Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7135-II-3, martes 29 de septiembre de 2026

Iniciativas

Que reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, en materia de comercialización ilegal de animales, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María Leonor Noyola Cervantes , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, en materia de comercialización ilegal de animales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección de los animales en México atraviesa una transformación jurídica de fondo. Durante décadas, buena parte del ordenamiento jurídico mexicano abordó a los animales principalmente desde perspectivas sanitarias, ambientales, productivas, patrimoniales o administrativas. Sin embargo, el desarrollo científico, social y jurídico ha modificado progresivamente esta concepción.

Los animales son seres capaces de experimentar dolor, sufrimiento, miedo, estrés y otras experiencias físicas y conductuales, por lo que su protección no puede reducirse exclusivamente a la consideración de éstos como bienes susceptibles de apropiación o intercambio.

Esta transformación alcanzó rango constitucional con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024, mediante la cual se reformaron, entre otros, los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal.

El nuevo parámetro constitucional obliga al Estado mexicano a desarrollar instrumentos jurídicos eficaces para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las conductas que afecten el bienestar animal.

Dentro de esas conductas existe una problemática que requiere una respuesta penal específica: la comercialización ilegal de animales. La venta clandestina de animales no constituye únicamente una irregularidad administrativa.

Cuando una persona captura, reproduce, adquiere, transporta, mantiene, ofrece o vende animales fuera de los mecanismos de autorización, registro, identificación, trazabilidad o control establecidos por la legislación aplicable, se genera un mercado que puede producir graves consecuencias para el bienestar de los ejemplares, la salud pública, la biodiversidad y la propia seguridad de los consumidores.

El problema se ha agravado por la utilización de medios digitales. Las redes sociales, plataformas de anuncios y servicios de mensajería permiten que una operación que anteriormente requería un establecimiento físico pueda realizarse desde un teléfono celular, con identidades difíciles de verificar y sin que el comprador tenga certeza sobre el origen, estado sanitario o condiciones de vida del animal.

La clandestinidad de estas operaciones también dificulta la actuación de las autoridades. El vendedor puede publicar fotografías, establecer un precio, recibir pagos y acordar la entrega del animal sin contar con establecimiento autorizado, registro, documentación de procedencia o controles veterinarios.

De esta manera, la tecnología ha reducido considerablemente los costos de entrada a este mercado ilícito y ha ampliado su alcance.

La respuesta jurídica, por tanto, no puede permanecer limitada a los mercados físicos. La legislación debe reconocer que la oferta y comercialización ilegal realizada mediante medios electrónicos constituye exactamente el mismo fenómeno ilícito que aquella realizada físicamente. La diferencia se encuentra únicamente en el medio utilizado.

La reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024 constituye un punto de inflexión en el sistema jurídico mexicano. El Estado mexicano asumió expresamente obligaciones relacionadas con la protección, cuidado, conservación y trato adecuado de los animales.

Esto implica que el legislador ordinario debe avanzar de una protección meramente declarativa hacia mecanismos efectivos de prevención y sanción. La obligación constitucional no se satisface únicamente mediante campañas de concientización o sanciones administrativas.

Cuando determinadas conductas generan mercados ilícitos, lucro sistemático y afectaciones relevantes al bienestar animal, el derecho penal puede y debe intervenir bajo los principios de legalidad, taxatividad, proporcionalidad y mínima intervención.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido recientemente la importancia jurídica del bienestar animal. En 2025, la Segunda Sala sostuvo que, a partir de la reforma constitucional de diciembre de 2024, las autoridades federales están vinculadas a garantizar la efectividad de la protección y bienestar animal.

Asimismo, tribunales federales han señalado que el análisis de las conductas que afectan a los animales debe realizarse desde una perspectiva sensible al bienestar animal, considerando factores fisiológicos, conductuales y psicológicos.

Estos criterios resultan particularmente relevantes para la presente iniciativa. La comercialización ilegal no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva patrimonial de quien compra o vende.

Debe analizarse también desde el impacto que la actividad genera sobre el propio animal.

La comercialización clandestina puede involucrar distintas etapas:

• reproducción sin controles;

• separación prematura de las crías;

• confinamiento inadecuado;

• falta de atención veterinaria;

• transporte en condiciones deficientes;

• ocultamiento de enfermedades;

• falsificación o ausencia de documentación;

• captura de ejemplares silvestres;

• explotación reproductiva intensiva;

• abandono de animales no vendidos;

• y sacrificio o eliminación de ejemplares considerados comercialmente improductivos.

Por ello, la venta ilegal no debe contemplarse únicamente como una operación económica irregular. En determinados casos constituye el último eslabón de una cadena de explotación.

La investigación científica ha demostrado que el comercio ilegal puede organizarse mediante redes de productores, intermediarios, transportistas, vendedores y compradores.

En México, un estudio publicado en People and Nature , elaborado por investigadores vinculados con la Universidad de las Américas Puebla, la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, analizó el comercio de fauna mediante redes sociales. El estudio encontró que Facebook era una de las principales plataformas utilizadas y que diversos participantes conocían incluso que ciertas operaciones eran ilegales, pero percibían un bajo riesgo de investigación y sanción.

Este hallazgo resulta fundamental desde la perspectiva criminológica. Una norma que existe, pero cuya aplicación se percibe como improbable pierde capacidad preventiva. El objetivo de esta iniciativa es precisamente modificar esa percepción.

La dimensión digital del problema no es hipotética.

Una investigación publicada en Global Ecology and Conservation examinó durante un año grupos de redes sociales utilizados para comercializar fauna silvestre en cuatro entidades federativas mexicanas: Estado de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

Los investigadores identificaron 175 publicaciones que ofrecían 392 ejemplares pertenecientes a 90 especies, con un valor estimado de aproximadamente 683 mil 967 dólares estadounidenses.

La investigación concluyó que las redes sociales funcionan como verdaderos mercados virtuales para el comercio ilegal de biodiversidad.

Otro estudio, publicado en 2025 en Animal Conservation , identificó 713 publicaciones relacionadas con el comercio de jaguares y otros felinos silvestres en México, vinculadas con 157 usuarios y 60 ubicaciones. Los investigadores estimaron que el comercio en línea de partes de estos felinos pudo representar aproximadamente 2 millones de dólares durante un periodo de diez años.

Estos estudios demuestran que el problema tiene una dimensión económica y tecnológica que requiere una respuesta jurídica proporcional.

El fenómeno tampoco es exclusivo de México.

Investigaciones realizadas por especialistas vinculados con Newcastle University han documentado la transformación del comercio de cachorros en el Reino Unido hacia plataformas digitales.

Un estudio analizó 17 mil 389 anuncios individuales de perros publicados durante un periodo de dos años y encontró que el mercado digital presenta problemas de anonimato, trazabilidad y supervisión, además de riesgos para el bienestar de los animales.

