Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación audite a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, con base en los siguientes

Antecedentes

Por acuerdo del procurador general de la República, el pasado 27 de enero de 2004, fue creada la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, para investigar y perseguir los delitos relacionados con homicidios de mujeres en dicho municipio, siendo designada como titular de esta fiscalía la licenciada María López Urbina.

En el mismo acuerdo, publicado en el DOF el 30 de enero de 2004, se establecen como competencias de la citada fiscalía, las siguientes:

A la anterior cantidad, debemos sumar los cinco millones de pesos que aportó el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, gobernador constitucional del estado de Chihuahua.

Y para el año 2005, esta honorable Cámara autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación la cantidad de 31 millones de pesos.

Sin embargo, a un año de creada esta fiscalía, que esperábamos rindiera valiosos resultados considerando que contó con el apoyo del Gobierno Federal y del Gobierno del estado de Chihuahua, así como con los recursos financieros y humanos, hace unos días conocimos el último informe de la fiscal María López Urbina, que no solo ha decepcionado a las madres de decenas de mujeres asesinadas, ha decepcionado a la sociedad chihuahuense porque en su informe de 10 minutos dejó en claro, que sus resultados han sido erróneos y que no ha llevado, ni pretende llevar a los verdaderos culpables a la justicia; a pesar de las recientes condenas, no hay sospechosos, no hay culpables y no hay detenidos.

María López Urbina llegó a su puesto diciendo que su principal objetivo era estudiar los 279 expedientes que obran en poder de la Procuraduría General de la República, de un total de 323 reportados por las autoridades del estado de Chihuahua, hasta el día 12 de enero del año 2005 y hay que actuar en consecuencia de acuerdo a las competencias de agente del Ministerio Público que le fueron conferidas. Para ello, creó un banco de información de ADN y un registro de víctimas, pero hasta ahora sólo han analizado 26 casos, de los cuales no se tiene ningún resultado ni indicio de sospechosos.

Cabe destacar, que la Procuraduría General de la República asignó recursos adicionales para que se siguiera investigando un problema que, a nivel nacional e internacional, se está agudizando, y a pesar de que se han asignado estos recursos adicionales, no hemos podido observar ningún resultado.

La fiscal designada, María López Urbina, lejos de esclarecer tan deplorables hechos, se ha mostrado como una funcionaria prepotente e ineficaz, haciendo que una instancia pública de la que todos los ciudadanos esperábamos respeto, dignidad, resultados y justicia a la memoria de las decenas de víctimas, se haya convertido ahora en una instancia carente de confianza, innecesaria y derrochadora de los recursos públicos, por lo que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto, somete a la consideración de ésta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La H. Cámara de Diputados instruye a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar una completa auditoría a las áreas y funcionarios responsables de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, febrero 10 de 2005.

Diputado: Omar Bazán Flores (rúbrica)