Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7136-III-2, miércoles 30 de septiembre de 2026
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a desarrollar, ampliar, modernizar y actualizar la infraestructura hidráulica de las colonias populares de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a fin de garantizar de manera efectiva el derecho humano al agua en los hogares, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua es un derecho humano. Pero para una familia ese derecho no se materializa únicamente porque exista agua disponible en alguna parte de la ciudad, porque eventualmente llegue una pipa o porque formalmente exista una tubería cercana.
El derecho al agua debe sentirse dentro de la casa.
Debe significar que una madre pueda abrir la llave de la tarja para preparar los alimentos; que una familia pueda utilizar adecuadamente el baño; que niñas, niños y adultos puedan bañarse en la regadera y realizar las actividades básicas de higiene que cualquier hogar necesita.
En diversas colonias populares de Cabo San Lucas, entre ellas sectores de Fuentes de Bellavista, Valle de Gastélum, Chamizal y Caribe Bajo , etc. El crecimiento urbano y poblacional ha avanzado a una velocidad mayor que el desarrollo de parte de la infraestructura pública.
En materia hidráulica, existen zonas que cuentan con redes y sistemas de abastecimiento, pero también persisten necesidades de ampliación, rehabilitación, almacenamiento, rebombeo, sectorización y fortalecimiento de la capacidad de distribución.
Por ello, el reto no debe limitarse a administrar la escasez mediante tandeos, pipas o tinacos.
Es necesario avanzar hacia una solución estructural:
Construir la infraestructura necesaria para llevar el agua hasta cada hogar.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Asimismo, la Ley General de Aguas establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios deben participar coordinadamente en la garantía de este derecho, y señala que los municipios deben considerar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento como derechos humanos de atención prioritaria.
Por tanto, resulta necesario desarrollar una política de infraestructura hidráulica que atienda el crecimiento presente y futuro de las colonias populares de Cabo San Lucas.
No solamente debemos preguntarnos cuánta agua existe.
Debemos preguntarnos:
¿Tenemos la infraestructura suficiente para llevar esa agua hasta la cocina, el baño y la regadera de cada familia?
Para lograrlo se requiere revisar integralmente:
• las líneas de conducción;
• las redes primarias y secundarias;
• el diámetro y capacidad de las tuberías;
• los tanques de almacenamiento;
• los cárcamos y sistemas de rebombeo;
• la sectorización hidráulica;
• la presión disponible;
• las tomas domiciliarias;
• las fugas y pérdidas físicas;
• y la infraestructura de drenaje y saneamiento.
Las colonias que han experimentado mayor crecimiento requieren que las inversiones públicas alcancen finalmente el ritmo de crecimiento de su población.
Las pipas pueden ser necesarias ante una emergencia o mientras se desarrolla infraestructura, pero no pueden constituirse en la solución permanente para garantizar un derecho humano .
El objetivo debe ser que progresivamente cada vivienda cuente con una conexión segura y funcional a una red hidráulica capaz de proporcionar agua suficiente para las necesidades personales y domésticas.
El desarrollo urbano debe venir acompañado del desarrollo de infraestructura.
Y cuando durante años las viviendas crecieron más rápido que las redes públicas, corresponde ahora cerrar esa brecha.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Baja California Sur, al H. XV Ayuntamiento de Los Cabos y al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos , para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, elaboren un diagnóstico integral de la infraestructura hidráulica de las colonias populares de Cabo San Lucas , particularmente en Fuentes de Bellavista, Valle de Gastélum, Chamizal, Caribe Bajo y demás zonas que presenten rezagos similares, identificando cobertura de la red, capacidad, presión, almacenamiento, rebombeo, tomas domiciliarias, drenaje y necesidades de ampliación.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades señaladas para que, con base en dicho diagnóstico, diseñen e implementen un Programa Integral de Desarrollo, Ampliación, Modernización y Actualización de la Red Hidráulica de las Colonias Populares de Cabo San Lucas , que contemple las obras de conducción, almacenamiento, distribución, rebombeo, sectorización, tomas domiciliarias, drenaje y saneamiento necesarias para garantizar progresivamente el acceso efectivo al agua dentro de los hogares.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Baja California Sur y al Ayuntamiento de Los Cabos para que establezcan un esquema de coordinación e inversión concurrente que permita incorporar dichas obras a los programas y presupuestos de infraestructura hidráulica, priorizando aquellas colonias con mayor rezago, crecimiento poblacional y dificultades de acceso al agua.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes a establecer como objetivo prioritario que las familias de las colonias populares de Cabo San Lucas cuenten progresivamente con infraestructura hidráulica domiciliaria suficiente para disponer de agua para alimentación, higiene y saneamiento dentro de sus viviendas , reduciendo la dependencia permanente de pipas y otros mecanismos extraordinarios de abastecimiento, en cumplimiento del derecho humano al agua reconocido por la Constitución y la Ley General de Aguas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de septiembre de 2026
Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y a diversas autoridades de Baja California Sur a realizar, de manera coordinada, un diagnóstico, inspección y programa de atención a la infraestructura eléctrica que represente riesgos para la población en colonias populares de Cabo San Lucas, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes
Consideraciones
Baja California Sur, y particularmente el municipio de Los Cabos, ha experimentado durante las últimas décadas un acelerado crecimiento urbano y poblacional que ha generado importantes retos para la planeación, ampliación y prestación de servicios públicos e infraestructura básica.
En Cabo San Lucas existen diversas colonias populares que se encuentran en procesos de consolidación urbana y, en algunos casos, de regularización, cuyo crecimiento poblacional no necesariamente ha sido acompañado al mismo ritmo por la ampliación, modernización y ordenamiento de la infraestructura eléctrica.
