Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer las acciones institucionales para la prevención del suicidio y la atención integral de la salud mental, particularmente de adolescentes y jóvenes, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a implementar las acciones necesarias para evitar, prevenir y reparar interrupciones al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en la entidad federativa de Querétaro, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IFDP y a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación a revisar el cese del personal de trabajo social adscrito a dicho instituto, a fin de garantizar sus derechos laborales y preservar la atención especializada que brindan a las personas en situación de vulnerabilidad, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a fortalecer, coordinar y redoblar las acciones de búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas en México, en materia de derechos humanos, perspectiva de víctimas y atención prioritaria a las familias buscadoras, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco y a la CNBV a fortalecer la regulación de los mecanismos de preautorización y retención temporal de recursos en aplicaciones móviles y plataformas digitales, a fin de garantizar la disponibilidad efectiva del patrimonio de las personas usuarias, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a investigar, atender y prevenir los hechos de presunta agresión sexual contra menores de edad ocurridos en las inmediaciones de la Preparatoria Oficial número 257, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a garantizar el abasto de insumos y la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del Estado de México y del gobierno federal a implementar acciones que garanticen la disponibilidad de reservas territoriales para la ejecución del programa "Vivienda para el Bienestar" en la entidad, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a implementar y fortalecer una estrategia integral para reducir la incidencia del homicidio doloso y la extorsión, mediante acciones de prevención, inteligencia, investigación y persecución del delito, así como de protección a las víctimas, suscrita por las diputadas Laura Ivonne Ruiz Moreno y Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a realizar las acciones necesarias para agilizar y concretar la apertura de la frontera de Coahuila con los Estados Unidos de América para la exportación de ganado bovino, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Conagua a acelerar las obras por las cuales se construirán las redes troncales del proyecto de "Agua Saludable para la Laguna", con el objetivo de generar bienestar hídrico en las y los ciudadanos de la Comarca Lagunera, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la SHCP y de la SEP, tomen las medidas pertinentes para contratar a especialistas en psicología con la finalidad de que se incorporen a los planteles de educación básica e implementen estrategias permanentes entre el alumnado que permitan atender y prevenir el suicidio, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SICT a aplicar un programa, con la finalidad de impulsar la construcción, reparación y mantenimiento de las carreteras y caminos que comprende las redes de comunicación del estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Conagua a realizar las gestiones necesarias para iniciar la construcción del proyecto “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila”, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica, prevención, detección y atención oportuna de enfermedades y riesgos fitozoosanitarios que puedan favorecer la presencia y propagación de agentes patógenos como la salmonela y sus diferentes manifestaciones, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a revisar y actualizar la cuota unitaria per cápita asignada a las guarderías subrogadas y a garantizar la continuidad y seguridad de la atención a las y los hijos de las personas trabajadoras derechohabientes, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, a garantizar la continuidad de las acciones de inclusión digital y atiendan la suspensión del programa Conectividad para el Bienestar, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer las acciones institucionales para la prevención del suicidio y la atención integral de la salud mental, particularmente de adolescentes y jóvenes, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las acciones institucionales para la prevención del suicidio y la atención integral de la salud mental, particularmente de adolescentes y jóvenes, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

Define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida.1. Actualmente, el suicidio es considerado un problema de salud pública, que afecta no solo a los individuos, sino también a las familias y la sociedad en general. Además, de que aún está rodeado de estigmas, mitos y tabúes. A nivel mundial, se estima que cada año, una de cada 100 personas, se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos.1

El suicidio no es solamente un desafortunado problema por la pérdida irreparable de vidas humanas que representa, sino por las profundas consecuencias que genera en las familias, comunidades, instituciones y en la sociedad en su conjunto.

Detrás de cada muerte existe una historia personal atravesada, en muchos casos, por situaciones de sufrimiento emocional, aislamiento, violencia, pérdidas, problemas familiares, dificultades económicas, consumo de sustancias, trastornos de salud mental causadas principalmente por el incumpliendo de metas o expectativas en el proyecto de vida de estas personas.2 Por ello, su prevención exige superar una visión exclusivamente individual y reconocerlo como un fenómeno multifactorial que requiere respuestas coordinadas desde distintos ámbitos.

Lo anterior requiere la urgencia de la una respuesta en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, porque de acuerdo con datos del INEGI en 2025 ocurrieron y se registraron 8 mil 709 suicidios en México, lo que representó una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, 20.1 por ciento mujeres y 79.9 por ciento hombres.3

El INEGI agregó que en el rango de 15 a 29 años, las mujeres tuvieron la tasa más elevada de suicidio en relación con otros grupos de edad, con 5.1 por cada 100 mil. Entre los hombres, la tasa más alta correspondió al grupo de 30 a 44 años, con 17.2 por cada 100 mil.4

Esta realidad demuestra que la prevención no puede descansar únicamente en la atención de una crisis una vez que ésta se presenta, sino que debe incorporar acciones anticipadas en un análisis de la situación, la colaboración multisectorial, sensibilización y promoción, desarrollo de las capacidades, financiación, vigilancia, monitoreo y evaluación en el marco de las acciones multisectoriales internacionales que recomienda la Organización Mundial de la Salud.5

La dimensión del problema adquiere especial relevancia cuando se considera a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Estas etapas de la vida se encuentran vinculadas con importantes procesos de desarrollo personal, emocional, educativo y social. Factores como el acoso escolar, la violencia, la discriminación, la ruptura de vínculos familiares, el aislamiento, el consumo de sustancias o determinadas condiciones de salud mental pueden incrementar situaciones de vulnerabilidad ante el suicido.

En este contexto, la prevención debe comenzar antes de que se configure una situación de emergencia, las escuelas, las familias, los servicios de salud y los espacios comunitarios pueden desempeñar una función fundamental para identificar cambios de comportamiento, manifestaciones de sufrimiento emocional, autolesiones, aislamiento o cualquier otra señal que requiera atención especializada.

Por ello, la atención de la salud mental debe versas sobre estrategias eficaces y viables para promoverla, prevenir afectaciones y favorecer la recuperación. México cuenta con instrumentos institucionales que deben fortalecerse y acercarse de manera efectiva a la población. Entre ellos destaca la Línea de la Vida, operada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), que brinda orientación y apoyo especializado en materia de salud mental y adicciones las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del número 800 911 2000.

Este servicio también puede atender situaciones relacionadas con comportamientos suicidas y, cuando resulta necesario, canalizar a las personas hacia servicios especializados. Durante 2025 recibió 405 mil 480 llamadas; el promedio por día fue de 708 y hubo 50 mil 358 conversaciones por WhatsApp.6

Sin embargo, lo preocupante es que el presupuesto en el sector salud y en marco de la prevención del suicidio es muy bajo de los estándares de la propia Organización Mundial de la Salud. Un reporte de Animal Político publicó que con menos de 30 pesos por persona, México enfrenta la prevención del suicidio entre hospitales saturados y estigmas médicos. por lo que especialistas exigen transformar el enfoque asistencial.7

En consecuencia, resulta pertinente fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Conasama y los gobiernos de las entidades federativas, particularmente para desarrollar acciones preventivas en los espacios donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudian, conviven y construyen sus relaciones sociales. La intervención temprana permite acercar información, orientación y atención antes de que una crisis alcance niveles de mayor gravedad.

Desde una perspectiva jurídica, la prevención del suicidio también constituye una responsabilidad de las instituciones públicas en el cumplimiento de sus obligaciones de protección de los derechos humanos. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, mientras que el artículo 4o. reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud.

En consecuencia, la atención de los factores que pueden conducir a una conducta suicida no debe entenderse únicamente como una acción asistencial, sino como parte de una política pública orientada a prevenir riesgos, detectar oportunamente situaciones de vulnerabilidad y garantizar el acceso efectivo a servicios de salud mental, particularmente respecto de quienes se encuentran en etapas de desarrollo que requieren una protección reforzada.

Por estas razones, el presente Punto de Acuerdo busca llamar la atención de las autoridades competentes sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos institucionales en materia de prevención del suicidio, particularmente entre adolescentes y jóvenes. No se pretende únicamente reaccionar ante los casos consumados, sino consolidar una política preventiva sustentada en la detección temprana, la capacitación, la atención accesible, el acompañamiento psicológico, la reducción del estigma y la evaluación permanente.

Este Punto de Acuerdo surge desde la convicción de que prevenir el suicidio es una responsabilidad colectiva y un compromiso ineludible del Estado mexicano con la dignidad, la salud y la vida de todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y a los gobiernos de las entidades federativas, a elevar la responsabilidad social para redoblar y fortalecer los esfuerzos institucionales orientados a la prevención del suicidio, la atención oportuna de la salud mental y el acompañamiento psicológico de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional y abatir con ello, el incremento de las conductas suicidas en nuestro país, particularmente de adolescentes y jóvenes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y a los gobiernos de las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulsen y fortalezcan las siguientes acciones:

1. Fortalecer el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, ampliando su alcance en las comunidades con mayor incidencia de riesgo.

2. Impulsar estrategias permanentes de detección temprana de depresión, ansiedad, autolesiones e ideación suicida en planteles de educación media superior y superior.

3. Reforzar la capacitación de docentes, orientadores, madres, padres de familia y personal de salud para identificar señales de alerta y actuar de manera oportuna.

4. Ampliar la difusión y el fortalecimiento de la Línea de la Vida, como herramienta de atención inmediata para personas que enfrentan crisis emocionales o riesgo suicida.

5. Promover campañas permanentes que fomenten la salud mental, la empatía, el acompañamiento emocional y la eliminación de los estigmas asociados a la búsqueda de ayuda psicológica.

6. Generar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan conocer el impacto de las políticas públicas implementadas en la prevención del suicidio.

Notas:

1. https://www.conasama.salud.gob.mx/cnps/Img/suicidio.pdf

https://www.unicef.org/argentina/media/1536/file/suicidi o.pdf

2. https://lajornadaestadodemexico.com/frustracion-principal-causa-de-suic idio-en-mexico/

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suic ide

3. https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2026/09/10/dia-mundial-de-la-preve ncion-de-suicidio-de-8-mil-en-2025-en-mexico-el-799-fueron-hombres-ineg i/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/858277/Cu adernillo_basico_para_la_prevenci_n_del_suicidio.pdf

4. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/09/08/economia/los-jovenes-de-1 5-a-29-anos-en-mexico-presentaron-la-tasa-mas-alta-de-defunciones-por-s uicidioen-2025

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?bd= Salud&px=Mental_075.

https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/9f58dd11 -1663-49c1-b018-d09b2dc860b8/content

6. https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/09/10/sociedad/ops-68-de-paises -de-america-cuenta-con-estrategia-para-prevenir-el-suicidio

7. https://www.facebook.com/pajaropolitico/posts/-con-menos-de-30-pesos-po r-persona-m%C3%A9xico-enfrenta-la-prevenci%C3%B3n-del-suicidio-en/15189 12616947127/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 22 de septiembre de 2026.

Diputada Ana Isabel González González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a implementar las acciones necesarias para evitar, prevenir y reparar interrupciones al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en la entidad federativa de Querétaro, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Abigail Arredondo Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

La energía eléctrica constituye una condición material indispensable para el ejercicio efectivo de diversos derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a la vivienda adecuada, al acceso al agua y al desarrollo económico y social.

En esa lógica, los artículos 25, 27 y 28 constitucionales establecen la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, la propiedad originaria de la nación sobre los recursos estratégicos y el carácter estratégico de la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, así como del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Bajo ese marco, el suministro continuo, suficiente, seguro y asequible de electricidad no debe entenderse como una prestación ordinaria, sino como un presupuesto básico para garantizar condiciones mínimas de bienestar, igualdad y productividad.

En el ámbito legal, la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, dispone que la Comisión Federal de Electricidad es una entidad de la Administración Pública Federal, sectorizada a la Secretaría de Energía, con independencia técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica, régimen especial y patrimonio propio.

Asimismo, establece que dicha empresa pública del Estado tiene por objeto procurar la justicia energética y desarrollar actividades de generación, almacenamiento, transmisión, distribución, comercialización y suministro de electricidad.

Por ello, tratándose del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, la CFE y sus empresas subsidiarias son las instancias obligadas a operar, mantener, ampliar y atender la infraestructura necesaria para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

La interrupción reiterada del servicio de energía eléctrica genera afectaciones que trascienden la incomodidad doméstica. En los hogares, la falta de electricidad provoca pérdida de alimentos, daños a aparatos eléctricos, imposibilidad de conservar medicamentos que requieren refrigeración y riesgos para personas que dependen de equipos médicos. En la vida comunitaria, los apagones comprometen el acceso a agua potable cuando los sistemas de bombeo dependen de energía eléctrica, reducen la seguridad pública por falta de alumbrado, interrumpen comunicaciones y limitan la prestación de servicios esenciales. En el ámbito económico, las variaciones de voltaje y cortes prolongados afectan al comercio, a talleres, pequeños negocios, centros educativos, hospitales, oficinas públicas y parques industriales, generando pérdidas económicas, retrasos productivos y deterioro en la competitividad regional.

Durante los últimos meses, diversas autoridades estatales y medios locales han documentado un incremento relevante de interrupciones, variaciones de voltaje y deficiencias en el suministro eléctrico en Querétaro. De acuerdo con reportes públicos dados a conocer en junio de 2026, el Gobierno del Estado identificó al menos 508 reportes por fallas eléctricas en distintos municipios, con la advertencia de que la cifra real podría ser considerablemente mayor por los casos no registrados formalmente.1

Asimismo, se han señalado afectaciones en hogares, comercios, comunidades, servicios públicos y sectores productivos; también se reportaron 165 eventos con impacto en la industria, particularmente en parques industriales y sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial y manufacturero. En materia hídrica, la Comisión Estatal de Aguas registró 685 fallas relacionadas con el servicio eléctrico durante 2025 y 418 incidentes durante 2026, lo que evidencia que las interrupciones eléctricas no sólo afectan el consumo doméstico, sino también la operación de pozos y sistemas de abastecimiento de agua potable.2

La problemática se ha presentado en zonas urbanas y rurales de la entidad, incluyendo la capital queretana, Corregidora, El Marqués, municipios serranos y comunidades del semidesierto. También se ha informado sobre manifestaciones, bloqueos y amenazas de protesta derivados de la inconformidad ciudadana por apagones recurrentes y tiempos de respuesta insuficientes.

Estos elementos muestran que la deficiencia en el servicio no es un hecho aislado, sino una situación persistente que requiere atención institucional inmediata, coordinación intergubernamental y acciones correctivas verificables.

Frente a este contexto, resulta indispensable que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca de manera inmediata sus programas de mantenimiento preventivo y correctivo, incremente la capacidad de respuesta operativa, modernice la red de distribución, atienda con oportunidad los reportes ciudadanos y establezca mecanismos de coordinación permanente con autoridades estatales y municipales.

La confiabilidad del servicio eléctrico es indispensable para proteger derechos, garantizar la continuidad de servicios públicos, preservar la seguridad de las familias, evitar pérdidas económicas y sostener el crecimiento industrial de Querétaro.

Por ello, el exhorto propuesto se justifica en la necesidad de que la autoridad competente adopte medidas urgentes, medibles y transparentes para prevenir nuevas interrupciones, reparar las fallas existentes y asegurar que la población queretana cuente con un servicio eléctrico continuo, seguro y de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que de manera inmediata, implemente las acciones necesarias para evitar, prevenir y reparar interrupciones al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en la entidad federativa de Querétaro.

