Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y al Senasica a crear e implementar una Campaña Nacional permanente para la prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SHCP a incorporar al estado de Baja California Sur al régimen de estímulos fiscales aplicable a las regiones fronterizas o, en su defecto, a crear una zona económica y fiscal especial para Baja California Sur, que compense los sobrecostos derivados de su aislamiento geográfico y logístico, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar una política de justicia energética para Baja California Sur para que se establezca de manera permanente en Baja California Sur la tarifa eléctrica 1F de manera general; se actualicen y fortalezcan los mecanismos de medición de las condiciones climáticas; y se implementen acciones para reducir estructuralmente el costo degeneración de electricidad en la entidad, que compense los sobrecostos derivados de su aislamiento geográfico y logístico, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar un programa integral de seguridad, modernización y transición energética en Baja California Sur, que incluya nueva capacidad de generación mediante ciclo combinado con gas natural, energías renovables, sistemas de almacenamiento y el fortalecimiento de la red eléctrica estatal, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semovi y la SGIRPC CDMX a implementar y reforzar, de manera coordinada, acciones para ordenar, señalar, regular y, en su caso, sancionar el estacionamiento irregular de motocicletas y demás vehículos en la vía pública, particularmente en la colonia Ampliación Granada, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la seguridad de las mujeres y revisar la eficacia de la alerta de violencia de género contra las mujeres instrumentada en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a que se garantice de manera permanente la seguridad de los habitantes de la comunidad Wixárika de Tateikie, Jalisco, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y al Senasica a crear e implementar una Campaña Nacional permanente para la prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El gusano barrenador del ganado es la fase larvaria de la mosca Cochliomyia hominivorax . La hembra deposita sus huevos en heridas o cavidades naturales de animales de sangre caliente; las larvas se alimentan de tejido vivo, profundizan las lesiones y, sin atención oportuna, pueden causar infecciones secundarias, pérdida de condición corporal, disminución productiva y muerte. Aunque su impacto principal recae en la ganadería, también afecta fauna silvestre, animales de compañía y seres humanos, por lo que exige un enfoque coordinado de sanidad animal, salud pública y protección de la biodiversidad.

Segunda. México logró erradicar esta plaga mediante una estrategia sostenida que combinó vigilancia epidemiológica, notificación y atención de casos, control de la movilización e identificación de animales, tratamiento de heridas y la producción y liberación masiva de moscas estériles. La experiencia histórica demuestra que la Técnica del Insecto Estéril funciona cuando se aplica con continuidad, cobertura territorial suficiente, respaldo presupuestario y capacidad operativa propia.

Tercera. El 21 de noviembre de 2024 se confirmó nuevamente la presencia del gusano barrenador del ganado en territorio nacional. Desde entonces, su propagación ha afectado a múltiples especies y entidades federativas, ha obligado a reforzar medidas de emergencia y ha producido afectaciones sanitarias, productivas y comerciales. La continuidad de casos activos y su desplazamiento hacia el norte evidencian que el problema dejó de ser un evento localizado y demanda una política nacional estable, medible y de largo plazo.

Cuarta. La movilización irregular de animales, la insuficiente trazabilidad, la revisión incompleta de cargamentos, la falta de atención temprana de heridas y la existencia de reservorios en animales domésticos y silvestres aumentan el riesgo de dispersión. Por ello, la respuesta no puede descansar únicamente en dispositivos temporales o medidas reactivas: debe incluir vigilancia basada en riesgo, inspección efectiva en origen, tránsito y destino, cuarentenas focalizadas, capacidad diagnóstica y sanción de movilizaciones que incumplan las disposiciones zoosanitarias.

Quinta. La liberación de moscas estériles es indispensable para reducir la población fértil del parásito y avanzar hacia su erradicación. La capacidad nacional de cría, esterilización, empaque, transporte, dispersión y control de calidad debe operar de manera continua y con metas semanales públicas. También se requieren instalaciones alternas y planes de continuidad operativa para evitar que fallas técnicas, climáticas, logísticas o presupuestarias interrumpan una herramienta esencial de control.

Sexta. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la salud, y el artículo 25 establece la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional. La sanidad animal es, además, una condición para la seguridad alimentaria, el ingreso de las familias productoras, la estabilidad de las cadenas de carne y leche y el acceso de los productos pecuarios mexicanos a los mercados internacionales.

Séptima. La Ley Federal de Sanidad Animal dispone que sus normas son de orden público e interés social y tienen por objeto fijar las bases para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas que afectan a los animales. Su artículo 6, fracciones I, II, XIII, XVI y XVII, faculta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para ejercer el control zoosanitario de la movilización, aplicar medidas zoosanitarias, realizar análisis de riesgo y establecer y coordinar campañas nacionales.

Octava. Los artículos 54 a 59 de la Ley Federal de Sanidad Animal constituyen el fundamento directo de esta propuesta. Ordenan establecer campañas zoosanitarias nacionales atendiendo al riesgo y al impacto económico y social; publicar las disposiciones correspondientes en el Diario Oficial de la Federación; definir zonas, especies, medidas, requisitos de movilización, inspección, diagnóstico e indicadores; precisar recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos; evaluar resultados; y operar con la participación de los organismos auxiliares de sanidad animal.

Novena. Al tratarse de una plaga capaz de producir miasis en seres humanos, el artículo 57 de la propia Ley exige coordinación con la Secretaría de Salud. La campaña debe establecer protocolos de intercambio de información, detección, referencia y comunicación de riesgos, sin confundir las competencias sanitarias humanas con las atribuciones zoosanitarias de la Sader y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Décima. Una campaña nacional permanente requiere presupuesto identificable y suficiente. No basta con financiar acciones dispersas dentro de programas generales, porque ello impide conocer el costo real de la respuesta, evaluar su eficacia y planear a varios años. Sader y Senasica deben incorporar una previsión específica en sus anteproyectos presupuestarios, desagregar el gasto ejercido y asegurar que la operación ordinaria de la campaña no dependa exclusivamente de ampliaciones, convenios extraordinarios o recursos de emergencia.

Decimoprimera. La transparencia debe formar parte del diseño operativo. Un tablero público con actualización periódica debe informar, al menos, casos nuevos, activos, cerrados y acumulados por entidad, municipio, especie y fecha epidemiológica; tiempos de atención; animales inspeccionados; movilizaciones rechazadas o cuarentenadas; muestras procesadas; cobertura de vigilancia; moscas estériles producidas y liberadas; polígonos de dispersión; avance presupuestario y cumplimiento de metas. La información deberá publicarse en formato abierto, protegiendo los datos personales y la ubicación precisa cuando pudiera generar riesgos.