Entre estas zonas se encuentran sectores de Fuentes de Bellavista, Valle de Gastélum, Chamizal y Caribe Bajo, entre otras comunidades que presentan características semejantes.
El crecimiento de estas colonias ha incrementado progresivamente la demanda de energía eléctrica y, con ello, la utilización de postes, transformadores, acometidas, medidores y demás infraestructura necesaria para suministrar el servicio a miles de familias.
Sin embargo, vecinos de distintas zonas han expresado preocupación por la presencia de postes que concentran una gran cantidad de cables, acometidas e instalaciones; medidores y componentes eléctricos expuestos; conexiones que requieren revisión técnica; así como infraestructura que pudiera resultar insuficiente frente al crecimiento experimentado por estas comunidades.
Estas condiciones requieren atención desde una perspectiva preventiva.
No se trata únicamente de garantizar que exista suministro eléctrico, sino de asegurar que la infraestructura mediante la cual se presta dicho servicio reúna las condiciones de seguridad, capacidad, ordenamiento y mantenimiento necesarias para proteger la vida y el patrimonio de las personas.
La Comisión Federal de Electricidad, a través de sus áreas responsables de distribución, tiene entre sus objetivos garantizar la eficiencia, continuidad, calidad y seguridad del servicio público de distribución de energía eléctrica, así como realizar la planeación, ampliación, modernización, operación y mantenimiento de las Redes Generales de Distribución.
Por ello, el crecimiento poblacional de estas colonias hace necesario determinar técnicamente si la infraestructura actualmente instalada cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda existente y futura, así como identificar elementos que puedan representar un riesgo.
La problemática adquiere todavía mayor importancia debido a las características climatológicas de Baja California Sur.
Cada año, la entidad se encuentra expuesta a lluvias intensas, tormentas tropicales, huracanes y fuertes vientos que pueden incrementar considerablemente los riesgos asociados con postes, transformadores, cableado eléctrico o instalaciones deterioradas, sobrecargadas o expuestas.
En materia de protección civil, la prevención debe constituir la primera línea de defensa.
La Gestión Integral de Riesgos contempla la identificación de peligros y vulnerabilidades, el análisis de posibles afectaciones, la revisión de medidas de control y la implementación de acciones para prevenir y reducir riesgos.
Existen antecedentes de coordinación entre Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad en Baja California Sur. Autoridades estatales han realizado conjuntamente inspecciones de infraestructura de alta tensión en zonas habitacionales de Los Cabos para analizar riesgos y establecer estrategias preventivas.
Por tanto, es viable y necesario establecer una estrategia semejante en las colonias populares de Cabo San Lucas donde la infraestructura eléctrica pudiera representar un riesgo para la población.
Particular atención requiere la saturación de postes.
En numerosos puntos pueden coexistir infraestructura eléctrica y cableado correspondiente a servicios de telecomunicaciones. La concentración desordenada o excesiva de instalaciones puede dificultar labores de mantenimiento, aumentar riesgos y generar obstáculos para la intervención de personal especializado durante una emergencia.
La propia normatividad técnica de CFE contempla requerimientos para el uso de postes por parte de empresas de telecomunicaciones, precisamente con el objetivo de preservar condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.
En consecuencia, resulta indispensable realizar un diagnóstico físico y técnico integral, colonia por colonia, que permita determinar:
1. Las condiciones estructurales de postes y soportes de la red eléctrica.
2. La capacidad y estado operativo de los transformadores existentes.
3. La presencia de infraestructura eléctrica deteriorada, expuesta o potencialmente peligrosa.
4. La condición de acometidas y medidores ubicados en espacios públicos o zonas de tránsito peatonal.
5. La existencia de postes con concentración excesiva o desordenada de cableado.
6. La identificación de cableado eléctrico y de telecomunicaciones que se encuentre fuera de norma, en desuso o que represente peligro.
7. Las necesidades de ampliación, sustitución o modernización de la infraestructura de distribución.
8. Los puntos con mayor vulnerabilidad durante lluvias, inundaciones, ciclones tropicales o fuertes vientos.
9. Las condiciones que puedan representar riesgo de descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.
10. Las necesidades futuras de infraestructura considerando el crecimiento poblacional de estas comunidades.
Este diagnóstico deberá realizarse bajo criterios eminentemente preventivos y de protección a la población, evitando que la condición jurídica de un asentamiento se convierta en un obstáculo para identificar y corregir situaciones que representen un peligro inmediato para la vida o integridad de sus habitantes.
Regularizar la tenencia de la tierra constituye un procedimiento distinto de garantizar condiciones mínimas de seguridad para las familias que ya habitan estas comunidades.
Una persona no debe encontrarse expuesta a una descarga eléctrica, incendio o accidente simplemente porque la colonia en la que vive atraviesa un proceso de consolidación o regularización.
Por ello, las acciones de las autoridades deben estar orientadas fundamentalmente a prevenir accidentes y proteger vidas.
Asimismo, debe establecerse un mecanismo de coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil estatal, Protección Civil municipal, el Ayuntamiento de Los Cabos y, cuando corresponda, las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones que utilizan infraestructura instalada en postes.
La finalidad debe ser clara: identificar riesgos, corregirlos y posteriormente modernizar la infraestructura donde técnicamente sea necesario.
No debemos esperar a que ocurra un incendio, una descarga eléctrica o una tragedia para intervenir.
