y dispositivos de soporte vital. De igual forma, en el sector educativo, la electricidad permite el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a plataformas digitales y la continuidad de procesos de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, la electricidad es un motor fundamental para el desarrollo económico. Sectores estratégicos como la industria, el comercio, los servicios y la agroindustria dependen de un suministro energético confiable para mantener la continuidad de sus procesos productivos. Por lo que la interrupción del servicio eléctrico puede generar pérdidas económicas significativas, afectar la productividad y comprometer la competitividad de las regiones.

En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad desempeña un papel central como empresa productiva del Estado, encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el país. Su labor es fundamental para garantizar que este servicio llegue a millones de hogares, empresas e instituciones en todo el territorio nacional.

Por lo consiguiente, la importancia en el suministro de electricidad es un bien final indispensable, y 99 por ciento de las viviendas habitadas del país tienen electricidad; se identifica la incursión de fuentes alternativas, con un 0.25 por ciento en conjunto de fuente solar (exclusiva) y de aquellas viviendas en donde se tiene sistema bidireccional o híbrida (solar y de red pública).

En este sentido, diversas instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han documentado inconformidades recurrentes relacionadas con el servicio eléctrico, entre las que destacan la falta de respuesta oportuna a reportes y solicitudes por parte de la autoridad competente. Lo anterior concentra miles de quejas con expedientes aún en trámite, por cobros y fallas en el servicio, por lo que la CFE enfrenta un rezago relevante en la resolución de casos.

De acuerdo con datos del Buró Comercial de Profeco, de 2021 a 2025, la CFE recibió en total 37 mil quejas, muchas de ellas relacionadas con errores de cálculo, cobros extraordinarios y negativa a corregir cargos indebidos por parte de la empresa del Estado. Acumulando 2 mil 849 expedientes en trámite.

Por lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece en el artículo 6, que el estado garantizara el derecho a la información, y en el artículo 8 que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

En el mismo sentido, en el artículo 7 se establece que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito. Por lo que son derechos de la ciudadanía.”

En este contexto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su carácter de ordenamiento reglamentario del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio fundamental el derecho de toda persona a acceder a la información en posesión de los sujetos obligados de manera pronta, expedita y sin obstáculos indebidos.

Dicho marco normativo no sólo reconoce la obligación de las autoridades de proporcionar información, sino que también establece estándares de oportunidad, eficiencia y accesibilidad en su atención. En ese sentido, la falta de respuesta en la atención de solicitudes por parte de entidades como la Comisión Federal de Electricidad, no sólo representa una deficiencia administrativa, sino una vulneración al derecho de acceso a la información y a una buena administración pública. Por ello, resulta indispensable armonizar los mecanismos de atención ciudadana con los principios de transparencia, garantizando trámites ágiles, respuestas oportunas y certeza jurídica para las personas usuarias.

De igual manera en el artículo 25 constitucional, párrafo último, se establece:

[...] “A fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional en la materia.”

Derivado de lo anterior, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, en su carácter de ordenamiento reglamentario del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se inserta dentro del modelo de rectoría económica del Estado, estableciendo como eje fundamental la eficiencia administrativa, la simplificación de procedimientos y la mejora regulatoria como condiciones indispensables para el desarrollo nacional. Esta ley busca reducir cargas innecesarias, eliminar duplicidades y garantizar que los trámites y servicios públicos se presten de manera ágil, accesible y transparente, colocando al ciudadano en el centro de la actuación gubernamental. Bajo esta lógica, las entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, adquieren el carácter de sujetos obligados, lo que implica no solo el deber de recibir, procesar y resolver las solicitudes y trámites de los particulares, sino hacerlo conforme a principios de legalidad, eficiencia, economía y máxima publicidad.

En este contexto, la obligación de la CFE de atender las solicitudes ciudadanas, no se ve limitada por su autonomía técnica, operativa o de gestión, ya que dicha autonomía está orientada a mejorar su desempeño, más no a sustraerla del cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia administrativa y de derechos de las personas. Por el contrario, su naturaleza como ente público que administra recursos del Estado y presta un servicio estratégico, refuerza la exigencia de cumplir cabalmente con las disposiciones en materia de simplificación y atención ciudadana. De ahí la importancia de establecer plazos claros, ciertos y razonables para la resolución de trámites, pues estos constituyen un elemento esencial de seguridad jurídica: permiten a los ciudadanos conocer con precisión los tiempos de respuesta de la autoridad, evitan la discrecionalidad y las dilaciones indebidas, generando condiciones de confianza en la actuación institucional. Asimismo, la fijación de términos contribuye a la evaluación del desempeño administrativo y a la rendición de cuentas, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la sociedad, garantizando que el ejercicio de derechos no dependa de la inercia burocrática, sino de reglas claras, predecibles y orientadas al interés público.

Por otra parte, el derecho a la información es clave en la conformación de una cultura de transparencia de acceso a la información y participación ciudadana. Es un derecho humano que implica conocer activa o pasivamente las ideas, opiniones, hechos o datos que se producen en la sociedad. Basado en los principios pro-persona, de universalidad, de interdependencia e indivisibilidad, de progresividad y de interpretación, conforme máxima publicidad, no discriminación, accesibilidad y el principio de rendición de cuentas y transparencia.

Además, la información pública es el derecho de toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Y se refiere a documentos de cualquier tipo (escritos, impresos, sonoros, visuales o electrónicos) en el que se plasma una información, como expedientes, reportes, actas, estudios, estadísticas, acuerdos, resoluciones, oficios, circulares y memorándums; o cualquier otro registro de la actividad gubernamental, a excepción de información clasificada o confidencial.

Por consiguiente, de acuerdo con el “Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México” (INE, 2020), uno de los principales factores que deterioran la percepción ciudadana es el mal desempeño gubernamental (25 por ciento). En ese contexto, resulta indispensable que las dependencias públicas implementen mecanismos proactivos y sistemáticos de orientación para garantizar un servicio de respuesta ágil, accesible y efectivo.

Con la propuesta, se reduciría el número de quejas ante negativas de servidores públicos y/o dependencias, fortaleciendo así, la confianza de la población en instituciones gubernamentales. Según datos del Censo Nacional de Gobierno Federal (CHGF) 2023, la cual ofrece información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones de la Administración Pública Federal, en 2022, se recibieron 80,756 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones del personal adscrito a las instituciones de la Administración Pública Federal. Esto representó un aumento de 189.1 por ciento en comparación con los datos de 2021.

Por otra parte, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND) en su Objetivo T2.2, estrategia T2.2.5 menciona:

“Establecer mecanismos que promuevan la eficiencia en la atención a la ciudadanía, mediante la integración y coordinación de todos los centros de atención públicos existentes, facilitando el acceso a los servicios y optimizando los procesos para una respuesta más rápida y efectiva.”

Además, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, Inegi, 2021), muestra que cerca del 37.2 por ciento de los ciudadanos experimentan dificultades al realizar pagos, trámites o solicitudes gubernamentales, siendo el problema más frecuente, las barreras al trámite, con un total de 83 por ciento al 2021, siendo el principal obstáculo. Esto refleja la urgente necesidad de contar con herramientas institucionales de apoyo y orientación al ciudadano, que permitan atender sus necesidades o dirigirlo eficientemente al área correspondiente.

Por ello, la presente iniciativa propone establecer la obligación de la Comisión Federal de Electricidad de emitir respuesta fundada y motivada a las solicitudes de la ciudadanía en un plazo determinado, independientemente del medio por el cual se presenten.

Asimismo, se plantea la incorporación de un mecanismo de efectos jurídicos en caso de incumplimiento, a fin de proteger a la persona solicitante frente a la inactividad administrativa. Este mecanismo no implica una resolución automática a favor del particular en todos los casos, sino la generación de efectos que obliguen a la autoridad a resolver de manera expedita, bajo el principio de buena fe y en favor de la persona usuaria.

El establecimiento de plazos claros permite equilibrar la capacidad operativa de la institución con el derecho de la ciudadanía a recibir respuesta oportuna. Asimismo, la previsión de consecuencias en caso de incumplimiento fortalece la rendición de cuentas y desincentiva prácticas de omisión administrativa.

Esta reforma se alinea con los principios de eficiencia, transparencia, legalidad y certeza jurídica, al tiempo que fortalece la relación entre el Estado y la ciudadanía, colocando en el centro el derecho de las personas a ser atendidas. En ese sentido, la iniciativa no sólo busca mejorar la operación administrativa de la Comisión Federal de Electricidad, sino también garantizar que la falta de respuesta no se traduzca en una afectación a los derechos de las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe, en mi calidad de diputado federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 66 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de plazos de respuesta y atención ciudadana.

El cuadro que a continuación se presenta, sintetiza en qué consiste el proyecto de decreto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 66 Bis, de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de plazos de respuesta y atención ciudadana; propuesta:

Por lo expuesto y de conformidad con lo prescrito en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 66 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de plazos de respuesta y atención ciudadana.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 66 Bis de la Ley del Sector Eléctrico, en materia de plazos de respuesta y atención ciudadana, para quedar como sigue:

Artículo 66. ...

Artículo 66 Bis. La Comisión Federal de Electricidad deberá emitir respuesta fundada y motivada a toda solicitud, petición, trámite o gestión, presentada por las personas usuarias o la ciudadanía, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de su recepción.

La respuesta deberá:

I. Emitirse por escrito o a través de medios electrónicos;

II. Contener de manera clara las razones y fundamentos legales que sustenten la determinación adoptada, e;

III. Informar, en su caso, sobre los procedimientos, plazos y requisitos adicionales para la atención de la solicitud.

En caso de que la Comisión, no emita respuesta dentro del plazo señalado, se presumirá la procedencia de la solicitud en lo conducente, siempre que no se contravengan disposiciones legales o técnicas aplicables, y se resolverá de manera inmediata en favor de la persona usuaria, o en su caso, justificar plenamente la imposibilidad de otorgar lo solicitado.

Salvo en caso de que la solicitud requiera un plazo mayor para su atención por su naturaleza técnica o complejidad, la Comisión deberá notificar a la persona solicitante dentro del plazo establecido, justificando dicha circunstancia y señalando una fecha específica para la emisión de la respuesta definitiva, la cual no podrá exceder de veinte días hábiles.

La Comisión deberá establecer mecanismos accesibles de seguimiento y consulta del estado de las solicitudes, garantizando la transparencia, trazabilidad y certeza en la atención.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Federal de Electricidad deberá adecuar sus sistemas de atención y respuesta en un plazo no mayor a 12 meses.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de mayo del año 2026.

Diputado Alan Sahir Márquez Becerra (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Energía. Mayo 21 de 2026.)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, recibida del diputado Víctor Samuel Palma César, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del lunes 25 de mayo de 2026

El que suscribe, diputado Víctor Samuel Palma César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Secretaría de Bienestar, es una de las 19 secretarías de Estado que conforman el gabinete del titular del Ejecutivo.

Fue creada el 25 de mayo de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, para profesionalizar el Programa Nacional de Solidaridad, cuyo objetivo era apoyar a los habitantes más pobres del país a través de comités que distribuían recursos del Gobierno federal. Es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de bienestar social y calidad de vida. Lo anterior incluye la realización de programas sociales que combatan la marginación, atendiendo las principales causas de la misma; instrumentar proyectos de inclusión para grupos vulnerables (niños, adolescentes, tercera edad y discapacitados); convenir con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) las adecuaciones a programas sociales y la solución de necesidades específicas, mismas de las que será responsable de evaluar; vigilar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el uso de recursos públicos para programas sociales; operar y dirigir el Programa Prospera; fomentar el desarrollo económico a partir del sector social; fomentar las sociedades cooperativas y demás formas de organización colectiva que impulsen el desarrollo de zonas marginadas.