Notas

1. Códice Informativo, ‘Querétaro acumula 508 reportes por fallas eléctricas; Gobierno pide respuesta de la CFE’, 24 de junio de 2026. Disponible en: https://codiceinformativo.com/2026/06/queretaro-acumula-508-reportes-po r-fallas-electricas-gobierno-pide-respuesta-de-la-cfe/

2. Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a

Diputada Abigail Arredondo Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IFDP y a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación a revisar el cese del personal de trabajo social adscrito a dicho instituto, a fin de garantizar sus derechos laborales y preservar la atención especializada que brindan a las personas en situación de vulnerabilidad, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Laura Ivonne Ruiz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

El derecho de acceso a la justicia constituye uno de los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocen la obligación del Estado de garantizar que todas las personas cuenten con una defensa adecuada y con los medios necesarios para hacer efectivos sus derechos, particularmente aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

El Instituto Federal de Defensoría Pública desempeña una función esencial para hacer efectivo este derecho, al brindar servicios de defensa penal y asesoría jurídica gratuita a personas que carecen de recursos para contratar representación legal.

Dentro de esta labor, el personal profesional de trabajo social cumple funciones especializadas que resultan indispensables para la prestación de un servicio integral, a través de investigaciones socioeconómicas, dictámenes técnicos y la identificación de factores de vulnerabilidad, proporciona elementos que permiten a las personas defensoras públicas y asesoras jurídicas comprender el contexto social, económico y familiar de quienes acuden a solicitar apoyo.

Su intervención fortalece la protección de los derechos de mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas migrantes y víctimas de violaciones a derechos humanos, entre otros grupos que enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia.

Antecedentes

El pasado 30 de junio trascendió públicamente el cese de las 43 personas profesionales de trabajo social adscritas al Instituto Federal de Defensoría Pública.

Esta decisión genera preocupación, no solamente por la afectación a los derechos laborales de las personas servidoras públicas involucradas, sino también por el impacto que puede tener en la calidad, integralidad y eficacia de los servicios que presta el Instituto a favor de quienes más requieren del acompañamiento del Estado para acceder a la justicia.

Resulta especialmente preocupante que, en el contexto de la implementación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, se continúen registrando decisiones que afectan a personas trabajadoras , pese a que durante el proceso de discusión de dicha reforma se sostuvo reiteradamente el compromiso de respetar plenamente sus derechos laborales.

La estabilidad laboral, el respeto a la seguridad social y la protección de los derechos adquiridos constituyen principios que deben observarse en cualquier proceso de reorganización institucional, particularmente cuando éste involucra a personal cuya labor resulta esencial para garantizar derechos fundamentales.

Asimismo, la desaparición de personal especializado en trabajo social puede traducirse en una disminución de las capacidades institucionales para brindar una atención con enfoque de derechos humanos y perspectiva de vulnerabilidad, debilitando el acceso efectivo a la justicia de miles de personas usuarias del servicio de defensoría pública.

Por ello, resulta indispensable que las autoridades competentes privilegien la protección de los derechos laborales de las personas afectadas y adopten las medidas necesarias para preservar los servicios especializados de trabajo social dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública, en beneficio de la población que depende de esta institución para ejercer su derecho de acceso a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Defensoría Pública y a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación a revisar la decisión mediante la cual fueron cesadas las 43 personas profesionales de trabajo social adscritas a dicho instituto, privilegiando la continuidad de un servicio especializado indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Defensoría Pública y a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación a garantizar el pleno respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras afectadas, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación aplicable y los principios de protección al trabajo, incluyendo el acceso a la seguridad social y demás prestaciones que legalmente correspondan.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Defensoría Pública y a las autoridades competentes del Poder Judicial de la Federación a adoptar las medidas necesarias para preservar la atención especializada en trabajo social dentro de los servicios de defensoría pública, a fin de garantizar una defensa integral y con enfoque de derechos humanos para las personas en situación de vulnerabilidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a fortalecer, coordinar y redoblar las acciones de búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas en México, en materia de derechos humanos, perspectiva de víctimas y atención prioritaria a las familias buscadoras, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Laura Ivonne Ruiz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

La crisis de personas desaparecidas en México constituye una de las violaciones más graves, masivas y continuadas a los derechos humanos en el país, y ha sido reconocida en diversos foros nacionales e internacionales como una crisis humanitaria de carácter estructural, con más de 130,000 personas no localizadas, este fenómeno no puede ser entendido como una suma de casos aislados, sino como la expresión de un patrón sistemático de fallas estatales que comprometen la vigencia misma del Estado de derecho.

Esta crisis implica violaciones múltiples y continuadas a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales vinculantes para el Estado mexicano, particularmente la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que la desaparición de personas constituye una violación múltiple y continuada de derechos humanos mientras no se determine el paradero de la víctima.

En este contexto, el Estado mexicano tiene obligaciones reforzadas de prevención, investigación, búsqueda, sanción y reparación, bajo el estándar de debida diligencia estricta e inmediata, sin embargo, la evidencia institucional demuestra una brecha persistente entre estas obligaciones jurídicas y la actuación real de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, la búsqueda de personas y la identificación forense.

Uno de los problemas estructurales más graves es la ineficacia del sistema de investigación ministerial, a pesar de la existencia de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, la implementación ha sido fragmentada, desigual y en muchos casos contraria al espíritu de la norma, persisten prácticas institucionales que violan el principio de búsqueda inmediata, tales como la dilación en la apertura de carpetas de investigación, la exigencia de requisitos no previstos en la ley, la reclasificación indebida de los hechos como ausencias voluntarias y la minimización de los reportes iniciales.

Estas prácticas no son meras irregularidades administrativas, sino formas de incumplimiento estructural de obligaciones legales y convencionales, que generan responsabilidad del Estado por omisión y derivan en revictimización institucionalizada de las familias.

En este escenario, las madres buscadoras han asumido un papel que evidencia tanto la dimensión humana de la crisis como el colapso funcional de las instituciones públicas, su labor de búsqueda en campo, localización de fosas clandestinas, recopilación de indicios y acompañamiento a otras familias constituye una respuesta social frente a la inacción estatal, sin embargo, jurídicamente, esta situación representa una transferencia indebida de obligaciones estatales a particulares, contraria al principio de exclusividad del Estado en la investigación de delitos graves y a los estándares internacionales de protección.

Estas mujeres no solo enfrentan la desaparición de sus familiares, sino también un contexto de riesgo extremo, ausencia de garantías de seguridad y, en muchos casos, falta de reconocimiento institucional pleno, lo que agrava su condición de víctimas indirectas y vulnera su derecho a la integridad personal y a la seguridad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados tienen la obligación de garantizar condiciones efectivas para la búsqueda de personas desaparecidas y de proteger a quienes participan en estas labores, especialmente familiares, el incumplimiento de estas obligaciones puede constituir responsabilidad internacional del Estado por falta de debida diligencia.

De igual forma, la persistencia de altos niveles de impunidad evidencia una falla estructural del sistema de justicia penal, la brecha entre el número de personas desaparecidas y las investigaciones formalmente iniciadas revela no solo incapacidad operativa, sino una posible tolerancia institucional a la impunidad, contraria a los estándares establecidos por la Corte Interamericana, que ha reiterado que la impunidad prolongada en casos de desaparición constituye en sí misma una forma de trato cruel, inhumano y degradante hacia los familiares.

A ello se suma el problema del subregistro y la opacidad en la información pública. Diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado modificaciones metodológicas en los registros oficiales que han generado inconsistencias en la contabilización de personas desaparecidas, estas prácticas afectan la confiabilidad de los datos públicos, vulneran el principio de máxima transparencia y debilitan la planeación de políticas públicas basadas en evidencia, lo cual contraviene los estándares de acceso a la información establecidos en el artículo 6o. constitucional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Otro eje crítico es la crisis forense nacional, la falta de consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses y del Programa de Identificación Humana ha derivado en la existencia de decenas de miles de cuerpos sin identificar, esta situación representa una violación directa al derecho a la verdad, al derecho a la identidad y al derecho al duelo digno de las familias, reconocidos tanto en el derecho interno como en estándares internacionales.

La acumulación de restos sin identificar no es únicamente una falla técnica, sino una expresión de la incapacidad estructural del Estado para garantizar el destino final de las personas fallecidas, lo que perpetúa la incertidumbre de las familias y prolonga la violación de derechos humanos en el tiempo.

Asimismo, la fragmentación institucional entre fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios forenses ha generado una dispersión de responsabilidades que debilita la eficacia de las acciones estatales, esta falta de coordinación contraviene el principio de integralidad en la búsqueda de personas desaparecidas, establecido en la Ley General y en estándares internacionales, que exigen una actuación articulada, inmediata y con enfoque diferenciado.

En este contexto, la crisis de desapariciones en México no puede seguir siendo tratada como un problema aislado de seguridad pública, sino como una crisis estructural de derechos humanos y de carácter humanitario, que exige una respuesta urgente, coordinada y conforme a los más altos estándares internacionales.

Resulta particularmente grave que el Estado mexicano, a pesar de contar con un marco jurídico avanzado, mantenga una brecha significativa entre la norma y su implementación efectiva, lo que configura una forma de incumplimiento sistemático de obligaciones constitucionales y convencionales.

Por lo anterior, es indispensable reconocer que las madres buscadoras no son actores auxiliares ni sustitutas del Estado, sino sujetas plenas de derechos humanos, cuya labor ha sido fundamental para visibilizar la crisis y sostener procesos de búsqueda en contextos de abandono institucional , su protección debe ser una prioridad estatal, no una consecuencia accidental de políticas fragmentadas.

El fortalecimiento de las instituciones de búsqueda, investigación e identificación humana no constituye únicamente una política pública deseable, sino una obligación jurídica del Estado mexicano, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad internacional.

Garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición no es una opción política, sino un mandato constitucional y convencional ineludible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas la apertura inmediata, sin dilaciones, sin condicionamientos indebidos y sin prácticas administrativas restrictivas, de todas las carpetas de investigación por desaparición de personas, en estricto cumplimiento de la Constitución, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas y los estándares internacionales de debida diligencia reforzada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales de búsqueda el fortalecimiento inmediato, coordinado y efectivo de las acciones de búsqueda urgente, priorizando la localización con vida de las personas desaparecidas, garantizando la actuación interinstitucional obligatoria y asegurando la participación de las familias con protección integral, acompañamiento técnico y condiciones de seguridad reales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas la eliminación inmediata de toda práctica de revictimización institucional, incluyendo la reclasificación indebida de desapariciones como ausencias voluntarias, la imposición de requisitos no previstos en la ley y la dilación injustificada en la recepción e investigación de denuncias, por constituir violaciones graves a los principios de legalidad, debida diligencia y acceso efectivo a la justicia.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federales competentes la consolidación urgente y funcionamiento pleno del Banco Nacional de Datos Forenses y del Programa de Identificación Humana, garantizando su interoperabilidad efectiva, la coordinación obligatoria entre instituciones y la identificación digna, científica y oportuna de restos humanos, a fin de garantizar el derecho a la verdad, la identidad y la justicia de las familias.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las instituciones de seguridad pública, fiscalías y mecanismos de protección la implementación inmediata de medidas integrales, efectivas y verificables de protección a las madres buscadoras y colectivos de familias, reconociendo su labor como esencial para la búsqueda de personas desaparecidas y garantizando su seguridad en campo, así como la prevención de agresiones, hostigamiento, criminalización o abandono institucional.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las instancias responsables del registro y estadística de personas desaparecidas la transparencia total, integridad metodológica y homologación nacional de los registros, prohibiendo prácticas de subregistro, manipulación o reclasificación que distorsionen la magnitud real de la crisis y vulneren el derecho de la sociedad a la información veraz.

Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a todas las autoridades competentes el cumplimiento inmediato, integral y verificable de la obligación constitucional y convencional de garantizar la debida diligencia reforzada en casos de desaparición de personas, asegurando coordinación efectiva, actuación inmediata, enfoque diferenciado y respeto irrestricto a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco y a la CNBV a fortalecer la regulación de los mecanismos de preautorización y retención temporal de recursos en aplicaciones móviles y plataformas digitales, a fin de garantizar la disponibilidad efectiva del patrimonio de las personas usuarias, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Laura Ivonne Ruiz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

El acelerado crecimiento de las plataformas digitales de intermediación, particularmente en servicios de transporte y de entrega a domicilio, ha transformado profundamente las dinámicas de consumo en México, aplicaciones como Uber y DiDi por mencionar algunas, no solo han modificado la forma en que las personas acceden a bienes y servicios, sino que también han introducido nuevos esquemas en el uso de instrumentos financieros electrónicos, entre estos mecanismos destaca la preautorización de pagos, una práctica que, si bien responde a necesidades operativas legítimas, plantea serios desafíos en materia de protección al consumidor, transparencia financiera y disponibilidad efectiva del patrimonio.

La preautorización consiste en la retención temporal de una cantidad de dinero en la cuenta bancaria del usuario antes de que se concrete el cobro final del servicio, este mecanismo tiene como propósito garantizar que el usuario cuente con fondos suficientes para cubrir el servicio solicitado, reduciendo riesgos de impago, sin embargo, su implementación carece en muchos casos de criterios homogéneos, límites claros y mecanismos de supervisión eficaces, ello ha derivado en prácticas que, lejos de brindar certeza, generan incertidumbre y afectaciones económicas directas a las personas usuarias.

Diversos testimonios y quejas señalan que las plataformas suelen realizar retenciones por montos superiores al costo estimado del servicio, sin una justificación transparente, a ello se suma la falta de claridad en los términos y condiciones, los cuales frecuentemente son extensos, ambiguos o de difícil acceso, esta opacidad impide que las personas usuarias comprendan plenamente las implicaciones de autorizar dichos cargos temporales, lo que vulnera su derecho a una información veraz y suficiente.

Más preocupante aún es la demora en la liberación de los recursos retenidos, aunque las plataformas argumentan que estos tiempos dependen de los procesos interbancarios, lo cierto es que pueden transcurrir varios días sin que el dinero vuelva a estar disponible en la cuenta del usuario, en un país donde una parte significativa de la población depende de ingresos diarios o semanales, esta situación puede comprometer seriamente su capacidad para cubrir gastos esenciales, en consecuencia, la preautorización, lejos de ser un mecanismo neutral, puede convertirse en un factor de exclusión financiera y de presión económica indebida.

A lo anterior se suma un elemento particularmente problemático que es la dificultad que enfrentan las personas usuarias para presentar reclamaciones, en muchos casos, las plataformas digitales no ofrecen rutas claras, accesibles e intuitivas para reportar cargos indebidos o solicitar la liberación de recursos retenidos, los procesos de atención suelen estar ocultos entre múltiples secciones de las aplicaciones, automatizados mediante respuestas genéricas o limitados a formularios que no garantizan un seguimiento efectivo , esta complejidad desincentiva la presentación de quejas y coloca a las personas usuarias en una situación de indefensión , al no contar con mecanismos ágiles y eficaces para hacer valer sus derechos.

Desde una perspectiva jurídica, estas prácticas deben analizarse a la luz de los principios de protección al consumidor, equidad contractual y proporcionalidad , la ausencia de límites claros en los montos retenidos, así como de plazos máximos para su liberación, sugiere la existencia de vacíos regulatorios que deben ser atendidos, asimismo, la asimetría entre las plataformas digitales y las personas usuarias se ve agravada no solo por la falta de información, sino también por la dificultad para acceder a mecanismos efectivos de reclamación.

En este contexto, el papel de las autoridades regulatorias resulta fundamental, la Procuraduría Federal del Consumidor, como garante de los derechos de las personas consumidoras, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como supervisora del sistema financiero, tienen la responsabilidad de adaptar sus marcos de actuación a las nuevas realidades digitales, esto implica no solo vigilar el cumplimiento de la normativa vigente, sino también promover la emisión de disposiciones específicas que regulen de manera clara y precisa los mecanismos de preautorización, así como los procedimientos de atención a quejas.