La prevención es precisamente la esencia de la protección civil.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, a través de las áreas responsables de distribución en Baja California Sur, para que, en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes, realice una inspección técnica integral de la infraestructura eléctrica instalada en las colonias populares Fuentes de Bellavista, Valle de Gastélum, Chamizal y Caribe Bajo, así como en otras zonas de Cabo San Lucas que presenten condiciones semejantes, con la finalidad de identificar infraestructura deteriorada, saturada, expuesta, insuficiente o que represente algún riesgo para la población.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que, con base en los resultados del diagnóstico señalado en el resolutivo anterior, valore e implemente un programa de mantenimiento, sustitución, ampliación, modernización y reforzamiento de la infraestructura eléctrica que resulte necesario, priorizando aquellos puntos donde exista riesgo para la vida, integridad o patrimonio de las personas.
Tercero . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Baja California Sur y a la Dirección Municipal de Protección Civil de Los Cabos para que realicen recorridos e inspecciones coordinadas con la Comisión Federal de Electricidad en dichas colonias, elaboren un mapa de riesgos eléctricos e identifiquen los puntos que requieran intervención prioritaria, particularmente ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, para que, en coordinación con las autoridades competentes, establezca una estrategia integral de prevención y atención de riesgos vinculados con infraestructura eléctrica en colonias populares en proceso de consolidación y regularización urbana.
Quinto . La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades señaladas para que establezcan un mecanismo de recepción y seguimiento de reportes ciudadanos mediante el cual las familias puedan señalar postes, transformadores, cables, medidores o instalaciones eléctricas que consideren peligrosas y conozcan el estado que guarda su atención.
Sexto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para que las acciones de inspección y prevención de riesgos se realicen independientemente del estado que guarden los procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, cuando exista una condición que pueda poner en riesgo inmediato la vida o integridad de las personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2026
Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SADER y a la SHCP a reconocer el sobrecosto logístico que enfrentan los productores de trigo panificable de Baja California Sur; revisar la base mínima de referencia para su comercialización, y establecer mecanismos de compensación que garanticen la rentabilidad de la actividad, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Baja California Sur enfrenta condiciones económicas y productivas distintas a las de prácticamente cualquier otra entidad del país.
Su condición geográfica peninsular, las grandes distancias entre sus centros productivos y de consumo, la dependencia del transporte marítimo y terrestre para movilizar insumos y mercancías y la extensión de la carretera Transpeninsular provocan que producir alimentos en nuestra entidad tenga costos extraordinarios.
Esta situación no es responsabilidad de nuestros productores.
Es una desventaja estructural derivada de nuestra geografía, que debe ser reconocida dentro de las políticas agropecuarias nacionales.
Esta problemática se observa claramente en la producción de trigo panificable del Valle de Santo Domingo, una de las regiones agrícolas más importantes de Baja California Sur.
El punto de acuerdo promovido en el Congreso del Estado de Baja California Sur señala que en esta región se cultivan más de cuatro mil hectáreas de trigo y se producen más de veinte mil toneladas por ciclo, generando empleo, derrama económica y actividad productiva para las familias del municipio de Comondú.
Sin embargo, los productores enfrentan simultáneamente incrementos en fertilizantes, semillas, combustibles, financiamiento y costos de movilización.
A ello debemos agregar una circunstancia particular: buena parte de los insumos utilizados en Baja California Sur deben ingresar desde el macizo continental mediante transporte marítimo o recorrer grandes distancias terrestres.
El documento presentado ante el Congreso estatal señala precisamente que la movilización puede requerir ferries y transporte a través de los 1,711 kilómetros de la Carretera Federal Transpeninsular No. 1, además de la logística local para llevar los insumos hasta las zonas productivas.
La diferencia que hoy enfrentan nuestros productores, para el ciclo otoño-invierno 2025-2026, la documentación referida por el Congreso de Baja California Sur señala una base mínima de 56 dólares estadounidenses por tonelada para los productores sudcalifornianos.
Las organizaciones de productores del Valle de Santo Domingo consideran que dicha cantidad resulta insuficiente frente al costo real de movilización y han planteado elevarla a aproximadamente 120 dólares por tonelada para el ciclo otoño-invierno 2026-2027.
La solicitud merece ser atendida.
Sin embargo, desde la Cámara de Diputados debemos ir más allá, no se trata únicamente de establecer administrativamente una cantidad.
Se requiere determinar cuánto cuesta realmente producir y comercializar una tonelada de trigo desde Baja California Sur, y qué proporción de ese costo adicional proviene directamente de nuestra condición geográfica.
Por ello resulta indispensable que la Secretaría de Agricultura realice, conjuntamente con los productores, un estudio técnico actualizado de costos de producción y comercialización del trigo panificable del Valle de Santo Domingo, incorporando al menos:
• fertilizantes, semillas, energía y combustibles; transporte marítimo y terrestre; almacenamiento y maniobras; financiamiento y seguros; rendimiento promedio por hectárea; distancia a centros de consumo o transformación, y el diferencial logístico respecto de otras regiones productoras del país.
Con esta información será posible determinar técnicamente la compensación necesaria para garantizar condiciones razonables de rentabilidad.
Existe además un antecedente federal inmediato
El Gobierno federal ya reconoce la necesidad de intervenir para proteger la comercialización del trigo.
El 17 de agosto de 2026, Agricultura publicó la mecánica operativa de un incentivo para la comercialización del trigo panificable correspondiente al ciclo otoño-invierno 2025-2026.
El programa contempla $1,800 pesos por tonelada y comprende expresamente a productores de Baja California Sur, junto con otras doce entidades.
Esto constituye un reconocimiento importante del problema nacional de rentabilidad.