Hasta antes del 1 de diciembre de 2018, la Secretaría de Bienestar ocupaba el nombre de Secretaría de Desarrollo Social, y como este cambio, ha tenido varios anteriormente, hasta 1992 ocupaba el nombre de Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

El 30 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se definen las funciones de la Secretaría de Bienestar, las cuales consisten en:

• Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos respectivos.

• Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza.

• Coordinar las acciones que incidan en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, fomentando un mejor nivel de vida.

• Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.

• Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, combate a la pobreza y desarrollo humano.

• Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado.

• Entre otras.

Entre los programas sociales más destacados de la Secretaría, se encuentran:

• Solidaridad (1988-1997)

• Progresa (1997-2002).

• Oportunidades (2002-2014)

• Prospera (2014-2018).

• Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (2018 actualidad).

• Pensión para el Bienestar de los Discapacitados (2018 actualidad).

• Becas Benito Juárez (2018-actualidad).

• Beca Escribiendo el Futuro (2018-actualidad).

Por ello, considero necesario armonizar el marco legal, para modificar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, por el de Secretaría de Bienestar.

Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por la persona que ocupe la Presidencia del Consejo, siete representantes del Poder Ejecutivo federal y siete de la Asamblea Consultiva del Consejo.

La representación del Poder Ejecutivo federal se conformará con las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Secretaría de Salud;

IV. Secretaría de Educación Pública;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Bienestar, e

VII. Instituto Nacional de las Mujeres.

Cada persona representante tendrá el nivel de titular de subsecretaría o rango inferior al titular, y las personas suplentes, del inferior jerárquico inmediato al de aquélla.

Las personas integrantes designadas por la Asamblea Consultiva y sus respectivas personas suplentes durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificadas por otro periodo igual por una sola ocasión, o hasta la terminación de su periodo como integrante de la Asamblea Consultiva. Este cargo tendrá carácter honorario.

La Junta de Gobierno será presidida por la persona que ocupe la presidencia del Consejo.

Serán invitadas permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las siguientes entidades: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, Instituto Nacional de Migración y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 25 de mayo de 2026.

Diputado Víctor Samuel Palma César (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Mayo 25 de 2026.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Víctimas, y General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para garantizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, recibida del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el lunes 25 de mayo de 2026

El suscrito, diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Víctimas y General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para garantizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México atraviesa por una crisis humanitaria de magnitudes sin precedentes. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualizado en marzo de 2026, existen 132 mil 534 personas desaparecidas y no localizadas en el país.1 Organizaciones independientes y la propia Comisión interamericana de Derechos Humanos han documentado que, al corte de junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil reportes de personas desaparecidas. Detrás de cada número hay una familia angustiada, que busca permanentemente a sus seres queridos que, con frecuencia, encuentra obstáculos en las mismas autoridades.

Durante el reciente caso de la desaparición de Edith Guadalupe Valdés, los familiares de la víctima informaron que el personal de la Fiscalía argumentó que era necesario esperar 72 horas.2

Una de las prácticas más lesivas y, paradójicamente, más extendidas entre ministerios públicos, policías y servidores públicos encargados de recibir denuncias, es la exigencia de esperar un determinado plazo antes de poder reportar la desaparición de una persona. Bajo la falsa creencia de que deben transcurrir 24, 48 o incluso 72 horas, muchas familias han sido rechazadas o minimizadas cuando acuden a las autoridades en busca de ayuda.

Cuca Torres, quien busca a José Gerardo Preciado Torres, indicó que las malas prácticas del Ministerio Público que se denunciaron cuando se creó la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, continúan.

“Un ejemplo de ello es que las autoridades siguen diciendo que se deben esperar 72 horas para recibir la denuncia por desaparición. Señores, en 72 horas pueden pasar muchas cosas, en 72 horas se pueden deshacer de nuestros seres queridos.”3

Los dos casos anteriores son una pequeña muestra de la cantidad de situaciones similares que han tenido que vivir numerosas familias de personas desaparecidas al tener que acudir a las instancias correspondientes para reportar la desaparición de sus seres queridos.

La presente iniciativa parte de una premisa fundamental: no existe, no ha existido y no debe existir plazo alguno de espera para considerar que una persona ha desaparecido. La desaparición es un hecho que ocurre en un momento determinado, y es precisamente en ese momento cuando las autoridades deben activar todos los mecanismos de búsqueda a su alcance.

Las primeras horas son cruciales. La ciencia forense y la experiencia internacional demuestran que la probabilidad de localizar con vida a una persona disminuye drásticamente con el paso del tiempo.

La presente iniciativa propone un paquete de reformas integrales que atacan el problema desde dos frentes:

a) El primero, reconociendo de manera expresa e inmediata la calidad de víctima de los familiares desde el momento en que presentan la denuncia;

b) El segundo, estableciendo de manera explícita la obligación de las autoridades de iniciar la búsqueda sin dilación alguna y prohibiendo cualquier protocolo o disposición interna que pretenda imponer plazos de espera.

La presente iniciativa se sustenta en los siguientes ordenamientos:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.: Este establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que la desaparición de personas constituye una violación grave a estos.

2. Artículo 73, fracción XXIX-K Constitucional: Faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos humanos, así como para establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en dicha materia.4

3. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas: ratificada por México, establece en sus artículos 10 y 12 la obligación del Estado de realizar una investigación exhaustiva e imparcial de manera inmediata, tan pronto como tenga conocimiento de la desaparición.5

Es necesario afirmar con toda claridad: en ninguna disposición legal vigente en México ex iste plazo alguno de espera para presentar una denuncia por desaparición de persona. La creencia de que hay que esperar 24, 48 o 72 horas es un mito, una práctica ilegal que ha sido fomentada por la negligencia y la falta de capacitación de algunos servidores públicos, y que ha causado un daño incalculable a miles de familias.

La actuación inmediata de las autoridades ante desapariciones es fundamental para resolver los casos y proteger a las víctimas. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de las veces a los denunciantes se les pide esperar 72 horas para iniciar las indagatorias o incluso se les argumenta que la persona reportada como ausente se habría ido por propia voluntad.6

Casos concretos ilustran esta realidad. En Jalisco, colectivos de buscadoras denunciaron que las autoridades siguen diciendo que se deben esperar 72 horas para recibir la denuncia por desaparición. En la Ciudad de México, como se mencionó anteriormente, durante el caso de Edith Guadalupe en 2026, la familia denunció que mientras ellos recababan indicios, personal de la Fiscalía argumentó que era necesario esperar 72 horas. En Ecatepec, estado de México, se implementó el llamado protocolo naranja precisamente para iniciar la búsqueda de manera inmediata sin esperar las 72 horas, lo que evidencia que la práctica ilegal estaba tan arraigada que requirió un protocolo especial para contrarrestarla.

En diversas entidades, familias han denunciado que les piden esperar entre 24 y 72 horas para levantar la denuncia.

Estas prácticas constituyen violaciones graves a los derechos humanos y deben ser erradicadas mediante una reforma legislativa que cierre cualquier posibilidad de interpretación discrecional.

La razón por la que resulta tan relevante eliminar cualquier plazo de espera es simple: las primeras horas después de una desaparición son las más valiosas para localizar con vida a una persona. Cuanto más tiempo pasa, mayores son las probabilidades de que la víctima sea trasladada a otro lugar, sufra daños irreversibles en su integridad física o mental, o pierda la vida.

El caso de la Alerta Amber, el protocolo especializado para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, es ilustrativo.

Este mecanismo requiere riesgo inminente, pero no exige ningún plazo de espera para su activación. La razón es evidente: cuando se trata de la vida de una persona, especialmente de un menor, no hay tiempo que perder.

Para dimensionar la magnitud del problema que esta iniciativa busca atender, es necesario presentar un diagnóstico estadístico actualizado.

Cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte a marzo de 2026, indican que existen 132 mil 534 personas desaparecidas y no localizadas en México. De ellas, 43 mil 128 personas fueron registradas con información completa y no se ha hallado rastro de ellas, lo que representa el 33 por ciento del total.7 Las fiscalías de los estados solamente han abierto 3 mil 869 carpetas de investigación. Es decir, apenas el 9 por ciento de estos casos cuentan con una investigación formal abierta.

En este contexto, también señalan que ha sido del interés gubernamental alterar las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pues el número de desapariciones alcanzó un punto máximo en 2024, cuando se incorporaron 12,759 casos sólo en ese año, y actualmente el Registro acumula más de 130 mil desaparecidos, pero el gobierno federal, los desagrega en tres grupos “sin transparencia metodológica, acceso público y participación de las familias, y sobre todo sin el compromiso político de enfrentar la realidad con todos los recursos del Estado, acredita la decisión de minimizar y claudicar ante una tragedia de enormes proporciones.”8

La búsqueda inmediata de una persona desaparecida no es un privilegio que deba ser concedido discrecionalmente por las autoridades. Es un derecho humano de las víctimas y sus familias. Es una obligación constitucional y convencional del Estado mexicano. Es, además, una decisión que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas que hoy son buscadas incansablemente por sus seres queridos.

La Ley General de Víctimas reconoce el derecho de las víctimas a la atención integral, a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Sin embargo, su artículo 4, relativo a la adquisición de la calidad de víctima, no prevé de manera expresa un tratamiento diferenciado para los casos de desaparición de personas, generando que, en la práctica, muchas familias enfrenten dilaciones burocráticas para ser reconocidas como víctimas, retrasando su acceso a servicios de atención y derechos previstos en la ley. Por lo anterior, se propone adicionar un párrafo al artículo 4 para establecer que, tratándose de noticias, reportes o denuncias por desaparición de personas, la calidad de víctima se adquiere de forma inmediata por el solo hecho de la presentación de la denuncia o reporte, sin necesidad de que transcurra plazo alguno.

Se propone la modificación del último párrafo del artículo 80 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas porque, pese a que la ley actual prohíbe plazos de espera para iniciar la investigación, en la práctica las autoridades siguen exigiendo a las familias aguardar 24, 48 o 72 horas y requisitos como acreditar parentesco o presentar fotografía reciente, lo que retrasa la búsqueda en las horas críticas. Al ampliar la prohibición a toda disposición general o particular y a cualquier requisito previo, se cierra el paso a interpretaciones discrecionales y se garantiza que la búsqueda y la investigación arranquen de inmediato.

La aprobación de esta iniciativa generará múltiples beneficios para las víctimas y sus familias. Para las familias de personas desaparecidas, el principal beneficio es el acceso inmediato a los servicios y derechos que otorga la calidad de víctima, incluyendo atención psicológica, asesoría jurídica y apoyo económico. También se elimina la angustia adicional que produce la exigencia de esperar horas o días para que las autoridades actúen. La activación inmediata de los mecanismos de búsqueda aumenta las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida con vida, que es el objetivo prioritario.

México no puede permitirse seguir perdiendo vidas por inacción burocrática. El país no puede seguir fallando a las familias que, ante la ausencia de un ser querido, lo primero que encuentran es una puerta cerrada y la exigencia de esperar horas o días antes de poder siquiera denunciar la desaparición.

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para garantizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas

Único. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 4 de la Ley General de Víctimas; y se reforma el párrafo final del artículo 80 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

A. Ley General de Víctimas

Artículo 4. ...

...

...

...

...