Una revisión publicada por Cambridge University Press también ha señalado que el mercado de cachorros en línea evolucionó hacia un modelo caracterizado por anonimato, baja trazabilidad y una lógica eminentemente comercial.

La conclusión es relevante para México: la ausencia de controles sobre la venta digital puede convertir a internet en un mecanismo de expansión del comercio ilegal.

1. Reino Unido

El modelo británico constituye un referente relevante.

En Inglaterra, la venta comercial de animales de compañía requiere una licencia.

El régimen alcanza incluso las operaciones realizadas desde domicilios particulares y mediante internet. La autoridad considera como indicadores de actividad comercial la compra de animales con intención de revenderlos, la publicación reiterada de anuncios, la venta de grandes cantidades y la utilización sistemática de diferentes plataformas.

El sistema también exige condiciones de alojamiento, alimentación, atención veterinaria, registros e información al comprador.

La experiencia británica demuestra que la actividad comercial de animales debe estar sujeta a identificación, trazabilidad y control.

2. España

España ha adoptado un régimen particularmente estricto.

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que la venta de perros, gatos y hurones únicamente puede realizarse directamente desde una persona criadora registrada y sin intermediarios.

Asimismo, exige contrato escrito de compraventa, identificación previa, información al comprador, comunicación de la operación al registro correspondiente y condiciones mínimas de edad y salud.

Este modelo demuestra que la trazabilidad debe acompañar al animal durante toda la operación comercial.

3. Francia

Francia también ha desarrollado mecanismos estrictos para limitar la comercialización irregular.

Su legislación establece restricciones a la cesión y venta de animales de compañía en determinados espacios públicos y somete las actividades comerciales de venta a requisitos de inscripción y cumplimiento de condiciones sanitarias y de protección animal.

En 2026, además, Francia reforzó las sanciones aplicables a establecimientos de venta irregular de perros y gatos.

4. Lección para México

Los modelos internacionales coinciden en cuatro elementos:

• primero, identificación del vendedor;

• segundo, trazabilidad del animal;

• tercero, supervisión de la actividad comercial;

• cuarto, sanciones suficientemente disuasorias.

México necesita fortalecer esos cuatro elementos. La presente iniciativa se concentra en el cuarto.

Actualmente, el artículo 419 Bis del Código Penal Federal establece una pena de seis meses a cinco años de prisión y de doscientos a dos mil días multa para diversas conductas relacionadas con peleas de perros.

El problema es que dicho precepto no constituye un tipo penal general de comercialización ilegal de animales.

Por otro lado, el artículo 420 contempla diversas hipótesis relacionadas con tráfico y comercio ilícito de fauna silvestre, especialmente especies sujetas a determinados regímenes de protección.

Existe, por tanto, un espacio normativo que debe atenderse. La presente iniciativa busca cubrirlo mediante una modificación de un solo artículo del Código Penal Federal.

El derecho penal no debe utilizarse para sancionar cualquier irregularidad administrativa.

Esta iniciativa no pretende criminalizar:

• la tenencia responsable;

• la adopción;

• la donación lícita;

• la reproducción ocasional realizada conforme a la legislación;

• la crianza autorizada;

• la actividad de establecimientos legalmente autorizados;

• ni las actividades pecuarias, productivas o comerciales lícitas sujetas a regulación específica.

El objeto es distinto:

sancionar a quien deliberadamente participe en una operación comercial de animales sin cumplir las condiciones legales que permiten su comercialización.

La intervención penal se justifica cuando concurren tres elementos:

1. Una conducta comercial

Debe existir venta, oferta, promoción, intermediación, adquisición para reventa o transporte con finalidad comercial.

2. La ausencia de autorización o cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles.

La conducta debe encontrarse fuera del marco jurídico.

3. Dolo

La persona debe conocer que está realizando la operación sin contar con la autorización, registro, licencia o documentación exigible. Con ello se evita una criminalización desproporcionada.

Una reforma penal debe describir con precisión la conducta prohibida. Por ello, la propuesta no utiliza expresiones genéricas como “venta indebida” o “venta irresponsable”.

Se emplean verbos rectores concretos:

• vender;

• comercializar;

• ofertar;

• anunciar;

• promover;

• intermediar;

• transportar;

• adquirir para reventa.

Esto permite identificar objetivamente la conducta sancionada.

Asimismo, se incorpora expresamente la utilización de medios electrónicos, plataformas digitales, redes sociales y sistemas de mensajería, evitando que la evolución tecnológica vuelva obsoleta la norma.

La iniciativa considera particularmente relevante el lucro. Una persona que realiza una operación aislada no se encuentra en la misma situación jurídica que quien convierte la comercialización clandestina de animales en una actividad económica habitual.

Por ello, se propone una pena elevada para la conducta básica y una agravación cuando exista habitualidad, lucro, participación de intermediarios o utilización sistemática de medios digitales.

La finalidad es atacar el incentivo económico que sostiene el mercado. Si vender animales ilegalmente resulta rentable y el riesgo de sanción es bajo, el mercado continuará existiendo. La política criminal debe modificar esa relación costo-beneficio.

La venta ilegal también puede producir riesgos sanitarios. La ausencia de controles veterinarios favorece la circulación de animales enfermos, parasitados o sin tratamientos preventivos.

El problema adquiere especial relevancia cuando existe contacto directo con personas, otros animales domésticos o fauna silvestre. Por ello, combatir el comercio ilegal también constituye una medida de prevención sanitaria. No se trata únicamente de proteger al animal individualmente considerado.

Se protege también:

• la salud pública;

• la sanidad animal;

• la biodiversidad;

• la seguridad de los consumidores;

• y la trazabilidad de las poblaciones animales.

La evolución jurisprudencial mexicana permite sostener que el bienestar animal posee relevancia jurídica propia.

La Suprema Corte ha señalado que la protección de los animales no puede reducirse exclusivamente a la protección ambiental, pues existen animales que viven bajo control humano con fines de compañía, producción, investigación o asistencia.

Asimismo, criterios recientes han reconocido la necesidad de analizar las afectaciones desde una perspectiva sensible al bienestar animal, incluyendo sufrimientos fisiológicos, psicológicos y conductuales que no necesariamente son visibles de manera inmediata.

Esto resulta especialmente importante en los mercados clandestinos. Un animal puede estar vivo y, sin embargo, encontrarse sometido a condiciones incompatibles con su bienestar.

Por ello, la protección jurídica no debe depender de que el animal muera o presente una lesión visible.

La propuesta establece una pena de cuatro a diez años de prisión. La finalidad no es imponer una pena desproporcionada.

La finalidad es reconocer que la comercialización ilegal realizada como actividad económica organizada constituye una conducta de mayor gravedad que una simple infracción administrativa.

La pena propuesta debe cumplir una función:

• preventiva, disuasoria y sancionadora.