Pero Baja California Sur presenta una característica adicional:
Nuestro Costo Logístico Estructural
Un apoyo nacional uniforme puede atender parcialmente la caída en rentabilidad del trigo, pero no necesariamente compensa la diferencia que implica producir desde una península cuya economía depende fuertemente del traslado marítimo y terrestre.
Por eso proponemos avanzar hacia un esquema diferenciado.
Compensación Logística Agropecuaria para Baja California Sur
La problemática del trigo evidencia una situación que afecta a prácticamente todo nuestro sector primario.
El productor sudcaliforniano paga más para introducir los insumos necesarios para producir y posteriormente vuelve a enfrentar mayores costos para movilizar o comercializar su producción.
Por ello proponemos que Agricultura y Hacienda analicen la viabilidad de establecer una:
Compensación Logística Agropecuaria para Baja California Sur
No sería un subsidio arbitrario, sería un mecanismo determinado mediante criterios técnicos que permita compensar una parte de los costos extraordinarios directamente atribuibles a nuestra condición geográfica.
El trigo panificable podría convertirse en el primer cultivo piloto para evaluar este mecanismo. Posteriormente podría analizarse su aplicación, conforme a disponibilidad presupuestaria y estudios técnicos, a otras actividades agropecuarias estratégicas de Baja California Sur.
PEF 2027: De las Palabras al Presupuesto
Esta Cámara tiene una herramienta fundamental.
El artículo 74, fracción IV, de nuestra Constitución otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto presentado por el Ejecutivo.
Por ello, esta discusión debe trasladarse al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
No basta con reconocer que nuestros productores enfrentan mayores costos.
Debemos construir los instrumentos presupuestarios que permitan corregir esas desigualdades.
La seguridad alimentaria nacional también se construye garantizando que quienes producen nuestros alimentos puedan vivir dignamente de su trabajo.
Cuando producir una tonelada cuesta más de lo que el productor puede recuperar, no solamente pierde una familia del campo.
• Pierde la comunidad.
• Pierde la economía regional.
• Y eventualmente pierde México capacidad productiva.
Por ello debemos actuar antes de que nuestros productores abandonen sus cultivos.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que instale, a la brevedad, una Mesa Técnica para la Comercialización del Trigo Panificable de Baja California Sur, con la participación de productores del Valle de Santo Domingo, autoridades estatales, representantes de la industria, especialistas y legisladores federales, con el objeto de revisar las condiciones de comercialización correspondientes al ciclo otoño-invierno 2026-2027.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con las instancias competentes, realice un estudio técnico actualizado de los costos de producción, transporte y comercialización del trigo panificable producido en Baja California Sur, que permita determinar objetivamente el diferencial logístico que enfrentan los productores de la entidad y valorar la solicitud del sector de establecer una base mínima de referencia equivalente a 120 dólares estadounidenses por tonelada para el ciclo otoño-invierno 2026-2027.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que informe públicamente, respecto del incentivo de $1,800 pesos por tonelada de trigo panificable correspondiente al ciclo otoño-invierno 2025-2026, el número de productores beneficiarios en Baja California Sur, superficie registrada, volumen susceptible de apoyo, monto destinado a la entidad, avance de los pagos y, en su caso, solicitudes pendientes. El incentivo federal vigente comprende expresamente a Baja California Sur.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Hacienda y Crédito Público para que analicen técnica, jurídica y presupuestariamente la creación de un mecanismo de Compensación Logística Agropecuaria para Baja California Sur, destinado a reconocer los costos extraordinarios derivados de la condición geográfica peninsular, el transporte marítimo y terrestre y las grandes distancias que enfrentan los productores para adquirir insumos y comercializar sus productos.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para atender la problemática de los productores de trigo panificable de Baja California Sur, particularmente los sobrecostos de producción, transportación, logística y comercialización derivados de las condiciones geográficas de la entidad, así como fortalecer la rentabilidad y permanencia de esta actividad productiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2026
Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular del Poder Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de Economía Circular, a cargo del diputado Homero Niño de Rivera Vela, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito Homero Niño de Rivera Vela, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El modelo vigente de manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), -basado en la recolección y disposición en rellenos sanitarios en que se desaprovechan aquellos susceptibles de reincorporarse al sistema productivo, disminuyen la demanda y explotación de nuevos recursos, continúa siendo un desafío de la agenda pública medio ambiental.
II. De acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR) 2026, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,1 se confirma que en nuestro país:
La generación per cápita de RSU es de 1.076 kg/hab/día.
La generación total de residuos en el país se estima en 139,902 t/día, considerando la suma de los residuos domésticos y no domésticos.
La generación de residuos domésticos alcanzó un valor promedio de 0.746 kg/hab/día, mientras que la generación de residuos no domésticos se estimó en 0.330 kg/hab/día.2
III. Respecto a la generación per cápita por entidad federativa, el DBGIR 2026, revela que Zacatecas, Oaxaca y Chiapas generan residuos menores al kilogramo diario, mientras que la Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes y Quintana Roo, los residuos por persona superan el 1.1. kilogramo por día.3
IV. Con base en la nueva segmentación por regiones del DBGIR 2026,4 puede sostenerse que, en nuestro país, la mayor generación per cápita se presenta en la Región Centro; sin embargo, la generación diaria de residuos es la segunda más alta. La generación por persona más baja corresponde a la Región Oriente; sin embargo, la generación diaria de residuos es la más alta del país.
La nueva división mencionada revela la influencia del tamaño poblacional y la dinámica urbana en la generación total de residuos, más allá del indicador per cápita, lo que permite identificar prioridades diferenciadas para la gestión en cada región.