Tratándose de denuncias por desaparición, la calidad de víctima se adquiere de inmediato con la denuncia, sin plazo alguno. Las autoridades inscribirán a los familiares en el Registro Nacional de Víctimas en un plazo de 24 horas.

B. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Artículo 80. ...

I. a III. ...

Ningún protocolo, reglamento, acuerdo o disposición de carácter general podrá establecer plazos de espera para iniciar la búsqueda o la investigación de personas desaparecidas o no localizadas. En particular, no podrá exigirse como condición previa la acreditación de parentesco, la presentación de fotografía reciente, la identificación del presunto agresor, la determinación de un tiempo mínimo de ausencia ni ningún otro requisito que difiera la actuación inmediata de la autoridad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Segundo. La federación, las entidades federativas y los municipios deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus respectivos ordenamientos internos, protocolos y manuales de actuación, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 CNN Español. (2026, 27 de marzo). Gobierno de México presentó un nuevo informe sobre personas desaparecidas. ONG señalan que busca “minimizar la crisis.” CNN.

https://ennespanol.enn.com/2026/03/27/mexico/gobierno-nu evo-informe-personas­desaparecidas-ong-cuestionan-orix

2 Proceso . (2026, 20 de abril). Brugada cierra filas con Bertha Alcalde en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. Proceso. https://www.proceso.eom.mx/nacional/cdmx/2026/4/20/brugada-cierra-filas -con­bertha-alcalde-en-el-caso-del-feminicidio-de-edith-guadalupe-37256 0.html

3 El Universal. (2020, 29 de octubre). Denuncian omisiones en búsqueda de personas en Jalisco. El Universal. https://www.eluniversal.eom.mx/estados/denuncian­omisiones-en-busgueda- de-personas-en-jalisco/

4 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2026, 6 de mayo). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diutados.gob.mx/leyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Organización de las Naciones Unidas. (2006, 20 de diciembre). Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. https://www.ohchr.org/es/instruments­mechanisms/instruments/internation al-convention-protection-all-persons-enforced

6 La Jornada. (2018, 4 de junio). Ineficacia de autoridades encargadas de localizar a las personas ausentes. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2018/06/04/politica/005n2pol

7 La Jornada. (2026, 28 de marzo). Reporta el gobierno federal 132 mil 534 desaparecidos. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/28/politica/reporta-el-gobie rno-federal-132-mil-534-desaparecidos

8 El Economista. (2026, 16 de abril). Solamente 3,869 investigaciones para 130 mil desaparecidos. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/3-869-investigaciones-130-000- desaparecidos-20260416-809178.html

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 25 de mayo de 2026.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Mayo 25 de 2026.)

Que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, en materia de salud mental, recibida del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente realizada el lunes 25 de mayo de 2026

El suscrito, diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de está soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo en materia de salud mental, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

La salud mental ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en el eje central de las políticas de salud pública del siglo XXI. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales comunes, como la depresión y la ansiedad, tienen una prevalencia global creciente, exacerbada por la digitalización del trabajo y la difuminación de las fronteras entre la vida privada y la profesional.

En el contexto mexicano, la situación es alarmante, según el índice de Vida Mejor de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México se mantiene consistentemente como uno de los países donde los empleados trabajan más horas por año (un promedio de 2 mil 226 horas, frente a las mil 750 horas del promedio de la OCDE). Esta sobreexposición laboral no se traduce en mayor productividad, sino en un deterioro sistemático de la salud emocional de la o el trabajador.

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que 75 por ciento de los trabajadores mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a naciones con culturas de trabajo intensivas como China (73 por ciento) y Estados Unidos (59 por ciento).

Es imperativo señalar que la población joven (20-30 años), que se integra al mercado laboral bajo esquemas de alta competitividad y flexibilidad extrema, reporta los niveles más altos de “ansiedad de desempeño”, lo que hace urgente una intervención legislativa que proteja su trayectoria profesional a largo plazo.

Un argumento pragmático para la adopción de esta iniciativa es el análisis de costo­ beneficio para el sector patronal.

La creencia de que “un día de descanso es un día perdido” es una falacia económica frente a los datos actuales de productividad total de los factores.

El fenómeno del presentismo: Se define como la presencia física del trabajador en su puesto, pero con una desconexión cognitiva total debido al agotamiento. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugieren que el presentismo puede reducir la productividad hasta en 33 por ciento, lo que representa una pérdida económica mayor que el ausentismo programado.

Costo para las empresas: Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y diversos análisis de recursos humanos, el estrés laboral genera pérdidas anuales equivalentes a 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional en México, debido a errores operativos, accidentes de trabajo y la alta rotación de personal que busca “escapar” de entornos tóxicos.

Retorno de Inversión: La implementación de un día de salud mental actúa como una medida de mantenimiento preventivo del capital humano, la evidencia internacional demuestra que las empresas que implementan programas de bienestar mental ven una reducción de 25 por ciento en las bajas por enfermedad y una mejora sustancial en el clima organizacional, lo que eleva la lealtad y retención del talento.

La presente iniciativa encuentra su anclaje en un robusto marco normativo tanto nacional como internacional, buscando elevar a rango de prestación lo que hoy es apenas una recomendación administrativa.

Bloque de constitucionalidad: El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho humano a la protección de la salud. Bajo el principio de progresividad, el Estado está obligado a ampliar la protección de este derecho para incluir el bienestar biopsicosocial.

La insuficiencia de la NOM-035-STPS-2018: Si bien la entrada en vigor de la norma oficial mexicana 035 fue un avance histórico para identificar los factores de riesgo psicosocial, en la práctica se ha convertido en un ejercicio de “cumplimiento en papel.” Las empresas realizan diagnósticos, pero carecen de herramientas vinculantes para mitigar el riesgo. El día de descanso por salud mental se propone como la herramienta operativa que la NOM-035 necesita para pasar del diagnóstico a la acción preventiva real.

Convenios de la OIT: México, como Estado parte de la OIT, debe alinearse al Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, que insta a los gobiernos a formular políticas que minimicen las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo, incluyendo los riesgos mentales que hoy son la principal causa de discapacidad laboral no visible.

Para entender la viabilidad de esta propuesta, es necesario observar cómo otras jurisdicciones han comenzado a transitar de la “productividad por horas” a la “productividad por bienestar.” México no puede quedar rezagado en una tendencia que ya es norma en economías de alto rendimiento.

La experiencia europea (España y Bélgica): En España, la Ley Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales introdujo el concepto de “Desconexión Digital.” Si bien no es un día de descanso per se, sentó las bases jurídicas para reconocer que el agotamiento mental por el trabajo es una violación a los derechos humanos. Bélgica, por su parte, ha avanzado en la semana laboral de cuatro días con el mismo sueldo, demostrando que la reducción del tiempo de exposición laboral mejora la salud mental sin mermar el PIS.

El modelo chileno (Ley de las 40 Horas): En América Latina, Chile ha sido pionero con la reciente implementación de la reducción de la jornada laboral. Durante los debates parlamentarios, se demostró con evidencia técnica que la salud mental de la fuerza de trabajo es un activo nacional. La presente propuesta de un Día de Salud Mental es una versión eficiente que no altera la jornada semanal, pero atiende las crisis puntuales de estrés.

Iniciativas Corporativas Globales: Empresas del sector tecnológico y financiero (como Linkedln o SAP) han implementado “semanas de bienestar” o “días de salud mental” globales. Los resultados reportados incluyen una disminución de 18 por ciento en la rotación de personal y un aumento del 12% en la satisfacción del cliente, demostrando que un empleado mentalmente sano es un mejor embajador de la marca y del servicio.

Por lo anterior se propone a está honorable asamblea que el Día por Salud Mental sea una prestación irrenunciable y pagada, similar al día de descanso obligatorio, pero con una ejecución flexible, con las siguientes características:

Aviso previo: El trabajador deberá dar aviso con al menos 72 horas de anticipación para permitir la planeación operativa, salvo en casos de crisis de salud mental aguda documentada.

No Acumulabilidad: Al ser una medida preventiva, el día no será acumulable para el año siguiente ni canjeable por dinero. El objetivo es que el trabajador realmente descanse.

Garantía de no represalia: El uso de este día no será considerado en las evaluaciones de desempeño como un factor negativo o como causal de despido.

Gradualidad para las Pyme: Entendiendo la realidad económica de México, la iniciativa podría contemplar un esquema de implementación gradual para las micro y pequeñas empresas, permitiéndoles ajustar sus calendarios de productividad en un periodo de 3 meses tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La presente iniciativa no busca “trabajar menos”, sino trabajar mejor. La evidencia es contundente: el modelo actual de agotamiento crónico es insostenible para las instituciones de seguridad social y para la economía nacional. Al otorgar un día al año dedicado exclusivamente al mantenimiento de la salud mental, el Estado Mexicano envía un mensaje claro: el capital humano es el valor más preciado de la nación.

Con la aprobación de este proyecto, México se posiciona como un referente regional en la protección de los derechos laborales de nueva generación, asegurando que el crecimiento económico del país no se construya sobre la base del desgaste irreversible de la salud emocional de su población.

No existe un estado de salud completo si la integridad mental está comprometida por condiciones laborales extenuantes.

A efecto de ilustrar detalladamente las modificaciones que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En atención de lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, en materia de salud mental

Único. Se reforma la fracción XVIII, IX y se adiciona la fracción X al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 74. ...

I. a VII. ...

VIII. El 25 de diciembre;

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral, y

X. Toda persona trabajadora tendrá derecho a disfrutar de un día de descanso con goce de sueldo íntegro por concepto de salud mental cada año de servicios, el cual podrá ser solicitado de manera flexible y no acumulable con el periodo vacacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Su implantación será gradual en un periodo de 6 meses tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 OMS Informe mundial sobre salud mental: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860

2 OCDE índice para una Vida Mejor (México Balance vida-trabajo):
https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/

3 OIT/Guía sobre la salud mental en el trabajo: https://www.ilo.org/es/publications/la­salud-mental-en-el-trabajo-guia- orientativa

4 STPS/Texto íntegro de la NOM-035 (Diario Oficial de la Federación): https://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2 018

5 Inegi/Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare): https://www.inegi.org.mx/programas/enbiare/2021/

6 IMSS Micrositio de Salud Mental y Prevención del Estrés: http://www.imss.gob .mx/salud-en-linea/salud-mental.

7 Ley de 40 Horas (Chile) Biblioteca del Congreso Nacional: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1191511

8 Ley de Desconexión Digital (España) BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673#a88

9 Deloitte/Mental health and employers (Reporte sobre ROi y Productividad):
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consulting/articles/mental-health-and-employers-the-case-for-investment.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de mayo de 2026.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Mayo 25 de 2026.)


Acuerdos

De la junta directiva de la Comisión de Defensa Nacional, por el que determinan los asuntos que se consideran convenientes prorrogar en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales l y 2, fracción XXIII, y 45, numeral 6, inciso g) y e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 146, numeral 3, y 149, numeral 2, fracción X y XI, 158, fracción XII, 183, numeral l, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se emite el presente acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

I. Que el 7 de mayo de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante la que se establece un nuevo procedimiento para la prórroga de la determinación de los asuntos que son turnados a las Comisiones.

II. Que conforme a lo establecido en el artículo 182, numeral l, todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por ésta, dentro de un término máximo de 45 días a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen.

III. Que el artículo 183, numeral l, de la misma normatividad señala que, la comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto turnado, lo deberá acordar a través de su junta directiva, dentro del término para dictaminar e informar a la Mesa Directiva.

IV: Asimismo, el artículo 184, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que las iniciativas no dictaminadas al término de una legislatura, así como las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos.