Además, la pena deberá individualizarse judicialmente conforme a las circunstancias concretas del caso, de acuerdo con los principios constitucionales que rigen el derecho penal.

Debe precisarse que la expresión “delito grave” utilizada en el debate legislativo y social no significa, por sí sola, que el imputado quede automáticamente sujeto a prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva se rige por las reglas constitucionales y procesales correspondientes.

Esta precisión fortalece la constitucionalidad de la propuesta y evita atribuir a la reforma consecuencias procesales que no le corresponden directamente.

La reforma no pretende sustituir las disposiciones existentes sobre fauna silvestre.

El artículo 420 del Código Penal Federal seguirá regulando las conductas específicas relacionadas con especies de fauna silvestre protegidas y demás supuestos que actualmente contempla.

La nueva disposición funcionaría como una herramienta adicional para combatir la comercialización ilegal de animales en los supuestos que sean competencia federal.

De esta manera, se evita una derogación o sustitución innecesaria del régimen especial de protección de especies.

La reforma tendría cinco efectos principales:

1. Efecto preventivo

Elevaría el costo jurídico de participar en mercados clandestinos.

2. Efecto disuasorio

Reduciría el incentivo económico derivado de la percepción de que la venta ilegal constituye únicamente una infracción administrativa.

3. Efecto tecnológico

Permitirá perseguir la comercialización realizada mediante plataformas digitales.

4. Efecto de trazabilidad

Favorecerá la identificación de vendedores e intermediarios.

5. Efecto de protección animal

Fortalecerá la prevención de condiciones de reproducción, confinamiento, transporte y comercialización incompatibles con el bienestar animal.

La presente iniciativa no implica necesariamente la creación de una nueva institución, organismo o estructura administrativa. La persecución de las conductas corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales competentes dentro de sus atribuciones existentes. Por ello, el impacto presupuestario directo se considera limitado.

Las acciones adicionales de investigación y persecución deberán realizarse con cargo a los recursos aprobados para las instituciones competentes, sin perjuicio de las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, determinen las autoridades correspondientes.

La iniciativa generará beneficios que trascienden la protección animal. Entre ellos:

• reducción de mercados clandestinos;

• mayor seguridad para las personas adquirentes;

• disminución de operaciones sin controles sanitarios;

• combate a la explotación comercial de animales;

• fortalecimiento de la cultura de tenencia responsable;

• reducción de incentivos económicos para el comercio ilícito;

• fortalecimiento del cumplimiento de las disposiciones administrativas;

• y mayor congruencia entre la Constitución y la legislación penal federal.

La presente iniciativa deliberadamente se limita a reformar un solo artículo del Código Penal Federal. Esta decisión responde a razones de técnica legislativa.

• Primero, permite concentrar el objeto de la reforma.

• Segundo, evita modificaciones innecesarias a otros ordenamientos.

• Tercero, facilita la discusión parlamentaria.

• Cuarto, permite evaluar posteriormente los resultados de la política criminal.

• Quinto, evita generar una legislación excesivamente fragmentada.

La reforma propuesta busca, en consecuencia, establecer una regla penal clara: quien convierta la comercialización ilegal de animales en una actividad lucrativa debe enfrentar una consecuencia penal proporcional a la gravedad de su conducta.

La experiencia comparada demuestra que los sistemas jurídicos más desarrollados han transitado de una regulación basada exclusivamente en permisos administrativos hacia modelos de identificación, trazabilidad, control comercial y sanción efectiva.

España exige criadores registrados, limita la intermediación y exige documentación de las operaciones.

Inglaterra exige licencia para la venta comercial de animales de compañía, incluso cuando se realiza por internet.

Francia mantiene restricciones específicas sobre la comercialización de animales de compañía y ha reforzado recientemente sus mecanismos sancionadores.

La evidencia científica, por su parte, demuestra que las plataformas digitales han incrementado la capacidad de los mercados ilegales para conectar vendedores y compradores, reducir costos y dificultar la trazabilidad. México no puede permanecer ajeno a esta realidad.

El mandato constitucional de protección animal exige que el Estado cuente con instrumentos jurídicos eficaces.

Por ello, esta iniciativa propone transformar la comercialización ilegal de animales de una conducta que puede resultar económicamente atractiva y jurídicamente poco disuasoria, en una conducta penal con consecuencias proporcionales a su gravedad.

No se trata de criminalizar a quien cumple la ley. Se trata de hacer que la ley alcance a quien deliberadamente la evade para obtener un beneficio económico a costa del bienestar de los animales.

Para un mejor entendimiento de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Código Penal Federal

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, en materia de comercialización ilegal de animales

Artículo Único. Se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 419 Bis. Se impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a cinco mil días multa , a quien, sin contar con la autorización, registro, licencia, permiso o documentación que, conforme a las disposiciones legales aplicables, resulte exigible para la comercialización de animales , dolosamente:

I. Venda, comercialice, oferte, anuncie o promueva la venta de animales ;

II. Adquiera, reciba o transporte animales con la finalidad de venderlos, comercializarlos o revenderlos;

III. Intermedie, facilite o participe en una operación de compraventa de animales cuando tenga conocimiento de que ésta se realiza fuera de las condiciones legalmente exigibles, o

IV. Utilice redes sociales, plataformas digitales, sitios de internet, aplicaciones de mensajería, mercados electrónicos o cualquier otro medio tecnológico para ofrecer, anunciar, promover o concretar la venta ilegal de animales.

Las penas previstas en este artículo se aumentarán hasta en una mitad cuando:

a) La conducta se realice de manera habitual o como actividad comercial permanente;

b) Se comercialicen cinco o más animales en una misma operación o mediante operaciones relacionadas;

c) El responsable utilice documentación falsa, alterada o apócrifa para acreditar la legal procedencia, identificación o estado sanitario de los animales;

d) Durante la captura, crianza, confinamiento, transporte, exhibición o comercialización se cause intencionalmente dolor, sufrimiento, lesión o muerte a los animales, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos, o

e) En la comisión del delito participe un servidor público valiéndose de su cargo, empleo o comisión.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a las actividades lícitas de crianza, reproducción, adopción, donación, tenencia, transporte o comercialización de animales que se realicen con apego a las autorizaciones, registros, licencias, permisos, normas sanitarias y demás requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las penas previstas para los delitos relacionados con el tráfico, captura, posesión, transporte o comercio ilícito de ejemplares de fauna silvestre previstos en este Código y demás legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2026.

Diputada María Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Que reforma y adiciona los artículos 20 Bis 4 y 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de prevención de salvar vidas y evitar daños materiales por las inundaciones, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Celia Esther Fonseca Galicia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 Bis 4 y 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de prevenir la pérdida de vidas y evitar daños materiales causados por inundaciones , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer la planeación territorial y la gestión ambiental del país mediante la incorporación de criterios obligatorios de prevención de riesgos hidrológicos, hundimientos y fenómenos asociados al cambio climático en los procesos de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano.