Decimosegunda. La gobernanza de la campaña debe integrar a las entidades federativas, municipios, comités de fomento y protección pecuaria, uniones ganaderas, asociaciones de productores, médicos veterinarios, academia y autoridades de salud y medio ambiente. La federación debe conservar la rectoría técnica, homologar protocolos y evaluar resultados; la colaboración local debe aprovechar el conocimiento territorial y permitir una respuesta rápida en ranchos, ejidos, comunidades rurales, puntos de concentración y rutas de movilización.

Decimotercera. El carácter permanente que se propone no significa mantener indefinidamente las mismas medidas de emergencia. Significa conservar capacidades básicas de prevención, vigilancia, diagnóstico, trazabilidad y respuesta rápida incluso después de alcanzar la erradicación, mientras las acciones intensivas se ajustan por fases y regiones conforme al riesgo. De esta forma se evita repetir el ciclo de desmantelar capacidades después del éxito y reconstruirlas cuando la plaga reaparece.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñen, implementen y publiquen, en el Diario Oficial de la Federación, una campaña nacional permanente para la prevención, control y erradicación del gusano barrenador del ganado, con alcance en todo el territorio nacional y ejecución diferenciada por fases, regiones y niveles de riesgo, de conformidad con los artículos 54 a 59 de la Ley Federal de Sanidad Animal. La campaña deberá contar, al menos, con un programa rector multianual y programas operativos anuales que establezcan línea base, calendario, responsables, metas e indicadores verificables para: a) prevención y capacitación; b) notificación y atención oportuna; c) vigilancia epidemiológica activa y pasiva; d) diagnóstico y confirmación de laboratorio; e) registro e identificación de unidades de producción y animales; f) tratamiento y seguimiento de focos; g) control de movilización, cuarentenas e inspección en origen, tránsito y destino; h) trazabilidad; i) vigilancia en fauna silvestre y animales de compañía; y j) evaluación periódica del impacto sanitario, productivo y económico.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que fortalezcan la capacidad soberana y continua de México para producir, esterilizar, empacar, transportar y liberar moscas estériles de Cochliomyia hominivorax ; establezcan metas semanales de producción y liberación sustentadas en criterios científicos; aseguren controles de calidad, bioseguridad, mantenimiento, inventarios críticos, personal especializado y planes de continuidad operativa; y desarrollen capacidad alterna que reduzca la dependencia de una sola instalación o proveedor.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y conforme a la disponibilidad presupuestaria aprobada, identifique los recursos necesarios para la campaña; y considere una previsión específica, suficiente y progresiva; y haga pública la asignación, modificación y ejecución de dichos recursos, desagregada por componente, entidad federativa y acción operativa, sin reducir el financiamiento de otras campañas zoosanitarias prioritarias.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a celebrar y actualizar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, municipios, organismos auxiliares de sanidad animal, organizaciones ganaderas, asociaciones de productores, médicos veterinarios y centros de investigación, definiendo aportaciones, responsabilidades, protocolos de actuación, intercambio de información y mecanismos de evaluación, con participación efectiva de productores pequeños y medianos.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a fortalecer el control de la movilización legal e ilegal de animales mediante verificación documental y física basada en riesgo, trazabilidad, puntos de inspección suficientes, seguimiento de origen y destino, intercambio de alertas entre entidades federativas y coordinación con las autoridades competentes; asimismo, a revisar y actualizar los requisitos, tratamientos y periodos de observación aplicables a animales procedentes de zonas con transmisión.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a poner en operación y mantener un sistema público nacional de información sobre el gusano barrenador del ganado, con actualización al menos quincenal, datos abiertos y series históricas, que reporte los indicadores sanitarios, operativos y presupuestarios de la campaña, así como mapas de riesgo con un nivel de agregación que proteja datos personales y no comprometa la seguridad de las unidades de producción.

Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que, en coordinación con la Secretaría de Salud y las autoridades ambientales competentes, establezcan protocolos de vigilancia y respuesta en casos en seres humanos, fauna silvestre y animales de compañía, así como campañas permanentes de comunicación de riesgos dirigidas a productores, transportistas, médicos veterinarios, personal de salud y población rural.

Octavo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a hacer público, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aprobación del presente acuerdo, un informe sobre las acciones realizadas, el calendario para publicar e implementar la campaña, las metas de producción y liberación de mosca estéril, la situación presupuestaria y los mecanismos de coordinación; y posteriormente, publicar informes trimestrales sobre el avance y los resultados mientras existan casos activos en el país, y semestrales una vez alcanzada la erradicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.

Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SHCP a incorporar al estado de Baja California Sur al régimen de estímulos fiscales aplicable a las regiones fronterizas o, en su defecto, a crear una zona económica y fiscal especial para Baja California Sur, que compense los sobrecostos derivados de su aislamiento geográfico y logístico, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante este honorable pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California Sur enfrenta una desventaja estructural que debe ser reconocida por la política fiscal federal. La política tributaria no puede construirse bajo la premisa de que todas las regiones del país enfrentan las mismas condiciones económicas, territoriales y logísticas.

Baja California Sur constituye uno de los casos más evidentes de desigualdad territorial derivada de su geografía.

Su ubicación peninsular, las grandes distancias respecto de los principales centros nacionales de producción y distribución, la limitada conectividad terrestre con el resto del territorio nacional y la dependencia del transporte marítimo, carretero y aéreo provocan que una parte significativa de los bienes, mercancías, materias primas, maquinaria, refacciones y demás insumos necesarios para la actividad económica y la vida cotidiana deban recorrer largas distancias antes de llegar al consumidor sudcaliforniano.

Esta condición representa un sobrecosto estructural permanente que termina incorporándose al precio final de prácticamente toda la cadena económica.

En Baja California Sur cuesta más transportar.

Cuesta más producir.

Cuesta más construir.

Cuesta más abastecer.

Y, finalmente, cuesta más vivir.

No se trata de una circunstancia temporal ni de una distorsión coyuntural del mercado. Es una condición geográfica permanente que el Estado mexicano debe reconocer al diseñar su política fiscal y de desarrollo regional.

El mar funciona como una frontera económica, Baja California Sur no comparte una frontera terrestre internacional; sin embargo, su aislamiento respecto del macizo continental mexicano produce consecuencias económicas comparables a las que históricamente justificaron tratamientos fiscales diferenciados para las regiones fronterizas.

El mar que rodea gran parte del territorio sudcaliforniano constituye, en términos económicos y logísticos, una verdadera frontera interior .

Para numerosos productos e insumos, llegar a Baja California Sur implica necesariamente incorporar transporte marítimo o extensos recorridos terrestres a través de la península.

Cada traslado representa combustible, almacenamiento, maniobras portuarias, tiempos logísticos, seguros, refrigeración cuando se requiere y otros costos que se acumulan hasta llegar al consumidor.

El problema no afecta únicamente a las empresas.