Fortalecer la regulación en esta materia no significa obstaculizar la innovación tecnológica, sino asegurar que ésta se desarrolle bajo principios de legalidad, transparencia y justicia, la confianza de las personas usuarias en las plataformas digitales depende, en gran medida, de la certeza de que sus recursos estarán disponibles en tiempo y forma, y de que contarán con vías accesibles y efectivas para reclamar en caso de irregularidades.

Por ello, resulta indispensable avanzar hacia un esquema regulatorio que contemple, entre otros aspectos, la obligación de informar de manera clara y previa sobre los montos a retener, la justificación de dichos montos, la definición y reducción de plazos máximos para la liberación de recursos , y la implementación de mecanismos sencillos, visibles y eficaces de atención a reclamaciones, solo así será posible garantizar un equilibrio adecuado entre la eficiencia operativa de las plataformas y la protección de los derechos de las personas usuarias. La regulación de los mecanismos de preautorización constituye un reto impostergable en la era digital, atenderlo de manera oportuna permitirá no solo proteger el patrimonio de las personas, sino también consolidar un ecosistema tecnológico más justo, transparente y confiable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce la supervisión de los términos, condiciones y prácticas comerciales de las aplicaciones móviles y plataformas digitales que prestan servicios de transporte, mensajería y entrega de alimentos que operan en el país, particularmente aquellas relacionadas con mecanismos de preautorización, cargos preventivos y retenciones temporales de recursos a las personas usuarias, con el fin de garantizar que dichas prácticas sean claras, transparentes, proporcionales y no afecten indebidamente la disponibilidad de su patrimonio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en coordinación con las autoridades financieras competentes, analice y, en su caso, fortalezca el marco regulatorio aplicable a las instituciones financieras que participan en procesos de preautorización y retención temporal de recursos derivados de operaciones en plataformas digitales que prestan servicios de transporte, mensajería y entrega de alimentos , a fin de asegurar que dichos procedimientos cuenten con límites, plazos definidos y mecanismos de liberación oportuna de los fondos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a ambas autoridades a establecer procedimientos de coordinación interinstitucional para la emisión de criterios técnicos y buenas prácticas derivadas de operaciones realizadas en plataformas digitales que prestan servicios de transporte, mensajería y entrega de alimentos, que permitan prevenir abusos, cargos indebidos o retenciones prolongadas, garantizando en todo momento la protección efectiva de las personas consumidoras y la disponibilidad inmediata de sus recursos una vez concluida la operación correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de septiembre de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a investigar, atender y prevenir los hechos de presunta agresión sexual contra menores de edad ocurridos en las inmediaciones de la Preparatoria Oficial número 257, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Laura Ivonne Ruiz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

La protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes constituye una obligación irrenunciable del Estado mexicano. En términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades deben velar por el interés superior de la niñez y garantizar condiciones que permitan su desarrollo integral en entornos seguros y libres de violencia.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades de prevenir, atender, investigar y sancionar cualquier forma de violencia que afecte su integridad física, psicológica o sexual. En este sentido, resulta indispensable que las instituciones competentes implementen acciones eficaces para salvaguardar la seguridad de las y los estudiantes, particularmente en los entornos escolares y sus inmediaciones, donde deben existir condiciones que garanticen su libre tránsito y protección.

En días recientes se dio a conocer, a través de diversos medios de comunicación y redes vecinales de seguridad, un hecho ocurrido en las inmediaciones de la Preparatoria Oficial Número 257, ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el que una estudiante fue víctima de una presunta agresión sexual cuando se dirigía a sus actividades cotidianas.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia y difundidas públicamente, se observa a la joven caminando a plena luz del día sobre la banqueta. Al llegar a una esquina, un sujeto que viajaba a bordo de una camioneta color rojo desciende de la unidad y presuntamente intenta someterla, realizando actos de naturaleza sexual en su contra. En el material videográfico se aprecia que la víctima opone resistencia e intenta defenderse de la agresión.

La Policía Municipal de Ecatepec informó que, tras recibir el reporte de una presunta agresión sexual ocurrida en la vía pública de la colonia Izcalli Jardines, elementos de la corporación acudieron a las instalaciones de la Preparatoria Oficial Número 257, ubicadas sobre la calle Cenzontles, donde recabaron información relacionada con la víctima para brindarle atención integral y acompañamiento especializado.

Asimismo, se informó que personal de la corporación acompañó a la estudiante y a su madre para la presentación de la denuncia correspondiente ante el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, además de proporcionar apoyo psicológico y orientación institucional. De igual manera, la Policía Municipal inició el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la zona con el propósito de identificar y localizar al presunto responsable de los hechos.

Si bien la actuación inmediata de las autoridades resulta relevante para la atención de la víctima y el seguimiento de la investigación, la gravedad de los hechos evidencia la persistencia de riesgos para la integridad y seguridad de las adolescentes en los trayectos hacia y desde los centros educativos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del delito, vigilancia y protección en los entornos escolares, mediante acciones coordinadas entre las autoridades educativas y de seguridad pública de los distintos órdenes de gobierno.

Resulta indispensable garantizar que las y los estudiantes puedan ejercer plenamente su derecho a la educación en condiciones de seguridad, así como reforzar los mecanismos de atención, denuncia y acompañamiento para las víctimas de violencia sexual, del mismo modo, es fundamental que las investigaciones correspondientes se desarrollen con perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez, a fin de asegurar el acceso a la justicia, la reparación integral del daño y la no repetición de hechos similares.

Imágenes tomadas de redes sociales.

Asimismo, se observa que, minutos después, el paso de otro vehículo por la vialidad provoca que el agresor desista de su conducta, permitiendo que la víctima se libere. Posteriormente, el sujeto aborda nuevamente la camioneta y huye del lugar.

Tras los hechos, la estudiante logró ponerse a salvo y solicitar ayuda, mientras que vecinos de la zona alertaron sobre lo sucedido a través de redes vecinales de seguridad y realizaron reportes a las autoridades competentes para solicitar su intervención.

No obstante, de acuerdo con testimonios difundidos públicamente, los ciudadanos que reportaron los hechos señalaron haber recibido como respuesta que la atención del incidente no correspondía al cuadrante territorial asignado, situación que genera preocupación respecto de la capacidad de respuesta institucional ante hechos que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de personas menores de edad.

Estos acontecimientos evidencian la necesidad de fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales y municipales de seguridad pública, mejorar los mecanismos de reacción inmediata ante emergencias y reforzar la vigilancia preventiva en las inmediaciones de los centros educativos, particularmente en aquellos ubicados en zonas con alta concentración estudiantil.

Resulta indispensable que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, identificar y sancionar a quien o quienes resulten responsables, garantizar la atención integral a la víctima y adoptar medidas preventivas que eviten la repetición de conductas similares.

Por ello, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la gobernadora constitucional del estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Secretaría de Seguridad estatal y al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen acciones inmediatas de investigación, prevención, vigilancia y protección en favor de las y los estudiantes de la Preparatoria Oficial Número 257 en Ecatepec de Morelos y de toda la comunidad educativa de los demás municipios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora constitucional del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya la implementación de acciones urgentes de coordinación interinstitucional entre las dependencias estatales competentes, a efecto de reforzar la seguridad y vigilancia en los entornos escolares del municipio de Ecatepec de Morelos, particularmente en las inmediaciones de la Preparatoria Oficial Número 257, garantizando la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que realice una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de protección integral de la niñez respecto de los hechos de presunta agresión sexual contra menores de edad ocurridos en las inmediaciones de la Preparatoria Oficial Número 257, y lleve ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad del Estado de México para que fortalezca los operativos de vigilancia preventiva y presencia policial en las inmediaciones de la Preparatoria Oficial Número 257 y en las zonas escolares de mayor incidencia delictiva del municipio de Ecatepec de Morelos, especialmente durante los horarios de entrada y salida de las y los estudiantes.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos para que, a través de las áreas competentes de seguridad pública municipal, refuerce la vigilancia en los alrededores de la Preparatoria Oficial Número 257, establezca mecanismos de respuesta inmediata ante emergencias y coordine acciones preventivas con autoridades educativas y estatales.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad del Estado de México y a la autoridad municipal competente para que fortalezcan los protocolos de actuación aplicados en relación con los hechos denunciados y, en su caso, determinen las responsabilidades administrativas correspondientes derivadas de la presunta negativa o demora en la atención de los reportes ciudadanos bajo el argumento de competencia territorial o de cuadrante.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de seguridad del Estado de México a implementar campañas de prevención de la violencia sexual, mecanismos seguros de denuncia, acompañamiento psicológico y acciones de protección para las y los estudiantes de la Preparatoria Oficial Número 257 y demás instituciones educativas del municipio de Ecatepec de Morelos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a garantizar el abasto de insumos y la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Laura Ivonne Ruíz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El virus del papiloma humano (VPH) constituye una de las infecciones de transmisión más comunes en el mundo y representa un problema prioritario de salud pública debido a su asociación directa con el desarrollo de diversos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer cervicouterino, el cáncer de vulva, vagina, pene, ano y orofaringe, los cuales generan una alta carga de morbilidad y mortalidad prevenible.

En México, el cáncer cervicouterino continúa ubicándose entre las principales causas de muerte por cáncer en mujeres, particularmente en contextos de vulnerabilidad social, desigualdad económica y limitado acceso a servicios de salud preventiva. Esta situación evidencia la persistencia de brechas estructurales en materia de salud pública que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas en zonas rurales o marginadas.

Desde el enfoque de derechos humanos, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección de la salud, lo que implica una obligación reforzada del Estado de garantizar no solo el acceso a servicios médicos curativos, sino también a políticas de prevención eficaces, oportunas y universales. Este derecho debe interpretarse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no discriminación.

En este mismo sentido, el artículo 1o. constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo el principio pro persona, lo cual implica adoptar las medidas más amplias posibles para la protección de la salud, particularmente en grupos históricamente vulnerados como niñas, adolescentes y mujeres.

La Ley General de Salud , en sus artículos 2, 3, 6, 13, 134 y demás aplicables, establece que la prevención y control de enfermedades transmisibles constituye una materia de salubridad general, y que corresponde a las autoridades sanitarias federales y estatales la implementación de programas permanentes de vacunación universal, como estrategia prioritaria de salud pública.

De manera complementaria, el Programa de Vacunación Universal y las disposiciones técnicas de la Secretaría de Salud, así como la NOM-036-SSA2-2012 , establecen los lineamientos para la prevención, detección y control de enfermedades transmisibles, destacando la importancia de mantener coberturas de vacunación sostenidas y homogéneas en todo el territorio nacional.

La vacunación contra el VPH ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las intervenciones más efectivas en la prevención del cáncer cervicouterino, al reducir significativamente la incidencia de infecciones por cepas de alto riesgo oncogénico. En este sentido, la inmunización oportuna en edades tempranas constituye una medida de salud pública esencial para interrumpir la cadena de transmisión del virus y prevenir el desarrollo de enfermedades graves en la vida adulta.

Desde una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, el acceso a la vacuna contra el VPH representa una política pública de justicia social y equidad sustantiva. El cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas que enfrentan condiciones de pobreza, exclusión social o falta de acceso a servicios de salud preventiva.

En este sentido, la perspectiva feminista en salud pública reconoce que garantizar la vacunación contra el VPH no es únicamente una acción sanitaria, sino una medida estructural para proteger el derecho de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la autonomía corporal. La omisión o insuficiencia en la cobertura de esta vacuna perpetúa desigualdades históricas y refuerza condiciones de vulnerabilidad estructural.

El Estado de México, por su tamaño poblacional y diversidad territorial, enfrenta retos significativos en materia de salud pública, particularmente en la distribución equitativa de servicios preventivos. En diversas regiones de la entidad se han documentado periodos de desabasto, retrasos en la distribución de biológicos y limitaciones en la continuidad de campañas de vacunación, lo que impacta directamente en la cobertura efectiva de la vacuna contra el VPH.

Estas deficiencias no solo representan un problema operativo o logístico, sino una posible vulneración del derecho humano a la salud, al impedir el acceso oportuno a una herramienta de prevención ampliamente reconocida por la comunidad científica internacional.

Asimismo, la interrupción o irregularidad en las campañas de vacunación genera efectos negativos en la confianza ciudadana hacia las instituciones de salud pública, debilitando la eficacia de las políticas preventivas y comprometiendo los avances logrados en materia de inmunización.

En este contexto, resulta indispensable que el Gobierno del Estado de México fortalezca sus mecanismos de planeación, adquisición, distribución y aplicación de vacunas, asegurando la disponibilidad permanente de biológicos, insumos médicos y personal capacitado en todas las unidades del sistema estatal de salud.

Desde una visión institucionalista y de responsabilidad pública, propia de una tradición de Estado comprometida con el desarrollo social, es fundamental concebir la salud preventiva como un pilar estratégico del bienestar colectivo, la reducción de desigualdades y la sostenibilidad del sistema de salud.

En este sentido, el fortalecimiento del Programa de Vacunación contra el VPH debe asumirse como una prioridad de política pública, orientada no solo a cumplir metas administrativas, sino a garantizar derechos fundamentales y reducir las brechas de desigualdad en salud entre mujeres y hombres, así como entre regiones del Estado.

Hacer énfasis que resulta necesario exhortar al Gobierno del Estado de México a garantizar el abasto suficiente y continuo de vacunas contra el VPH, así como la implementación efectiva de campañas de vacunación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y cobertura universal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud del Estado de México a garantizar de manera permanente, suficiente y oportuna el abasto de vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) en todas las unidades médicas del sistema estatal de salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud del Estado de México a que reforzar, ampliar y dar continuidad a las campañas de vacunación dirigidas a la población objetivo, conforme a los lineamientos del Programa de Vacunación Universal y bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud estatal, a asegurar la disponibilidad de insumos médicos, la cadena de frío, los recursos humanos capacitados y las condiciones logísticas necesarias para la correcta aplicación de las vacunas contra el VPH en todos los municipios.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud a que diseñar e implementar estrategias de difusión, sensibilización y educación en salud que promuevan la importancia de la vacunación contra el VPH, especialmente dirigidas a niñas, adolescentes, madres, padres y tutores.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud estatal a fortalecer la coordinación con las instituciones federales de salud para garantizar la continuidad del suministro de biológicos y evitar interrupciones en los esquemas de vacunación contra el VPH.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del Estado de México y del gobierno federal a implementar acciones que garanticen la disponibilidad de reservas territoriales para la ejecución del programa "Vivienda para el Bienestar" en la entidad, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Laura Ivonne Ruiz Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso a una vivienda adecuada constituye uno de los pilares esenciales del bienestar social y del desarrollo económico de cualquier sociedad, no se trata únicamente de la posibilidad de contar con un espacio físico para habitar, sino de un elemento que incide de manera directa en la estabilidad familiar, la salud, la seguridad, la integración comunitaria y las oportunidades de desarrollo de las personas, en este sentido, la vivienda representa un factor determinante para la reducción de desigualdades y para la construcción de entornos urbanos más equilibrados y funcionales.

Por ello, la atención del rezago habitacional debe entenderse como una prioridad permanente del Estado, que requiere la implementación de políticas públicas integrales, sostenidas y coordinadas, estas políticas no sólo deben enfocarse en la construcción de vivienda, sino también en la generación de condiciones estructurales que hagan viable su desarrollo, dentro de las cuales destaca de manera fundamental la disponibilidad de suelo apto para uso habitacional.