Durante los últimos años, México ha enfrentado un incremento notable en la frecuencia e intensidad de lluvias extremas, inundaciones y hundimientos diferenciales del suelo, afectando principalmente a zonas urbanas densamente pobladas. Ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Puebla han registrado daños severos a la infraestructura, al entorno ambiental y, lamentablemente, a la vida y patrimonio de miles de familias.

Estos eventos no solo representan una contingencia ambiental, sino una amenaza directa a los derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida, a la vivienda digna, a la seguridad y a un medio ambiente sano. La omisión en la planeación adecuada de los asentamientos humanos ha generado que miles de viviendas se construyan en zonas de riesgo, donde cada temporada de lluvias se repite la tragedia.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece las bases de la política ambiental del país. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta norma carece de una disposición que obligue a incorporar información técnica y actualizada sobre riesgos ambientales e hidrológicos en los programas de ordenamiento ecológico local.

La adición al artículo 20 Bis 4 busca subsanar esa laguna jurídica, obligando a que los programas locales incluyan, de manera formal, mapas de riesgo hidrológico, de inundación, hundimiento y movimientos de ladera. Estos instrumentos, elaborados por autoridades competentes como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), permitirán que la planeación territorial se base en evidencia científica y no en criterios meramente administrativos o de mercado.

Incluir dichos mapas en los instrumentos de planeación permitirá prevenir la expansión urbana en zonas vulnerables, reducir la exposición de la población a fenómenos naturales y fortalecer la resiliencia de las ciudades mexicanas ante el cambio climático. De esta manera, se privilegia la prevención por encima de la reparación.

Por su parte, la reforma al artículo 23 complementa este esfuerzo al establecer que los municipios, las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán considerar dictámenes técnicos de riesgo antes de otorgar licencias de construcción, fraccionamientos o ampliaciones urbanas.

Esta medida asegura que la construcción de vivienda o infraestructura no se realice en zonas susceptibles a inundaciones, hundimientos o erosión, y que los gobiernos locales actúen con base en diagnósticos científicos que garanticen la protección de las personas y sus bienes.

La propuesta también impulsa la creación del Sistema Nacional de Evaluación de Riesgos Urbanos, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en colaboración con las autoridades estatales y municipales. Este sistema permitirá homologar criterios técnicos, mejorar la cooperación interinstitucional y fortalecer las capacidades locales para la gestión de riesgos.

Con ello, se promueve una política ambiental que no solo protege el entorno, sino que salva vidas, evita la pérdida del patrimonio familiar y reduce el costo económico de los desastres naturales. Prevenir es siempre más humano, más eficaz y más justo que reparar.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y el Cenapred, entre 2010 y 2024 se registraron más de 250 eventos de inundaciones severas en zonas urbanas del país, afectando a más de 3.5 millones de personas y ocasionando daños materiales estimados en más de 75 mil millones de pesos. Estos datos revelan la urgencia de incorporar la prevención ambiental en la planeación urbana.

Las zonas urbanas, donde vive más del 80 por ciento de la población mexicana, enfrentan desafíos complejos derivados de la expansión descontrolada, la impermeabilización del suelo y la falta de infraestructura verde. Sin mecanismos normativos de prevención, las ciudades seguirán acumulando vulnerabilidad ante lluvias y hundimientos.

Esta iniciativa no implica impacto presupuestal alguno, pues no crea nuevas instituciones ni programas. Únicamente refuerza las obligaciones de planeación y coordinación que ya ejercen las autoridades ambientales, locales y de protección civil. Su implementación se sustenta en el aprovechamiento de información y herramientas técnicas ya disponibles en el ámbito federal y estatal.

Además, la reforma es coherente con los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que promueven la creación de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

La Ciudad de México y otras zonas metropolitanas han sufrido consecuencias graves de una urbanización no planificada. Los hundimientos en la Delegación Cuauhtémoc, en Tláhuac, las inundaciones en Valle Dorado, Ecatepec y Guadalajara, y los deslaves en Querétaro y Puebla, son ejemplos de lo que ocurre cuando se ignoran los criterios técnicos y se sobrepone el interés económico al bienestar social.

Con esta reforma, se refuerza el principio de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno, garantizando que cada nivel actúe dentro de su competencia, pero con una visión coordinada que privilegie la prevención de desastres y la integridad de las personas.

Asimismo, se fomenta el principio de transparencia ambiental, al obligar que los mapas de riesgo sean públicos, accesibles y actualizados, para que la ciudadanía y los desarrolladores inmobiliarios conozcan con claridad las condiciones del terreno donde se pretende construir.

Esta iniciativa también se alinea con la protección del patrimonio familiar, al evitar que miles de hogares sean edificados en zonas donde cada temporada de lluvias implica pérdidas materiales irreparables. Una vivienda no puede considerarse digna si está expuesta al colapso o a la inundación constante.

En suma, la presente propuesta busca consolidar un modelo de planeación territorial sustentable, basado en la evidencia científica, la prevención de riesgos y la protección de la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.

El fortalecimiento de la LGEEPA con estas reformas representa un paso firme hacia un México más resiliente, donde las decisiones de desarrollo urbano se tomen con responsabilidad ambiental, visión técnica y compromiso con la seguridad de la población, convencida de que proteger el medio ambiente es también proteger la vida, la seguridad y el patrimonio de las familias mexicanas.

Planteamiento del problema

Las lluvias torrenciales y los fenómenos hidrometeorológicos extremos se han convertido en una constante que amenaza la seguridad de millones de personas en las zonas urbanas del país.

Cada temporada de precipitaciones revela la vulnerabilidad de nuestras ciudades, donde el agua desbordada invade hogares, calles y espacios públicos, arrastrando consigo no solo bienes materiales, sino también la tranquilidad y el bienestar de las familias.

En diversas entidades federativas, y particularmente en la Ciudad de México, se ha documentado cómo la acumulación de agua sobre suelos impermeables genera escurrimientos violentos y súbitos que colapsan sistemas de drenaje y provocan el hundimiento progresivo del terreno.

Las viviendas edificadas en áreas inestables o sin una adecuada planeación territorial terminan agrietadas o sumergidas bajo el lodo, dejando a su paso pérdidas irreparables.

El impacto humano de estos fenómenos va más allá de la infraestructura dañada. Detrás de cada vivienda inundada existe una historia de esfuerzo, un patrimonio familiar que en cuestión de horas se desvanece.

La pérdida de bienes materiales representa también una fractura emocional y económica, especialmente para aquellas familias que carecen de acceso a seguros o apoyos institucionales de reconstrucción.

En las zonas más vulnerables, los habitantes enfrentan cada año el mismo ciclo de desastre y recuperación.

