Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu, Conavi, Infonavit y Fovissste a fortalecer el seguimiento, la evaluación y la transparencia de los programas de vivienda social, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS-Bienestar y a las autoridades competentes a garantizar el abasto de medicamentos, material médico e insumos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, así como a esclarecer los señalamientos sobre presuntas acciones de intimidación y a garantizar la protección de las médicas y los médicos residentes, a cargo de la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar medidas correctivas, fortalecer la supervisión regulatoria, atender las sanciones y auditar el funcionamiento financiero y operativo del Banco del Bienestar, SNC, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SECIHTI, y al director general del proyecto Olinia a informar a la opinión pública sobre la estructura financiera, económica y operativa de dicho proyecto, el ejercicio de los recursos presupuestales ejercidos, los convenios y contratos adquiridos y el plan de producción y comercialización de los vehículos, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a informar a la opinión pública sobre la estrategia nacional de protección al sector productivo frente a las revisiones anuales del T-MEC, implementar un mecanismo de respuesta temprana y defender la trilateralidad del acuerdo frente a medidas unilaterales y presiones extra comerciales, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP para que haga público un informe sobre la situación actual de la educación en el país y los resultados de la prueba Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la GN a implementar una estrategia integral de seguridad en la red carretera del estado de Zacatecas, ante la creciente incidencia delictiva, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu, Conavi, Infonavit y Fovissste a fortalecer el seguimiento, la evaluación y la transparencia de los programas de vivienda social, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Armando Tejeda Cid , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II; y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Vivienda, al Infonavit y al Fovissste a fortalecer el seguimiento, la evaluación y la transparencia de los programas de vivienda social, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Una casa es mucho más que cuatro paredes

Para una familia mexicana, tener casa propia significa algo muy concreto: un lugar seguro donde dormir, donde los hijos puedan hacer la tarea, donde se cuida a los padres cuando envejecen y donde se construye, poco a poco, un patrimonio que se hereda. Por eso la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada,1 y la Ley de Vivienda precisa que esa vivienda debe ofrecer seguridad jurídica, servicios, habitabilidad, una ubicación apropiada y un costo que las familias puedan pagar.2

Sin embargo, para millones de hogares ese derecho sigue lejos. El propio Programa Nacional de Vivienda 2026-2030 reconoce que 8 millones 856 mil hogares, el 22.8 por ciento del país, viven con algún déficit de vivienda; que uno de cada cinco hogares que rentan o pagan una hipoteca destina más del 30 por ciento de su ingreso a ese gasto, y que el precio medio de una vivienda ya se estima en 1.86 millones de pesos.3 Los ingresos no alcanzan, los requisitos para obtener un crédito son difíciles de cumplir y muchas personas jóvenes ya ni siquiera se plantean comprar una casa porque saben que hoy no podrían pagarla.

Lo que este exhorto busca es que el dinero público destinado a vivienda pueda seguirse con claridad, desde que se programa una acción hasta que una familia recibe las llaves de su casa.

II. Un sector que dejó de crecer

De acuerdo con la Cuenta Satélite de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el producto interno bruto (PIB) de la vivienda pasó de 1 billón 235 mil 753 millones de pesos en 2018 a 1 billón 239 mil 196 millones en 2024, a precios constantes de 2018.4 En seis años el crecimiento real acumulado fue de apenas 0.3 por ciento, prácticamente nulo, cuando entre 2003 y 2024 la actividad había registrado una tasa media de crecimiento anual de 1.7 por ciento.5

Es justo reconocer que en 2024 el sector repuntó 3.1 por ciento, representó 5.4 por ciento del PIB nacional y dio empleo a 2 millones 252 mil personas.6 Pero ese repunte apenas compensó la caída de los años previos. La vivienda es un motor de empleo y de bienestar, y durante el sexenio pasado ese motor se mantuvo prácticamente detenido.

III. El crédito se alejó de quienes menos ganan

El resultado más delicado proviene de los propios instrumentos de planeación del gobierno federal. El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 se propuso, aumentar el porcentaje de la población con ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo que accede a un crédito hipotecario de los organismos nacionales de vivienda, de 1.9 por ciento en 2018 a una meta de 3.0 por ciento en 2024.7 El indicador avanzó en sentido contrario:

Tabla 1. Población con ingresos de hasta 5 salarios mínimos que accedió a crédito hipotecario de los organismos nacionales de vivienda

Fuente: Sedatu, Informes de Avances y Resultados 2022 y 2023 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024.8, 9

La propia Sedatu explicó la caída por “el constante incremento de las tasas de interés, que resulta en un encarecimiento del mercado inmobiliario y un comportamiento a la baja en las solicitudes de financiamiento para adquisición de vivienda”.10 Entre 2018 y 2023 el acceso al crédito para las familias de menores ingresos cayó 63.7 por ciento, y el dato de 2023 equivale apenas al 23 por ciento de la meta sexenal. Dicho de otra forma, la población con menores ingresos tuvo cada vez menos acceso al crédito hipotecario durante el periodo.

IV. Menos acciones y menos recursos para las familias

La pérdida de capacidad se confirma al comparar distintos periodos de referencia. Con base en los datos abiertos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), el sistema de financiamiento registró 10.059 millones de acciones en 2007-2012 y 7.835 millones en 2013-2018. Para 2019-2026, aun cuando el periodo abarca más años y 2026 todavía es parcial, se contabilizan 5.749 millones.11

Tabla 2. Acciones de financiamiento para vivienda por periodo (millones de acciones)

* Incluye 2026 parcial. Fuente: elaboración propia con datos abiertos del SNIIV.12

Tabla 3. Recursos reales de financiamiento para vivienda por periodo (pesos de 2026)

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del SNIIV, montos deflactados a pesos de 2026.13

Frente a 2007-2012 hay 4.310 millones de acciones menos (-42.8 por ciento), y frente a 2013-2018, 2.086 millones menos (-26.6 por ciento). En recursos, el periodo 2019-2024 movilizó 49.7 por ciento menos que 2007-2012 y 45.3 por ciento menos que 2013-2018. El Infonavit aumentó sus acciones, lo cual es positivo, pero ese esfuerzo no alcanzó para compensar la caída del resto del sistema. Debe precisarse que una acción de financiamiento no equivale necesariamente a una vivienda o a una familia distinta; las cifras permiten comparar la escala operativa del sistema entre periodos.