Lo pagan diariamente las familias sudcalifornianas cuando adquieren alimentos, materiales para construcción, medicamentos, vehículos, refacciones, electrodomésticos, herramientas y demás bienes necesarios para su vida cotidiana.

El principio de equidad tributaria no significa necesariamente otorgar un tratamiento idéntico a regiones que enfrentan condiciones materialmente diferentes.

Precisamente por ello México ha reconocido históricamente tratamientos fiscales diferenciados para determinadas regiones del territorio nacional.

Actualmente existen mecanismos fiscales especiales para las regiones fronterizas que permiten disminuir la carga efectiva del Impuesto al Valor Agregado.

La existencia de estos instrumentos demuestra que el sistema tributario mexicano reconoce que determinadas circunstancias económicas y territoriales pueden justificar tratamientos fiscales diferenciados cuando existe una finalidad legítima de desarrollo regional, competitividad y protección del poder adquisitivo.

Baja California Sur reúne características suficientes para que el Gobierno federal estudie y establezca un mecanismo equivalente, y la exclusión de Baja California Sur profundiza una desigualdad regional

La reforma fiscal que homologó la tasa general del IVA al 16 por ciento eliminó una ventaja histórica de las regiones que anteriormente recibían un tratamiento diferenciado.

Posteriormente se establecieron estímulos fiscales para determinadas regiones fronterizas del país.

Baja California Sur quedó fuera de esos beneficios pese a conservar las condiciones geográficas, económicas y logísticas que históricamente justificaron un tratamiento fiscal diferenciado.

La consecuencia es una paradoja:

Baja California Sur enfrenta costos extraordinarios derivados de su aislamiento, pero recibe el mismo tratamiento tributario que entidades plenamente integradas a las principales redes carreteras, ferroviarias, industriales y logísticas del territorio nacional.

Esa situación debe corregirse, ya que el aislamiento geográfico termina convirtiéndose en un impuesto invisible para las familias además los costos adicionales de transporte y distribución funcionan en los hechos como una especie de “impuesto logístico” que no aparece expresamente en ninguna ley, pero que las familias sudcalifornianas pagan todos los días.

Cuando un producto debe ser transportado cientos o miles de kilómetros y posteriormente trasladado por vía marítima para ingresar al estado, todos esos costos se incorporan al precio final.

Aplicar posteriormente una tasa general de IVA sobre bienes cuyo precio ya incorpora esos sobrecostos amplifica la desventaja económica.

Por ello, establecer un estímulo fiscal para Baja California Sur no debe entenderse como un privilegio.

Debe entenderse como una medida compensatoria de equidad territorial.

Mantener indefinidamente estas condiciones puede profundizar las diferencias económicas entre Baja California Sur y otras regiones beneficiadas por políticas fiscales especiales.

Los pequeños comercios enfrentan mayores costos de inventario y abastecimiento.

Los productores deben pagar más por maquinaria, refacciones e insumos.

El sector de la construcción enfrenta mayores costos de materiales.

Los prestadores de servicios trasladan parte de esos incrementos a sus precios.

Las familias terminan absorbiendo buena parte de esos sobrecostos.

Y las empresas que analizan establecer nuevas inversiones comparan inevitablemente estos costos con los existentes en otras entidades.

Por ello, el problema del IVA en Baja California Sur no debe analizarse exclusivamente desde la perspectiva recaudatoria.

Debe estudiarse desde una perspectiva de competitividad regional, costo de vida, inversión, empleo y justicia fiscal.

Primera alternativa: incorporar Baja California Sur al esquema de estímulos fiscales La primera alternativa consiste en modificar el marco administrativo correspondiente para incorporar al territorio de Baja California Sur a un esquema equivalente al existente en las regiones fronterizas.

En materia de IVA, el objetivo sería otorgar una tasa general del 8 por ciento.

Segunda alternativa: crear la Zona Económica y Fiscal Especial de Baja California Sur, si técnicamente se considera inconveniente incorporar Baja California Sur dentro de la definición de región fronteriza, el Gobierno federal cuenta con otra alternativa:

Crear un régimen fiscal específico para Baja California Sur.

Este mecanismo podría denominarse: Zona Económica y Fiscal Especial de Baja California Sur.

Su fundamento no sería exclusivamente la condición fronteriza, sino las características extraordinarias de:

• aislamiento geográfico;

• condición peninsular;

• dependencia logística marítima;

• distancia respecto de los principales centros nacionales de producción y distribución;

• elevados costos de transporte y abastecimiento;

• vulnerabilidad de las cadenas de suministro;

• importancia estratégica del turismo, la pesca, el comercio y los servicios;

• necesidad de fortalecer el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias.

La Zona Económica y Fiscal Especial podría considerar, entre otros instrumentos, un estímulo equivalente a una tasa efectiva del IVA de 8 por ciento, estímulos al ISR para nuevas inversiones y generación de empleo, facilidades administrativas y aduaneras, incentivos para infraestructura logística y mecanismos específicos para disminuir los costos de transporte marítimo de mercancías esenciales.

De esta manera, Baja California Sur dejaría de solicitar ser tratada artificialmente como una frontera terrestre y comenzaría a exigir el reconocimiento jurídico de lo que verdaderamente es: una región económicamente aislada que necesita una política fiscal diferenciada.

Una política fiscal diferenciada puede ser gradual, evaluable y responsable, la propuesta no pretende establecer beneficios sin mecanismos de evaluación.

Por ello, el régimen podría implementarse gradualmente, acompañado de indicadores que permitan evaluar:

• comportamiento de precios al consumidor;

• creación de empleos;

• inversión privada;

• apertura y permanencia de empresas;

• recaudación tributaria;

• consumo interno;

• competitividad;

• impacto en micro, pequeñas y medianas empresas; y

• efecto real sobre el ingreso disponible de las familias.

Asimismo, en caso de que las autoridades hacendarias consideren necesaria una implementación gradual, podría establecerse una primera etapa territorial o sectorial , sin renunciar al objetivo final de incorporar a todo Baja California Sur.

Baja California Sur y los sudcalifornianos no solicita privilegios: exige condiciones justas para competir.

Estamos solicitando que el Gobierno federal reconozca el costo extraordinario que representa vivir, producir, invertir y generar empleos en una entidad separada geográficamente de los principales centros económicos del país.

Baja California Sur aporta al desarrollo nacional a través del turismo, la pesca, los servicios, la actividad empresarial y sus recursos naturales.

Es momento de que la política fiscal federal reconozca también las condiciones extraordinarias bajo las cuales los sudcalifornianos generan esa riqueza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analicen y, en su caso, realicen las modificaciones jurídicas y administrativas necesarias para incorporar al estado de Baja California Sur a un esquema de estímulos fiscales equivalente al aplicable en las regiones fronterizas del país, particularmente en materia del Impuesto al Valor Agregado, a efecto de que la carga efectiva pueda resultar equivalente a 8 por ciento, atendiendo a las condiciones extraordinarias de aislamiento geográfico, dependencia logística y elevados costos de abastecimiento que enfrenta la entidad.