Las calles se convierten en cauces improvisados; las escuelas y centros de salud suspenden sus actividades; los comercios cierran temporalmente, y las personas mayores, niñas y niños quedan expuestos a condiciones insalubres y de alto riesgo sanitario.

La ausencia de un sistema nacional de evaluación de riesgos urbanos impide la detección temprana de áreas susceptibles a inundaciones, hundimientos o erosión. En consecuencia, los gobiernos locales continúan autorizando desarrollos inmobiliarios sin considerar la información técnica disponible, lo que multiplica los puntos de riesgo en las zonas metropolitanas.

A esta falta de planeación se suma la carencia de infraestructura verde y de políticas coordinadas de drenaje sustentable. Las áreas naturales que antes servían como amortiguadores pluviales han sido reemplazadas por superficies de concreto, reduciendo drásticamente la capacidad del suelo para absorber el agua de lluvia.

Cada tormenta pone a prueba la fragilidad de los sistemas de alcantarillado urbano. Las tuberías colapsadas, las coladeras bloqueadas y los canales saturados se convierten en factores detonantes de emergencias que podrían evitarse con una planificación adecuada. La mezcla de aguas residuales con lluvia no solo genera daños estructurales, sino que representa un riesgo latente para la salud pública.

Los fenómenos de hundimiento del suelo, provocados por la sobreexplotación del acuífero y la falta de mantenimiento de la red hidráulica, agravan el problema en distintas zonas de la capital y su área metropolitana. Cada centímetro de hundimiento desajusta estructuras, fractura drenajes y debilita la base de viviendas y vialidades.

En otras entidades, como Querétaro, Jalisco, Puebla y el Estado de México, las lluvias intensas han dejado en evidencia la necesidad de actualizar los planes de desarrollo urbano con base en mapas de riesgo y estudios geotécnicos. Sin esa información, las decisiones territoriales se toman a ciegas, exponiendo a miles de personas a tragedias evitables.

El cambio climático acentúa la frecuencia y la severidad de estos fenómenos. Eventos que antes se consideraban extraordinarios son ahora recurrentes, y las ciudades mexicanas se encuentran poco preparadas para responder a ellos. La prevención se ha visto relegada frente a la atención de emergencias, lo que resulta más costoso y menos efectivo.

Los daños materiales que dejan las inundaciones no solo se miden en pérdidas económicas, sino en la interrupción del tejido social. Familias desplazadas, niños sin escuela, personas mayores sin acceso a medicamentos, y colonias completas que quedan aisladas durante días son consecuencias visibles de la falta de planeación preventiva.

Las comunidades de bajos ingresos son las más afectadas. Carecen de infraestructura básica, de servicios de drenaje adecuados y de opciones de reubicación. Cada año, el agua destruye su entorno y erosiona su esperanza, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad que podría romperse si las decisiones urbanas se sustentaran en criterios ambientales y de riesgo.

El patrimonio familiar no puede seguir dependiendo de la suerte. La vivienda es un derecho fundamental y su protección implica responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno. El Estado debe garantizar que ninguna familia vuelva a perderlo todo por habitar en una zona mal planificada o ignorada por las autoridades.

La falta de coordinación entre dependencias agrava los efectos de cada emergencia. Sin una estrategia nacional de prevención, las respuestas locales resultan fragmentadas y reactivas. La información se dispersa, las competencias se superponen y los resultados se diluyen.

Es necesario establecer una política pública transversal que vincule la planeación ecológica con la planeación urbana, de modo que las decisiones sobre el uso del suelo se basen en estudios científicos y en la actualización periódica de los mapas de riesgo. Solo así se podrán evitar tragedias derivadas de la ocupación irregular de terrenos inadecuados.

Las ciudades deben concebirse como sistemas vivos que requieren equilibrio entre su desarrollo y su entorno natural. Incorporar criterios de resiliencia y sustentabilidad en la infraestructura urbana no es una opción, sino una obligación moral y jurídica frente a la ciudadanía.

Cada vida perdida en una inundación representa un fracaso colectivo. Cada vivienda colapsada es el reflejo de la falta de previsión. Prevenir es proteger; y proteger es honrar el valor más alto de nuestra sociedad: la vida humana.

Si se quiere construir un país verdaderamente sustentable, debe asumirse que el desarrollo urbano y la gestión ambiental no pueden seguir separados. El futuro de México depende de la capacidad de sus ciudades para adaptarse, anticipar y resistir.

Tan solo el día de antier, sube a 37 cifra de muertos por lluvias en el país, reportado por el periodista Jorge Ricardo, del periódico Reforma Cd. de México (11-Oct-2025).- 10:29 hrs. Reporto en su nota “Sube a 37 muertos por lluvias en el país.” Las lluvias generalizadas en cinco estados del país han dejado al menos 37 personas fallecidas, confirmó este sábado la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Con corte a las 7:00 horas, informó que los decesos se han registrado en Hidalgo (22), Puebla (9), Veracruz (5), Querétaro (1), producto de inundaciones, deslaves y otras afectaciones por las precipitaciones intensas de los últimos días.

“Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido”, señaló la dependencia.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno de México indicó que mantiene un esquema integral de atención, con la aplicación de los planes DN-III-E y Plan Marina, además de operativos coordinados con autoridades estatales y municipales en 117 municipios de cinco entidades.

Veracruz

55 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas y 42 comunidades con acceso limitado. 25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados. 220 personas rescatadas; 19 refugios activos con atención a 654 personas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) realizan auxilio, desazolve, remoción de escombros y apoyo en zonas aisladas.

116 traslados a zonas seguras y 3 evacuaciones médicas coordinadas.

Comisión Federal de Electricidad (CFE): 130 mil 819 usuarios afectados; 20.8 por ciento de avance en restitución del servicio eléctrico.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT): 68 interrupciones federales (67 atendidas); 55 kilómetros (km) rehabilitados. En red estatal, 19 incidencias con atención en curso.

San Luis Potosí

Cinco municipios afectados, mil viviendas dañadas, 25 derrumbes y 4 corrientes desbordadas.

Evacuación preventiva de mil personas, actualmente en resguardo con apoyo humanitario.

Entrega de ayuda directa: cobijas, colchonetas y despensas en Axtla, Xilitla, Tamuín, San Vicente y Ciudad Valles.

26 unidades de maquinaria pesada activas para despeje de caminos y restablecer accesos.

Querétaro

7 municipios afectados, 147 viviendas dañadas y 5 comunidades incomunicadas temporalmente.

16 deslizamientos de laderas y 5 vías de comunicación afectadas.

CFE: 4 mil 512 usuarios afectados; 97 por ciento de avance en restitución.

SICT: 5 interrupciones federales (2 atendidas); 290 km impactados.

Abastecimiento de agua en Jalpan de Serra mediante pipas.

Limpieza de tramos carreteros, abanderamiento preventivo y evaluación de daños en curso.