V. Aunado a lo anterior, la crisis climática que enfrentamos ante la presencia frecuente de eventos hidrometeorológicos intensos y prolongados como lluvias, huracanes, incendios forestales, sequías y las fases opuestas del ciclo natural del clima conocidos como El Niño - La Niña5 , demanda la implementación de un sinnúmero de acciones de mitigación para reducir las causas que lo generan -uso de combustibles fósiles, las emisiones de gases efecto invernadero a partir del modelo lineal de producción- y de estrategias de adaptación para frenar sus efectos -cambio climático, reducir la vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos y aumentar la resiliencia de los sistemas naturales y humanos.
VI. En este marco, adquiere relevancia precisar que el nueve de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad el Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular (LGEC) y, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).6
Legislación marco mediante la cual el Estado mexicano, reconoció formalmente la necesidad de cuidar y conservar el medio ambiente a través de políticas y mecanismos para incrementar la vida útil de los productos, minimizar, recuperar, aprovechar y valorar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
VII. El 10 de diciembre de 2025, el Senado de la República, como cámara revisora, aprobó por unanimidad la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la LGEC y, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGEEPA y de la LGPGIR.7
VIII. El 19 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Economía Circular8 que establece en su régimen transitorio, un periodo de ciento ochenta días naturales a su entrada en vigor para expedir los reglamentos en la materia y el Programa Nacional de Economía Circular correspondiente, en los siguientes términos:
Segundo. El Ejecutivo federal, dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedir el o los reglamentos de la Ley General de Economía Circular.
Las autoridades competentes de la Administración Pública Federal iniciarán el procedimiento administrativo para modificar y adecuar las normas oficiales mexicanas existentes, así como el procedimiento administrativo para la creación y expedición de las normas oficiales mexicanas que se requieran, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Para la implementación de esta disposición transitoria debe seguirse lo establecido en la fracción III del artículo 6 de esta Ley.
IX. Como parte del proceso de formulación para la expedición de las disposiciones reglamentarias antes mencionadas, el 15 de abril del presente año, se realizó el foro “México Circular 2026, Aportaciones para la Reglamentación de la Ley General de Economía Circular”, organizado por la Comisión Especial de Economía Circular y Desarrollo Empresarial del Senado de la República, en el que se aprobó el documento técnico que contiene diversas propuestas y consideraciones estratégicas, resultado del trabajo conjunto con la Comisión de Economía del Senado de la República y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y, de más de un centenar de especialistas, orientadas a traducir los principios de la ley en recomendaciones completas sobre certeza jurídica, simplificación administrativa, gradualidad para las MiPymes, responsabilidad extendida del productor, incentivos económicos, y la inclusión social de recicladores de base, entre otras.9
X. Pese al avance descrito, el plazo para expedir el o los reglamentos de la Ley General de Economía Circular, feneció el pasado 20 de julio de 2026, lo que constituye una omisión reglamentaria por parte del Ejecutivo Federal y el incumplimiento del artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
XI. Como parte del efecto inmediato de la omisión reglamentaria, se encuentra el impedimento legal para iniciar el proceso de elaboración del instrumento de política pública más importante en la materia, en términos del artículo tercero transitorio de la LGEC:
Tercero. El Programa Nacional de Economía Circular se publicará en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales , contados a partir de la publicación del Reglamento de la presente Ley . En la identificación de sectores productivos y categorías de productos del Programa 2026-2030 deben incluirse aquellos correspondientes al plástico que, en términos de los procedimientos de la Ley de Planeación, determine la Secretaría.
XII. De acuerdo con el artículo 18 de la LGEC, el Programa Nacional de Economía Circular, es el instrumento de planeación, que integra, coordina e impulsa políticas públicas, subprogramas, proyectos y actividades, bajo los criterios y principios de Economía Circular, con el fin de alcanzar objetivos de protección ambiental, la implementación de mecanismos que sean ambiental, técnica y económicamente viables para la promoción del desarrollo de la Economía Circular. Adicionalmente, el Programa Nacional debe alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales, en términos de la Ley de Planeación.
XIII. Adicionalmente, se subraya que a nivel internacional el Estado mexicano, ha asumido diversos compromisos en materia climática a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de París,10 de manera específica en materia de la Contribución Nacional Determinada (NDC), por sus siglas en inglés tratándose de la actualización 3.0 de México, la economía circular se reconoce como parte de los temas prioritarios para impulsar el desarrollo económico regional y descentralizado y de igual forma, la necesidad de fortalecer la implementación de medidas orientadas hacia una economía circular, con el objetivo de limitar la generación de residuos, reintegrarlos a las cadenas de valor en los distintos sectores económicos y promover su gestión integral y promover políticas e infraestructura que impulsen la transición hacia la economía circular para reducir la presión sobre los recursos naturales, mejorar la gestión de los residuos, evitar la contaminación y crear oportunidades económicas, con la participación de los diferentes sectores sociales, productivos y los tres órdenes de gobierno.11
Finalmente, como diputado federal por Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estoy convencido que ante el desafío medioambiental que enfrentamos, resulta indispensable que la persona titular del Poder Ejecutivo federal expida el Reglamento de la Ley General de Economía Circular para avanzar hacia la transición efectiva de un modelo de desarrollo sustentable y socialmente incluyente, que contribuya a ralentizar los puntos de no-retorno en la alteración de los ciclos de la naturaleza ocasionados por el consumo de recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en el marco de sus atribuciones y de lo previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, expida el Reglamento de la Ley General de Economía Circular.