En promedio, entre 2019 y 2024 se generaron alrededor de 713 mil acciones y 290 mil millones de pesos de financiamiento real por año. Tan sólo recuperar la escala de 2013-2018 exigiría cerca de 1.3 millones de acciones y 530 mil millones de pesos anuales.

V. Lo público perdió fuerza justo donde más se necesitaba

A precios constantes de 2018, el financiamiento total para vivienda pasó de 525 mil 720 millones de pesos en 2018 a 534 mil 302 millones en 2024, un aumento real de apenas 1.6 por ciento. Pero detrás de ese promedio hay un deterioro en el segmento que permite ampliar la oferta de casas: la vivienda nueva.14

Tabla 4. Variación real 2018-2024 del financiamiento para vivienda, por instrumento

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del SNIIV, precios constantes de 2018.15

El problema no fue que desapareciera el financiamiento, sino que varios instrumentos públicos perdieron capacidad en el segmento que atiende a las familias con menos recursos, mientras el crédito privado, que suele llegar a hogares con mayores ingresos, fue el que creció.

VI. Una meta ambiciosa que debe medirse con precisión

La actual administración fijó la meta de 1.8 millones de viviendas hacia 2030: 1.2 millones a cargo del Infonavit, 500 mil de la Conavi y 100 mil del Fovissste.16 Es una meta que, de cumplirse con calidad, cambiaría la vida de millones de personas. Precisamente por eso importa cómo se mide.

Los principales indicadores estratégicos utilizados para reportar el avance de la política habitacional no permiten distinguir con suficiente claridad una vivienda efectivamente concluida y entregada de aquella que todavía se encuentra en proceso de construcción. El indicador 1.1 del Programa Nacional de Vivienda 2026-2030 contabiliza las “viviendas nuevas producidas o en proceso”,17 mientras que el indicador 3.2 del Programa Sectorial 2025-2030 reporta las “viviendas construidas o en proceso de construcción”. Con ese criterio, la Conavi registró en 2025 un avance de 72,302 viviendas, el 14.5 por ciento de su meta de 500 mil, frente a una meta anual de 17.2 por ciento.18

Los reportes más recientes muestran con claridad por qué hace falta distinguir cada etapa. En la conferencia de prensa del 14 de septiembre de 2026, el gobierno federal informó una inversión anual cercana al 1.2 por ciento del PIB y un avance de 37 por ciento de la meta sexenal. Ese porcentaje corresponde a viviendas contratadas, es decir, a proyectos con suelo y contrato firmado, no a casas entregadas:19

Tabla 5. Avance del Programa de Vivienda para el Bienestar según la etapa que se mide

Fuente: elaboración propia con la versión estenográfica de la conferencia de prensa del 14 de septiembre de 2026 y el informe Avance y Resultados 2025-2026 del Psedatu 2025-2030.20, 21

El Segundo Informe de Gobierno confirma la misma escalera, institución por institución, con corte al 31 de julio de 2026:22

Tabla 6. Avance por organismo nacional de vivienda al 31 de julio de 2026

* Derechohabientes que “adquirieron su propia vivienda” mediante sorteo, es decir, con vivienda asignada dentro de un proyecto en proceso. ** Personas seleccionadas mediante asambleas y sorteos. Ninguna de las dos cifras corresponde a viviendas concluidas y entregadas. Fuente: Segundo Informe de Gobierno 2025-2026, apartados 2.5.6, 2.5.7 y 2.5.8.23

Las cifras de las Tablas 5 y 6 no se contradicen: miden etapas distintas. Los 30,439 derechohabientes del Infonavit y las 51,887 personas seleccionadas por la Conavi corresponden a la etapa de asignación, que, como explicó la propia Sedatu en la conferencia del 14 de septiembre, se realiza por sorteo “una vez que se tiene el proyecto ya en proceso”; sumadas a las de meses posteriores, integran las 89 mil viviendas “asignadas o colocadas”.24 La entrega es la etapa final, y ahí la cifra oficial es otra: según la Sedatu, entre septiembre de 2025 y julio de 2026 se formalizaron 472,095 viviendas, se inició la construcción de 106,644 y se entregaron 5,305.25 Contratar o asignar una vivienda es un paso importante, pero no es lo mismo que entregarla. Es demasiado pronto para juzgar el cumplimiento del sexenio, pero no para acordar cómo debe evaluarse: el verdadero resultado se medirá en casas terminadas, entregadas, bien ubicadas y al alcance de la población a la que van dirigidas.

La ubicación no es un detalle menor. El Censo de Población y Vivienda 2020 contó 43 millones 889 mil viviendas particulares en el país, de las cuales 6 millones 156 mil estaban deshabitadas y 2 millones 514 mil eran de uso temporal: una de cada cinco viviendas no tenía residentes.26 Construir lejos de los empleos, de las escuelas y de los servicios ya produjo casas vacías en el pasado. Por eso el seguimiento debe incluir dónde se construye y con qué servicios cuenta cada conjunto.