Refugio habilitado por DIF en Jalpan; evacuaciones preventivas en Arroyo Seco.

Puebla

37 municipios afectados y 16 mil viviendas dañadas (dato preliminar).

Afectaciones en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tres vías de comunicación y 83 derrumbes.

CFE: 26 mil 442 usuarios afectados; 14.4 por ciento de avance en reconexión.

SICT: 14 interrupciones federales (10 resueltas) y atención parcial en red estatal.

Plan DN-III-E activo, con auxilio y limpieza en comunidades aisladas.

Intermitencia en señal eléctrica y de telefonía en zona Sierra Nororiental.

83 refugios temporales habilitados, equipados para atención inmediata.

13 municipios afectados, mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas y 59 centros de salud impactados.

150 comunidades sin acceso, 6 corrientes desbordadas y 71 vías afectadas con 190 derrumbes.

CFE: 65 mil 443 usuarios afectados; 49.4 por ciento de avance en reparación.

SICT: 17 interrupciones federales (10 atendidas); 300 km rehabilitados con apoyo técnico.

Red estatal: 80 incidencias, 73 aún en proceso.

Centros de acopio y refugios activos, principalmente en Juárez Hidalgo, Huejutla, Tepeapulco y Tepeji del Río.

Por ello, resulta urgente legislar en materia de prevención, integrar la ciencia al diseño de políticas públicas y dotar de herramientas jurídicas a los gobiernos locales para que actúen con responsabilidad. No se trata de prohibir el crecimiento urbano, sino de guiarlo hacia la seguridad, la justicia ambiental y la protección integral de las familias.

Proteger la vida y el patrimonio no es solo una meta de gobierno, sino un compromiso de Estado. Prevenir los desastres antes de que ocurran es la forma más humana, más justa e inteligente de salvar a México de su propia vulnerabilidad.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 Bis 4 y 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de prevenir la pérdida de vidas y evitar daños materiales causados por inundaciones

Artículo Único. Se reforman las fracciones II y III y se adiciona la fracción IV al artículo 20 Bis 4; se reforman las fracciones IX y X y se adiciona la fracción XI al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 20 Bis 4. Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las autoridades municipales, y en su caso por las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y tendrán por objeto:

I. ...

II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos;

III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes, y

IV. Los programas de ordenamiento ecológico local deberán incorporar, como criterio obligatorio, los mapas de riesgo hidrológico, de inundación, hundimiento y movimientos de ladera, elaborados por las autoridades competentes y los gobiernos estatales y municipales, a fin de garantizar que la planeación territorial considere los riesgos ambientales y estructurales de cada zona.

Asimismo, dichos mapas deberán actualizarse periódicamente y ser considerados como insumo técnico en los procesos de modificación de usos del suelo, para prevenir la expansión urbana en zonas vulnerables y fortalecer la resiliencia de los asentamientos humanos ante fenómenos hidrometeorológicos y hundimientos diferenciales.

Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

I. a VIII. ...

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida;

X. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático, y

XI. Los municipios, las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, previo a otorgar licencias o autorizaciones para desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos o ampliaciones urbanas, deberán considerar los dictámenes técnicos de riesgo por lluvias extremas, hundimientos diferenciales, escurrimientos pluviales y erosión del suelo, emitidos por las autoridades competentes en materia ambiental, hidráulica y de protección civil. Dichas autoridades deberán integrar un Sistema Nacional de Evaluación de Riesgos Urbanos, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con las autoridades competentes y los gobiernos estatales y municipales, para homologar criterios técnicos y garantizar la seguridad ambiental y estructural de las zonas urbanas en todo el territorio nacional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) – Atlas Nacional de Riesgos por Inundación.

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/atlas-na cional-de-riesgo-por-inundacion-204625

- Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) – Informe anual sobre fenómenos hidrometeorológicos y riesgos urbanos 2024.

https://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/I NFORMEANUALFENOMENOSHIDROMETEOROLOGICOS2024.PDF

- Secretaría de Gobernación (SEGOB) – Base de datos de desastres naturales 2010–2024.

https://www.gob.mx/segob/documentos/base-de-datos-de-des astres-naturales

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – Instituto de Ingeniería: Hundimientos diferenciales y vulnerabilidad urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México.

https://www.iingen.unam.mx/es-mx/Publicaciones/Paginas/H undimientos-ZMVM.aspx

- UNAM Global – Inundaciones en la Ciudad de México: causas estructurales y escenarios de riesgo.

https://unamglobal.unam.mx/global_revista/inundaciones-c dmx-mapa-satelital-riesgo/

- El País (México) – Un verano con lluvias récord en Ciudad de México y el colapso del drenaje urbano.

https://elpais.com/mexico/2025-08-02/un-verano-con-lluvi as-record-en-ciudad-de-mexico.html

- Excélsior -Lluvias e inundaciones en CDMX del 3 de junio de 2025: rescates y daños materiales.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/lluvias-inundacio nes-cdmx-3-junio-2025-video-rescate-autos-viaducto/1719403

- Infobae México – Por qué se está inundando la Ciudad de México, según la UNAM.

https://www.infobae.com/mexico/2024/09/21/por-que-se-est a-inundando-la-ciudad-de-mexico-cientifico-de-la-unam-responde/

- El Informador (Jalisco) – Lluvias e inundaciones dejan daños severos en el Área Metropolitana de Guadalajara.

https://www.informador.mx/jalisco/Inundaciones-en-el-Áre a-Metropolitana-de-Guadalajara-2025-20250824-0029.html

- N+ (Televisa) – Afectaciones por lluvias en Querétaro durante 2025: colonias evacuadas y daños materiales.

https://www.nmas.com.mx/queretaro/afectaciones-por-lluvi as-en-queretaro-2025/

- Gobierno de la Ciudad de México – Atlas de Riesgos de la Ciudad de México 2025.

https://www.atlas.cdmx.gob.mx/

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) – Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/estrategia-nacion al-de-adaptacion-al-cambio-climatico

- INEGI – Anuario estadístico de medio ambiente urbano 2024: asentamientos y riesgo.

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=7 02825274541

- ONU-Hábitat México – Ciudades resilientes y gestión de riesgo en América Latina.

https://onuhabitat.org.mx/index.php/ciudades-resilientes -y-gestion-de-riesgos

- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) – Guía para la integración del riesgo en los programas de desarrollo urbano municipal.

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-integracion-ri esgo-programas-urbanos

- Banco Mundial – Informe sobre los costos económicos de los desastres naturales en México 2023.

https://documents.bancomundial.org/es/publication/docume nts-reports/documentdetail/956321642512157457

- TV Azteca Noticias – Basura y drenajes colapsados agravan las inundaciones en el oriente de la CDMX.