V. Por lo anterior, para ejercer la atribución de dictaminación que tiene esta comisión, es indispensable contar con el tiempo suficiente para analizar los asuntos turnados haciéndose llegar de toda la información necesaria y con la responsabilidad y de mérito de cada uno de ellos.

VI. Con el fin de realizar dicha función de forma pertinente, las y los integrantes de la junta directiva de la Comisión de Defensa Nacional, acuerdan la prórroga de la determinación del asunto que se enlista en este documento y que fueron turnados a la comisión.

Por lo expuesto y fundado, derivado de las atribuciones, facultades y deberes expuestos en los considerandos anteriores, las diputadas y diputados de la junta directiva de la Comisión de Defensa Nacional , emiten el siguiente

Acuerdo

Primero. Toda vez que las iniciativas en merito se encuentran en estudio y análisis en esta Comisión, y dada la naturaleza de las reformas que se pretenden con las mismas, se pone de manifiesto la necesidad de que este órgano legislativo cuente con mayo tiempo para estudiarla y proyectar la propuesta de dictamen correspondiente, por lo anterior se autoriza la prórroga de los siguientes asuntos conforme al termino establecido en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a saber:

• Iniciativa: Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 78 de la Ley de la Guardia Nacional.

Proponente: Diputada Noemí Berenice Luna Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Expediente 6505.

Fecha de vencimiento: 11 de junio de 2026.

Fecha de vencimiento con prórroga: 31 de agosto de 2027.

• Iniciativa: Con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (en materia de regulación de pirotecnia).

Proponente: Diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Morena.

Expediente: 7071.

Fecha de vencimiento: 3 de julio de 2026.

Fecha de vencimiento con prórroga autorizada: 31 agosto 2027.

• Iniciativa: Con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Proponente: Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

Expediente: 7628.

Fecha de vencimiento: 13 de julio de 2026.

Fecha de vencimiento con prórroga autorizada: 31 agosto 2027.

• Iniciativa: Con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Proponente: Diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Expediente: 7773.

Fecha vencimiento: 24 de julio de 2026.

Fecha de vencimiento con prórroga autorizada: 31 agosto 2027.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por la junta directiva de la Comisión de Defensa Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Segundo. Remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 150, numeral 1, fracción XVI, y 239, numeral 1, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 21 de mayo de 2026.

Votación del acta

Junta directiva

Diputadas y diputados

A favor: Clara Cárdenas Galván, Dionicia Vázquez García, Estela Carina Piceno Navarro, Francisco Javier Guízar Macías, Héctor Pedroza Jiménez, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Luis Arturo Oliver Cen, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Martha Amalia Moya Bastón y Pablo Vázquez Ahued.

Ausentes: Christian Castro Bello, Claudia Sánchez Juárez, Jessica Saiden Quiroz, Jesús Antonio Pujol Irastorza y Pedro Miguel Haces Barba.


Actas

De la Comisión de Defensa Nacional, correspondiente a la decimoséptima reunión ordinaria, celebrada el miércoles 22 de abril de 2026

En los salones C y D del edificio G, a las 17:00 horas del 22 de abril de 2026, se reunieron los legisladores y legisladoras integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, en modalidad presencial, contando con la presencia de:

Quórum inicial

Presentes: 20 diputados y diputadas
Hora de inicio: 17:36 horas

Quórum final

Presentes: 21 diputados y diputadas
Hora de término: 18:08 horas

Desarrollo de la sesión:

1. Registro de asistencia

Se informó el registro de asistencia, encontrándose presentes un total de 20 diputados.

Declaratoria de quórum.

Mediante la existencia de un registro de 20 firmas de legisladores y legisladoras se declaró la existencia de quórum.

2. Lectura del orden del día

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen, solicito a la secretaria dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse.

Se puso a consideración el siguiente orden del día, para su aprobación:

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum;

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la decimosexta reunión ordinaria, celebrada el 25 de marzo de 2026.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos:

4.1 Dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley de la Guardia Nacional, en materia de prevención de delitos y coordinación con las autoridades ambientales competentes para la protección y vigilancia en las áreas naturales protegidas federales terrestres.

4.2 Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, que desecha diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 47 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

4.3 Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Defensa Nacional a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

5. Asuntos generales;

6. Clausura.

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la secretaria puso a votación el orden del día en votación económica, siendo aprobado por la mayoría.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la decimosexta reunión ordinaria, celebrada el 25 de marzo de 2026

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: El siguiente punto es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décima sexta reunión ordinaria, celebrada el 25 de marzo de 2026, misma que fue remitida con antelación para su conocimiento.

¿Desea alguna diputada o diputado hacer uso de la voz sobre este tema?

No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría someta a votación el acta.

La secretaria, diputada Carina Piceno: Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal el acta de la décima sexta reunión ordinaria. Por lo que les solicito mencionen su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto. Iniciamos por la derecha, si le pasan el micrófono a la diputada, por favor.

Diputado presidente, le informo que se emitieron un total de 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: Aprobada el acta de la décima sexta reunión ordinaria, celebrada el 25 de marzo de 2026. Remítase a la Mesa Directiva para los trámites legislativos correspondientes.

4.1 Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley de la Guardia Nacional, en materia de prevención de delitos y coordinación con las autoridades ambientales competentes para la protección y vigilancia en las áreas naturales protegidas federales terrestres

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: El siguiente punto del orden del día es referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley de la Guardia Nacional, en materia de prevención de delitos y coordinación con las autoridades ambientales competentes para la protección y vigilancia en las áreas naturales protegidas federales terrestres.

Este dictamen les fue remitido con antelación para su conocimiento. Y si me permiten, daré una breve semblanza de este asunto. El presente dictamen aprueba la minuta que reforma el artículo 9o. de la Ley de la Guardia Nacional, con el fin de fortalecer la protección ambiental y la seguridad pública.

La modificación amplía de manera expresa la actuación de la Guardia Nacional, a todas las áreas naturales protegidas terrestres de competencia federal y refuerza su coordinación con las autoridades ambientales, para la vigilancia y prevención, investigación y combate de delitos, como la tala y cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación de ecosistemas.

La comisión considera que la reforma es constitucional, no invade competencias de otras autoridades, optimiza capacidades existentes del Estado y establece un enfoque preventivo respetuoso de los derechos humanos y del medio ambiente, sin generar impacto presupuestal adicional.

Consulto a las y los legisladores si desean hacer uso de la voz sobre este tema.

No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría someta a votación el dictamen.

La secretaria, diputada Carina Piceno: Claro que sí, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación nominal el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley de la Guardia Nacional, por lo que solicito mencionen su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto. Iniciamos por la derecha.

¿Alguien falta de emitir su voto?

No habiendo quién falte de emitir su voto, diputado presidente, le informo que el resultado de la votación han sido 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: Aprobado el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o de la Ley de la Guardia Nacional. Se instruye a la Secretaría Técnica para que se remita el dictamen a la Mesa Directiva a efecto de dar continuidad al trámite legislativo correspondiente.

4.2 Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que desecha diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 47 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: El siguiente punto de orden del día es el referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que desecha diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 47 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Este dictamen les fue remitido con antelación para su conocimiento.

Esta Comisión de Defensa Nacional desechó las iniciativas que proponían reformar los artículos 47 y 152 de la Ley del ISSFAM para ampliar derechos de hijas e hijos adoptivos y crear permisos de adopción y paternidad para el personal militar, al considerar que no existe una necesidad acreditada de reforma, ya que no se identificaron quejas, litigios ni inconformidades formales que evidencien deficiencias en el régimen vigente.

Asimismo, estimo que eliminar el límite etario para efectos prestacionales podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social militar y ampliar de manera no evaluada el universo de beneficiarios.

También, uno de los objetivos fundamentales del establecimiento de dicho límite fue prevenir simulaciones o adopciones estratégicas realizadas en etapas cercanas al retiro del militar en materia presupuestaria. El impacto fue considerado potencial pero indeterminado, debido a que la ampliación de derechos podría generar mayores erogaciones en pensiones y prestaciones sin que las iniciativas presentaran estudios actuariales ni fuentes del financiamiento que respaldaran su viabilidad.

En lo que respecta a las propuestas para crear permisos por adopción en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se considera que dichas iniciativas no resultan necesarias ni compatibles con la naturaleza y finalidad del régimen especial de seguridad social militar.

Se estimó que la adopción constituye una contingencia jurídica distinta a la maternidad biológica, por lo que su incorporación dentro del artículo 52, 152 -corrijo- diseñado para proteger supuestos médicos vinculados al embarazo y al parto, alteraría la lógica y finalidad original de la norma.

Por lo que consulto a las y los legisladores si ¿desean hacer uso de la voz sobre este tema?

El diputado Pablo Vázquez Ahued: Bueno, este dictamen aborda dos iniciativas presentadas por mis compañeras, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega y la diputada Anayeli Muñoz.

Y lo que pretenden o pretendían reformar estas propuestas de iniciativas, es una disposición que existe en esta ley que establece que los hijos adoptados de un militar después de que este cumpla 45 años, no tendrá ningún derecho en materia de seguridad social.

Desde luego esta disposición pues nos parece discriminatoria, insensata y que fuera del contexto real actual que debería imperar, incluso, una organización como la Fuerza Armada Mexicana, que desde luego constitucionalmente puede establecer sus propias reglas internas de organización. Pero pues en este afán de querer corregir esta distorsión o este planteamiento discriminatorio, es que las diputadas presentaron estas iniciativas.

Y señala el dictamen que se busca prevenir, desechando esta propuesta, se busca prevenir simulaciones o adopciones estratégicas realizadas por personas en etapas cercanas al retiro, susceptibles de generar derechos prestacionales.

Y, bueno, pues nos parece un poco raro, insisto, discriminatorio, en dado caso, porque además pues la edad de retiro de estos elementos pues son los 65 años, por lo que los 45, pues todavía tienen 20 años de labor aproximadamente.

Y, además, pues simular una adopción es muy difícil porque para adoptar pues se tiene que hacer estudios psicológicos, socioeconómicos, evaluaciones de distinto tipo, legales, entonces, pues simular una adopción simplemente para tener un beneficio de prestación nos parece fuera de contexto.

Y, efectivamente, no está determinado el impacto presupuestario, el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados señaló que pues al no haber ninguna medición sobre el impacto, pues no se puede concluir que esta reforma tuviera un impacto drástico en las finanzas públicas.

Y también se señala en el dictamen -y con esto concluyo- pues que nadie se ha quejado de la existencia de este artículo, que nadie se ha quejado de la existencia de esta disposición, pero no porque nadie se haya quejado vamos a dejar en el marco legal mexicano una disposición que consideramos nosotros, es discriminatoria, de niñas, niños y adolescentes adoptados. Y, en ese sentido, Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen, presidente. Muchas gracias.

El diputado Sergio Gil Rullán: Muchas gracias, secretaria, presidente. Esto es muy sencillo, lo único que estamos proponiendo es generar el piso parejo en las condiciones en la que una pareja decide tener a un integrante más de su familia, sin ninguna distinción a partir de ciertas edades y sin querer pensar que los padres al adoptarlo, están creando una estrategia jurídica adversa al bienestar de la persona que están adquiriendo en su familia o que están integrando a su familia.

Para ello nada más es un piso parejo en la que si bien el impacto presupuestal particular, pues ya está generado porque es dentro del haber del retiro del militar que salen esos fondos y que se erogan esos fondos. Ante ello la distinción de integrar un miembro de la familia con el mismo derecho y con el pleno derecho que requiere y que obtiene por el sacrificio que realizaron sus padres ante el haber servidor a la patria.