VII. Más presupuesto, concentrado en un solo programa

El presupuesto del Programa de Vivienda Social, a cargo de la Conavi, ha crecido de manera significativa, y eso debe reconocerse. Al mismo tiempo, se ha concentrado casi todo el Ramo 15 en ese solo programa. Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone 37 mil 873.6 millones de pesos para el ramo, un aumento real de 1.1 por ciento, de los cuales 34 mil 353.9 millones corresponden a Vivienda Social.27

Tabla 7. Programa de Vivienda Social dentro del Ramo 15 (millones de pesos corrientes)

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, 2025 y 2026; Criterios Generales de Política Económica 2027 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.28, 29, 30

Alrededor de nueve de cada diez pesos del ramo se concentran en un solo programa, mientras los instrumentos de mejoramiento urbano y atención territorial pierden espacio. Con esos recursos, los Criterios Generales de Política Económica 2027 prevén otorgar 240 mil apoyos para vivienda nueva y 56 mil 500 para mejoramiento o ampliación, y reducir el déficit de vivienda de 22.81 a 21.10 por ciento de los hogares.31

Conviene poner esa cifra en perspectiva. La propia Secretaría de Bienestar, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley de Vivienda, estimó que atender las necesidades de vivienda de los 11.35 millones de hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza requeriría hasta 226 mil 133 millones de pesos: 849 mil hogares necesitan mejorar su vivienda, 771 mil ampliarla y 36 mil requieren una vivienda nueva.32 Como referencia de magnitud, y sin que ambos montos sean directamente equiparables, el presupuesto propuesto para vivienda social equivale a alrededor del 15 por ciento de esa estimación. Cuando el dinero es escaso frente a la necesidad, cada peso debe rendir al máximo y la sociedad tiene derecho a saber exactamente qué resultados produce.

VIII. La deuda que compite con el patrimonio de las familias

A ello se suma la presión del costo de la deuda pública. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se aprobaron 473 mil 100 millones de pesos para el Ramo 24, Deuda Pública;33 para 2027, el proyecto de presupuesto propone 1 billón 306 mil 35.6 millones de pesos para ese mismo ramo.34 Son casi 833 mil millones de pesos adicionales, un incremento nominal de 176 por ciento. Considerando a todo el sector público, el costo financiero propuesto para 2027 asciende a 1 billón 574 mil 950 millones de pesos, equivalente a 17 de cada 100 pesos de los ingresos presupuestarios estimados para ese año, mientras el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda pública, se ubicará en 55 por ciento del PIB.35

Tabla 8. Costo financiero de la deuda pública, 2018-2027 (pesos corrientes)

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.36, 37, 38

No se trata de que esos recursos puedan trasladarse de manera automática a la vivienda. Se trata de reconocer un costo de oportunidad: el creciente costo financiero reduce el espacio fiscal disponible para atender prioridades como la vivienda y la formación de patrimonio familiar. Por eso, los recursos que sí se destinan a vivienda deben poder vigilarse con total claridad.

IX. Por qué es necesario este exhorto

El artículo 134 constitucional ordena que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que sus resultados sean evaluados.39 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el uso de indicadores de desempeño, la entrega de informes trimestrales al Congreso y la evaluación de los programas mediante el sistema de evaluación del desempeño.40 El artículo 65, fracción XIV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga, además, a publicar la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, incluido el padrón de beneficiarios, en formatos accesibles.41

Asimismo, los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Vivienda establecen las bases del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda y disponen la integración y difusión de información para el seguimiento de la Política Nacional de Vivienda. Entre los elementos que deben considerarse se encuentran los beneficiarios por grupos de ingreso, las modalidades de los programas, la ubicación de las viviendas, el acceso a servicios y otros indicadores que permitan evaluar la política habitacional.42 De ahí que este exhorto no pida a las autoridades algo ajeno a sus atribuciones, sino que cumplan con mayor claridad y oportunidad una obligación que la ley ya les asigna.

La propia Sedatu reconoce el reto. En su informe más reciente señala que, en materia de vivienda, el principal desafío es “consolidar información trazable, sistemas interoperables, trámites digitales y mecanismos de seguimiento que permitan mostrar con claridad la contribución del Ramo 15 al bienestar de la población”, y admite que “algunos indicadores aún no cuentan con resultado 2026”.43 Hoy la información existe, pero está dispersa entre informes, conferencias, bases de datos y documentos presupuestarios que no siempre coinciden en criterios ni en cortes. Una familia, un investigador o una legisladora no deberían necesitar cruzar cinco fuentes para saber cuántas casas se entregaron, dónde, a quién y a qué costo.

Por ello se propone exhortar respetuosamente a las instancias responsables para que: primero, fortalezcan los indicadores del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2027, de modo que distingan cada etapa de una acción de vivienda y la vinculen con el gasto ejercido; segundo, publiquen trimestralmente un reporte consolidado, claro y abierto; y tercero, publiquen y mantengan actualizado, con el mismo nivel de detalle, el avance de la meta de 1.8 millones de viviendas que comparten la Conavi, el Infonavit y el Fovissste.

Desde Acción Nacional creemos que una política de vivienda responsable no debe medirse por anuncios, contratos o metas en papel, sino por familias que efectivamente reciben una vivienda adecuada, bien ubicada y accesible. Reconstruir la capacidad del sistema exige que cada peso público se traduzca en resultados verificables: más viviendas concluidas, más acceso al crédito para quienes menos ganan y mejores condiciones para formar patrimonio. Eso es también prosperidad sostenible: usar los recursos públicos con responsabilidad, fortalecer a las familias y generar condiciones para que cada persona pueda construir un proyecto de vida con mayor seguridad, libertad y oportunidades. La transparencia y la evaluación no son un fin en sí mismas; son la base para que la política de vivienda vuelva a producir resultados reales y duraderos para las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan para el ejercicio fiscal 2027 los mecanismos e indicadores de seguimiento y evaluación del Programa de Vivienda Social, a efecto de que permitan identificar y dar seguimiento, de manera clara y diferenciada, a las acciones de vivienda programadas, contratadas, iniciadas, en proceso, concluidas y efectivamente entregadas a las personas beneficiarias, así como vincular su avance físico con los recursos públicos ejercidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, integren y publiquen trimestralmente, dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre de cada trimestre, en su portal institucional y en formato de datos abiertos, un reporte consolidado, accesible y de fácil consulta con la información física, presupuestaria y de resultados del Programa de Vivienda Social, que incluya, cuando menos: el presupuesto aprobado, modificado y ejercido; el número y la modalidad de las acciones de vivienda; las acciones programadas, contratadas, iniciadas, en proceso, concluidas y efectivamente entregadas; el costo promedio por acción; su distribución por entidad federativa y municipio, así como su ubicación y disponibilidad de servicios básicos; el nivel de ingreso de la población beneficiaria, expresado en veces el salario mínimo, y el avance respecto de las metas anuales establecidas, con observancia de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Vivienda, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, integren, publiquen y mantengan actualizado trimestralmente, en sus respectivos portales institucionales y, en su caso, a través del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, un reporte sobre el avance de la meta de 1.8 millones de viviendas establecida para el periodo 2025-2030, en el que se distingan las viviendas contratadas, en construcción, concluidas, asignadas y efectivamente entregadas, desagregadas por institución, entidad federativa y municipio, e incluya la metodología utilizada para contabilizar dicho avance.