Segundo. En caso de que la incorporación de Baja California Sur a los regímenes fiscales fronterizos existentes no resulte jurídica o administrativamente procedente, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que diseñen y establezcan una Zona Económica y Fiscal Especial de Baja California Sur , mediante un régimen específico de estímulos fiscales y facilidades administrativas destinado a compensar los sobrecostos estructurales derivados de su condición peninsular, aislamiento geográfico y dependencia del transporte marítimo y terrestre de larga distancia.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Baja California Sur, realicen un estudio técnico sobre el diferencial de costos de transporte, logística, abastecimiento, energía y distribución que enfrentan las familias y empresas sudcalifornianas respecto del promedio nacional, así como sobre su impacto en los precios al consumidor, competitividad empresarial, inversión y generación de empleos, a efecto de determinar los estímulos fiscales y económicos necesarios para compensar dichas desventajas estructurales.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que, dentro del diseño de la Zona Económica y Fiscal Especial de Baja California Sur, evalúen la incorporación de estímulos en materia de IVA e ISR, facilidades administrativas, incentivos a la inversión productiva y mecanismos destinados a reducir los costos logísticos y de transporte marítimo de mercancías, materias primas, alimentos e insumos esenciales destinados a la entidad.

Quinto. En caso de determinarse que la implementación del régimen especial deba realizarse de manera gradual, se exhorta al Ejecutivo federal para que establezca una primera etapa de aplicación, con mecanismos de evaluación económica, fiscal y social, avanzando progresivamente hacia la cobertura de los cinco municipios del estado de Baja California Sur.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California Sur para que, en coordinación con los sectores productivos, cámaras empresariales, instituciones académicas y municipios de la entidad, integre un estudio técnico que cuantifique los sobrecostos derivados de la condición geográfica y logística del estado y lo presente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como sustento para el establecimiento del régimen fiscal especial.

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere la incorporación de las previsiones fiscales necesarias para la implementación de este régimen especial en la planeación hacendaria y presupuestaria federal correspondiente al siguiente ejercicio fiscal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar una política de justicia energética para Baja California Sur para que se establezca de manera permanente en Baja California Sur la tarifa eléctrica 1F de manera general; se actualicen y fortalezcan los mecanismos de medición de las condiciones climáticas; y se implementen acciones para reducir estructuralmente el costo degeneración de electricidad en la entidad, que compense los sobrecostos derivados de su aislamiento geográfico y logístico, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante este honorable pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California Sur enfrenta una condición energética excepcional dentro del país. A diferencia de las entidades que se encuentran integradas al Sistema Interconectado Nacional, Baja California Sur cuenta con un sistema eléctrico que opera aislado del resto de la red nacional, condición que limita las posibilidades de intercambio de energía, reduce la flexibilidad operativa y obliga a atender el crecimiento de la demanda principalmente con generación instalada dentro de la propia entidad.

La documentación oficial del Centro Nacional de Control de Energía ha reconocido que el Sistema Interconectado Baja California Sur se encuentra eléctricamente aislado del Sistema Interconectado Nacional y que las características de este sistema han representado históricamente un reto para garantizar una generación suficiente, confiable y económicamente competitiva.

Esta condición geográfica y eléctrica no debe traducirse en una desventaja permanente para las familias sudcalifornianas.

Por el contrario, la condición de aislamiento de Baja California Sur constituye una razón objetiva para que el Estado mexicano establezca mecanismos de compensación y justicia energética que permitan garantizar el acceso de las familias a la electricidad a precios asequibles.

La electricidad no es un lujo. Es un servicio indispensable para conservar alimentos y medicamentos, garantizar condiciones dignas de vivienda, desarrollar actividades productivas y comerciales, brindar seguridad y permitir el funcionamiento de hospitales, escuelas y servicios públicos.

En Baja California Sur, además, las condiciones climáticas generan una demanda extraordinaria de electricidad durante una parte importante del año.

Las altas temperaturas obligan a las familias a utilizar de manera intensiva equipos de aire acondicionado, ventiladores, sistemas de refrigeración y otros aparatos eléctricos indispensables para preservar condiciones mínimas de habitabilidad.

Por ello, el costo de la electricidad tiene un impacto particularmente significativo sobre la economía familiar sudcaliforniana.

El problema se agrava cuando la clasificación tarifaria no refleja adecuadamente las condiciones térmicas que experimentan las comunidades.

Baja California Sur cuenta con distintas clasificaciones tarifarias entre sus municipios y localidades, situación que genera diferencias en el costo del servicio aun cuando las familias enfrentan condiciones climáticas severas.

Las tarifas aplicables a las localidades atienden a las siguientes temperaturas:

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, en el año 2025 la temperatura media promedio en Baja California Sur fue de 24 grados.

La medición térmica actual con la que se establecen las tarifas, no obedece a una realidad, pues según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por ejemplo, en los meses de julio y agosto que presentamos las temperaturas más altas, para la comisión no se superan los 28 grados centígrados en la entidad, lo cual sin duda es impreciso y fuera de toda veracidad.

Entre los problemas de esta medición que por ley está a cargo de la Comisión Nacional del Agua, destaca la falta de tecnología que pueda considerar factores influyentes como la sensación térmica, asimismo, se omite considerar en la medición térmica en las zonas urbanas y poblaciones donde es más intenso el calor, lo que deriva en parámetros distantes de la realidad.

Conocidos estos inconvenientes técnicos, podemos inferir que no existe justificación para pagar la tarifa más alta de todo México, cuando en los cinco municipios la temperatura en verano supera los 33 grados centígrados (ºC), lo cual se exige para aplicar la tarifa 1F.

Existen antecedentes como las de 2021, en donde se aplicó una reclasificación en beneficio del estado de Tabasco, a la que se le aplicó la tarifa 1F, además de la condonación de un adeudo cercano a los 12 mil millones de pesos a los pobladores en estatus de deuda.

La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que este problema debe ser atendido mediante una metodología moderna, objetiva, transparente y territorialmente representativa.

No basta con utilizar un número limitado de estaciones meteorológicas o considerar únicamente promedios estatales.

Es indispensable contar con una red de medición suficientemente representativa de los cinco municipios de Baja California Sur, particularmente de los principales centros urbanos y de aquellas localidades que presentan temperaturas extremas y una elevada demanda eléctrica.

Dicha medición deberá considerar información meteorológica confiable y continua, incluyendo temperaturas máximas y mínimas, comportamiento horario, humedad relativa y demás variables que permitan determinar de manera científica la carga térmica que enfrentan las familias.