Es lo único que estamos planteando ante esta iniciativa. Por eso, lo que pretende nuestra coordinadora Ivonne Ortega y nuestra amiga Nayeli Muñoz, es justo eso, un piso parejo, igualitario, equitativo y con derechos adquiridos por los padres, por el sacrificio hacia la patria, pudiéndoselo dejar a los hijos sin distinción de criterio por el cual se integra la familia, ya sea por nacimiento o por que los padres decidieron incorporarlo a la misma.

La diputada Margarita Ester Zava Gómez del Campo: Muchísimas gracias. Me parece que a nosotros sí nos gustaría estudiarla un poco más, me parece que unas cosas que hay que precisar, la adopción -en pleno- de pleno derecho también es algo que ya ni deberíamos de meter aquí la figura, eso es la verdad, y creo que más bien tendríamos que estudiar esa parte.

En el PAN nos vamos a abstener y propondríamos que trabajáramos mejor una que deba estudiar la discriminación, pero al mismo tiempo partiera también de la no distinción entre los hijos sin necesidad de meter la figura. Gracias.

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: Bien, no habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría someta a votación el dictamen correspondiente.

La secretaria, diputada Estela Carina Piceno Navarro: Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal el dictamen de esta Comisión de Defensa Nacional, que desecha diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 47 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por lo que solicito mencionen su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto.

La diputada Dionicia Vázquez García: Pues yo estoy en un dilema, porque lo veo no discriminatorio tanto, pero sí veo que le podemos quitar la posibilidad a un joven o a un niño de ser adoptado. Entonces, ahí estoy como que dudando. Y decía la diputada Margarita que pudieran esperarse un poco para ver bien, y eso, pues, yo creo que es lo mejor, esperarse. Yo opino eso, que nos podemos esperar y que pudiéramos fundamentar bien esto. Y que el niño sea adoptado con el consenso de todos.

La secretaria diputada Estela Carina Piceno Navarro: Diputado presidente, le informo que se emitieron 13 votos a favor, 2 votos en contra, 6 votos en abstención.

El presidente diputado Luis Arturo Oliver Cen: Aprobado el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que desecha diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 47 y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se instruye a la Secretaría Técnica para que remita el dictamen a la Mesa Directiva a efecto de dar continuidad al trámite legislativo correspondiente.

Voy a hacer un comentario, cuando el militar registras a sus hijos no hace diferencia, cuando entrega el acta de nacimiento no dice si es adoptado, si es recién nacido, no tiene ninguna diferencia, se entrega el acta y es su hijo, punto, punto. Así era, por eso estaba así, eh, en esos términos.

4.3 Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Defensa Nacional a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: Daremos paso al siguiente punto del orden del día, que se refiere a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido negativo de la Comisión de Defensa Nacional a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Este dictamen les fue remitido con antelación para su conocimiento y haré los siguientes comentarios:

Del análisis integral realizado esta comisión determinó que las iniciativas si bien parten de preocupaciones legítimas en materia de seguridad no acreditan una necesidad normativa suficiente ni justifican modificar el equilibrio constitucional y legal vigente en materia de control de armas, en particular se advierte que el marco jurídico actual ya contempla mecanismos excepcionales, acotados y sujetos a control estricto, reforzados con la reforma publicada el 29 de mayo de 2025, que permiten en casos debidamente justificados el acceso extraordinario a armamentos de mayor potencia por parte de corporaciones policiales.

Asimismo, se constata que la Secretaría de la Defensa Nacional ya cuenta con un procedimiento sistemático de operación mediante el cual se establecen lineamientos, requisitos, criterios de justificación y controles institucionales que deben observar las corporaciones policiales que soliciten autorización para adquirir armamento, lo que evidencia que la materia se encuentra debidamente regulada y operando bajo esquemas de supervisión, trazabilidad y control estatal.

La comisión considera que las propuestas analizadas ponen en riesgo bienes jurídicos de jerarquía constitucional, tutelados por los artículos 10 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En particular, el artículo 10, que protege el control estatal, el armamento, la seguridad de las personas y la paz y tranquilidad públicas, al reservarse a determinadas armas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes. Mientras que el artículo 21 tutela la seguridad pública como función esencial del Estado, la vida, integridad y libertades de las personas, así como el carácter civil de las instituciones de seguridad pública.

En ese contexto, se identificaron riesgos relevantes, entre los que destacan la posibilidad de un uso desproporcionado de la fuerza letal, el debilitamiento de los mecanismos de control, custodia y trazabilidad del armamento, la erosión de la distinción constitucional, entre funciones civiles de seguridad pública y labores propias de la defensa nacional. Posibles afectaciones a los derechos humanos, un incremento en la responsabilidad del Estado y supuestos de duplicidad normativa al existir ya regulación y procedimientos vigentes en la materia.

Desde esta perspectiva, la determinación adoptada por la Comisión de Defensa Nacional se encuentra debidamente justificada y responde a un ejercicio prudente y responsable del Poder Legislativo, fundado en consideraciones de constitucionalidad, técnica legislativa y preservación del equilibrio constitucional.

Entre las funciones de seguridad pública y las atribuciones de la Fuerzas Armadas permanentes. Lejos de una lectura restrictiva, por principio, la decisión refleja una convicción institucional de que no toda solución aparentemente operativa resulta jurídicamente viable ni institucionalmente prudente. Y que el fortalecimiento de la seguridad pública debe construirse sin debilitar los principios constitucionales que la sustentan, evitando regresiones normativas en una materia de alto impacto institucional.

Por el contrario, es necesario impulsar y privilegiar, entre otros, la investigación, la inteligencia y la coordinación institucional para generar una sinergia que coadyuve a solucionar los problemas en materia de seguridad pública, partiendo de los ejes establecidos en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La razón de fondo no es la preservación de un monopolio institucional, sino la protección del diseño constitucional, que distingue material y funcionalmente la seguridad pública civil de las tareas vinculadas a la defensa nacional, así como la necesidad de evitar que excepciones, cuidadosamente configuradas, se conviertan en reglas generales sin sustento suficiente.

Finalmente, se reitera a las y a los legisladores, a los proponentes de las iniciativas materia del presente dictamen y a las instituciones la plena disposición de esta comisión para mantener un diálogo institucional, respetuoso. Sin embargo, ello no obsta para ejercer de manera responsable la función dictaminadora que le corresponde.

En este punto señalo que con los diputados del Congreso de Chiapas tendremos ya por establecer unas fechas para reunir e iniciar mesas de trabajo al respecto, para encontrar soluciones a sus problemas.

Por lo que consulto a las y a los legisladores si ¿desean hacer uso de la voz sobre este tema?

La diputada Dionicia Vázquez García: Sí, yo quiero hacer uso de la voz para felicitarlos, porque tan rápido se va a empezar ya a trabajar en Chiapas y eso es muy bueno para nosotros. Felicidades.

Y felicidades a los de la Defensa por esa rapidez. Muchas gracias.

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: No habiendo intervenciones, solicito a la secretaria que someta a votación el dictamen.

La secretaria, diputada Estela Carina Piceno Navarro: Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal el dictamen en sentido negativo de la Comisión de Defensa Nacional a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo que les solicito que mencionen su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto.

¿Algún diputado falta por emitir su voto?

Diputado presidente, le informo que se emitieron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: Aprobado el dictamen en sentido negativo de la Comisión de Defensa Nacional, a diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. Se instruye a la Secretaría Técnica para que se remita el dictamen a la Mesa Directiva, a efecto de dar continuidad al trámite legislativo correspondiente.

5. Asuntos generales

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: Como siguiente punto del orden del día abordaremos el apartado de asuntos generales.

¿Algún diputado que desee hacer uso de la palabra?

6. Clausura

El presidente, diputado Luis Arturo Oliver Cen: No habiendo quien más haga uso de la palabra, se solicita registrar su existencia de salida en las listas que se les estarán compartiendo.

Se levanta la decimoséptima reunión ordinaria de la Comisión de la Comisión de Defensa Nacional, siendo las 18 horas con 8 minutos, del 22 de abril de 2026. Muchas gracias. Buenas noches y vamos a votar.

Votación del acta

Diputadas y diputados

A favor: Agustín Alonso Gutiérrez, César Alejandro Domínguez Domínguez, Clara Cárdenas Galván, Dionicia Vázquez García, Estela Carina Piseno Navarro, Francisco Javier Guízar Macías, Héctor Pedroza Jiménez, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, Humberto Coss y León Zúñiga, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, José Alejandro Aguilar López, Lorena Piñón Rivera, Luis Arturo Oliver Cen, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María del Rosario Guzmán Avilés, Martha Amalia Moya Bastón, Miguel Ángel Guevara Rodríguez, Pablo Vázquez Ahued, Sergio Gil Rullán, Sergio Mayer Bretón, Wblester Santiago Pineda, Zayra Linette Fernández Sarabia.

Ausentes: Claudia Sánchez Juárez, Daniel Asaf Manjarrez, Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, Jessica Saiden Quiroz, Julio César Moreno Rivera, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Pedro Miguel Haces Barba.

Abstención: Christian Mishel Castro Bello.

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la decimoctava reunión ordinaria, celebrada en modalidad semipresencial el miércoles 22 de abril de 2026

Presidenta: diputada Merilyn Gómez Pozos

Secretaria: diputada Katia Alejandra Castillo Lozano

Quórum inicial: 53 diputadas y diputados1
Quórum final: 53 diputadas y diputados2

Presidenta: Merilyn Gómez Pozos.

Secretarios: Mónica Angélica Álvarez Nemer, Daniel Andrade Zurutuza, Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Katia Alejandra Castillo Lozano, Rafaela Vianey García Romero, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Alfonso Ramírez Cuéllar, Sonia Rincón Chanona, Paulo Gonzalo Martínez López, Héctor Saúl Téllez Hernández, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio de la Mora Torreblanca, Cindy Winkler Trujillo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Reginaldo Sandoval Flores, Mario Zamora Gastélum, Eduardo Gaona Domínguez.

Integrantes: Yericó Abramo Masso, Raúl Álvarez Villaseñor, Óscar Iván Brito Zapata, María del Carmen Cabrera Lagunas, Alejandra del Valle Ramírez, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Flor de María Esponda Torres, Leticia Farfán Vázquez, Luis Humberto Fernández Fuentes, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, César Agustín Hernández Pérez, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Amalia López de la Cruz, Mario Alberto López Hernández, Jaime Genaro López Vela, María Soledad Luévano Cantú, Jacobo Mendoza Ruiz, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Claudia Lisbeth Moreno Ramírez, Nadia Navarro Acevedo, Beatriz Andrea Navarro Pérez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Nancy Aracely Olguín Díaz, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Diego Ángel Rodríguez Barroso, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Elena Edith Segura Trejo, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Arturo Yáñez Cuéllar, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y Pedro Mario Zenteno Santaella.

Fecha y hora de inicio: 22 de abril de 2026, 10:30 horas

Fecha y hora de término: 22 de abril de 2026, 11:35 horas

Desarrollo de la Reunión:

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum.

En uso de la palabra la presidenta, Merilyn Gómez Pozos, agradeció la asistencia de las diputadas y diputados presentes, y solicitó a la Secretaría que diera a conocer el registro de asistencia.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano informó que existía un registro previo de 533 diputadas y diputados, por lo que se declaró que existía quórum legal para iniciar la reunión.