Notas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o., párrafo décimo, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024 [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. Ley de Vivienda. Artículos 2 y 61; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2026 [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv.pdf

3. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Programa Nacional de Vivienda 2026-2030. Diario Oficial de la Federación [Internet]. 14 abr 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5784740

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuenta Satélite de Vivienda de México (CSVM). Año base 2018. Tabulados: producto interno bruto de la vivienda a precios constantes de 2018, serie 2018-2024 [Internet]. Aguascalientes: INEGI; 2025 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/viviendasat/2018/

5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuenta Satélite de Vivienda de México 2024. Comunicado de prensa núm. 146/25 [Internet]. Aguascalientes: INEGI; 21 nov 2025 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/viviend asat/CSVM2024_CP.pdf

6. Ibídem.

7. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. Parámetro 4.3 del Objetivo prioritario 4. Diario Oficial de la Federación [Internet]. 26 jun 2020 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595683&fecha=26/06/ 2020

8. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Informe de Avances y Resultados 2022 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 [Internet]. Ciudad de México: SEDATU; 2023. p. 70-71 y 95-96 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/828123/Informes_de_Avanc es_y_Resultados_2022_del_Programa_Sectorial_de_Desarrollo_Agrario__Terr itorial_y_Urbano_2020-_2024.pdf

9. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Informe de Avances y Resultados 2023 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 [Internet]. Ciudad de México: SEDATU; 2024 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/informes-de-avances-y-resultados-d el-programa-sectorial-de-desarrollo-agrario-territorial-y-urbano-2020-2 024

10. SEDATU. Informe de Avances y Resultados 2022 del PSEDATU 2020-2024, op. cit.

11. Elaboración propia con datos de: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Comisión Nacional de Vivienda. Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV). Datos abiertos: financiamientos para vivienda por organismo, destino y modalidad, 2007-2026 [Internet]. SEDATU-CONAVI; 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://sniiv.sedatu.gob.mx/Reporte/Datos_abiertos. Montos deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI.

12. Ibídem.

13. Ibídem.

14. Ibídem.

15. Ibídem.

16. SEDATU. Programa Nacional de Vivienda 2026-2030, op. cit.

17. Ibídem.

18. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Avance y Resultados 2025-2026. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030 [Internet]. Ciudad de México: SEDATU; 2026. p. 4, 16, 18 y 29 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1100571/Informe_AyR_2026 _Validado_vf.pdf

19. Presidencia de la República. Versión estenográfica. Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 14 de septiembre de 2026 [Internet]. Ciudad de México: Gobierno de México; 14 sep 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferen cia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-14-de-septie mbre-de-2026

20. Ibídem.

21. SEDATU. Avance y Resultados 2025-2026 del PSEDATU 2025-2030, op. cit.

22. Presidencia de la República. Segundo Informe de Gobierno 2025-2026. Apartado 2.5.6, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; apartado 2.5.7, Fondo de la Vivienda del ISSSTE; apartado 2.5.8, Comisión Nacional de Vivienda [Internet]. Ciudad de México: Gobierno de México; 1 sep 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.segundoinformedegobierno.gob.mx/indice/804/bienestar-con-ju sticia-2

23. Ibídem.

24. Presidencia de la República. Versión estenográfica, 14 de septiembre de 2026, op. cit.

25. SEDATU. Avance y Resultados 2025-2026 del PSEDATU 2025-2030, op. cit.

26. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2020. Principales resultados. Estados Unidos Mexicanos [Internet]. Aguascalientes: INEGI; 2021 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

27. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2027. Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7121-C [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados; 8 sep 2026. p. 33-34, 37 y 65 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

28. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026. Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: analítico de programas presupuestarios [Internet]. Ciudad de México: SHCP; 2023-2025 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.pef.hacienda.gob.mx

29. SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2027, op. cit.

30. Ejecutivo Federal. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. Anexos 1 y 8. Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7121-B [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados; 8 sep 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

31. SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2027, op. cit.

32. Secretaría de Bienestar. Estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno federal en materia de vivienda y de suelo para el ejercicio fiscal 2027. Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7121-N [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados; 8 sep 2026 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx

33. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Estrategia programática. Ramo 24, Deuda Pública [Internet]. Ciudad de México: SHCP; 2017 [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/24/r24_epr.pdf

34. Ejecutivo Federal. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, op. cit.

35. SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2027, op. cit.

36. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Ramo 24, op. cit.

37. Ejecutivo Federal. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, op. cit.

38. SHCP. Criterios Generales de Política Económica 2027, op. cit.

39. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 134, op. cit.

40. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículos 1, 27, 45, 107, 110 y 111 [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf

41. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 65, fracción XIV; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025 [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

42. Ley de Vivienda. Artículos 43, 44 y 45 [Internet]. Ciudad de México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión [citado 16 sep 2026]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv.pdf

43. SEDATU. Avance y Resultados 2025-2026 del PSEDATU 2025-2030, op. cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.