El Estado de México enfrenta una situación particularmente compleja en materia de vivienda, derivada de su dinámica demográfica, su acelerado proceso de urbanización y su estrecha vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México, estas condiciones han generado una demanda creciente de vivienda que supera la capacidad de respuesta de los esquemas tradicionales de planeación urbana, lo que obliga a replantear las estrategias de gestión del territorio.

Uno de los principales factores que limita el desarrollo de vivienda social en la entidad es la escasez de suelo con características adecuadas para su urbanización, esta problemática no debe entenderse únicamente como una limitación física del territorio, sino como el resultado de diversos factores acumulados, entre ellos la expansión urbana desordenada, la falta de reservas territoriales planificadas, la complejidad de los procesos administrativos y la insuficiente articulación entre políticas de desarrollo urbano y vivienda.

La falta de suelo disponible genera efectos en cadena que impactan directamente en el acceso a la vivienda; en primer lugar, incrementa el costo del suelo urbano, lo que encarece de manera significativa el precio final de las viviendas y limita su accesibilidad para los sectores de menores ingresos, en segundo lugar, provoca la dispersión de los desarrollos habitacionales hacia zonas periféricas, lo que a su vez incrementa los costos de infraestructura, transporte y servicios públicos, en tercer lugar, dificulta la consolidación de ciudades compactas, eficientes y sostenibles.

Diversos actores del sector de la construcción han señalado que esta problemática constituye actualmente uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos habitacionales en la entidad, en particular, representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) han advertido que la falta de suelo disponible limita de manera significativa la ejecución de programas de vivienda social, lo que refleja la urgencia de atender este tema desde una perspectiva estructural y no únicamente coyuntural.

Aunado a ello, la insuficiencia de suelo con vocación habitacional también evidencia la necesidad de fortalecer la planeación territorial como herramienta central de la política urbana, la ausencia de una estrategia integral de ordenamiento puede derivar en decisiones fragmentadas sobre el uso del territorio, lo que compromete la viabilidad de los proyectos de vivienda y dificulta la prestación eficiente de servicios públicos.

En este contexto, resulta indispensable fortalecer la identificación, protección y gestión de reservas territoriales destinadas a vivienda social, así como garantizar que los predios incorporados a este tipo de proyectos cuenten con condiciones mínimas de infraestructura, conectividad y servicios, de igual forma, es necesario revisar y, en su caso, simplificar los procedimientos administrativos relacionados con el cambio de uso de suelo, a fin de evitar que los trámites burocráticos se conviertan en un obstáculo adicional para el desarrollo habitacional.

Además, la magnitud del reto requiere una coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno, ya que la planeación urbana y la política de vivienda no pueden implementarse de manera aislada, la falta de articulación institucional puede generar inconsistencias en los criterios de uso del suelo, duplicidad de esfuerzos y pérdida de eficiencia en la implementación de programas públicos.

Por otra parte, es importante considerar que el desarrollo de vivienda no puede desvincularse de la sostenibilidad urbana, la disponibilidad de suelo debe analizarse no sólo desde la perspectiva de cantidad, sino también de calidad y ubicación estratégica, de manera que se promuevan ciudades más accesibles, conectadas y con mejor distribución de servicios.

En consecuencia, la atención del problema de vivienda en el Estado de México exige una visión de largo plazo que permita no sólo incrementar la oferta habitacional, sino también garantizar que ésta se desarrolle en condiciones adecuadas de ordenamiento territorial.

Por lo anterior, considero pertinente exhortar a las autoridades competentes a fortalecer las acciones orientadas a la gestión eficiente del suelo, como condición indispensable para ampliar el acceso a la vivienda y atender de manera estructural las necesidades de la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura y en coordinación con los ayuntamientos de la entidad, para que fortalezca e intensifique las acciones de identificación, planeación, gestión, adquisición y consolidación de reservas territoriales destinadas al desarrollo de vivienda social, con el propósito de asegurar la adecuada implementación del programa federal “Vivienda para el Bienestar”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que refuercen y consoliden los mecanismos de coordinación interinstitucional con las autoridades estatales y municipales, así como con el sector de la construcción, a fin de ampliar la disponibilidad de suelo urbanizable con servicios, impulsar proyectos de vivienda asequible y garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos del programa “Vivienda para el Bienestar” en la entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México y a las autoridades previamente señaladas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan, fortalezcan y consoliden políticas y esquemas de desarrollo urbano ordenado, sustentable e incluyente, que contribuyan de manera efectiva a la mejora integral de la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de septiembre de 2026.

Diputada Laura Ivonne Ruíz Moreno (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a implementar y fortalecer una estrategia integral para reducir la incidencia del homicidio doloso y la extorsión, mediante acciones de prevención, inteligencia, investigación y persecución del delito, así como de protección a las víctimas, suscrita por las diputadas Laura Ivonne Ruiz Moreno y Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, diputadas federales Laura Ivonne Ruíz Moreno y Leticia Barrera Maldonado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública constituye una de las responsabilidades esenciales del Estado mexicano y una condición indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la protección de la vida, la integridad personal, la libertad y el patrimonio de las personas requiere de instituciones capaces de prevenir la comisión de delitos, investigar eficazmente aquellos que se cometen, llevar ante la justicia a quienes resulten responsables y garantizar atención y protección adecuadas a las víctimas.

En este contexto, el estado de México representa una entidad prioritaria para la política nacional de seguridad pública, su elevada población, densidad urbana, actividad económica, infraestructura carretera y estrecha vinculación con la Ciudad de México y con diversas entidades federativas generan condiciones que demandan una estrategia permanente de prevención, inteligencia, investigación y coordinación institucional.

Durante 2026 se han observado variaciones en los indicadores de seguridad en el estado de México, particularmente en materia de homicidio doloso, no obstante, la situación de seguridad continúa requiriendo acciones permanentes de prevención, investigación y persecución del delito, así como estrategias orientadas a evitar un incremento en la incidencia delictiva y a atender aquellos ilícitos que afectan de manera directa a las familias, los trabajadores y las actividades económicas.

De acuerdo con información presentada por el Gobierno de México con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,1 durante el primer semestre de 2026 ocho entidades concentraron 54 por ciento del total nacional de homicidios dolosos, el estado de México representó 5.9 por ciento de los homicidios registrados a nivel nacional durante dicho periodo.

Posteriormente, con información correspondiente a enero-agosto de 2026 , el estado de México representó 6.1 por ciento del total nacional de homicidios dolosos , ubicándose en el quinto lugar nacional por participación en el número absoluto de homicidios registrados, únicamente por debajo de Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa.

Resulta necesario señalar que una disminución porcentual no puede utilizarse como argumento para dar por resuelto el problema de seguridad en el estado de México.

El hecho de que el promedio diario haya pasado de aproximadamente 6.6 a 2.8 víctimas entre septiembre de 2024 y junio de 2026 constituye, sin duda, un dato que debe ser considerado; sin embargo, no resulta suficiente para sostener que la entidad haya superado la crisis de violencia e inseguridad que enfrenta, la seguridad pública no puede evaluarse únicamente a partir de la variación de un indicador, sino a partir de la capacidad efectiva del Estado para prevenir los delitos, investigar sus causas, detener a los responsables y garantizar condiciones de seguridad para la población.

Además, que el estado de México continúe ubicándose entre las entidades con mayores niveles absolutos de homicidio doloso2 obliga a mantener una postura de exigencia y no de complacencia, reducir el número de homicidios es positivo, pero reducir no significa resolver, cada homicidio representa la pérdida de una vida y una afectación irreparable para una familia, por lo que cualquier resultado favorable debe entenderse como un punto de partida para profundizar las acciones de seguridad, y no como una justificación para disminuirlas.

De igual manera, la problemática de seguridad en el estado de México no se limita al homicidio doloso, la extorsión, particularmente aquella que afecta a comerciantes, transportistas, empresarios y familias, constituye una manifestación de la presencia y capacidad de operación de estructuras criminales que buscan ejercer control económico y territorial. por ello, una estrategia que concentre su evaluación únicamente en la reducción de homicidios corre el riesgo de ofrecer una visión incompleta de la realidad que enfrentan diariamente los habitantes de la entidad.

Desde una perspectiva de responsabilidad pública, el Gobierno federal y el gobierno del estado de México no pueden conformarse con presentar cifras favorables mientras persisten delitos que afectan gravemente la tranquilidad, el patrimonio y la actividad económica de las familias mexiquenses, la ciudadanía no necesita únicamente estadísticas que muestren una reducción; necesita resultados integrales que se traduzcan en mayor seguridad en sus calles, negocios, comunidades y centros de trabajo.

Por ello, la reducción reportada debe reconocerse, pero también debe exigirse que sea sostenida, verificable y acompañada de resultados contundentes en materia de prevención, inteligencia, investigación y persecución del delito, particularmente frente a la extorsión y las estructuras criminales que generan violencia y control territorial.

En consecuencia, no es suficiente afirmar que los homicidios han disminuido; lo verdaderamente necesario es demostrar que existe una estrategia integral capaz de reducir de manera permanente los homicidios y, al mismo tiempo, contener y combatir otros delitos de alto impacto como la extorsión, la obligación de las autoridades no es administrar las cifras de violencia, sino garantizar efectivamente la seguridad de la población.

Agregar que, uno de los principales indicadores que evidencia la gravedad de la situación de seguridad en el estado de México es la percepción de la población, apenas alrededor de una de cada diez personas adultas manifiesta sentirse segura en la entidad , lo que refleja un profundo deterioro en la confianza de la ciudadanía respecto de las condiciones de seguridad y de la capacidad de las instituciones para garantizar su protección.

Esta percepción adquiere especial relevancia frente a fenómenos delictivos como el homicidio doloso y la extorsión, cuya presencia genera temor, afecta la tranquilidad de las familias y puede modificar las actividades cotidianas de la población, por ello, la presente propuesta busca contribuir al fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir, investigar y combatir estos delitos, con una visión que no se limite a reducir los registros de incidencia delictiva, sino que también permita recuperar la confianza y la sensación de seguridad de las y los mexiquenses.

En este sentido, mejorar las condiciones objetivas de seguridad y atender las causas que generan la percepción de inseguridad deben constituir objetivos complementarios, no basta con que disminuyan los delitos; es necesario que la población perciba y experimente una mayor seguridad en su vida cotidiana , nuestra propuesta, por tanto, responde a la necesidad de fortalecer la actuación de las autoridades frente al homicidio doloso y la extorsión, como parte de un esfuerzo integral orientado a recuperar la tranquilidad, la confianza y la seguridad de quienes habitan el estado de México.

I. La extorsión como problema prioritario de seguridad pública

La extorsión no representa únicamente una afectación patrimonial, en determinadas regiones puede constituir un mecanismo de control económico y territorial mediante el cual organizaciones delictivas amenazan, intimidan y condicionan la actividad de comerciantes, transportistas, productores, empresarios, trabajadores y familias.

Este delito puede manifestarse mediante llamadas telefónicas, mensajes, redes sociales, amenazas directas, extorsiones presenciales, cobro de piso, exigencias periódicas de dinero y diversas modalidades de carácter digital.

La evolución de estas conductas obliga a las autoridades a mantener capacidades permanentes de investigación y adaptación, debido a que las organizaciones criminales pueden modificar sus métodos de operación, comunicación y obtención de recursos.

Las cifras disponibles para 2026 muestran que, aun cuando existe una reducción respecto del año anterior, la extorsión continúa representando un problema de considerable magnitud en el estado de México.

Entre enero y julio de 2026 , se registraron 1,009 víctimas de extorsión en la entidad, frente a 1,634 víctimas durante el mismo periodo de 2025 . Esto representa una disminución aproximada de 38.3 por ciento .

No obstante, durante los primeros siete meses de 2026 se registraron en promedio más de cuatro víctimas de extorsión diariamente en el estado de México.

Además, la entidad ocupó el segundo lugar nacional por número absoluto de víctimas de extorsión , solamente por debajo de la Ciudad de México, que registró 1,052 víctimas durante el mismo periodo.

Este dato debe analizarse considerando que se trata de números absolutos y no de tasas por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, resulta relevante para dimensionar la magnitud del problema y la necesidad de mantener una estrategia específica para su prevención y combate.

II. La cifra registrada no representa necesariamente la totalidad del fenómeno.

Una de las principales dificultades para combatir la extorsión consiste en que las estadísticas oficiales dependen de los hechos que llegan al conocimiento de las autoridades y que son registrados mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

Por ello, las cifras de víctimas y carpetas de investigación permiten dimensionar la incidencia registrada, pero no necesariamente representan la totalidad de las extorsiones que ocurren.

Esta situación resulta especialmente relevante tratándose de la extorsión, pues las víctimas pueden abstenerse de denunciar debido al temor de sufrir represalias, a la desconfianza en las instituciones o a la percepción de que una denuncia puede incrementar el riesgo para ellas o para sus familias.

En consecuencia, una estrategia eficaz debe atender simultáneamente dos problemas: reducir la comisión del delito y generar condiciones suficientes para que las víctimas puedan denunciar de manera segura .

III. La reducción de las carpetas de investigación debe acompañarse de mayor eficacia institucional.

Durante el primer semestre de 2026 se iniciaron 845 carpetas de investigación 3 por extorsión en el estado de México , cifra que representó una disminución aproximada de 40 por ciento respecto del mismo periodo anterior.

Sin embargo, el éxito de una política de seguridad no puede medirse exclusivamente por la reducción del número de carpetas iniciadas.

El objetivo fundamental debe consistir en que existan cada vez menos víctimas, que quienes sean afectadas puedan denunciar sin poner en riesgo su integridad y que las autoridades sean capaces de identificar, investigar y desarticular las estructuras responsables de la comisión sistemática del delito.

Particular atención requiere el denominado cobro de piso , debido a que puede utilizarse como mecanismo de control económico de determinadas zonas.

Un comerciante puede ser obligado a entregar periódicamente una cantidad de dinero para mantener abierto su establecimiento; un transportista puede ser amenazado para entregar parte de sus ingresos.

Asimismo, un productor puede ser obligado a pagar una cuota para continuar con sus actividades; o una empresa puede ser intimidada para modificar sus operaciones o contratar determinados servicios.

Cuando estas conductas se vuelven sistemáticas, sus efectos trascienden a las víctimas directas y pueden generar cierre de establecimientos, pérdida de empleos, incremento de costos, disminución de inversiones y afectaciones a la actividad económica.

Por ello, combatir la extorsión significa también proteger la libertad económica y el derecho de las personas a desarrollar sus actividades lícitas sin amenazas ni condicionamientos criminales.

IV. Homicidio doloso y extorsión requieren inteligencia e investigación criminal.

La reducción del homicidio doloso no significa que las estructuras criminales hayan desaparecido.

Las organizaciones delictivas pueden desarrollar simultáneamente diversas actividades ilícitas, incluyendo extorsión, robo, delitos contra la salud, amenazas, despojo, secuestro y homicidio.

Por ello, una política de seguridad eficaz no debe concentrarse exclusivamente en la manifestación más visible de la violencia, sino en las estructuras que generan y financian las actividades criminales.

En el caso de la extorsión, esta perspectiva resulta particularmente importante, debido a que puede convertirse en una fuente constante de ingresos para grupos delictivos.

La investigación debe orientarse a identificar a los responsables directos, pero también las redes que permiten la comisión sistemática del delito, sus mecanismos de comunicación, sus fuentes de financiamiento, sus zonas de operación y sus vínculos con otras actividades criminales.

Por ello, resulta necesario fortalecer las capacidades de inteligencia criminal, análisis territorial, investigación financiera, análisis de información telefónica y digital y coordinación interinstitucional , siempre dentro del marco constitucional y legal aplicable.