La información generada deberá ser pública, verificable y utilizada para determinar si la clasificación tarifaria vigente corresponde realmente a las condiciones climáticas de la entidad.

Justicia tarifaria para Baja California Sur

La actual legislación energética ofrece instrumentos para atender esta problemática. La Ley del Sector Eléctrico establece que corresponde a la Comisión Nacional de Energía aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico.

Asimismo, el artículo 159 de dicha ley establece que el Ejecutivo federal puede determinar, mediante acuerdo, mecanismos de fijación de tarifas distintos para determinados grupos de usuarias y usuarios del suministro básico.

Esta disposición abre la posibilidad jurídica para establecer un mecanismo específico que atienda las condiciones particulares de Baja California Sur.

Por ello, la solución no debe limitarse exclusivamente a solicitar una reclasificación administrativa.

Se requiere establecer un régimen de justicia tarifaria para Baja California Sur , que reconozca simultáneamente:

a) Las condiciones climáticas extremas de la entidad;

b) El crecimiento sostenido de la demanda eléctrica;

c) El aislamiento del sistema eléctrico sudcaliforniano respecto del Sistema Interconectado Nacional;

d) Los mayores costos estructurales asociados con la generación eléctrica en un sistema aislado;

e) La necesidad de garantizar el acceso asequible a la electricidad;

f) La protección de las familias de menores ingresos; y

g) Los efectos del cambio climático y el incremento de las temperaturas extremas.

En consecuencia, resulta necesario que el Gobierno federal establezca para Baja California Sur, de manera permanente y en todo el territorio estatal, la tarifa eléctrica doméstica más baja aplicable en el Sistema Eléctrico Nacional , tomando como referencia la tarifa 1F o cualquier mecanismo tarifario equivalente que genere un menor costo final para las familias.

La propuesta debe beneficiar a los cinco municipios de la entidad y evitar que las diferencias administrativas o geográficas entre localidades produzcan desigualdades injustificadas en el costo de la electricidad.

Reducción estructural del costo de generación

Sin embargo, reducir la tarifa al usuario final no puede ser la única solución.

Baja California Sur necesita una estrategia de largo plazo para disminuir el costo real de generación eléctrica.

La condición de sistema aislado obliga a desarrollar infraestructura que permita producir electricidad de manera más eficiente, confiable y limpia.

Por ello, resulta indispensable acelerar la incorporación de generación solar fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías, modernización de redes de transmisión y distribución, infraestructura de respaldo y tecnologías de generación de alta eficiencia.

Dentro de esta estrategia deberá evaluarse técnica, económica y ambientalmente la incorporación de centrales de ciclo combinado con gas natural , particularmente como tecnología de respaldo y estabilización del sistema durante los periodos en que la generación renovable no sea suficiente para atender la demanda.

El ciclo combinado puede contribuir a incrementar la eficiencia térmica de la generación convencional y disminuir el consumo específico de combustible frente a tecnologías térmicas menos eficientes, siempre que exista disponibilidad segura de gas natural y que los proyectos resulten técnica, económica y ambientalmente viables.

De manera paralela, Baja California Sur cuenta con un recurso solar excepcional que debe aprovecharse para incrementar la generación renovable.

La combinación de generación solar, almacenamiento energético y generación firme de alta eficiencia permitiría avanzar hacia un sistema eléctrico más resiliente, confiable y económicamente competitivo.

De esta manera, la política energética para Baja California Sur debe tener dos objetivos simultáneos:

• Primero, reducir inmediatamente el costo que pagan las familias.

• Segundo, reducir estructuralmente el costo de producir electricidad en el estado.

Ambos objetivos son indispensables para construir una verdadera política de justicia energética.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Energía para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan de manera permanente para Baja California Sur un mecanismo tarifario que garantice a las personas usuarias domésticas de los cinco municipios de la entidad la tarifa eléctrica más baja aplicable en el Sistema Eléctrico Nacional , tomando como referencia la tarifa 1F o el esquema tarifario que resulte económicamente más favorable para las familias sudcalifornianas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que reconozcan, dentro de los estudios y metodologías correspondientes, la condición de aislamiento eléctrico de Baja California Sur respecto del Sistema Interconectado Nacional, así como los costos y restricciones asociados con dicha condición, a efecto de establecer mecanismos de compensación y justicia tarifaria para las personas usuarias de la entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía, para que realicen una actualización integral del sistema de medición y evaluación de las condiciones térmicas de Baja California Sur , fortaleciendo la red de estaciones meteorológicas en los cinco municipios y particularmente en los principales centros urbanos y zonas de mayor concentración poblacional.

El estudio deberá incorporar información meteorológica continua, verificable y territorialmente representativa, incluyendo temperaturas máximas y mínimas, comportamiento horario, humedad relativa y demás variables técnicamente pertinentes para determinar las condiciones térmicas reales que enfrentan las familias sudcalifornianas.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para que los resultados del estudio climático referido en el resolutivo anterior sean considerados en la revisión y determinación de la clasificación tarifaria de Baja California Sur, con el objetivo de evitar que mediciones insuficientemente representativas generen una clasificación que no corresponda a las condiciones climáticas reales de las localidades de la entidad.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y al Centro Nacional de Control de Energía para que diseñen e implementen una estrategia integral de fortalecimiento del sistema eléctrico de Baja California Sur que contemple el incremento de la capacidad de generación, transmisión, distribución, almacenamiento y respaldo, con especial énfasis en la reducción de apagones, la atención de la demanda máxima y la confiabilidad del suministro.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que evalúen técnica, económica y ambientalmente la instalación de infraestructura de generación de alta eficiencia, incluyendo centrales de ciclo combinado con gas natural, como parte de una estrategia de generación firme y de respaldo que permita reducir los costos de generación, mejorar la eficiencia térmica y disminuir la dependencia de tecnologías de mayor consumo específico de combustible y mayores emisiones.

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para que elaboren un Programa Integral de Justicia Energética para Baja California Sur , que establezca metas, responsables, calendario e indicadores para garantizar tarifas eléctricas asequibles, ampliar el subsidio, fortalecer la infraestructura eléctrica, incrementar la generación renovable, incorporar almacenamiento y reducir progresivamente el costo estructural de generación eléctrica en la entidad.