2. Lectura Discusión y, en su caso, aprobación del orden del día

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, solicitó a la Secretaría diera lectura al orden del día, y lo sometiese a discusión y consultar si era de aprobarse. Por instrucciones de la Presidencia, la secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano dio lectura al siguiente:

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la decimoséptima reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la octava reunión extraordinaria.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo Décimo Séptimo Transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026, suscrita por la senadora Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las opiniones relativas a las iniciativas con proyecto de decreto que se enlistan a continuación:

6.1. Por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar la Violencia Digital de Género, presentada por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.2. Por el que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas y se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

6.3. Por el que se expide la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, suscrita por la diputada Azucena Arrecia Trinidad, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

6.4. Por el que se expide la Ley Federal de Coherencia y Responsabilidad en el Ejercicio del Poder Público, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

6.5. Por el que se expide la Ley General de Salud Mental, suscrita por la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.6. Por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley General para la Creación del Instituto Nacional para la Igualdad y la Diversidad, como un instrumento de la política social para atender las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, suscrita por la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.7. Por el que se expide la Ley General de Cuidados, suscrita por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.8. Por el que se expide el Código Penal Nacional para Prevenir, Proteger y Sancionar los Delitos contra las Personas Menores de Edad y reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

6.9. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Desarrollo Social, de Coordinación Fiscal, del Seguro Social y Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (en materia de sostenibilidad fiscal, Registro Nacional Único de Beneficiarios, corresponsabilidad federalista y fortalecimiento del sistema de pensiones), suscrita por el diputado Armando Tejeda Cid y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Leído el orden del día, la secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano lo sometió a discusión.

Acto seguido la presidenta, Merilyn Gómez Pozos, concedió el uso de la voz al diputado Óscar Bautista Villegas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México , quien solicito intervenir.

El diputado Óscar Bautista Villegas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en uso de la palabra expresó “...Quiero pedir modificar el orden del día para poder retirar la iniciativa que he propuesto, poderla adecuar a los requerimientos solicitados. Es cuanto, presidenta.”

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, en uso de la voz consultó a la asamblea en votación económica si era de aprobarse la petición del diputado Óscar Bautista Villegas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México respecto a retirar la opinión listada en el numeral 6.8. del orden del día; petición que fue aprobada por mayoría de votos. Por lo que, informó que se modificaba el orden del día, y solicitó a la secretaría someter a aprobación el mismo con la modificación recién aprobada.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la presidencia sometió en votación económica la aprobación del orden del día, mismo que fue aprobado por mayoría.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la decimoséptima reunión ordinaria

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la decimoséptima reunión ordinaria, por lo que, solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, si se dispensaba la lectura de esta, toda vez que, previamente había sido distribuida a las diputadas y diputados que integran la comisión.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia, consultó sí se dispensaba la lectura y solicitó en votación económica su aprobación. Acto seguido informó a la Presidencia que se dispensaba la lectura del acta por mayoría de votos.

En razón de lo anterior, la presidenta, Merilyn Gómez Pozos, solicitó a la Secretaría someter a discusión y votación el Acta de la decimoséptima reunión ordinaria.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano sometió a discusión y votación el acta, y al no haber quien hiciera uso de la palabra, solicitó que se habilitara la aplicación remota de asistencia y votación hasta por cinco minutos, para capturar la votación nominal de las diputadas y diputados, asimismo, hizo mención que, las y los diputados que, quisieran votar de viva voz en su tumo señalarán claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto.

Acto seguido informó a la Presidencia que se emitieron 47 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, 4, por lo tanto, mayoría de votos por la afirmativa.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que se aprobó el acta de la decimoséptima reunión ordinaria.

4. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la octava reunión extraordinaria

La Presidenta diputada Merilyn Gómez Pozos hizo mención que el siguiente punto del orden del día era la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la octava reunión extraordinaria, por lo que, solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea, si se dispensaba la lectura de esta, toda vez que, previamente había sido distribuida a las diputadas y diputados que integran la comisión.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia, consultó sí se dispensaba la lectura y solicitó en votación económica su aprobación. Acto seguido informó a la Presidencia que se dispensaba la lectura del acta por mayoría de votos.

En razón de lo anterior, la presidenta, Merilyn Gómez Pozos, solicitó a la Secretaría someter a discusión y votación el acta derivada de la octava reunión extraordinaria.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano sometió a discusión y votación el acta, y al no haber quien hiciera uso de la palabra, solicitó que se habilitara la aplicación remota de asistencia y votación hasta por cinco minutos, para capturar la votación nominal de las diputadas y diputados, asimismo, hizo mención que, las y los diputados que, quisieran votar de viva voz en su turno señalarán claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto.

Acto seguido informó a la Presidencia que se emitieron 45 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones,5 por lo tanto, mayoría de votos por la afirmativa.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que se aprobó el acta de la octava reunión extraordinaria.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el articulo Décimo Séptimo Transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026, suscrita por la senadora Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, señaló que el siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo Décimo Séptimo Transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026, suscrita por la senadora Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Al respecto, la presidenta informó que, en la reunión de junta directiva celebrada previamente, se había acordado el formato de participación para su discusión, y de no existir inconveniente, sometió al pleno de la comisión la aprobación de dicho formato, el cual consistía en tres oradores a favor y tres oradores en contra hasta por tres minutos cada uno de ellos. Mismo que fue aprobado por mayoría de votos. Acto seguido solicitó a la Secretaría que consultará si se dispensaba la lectura del dictamen, tomando en cuenta que había sido previamente distribuido.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia, consultó sí se dispensaba la lectura en votación económica. Acto seguido informó a la Presidencia que se dispensaba la lectura del dictamen por mayoría de votos.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que se dispensaba la lectura del dictamen y en atención al formato de discusión acordado por el pleno, solicitó a la secretaría registrar el nombre de las y los diputados que desearan participar.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano informó a la presidencia que no se tenían oradores registrados.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, en consecuencia, solicitó a la Secretaría consultar a la asamblea en votación económica si el asunto se encontraba suficientemente discutido.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia, consultó a la asamblea si el asunto se encontraba suficientemente discutido y solicitó en votación económica su aprobación, misma que fue aprobada por mayoría de votos.

La Presidenta diputada Merilyn Gómez Pozos mencionó que se consideraba suficientemente discutido el dictamen, por lo que solicitó a la Secretaría que sometiera a votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto la aprobación del dictamen.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia sometió a votación la aprobación del dictamen, solicitando que se habilitara la aplicación remota de asistencia y votación hasta por cinco minutos, para capturar la votación de las diputadas y diputados, asimismo, hizo mención que, las y los diputados que, quisieran votar de viva voz en su turno señalarán claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto.

Acto seguido informó a la Presidencia que se emitieron 35 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Por lo tanto, se aprobaba.6

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, señaló que había sido aprobado en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo Décimo Séptimo Transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026, suscrita por la Senadora Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Acto seguido informó que el dictamen se remitiría a la Mesa Directiva de la Cámara de diputados para los efectos de la programación legislativa correspondiente.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las opiniones relativas a las iniciativas con proyecto de decreto que se enlistan a continuación:

6.1. Por el que se expide la Ley General para prevenir y sancionar la Violencia Digital de Género, presentada por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.2. Por el que se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas y se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de agosto de 1994, suscrita por la diputada María Magdalena Rosales Cruz, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

6.3. Por el que se expide la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, suscrita por la diputada Azucena Arreola Trinidad, del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

6.4. Por el que se expide la Ley Federal de Coherencia y Responsabilidad en el Ejercicio del Poder Público, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

6.5. Por el que se expide la Ley General de Salud Mental, suscrita por la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.6. Por el que se adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley General para la Creación del Instituto Nacional para la Igualdad y la Diversidad, como un instrumento de la política social para atender las necesidades de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, suscrita por la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.7. Por el que se expide la Ley General de Cuidados, suscrita por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

6.9. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (En materia de sostenibilidad fiscal, Registro Nacional Único de Beneficiarios, corresponsabilidad federalista y fortalecimiento del sistema de pensiones), suscrita por el diputado Armando Tejeda Cid y diputadas y diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, señaló que,el siguiente punto del orden del día era la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de diversas opiniones relativas a iniciativas con proyecto de decreto, y que en atención a lo acordado por los diversos grupos parlamentarios en la reunión de junta directiva que se había celebrado previamente, la votación de las opiniones se realizaría en cuatro bloques, de la siguiente manera: Bloque uno: 6.1. y 6.2.; Bloque dos: numerales 6.3, 6.4 y 6.5; Bloque tres: numeral 6.6; y Bloque cuatro: numerales 6.7. y 6.9. Asimismo, enfatizó que el numeral 6.8. no formaba parte de los bloques debido a que fue retirada del orden del día a petición de su proponente. Por lo tanto, sometió a consideración de la asamblea en votación económica la aprobación del formato de votación, el cual, fue aprobado por mayoría de votos.

Antes de iniciar con el desahogo de los bloques de opiniones, sometió a la aprobación de los presentes la propuesta de que, en un solo acto se dispensará la lectura de todas las opiniones que se encontraban listadas en el orden del día.

Propuesta que fue aprobada por mayoría de votos. En consecuencia, solicitó a la Secretaría consultar en votación económica si se dispensaba la lectura de todas las opiniones del orden del día considerando que, previamente habían sido distribuidas a las diputadas y diputados que integran la comisión.

La Secretaria diputada Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia, consultó sí se dispensaba la lectura de todas las opiniones en votación económica. Acto seguido informó a la Presidencia que se dispensaba la lectura de las opiniones por mayoría de votos.

En razón de lo anterior, la presidenta, Merilyn Gómez Pozos, solicitó a la Secretaría sometiese a discusión y aprobación las opiniones de las iniciativas del primer bloque que corresponden a las enlistadas en los numerales 6.1 y 6.2 del orden del día.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia sometió a discusión y votación las opiniones, y al no haber quien hiciera uso de la palabra, procedió a tomar la votación nominal, solicitando que se habilitara la aplicación remota de asistencia y votación hasta por cinco minutos, para capturar la votación de las diputadas y diputados, asimismo, hizo mención que, las diputadas y los diputados que quisieran votar de viva voz en su turno señalarán claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto.

Acto seguido informó a la Presidencia que se emitieron 41 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones,7 por lo tanto, mayoría de votos por la afirmativa.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que se habían aprobado las opiniones, mismas que se remitirían a las comisiones correspondientes, para continuar con su trámite legislativo.

Señaló que el segundo bloque de opiniones a desahogar se integraba por las iniciativas descritas en los numerales 6.3, 6.4 y 6.5 del orden del día, por lo tanto, solicitó a la Secretaría someter a discusión y aprobación las opiniones.

La Secretaria diputada Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia sometió a discusión y votación las opiniones, y al no haber quien hiciera uso de la palabra, procedió a tomar la votación nominal, solicitando que se habilitara la aplicación remota de asistencia y votación hasta por cinco minutos, para capturar la votación de las diputadas y diputados, asimismo, hizo mención de que las diputadas y los diputados que quisieran votar de viva voz en su turno señalarán claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto.

Acto seguido informó a la Presidencia que se emitieron 49 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones,8 por lo tanto, mayoría de votos por la afirmativa.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que se habían aprobado las opiniones, que se remitirían a las comisiones correspondientes, para continuar con su trámite legislativo.

Acto seguido, se continuó con el tercer bloque de opiniones el cual se integró por la opinión de la iniciativa descrita en el numeral 6.6 del orden del día, por lo tanto, solicitó a la Secretaría someter a discusión y aprobación la opinión.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano por instrucciones de la Presidencia sometió a discusión y votación la opinión, y al no haber quien hiciera uso de la palabra, procedió a tomar la votación nominal, solicitando que se habilitara la aplicación remota de asistencia y votación hasta por 5 minutos, para capturar la votación de las diputadas y diputados, asimismo, hizo mención que, las y los diputados que, quisieran votar de viva voz en su turno señalarán claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto.