El objetivo debe ser avanzar de la atención aislada de denuncias hacia la desarticulación de las estructuras criminales responsables de la extorsión y otros delitos de alto impacto .

V. La nueva legislación general contra la extorsión.

El combate a la extorsión adquirió una nueva dimensión jurídica a partir de la reforma constitucional publicada el 9 de octubre de 2025 , mediante la cual se otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir legislación general en materia de extorsión.

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .4

La expedición de esta Ley representa un cambio relevante al establecer un marco jurídico general para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de extorsión.

La nueva legislación también fortalece la necesidad de coordinación entre las autoridades federales y estatales, así como de contar con capacidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.

En consecuencia, durante 2026 existe una oportunidad para consolidar la implementación de este nuevo marco jurídico en el estado de México y fortalecer las instituciones responsables de aplicarlo.

No se trata únicamente de armonizar disposiciones jurídicas, sino de garantizar que la legislación se traduzca en resultados concretos: más denuncias seguras, investigaciones eficaces, protección de víctimas y desarticulación de organizaciones criminales.

VI. La protección de las víctimas debe ser una prioridad.

Uno de los principales obstáculos para combatir la extorsión es el temor de las víctimas a denunciar.

Una persona que recibe una amenaza puede considerar que acudir ante las autoridades incrementará el riesgo para ella, sus familiares, trabajadores o patrimonio.

Por ello, la respuesta debe ofrecer confidencialidad, atención inmediata, acompañamiento y, cuando resulte procedente, medidas de protección .

No basta con solicitar a la ciudadanía que denuncie, es indispensable que cuando una persona comunique que está siendo víctima de extorsión exista una respuesta rápida , coordinada y especializada, la experiencia reciente demuestra que la coordinación entre instituciones puede producir resultados relevantes.

En marzo de 2026, por ejemplo, autoridades federales y estatales realizaron acciones en el estado de México contra personas relacionadas con delitos de extorsión y otros delitos de alto impacto.

Asimismo, en julio de 2026 se desarrolló en 84 municipios del estado de México la denominada Operación “Dos de Bastos”, 5 en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con el aseguramiento de 3,374 máquinas tragamonedas y otros bienes relacionados con actividades ilícitas.

Estos operativos demuestran la importancia de la coordinación interinstitucional y de utilizar inteligencia para afectar las fuentes de financiamiento y operación de las organizaciones criminales.

VII. La dimensión municipal de la seguridad.

La magnitud territorial y poblacional del estado de México hace indispensable incorporar efectivamente a los municipios a la estrategia de seguridad, las condiciones delictivas no son homogéneas.

Los municipios metropolitanos, corredores carreteros, zonas industriales, áreas comerciales y comunidades rurales pueden presentar distintas modalidades y niveles de riesgo.

Por ello, la estrategia estatal debe sustentarse en información territorial actualizada que permita identificar las zonas donde se concentra la incidencia de homicidio doloso y extorsión.

La elaboración y actualización de mapas de riesgo puede contribuir a orientar de manera focalizada los recursos humanos, tecnológicos y operativos.

Asimismo, la coordinación con los gobiernos municipales permite mejorar la prevención, facilitar la detección temprana de patrones delictivos y fortalecer los canales de atención a las víctimas.

La estrategia de seguridad debe, por tanto, combinar una política estatal y federal de inteligencia con acciones municipales focalizadas conforme a las características de cada territorio.

VIII. Información, evaluación y rendición de cuentas.

Una política pública de seguridad requiere información confiable, comparable y suficientemente desagregada.

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública constituyen una herramienta fundamental para conocer la evolución de los delitos y evaluar las estrategias implementadas.

En este sentido, la información correspondiente a 2026 permite identificar tanto los avances en materia de homicidio doloso como la persistencia de la extorsión como un problema prioritario.

La información estadística debe utilizarse no solamente para elaborar diagnósticos, sino también para evaluar resultados y determinar en qué regiones o modalidades deben reforzarse las acciones.

La seguridad pública requiere resultados, pero también requiere evaluación, transparencia y rendición de cuentas , por ello, el escenario actual exige consolidar los avances y fortalecer las capacidades institucionales .

La disminución de la incidencia no debe traducirse en una reducción de las capacidades de prevención, inteligencia e investigación, por el contrario, debe aprovecharse para profundizar las estrategias que han producido resultados positivos y dirigir mayores esfuerzos hacia las modalidades delictivas que continúan afectando a la población.

Particular atención debe otorgarse al combate de la extorsión y, dentro de ésta, a aquellas modalidades que generan control económico y territorial, como el cobro de piso.

La entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión proporciona un nuevo marco jurídico para fortalecer la coordinación entre las instituciones federales y estatales.

En consecuencia, resulta necesario que las autoridades mantengan y fortalezcan las acciones de prevención, investigación, inteligencia, persecución y atención a víctimas, particularmente en las zonas con mayor incidencia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, al gobierno del estado de México, a la Secretaría de Seguridad del estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y mediante los mecanismos de coordinación previstos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortalezcan las acciones de prevención, inteligencia, investigación, persecución y sanción de los delitos de extorsión y homicidio doloso en el estado de México, con especial atención a las zonas que presenten mayores niveles de incidencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que fortalezcan las unidades especializadas en materia de extorsión, particularmente aquellas encargadas de atender casos de cobro de piso, extorsión presencial, telefónica y mediante medios digitales, garantizando mecanismos de denuncia confidencial, atención inmediata y, cuando resulte procedente, medidas de protección para las víctimas.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia del estado de México, así como a las autoridades municipales competentes, para que fortalezcan los mecanismos de intercambio de información e inteligencia criminal destinados a identificar patrones territoriales, financieros, telefónicos y digitales relacionados con personas y organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que fortalezcan los protocolos especializados de atención, acompañamiento y protección de víctimas de extorsión, particularmente de comerciantes, transportistas, productores, empresarios, trabajadores y familias que sean objeto de amenazas, cobro de piso o cualquier otra modalidad de extorsión.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia del estado de México para que, en coordinación con los gobiernos municipales, fortalezcan la identificación de zonas de riesgo y la elaboración y actualización de mapas territoriales de incidencia de extorsión y homicidio doloso, a efecto de orientar de manera focalizada los recursos humanos, tecnológicos y operativos destinados a su prevención y combate.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, particularmente en materia de unidades especializadas, recepción y atención de denuncias, investigación, protección de víctimas y coordinación interinstitucional.

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la disponibilidad y publicación de información estadística sobre extorsión y homicidio doloso en el estado de México, procurando su desagregación municipal y, cuando la metodología lo permita, por modalidad delictiva, a efecto de facilitar la evaluación de las políticas públicas de seguridad.

Octavo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que fortalezcan las campañas de prevención, orientación y atención dirigidas a la población sobre las distintas modalidades de extorsión, incluyendo la extorsión telefónica, digital y presencial, así como la difusión del número 089 y de los mecanismos institucionales disponibles para solicitar apoyo y presentar denuncias.

Noveno. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales y estatales competentes para que mantengan y fortalezcan las acciones de prevención, investigación e inteligencia encaminadas a reducir de manera sostenida el homicidio doloso en el estado de México, particularmente mediante el análisis de redes delictivas, identificación de generadores de violencia, investigación financiera y desarticulación de las estructuras criminales responsables de delitos de alto impacto.

Notas

1. https://www.gob.mx/sesnsp

2. https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/edomex-quinto-lugar-nacional-en-victimas-de-homicidio-doloso-destacan-avances

-en-seguridad-31959339

3. https://incidenciadelictiva.mucd.org.mx/Carpetas/Estatal/3

4. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5774377&fecha= 28/11/2025#gsc.tab=0

5. https://www.gob.mx/sspc/prensa/aseguramiento-de-3-mil-374-tragamonedas- y-9-mdp-resultado-del-primer-despliegue-de-operacion-dos-de-bastos-real izada-por-defensa-guardia-nacional-y-fiscalia-edomex?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputadas: Laura Ivonne Ruiz Moreno y Leticia Barrera Maldonado (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a realizar las acciones necesarias para agilizar y concretar la apertura de la frontera de Coahuila con los Estados Unidos de América para la exportación de ganado bovino, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con un promedio superior a las 900 mil cabezas anuales, la exportación de ganado bovino en pie hacia los Estados Unidos de América constituye una de las actividades pecuarias de mayor relevancia para nuestro país, no sólo por el volumen de animales que representa, sino también por su impacto en la actividad productiva y económica de las entidades federativas dedicadas a la ganadería.1

En este sentido, el seguimiento permanente de los niveles de exportación resulta fundamental para los distintos agentes que participan en el sector ganadero, toda vez que, además de permitir conocer el comportamiento de esta actividad, constituye un referente para identificar las condiciones del mercado y la evolución de los precios del ganado, los cuales inciden directamente en el comportamiento de la producción nacional de carne de bovino.

Para garantizar la disponibilidad y seguimiento de esta información, la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), lleva a cabo la publicación periódica de las cifras correspondientes a la exportación de ganado bovino en pie hacia los Estados Unidos de América, permitiendo contar con información oficial sobre el desempeño de esta actividad.

Dicha información se presenta de manera tabular y gráfica, desagregada por entidad federativa, y permite conocer tanto la cantidad mensual, como el volumen acumulado de becerros y vaquillas exportados hacia los Estados Unidos de América. Asimismo, contempla una serie histórica mensual desde 1994, la estacionalidad de los volúmenes de exportación y una estimación de la carne en canal que representa esta actividad, elementos que en conjunto permiten dimensionar la importancia que tiene la exportación de ganado bovino para la economía y el sector pecuario nacional.2

En este contexto, la relevancia de la actividad ganadera para Coahuila adquiere especial importancia, particularmente por los avances alcanzados en materia de sanidad e inocuidad. Durante su Primer Informe de Gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que, después de 15 años, la entidad había obtenido el estatus sanitario Nivel III para la exportación de ganado, lo que representó un avance significativo para los productores coahuilenses, al generar mejores condiciones para la comercialización de sus animales y la posibilidad de reducir costos asociados al proceso de exportación.

Este resultado fue posible, entre otras acciones, a partir de la visita realizada del 4 al 8 de noviembre por el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), cuyo propósito fue evaluar los avances del programa de erradicación de tuberculosis bovina implementado en la entidad. La evaluación permitió reconocer los esfuerzos realizados para fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sanitario, elementos indispensables para mantener y mejorar las condiciones de acceso del ganado coahuilense al mercado estadounidense.

Con la obtención de este estatus, Coahuila fortaleció su posición dentro del sector ganadero nacional y se colocó en condiciones sanitarias comparables con entidades de amplia tradición exportadora, como Chihuahua y Durango. Lo anterior representó una oportunidad para ampliar la participación de los productores coahuilenses en los mercados internacionales y consolidar una actividad que, por su importancia económica y productiva, requiere de condiciones que permitan garantizar su continuidad y competitividad.

A estos avances se sumó el reconocimiento de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), organismo que destacó los resultados alcanzados en materia ganadera y señaló las acciones emprendidas por la administración estatal, entre ellas el apoyo para la adquisición de sementales y el relanzamiento de programas orientados al mejoramiento genético. Estas medidas contribuyen al fortalecimiento de la calidad del hato ganadero y, por consecuencia, a mejorar las condiciones productivas de los ganaderos de la entidad.

No obstante, los avances alcanzados en materia sanitaria no han eliminado las restricciones que persisten para determinados sectores de la ganadería coahuilense.

En este sentido, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mediante comunicación dirigida al secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor, precisó que, por el momento, el ganado proveniente de las zonas A y B1 de la entidad continúa sujeto a determinadas restricciones. Esta situación evidencia la necesidad de mantener y fortalecer las acciones de coordinación entre las autoridades federales, estatales y el sector ganadero, a fin de consolidar los avances sanitarios alcanzados y generar las condiciones necesarias para la plena recuperación de la actividad exportadora.3

Coahuila está a unos días de que Estados Unidos de América les permita exportar luego de subsanar algunos detalles mínimos en la cuarentenaria de Piedras Negras, informó la Asociación Ganadera.

Junto con Chihuahua y Sonora, Coahuila obtendrá la apertura y será un punto importante para la exportación, al canalizar las cabezas de ganado de Nuevo León, Tamaulipas y Durango.4

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones necesarias para concretar la apertura de la frontera de Coahuila con los Estados Unidos de América, a la exportación de ganado bovino en pie.

Notas

1. Consultado en
https://www.gob.mx/agricultura/dgsiap/prensa/exportacion-de-ganado-bovino-103649

2. Consultado en
https://www.gob.mx/agricultura/dgsiap/prensa/exportacion-de-ganado-bovino-103649

3. Consultado en
https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-manolo-jimenez-estatus-zoosanitario-para-exportacion-de-ganado-coahuilense-PG14217686

4. Consultado en
https://eltiempomx.com/noticia/2025/ganaderos-a-unos-dias-de-poder-exportar-por-coahuila.html

Dado en el salón de sesiones, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Conagua a acelerar las obras por las cuales se construirán las redes troncales del proyecto de “Agua Saludable para la Laguna”, con el objetivo de generar bienestar hídrico en las y los ciudadanos de la Comarca Lagunera, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, el acceso al agua está contemplado como un derecho humano, tal y como lo menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, párrafo sexto, que a la letra dice:

‘’Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En este sentido, el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de crear políticas públicas y presupuestarias que garanticen el acceso al agua a las y los mexicanos, sin embargo, esto no ha sido posible. Según el documento “Situación del subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento’, en 2025 se reportó una cobertura nacional, de agua potable de 96.1 por ciento.1

También menciona que en nuestro país hay 4.9 millones de personas que carecen de un servicio formal de agua potable y 6 millones que también carecen de alcantarillado, solo que, existe una desfavorable distribución natural del agua, ya que en el centro, norte y noreste del país se concentra el 77 por ciento de la población nacional, pero tiene solo el 33 por ciento del agua renovable. En contraste, el sureste, en donde se ubica el 23 por ciento de la población nacional se cuenta con el 67 por ciento del agua disponible.

Además, de acuerdo con cifras del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cobertura de agua potable en las zonas urbanas es de 98 por ciento, es decir, 96.6 millones de habitantes cuentan con el servicio y 1.9 millones de personas carecen de él. En el caso del ámbito rural, 23.9 millones de habitantes cuentan con servicio de agua potable (89.1 por ciento de la población) y 2.9 millones de habitantes carecen del mismo.

Aunque se incrementa el porcentaje de ciudadanos con acceso a este líquido vital, es necesario mencionar que esto no garantiza la seguridad del abastecimiento, lo que quiere decir que, no todos los hogares cuentan con el servicio de agua diariamente, además los que si cuentan con el servicio suelen sufrir con la interrupción o la limitada distribución, lo que provoca que las familias carezcan del servicio y tengan que recorrer distancias largas para recolectar este recurso.

Lo anterior, evidencia la necesidad de contar no solo con infraestructura hidráulica, sino que también se requiere sea de calidad, sobre todo para aquellos estados en los que las sequías extremas se convierten en su principal enemigo. Tal es el caso de Durango, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosi, Aguascalientes y Guanajuato.

En el caso de Coahuila, el Monitor de Sequía de México, mencionó que, al 31 de agosto de 2026, el 22.3 por ciento del territorio contaba con una intensidad de sequía anormalmente seco, 5.1 por ciento con sequía moderada, o.3 por ciento2.

Esto afecta de manera directa la salud de todas y todos los coahuilenses e indirectamente a la agricultura, ganadería, ya que si bien, este fenómeno meteorológico es considerado como una anomalía transitoria, año con año va empeorando y permaneciendo cada vez más, como consecuencia del cambio climático.