Octavo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes a garantizar que las memorias de cálculo, estudios climáticos, criterios técnicos y demás información utilizada para determinar las tarifas eléctricas aplicables a Baja California Sur sean públicos, verificables y accesibles para la ciudadanía, fortaleciendo con ello la transparencia y rendición de cuentas en la determinación del costo del suministro eléctrico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar un programa integral de seguridad, modernización y transición energética en Baja California Sur, que incluya nueva capacidad de generación mediante ciclo combinado con gas natural, energías renovables, sistemas de almacenamiento y el fortalecimiento de la red eléctrica estatal, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Francisco Pelayo Covarrubias, diputado a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX; artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante este honorable pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California Sur enfrenta una condición energética particularmente vulnerable al operar como un sistema eléctrico aislado del Sistema Interconectado Nacional, situación que limita las alternativas de respaldo ante contingencias y aumenta la exposición de la población a las variaciones en la demanda, especialmente durante los periodos de altas temperaturas. Esta condición ha contribuido a la presencia de interrupciones del suministro, fluctuaciones de voltaje y una creciente presión sobre la infraestructura de generación, transmisión y distribución.

A esta problemática se suma que la generación eléctrica en la entidad mantiene una importante dependencia de combustibles fósiles, particularmente de tecnologías de combustión interna y turbogás, mientras que la participación de fuentes renovables aún resulta insuficiente frente al enorme potencial solar y eólico de Baja California Sur.

La situación exige una estrategia de largo plazo que no se limite a atender las emergencias durante los meses de verano, sino que permita construir un sistema eléctrico moderno, confiable, resiliente, eficiente y ambientalmente responsable.

La planeación eléctrica federal ya ha identificado la necesidad de incorporar nueva capacidad de generación en la región.

De manera particular, existen antecedentes de planeación para una Central de Ciclo Combinado en Baja California Sur, utilizando gas natural como combustible principal, con el propósito de contribuir a satisfacer la demanda del sistema eléctrico de la entidad. Asimismo, la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha reconocido la necesidad de desarrollar infraestructura de suministro de gas natural asociada a nueva generación eléctrica en la península.

El ciclo combinado representa una alternativa tecnológica que debe ser evaluada seriamente para Baja California Sur debido a su mayor eficiencia térmica frente a tecnologías convencionales, su capacidad para proporcionar generación firme y su posibilidad de complementar la generación solar y eólica, cuya producción es variable.

La incorporación de una central de ciclo combinado no debe entenderse como una renuncia a la transición energética. Por el contrario, puede constituir una tecnología de respaldo y transición que permita reducir progresivamente la utilización de combustóleo y diésel, mientras se desarrolla de manera acelerada nueva capacidad renovable y sistemas de almacenamiento de energía.

Baja California Sur cuenta con condiciones extraordinarias para el desarrollo de generación solar y, en determinadas zonas, eólica. Sin embargo, para aprovechar plenamente estos recursos es indispensable acompañar su crecimiento con infraestructura de transmisión, distribución y almacenamiento, particularmente mediante sistemas de baterías que permitan administrar los excedentes de generación renovable y suministrar electricidad durante los periodos de mayor demanda.

Por ello, la política energética para Baja California Sur debe construirse bajo un modelo de generación diversificada , que combine:

1. Nueva generación firme y eficiente , mediante la evaluación y, en su caso, construcción de una Central de Ciclo Combinado a gas natural, con la infraestructura necesaria para garantizar un suministro seguro de combustible.

2. Expansión acelerada de energías renovables , particularmente proyectos solares fotovoltaicos y eólicos, aprovechando el potencial energético de la entidad.

3. Modernización y ampliación de las redes de transmisión y distribución , incluyendo subestaciones, líneas y sistemas de protección y control, para reducir fallas, fluctuaciones de voltaje y pérdidas técnicas.

4. Fortalecimiento de la infraestructura de generación existente , procurando sustituir progresivamente las unidades más ineficientes y contaminantes.

5. Evaluación y actualización de los proyectos de interconexión de Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional , incluyendo alternativas mediante cable submarino u otras tecnologías que resulten técnica y económicamente viables.

La necesidad de actuar es aún mayor ante el crecimiento poblacional, turístico y económico de Baja California Sur. El incremento de la demanda eléctrica, particularmente durante el verano, obliga a contar con suficiente capacidad de generación y reservas operativas para evitar que una falla en una unidad generadora tenga efectos generalizados sobre la población.

La propia planeación energética federal contempla actualmente nueva capacidad de generación y almacenamiento, lo que demuestra que existe una ventana de oportunidad para incorporar a Baja California Sur dentro de una estrategia nacional de expansión y modernización de la infraestructura eléctrica.

No podemos permitir que Baja California Sur continúe enfrentando cada verano una situación de emergencia energética. La entidad requiere una solución estructural que garantice electricidad suficiente, confiable y de calidad para las familias, los comercios, las empresas, los servicios públicos y la actividad turística.

Asimismo, la solución debe considerar la dimensión económica. La población sudcaliforniana enfrenta costos energéticos elevados y, al mismo tiempo, debe soportar las consecuencias económicas de los apagones, incluyendo daños a electrodomésticos, interrupción de actividades comerciales, afectaciones a pequeñas empresas y riesgos para hospitales, sistemas de agua potable, telecomunicaciones y otros servicios esenciales.

Por lo anterior, resulta indispensable que el Gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad adopten una estrategia integral para garantizar la seguridad energética de Baja California Sur, combinando generación firme, energías renovables, almacenamiento, infraestructura de transmisión y distribución, y alternativas de interconexión.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que, de manera prioritaria, diseñen e implementen un Programa Integral de Seguridad y Transición Energética para Baja California Sur , destinado a incrementar la capacidad de generación, fortalecer la confiabilidad del sistema y garantizar el suministro continuo, eficiente y de calidad para la población sudcaliforniana.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que realicen y hagan públicos los estudios técnicos, económicos, ambientales y de factibilidad necesarios para determinar la viabilidad de construir una Central de Ciclo Combinado en Baja California Sur, con gas natural como combustible principal , incluyendo la infraestructura necesaria para su suministro, almacenamiento y transporte, así como su integración al Sistema Interconectado Nacional, aislado de la entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que establezca un programa de sustitución progresiva de las unidades de generación más antiguas, ineficientes y contaminantes que utilizan combustóleo y diésel, priorizando tecnologías de mayor eficiencia y menor impacto ambiental, sin comprometer la confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y al Centro Nacional de Control de Energía para que impulsen en Baja California Sur el desarrollo de nueva capacidad de generación mediante energías solar fotovoltaica y eólica , acompañada de sistemas de almacenamiento de energía de gran escala, particularmente baterías, que permitan integrar mayores cantidades de generación renovable sin comprometer la estabilidad y confiabilidad del sistema.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y al Centro Nacional de Control de Energía para que actualicen y evalúen la viabilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos destinados a interconectar Baja California Sur con el Sistema Interconectado Nacional , incluyendo el proyecto de cable submarino y las alternativas tecnológicas que permitan incrementar la seguridad energética de la entidad.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes para que, en la planeación de nueva infraestructura eléctrica para Baja California Sur, se considere como principio rector la diversificación de la matriz de generación, mediante una combinación de ciclo combinado, energías renovables y almacenamiento , de manera que la entidad avance hacia un sistema eléctrico más limpio, eficiente, resiliente y económicamente competitivo.