Acto seguido informó a la Presidencia que se emitieron 44 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones,9 por lo tanto, mayoría de votos por la afirmativa.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos informó que se había aprobado la opinión, misma que se remitiría a la comisión correspondiente, para continuar con su trámite legislativo.

Informó que continuaba con el cuarto, y último, bloque de opiniones que se integraba por las iniciativas descritas en los numerales 6.7 y 6.9 del orden del día, por lo tanto, solicitó a la Secretaría someter a discusión y aprobación las opiniones.

La secretaria Katia Alejandra Castillo Lozano, por instrucciones de la Presidencia, sometió a discusión y votación las opiniones, y al no haber quien hiciera uso de la palabra, procedió a tomar la votación nominal, solicitando que se habilitara la aplicación remota de asistencia y votación hasta por 5 minutos, para capturar la votación de las diputadas y diputados, asimismo, hizo mención que, las diputadas y los diputados que, quisieran votar de viva voz en su turno señalarán claramente su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto.

Acto seguido informó a la Presidencia que se emitieron 38 votos a favor, 11 en contra y 0 abstenciones,10 por lo tanto, mayoría de votos por la afirmativa.

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que se habían aprobado las opiniones, mismas que se remitirían a las comisiones correspondientes, para continuar con su trámite legislativo.

7. Asuntos generales

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, indicó que el siguiente punto era asuntos generales, por lo que en uso de la voz informó que en la reunión de junta directiva celebrada previamente se dio cuenta de un oficio recibido el 8 de abril del presenta año, suscrito por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Trabajo y secretario de la Comisión, mediante el cual solicitó celebrar una reunión de trabajo el próximo 29 de abril a las 12:00 horas entre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Propuesta que fue aprobada en la junta directiva, con la salvedad de que el diputado Reginaldo Sandoval Flores la presidiera debido a que por circunstancias de agenda ella no podría estar presente.

Para dar curso a esta petición, la Presidenta diputada Merilyn Gómez Pozos la sometió en votación económica, misma que fue aprobada por la mayoría. Acto seguido concedió el uso de la voz al diputado Jaime Genaro López Vela del Grupo Parlamentario del Partido Morena quien solicito intervenir.

El diputado Jaime Genaro López Vela del Grupo Parlamentario del Partido Morena en su participación señaló que, “...quisiera referirme en particular a alguna de las propuestas que se presentó, la del 6.6.

El punto versa porque se adiciona el artículo 26, 27, perdón, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley General para la Creación del Instituto Nacional para la Igualdad y la Diversidad... quisiera hacer una precisión en el sentido de que justamente desde esta comisión estamos trabajando en un anexo transversal y que ya existe, de acuerdo con los lineamientos del gobierno federal una autoridad central...”

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos agradeció la precisión del diputado Jaime Genaro López Vela del Grupo Parlamentario del Partido Morena y consultó ¿si algún legislador o legisladora deseaba hacer uso de la voz? Al no haber quien hiciera uso de la palabra, paso al siguiente punto del orden del día que era la clausura.

8. Clausura

La presidenta, Merilyn Gómez Pozos, informó que desahogados los asuntos del orden del día, se levantaba la decimooctava reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, a las 11:35 horas del miércoles 22 de abril de 2026. Y citó para la próxima reunión que tendrá lugar el día 25 de mayo, a las 11:30 horas, en modalidad semipresencial.

Notas

1 El número de diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando legisladoras y legisladores.

2 El número de diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando legisladoras y legisladores.

3 El número de diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando legisladoras y legisladores.

4 El número de votos de las diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando, o en su caso retirando legisladoras y legisladores.

5 El número de votos de las diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando, o en su caso retirando legisladoras y legisladores.

6 El número de votos de las diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando, o en su caso retirando legisladoras y legisladores.

7 El número de votos de las diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando, o en su caso retirando legisladoras y legisladores.

8 El número de votos de las diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando, o en su caso retirando legisladoras y legisladores.

9 El número de votos de las diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando, o en su caso retirando legisladoras y legisladores.

10 El número de votos de las diputadas y diputados presentes difiere del cantado según la versión estenográfica, debido a que conforme se fue desarrollando la reunión se fueron incorporando, o en su caso retirando legisladoras y legisladores.

Votación del acta

Diputadas y diputados

A favor: Alejandra del Valle Ramírez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Amalia López de la Cruz, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Beatriz Andrea Navarro Pérez, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, César Agustín Hernández Pérez, Cindy Winkler Trujillo, Claudia Lisbeth Moreno Ramírez, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Daniel Andrade Zurutuza, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Diego Ángel Rodríguez Barroso, Eduardo Gaona Domínguez, Elena Edith Segura Trejo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Héctor Saúl Téllez Hernández, Jacobo Mendoza Ruiz, Leticia Farfán Vázquez, Luis Humberto Fernández Fuentes, Marco Antonio de la Mora Torreblanca, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María Soledad Luévano Cantú, Mario Alberto López Hernández, Merilyn Gómez Pozos, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Nadia Navarro Acevedo, Nancy Aracely Olguín Díaz, Óscar Bautista Villegas, Óscar Iván Brito Zapata, Paulo Gonzalo Martínez López, Pedro Mario Zenteno Santaella, Rafaela Vianey García Romero, Raúl Álvarez Villaseñor, Reginaldo Sandoval Flores, Silvia Patricia Jiménez Delgado, Sonia Rincón Chanona, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna.

Ausentes: Armando Tejeda Cid, Arturo Yáñez Cuéllar, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Flor de María Esponda Torres, Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, Jaime Genaro López Vela, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, José Alberto benavides Castañeda, María del Carmen Cabrera Lagunas, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Mario Zamora Gastélum, Yericó Abramo Masso.


Informes

De la diputada Mónica Álvarez Némer, referente a la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlatino –con participación telemática–, realizada el jueves 7 y el viernes 8 de mayo en Ciudad de Panamá, República de Panamá

1. Introducción

En el marco de la cuadragésima cuarta Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), celebrada en la sede permanente en Panamá los días 7 y 8 de mayo de 2026, se llevó a cabo un espacio de diálogo e intercambio entre representantes de diversos países de América Latina.

La participación en este encuentro tuvo como finalidad conocer avances, discutir propuestas legislativas y analizar estrategias regionales en materia de educación, innovación, desarrollo social y cooperación internacional, con miras a fortalecer la implementación de políticas públicas a nivel local.

2. Objetivo general

Fortalecer la visión y capacidades en materia de políticas públicas relacionadas con educación, innovación y desarrollo social, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas en un entorno de cooperación regional.

3. Objetivos específicos

• Analizar avances en iniciativas legislativas en materia educativa a nivel regional.

• Identificar modelos innovadores aplicables al contexto local.

• Generar vínculos institucionales con actores clave de América Latina.

• Conocer estrategias educativas orientadas al desarrollo social y emocional.

• Explorar oportunidades para impulsar agendas locales alineadas con tendencias internacionales.

4. Contenido del evento

4.1. Antecedentes

La reunión del Parlatino se enmarca en los esfuerzos regionales por fortalecer la cooperación entre países de América Latina en temas prioritarios como educación, ciencia, tecnología y desarrollo social, reconociendo su papel fundamental en la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del tejido social.

4.2. Actividades preparativas

Previo a la participación en el encuentro, se realizó la revisión de los temas a tratar en la agenda, así como el análisis del contexto regional en materia educativa y social, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad aplicables al ámbito local.

4.3. Desarrollo del programa

Durante los dos días de trabajo se abordaron diversos temas relevantes:

Instalación de la comisión

Se llevó a cabo la instalación formal de la Comisión, destacando la importancia de la coordinación interinstitucional entre áreas como seguridad, desarrollo social y educación.

Tema I: Recuento de las actividades en desarrollo de la comisión

Presentado por el diputado Miguel Enrique Charbonet, primer vicepresidente de la comisión, con el apoyo del licenciado Alfredo Jiménez Barros, Coordinador Técnico del Parlatino. Durante esta sesión se expusieron los avances y líneas de trabajo en curso, permitiendo identificar prioridades y áreas de oportunidad en la agenda regional.

Tema II: Avances de la Declaración por el Derecho a una Escuela Creativa

Presentado por la señora Marlene Zwieriewicz, doctora en Psicología por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) y doctora en Educación por la Universidad de Jaén (UJA), España, coordinadora adjunta de la Red Internacional de Escuelas Creativas (RIEC), con el apoyo de la doctora Verónica Violant, de la Universidad de Barcelona.

Se abordaron enfoques educativos centrados en la creatividad como elemento clave para el desarrollo integral, destacando su impacto en la innovación educativa.

Tema III: Gobiernos latinoamericanos entre la miseria y la opulencia: estrategia educativo/emprendedora

Presentado por el doctor Mario Javier Pacheco, doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Ciencias Políticas y magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía.

Se generó un debate general sobre la situación en los países representados, destacando las brechas sociales y la necesidad de implementar estrategias educativas vinculadas al emprendimiento como herramienta de desarrollo.

Visita guiada a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Se realizó una visita institucional para conocer modelos de vinculación entre educación superior, innovación tecnológica y desarrollo productivo, destacando buenas prácticas replicables.

Tema IV: Proyecto de Ley Modelo de Salud y Educación Emocional

Presentado por:

* Verónica Violant Holz, PhD in Psychology, M.Sc. in Clinical Psychology, profesora titular de la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona (UB), miembro representante de España del Comité del Hospital Organisation of Pedagogues in Europe y directora del Observatorio Internacional en Pedagogía Hospitalaria.

* Arnaldo Canales, doctor en pedagogía y educación, psicólogo de Saint Leo University, docente externo de la Universidad de Barcelona y especialista en desarrollo socioemocional, impulsor de la Ley de Educación Emocional en América Latina.

Se analizaron propuestas legislativas enfocadas en el bienestar emocional como componente esencial del proceso educativo.

Tema V: Una agenda regional de fomento de ciencia y tecnología

Por la doctora Lucía Nitsch-Velásquez, Ph.D. en Química, coordinadora de la Comisión de Química de la Red de Investigadores para el Desarrollo de las Ciencias Naturales en la Región SICA, investigadora-consultora de la Universidad da Vinci y de ONG­ Proyectos Educativos Regionales de Autoayuda.

Se discutió la importancia de fortalecer la inversión en ciencia y tecnología, así como la coordinación regional para impulsar el desarrollo sostenible.

Tema VI: Ley Modelo de Educación para el Desarrollo e Integración de América Latina y el Caribe

Presentado por el licenciado Alfredo Jiménez Barros, Coordinador Técnico del Parlatino, y la doctora Verónica Violant, Profesora titular y especialista de la Universidad de Barcelona.

Se presentó una propuesta orientada a consolidar la integración regional a través de la educación, promoviendo el desarrollo sostenible y la cooperación entre países.

4.4. Conclusiones y resultados

La participación en este encuentro permitió identificar la importancia de impulsar modelos educativos innovadores, integrales y alineados con las necesidades sociales y actuales de los países latinoamericanos.

Se destaca la relevancia de incorporar enfoques como la educación emocional, el impulso a la creatividad, así como el fortalecimiento de la ciencia y tecnología como pilares del desarrollo.

Asimismo, se reconoció la necesidad de adaptar estas experiencias al contexto local, considerando las particularidades sociales y económicas de cada territorio.