Ante esto, el Gobierno Federal debe destinar un mayor presupuesto para emprender campañas permanentes de concientización del cuidado del agua, así como para su reutilización, pero sobre todo para la creación, mejora y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Esto último es, sin duda, lo que las diferentes entidades federativas necesitan, por eso, proyectos como “Agua Saludable para La Laguna” resultan ser muy importantes.

Esta obra hidráulica se realizó en la zona norte del país, principalmente en los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, en Durango, y Torreón, en Coahuila, situados en la región de la Comarca Lagunera, no obstante, se considera beneficiar a otros 6 municipios circundantes a los antes mencionados y pertenecientes a la misma zona, siendo Mapimí, Tlahualilo; correspondientes a Durango y Francisco 1. Madero, San Pedro y Viesca, ubicados en Coahuila.

Este proyecto comprendió un conjunto de estructuras (Obra de Toma, Acueducto, Planta Potabilizadora y Tanque de Llegada), las cuales son obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable destinadas a uso público urbano, y su objetivo es disminuir el estrés ecológico que se vive actualmente en la zona, es decir, la sobreexplotación del acuífero Principal Región Lagunera por el agua del río Nazas, además de disponer del recurso sin generar inconformidades sociales y altibajos en las actividades económicas, como es la agricultura, ganadería y el sector lechero, el cual es característico en la economía de la zona lagunera.

Esta obra tuvo un costo aproximado de 18 mil mdp y fue terminada en 2025, sin embargo, a pesar de haberse terminado el problema de falta de agua persiste, esto es debido a que las redes troncales aún no han sido sustituidas.

Esto ha ocasionado diversas fallas como un intento el desfogue de agua para la región, sin embargo, se detectaron problemas en las tuberías, lo que retrasó la entrega de agua 7 días más, ya que se requiere limpiar de tierra las tuberías para posteriormente estabilizar el caudal a 200 litros por segundo, después tomar las muestras de calidad y posteriormente ya inyectar el agua al taque para poder distribuirla.

En marzo de 2025, el director general de Conagua, anunció una inversión de 1,800 mdp de su presupuesto, los cuales se ejercerían 1,300 mdp este año y los otros 500 en este 2026 para las obras de redes troncales para 4 municipios, con lo que el proyecto se concluiría en 2026.

Estas obras fueron licitadas según el portal ComprasMX LA quedando como ganadores:

Supervisión Externa para las Obras Complementarias de Redes Troncales del Proyecto Agua Saludable para la Laguna.

Llevada a cabo el 23 de junio de 2025.

Compañía Ganadora Urbanizadora Camasa, SA de CV.

Monto de la Obra $5,435,045.76 Sin Impuestos.

Fecha de terminación 28 de diciembre 2025.

Así como:

Obras Complementarias de Redes Troncales Proyecto Agua Saludable para la Laguna

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomuni-caciones

Realización de la Obra en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, en el Estado De Durango y Municipios de Torreón y Matamoros en el Estado de Coahuila.

Fecha del Fallo 03 Julio a las 22;25

Compañía Ganadora Constructora y Asesora Unión S.A. de C.V.

Monto de la Obra $97,392,972.41 sin impuestos

Fecha de terminación 31 de diciembre 2025

Solo que a la fecha los trabajos no han concluido y el proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, sigue sin otorgar los beneficios para los que fue construido.

Hoy que nuestro país atraviesa una severa crisis hídrica y una grave sequía es necesario que este tipo de obras sean agilizadas, es por eso que venimos exhortando a la Comisión Nacional del Agua, a que acelere la obra por la que se construirán las redes troncales correspondientes al proyecto de “Agua Saludable para La Laguna” con el objetivo de que esta obra hidráulica pueda cumplir con su principal objetivo: el bienestar hídrico de las y los ciudadanos de la Comarca Lagunera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de que acelere las obras por las cuales se construirán las redes troncales del proyecto de “Agua Saludable para La Laguna”, con el objetivo de generar bienestar hídrico en las y los ciudadanos de la Comarca Lagunera.

Notas

1. Consultado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1059803/DSAPAS-2025_D.pdf

2. Consultado en
https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20
en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20260831.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de septiembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la SHCP y de la SEP, tomen las medidas pertinentes para contratar a especialistas en psicología con la finalidad de que se incorporen a los planteles de educación básica e implementen estrategias permanentes entre el alumnado que permitan atender y prevenir el suicidio, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El párrafo décimo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el interés superior de la niñez, en los siguientes términos:

“...En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez...”

El interés superior de la niñez es un principio que obliga a los gobiernos a que en todas sus acciones y decisiones estarán garantizados plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que con la finalidad de alcanzar su bienestar se deberá colmar la protección de sus necesidades básicas como la alimentación, educación, recreación, deporte, a un entorno libre de violencia, salud, y toda aquella situación contribuya a su desarrollo integral.

En ese sentido, la salud, como un derecho humano que también es reconocido constitucionalmente, su acceso debe ser garantizado a todas las niñas, niños y adolescentes, pues de ello depende su sano desarrollo, su integridad, e incluso, su vida.

La protección de la salud es indispensable para cualquier persona, pero ese sector poblacional al encontrarse en crecimiento lo requiere constantemente, por lo que para lograr su bienestar deben salvaguardarse los diferentes aspectos que abarca, entre ellos la salud mental, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un “estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad”. 1

La salud mental forma parte del derecho a la salud, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones adecuadas para proteger la vida, y la dignidad de las personas, como derechos fundamentales.

Sin embargo, debido a circunstancias de cada persona, la salud mental es susceptible de presentar afecciones, trastornos, discapacidades y otros estados asociados con angustia, depresión, estrés, emociones negativas contenidas por largo tiempo, o bien, surgidas de forma repentina, como son aquellos momentos de crisis que se presentan ante importantes pérdidas las cuales podrían catalogarse como dañinas cuando su duración y alcances propicien el riesgo de que esa persona asuma una conducta autolesiva que pudiera escalar al suicidio.

Así, el suicidio es un problema cuyo origen es multicausal debido a que, si bien, puede estar asociado a alguna afección a la salud mental, es una realidad que no necesariamente sucede por esta razón, sino que existen otros motivos que también lo pueden propiciar, pues cada persona está sujeta a diversos patrones o circunstancias que la pueden conducir a tomar una decisión de este tipo, sin que tenga algún trastorno de esa naturaleza.

El suicidio puede ser entendido como “el acto deliberado de quitarse la vida”, 2 por lo que debe considerarse que este tipo de decisiones cuando son tomadas de forma recurrente entre la sociedad, comienzan a representar un problema de salud pública que debe no solo atenderse, sino analizar la forma en que viene presentándose y adoptar una estrategia o mecanismos adecuadas con el objetivo de reducirlo.

Al ser diversas las causas que dan lugar al suicidio, es que se debe estar alerta ante cualquier señal que las personas pudieran presentar en su comportamiento antes de tomar este tipo de decisiones, por lo que es una realidad que ninguna persona está exenta de un incidente de este tipo, y por ello es que se debe ser empático para contribuir evitar que suceda cuando las personas afectadas se encuentran en un estado de vulnerabilidad emocional.

En 2024 se registraron 8,856 suicidios en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa nacional fue de 6.8 suicidios por cada 100 mil habitantes.3

La tasa registrada en 2024 fue superior a la observada una década antes, es decir, pasó de 5.1 por cada 100 mil habitantes en 2014, a 6.8.4

Cuando este fenómeno sucede entre niñas, niños y adolescentes, resulta muy preocupante debido a la vulnerabilidad que tendrían por su edad, pues es precisamente en esa etapa en la que su formación como personas, así como su desarrollo físico y mental se encuentra en curso, las cuales deben consolidarse con el transcurso de los años para que puedan alcanzar condiciones favorables durante su etapa adulta.

Sobre el particular, existen factores que en el caso de los menores de edad, les pueden generar mayor riesgo, como lo es el acceso o exposición a información o interacciones inadecuadas en el internet, haber sido víctima de algún tipo de violencia, de bullying, encontrarse en un entorno violento, tener problemas de adicciones, de salud, sufrir rechazo de compañeras, compañeros en la escuela, de integrantes de su familia, lo que les puede provocar depresión, angustia, estrés, tristeza constante, entre otras alteraciones.

De acuerdo con el Inegi, en 2024, los índices de suicidio entre este sector poblacional se aprecian por grupos de edad, y en el de 15 a 29 años es de 10.2 por cada 100 mil personas. En el caso de mujeres, la tasa más elevada se observó en los grupos de 15 a 29 años es de 5.1 por cada 100 mil mujeres, y en los hombres, el grupo de 15 a 29 años es de 15.4 por cada 100 mil hombres.5

Por grupos de nivel escolar, en bachillerato -adolescentes- se presentaron 22.5 suicidios por cada 100 mil personas; en secundaria se presentaron 29.4 suicidios por cada 100 mil personas; en primaria se presentaron 17.7 suicidios por cada 100 mil personas.6

No prevenir afecciones a la salud mental desde la infancia, genera la posibilidad de que en la etapa de adolescencia y adultez joven se pueda incrementar el fenómeno, tal como se ha desprendido del nuevo estudio publicado en The Lancet Regional Health – Americas, que coloca al suicidio como la tercera causa de muerte entre quienes tienen 10 a 24 años.7

Como puede advertirse son diversas las formas en que las y los menores de edad pueden verse conducidos hacia el suicidio, por lo que esas señales o muestras de que el individuo tiene un pensamiento o idea suicida pueden ser vistas cuando se encuentran.

Por esa razón es que es indispensable que la problemática del suicidio sea enfrentada con una estrategia en la que las y los menores de edad que lo requieran y que cursen estudios de educación básica en escuelas públicas, puedan tener cercanía con personal especializado en psicología a través de platicas, talleres o atención personalizada cuando así lo requieran, en las que puedan recibir la información adecuada para el manejo de emociones ante situaciones adversas.

En lo que respecta a menores de edad que requieren de esa atención, podrían estar bajo el seguimiento de un tratamiento y en constante verificación con la idea de que aquellas circunstancias que les pudieran generar alguna idea suicida, puedan ser controladas, y eventualmente disminuidas y erradicadas, lo que permitirá que su adolescencia y etapa de adultez, sea sobrellevada de una mejor forma en aras de alcanzar su bienestar.

Es común que haya niñas y niños que, durante esta etapa de su vida, enfrenten condiciones nocivas y adversas, mismas que al acumularse a través del tiempo, podrían generar una crisis emocional que no puedan superar, por lo que, al no haber tenido respaldo o acompañamiento moral para desahogarse de sus problemas, los podría conducir a tomar una decisión de este tipo.

En el caso de las y los menores de edad que hayan tomado una decisión suicida de forma repentina ante una emoción súbita o una pérdida irreparable, la cercanía con personal capacitado en psicología, sin duda, también contribuiría para que adquirieran la capacidad para manejar los momentos adversos en cualquier momento de su vida, y que cuenten con las herramientas que los lleve a superar los hechos o circunstancias que los haya afectado.

Por ello es que resultaría de gran importancia que las escuelas públicas cuenten con personal especializado en psicología de forma permanente para brindar información sobre este tópico y el manejo de emociones ante situaciones adversas, así como para atender al alumnado que así lo requiera, como parte de una estrategia nacional de prevención en la que estén involucrados los 3 órdenes de gobierno, lo cual permitirá reducir en el mediano y largo plazo los índices de suicidio en nuestro país, tanto entre personas jóvenes, como entre personas adultas, lo que también sería un buen marco para crear conciencia, empatía y sensibilización en la sociedad desde una temprana edad, lo que también aportaría mayor fuerza a este mecanismo de prevención en las escuelas de nivel básico.

Estas circunstancias deben alertar a las familias, autoridades escolares, así como a los 3 órdenes de gobierno, por lo que es necesario que haya una corresponsabilidad en la detección de factores que pudieran terminar en una tragedia, lo que implica la necesidad de que se implementen mecanismos que permitan las intervenciones tempranas para evitarlas.

Los datos muestran que no basta con atender únicamente los casos que ya cuentan con un diagnóstico o tratamiento previo, sino que resulta indispensable que haya mecanismos institucionales orientados a la prevención del suicidio, en lo que sea posible identificar oportunamente distintos factores de riesgo.

El suicidio es un problema de salud pública que requiere acciones de prevención, atención y seguimiento, no solamente respuestas cuando ya ocurrió una crisis.

Lo anterior se logrará a través de la legislación, de la operación de políticas públicas, de las ponderaciones que se realicen en las sentencias y diversas decisiones judiciales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública, tomen las medidas pertinentes para contratar a especialistas en psicología con la finalidad de que se incorporen a los planteles de educación básica e implementen estrategias permanentes entre el alumnado para atender y prevenir el suicidio.

Notas

1. Organización Mundial de la Salud (2022). Salud mental: fortalecer nuestra respuesta, consultado en
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

2. Valeria Román y Celina Abud (2017). Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas, en Red Argentina de Periodismo Científico, UNICEF. Consultado en
https://www.unicef.org/argentina/media/1536/file/Suicidio.pdf

3. Consultada en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_Suicidio_25.pdf

4. Ídem

5. Ídem

6. Ídem.

7. Consultado en
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/suicidio-entre-adolescentes-y-adultos-jovenes-aumenta-en-las-americas/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SICT a aplicar un programa, con la finalidad de impulsar la construcción, reparación y mantenimiento de las carreteras y caminos que comprende las redes de comunicación del estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país es uno de los pocos, que cuenta con una situación geográfica envidiable, al contar con acceso y conectividad vía aérea, además de vía marítima tenemos puertos de carga y de pasajeros, tanto por el Golfo de México, como por el Océano Pacífico, sin omitir que estas administraciones han empezado a retomar el uso de los trenes.

Por ello es que al hacer frontera con los Estados Unidos de América, nos da una clara ubicación estratégica para el comercio.

Es por eso por lo que una de las asignaturas más importantes de esta administración del gobierno federal es proporcionar a los inversionistas, a los exportadores e importadores, vías suficientes de comunicación que permitan el libre traslado de mercancías, así como seguridad a los ciudadanos y turistas que transitan por ellas.

En México, el traslado de personas y mercancías depende mayoritariamente de la red nacional de carreteras que, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico del Sector Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025, tiene una longitud de 405,093 kilómetros, los cuales transportan a 3,824 millones de pasajeros al año, así como 546 millones de toneladas de materiales, insumos que sirve de materia prima para la elaboración de enseres de consumo interno y de exportación.1

Esa red de carreteras se encuentra conectada a través de 15 ejes troncales que conforman el corredor carretero del país, las cuales dan acceso a las principales ciudades, puertos marítimos, puntos fronterizos y poblaciones de toda la nación como se ve en la siguiente imagen:

Recientemente la titular del Poder Ejecutivo en su conferencia matutina y con la presencia del secretario de Infraestructura y el director de Banobras, detallo el avance que existe en el Programa de Infraestructura Carretera, el cual pretende una inversión de 647 mil 832 millones de pesos (mdp) para todo el sexenio con el fin de atender 11 mil 366 kilómetros (km) de los que, a la fecha, ya están concluidos mil 796 km, es decir, un 15 por ciento de avance, y están en ejecución 4 mil 223 km.

Con una inversión de 154 mil 616 mdp se construirán 3 mil 161 km, hoy se intervienen 11 caminos de los cuales 2 ya están concluidos (407 km) que representan 13 por ciento de avance; 8 en ejecución (1,113 km) que es 35 por ciento; y un camino por iniciar (4km) que es el 0.2 por ciento. Mientras que, entre 2027 a 2029 se construirán 1,637 km más, es decir 52 por ciento adicional.