Notas:
1. Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2026, pp. 29, 31 y 34. https://www.gob.mx/semarnat/documentos/diagnostico-basico-para-la-ge stion-integral-de-los-residuos-dbgir-2026 (fecha de consulta: 20 de agosto de 2026).
2. Idem, p. 34.
3. Idem , p. 35
4. La Regionalización, es la nueva clasificación del DBGIR 2026, que agrupa por tamaño de población y las dinámicas urbanas y de conurbación, que permite un análisis más representativo y combinado de los patrones de población, generación de residuos y las condiciones de prestación de los servicios de manejo. De esta manera, se identifican zonas metropolitanas, metrópoli municipal y zona conurbada como una agrupación de la población por su funcionalidad y el flujo. DBGIR, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2026, p. 26.
5. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño y La Niña son fases opuestas de un patrón climático de origen natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El Niño se caracteriza por temperaturas inusualmente cálidas de las aguas superficiales de las zonas central y oriental del Pacífico. Fueron los marineros y los pescadores de la región los que, al constatar que una corriente cálida provocaba una reducción de las capturas por lo general en fechas cercanas a Navidad, decidieron bautizar este fenómeno como El Niño en alusión al niño Jesús. En cambio, un episodio de La Niña se caracteriza por temperaturas inusualmente frías de la superficie del océano en la misma región y por una intensificación de los vientos en superficie predominantes que se desplazan del este al oeste. Este fenómeno altera las temperaturas de las zonas central y oriental del Pacífico ecuatorial y, al mismo tiempo, conlleva cambios en la atmósfera situada sobre sus aguas. El fenómeno ENOS puede presentar dos fases opuestas: una cálida, conocida como El Niño, y una fría, conocida como La Niña. Entre estas dos fases puede darse también un tercer estado cuyas condiciones son neutras respecto al ENOS. Por lo general, un episodio de El Niño puede durar hasta 18 meses, y uno de La Niña, hasta tres años. https://wmo.int/es/topics/el-nino-la-nina (fecha de consulta: 20 de agosto de 2026).
6. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Aprobado en lo general y en lo particular con 460 votos a favor, 09 de diciembre de 2025. https://gaceta.diputados.gob.mx/ (fecha de consulta: 21 de agosto de 2026).
7. Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Votación nominal de urgente resolución, en lo general y en lo particular con 112 votos a favor, 10 de diciembre de 2025. https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/155873(fecha de consulta: 21 de agosto de 2026).
8. 19/01/2026 Edición matutina. https://dof.gob.mx/index_113.php?year=2026&month=01&day=19#g sc.tab=0 (fecha de consulta: 21 de agosto de 2026).
9. “Destacan avances para la construcción del Reglamento de la Ley General de Economía Circular”, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República, LXVI Legislatura, 08 de julio de 2026. https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/156 92-destacan-avances-para-la-construccion-del-reglamento-de-la-ley-gener al-de-economia-circular (fecha de consulta: 21 de agosto de 2026).
10. México suscribió el Acuerdo de París el 22 abril 2016; aprobado por el Senado el 14 septiembre 2016; publicación en el DOF, el 17 de septiembre de 2016; Vinculación o ratificación de México, el 21 septiembre 2016; en vigor a nivel internacional el 4 de noviembre de 2016 y publicado en el DOF, el 4 de noviembre de 2016. https://cja.sre.gob.mx/tratadosmexico/tratados/ (fecha de consulta: 21 de agosto de 2026).
11. Actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional 3.0 de México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la opinión del Consejo de Cambio Climático y la aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, pp. 20, 22 y 58. https://unfccc.int/sites/default/files/2025-11/NDC%203.0%20Me%CC%81x ico_spanish.pdf (fecha de consulta: 21de agosto de 2026).
Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 30 de septiembre de 2026.
Diputado Homero Niño de Rivera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales a realizar acciones conjuntas con el gobierno de Jalisco para constituir un fideicomiso público que garantice el financiamiento del Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el área metropolitana de Guadalajara, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua constituye uno de los elementos fundamentales para la existencia y el desarrollo de las ciudades. Su disponibilidad no solo es indispensable para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino que también determina, en buena medida, las condiciones de salud pública, bienestar social, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental de los espacios urbanos. Una ciudad sin acceso suficiente y seguro al agua enfrenta dificultades que trascienden el ámbito de los servicios públicos y pueden comprometer su propio desarrollo.
El agua es escasa y las fuentes están lejos de las ciudades. El agua desempeña un papel vital en la salud pública, el crecimiento económico y la sostenibilidad del medio ambiente, pero solo alrededor del 0.01 por ciento del agua de la tierra es potable, cantidad que se reduce año tras año debido a la contaminación.1
El incremento de la población y la expansión de las ciudades generan una demanda creciente de recursos hídricos, mientras que la disponibilidad de agua puede verse limitada por la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de ríos y cuerpos de agua, la pérdida de zonas de recarga y los efectos del cambio climático. Esta situación obliga a replantear la manera en que las ciudades obtienen, distribuyen, utilizan, tratan y reutilizan el agua.
Además, la gestión del agua está estrechamente vinculada con la justicia social. Los problemas de escasez o de deficiencias en la infraestructura hidráulica no afectan necesariamente de la misma manera a todos los sectores de una ciudad. Las comunidades con menores recursos pueden enfrentar mayores dificultades para acceder de manera continua y segura al agua, lo que convierte su gestión en un asunto relacionado también con la igualdad y la reducción de las desigualdades urbanas.
El desarrollo de nuevas zonas habitacionales, industriales y comerciales debe considerar la disponibilidad real del recurso y la capacidad de los sistemas de abastecimiento, drenaje y tratamiento. Una ciudad sostenible no puede crecer indefinidamente sin considerar los límites naturales de las cuencas que la abastecen.