Diputado Armando Tejeda Cid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS-Bienestar y a las autoridades competentes a garantizar el abasto de medicamentos, material médico e insumos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, así como a esclarecer los señalamientos sobre presuntas acciones de intimidación y a garantizar la protección de las médicas y los médicos residentes, a cargo de la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Claudia Quiñones Garrido , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El derecho a la protección de la salud es un derecho humano.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y establece que corresponde a la legislación definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Por su parte, el artículo 1 constitucional establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En consecuencia, la prestación de servicios públicos de salud no puede limitarse a la existencia física de una unidad hospitalaria. Debe comprender las condiciones materiales necesarias para que médicos, enfermeras, residentes y demás personal puedan brindar atención adecuada, oportuna y segura.

Segunda. El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz cumple una función fundamental para la población.

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz constituye una unidad hospitalaria de referencia para la atención de pacientes que requieren servicios especializados y procedimientos de mayor complejidad.

Por ello, cualquier deficiencia que limite su capacidad de atención representa un asunto de interés público y, particularmente, una situación que puede afectar a personas que acuden a dicha institución buscando una solución a problemas de salud que no pueden ser atendidos en unidades de menor capacidad resolutiva.

En días recientes, médicos residentes de diversas especialidades han denunciado públicamente la falta de medicamentos, material de curación, material quirúrgico y otros insumos necesarios para realizar sus actividades y atender adecuadamente a los pacientes.

Entre los faltantes señalados públicamente se encuentran gasas, compresas, suturas, jabón quirúrgico, guantes, batas, medicamentos, analgésicos y otros materiales. Asimismo, se han realizado señalamientos respecto de la suspensión o reprogramación de procedimientos quirúrgicos debido a la falta de insumos.

Tercera. La problemática no puede considerarse un hecho aislado.

Las denuncias públicas realizadas por los médicos residentes han ocurrido de manera reiterada.

El 3 de septiembre de 2026 se documentó una manifestación de residentes de pediatría, cirugía, ginecología y traumatología, quienes señalaron que el desabasto afectaba diferentes servicios del hospital.

Posteriormente, el 7 de septiembre, médicos residentes volvieron a manifestarse y señalaron que, pese a la llegada de un cargamento de IMSS-Bienestar, éste no contenía la totalidad de los insumos que habían solicitado, persistiendo faltantes de guantes, gasas, jabón quirúrgico, suturas y otros materiales.

Asimismo, diversos medios han reportado que, ante la falta de determinados insumos, algunos médicos residentes han tenido que recurrir a otras unidades hospitalarias o incluso adquirir por cuenta propia materiales básicos para poder continuar con la atención de los pacientes.

Lo anterior requiere una explicación puntual de las autoridades responsables.

No basta con afirmar que los insumos están llegando. Es necesario conocer qué se solicitó, qué se entregó, qué falta, por qué falta y cuándo estará disponible.

Cuarta. La propia autoridad informó que se adoptarían medidas para atender el desabasto.

El 2 de septiembre de 2026, el gobierno del estado de Veracruz informó que, después de una reunión de evaluación con autoridades del sector salud, se había instruido garantizar el abasto mediante la redistribución inmediata de insumos disponibles, el envío de materiales por parte del IMSS-Bienestar y la adquisición directa de las claves faltantes.

Sin embargo, los días posteriores persistieron las denuncias públicas de los médicos residentes respecto de la falta de materiales e insumos indispensables.

Esta circunstancia hace necesario que las autoridades responsables informen a esta soberanía, con precisión y transparencia, sobre el cumplimiento de las medidas anunciadas y sobre la situación actual del hospital.

La ciudadanía merece conocer si los compromisos asumidos fueron cumplidos y, en caso contrario, cuáles son las razones por las que persisten las deficiencias.

Quinta. Los médicos residentes desempeñan una función indispensable.

La Ley Federal del Trabajo contempla un régimen especial para las médicas y los médicos residentes.

El artículo 353-A El profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes, para cumplir con una residencia, mientras que el artículo 353-C reconoce como derechos especiales disfrutar de las prestaciones necesarias para el cumplimiento de la residencia y ejercerla hasta concluir su especialidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley.

Por su propia naturaleza, las residencias médicas implican simultáneamente procesos de formación académica, adiestramiento profesional y participación en la atención de pacientes.

Por ello, las condiciones en las que desarrollan sus actividades deben permitirles cumplir adecuadamente tanto con sus obligaciones académicas como con las responsabilidades inherentes a la atención médica.

Sexta. Ningún proceso de evaluación debe utilizarse como mecanismo de intimidación.

El 9 de septiembre de 2026 diversos medios de comunicación difundieron declaraciones atribuidas al coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Veracruz, Roberto Ramos Alor, realizadas durante una reunión con médicos residentes que previamente se habían manifestado por la falta de insumos.

En la información difundida se señala que el funcionario habría expresado a los residentes que su evaluación dependía de la institución y de la Dirección de Enseñanza e Investigación, en el contexto de las inconformidades relacionadas con el desabasto.

De manera particular, se ha difundido la expresión:

“Nada más hay una condición, doctora. Usted es residente y depende de la institución, de la Dirección de Enseñanza e Insvestigación, y su evaluación de usted depende de nosotros, y lo tengo que decir muy claro, ese es nuestro trabajo”.

También se reportó que durante la reunión se habría señalado a los residentes que, si no querían participar en determinadas actividades quirúrgicas, simplemente no lo hicieran.

Esta soberanía debe ser cuidadosa y no prejuzgar sobre responsabilidades individuales.

Sin embargo, tampoco puede ignorar señalamientos de esta naturaleza.

La evaluación académica y profesional de un médico residente debe sujetarse a criterios objetivos, transparentes y previamente establecidos, y no debe convertirse en un mecanismo de presión para inhibir la expresión de inconformidades relacionadas con posibles deficiencias institucionales.

Séptima. La protección de los residentes es inseparable de la protección de los pacientes.

Existe una relación directa entre las condiciones en que trabajan los médicos residentes y la calidad y seguridad de la atención que reciben los pacientes.

Cuando un residente denuncia que no existen gasas, suturas, medicamentos o materiales necesarios para realizar un procedimiento, la respuesta institucional debe consistir en resolver la carencia , no en generar temor respecto de las consecuencias académicas o laborales de haberla denunciado.