5. Recomendaciones

* Impulsar iniciativas locales que integren educación emocional y desarrollo comunitario.

* Promover espacios de vinculación entre gobierno, academia y sector productivo.

* Fomentar políticas públicas orientadas a la innovación y emprendimiento.

* Fortalecer estrategias que contribuyan a la reducción de desigualdades desde el ámbito educativo .

* Explorar la adopción de buenas prácticas internacionales en el contexto municipal.

6. Evaluación de resultados

La participación en la reunión resultó positiva al permitir ampliar la perspectiva sobre los retos y oportunidades en materia educativa y social en la región.

Los conocimientos adquiridos representan una base importante para el diseño de propuestas locales más integrales y alineadas con tendencias internacionales.

No obstante, se identifica como área de oportunidad fortalecer los mecanismos de seguimiento para traducir estos aprendizajes en acciones concretas que impacten directamente a los países y a la ciudadanía.

Atentamente

Diputada Mónica Álvarez Némer (rúbrica)

Del diputado Pedro Miguel Haces Barba, referente a la instalación de la Comisión Especial para el Seguimiento al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, llevada a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro

México fortalece posición rumbo a la revisión del T-MEC con la instalación de Comisión Especial en San Lázaro

Ciudad de México, 27 de mayo de 2026.

En un momento decisivo para el futuro económico de América del Norte, quedó formalmente instalada en la Cámara de Diputados la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC, órgano legislativo plural que acompañará institucionalmente los trabajos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la Secretaría de Economía, liderada por Marcelo Ebrard, rumbo al proceso de revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

La comisión quedó presidida por el diputado Pedro Haces Barba e integrada de manera plural por legisladoras y legisladores de distintas fuerzas políticas, refleja do la relevancia nacional y estratégica que representa el T-MEC para el presente y futuro económico del país.

Durante la instalación de los trabajos participaron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, legisladores federales, representantes diplomáticos de Canadá, organismos empresariales, cámaras binacionales y representantes de organismos parlamentarios internacionales como ParlAméricas.

En su intervención, Pedro Haces destacó que la revisión del T-MEC representa uno de los momentos más importantes para el futuro económico, industrial y laboral de la región y reiteró que la Comisión trabajará acompañando la posición institucional del Gobierno de México.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conducción de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado templanza, visión de Estado y altura de miras en un momento clave para la relación económica y política de América del Norte.”

De igual forma, destacó el papel del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, al frente de la negociación rumbo a la revisión del acuerdo comercial.

“Marcelo Ebrard es un hombre con una enorme experiencia y no podría estar en mejores manos esta negociación tan importante para el futuro económico de México y de América del Norte.”

Haces Barba señaló que el diálogo entre México, Estados Unidos y Canadá debe mantenerse desde una visión regional y de cooperación económica de largo plazo.

“México, Estados Unidos y Canadá comparten el mismo destino. Y si compartimos destino, también compartimos la responsabilidad.”

Durante el encuentro se destacó que América del Norte se mantiene como una de las regiones económicas más competitivas del planeta, con una economía conjunta superior a los 36.4 billones de dólares y cerca del 16 por ciento del comercio mundial.

Asimismo, se recordó que desde 2023 México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, alcanzando un intercambio bilateral superior a los 872 mil millones de dólares.

Haces Barba advirtió que el contexto internacional obliga a fortalecer la competitividad regional frente a los nuevos desafíos globales derivados del nearshoring, la relocalización industrial y las nuevas cadenas de suministro.

“Hoy las empresas ya no solamente buscan dónde producir más barato, sino dónde hacerlo de manera más segura, cercana y estratégica.”

Durante los trabajos también se subrayó la importancia de construir consensos institucionales y fortalecer el diálogo parlamentario entre los distintos sectores vinculados al desarrollo económico de la región.

La Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC buscará generar propuestas, análisis técnicos, diálogo con sectores productivos y acompañamiento legislativo para fortalecer la posición de México durante esta nueva etapa de revisión del tratado comercial.

“No tengo la menor duda de que es el momento de México. Pero también es el momento de Estados Unidos y de Canadá, porque América del Norte avanza un ida y no habrá región en el mundo que pueda competir con nosotros.”

La instalación de esta comisión ocurre en medio de una nueva etapa de diálogo económico regional y creciente interés internacional por Norteamérica derivado del nearshoring y la relocalización global de industrias.

Atentamente

Diputado Pedro Miguel Haces Barba (rúbrica)


Convocatorias

De la Comisión de Movilidad

A la decimoctava reunión de junta directiva, que –en modalidad semipresencial– tendrá verificativo el lunes 1 de junio, a las 9:30 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los documentos que se someterán a consideración y votación en la decimoséptima reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la convocatoria referente a la decimoséptima reunión ordinaria.

5. Votación de la diputada o diputado que desempeñará las funciones de secretaría durante la decimoséptima reunión ordinaria.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Patricia Mercado Castro

Presidenta

De la Comisión de Movilidad

A la decimoséptima reunión ordinaria, que se celebrará en modo semipresencial el lunes 1 de junio, a las 10:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la decimosexta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, en sentido positivo con modificaciones, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67, fracción XV, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en materia de gravamen a vehículos motorizados para la mitigación de los efectos del cambio climático.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, en sentido negativo, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en materia de estudios de evaluación de impacto en la movilidad y la seguridad vial.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, en sentido positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para impulsar programas de entrega gratuita de licencias para conducir permanentes, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen, en sentido positivo, concerniente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de armonización constitucional, presentada por el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

8. Asuntos generales.

9. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente

Diputada Patricia Mercado Castro

Presidenta

De la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

A la primera reunión extraordinaria, que de manera semipresencial se llevará a cabo el martes 2 de junio, a las 11:00 horas, en la sala Cirila Sánchez Mendoza, sita en el cuarto piso del edificio D.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día correspondiente a la primera reunión extraordinaria.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se norma el desarrollo de la comparecencia del licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

4. Clausura.

Atentamente

Diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez

Presidenta

De la Comisión de Gobernación y Población

A la decimoquinta reunión de junta directiva, que en modalidad semipresencial tendrá verificativo el martes 9 de junio, a las 11:30 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta referente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día correspondiente a la decimotercera reunión ordinaria de la Comisión.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo a los asuntos que se considera conveniente prorrogar en términos del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Graciela Ortiz González

Presidenta

De la Comisión de Gobernación y Población

A la decimotercera reunión ordinaria, que tendrá verificativo –en modalidad semipresencial– el martes 9 de junio, a las 12:00 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos:

4.1. Dictamen, en sentido positivo, referente a iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 22, 25 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de actualización.

4.2. Dictamen, en sentido positivo, relativo a iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el primer miércoles de marzo de cada año como “Día Nacional de la y el Optometrista”.

4.3. Dictamen, en sentido positivo, correspondiente a iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de noviembre de cada año como “Día Nacional de la y el Jornalero Agrícola”.

4.4. Dictamen por el que se desechan diversas iniciativas que declaran días nacionales, presentadas por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios.

4.5. Dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se declara el 2026 como año de Jaime Sabines.

4.6. Dictamen, en sentido positivo, concerniente a iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en materia de máquinas tragamonedas.

4.7. Dictamen, en sentido positivo, correspondiente a iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

4.8. Dictamen, en sentido positivo, relativo a iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en materia de nombramiento de docentes faltantes en las escuelas públicas).

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tercer informe semestral de actividades.

6. Asuntos generales.

6.1. Actualización del estado de los asuntos a cargo de la Comisión.

7. Clausura.

Atentamente

Diputada Graciela Ortiz González

Presidenta


Invitaciones

De la Comisión de Cambio Climático

Al lanzamiento del Programa de ESG y Sustentabilidad 2026, que se realizará el martes 2 de junio, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C, planta baja.

Programa

10:30-11:00 horas. Registro.

11:00-11:30 horas. Palabras de bienvenida:

• Diputada Alejandra Chedraui, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la honorable Cámara de Diputados.

• Miguel Chavarría, representante del Consejo SwissCham México y CEO de South Pole.

• Semarnat (TBC).

–Transmisión de video: Somos Universidad de St. Gallen.

11:30-12:15 horas. Panel: Aplicación de los criterios ESG.

Objetivo: Generar un diálogo multisectorial para compartir aplicaciones prácticas de los criterios ESG en las organizaciones. Se abordarán los beneficios de estas prácticas y la importancia de la capacitación continua para transformar entornos sostenibles.

Moderación: Miguel Gaspar, local division manager Motion Service en ABB y coordinador del Comité de ESG de SwissCham México.

–Panelistas:

• Jacobo Polaino. director general de Sika México.

• Erika María Hemández Real, enlace de Apoyo a la Cooperación Ambiental Internacional, Semarnat.

• Moisés Rodríguez, IT, QHSE, CSR & Maintenance Manager, SICPA México.

12:15- 12:30 horas. Próximos pasos Programa ESG y Sustentabilidad.

Fotografía Grupal

12:30 - 13:00 horas

Coffee break & networking.

– Fin del evento.

Atentamente

Diputada Alejandra Chedraui Peralta

Presidenta

De la Comisión de Defensa Nacional

En coordinación con El Colegio de la Frontera Norte, a la presentación del libro Empresario digital, la inteligencia artificial, emprendimientos y Mipyme. Estrategias con aprendizajes de Estados Unidos, Brasil y China, que tendrá lugar el jueves 4 de junio, a las 10:00 horas, en el auditorio sur del edificio A.

El libro, del cual son autores el doctor Alberto Villalobos Pacheco y el doctor José María Ramos García, fue publicado por Editorial Algoritmo 524, en 2026.

Atentamente

Diputado Luis Arturo Oliver Cen

Presidente

De la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia

Al foro Voces de la niñez: reflexiones y propuestas para sus derechos, que se celebrará el viernes 5 de junio, a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.

Programa

- 10:00-11:30 horas.

Registro y visita guiada

• Registro de asistentes.

• Recepción de niñas, niños, organizaciones de la sociedad civil, autoridades e invitados especiales.

• Inicio de la vista guiada por las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

• Explicación relativa al funcionamiento de la Cámara de Diputados y la importancia de la participación infantil en la vida democrática.

- 11:30-12:00 horas.

Traslado y acceso a la zona C del edificio G

• Acomodo de participantes.

• Revisión logística y técnica.

• Proyección de material audiovisual sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.

- 12:00-12:10 horas.

Mensaje inaugural

Bienvenida e inauguración por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

- 12:10-12:25 horas.

• Participación de organizaciones de la sociedad civil.

• Reflexiones sobre la importancia de escuchar las voces de niñas y niños.

• Perspectivas sobre participación infantil y derechos humanos.

- 12:25-13:35 horas.

Participación de niñas y niños

• Derecho a la educación.

• Derecho a la salud.

• Derecho a la identidad.

• Derecho a vivir libres de violencia.

• Derecho al juego, arte y cultura.

• Derecho a la igualdad y no discriminación.

• Protección contra el trabajo infantil y toda forma de abuso.

- 13:35-13:50 horas.

Participación de autoridades e invitados especiales

• Comentarios y mensajes institucionales.

• Reflexiones sobre políticas públicas y protección integral de la niñez.

- 13:50-14:00 horas.

• Clausura del foro.

• Mensaje de cierre.

• Agradecimiento a participantes, organizaciones y familias asistentes.

- 14:15 horas.

Fotografías oficiales

- En el frontispicio del Palacio Legislativo de San Lázaro.

- En el salón de sesiones del pleno.

Atentamente

Diputada Elizabeth Martínez Álvarez

Presidenta