Por ello, construir ciudades resilientes y sostenibles implica necesariamente aprender a valorar el agua, proteger sus fuentes y utilizarla de manera responsable. La forma en que una sociedad administra este recurso refleja, en buena medida, su capacidad para planear su futuro.
Por ello, es necesario que en torno a las áreas metropolitanas existan programas y proyectos que ordenen, proyecten y ejecuten estrategias que garanticen el derecho humano al agua por parte de los ciudadanos.
Desde hace varios meses, estalló en el área metropolitana de Guadalajara una grave crisis del agua, que ha sido evidenciada en diferentes colonias y diferentes municipios respecto a la calidad del vital líquido. Así lo han denunciado Instituciones como el ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente) quienes mediante análisis en 42 muestras recolectadas de diferentes colonias concluyeron que el agua no cumple con los niveles de cloración, lo que la deja expuesta a la contaminación microbiológica. Entre los contaminantes detectados por la institución se encuentran la presencia de metales pesados e inclusive microorganismos de origen fecal, por lo que el tema no es menor. La situación es ya insostenible por la vulnerabilidad salubre en la que coloca a los ciudadanos del área metropolitana.
Mucho puede reclamarse, y el deslinde de responsabilidades es un ejercicio que siempre deberá realizarse por el bien de la transparencia y el castigo del ejercicio o la omisión de la responsabilidad pública; sin embargo, entre los dimes y diretes de quienes gobiernan en lo local y quienes gobiernan en lo federal, echándose la culpa de a quién verdaderamente compete el tema, quedan aplastados los ciudadanos y su grave problema sin resolver.
Por eso es que si bien, no es nuestra pretensión que este sea un instrumento más de buscar culpas, sí lo es señalar que existe una responsabilidad compartida de ambas instancias, y que de la misma manera la solución se encuentra bajo las mismas condiciones.
Reconocemos que hoy exista lo que el Gobierno del Estado de Jalisco ha planteado como diagnóstico y que en ese mismo tenor se ponga sobre la mesa una solución. Pero sabedores de que la solución no encontrará eco sin la participación compartida de ambos niveles de gobierno, la finalidad del presente acuerdo es encontrar los cómo sí se puede, el cómo se dejan las justificaciones y se encuentran las soluciones para las miles de familias que hoy reciben agua sucia.
Si logramos acercar las visiones para concretar las soluciones a quienes tienen la capacidad de hacerlo; por un lado el Gobierno del Estado y los municipios, quienes plantean una solución a través de un plan, que enfatizamos, deberá estar avalado por expertos y técnicos que validen soluciones técnicamente viables y no ocurrencias, y por el otro, el Gobierno federal y su mayoría en la Cámara de Diputados en quienes recae la posibilidad de aprobar la presente iniciativa, si las instancias tienen la visión de dejar a un lado sus diferencias y responsabilizarse por su parte de la solución, el resultado será que los únicos beneficiados, tras meses de incertidumbre, serán quienes verdaderamente se le deben explicaciones y respuestas, las y los ciudadanos de Jalisco.
Ahora bien, en Jalisco, se creó el Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), que es una estrategia del Gobierno de Jalisco para modernizar la red hidráulica, solucionar el problema del agua turbia y garantizar la seguridad hídrica a corto, mediano y largo plazo.
Este Plan Estratégico establece 14 acciones dirigidas a limpiar el suministro público, 8 proyectos de saneamiento, para el tratamiento de aguas residuales; otras 6 obras destinadas a la resiliencia urbana para contener las inundaciones en las vías públicas durante las lluvias; y 4 proyectos mayores para asegurar el flujo y distribución del líquido.2
El Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el AMG tiene como objetivo diseñar una estrategia integral para revertir la situación crítica de la seguridad hídrica en el Área Metropolitana de Guadalajara mediante la definición y priorización de un conjunto de intervenciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Para ello, integra una cartera de 32 proyectos orientados a fortalecer el abastecimiento de agua potable, la potabilización, la conducción y distribución, el saneamiento, la infraestructura pluvial, la eficiencia operativa y la resiliencia del sistema hídrico metropolitano. Como parte de su sustento técnico, el Plan incorpora anexos integrados por fichas técnicas de los 32 proyectos.3
Sin embargo, resulta preocupante y necesario garantizar el adecuado financiamiento del Plan, para poder obtener los resultados deseados.
Consideramos que un fideicomiso público es una de las herramientas jurídicas y financieras más eficaces en México para gestionar proyectos de infraestructura a gran escala. Este mecanismo garantiza la transparencia, la plurianualidad de los recursos y la protección de los fondos frente a cambios de administración política, blindando el presupuesto destinado a obras hídricas complejas (como colectores, plantas de tratamiento, macroductos y fuentes de abastecimiento).
Existen antecedentes como el Fideicomiso 1928 constituido por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México y que tiene la finalidad de apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México. Mismo que se instauró mediante Decreto Presidencial del 24 de noviembre de 2004 y estableció el otorgamiento de estímulos fiscales a los prestadores de servicios de ambas entidades, en materia de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, siendo alguna parte de ellos pagados a través de la Comisión Nacional del Agua.4
En el caso de la AMG, dada su importancia y necesidades, consideramos necesario que exista participación federal en el financiamiento del Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua.
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) refiera a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, como responsable de las obras en materia de infraestructura hidráulica que son de gran calado.
El artículo 108 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que las obras públicas de infraestructura hidráulica o los bienes necesarios para su construcción u operación se podrán destinar a fideicomisos, establecidos en instituciones de crédito, para que, a través de la administración y operaciones sobre el uso o aprovechamiento de dichas obras, se facilite la recuperación de la inversión efectuada.