La denuncia responsable de una deficiencia que pudiera afectar la atención médica constituye un elemento indispensable para que las instituciones puedan detectar y corregir problemas.

Por ello, es necesario garantizar que ningún médico residente sea objeto de represalias, hostigamiento, intimidación, discriminación o consecuencias académicas o laborales indebidas por expresar, de manera pacífica y responsable, preocupaciones relacionadas con la atención de los pacientes o con las condiciones en que desarrolla su residencia.

Octava. La Cámara de Diputados debe exigir información y resultados.

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que los puntos de acuerdo representan la posición de la Cámara respecto de asuntos específicos de interés nacional o de sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios. Asimismo, dispone que las proposiciones deben presentarse mediante escrito fundado y con una propuesta clara de resolutivo.

En consecuencia, el presente punto de acuerdo busca que las autoridades competentes proporcionen información verificable y adopten medidas concretas para atender la problemática denunciada.

No se trata de politizar la salud.

Se trata de garantizar que un hospital de alta especialidad tenga los medicamentos y materiales necesarios para atender a sus pacientes y que quienes ahí trabajan puedan cumplir con su responsabilidad sin temor a represalias.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice y regularice de manera inmediata el abasto suficiente, oportuno y continuo de medicamentos, material médico, material quirúrgico, insumos y demás recursos necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al IMSS-Bienestar para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga del conocimiento de la opinión pública un informe detallado sobre la situación actual del abasto de medicamentos, material médico, material quirúrgico, insumos y demás recursos necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el que se precise:

a) Los medicamentos e insumos que presentan faltantes;

b) Las cantidades requeridas y disponibles;

c) Las causas que han originado los faltantes;

d) Las adquisiciones, redistribuciones o entregas realizadas durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2026;

e) Los insumos pendientes de entrega; y

f) La fecha estimada para la normalización del abasto.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al IMSS-Bienestar para que haga del conocimiento de la opinión pública los procedimientos médicos y quirúrgicos que, en su caso, hayan sido suspendidos, cancelados, diferidos o reprogramados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz como consecuencia de la falta de medicamentos, material médico o insumos, así como las medidas implementadas para garantizar que los pacientes afectados reciban atención oportuna.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al IMSS-Bienestar y a las autoridades competentes para que investiguen y esclarezcan los señalamientos públicos relacionados con presuntas expresiones de intimidación, presión o amenaza dirigidas a médicas y médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, con motivo de las manifestaciones y denuncias realizadas respecto de la falta de medicamentos e insumos.

Quinto. Punto específico de protección a médicas y médicos residentes. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al IMSS-Bienestar y a las autoridades competentes para que garanticen de manera inmediata la protección de las médicas y los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, evitando cualquier forma de represalia, intimidación, hostigamiento, discriminación, condicionamiento o afectación académica, laboral o administrativa derivada de la expresión pacífica y responsable de inconformidades relacionadas con la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo o la falta de insumos.

Asimismo, se exhorta a que cualquier proceso de evaluación académica o profesional de las médicas y los médicos residentes se lleve a cabo exclusivamente conforme a criterios objetivos, transparentes, previamente establecidos y ajenos a cualquier acto de presión o represalia.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al IMSS-Bienestar para que fortalezca los mecanismos institucionales de recepción, atención, investigación y seguimiento de quejas presentadas por médicas y médicos residentes respecto de posibles actos de hostigamiento, intimidación, presión indebida o represalias, garantizando la confidencialidad de las personas denunciantes y el seguimiento imparcial de cada caso.

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al IMSS-Bienestar y a las autoridades competentes a garantizar que las médicas y los médicos residentes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz cuenten con los medicamentos, insumos, equipo, material médico y condiciones necesarias para desarrollar adecuadamente sus actividades de formación y atención de pacientes.

Octavo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes para que hagan del conocimiento de la opinión pública las acciones implementadas para garantizar la continuidad y calidad de los servicios médicos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, así como los mecanismos establecidos para evitar que las deficiencias de suministro vuelvan a afectar la atención de los pacientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 17 de septiembre de 2026.

Diputada Claudia Quiñones Garrido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar medidas correctivas, fortalecer la supervisión regulatoria, atender las sanciones y auditar el funcionamiento financiero y operativo del Banco del Bienestar, SNC, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal a la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Banco del Bienestar, S.N.C., nació con la promesa gubernamental de ser la evolución del antiguo Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y convertirse en el principal dispersor de los Programas para el Bienestar. Este diseño institucional se promovió bajo la bandera ideológica de eliminar a los intermediarios financieros privados en la entrega de los apoyos sociales.

Sin embargo, a mediados de 2026, la realidad operativa desmiente el discurso oficial. La transición de la banca de desarrollo hacia un monopolio financiero estatal no se ha traducido en una verdadera emancipación o inclusión financiera del ciudadano, sino en el diseño de un mecanismo de rentabilidad política y control clientelar que subordina la eficiencia técnica del Estado a las necesidades electorales del partido en el poder.

La estrategia de construcción masiva de infraestructura impulsada entre 2018 y 2024, que consolidó una red de 3,149 sucursales operativas, de las cuales aproximadamente 2,750 son de reciente creación a partir de 2019, que evidencia graves deficiencias de planeación y un alarmante desvío de sus fines institucionales, toda vez que auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación han detectado severas irregularidades, sobrecostos en la edificación de sucursales y preocupantes anomalías en la implementación de software, incluyendo el pago de servicios tecnológicos para la gestión y plataformas de datos que simplemente nunca fueron instalados o que operaban de forma incorrecta, lo que constituye un claro menoscabo al patrimonio público.1

Resulta técnicamente inadmisible que una institución que funge como el nodo central del sistema de pagos del gobierno mexicano, operando un presupuesto acumulado de 2.7 billones de pesos destinados a la política social durante el periodo 2019-20242 y manejando una cifra cercana al 1 billón de pesos para el presente ejercicio fiscal 2026, muestre tanta vulnerabilidad en sus controles bancarios.3

El hecho de que a mediados de 2026 el banco haya tenido que ajustar drásticamente sus límites de retiro en cajeros automáticos hasta los 12,000 pesos por operación no es un indicador de modernización, sino un reflejo de la incapacidad del sistema para garantizar la fluidez de las entregas y la seguridad de los fondos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población, como adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.