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/inundaciones-cdm x-2025-basura-y-drenajes-colapsados

- ONU Medio Ambiente – Guía para la adaptación climática urbana y resiliencia hídrica.

https://www.unep.org/es/resources/reportes/guia-para-la- adaptacion-climatica-urbana

- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) – Escenarios de vulnerabilidad urbana frente a eventos hidrometeorológicos extremos en México.

https://www.gob.mx/inecc/documentos/escenarios-de-vulner abilidad-urbana

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Diagnóstico de infraestructura urbana ante riesgos hidrometeorológicos en México.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/diagnostico-infra estructura-urbana-riesgos-hidrometeorologicos-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2026.

Diputada Celia Esther Fonseca Galicia (rúbrica)

Que reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de reducir inundaciones a nivel nacional mediante la captación de agua pluvial, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Celia Esther Fonseca Galicia , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con la finalidad de reducir inundaciones a nivel nacional mediante la captación de agua pluvial , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, en México, su disponibilidad se encuentra cada vez más comprometida. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), más de 70 por ciento del territorio nacional enfrenta algún grado de estrés hídrico. Esta situación afecta de manera particular a la Ciudad de México, una de las metrópolis más pobladas y con mayor demanda de agua en el país.

La capital depende en gran medida del Sistema Cutzamala, que transporta agua desde el Estado de México y Michoacán. Este sistema, además de ser costoso en términos energéticos, enfrenta pérdidas significativas por fugas y evaporación. Se estima que cerca de 40 por ciento del agua que llega a la red de distribución se pierde antes de alcanzar los hogares.

Paradójicamente, la Ciudad de México es también una de las urbes con mayor precipitación anual en el país. Cada año, millones de metros cúbicos de agua de lluvia terminan en el drenaje profundo, provocando inundaciones y sobrecargando la infraestructura hidráulica. Esta contradicción refleja una oportunidad desaprovechada: el agua de lluvia podría convertirse en una fuente estratégica de abastecimiento.

La captación de agua pluvial se presenta como una alternativa sostenible, eficiente y accesible para reducir la dependencia de fuentes externas, prevenir inundaciones y garantizar el acceso equitativo al agua. Su incorporación en edificaciones públicas y privadas de alta concentración de personas es una medida técnica y ambientalmente viable, con resultados comprobados en diversas ciudades del mundo.

En la actualidad, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) contempla en su artículo 17 Ter la instalación de sistemas de captación de agua pluvial exclusivamente en los inmuebles a cargo de las dependencias federales. Esta disposición, si bien importante, resulta limitada frente al reto ambiental y urbano que enfrenta el país.

La presente iniciativa propone extender el alcance del artículo 17 Ter para que las dependencias federales y de las entidades federativas instalen estos sistemas en edificaciones públicas, y promuevan su adopción en espacios privados de alta concentración, como escuelas, hospitales, unidades habitacionales y edificios gubernamentales.

El objetivo es establecer una política ambiental preventiva, basada en el aprovechamiento responsable del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones urbanas y la promoción de infraestructura ecológica, sin implicar gasto presupuestal directo.

Esta reforma se sustenta en los principios del artículo 15 de la LGEEPA, que establecen que las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico y que la prevención es el medio más eficaz para evitar desequilibrios ambientales.

Además, se armoniza con la fracción V del artículo 1 de la misma ley, que mandata el aprovechamiento sustentable, preservación y restauración del agua, suelo y demás recursos naturales, garantizando compatibilidad entre el desarrollo social y la protección ambiental.

En la Ciudad de México, el aprovechamiento del agua pluvial ha mostrado resultados positivos a través de programas locales como “Cosecha de Lluvia”, que ha beneficiado a miles de familias al reducir su dependencia del suministro público y fomentar el autoconsumo responsable. Este tipo de experiencias demuestran la viabilidad técnica y social de la medida.

Incorporar este principio a nivel federal y en coordinación con los estados permitirá escalar estas acciones y dar cumplimiento al principio de concurrencia ambiental previsto en el artículo 73 constitucional, que obliga a la Federación, estados y municipios a actuar de manera coordinada.

La iniciativa no genera impacto presupuestal porque no crea nuevas instituciones, programas o fondos. Se trata de una reforma conceptual y programática, que ordena a las autoridades promover lineamientos y criterios técnicos para la captación de agua pluvial en edificaciones existentes y futuras.

En términos prácticos, la aplicación de esta disposición puede incorporarse a los reglamentos de construcción, licencias urbanas y normas de impacto ambiental, sin modificar las estructuras administrativas existentes. De esta manera, se avanza hacia una política pública más coherente y eficiente.

La captación pluvial también contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente al ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y al ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), reafirmando el compromiso internacional de México en materia ambiental.

Además, esta medida fortalece la resiliencia climática urbana. El cambio climático incrementa la frecuencia de lluvias intensas y sequías prolongadas; contar con sistemas de recolección de agua ayuda a mitigar ambos extremos: reduce el riesgo de inundaciones y amplía la disponibilidad de agua durante los periodos secos.

En el ámbito de los derechos humanos, esta reforma reafirma el derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4o. constitucional, al fomentar el acceso equitativo y sustentable al recurso. También contribuye a la materialización del derecho a un medio ambiente sano, como lo establece el artículo 1 de la LGEEPA.

Desde la perspectiva social, el acceso al agua no solo es una necesidad vital, sino también un factor de equidad y dignidad. Las familias en unidades habitacionales y colonias populares son las más afectadas por la escasez hídrica; los sistemas de captación pluvial pueden reducir esa desigualdad.

Por su carácter preventivo, esta iniciativa también reduce costos indirectos asociados a daños por inundaciones, mantenimiento de infraestructura hidráulica y gasto energético del transporte de agua, lo que genera beneficios económicos y ambientales de largo plazo.

Con esta reforma, México avanzará hacia un modelo de urbanismo ecológico, donde la arquitectura, la planeación urbana y la gestión ambiental trabajen de manera integrada para garantizar el bienestar de la población sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras.

La captación pluvial no solo es una medida técnica: es una acción ética frente a la crisis climática y una oportunidad para construir un país más justo y resiliente.

Planteamiento del problema

En los últimos años, México ha experimentado un notable incremento en eventos de precipitaciones extremas que han provocado inundaciones severas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas y afectaciones humanas. Estas inundaciones no son fenómenos aislados, sino la expresión de debilidades estructurales en el manejo del agua, la planeación urbana, y la ausencia de mecanismos preventivos efectivos.

En la Ciudad de México una de las urbes más vulnerables al fenómeno, las lluvias del 2 de junio de 2025 dejaron precipitaciones de entre 50 a 70 milímetros en 24 horas, lo cual generó inundaciones en múltiples alcaldías (Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo).

En ese mismo evento, las líneas del Metro, hospitales y vialidades resultaron gravemente afectadas. Por ejemplo, el tramo de la Línea A Pantitlán?La Paz interrumpió operaciones debido al ingreso de agua a las vías, en ciertas zonas el nivel del agua superó los dos metros de profundidad.