Las inversiones públicas en obras hidráulicas federales se recuperarán en la forma y términos que señala la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica, mediante el establecimiento de cuotas de autosuficiencia que deberán cubrir las personas beneficiadas en forma directa del uso, aprovechamiento o explotación de dichas obras.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), como institución de banca de desarrollo, tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
Entre sus facultades el propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado.
Esta obra tan importante, debe de ser soportada por los tres órdenes de gobierno: la Federación, el gobierno estatal y los gobiernos municipales involucrados.
Por lo anterior, consideramos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Comisión Nacional del Agua, por parte del Gobierno federal, deben realizar acciones conjuntas con el Gobierno del estado de Jalisco, más los diez municipios que conforman la AMG (de Guadalajara; Zapopan; San Pedro Tlaquepaque; Tonalá; Tlajomulco de Zúñiga; El Salto; Juanacatlán; Ixtlahuacán de los Membrillos; Zapotlanejo, y Acatlán de Juárez), para constituir un fideicomiso público para garantizar el financiamiento del Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.
Por lo anterior, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y a la Comisión Nacional del Agua, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del estado de Jalisco, y con los gobiernos municipales de Guadalajara; Zapopan; San Pedro Tlaquepaque; Tonalá; Tlajomulco de Zúñiga; El Salto; Juanacatlán; Ixtlahuacán de los Membrillos; Zapotlanejo, y Acatlán de Juárez, para constituir un fideicomiso público para garantizar el financiamiento del Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara.
Notas:
1. Véase: https://onu-habitat.org/index.php/comprender-las-dimensiones-del-proble ma-del-agua?fb_consultado el 22 de septiembre de 2026.
2. Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2026/07/17/plan-hidrico-de-jali sco-de-que-va-el-proyecto-por-el-problema-del-agua-turbia-en-guadalajar a/Consultado el 22 de septiembre de 2026.
3. Véase: https://planintegraldelagua.jalisco.gob.mx/Consultado el 22 de septiembre de 2026.
4. Véase: https://app.conagua.gob.mx/protecciondatospersonales/Contenido.aspx?n1=11&n2=215&n3=456&n4=456
Consultado el 22 de septiembre de
2026.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2026.
Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)
Con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, a cargo de la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Grupo Parlamentario del PAN
El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 45/106 designó el 1 de octubre “Día Internacional de las Personas de Edad”
Hoy reconocemos la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo humano y económico de nuestros pueblos.
Se estima que para el año 2050 en México existan 32 millones de personas mayores de 60 años, los adultos mayores son la raíz que sostiene nuestro presente, son quienes con su esfuerzo, dedicación y sabiduría han construido las bases de nuestras familias, comunidades y del país que hoy disfrutamos.
Sus experiencias nos enseñan que la vida es un camino de aprendizajes, que cada paso y cada reto nos hace más fuertes y que el amor y la solidaridad son la herencia más valiosa que podemos recibir.
En México, la figura del adulto mayor representa respeto, tradición y memoria, en cada historia que nos comparten está guardado un pedazo de nuestra cultura, por eso reconocerlos no es solo un gesto de gratitud es también un acto de justicia.
Este día es una oportunidad para recordar que el envejecimiento no debe ser visto como una etapa de limitaciones, sino como una etapa de plenitud, donde las personas merecen gozar de dignidad, cuidados, inclusión y cariño.
Lamentablemente el gobierno abandonó la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores y las cambio por transferencias económicas dejando sin instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ha sido durante estos ocho años desmantelado asfixiando su presupuesto como lo mencioné en noviembre de 2025 en el posicionamiento que realicé a nombre del Partido Acción Nacional con motivo de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026.
Hoy el INAPAM, opera sin presupuesto dejando de ser una Institución Pública que garantice los derechos de las personas adultas mayores en México, y no lo digo yo, así se pronunció la directora de operaciones y políticas públicas de dicho Instituto, las carencias van desde rehabilitación a los inmuebles hasta la falta de insumos para atender a más adultos mayores en abandono.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que los Estados parte de este instrumento proveerán de instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral, lo cual este gobierno ha incumplido con este compromiso convencional.
Desde la Cámara de Diputados, tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestros adultos mayores vivan rodeados de respeto y acompañados en todo momento, empoderándolos es nuestra misión.
Empoderar a las personas mayores es el reto, no seamos indiferentes, no apartemos la mirada de la vejez, hoy es el presente de algunos, pero mañana será el destino de todos, honrémosla porque en ella se esconde el puerto al que un día también llegaremos.
Que este día nos inspire a todos a fortalecer los lazos con nuestros mayores, a escucharlos con atención, a cuidarlos con amor y a valorar cada instante a su lado.
Ellos nos han dado todo, ahora nos toca a nosotros corresponderles, esta celebración es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso como sociedad, promover y garantizar el pleno cumplimiento de sus derechos y libertades fundamentales a las personas de edad avanzada.
A todos los Grupos Parlamentarios les convoco para que en la discusión del Presupuesto de Egresos de este año se atienda a las necesidades presupuestales del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, entregar una pensión no contributiva es un derecho fundamental, pero una política integral de envejecimiento también requiere alimentación, cuidados, protección jurídica, atención gerontológica y espacios dignos
Desde Acción Nacional les decimos a nuestros adultos mayores, gracias por ser ejemplo, por su entrega y por recordarnos que la vida se vive con amor, paciencia y optimismo.
Es cuanto
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2026
Diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (rúbrica)