La ineficacia de la institución financiera queda plenamente demostrada al analizar los datos emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al cierre del sexenio anterior y durante el presente año, los cuales confirman un incremento sostenido en las reclamaciones ciudadanas por cajeros automáticos que no entregan el efectivo solicitado, retiros no reconocidos y deficiencias crónicas en el servicio de ventanilla, ante lo cual el banco apenas ha logrado recuperar una fracción menor de los montos reclamados, dejando en la total indefensión a los usuarios y fracturando la confianza en el sistema bancario de desarrollo.

El sustento de la presente proposición radica en la opacidad institucional y el sistemático incumplimiento normativo del Banco del Bienestar S.NC., el cual acumuló, entre enero de 2025 y el 15 de junio de 2026, más de 25 multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debido a severas irregularidades operativas y de control interno, sumando un monto superior a los 8.8 millones de pesos.4

Es de especial gravedad que la infracción más recurrente, por un importe de 311,220 pesos, sea consecuencia directa de violar la Ley de Instituciones de Crédito en lo relativo al régimen regulatorio y las disposiciones prudenciales, con multas que oscilan entre los 26,886 pesos y el 1,443,300 pesos, descubriendo una crisis estructural de cumplimiento legal.5

El dolo y la resistencia a la rendición de cuentas por parte de los directivos del Banco del Bienestar S.N.C. se hicieron patentes tras la notificación, el 16 de abril de 2026, de cinco sanciones por un total de 4.1 millones de pesos derivadas de registros contables incorrectos, deficiencias en la administración integral de riesgos y la flagrante omisión de controles para prevenir que las operaciones de retiro de efectivo fueran utilizadas para la comisión de actos ilícitos.6

Ante esta grave difusión pública, la institución lejos de asumir su responsabilidad optó por promover un juicio de amparo alegando un supuesto e inexistente daño reputacional irreversible, intentando utilizar el Poder Judicial (controlado por el gobierno en el poder) como un escudo protector para ocultar que únicamente en lo que va del año 2026 las multas ya superan los 5.5 millones de pesos, incluyendo las penalizaciones del 10 de abril de 2026 que ascienden a 4.14 millones de pesos.7, 8

Esta soberanía no puede convalidar el argumento simplista de que las sanciones corresponden a ejercicios anteriores, ni que estas fallas no comprometen la solvencia de la institución. La recurrencia y acumulación de las multas demuestra un problema de persistencia institucional que pone en riesgo latente la integridad operativa del banco y la seguridad de los recursos públicos.

Por otro lado, la centralización y monopolización de la dispersión de fondos, sincronizada sistemáticamente con los calendarios electorales, representa una coacción pasiva del voto y un incentivo perverso. Esta situación ha sido denunciada por organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana, confirmando que el incremento presupuestal masivo inyectado en años de comicios no es una coincidencia, sino una estrategia de movilización partidista disfrazada de justicia social.

Por todo lo anterior, el Banco del Bienestar ha fracasado rotundamente en su misión declarada como banca de desarrollo, al ser incapaz de ofrecer servicios reales de ahorro o crédito competitivos. Asimismo, la institución opera con un desabasto crónico de efectivo en las zonas rurales, precisamente donde la dependencia económica de la población es absoluta.

En este sentido, resulta urgente y obligatorio que el Poder Legislativo ejerza sus facultades de control político, fiscalización y exigencia de máxima publicidad. Es imperativo obligar a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco del Bienestar, S.N.C., a comparecer y responder por las irregularidades que amenazan la estabilidad y la transparencia de las finanzas públicas del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares del Banco del Bienestar, S.N.C., y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar las medidas necesarias para resolver las deficiencias financieras y operativas de dicha institución bancaria y, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, informar a la opinión pública el estado que guardan sus indicadores de capitalización, liquidez y riesgo operativo, así como el origen, motivación, montos y estado procesal de las sanciones e infracciones impuestas a la entidad por el órgano regulador.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al director general del Banco del Bienestar S.N.C. a implementar, de manera inmediata, las medidas correctivas e institucionales necesarias para subsanar las observaciones y sanciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fortaleciendo sus sistemas de control interno, administración de riesgos y mecanismos de supervisión, a fin de salvaguardar la continuidad operativa en la dispersión de los programas sociales. Asimismo, se le exhorta a publicar y mantener permanentemente actualizada en su portal electrónico oficial, bajo el principio de máxima publicidad y con transparencia, la información relativa al estado que guardan dichas sanciones, las acciones de mitigación adoptadas y los montos correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones como coordinadora del sector, evalúe la suficiencia de los controles prudenciales aplicables al Banco del Bienestar S.N.C.; asimismo, para que en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fortalezca el marco normativo y los sistemas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, garantizando la rigurosa supervisión del cumplimiento regulatorio de dicha institución bancaria de desarrollo.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus facultades constitucionales de fiscalización y de estimar lo procedente, modifique o amplíe el alcance de las revisiones programadas al Banco del Bienestar S.N.C., transitando de un esquema de auditorías de cumplimiento a forense en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2025. Lo anterior, con la finalidad de esclarecer la asimetría institucional observada entre las evaluaciones previas de dicho órgano fiscalizador superior y las recurrentes sanciones administrativas y operativas impuestas a la citada institución bancaria por el órgano regulador.

Notas

1. https://www.gob.mx/bancodelbienestar/prensa/comunicado-005-banco-del-bi enestar-concluye-con-exito-su-plan-de-expansion-ya-opera-con-3-149-sucu rsales-358744?idiom=es

2. https://programasparaelbienestar.gob.mx/se-destinan-2-7-billones-de-pes os-en-programas-para-el-bienestar-en-todo-el-sexenio-se-beneficia-a-28- millones-de-personas/.