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes a considerar, dentro de la planeación energética de Baja California Sur, mecanismos que permitan reducir progresivamente los costos de generación y suministro eléctrico, con el objetivo de que las mejoras en eficiencia, infraestructura y diversificación de la generación se traduzcan en mejores condiciones tarifarias para las familias y los sectores productivos sudcalifornianos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.

Diputado Francisco Pelayo Covarrubias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semovi y la SGIRPC CDMX a implementar y reforzar, de manera coordinada, acciones para ordenar, señalar, regular y, en su caso, sancionar el estacionamiento irregular de motocicletas y demás vehículos en la vía pública, particularmente en la colonia Ampliación Granada, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primero . En los últimos años, las motocicletas se han convertido en una alternativa de transporte cada vez más utilizada en la Ciudad de México. Su costo, facilidad de desplazamiento y el crecimiento de las plataformas de reparto y transporte han contribuido a que su presencia en las calles aumente considerablemente. Este crecimiento, sin embargo, también ha generado nuevos problemas en el uso y ordenamiento de la vía pública, particularmente ante el estacionamiento irregular y la ocupación de espacios que deben permanecer libres para garantizar una movilidad segura.

En distintas zonas de la ciudad es cada vez más frecuente encontrar motocicletas y otros vehículos estacionados sobre banquetas, cruces peatonales, en doble fila o incluso ocupando parte de los carriles de circulación. Lo que podría parecer únicamente un problema de orden vial puede convertirse en un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente cuando estas obstrucciones reducen el espacio disponible e impiden o dificultan el paso de ambulancias, camiones de bomberos, patrullas y otros vehículos de emergencia.

Segundo. El pasado 27 de julio de 2026 se registró un incendio en un edificio ubicado en las inmediaciones de las calles de Lago Zurich y Lago Andrómaco, en la colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, que obligó a evacuar de manera preventiva alrededor de 300 personas. De acuerdo con reportes periodísticos y con denuncias de vecinas y vecinos difundidas en redes sociales, motocicletas y otros vehículos estacionados de manera irregular sobre la vía pública obstaculizaron el acceso de los cuerpos de bomberos y de las ambulancias al lugar del siniestro, retrasando las labores de auxilio en un momento en el que cada minuto resulta crítico.

Este hecho no es aislado. Vecinas y vecinos de la colonia Ampliación Granada han documentado, incluso en incidentes previos, que vehículos estacionados frente a hidrantes y sobre las propias calles han dificultado el trabajo de los bomberos, y llevan años solicitando a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México la instalación de parquímetros y otros mecanismos de ordenamiento vial en la zona, sin que a la fecha se haya dado una respuesta definitiva.

Tercero. La protección civil y la movilidad son responsabilidades compartidas entre las autoridades y la ciudadanía, pero corresponde principalmente al Estado garantizar que las calles se mantengan libres para el paso de los vehículos de emergencia. Ninguna persona debería ver comprometida su vida, su integridad o su patrimonio porque una ambulancia o un camión de bomberos no pudo llegar a tiempo por causa de vehículos mal estacionados.

Es necesario que las autoridades de movilidad y de protección civil de la Ciudad de México refuercen la regulación, señalización y, en su caso, la sanción del estacionamiento irregular de motocicletas y demás vehículos en la vía pública, particularmente en las zonas de mayor densidad habitacional, así como en las inmediaciones de hidrantes, salidas de emergencia y accesos a unidades habitacionales, a fin de garantizar en todo momento el paso expedito de los vehículos de auxilio.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a implementar y reforzar, de manera coordinada, acciones para ordenar, señalar, regular y, en su caso, sancionar el estacionamiento irregular de motocicletas y demás vehículos en la vía pública.

Fuentes

- López, J. (2026, 27 de julio). Bomberos apagan incendio en departamento en la Granada; evacúan a 300 personas. Excélsior. Recuperado de https://www.excelsior.com.mx/ciudad-de-mexico/bomberos-apagaan-incendio -departamento-granada-evacuan-300-personas

- N+ (2026). Incendio en Ampliación Granada: Autos bloquean acceso de emergencia y retrasan bomberos. Recuperado de https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/seguridad/accidentes/incendio- en-ampliacion-granada-autos-bloquean-acceso-de-emergencia-y-retrasan-a- bomberos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.

Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la seguridad de las mujeres y revisar la eficacia de la alerta de violencia de género contra las mujeres instrumentada en el estado de Jalisco, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado.

Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de 22 años, fue hallada sin vida en Zapopan, Jalisco, tras tres días de búsqueda.1

El asesinato de Karla Margarita “vuelve a poner en evidencia la falta de resultados” de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), denunció este viernes el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).2

El OCNF indicó en un comunicado que, desde noviembre de 2018, Jalisco cuenta con una AVGM que debería estar funcionando de manera permanente; sin embargo, su seguimiento y evaluación “no han tenido la continuidad ni transparencia necesarias frente a la violencia que enfrentan las mujeres” en esa región.3

“Estas denuncias no pueden ser ignoradas ni consideradas un problema menor”, sentenció el Observatorio, al advertir que diariamente mujeres transitan por el lugar en donde fue localizado el cuerpo de Pérez Jiménez el pasado 16 de septiembre, quien dos días antes fue reportada como desaparecida.4

“La localización de Karla en este espacio hace visible un contexto de inseguridad que las autoridades están obligadas a investigar y atender”, agregó sobre la alarmante situación en el estado, donde entre enero y julio de 2026 se registraron 57 muertes violentas de mujeres, de las cuales 15 fueron clasificadas como feminicidios y 42 como homicidio doloso, según cifras oficiales.

De acuerdo con la ONG, Zapopan es uno de los municipios comprendidos en la alerta de violencia de género y en la estrategia estatal que contempla entre sus objetivos mejorar la debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y fortalecer el Protocolo Alba (mecanismo de búsqueda inmediata para la localización de mujeres desaparecidas), sin embargo, este probable feminicidio obliga a cuestionar qué medidas de prevención y protección se están implementando y qué resultados se están produciendo.5

Desde que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario evaluó el cumplimiento de la alerta, en 2024 “no se ha convocado nuevamente a este mecanismo para evaluar los avances y pendientes”.

El 17 de septiembre, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) emitió un comunicado para expresar su profunda preocupación e indignación por la muerte de Karla Margarita Pérez Jiménez. La UAM manifestó su solidaridad y condolencias a su familia, amistades, compañeras y compañeros, así como a la comunidad universitaria, ante un hecho que nuevamente enluta a las Instituciones de Educación Superior de nuestro país.6

Ante la investigación de su muerte bajo el protocolo de feminicidio, la UAM hizo un llamado a las autoridades competentes del estado de Jalisco para que realicen una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, que permita el pleno esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y garantice el acceso a la justicia.