En la capital se han registrado diversas zonas altamente vulnerables: el oriente de la ciudad, colonias como Ermita Iztapalapa y la Calzada Ignacio Zaragoza fueron algunas de las más afectadas, con caída de árboles, saturación de drenajes y caos vial.

Julio de 2025 marcó un récord histórico de precipitaciones en la Ciudad de México: se reportaron 289 milímetros acumulados durante ese mes, el doble del promedio histórico para julio (aproximadamente 150 milímetros?–mm–). Además, ese mes se registraron más de 38.1 millones de metros cúbicos de agua en solo un día.

La magnitud de estos eventos desbordó la capacidad del drenaje profundo de la Ciudad de México, el cual estaba operando cerca de su máxima capacidad. En muchas zonas, el sistema colapsó por acumulación de agua, basura en coladeras o falta de mantenimiento del sistema pluvial.

Adicionalmente, la Ciudad de México enfrenta un problema geológico: está construida sobre lo que fue el gran lago de México. El suelo es blando y hundible, lo que agrava la acumulación de agua y reduce la capacidad natural de absorción. Se estima que algunas zonas se hunden entre 4 a 12 pulgadas por año.

En Querétaro también se registraron lluvias “históricas ” en 2025. En un día, se reportaron acumulados que llegaron a 100 milímetros, con daños en infraestructura, cortes de servicios básicos y afectación a barrios enteros. En esas inundaciones, al menos tres personas fallecieron y más de 2 mil 200 viviendas resultaron afectadas, algunas de forma grave.

En Querétaro además se reportaron dos mujeres arrastradas por corrientes de agua en zonas inundadas en los suburbios norte y norponiente, en colonias donde el drenaje fue rebasado. Estos hechos reflejan que las zonas marginadas o con drenaje deficiente son las más vulnerables ante precipitaciones extremas.

En Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, el aumento de puntos de inundación ha sido visible: se reportan cerca de 500 focos de inundación. Esto ocurre pese a obras de infraestructura urbana, lo que indica que el crecimiento desordenado sigue generando nuevos riesgos hídricos.

En estudios del atlas nacional de riesgo, muchas zonas urbanas se identifican con alta susceptibilidad a inundaciones, lo que demuestra que las ciudades mexicanas están expuestas estructuralmente a estos fenómenos. En la Ciudad de México, más de 170 millones de metros cuadrados están registrados como zonas de riesgo por inundación.

Las inundaciones no solo afectan vialidades o medios de transporte: impactan el patrimonio, los bienes domésticos, el comercio local, la salud pública (por aguas negras, contagios, vectores) y la movilidad. Las pérdidas económicas derivadas son recurrentes y afectan más a los hogares de menores recursos.

El colapso de drenajes se ve agravado por el taponamiento con residuos sólidos. En la capital, se generan cerca de 13 mil toneladas de basura por día, gran parte de la cual termina en coladeras, provocando obstrucciones y reteniendo el agua de lluvia.

Las fallas de mantenimiento también juegan un papel relevante: la falta de limpieza periódica, desazolve y renovación de infraestructura pluvial debilita la capacidad de evacuación de agua. La gestión de drenajes y alcantarillados muchas veces es reactiva, no preventiva.

Los efectos sociales se concentran en las zonas más vulnerables. Las colonias populares como las ubicadas en la periferia o asentamientos irregulares carecen de infraestructura adecuada y sufren inundaciones recurrentes, lo que genera pérdidas materiales constantes y una percepción de abandono institucional.

En cada temporada de lluvias repetimos la narrativa del desastre: comunidades que “piden ayuda”, “sufren daños”, “se quedan sin agua o sin luz”, y la respuesta gubernamental se centra en acciones de rescate o mitigación con recursos urgentes. Falta una estrategia estructural de prevención.

La inacción preventiva tiene costos crecientes: rehabilitación de calles, reparación de viviendas, atención de emergencias y subsidios de reconstrucción demandan recursos extraordinarios que podrían amortiguarse si se aplicaran medidas de infraestructura verde y captación pluvial desde el diseño urbano.

La ausencia de mecanismos obligatorios de captación de agua pluvial en edificaciones –especialmente en zonas de alta densidad– es una omisión legislativa. En muchas áreas de las ciudades, las superficies impermeables (techos, banquetas, calles) dejan sin capacidad de infiltración la lluvia.

Tan solo el día de antier, sube a 37 cifra de muertos por lluvias en el país, reportado por el periodista Jorge Ricardo, del periódico Reforma Cd. de México (11-Oct-2025).- 10:29 hrs. Reporto en su nota “Sube a 37 muertos por lluvias en el País.” Las lluvias generalizadas en cinco estados del país han dejado al menos 37 personas fallecidas, confirmó este sábado la Coordinación Nacional de Protección Civil.

“Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido”, señaló la dependencia.

Veracruz

55 municipios afectados, 16 mil viviendas dañadas y 42 comunidades con acceso limitado.

25 vías de comunicación afectadas y 51 derrumbes registrados.

220 personas rescatadas; 19 refugios activos con atención a 654 personas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) realizan auxilio, desazolve, remoción de escombros y apoyo en zonas aisladas.

116 traslados a zonas seguras y 3 evacuaciones médicas coordinadas.

Comisión Federal de Electricidad (CFE): 130 mil 819 usuarios afectados; 20.8 por ciento de avance en restitución del servicio eléctrico.

San Luis Potosi

Cinco municipios afectados, mil viviendas dañadas, 25 derrumbes y 4 corrientes desbordadas.

Evacuación preventiva de mil personas, actualmente en resguardo con apoyo humanitario.

Entrega de ayuda directa: cobijas, colchonetas y despensas en Axtla, Xilitla, Tamuín, San Vicente y Ciudad Valles.

26 unidades de maquinaria pesada activas para despeje de caminos y restablecer accesos.

Querétaro

Siete municipios afectados, 147 viviendas dañadas y 5 comunidades incomunicadas temporalmente.

16 deslizamientos de laderas y 5 vías de comunicación afectadas.

CFE: 4 mil 512 usuarios afectados; 97 por ciento de avance en restitución.

SICT: 5 interrupciones federales (2 atendidas); 290 km impactados.

Abastecimiento de agua en Jalpan de Serra mediante pipas.

Limpieza de tramos carreteros, abanderamiento preventivo y evaluación de daños en curso.

Refugio habilitado por DIF en Jalpan; evacuaciones preventivas en Arroyo Seco.

Puebla

37 municipios afectados y 16 mil viviendas dañadas (dato preliminar).

Afectaciones en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tres vías de comunicación y 83 derrumbes.

CFE: 26,442 usuarios afectados; 14.4 por ciento de avance en reconexión.