Esto son parte de los resultados del Programa de Infraestructura Carretera, Coahuila es un estado que, por su colindancia con los Estados Unidos de América, se ha convertido en un estado estratégico para el traslado de mercancías de importación y exportación, sus casi 8,764 kilómetros de vías terrestres, conformados por 1,793 kilómetros de carreteras troncales, 3,226 de alimentadoras y 3,745 de caminos rurales revestidos.

Además, 2 de los 15 ejes troncales cruzan territorio coahuilense, de manera longitudinal el México-Nuevo Laredo, con ramal a Piedras Negras, y de forma transversal el Mazatlán-Matamoros. Además, a lo largo de la frontera norte cruza nuestro territorio el corredor que conecta a Tijuana con Matamoros.

El corredor troncal México-Nuevo Laredo, comprendido por la carretera federal 57, con ramal a Piedras Negras, es el más importante del país para el movimiento de mercancías y personas, tiene una longitud de 1,544.4 kilómetros, de los cuales, 415 corresponden al ramal que va de Saltillo a Piedras Negras y cuenta con tramos que cruzan vialidades urbanas en las poblaciones de Castaños, Monclova y Sabinas.

Cerca de la frontera, este corredor tiene cruce con la carretera federal 2, que recorre 2,140 kilómetros entre Tijuana (Baja California) y Matamoros (Tamaulipas). En particular, hay 644 kilómetros que bordean la frontera con los Estados Unidos y que llevan de Acuña, en Coahuila, al puerto tamaulipeco.

El eje carretero troncal Mazatlán-Matamoros cruza por nuestra entidad a través de la carretera federal 30, que es parte de lo que localmente denominamos el eje carretero Laguna-Norte, el más grande del estado.

Se origina en Torreón y tiene una longitud de 368 kilómetros hasta Monclova, de ahí, por la carretera federal 57, se puede llegar a Acuña y a Piedras Negras, a lo largo del recorrido, cruzan por vialidades urbanas en varios municipios, como San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sacramento, Nadadores, San Buenaventura, Frontera y Monclova.

A pesar de que se cuenta con una amplia red de comunicación en el estado, falta realizar la construcción de algunas carreteras y sobre todo libramientos, que permitirán la conexión entre México y Canadá, a través del corredor denominado “Port to Plains”.

La construcción de los libramientos que se necesitan para terminar el corredor carretero transnacional “Port to Plains”, el cual conecta Vancouver en Canadá, hasta el Paso, Del Río, Eagle Pass y Laredo, Texas, en Estados Unidos de América, para llegar al puerto de Mazatlán y Manzanillo, en nuestro país, lo que contribuirá a la apertura de negocios internacionales.

Estos también permitirán la circulación de los vehículos de carga de cualquier dimensión, sin restricciones y reducir los tiempos de traslados a través del estado, pero también existen diversas obras que requieren ampliaciones y mantenimientos que urgen se realicen en el estado como:

• La Modernización y ampliación a 4 carriles de la carretera 57 en el tramo Saltillo- Monclova.

• El mantenimiento de la carretera Saltillo-Torreon

• Rectificación de la Carretera 57 en el tramo denominado los Chorros.

• Construcción del boulevard Jesús María Ramón, en Acuña.

• Rehabilitación de la Autopista Premier Rosita-Allende.

• Modernización del libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Monclova.

• Modernización y ampliación de la carretera a Derramadero, en Saltillo.

• Libramiento Monclova, en Castaños y Monclova.

• Paso a desnivel en la carretera Monterrey-Saltillo carretera Los Pinos, en Ramos Arizpe.

• Libramiento Morelos-Zaragoza.

• Libramiento de Sabinas.

• Ampliar la carretera 57 en Allende

• Pavimentar el camino al Ejido Guadalupe y el tramo San José - San Vicente en Guerrero.

• Rehabilitar y pavimentar la carretera Morelos - Los Álamos en Morelos,

• Concluir el Libramiento Alonso Ancira en Nava para conectar con la carretera 57,

• Concluir la carretera Muzquiz - Ojinaga,

• Rehabilitar el camino el Melón - los Venados en Muzquiz,

• Construir los Libramientos de Cuatro Ciénegas, Sacramento, Nadadores, San Buenaventura, Abasolo y Escobedo,

• Continuar la Carretera la Peña - Boquillas del Carmen, en Ocampo,

• Modernizar la carretera de Arteaga al entronque con el libramiento Carbonera,

• Modernizar la carretera Derramadero - General Cepeda,

• Modernizar la carretera federal Torreón - Monclova, y

• Ampliar el camino Francisco I Madero Lequeitio.

Esta y otras son las necesidades que el estado tiene en materia de infraestructura carretera, para continuar siendo un estado productivo y una puerta a las exportaciones e importaciones, por esa razón es que exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que diseñe y aplique un programa en el que se brinden recursos que permitan concluir la construcción de diversas carreteras y caminos rurales en el estado, lo que sin duda mejorará la conectividad

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trasportes para que diseñe e implemente algún programa, con la finalidad de impulsar la construcción, reparación y mantenimiento de las carreteras y caminos que comprende las redes de comunicación del estado de Coahuila, que le permita seguir siendo un puente seguro, para la exportación e importación de mercancías con los países vecinos.

Nota

1. Consultado en
https://micrs.sct.gob.mx/images/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE_2025.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Conagua a realizar las gestiones necesarias para iniciar la construcción del proyecto “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila”, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es el líquido vital e indispensable para la sobrevivencia de todas las formas de vida, así como para la conservación de los recursos naturales.

Como tal, el agua en cantidades suficientes es necesaria para la subsistencia no solo de los humanos, sino de todos los seres vivos, de igual manera es necesaria para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y en muchos casos es el líquido vital para la industria generadora de empleos.

Sin embargo, también es necesario mencionar que en grandes cantidades y sin control, el agua se puede convertir en un instrumento de destrucción, que puede dañar todo tipo de patrimonio, o incluso, poner en riesgo la integridad, e incluso la vida de cualquier ser vivo.

Nuestro país cuenta con una ubicación geográfica envidiable, ya que, por su orografía y clima, es susceptible de enfrentarse a fenómenos meteorológicos como lo son las sequias y las precipitaciones pluviales, los cuales, al ocurrir de forma extrema, pueden ocasionar importantes daños en la población de diversas zonas del país.

Distintas regiones y entidades del país han registrado lluvias fuertes en los últimos días que han ocasionados graves inundaciones, esto no solo depende de la temporada de lluvias que sucede, sino a la combinación de varios fenómenos atmosféricos y oceánicos que favorecen la formación de nubes, tormentas y precipitaciones intensas.

Esto ha generado que las lluvias registradas entre enero e inicios de junio de 2026 hayan sido 15 % más intensas que el promedio climatológico de los últimos 30 años, según el investigador Jorge Zavala Hidalgo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

Esto ha propiciado que diversas zonas conurbadas del país hayan sufrido encharcamientos e inundaciones, lo que ha complicado la cobertura de la gran demanda de servicios públicos que requiere la población para tener una calidad de vida adecuada.

Contar con sistemas de drenaje, adecuados y eficientes se convierte en una necesidad básica y urgente para los ciudadanos, quienes requieren de proyectos gubernamentales que fortalezcan la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Uno de esos proyectos necesarios para el buen funcionamiento de la región Laguna, es el denominado “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila”, el cual beneficiará a más de 300 mil habitantes, cuyo diseño viene impulsado por el gobierno federal, y por tanto, su ejecución requiere contar con un fondo de la federación debido a su magnitud, aunque existe una coordinación con el ayuntamiento de Torreón y con el gobierno de Coahuila para atender obras menores y colectores pluviales ubicados en colonias o regiones más vulnerables.

Torreón, es una ciudad ubicada dentro de una cuenca cerrada, lo que ocasiona que durante la temporada de lluvias se acumule el agua pluvial en diferentes puntos de la ciudad, reflejándose esos encharcamientos o inundaciones en zonas habitacionales, industriales, comerciales, afectando la movilidad y dañando sus vías de comunicación.

Esto genera un alto riesgo para la salud de la población dado que el sistema de drenaje actualmente es combinado y como resultado de la saturación de estos conductos, se presentan afloramiento de aguas pluviales mezcladas con aguas residuales.

Esto se incrementa año con año, como podemos constatar ya que, según el Servicio Meteorológico Nacional, en los últimos 50 años se han presentado al menos 14 tormentas atípicas que han superado los 50 mm. de precipitación, eventos que han causado daños por inundación a Torreón.

Ante esta problemática, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS) elaboró el proyecto denominado “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la ciudad de Torreón, Coahuila”, el cual fue presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dicho proyecto contará con 35.2 kilómetros de colectores y subcolectores de 18” a 84”, además de 11.6 kilómetros de líneas a presión de 18” a 30” pulgadas de diámetro, 11.2 kilómetros de canales, 4 cárcamos de bombeo con capacidad de 0.25 a 0.5 m3/s, 6 estanques de detención con capacidad de almacenamiento en conjunto de 2.17 millones de m3 y un estanque de retención en parque hídrico Santa Fe, de 1.068 millones de m3.

El proyecto en la actualidad cuenta con una factibilidad económica del 100%; una factibilidad técnica del 100% y se encuentra en una fase de actualización de datos, dado que durante años no se le han otorgado recurso.

Es urgente que un proyecto de esta naturaleza pueda ser ejecutado ya que beneficiará a más de 300 mil habitantes de Torreón, lo que significa el 46% de la población del municipio, además de que también tendrá un impacto favorable en 93,506 viviendas, trayendo importantes ahorros al erario municipal sobre el orden de $588.54 millones de pesos anuales.

Es por eso qué, el presente punto de acuerdo tiene como fin, solicitar a la Comisión Nacional del Agua, realicen las gestiones necesarias para iniciar la ejecución del proyecto antes citado, y que de esa forma tenga la capacidad para enfrentar las precipitaciones extremas que se puedan presentar en el municipio de Torreón, en Coahuila, que en tiempos recientes se ha visto perjudicado por el exceso de agua generado, lo que debido a las condiciones derivadas de la ubicación geográfica de dicha demarcación, las y los ciudadanos se ven perjudicados de diversas maneras.

Esto obliga a que desde el gobierno federal se diseñen proyectos que contribuyan a fortalecer la infraestructura urbana y de servicios públicos para generar bienestar entre la población, así como para contener la intensidad de los fenómenos meteorológicos, por lo que al día de hoy se está en espera de recursos federales para el inicio de las obras y su construcción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de que se realicen las gestiones necesarias para iniciar la construcción del proyecto denominado “Construcción de Sistema Integral de Drenaje Pluvial de la Ciudad de Torreón, Coahuila”.

Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de septiembre de 2025.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica, prevención, detección y atención oportuna de enfermedades y riesgos fitozoosanitarios que puedan favorecer la presencia y propagación de agentes patógenos como la salmonela y sus diferentes manifestaciones, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2 y fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; la Dirección General de Epidemiología; la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; así como el Instituto Mexicano del Seguro Social; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el IMSS-Bienestar, en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las estrategias de vigilancia epidemiológica, prevención, detección y atención oportuna de enfermedades y riesgos fitozoosanitarios que puedan favorecer la presencia y propagación de agentes patógenos como la Salmonela y sus diferentes manifestaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección del derecho a la salud es una condición indispensable para garantizar la calidad de vida de la población, ante ello, las autoridades de salud tienen la responsabilidad de fortalecer las medidas de prevención, vigilancia epidemiológica, control sanitario y atención de factores que puedan representar un riesgo para la salud pública.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “Salmonela o Salmonella” representa una de las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas y en el peor de los casos puede ser mortal, especialmente cuando afecta a niñas y niños, adultos mayores o personas con sistemas inmunodeprimidos.1

Es una enfermedad caracterizada por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas y, en ocasiones, vómito. Su transmisión se encuentra relacionada con el consumo de alimentos contaminados y con la deficiencia de higiene, preparación y manipulación de productos.

La Salmonela se ha encontrado prácticamente a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde los piensos destinados a los animales y la producción primaria, hasta los hogares, establecimientos comerciales, servicios de alimentación e instituciones que proporcionan alimentos a un número importante de personas como hospitales, centros de trabajo y escuelas, entre otros.

Destaca que entre los productos de origen animal asociados con mayor frecuencia a la transmisión de este padecimiento se encuentran los huevos, la carne, las aves de corral y la leche; pero también, a alimentos como la lechuga y los jalapeños.

En México se han documentado casos de esta índole, entre ellos el registrado recientemente en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, donde 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron síntomas asociados con Salmonela. Este acontecimiento debe ser considerado como un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia de la inocuidad alimentaria.2

Por sus repercusiones el titular de la Secretaría de Salud, giró instrucciones a la Dirección General de Epidemiología; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a otras dependencias a realizar revisiones “urgentes” a establecimientos con la determinación de comprobar las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación en todo el sistema público de salud.

No es un asunto menor, la experiencia internacional demuestra que los riesgos asociados a la Salmonela, requiere mecanismos de vigilancia que observen las fronteras entre países y en las entidades federativas.

En los Estados Unidos, por ejemplo, en lo que va del año se ha registrado un brote de Salmonela vinculado con el consumo de huevo. La investigación conjunta de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y autoridades estatales identificaron 134 personas enfermas en 18 estados.3

Derivado de dicho evento se retiraron del mercado 1.5 millones de docenas de piezas, distribuidos en establecimientos de servicios de alimentos y comercios en Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Nuevo México y Mississippi.4

Nuestro país no puede permanecer ajeno a estos riesgos, ya que la movilidad de productos, la complejidad de las cadenas de suministro, la producción y distribución masiva de alimentos y la concentración de personas en hospitales, escuelas, centros de trabajo y otras instituciones hacen necesario contar con mecanismos eficaces para detectar oportunamente la presencia de agentes patógenos y evitar problemas de salud pública.

La presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene como propósito fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiológica y atención de riesgos que puedan ser una amenaza para la salud pública, incluyendo aquellos relacionados con enfermedades y riesgos fitozoosanitarios que puedan favorecer la presencia y propagación de agentes patógenos como la Salmonela y sus diferentes manifestaciones.

Se busca que las autoridades instrumenten estrategias coordinadas que permitan mejorar la detección temprana de posibles brotes, fortalecer la investigación epidemiológica y sanitaria, garantizar la atención oportuna de las personas afectadas y establecer mecanismos de comunicación, de la misma manera, fondos de emergencia y disponibilidad de recursos de infraestructura y humanos suficientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; la Dirección General de Epidemiología; la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; así como al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al IMSS-Bienestar, en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las estrategias de vigilancia epidemiológica, prevención, detección y atención oportuna de enfermedades y riesgos fitozoosanitarios que puedan favorecer la presencia y propagación de agentes patógenos como la Salmonela y sus diferentes manifestaciones.