El 18 de septiembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de un probable responsable del feminicidio de Pérez Jiménez.

El caso de Pérez Jiménez ocurre en medio de las demandas para frenar la violencia contra las mujeres en México, luego del asesinato de la española Claudia Tacoronte, en Morelos. Entre enero y julio de este año se contabilizaron mil 250 muertes violentas de mujeres, de las cuales 380 fueron investigadas como feminicidios y 870 como homicidios dolosos, según cifras oficiales.7

El artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias establece que la federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios deberán instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes de carácter extraordinario para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a una vida libre de violencias.

Corresponde al Gobierno federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, declarar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. La persona titular de la Secretaría de las Mujeres notificará a las personas titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la instancia de procuración de justicia de los municipios de la entidad federativa en que se emita la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

Es inadmisible que siga existiendo una violencia de género que roba la tranquilidad a las mujeres y a sus familias, necesitamos acciones contundentes que mejoren la seguridad pública en Zapopan, en el estado de Jalisco, y en todo el país, y que la justicia sea, como mandata nuestra Constitución, pronta y expedita.

Por lo anterior, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal a revisar el funcionamiento y la eficacia de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres instrumentada en Jalisco.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno de Jalisco a implementar mayores medidas de seguridad pública con el objeto de prevenir el feminicidio y otros delitos de género en la entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno de Zapopan, Jalisco, a implementar mayores medidas de seguridad pública con el objeto de prevenir el feminicidio y otros delitos de género en el municipio.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco a realizar una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, que permita el pleno esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y garantice el acceso a la justicia, tras el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez.

Notas

1 Véase: https://www.telediario.mx/videos/policia/detienen-presunto-responsable- feminicidio-estudiante-zapopan-jaliscoConsultado el 20 de septiembre de 2026.

2 Véase: https://latinus.us/mexico/2026/9/20/asesinato-de-estudiante-en-jalisco- exhibe-falta-de-resultados-de-la-alerta-de-violencia-de-genero-184741.h tml?20/9/2026%2001:53:09Consultado el 20 de septiembre de 2026.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Véase: https://boletines.uam.mx/comunicado-posicionamiento-respecto-al-falleci miento-de-karla-margarita-perez-jimenez-numero24/Consultado el 20 de septiembre de 2026.

7 Véase: https://latinus.us/mexico/2026/9/20/asesinato-de-estudiante-en-jalisco- exhibe-falta-de-resultados-de-la-alerta-de-violencia-de-genero-184741.h tml?20/9/2026%2001:53:09Consultado el 20 de septiembre de 2026.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a que se garantice de manera permanente la seguridad de los habitantes de la comunidad Wixárika de Tateikie, Jalisco, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La comunidad wixárika de TateiKie (San Andrés Cohamiata), ubicada en el municipio de Mezquitic en la zona norte de Jalisco, enfrenta una severa crisis humanitaria y de seguridad ante el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).1

De acuerdo con investigaciones del periodista Óscar Balmen, la incursión criminal, que comenzó a intensificarse desde febrero de 2026, ha derivado en despojo de rancherías, trabajos forzados, desapariciones y casos extremos de tortura contra los pobladores.

En entrevista, Balmen relató los hechos documentados en su columna Código Negro (Milenio ), donde expuso el martirio que sufrió una pareja de adultos mayores de 80 años y sus hijos a manos de una célula delictiva que los sometió a más de siete horas de violencia física y psicológica para despojarlos de sus tierras. La ubicación geográfica de la región, limítrofe con Zacatecas y de difícil acceso, la ha convertido en un punto estratégico para el trasiego de drogas, armas y el establecimiento de casas de seguridad.2

Frente a este escenario, las autoridades tradicionales han solicitado formalmente la intervención de las fuerzas federales; sin embargo, denuncian que operativos temporales no resolverán la problemática, ya que los propios criminales han advertido represalias en cuanto las patrullas abandonen la sierra.

Durante un reciente encuentro en la zona, el secretario general de Gobierno de Jalisco rechazó involucrar a los mandos federales, lo que provocó una fuerte confrontación con los comuneros que derivó en la retirada ríspida de los funcionarios y amenazas de criminalizar a los líderes indígenas por privación ilegal de la libertad.

El aislamiento geográfico de la Sierra Madre Occidental, que antes protegía a los wixárika, ahora los vulnera ante el interés del cártel por usar sus caminos para traficar drogas y armas.

La población enfrenta esclavitud, despojo, desapariciones de adultos mayores y tortura a niños, exigiendo ayuda urgente al país para no ser dejados solos.

Previamente existió un diálogo donde la comunidad exigió una estrategia interinstitucional permanente ante enfrentamientos entre grupos criminales en zonas de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Los habitantes denunciaron restricciones al libre tránsito, suspensión de clases y actividades comunitarias, intimidaciones, retenes de civiles armados y agresiones contra autoridades tradicionales.

Diana Montoya, secretaria de la Comisión de Análisis y Defensa Territorial de Tateikie, explicó en entrevista que representantes comunitarios entregaron formalmente dos pliegos con sus demandas y participaron en una mesa previa con funcionarios estatales y federales.3

En ese ejercicio, se alcanzaron dos acuerdos: la instalación de la mesa interinstitucional a cargo de la Secretaría General del Gobierno de Jalisco –coordinada por el subsecretario del Interior, Iván Chávez– y establecer una estrategia de seguridad, en la que también deberá incluirse un enfoque de derechos humanos, para recuperar la tranquilidad y la paz en la comunidad.4

Es necesario que exista coordinación entre las fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad en la región, y no de manera temporal, sino hasta que las causas de fondo cesen y se tenga la certeza de que no habrá represalias posteriores a la salida de Fuerzas Armadas de la región.

Por lo anterior, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a que el Gobierno federal, en colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, garantice de manera permanente la seguridad de los habitantes de la comunidad wixárika de TateiKie (San Andrés Cohamiata), ubicada en el municipio de Mezquitic, en la zona norte de Jalisco, hasta que se tenga la certeza de que no habrá represalias después de la salida de los elementos de seguridad federales o estatales.

Notas

1 Véase: https://udgtv.com/noticias/crimen-asedia-a-comunidad-wixarika-en-mezqui tic-/331781Consultado el 21 de septiembre de 2026.

2 Ídem.

3 Véase: https://www.informador.mx/jalisco/comunidad-wixarika-de-tateikie-y-gobi erno-acuerdan-dialogo-por-escalada-de-violencia-en-la-region-norte-de-j alisco-20260908-0194.html

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2026.

Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica)