Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Para nadie es un misterio que la muerte ronda las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. Las ciudades de paso de emigrantes latinos hacia el sueño americano, son testigos de seres humanos que mueren cruzando la frontera. Pero en una de estas ciudades no es necesario cruzar la frontera para que la sombra de la muerte persiga a los habitantes, y en especial a sus mujeres jóvenes. Este lugar es Ciudad Juárez.
Desde 1993 a la fecha, suman más de 400 las víctimas de los homicidios que se han perpetrado, y según el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 2003 existían más de cuatro mil reportes de mujeres desaparecidas. Estos hechos han provocado una preocupación creciente en la sociedad, tanto del estado como a nivel nacional.
La mayoría de estos homicidios se ajustan a un patrón. Son mujeres que han sido secuestradas, violadas y asesinadas, y cuyos cuerpos han sido tirados posteriormente en lotes baldíos. En un comienzo se trataba fundamentalmente de mujeres jóvenes, morenas, empleadas en la industria maquiladora, cuyo aspecto humilde sugería que pudieran ser algunas de las muchas migrantes que habían llegado a Ciudad Juárez para trabajar en su industria. Posteriormente, el patrón se amplió para incluir mujeres de diversas edades, algunas de ellas niñas o adolescentes, que se desempeñaban como camareras, estudiantes o mujeres que trabajaban en la economía informal.
El ambiente que ha rodeado a estos casos y la calidad de las investigaciones deja mucho que desear pues hasta el momento los culpables en buena parte no han sido capturados; los sujetos que se encuentran en proceso penal no se les han comprobado su participación en los asesinatos y algunos salieron libres, sin investigaciones previas. De igual forma no se ha podido demostrar la participación de los asesinos seriales o bandas organizadas.
Los crímenes han suscitado la atención mundial y la condena de organizaciones internacionales de justicia; las investigaciones y sus resultados confirman un alto grado de impunidad en los casos. Lo cierto es que estos crímenes se han dado en un clima de violencia social que pone como objetivo principal a las mujeres.
Es difícil e imposible ocultar el sufrimiento de las familias que han enfrentado estas tragedias. La necesidad de las mujeres juarences de salir a ganarse la vida las ha hecho vulnerables a pesar de las precauciones y medidas de seguridad tomadas, y en muchas ocasiones la ha convertido en víctimas de la violencia más absurda y han sido asesinadas.
Ante la búsqueda de respuestas, son numerosas las personas, grupos y organizaciones que se han movilizado para denunciar los hechos y/o brindar ayuda a los parientes de las víctimas. Ya que debemos destacar que los daños resultantes no sólo afectan a las víctimas, sino también a sus familias.
En el 2003, a 10 años de asesinatos de mujeres, se creo la Fundación Fidevida, Institución de Beneficencia Privada, un fideicomiso de apoyo a los familiares directos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión (2000-2003) creo la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Esta Comisión Especial contaba con cinco Subcomisiones, una de ellas era la Subcomisión para la Atención a Familiares Directos de las víctimas, integrada por la Diputadas María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Hortensia Aragón Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Hortensia Enríquez Ortega, y los Diputados José Tomás Lozano Pardiñas, Manuel Arturo Narváez Narváez y David Rodríguez Torres.
En el seno de esta Subcomisión se creó el 27 de enero del 2003 la Fundación Fidevida la cual tiene como objetivo principal apoyar en el sostenimiento total o parcial de los afectados directos o dependientes económicos, de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta la actualidad o el momento que determine el Consejo Técnico.
Fidevida pretende que tanto los ascendientes como los descendientes directos que dependían de las víctimas y aquellas otras personas que determine el Consejo Técnico, cuenten con un apoyo educativo, psicológico y jurídico en los términos que determine el Consejo Técnico. Dicho apoyo se dará previo estudio de cada caso y con la aprobación del Comité Técnico.
Básicamente son tres las áreas en las que la Fundación apoya y ayuda a los familiares de las víctimas:
Brinda apoyo con becas completas a las hijas, hijos, hermanos o hermanas de las víctimas, en las que se incluyen: uniformes, zapatos, tenis, material escolar, inscripciones y colegiaturas.
Da apoyo con medicamentos, consultas médicas, atención odontológica y visual a hijas, hijos, padres, madres y hermanas (os) de las víctimas.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Fundación es el ingeniero Bernardo Escudero Ortega, ex presidente de la Asociación de Maquiladoras.
Primera vocal: Astrid González Dávila (Barra
de Abogados de Ciudad Juárez).
Segundo vocal: Licenciada Zulema Bolívar García
(Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez).
Tercer vocal: Monseñor Mariano Mosqueda Delgadillo
(Cáritas de Ciudad Juárez, AC).
La Fundación recibió de la Comisión Especial, perteneciente a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de un estudio realizado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; una lista de 90 casos de los denominados "casos seriados", correspondientes a las mujeres que fueron víctimas en el municipio de Ciudad Juárez desde el periodo de 1993 hasta el 2003. Actualmente la Fundación atiende a 52 niñas y niños menores de 18 años que son las hijas, hijos, hermanas y hermanos que dependían económicamente de las mujeres asesinadas. De los 90 casos 32 eran de osamentas no identificadas, 29 no contaban con toda la información2 y 29 casos fueron localizados por Trabajo Social de la Fundación.
Fidevida tomó estos 29 casos localizados pero además incorporó otros 11 casos más recientes, 7 no seriados más 4 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, atendiendo un total de 40 casos. Son 52 niñas y niños que atiende actualmente la fundación y 33 madres de las víctimas.
A través de la petición de la Comisión Especial para el seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez de la LVIII Legislatura, el 17 de febrero del 2003, la Cámara de Diputados donó un millón de pesos deducibles de impuestos a la Fundación Fidevida. Con el objetivo de que esta Fundación pueda seguir prestando ayuda a los familiares de las mujeres asesinadas, el Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados autorice un donativo de un millón de pesos para la Fundación Fidevida, Institución de Beneficencia Privada, con el objetivo de que ésta continué apoyando a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Notas:
1. Ingeniero Bernardo Escudera Ortega (Asociación
de Maquiladoras de Ciudad Juárez, AC, AMAC); licenciado Daniel Treviño
Frías (Asociación Municipal de Padres de Familia de Ciudad
Juárez); licenciado Salvador Urbina Quiroz (Barra y Colegio de Abogados
de Ciudad Juárez, AC); ingeniero Ricardo Alberto Ramírez
Vela (Universidad Regional del Norte); Monseñor Mariano Mosqueda
Delgadillo (Cáritas de Ciudad Juárez, AC); doctor Felipe
Fornelli Lafon (Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez);
licenciado Daniel García Coello (Rector Universidad Regional del
Norte); ingeniero Ricardo Escamilla Pruneda (Universidad Regional del Norte);
licenciado Jesús Alfredo Delgado Muñoz (Presidente Municipal
de Ciudad Juárez); licenciado Álvaro Navarro Garate (Representante
del C. Gobernador en Ciudad Juárez); Astrid González Dávila
(Barra de Abogados de Ciudad Juárez); licenciada Zulema Bolívar
García (Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez).
2. Cambiaron de domicilio, declinaron recibir cualquier
ayuda, etcétera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica),
coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador;
Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro
Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica),
Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica),
María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo
(rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix
Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio
Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc
Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica),
Raúl Piña Horta (rúbrica).