Notas:

1. Organización Mundial de la Salud. Salmonella (no tifoidea). Disponible en:
https://www-who-int.translate.goog/news-room/fact-sheets/detail/salmonella-(non-typhoidal)?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

2. CCN en español. Brote de salmonela en el Hospital General de México afecta a 135 médicos residentes y de alta especialidad. Disponible en:
https://cnnespanol.cnn.com/2026/09/04/mexico/brote-salmonela-hospital-general-135-medicos-orix

3. Gobierno de los Estados Unidos. Investigación de un brote de salmonela: huevos (julio de 2026). Disponible en:
https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-eggs-july-2026

4. Gobierno de los Estados Unidos. Servicios Avícolas del Medio Oeste. LP retira del mercado huevos con cáscara debido a una posible contaminación por Salmonella Enteritidis. Disponible en:

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/midwest-poultry-services-lp-recalls
-shell-eggs-due-possible-salmonella-enteritidis-contamination

Dado en San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a revisar y actualizar la cuota unitaria per cápita asignada a las guarderías subrogadas y a garantizar la continuidad y seguridad de la atención a las y los hijos de las personas trabajadoras derechohabientes, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la seguridad social, garantizado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende la prestación de servicios de guardería para las y los trabajadores derechohabientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece esta prestación tanto en unidades de administración directa como a través del modelo de guarderías subrogadas o esquemas de prestación indirecta, los cuales permiten cubrir la amplia demanda del servicio en todo el país.

En los últimos años, los prestadores de servicio del esquema de guarderías subrogadas han manifestado un riesgo real de inviabilidad operativa y financiera que amenaza con el cierre masivo de estos espacios. De acuerdo con datos del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas, entre los años 2018 y 2024 los costos de operación de estas estancias infantiles registraron un incremento acumulado del 121 por ciento. Este aumento responde a factores como la inflación en alimentos, servicios básicos, insumos sanitarios, actualización de estándares de seguridad y protección civil, así como los incrementos al salario mínimo y prestaciones laborales del personal calificado.

En contraste con el acelerado incremento en los costos de operación, la cuota unitaria per cápita que el IMSS otorga a los particulares por cada niño o niña inscrito se incrementó únicamente un 41 por ciento durante el mismo período. Esta disparidad ha provocado un déficit financiero crítico en los establecimientos, comprometiendo la liquidez indispensable para cubrir la nómina del personal pedagógico y de salud, el mantenimiento preventivo de los inmuebles y la adquisición de alimentos de calidad.

Diversos prestadores han señalado: “que la cuota pasó de tres mil 960 pesos por menor en 2018 a seis mil 200 pesos actualmente. Mientras tanto, afirmaron, el salario mínimo y otros costos relacionados con la operación de las guarderías han aumentado de manera considerable. Que mantener una guardería implica cubrir personal de limpieza, vigilancia, cocina, nutrición, asistencia educativa, pedagogía y administración, además de gastos relacionados con protección civil, instalaciones eléctricas y de gas, seguros y fianzas”, 1 y también han destacado “que el servicio registra altos niveles de satisfacción entre los usuarios. Según la Encuesta Nacional de Calidad (ENCAL) del IMSS, la satisfacción alcanza al menos 95 por ciento a nivel nacional”.

La eventual suspensión o quiebra de las guarderías subrogadas representa una amenaza directa contra más de 200 mil de familias trabajadoras que son las beneficiarias y en perjuicio de más de 100 mil niñas y niños. La falta de cupo en el sistema público obligaría a miles de madres y padres a recurrir a alternativas informales de cuidado o a abandonar el mercado laboral formal, afectando de forma desproporcionada el empleo femenino y el ingreso de los hogares.

Si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social ha emprendido reestructuraciones normativas para transicionar hacia nuevos modelos institucionales como los Centros de Cuidado Infantil (CECI), es imperativo garantizar la sostenibilidad de la red actual mientras no existan instalaciones públicas suficientes para absorber la demanda existente. La sustitución progresiva de esquemas no debe traducirse en desabasto inmediato del servicio ni en la pérdida de derechos para las familias ni para el personal de las estancias.

Por todo lo anterior, resulta fundamental que el IMSS evalúe de manera técnica, financiera y urgente el ajuste de las cuotas per cápita asignadas a las guarderías subrogadas y que el 31 de diciembre de 2026 concluye el contrato del más del 60 por ciento de ellas que mantienen el pago de su nómina con las mismas cantidades que en 2018, para asegurar así los estándares de seguridad, higiene, nutrición y operación en beneficio del interés superior de la niñez.

Cabe destacar que estas guarderías se financian con el pago que realizan los patrones o empleadores, cuyo monto ha generado un superávit de más de 90 mil millones de pesos para el IMSS y su financiamiento a ayudado a suplir la inexistencia de las escuelas de educación inicial que el gobierno prometió construir y que no ha hecho.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a llevar a cabo un análisis técnico e integral sobre los costos reales de operación de las guarderías del esquema subrogado, con el objeto de revisar y actualizar la cuota unitaria per cápita otorgada por cada niña y niño atendido, ajustándola a las condiciones económicas e inflacionarias actuales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a garantizar la suficiencia presupuestaria y a aplicar con criterios de eficacia y eficiencia las cuotas patronales con los cuales se financia el servicio de guarderías a las y los trabajadores, para la continuidad operativa del servicio en todo el país, asegurando que cualquier proceso de reestructuración o transición institucional prevenga el desabasto de espacios y priorice el interés superior de la niñez y la certidumbre de las personas y familias trabajadoras derechohabientes.

Referencias

El Imparcial. (2026, 4 de agosto). Sheinbaum confirma que desaparecerán todas las estancias infantiles subrogadas; IMSS e ISSSTE operarán los nuevos CECI

https://www.elimparcial.com/mexico/2026/08/04/sheinbaum-confirma-que-desapareceran-todas-las-estancias-infantiles-subrogadas-imss-e-issste-operaran-los-nuevos-ceci/

KPMG México. (2026, 14 de abril). Modificación al convenio de subrogación por servicio de guardería. Flash Informativo.

https://kpmg.com/mx/es/tendencias/2026/04/flash-imss-modificacion-al-convenio-de-subrogacion-por-servicio-de-guarderia.html

Méndez, O. (2024, 3 de mayo). Guarderías subrogadas al IMSS podrían desaparecer por aumento de costos, afirman. TV Azteca Noticias.
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/guarderias-subrogadas-al-ims s-podrian-desaparecer-por-aumento-costos

Montellano, N. (2026, 12 de septiembre). En riesgo, guarderías subrogadas del IMSS. Página 24 Zacatecas.
https://pagina24zacatecas.com.mx/2026/09/12/local/en-riesgo-guarderi as-subrogadas-del-imss/

Nota

1. https://pagina24zacatecas.com.mx/2026/09/12/ local/en -riesgo-guarderias-subrogadas-del-imss/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 22 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, a garantizar la continuidad de las acciones de inclusión digital y atiendan la suspensión del programa Conectividad para el Bienestar, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El acceso a internet y a los servicios de telecomunicaciones constituye actualmente una herramienta indispensable para el ejercicio de diversos derechos y para la participación plena en la vida económica, educativa y social del país. El acceso a una conexión de calidad permite realizar trámites, acceder a servicios públicos, continuar procesos educativos, buscar oportunidades laborales, mantener comunicación y acceder a información. Por ello, la reducción de las brechas digitales constituye una responsabilidad relevante para el Estado, particularmente respecto de las personas que habitan en zonas de atención prioritaria o que enfrentan condiciones económicas que dificultan el acceso a servicios privados de telecomunicaciones.

En este contexto, el gobierno federal implementó en 2024 el Programa presupuestario U005 “Conectividad para el Bienestar”, operado por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), cuyo propósito fue contribuir a reducir la brecha digital mediante el acceso a servicios de telecomunicaciones dirigidos principalmente a población en situación de vulnerabilidad. El esquema contemplaba la entrega de una tarjeta SIM y un paquete de servicios que incluía 5 GB de navegación mensual, 1,500 minutos de telefonía celular, 500 mensajes SMS y la posibilidad de compartir internet mediante hotspot (Auditoría Superior de la Federación [ASF], 2025).

La dimensión que alcanzó este programa demuestra que no se trató de una intervención marginal. La Auditoría Superior de la Federación reportó que durante 2024 Promtel identificó una población objetivo de 4 millones 242 mil 850 personas y otorgó 2 millones 988 mil 279 equipos y servicios de telecomunicaciones, lo que representó una cobertura de 70.4 por ciento de la población objetivo identificada para ese ejercicio. Asimismo, la ASF señaló que 96.4 por ciento de las personas atendidas residían en Zonas de Atención Prioritaria y que 89.4 por ciento pertenecían a programas sociales federales (ASF, 2025).

No obstante su operación comenzó a enfrentar problemas presupuestarios que terminaron comprometiendo su continuidad, dado a que no se realizó elaborando una política pública con una planeación financiera de largo plazo. De acuerdo con información publicada en septiembre de 2026, entre 2024 y 2025 el programa atendió a 3 millones 28 mil 665 personas y acumuló una inversión de 2 mil 759 millones de pesos. Sin embargo, Promtel confirmó que actualmente el programa se encuentra cerrado y que una eventual reactivación dependerá de la existencia de nuevos recursos presupuestales y de la instrucción correspondiente para ponerlo nuevamente en funcionamiento (Gutiérrez, 2026).

La situación resulta particularmente preocupante porque la falta de recursos no se presentó de manera repentina al momento del cierre, sino que previamente obligó a las autoridades a adoptar medidas para disminuir el número de líneas activas. De acuerdo con el informe de ejecución citado por Expansión, Promtel canceló 2 millones 222 mil líneas que no habían registrado actividad durante 90 días, con el propósito de liberar recursos para mantener el servicio de las líneas que continuaban activas. Posteriormente, el organismo realizó gestiones ante las autoridades hacendarias y sectoriales para obtener recursos adicionales, pero dichas solicitudes no fueron autorizadas (Gutiérrez, 2026).

La insuficiencia presupuestaria llegó a tal punto que la Comisión Federal de Electricidad tuvo que asumir temporalmente los costos operativos para mantener el servicio de las personas beneficiarias que permanecían activas. Esta medida permitió prolongar la conectividad hasta diciembre de 2025; sin embargo, no resolvió el problema de fondo: la ausencia de recursos suficientes para garantizar la continuidad de una política pública que había incorporado a millones de personas a un esquema de conectividad subsidiada (Gutiérrez, 2026).

La suspensión del programa adquiere mayor relevancia al considerar que el propio Gobierno Federal reconoce actualmente la conectividad como un componente estratégico de su política pública. El Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 establece como propósito avanzar hacia una conectividad universal, asequible y de calidad, particularmente para grupos poblacionales y áreas de atención prioritaria. El documento reconoce expresamente la existencia de brechas de conectividad y plantea programas destinados a ampliar la cobertura de las redes y el acceso a internet de banda ancha y telefonía móvil en las Áreas de Atención Prioritaria (Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones [ATDT], 2026).

Por tanto, existe una cuestión de congruencia que debe ser atendida. Mientras el Gobierno Federal establece en su planeación nacional que la conectividad universal y la reducción de las desigualdades digitales constituyen objetivos de política pública para el periodo 2026-2030, uno de los programas que precisamente atendía a población en condiciones de vulnerabilidad dejó de operar por falta de recursos presupuestales. No se cuestiona la necesidad de revisar, evaluar o incluso rediseñar los mecanismos mediante los cuales se busca reducir la brecha digital; lo que resulta indispensable es que cualquier modificación de política pública se realice con criterios de planeación, continuidad, evaluación y suficiencia presupuestaria.

La experiencia del Programa Conectividad para el Bienestar también plantea interrogantes respecto de la planeación financiera de los programas públicos. La información disponible muestra que las autoridades conocieron durante 2025 las dificultades presupuestarias que enfrentaba el programa y realizaron gestiones para obtener recursos adicionales que finalmente no fueron autorizados. La consecuencia fue que millones de personas que habían sido incorporadas al esquema dejaron de contar con la posibilidad de renovar el servicio mediante este mecanismo. La situación evidencia la importancia de que los programas destinados a población vulnerable cuenten desde su diseño con previsiones presupuestarias que permitan sostener sus objetivos durante todo el periodo de implementación previsto.

La propia información reportada por Promtel revela, además, otro aspecto que requiere atención. Una vez que las líneas dejaron de operar, el organismo no pudo precisar qué ocurrió con los números telefónicos asignados a los beneficiarios, es decir, si fueron dados de baja o si eventualmente podrían ser reutilizados. Esta falta de claridad resulta relevante porque las personas beneficiarias fueron incorporadas durante un periodo determinado a un esquema de telefonía y conectividad administrado por una institución pública, por lo que debe existir certeza sobre la situación de los servicios y líneas que les fueron asignados (Gutiérrez, 2026).

Debe considerarse también que el problema de la brecha digital no desaparece con la terminación de un programa específico. La suspensión de Conectividad para el Bienestar no significa que hayan desaparecido las condiciones que justificaron su creación. La propia Auditoría Superior de la Federación identificó para 2024 una población objetivo de más de cuatro millones de personas y reconoció que el programa contribuyó a reducir la brecha digital mediante el acceso a tecnologías de telecomunicaciones, con énfasis en grupos prioritarios y personas en situación de vulnerabilidad (ASF, 2025).

En consecuencia, la discusión no debe limitarse a determinar si debe recuperarse exactamente el mismo esquema de tarjetas SIM. Lo que corresponde es garantizar que la política nacional de inclusión digital tenga mecanismos sostenibles para atender a la población que permanece excluida o enfrenta dificultades económicas para acceder a servicios de telecomunicaciones. Si el Gobierno Federal ha establecido como objetivo avanzar hacia la conectividad universal durante el periodo 2026-2030, debe existir correspondencia entre ese objetivo, los instrumentos diseñados para alcanzarlo y los recursos presupuestarios destinados a su cumplimiento.

La interrupción de un programa después de haber atendido a más de tres millones de personas obliga, por ello, a revisar las condiciones bajo las cuales se diseñan, presupuestan y ejecutan las políticas de inclusión digital. Una política pública no puede evaluarse únicamente por el número de beneficiarios incorporados durante su etapa inicial; también debe considerarse su capacidad para mantener los servicios ofrecidos, garantizar certidumbre a sus beneficiarios y alcanzar de manera sostenible a la población que permanece fuera de los servicios de telecomunicaciones.

Desde esta perspectiva, resulta necesario que las autoridades competentes adopten medidas para fortalecer la planeación presupuestaria de las políticas de conectividad, establecer mecanismos que permitan atender a las personas afectadas por la suspensión del programa y garantizar que los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 se traduzcan en acciones efectivas y sostenibles.

La reducción de la brecha digital requiere más que la entrega temporal de servicios gratuitos. Requiere una política de Estado con objetivos verificables, recursos suficientes, mecanismos de evaluación y continuidad presupuestaria. Por ello, esta Cámara de Diputados debe llamar a las autoridades responsables a adoptar las medidas necesarias para evitar que la falta de previsión financiera vuelva a interrumpir una política pública dirigida precisamente a sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de telecomunicaciones.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones para que coordinadamente y en el ámbito de sus atribuciones, revisen el estado y las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones federales destinadas a reducir la brecha digital y, particularmente, para atender la población objetivo del Programa Conectividad para el Bienestar.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Agencia de Traformación Digital y Telecomunicaciones para que, en coordinación con las autoridades competentes, fortalezca la planeación y coordinación de las políticas federales de inclusión digital, a efecto de evitar interrupciones en los servicios destinados a población que habita en zonas de atención prioritaria y localidades con altos niveles de marginación o rezago social.

Referencias

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. (2026). Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 . Diario Oficial de la Federación.

Auditoría Superior de la Federación. (2025). Programa Conectividad para el Bienestar 2024: Grupo Funcional Desarrollo Económico, Cuenta Pública 2024 . Cámara de Diputados.

Gutiérrez, A. L. (2026, 15 de septiembre). El chip del Bienestar con internet gratis se queda sin red: Promtel confirma que no hay presupuesto y deja de operar. Expansión.

Aguilar, B. (2026, 17 de septiembre). ¿Adiós al Chip Bienestar? El servicio de internet gratis de Morena se queda sin red.adn40.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 22 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)