3. https://www.instagram.com/reel/DZA4xNvE1yM/.

4. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2026/06/16/banco-del-bienestar -acumula-mas-de-25-multas-por-un-monto-de-88-mdp-de-la-cnbv/

5. Ibidem.

6. https://www.infobae.com/mexico/2026/06/16/multan-al-banco-del-bienestar -por-irregularidades-peligra-tu-dinero/

7. https://www.facebook.com/AztecaNoticias/posts/el-banco-del-bienestar-se -ampara-ante-la-cnbv-busca-ocultar-10-multas-por-fallas/137820304117513 7/.

8. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2026/06/16/banco-del-bienestar -acumula-mas-de-25-multas-por-un-monto-de-88-mdp-de-la-cnbv/.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SECIHTI, y al director general del proyecto Olinia a informar a la opinión pública sobre la estructura financiera, económica y operativa de dicho proyecto, el ejercicio de los recursos presupuestales ejercidos, los convenios y contratos adquiridos y el plan de producción y comercialización de los vehículos, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal a la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El manejo de los recursos públicos destinados al proyecto automotriz “Olinia” presenta serias inconsistencias que vulneran el principio de transparencia y eficiencia exigido por el artículo 134 constitucional. Originalmente, el gobierno federal justificó la asignación de un capital semilla de 25 millones de pesos bajo el amparo de fondos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).1

Esta clasificación administrativa permitió que el proyecto eludiera temporalmente los rigurosos filtros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eximiéndolo de presentar las evaluaciones socioeconómicas indispensables para obtener un registro formal en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, por lo que es determinante que el titular de la Secretaría de Hacienda informe al respecto.

Con la reciente presentación del prototipo “Olinia 1” y el anuncio presidencial de iniciar su producción masiva para el verano de 2027, la naturaleza jurídica del proyecto ha cambiado radicalmente.2 Ya no nos encontramos ante un ejercicio de exploración académica o un modelo conceptual de laboratorio, sino ante una política pública de manufactura a gran escala que, según estimaciones de analistas del sector, requerirá una inversión superior a los 3,700 millones de pesos. Mantener un proyecto de esta magnitud financiera bajo las reglas laxas del gasto en investigación científica constituye una simulación administrativa alarmante

Hasta el día de hoy, el Poder Legislativo y los ciudadanos desconocen el estudio de costo-beneficio social, el análisis de factibilidad económica y la planeación financiera multianual que exige la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para cualquier obra o proyecto de infraestructura del Estado. Financiar una industria automotriz estatal sin un modelo de negocio dictaminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compromete las finanzas de la hacienda pública y abre la puerta al desvío de recursos que urgentemente se necesitan en sectores prioritarios como la salud, la seguridad y el mantenimiento de la red vial nacional.

A esta falta de planeación se suman las denuncias periodísticas sobre la adjudicación de contratos millonarios vinculados al desarrollo del vehículo a favor de empresas que carecen de experiencia comprobada en el ramo o que se encuentran registradas en domicilios particulares. Esta opacidad en los procesos de contratación genera dudas legítimas sobre la transparencia en el ejercicio del gasto, haciendo indispensable la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para deslindar responsabilidades.

Una de las inconsistencias más graves y técnicamente indefendibles del Proyecto Olinia es la decisión explícita de sus coordinadores de diseñar el vehículo al margen de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021. Esta regulación es de observancia obligatoria para todos los automóviles ligeros nuevos que se comercializan en México y establece los dispositivos de seguridad mínimos para proteger la vida de los ocupantes, tales como frenos con sistema antibloqueo (ABS), control de estabilidad, bolsas de aire frontales y laterales, así como la superación de pruebas de impacto estructural (crash tests).3

Las declaraciones del coordinador del proyecto, en el sentido de que Olinia no pretende ajustarse a la NOM-194-SE-2021 porque se busca crear una “nueva categoría regulatoria” para vehículos urbanos de baja velocidad, configuran un preocupante intento de fraude a la ley.4 El Estado mexicano no puede utilizar su estructura y recursos para fabricar un vehículo que deliberadamente reduzca los estándares de seguridad que él mismo le exige a la industria privada.

El hecho de catalogar un automóvil con capacidad para seis pasajeros y un motor de 13.5 kW como un simple transporte de barrio para omitir las bolsas de aire y las zonas de deformación programada es un acto de negligencia técnica que pone en riesgo la vida de los futuros usuarios al querer transitar en vías primarias en las ciudades o en la red de autopistas del país.

La justificación de que el diseño se centra exclusivamente en el aspecto utilitario y funcional para mantener un costo accesible no es argumento válido para sacrificar la robustez estructural. Un vehículo que circulará por las calles del país sin haber certificado sus pruebas de resistencia en colisiones, comportamiento de frenado y estabilidad en condiciones reales es un peligro latente de seguridad vial para las personas que lo compren.

El discurso oficialista ha promovido al Olinia como el estandarte de la soberanía científica y el desarrollo tecnológico nacional, catalogándolo como el “auto eléctrico 100 por ciento mexicano”. No obstante, la realidad técnica del prototipo desmiente de forma contundente la narrativa de propaganda política. Durante la propia presentación de la unidad, se admitió que el vehículo cuenta apenas con un 50 por ciento de componentes nacionales, dependiendo el resto de la importación de insumos clave provenientes de China, India, Estados Unidos y Alemania.5

La manufactura de un vehículo eléctrico moderno depende críticamente de componentes de alta especialización que México actualmente no produce a escala comercial, como las celdas de las baterías de litio, los inversores de potencia, la microelectrónica y los sistemas de gestión térmica. En este contexto, la promesa de alcanzar un 75 por ciento de integración nacional para el año 2030 carece de una ruta técnica o industrial creíble, presentándose como una meta voluntariosa y triunfalista que carece de contratos de proveeduría nacional o desarrollo de patentes locales que la sustenten.6

Asimismo, la naturaleza jurídica de la sociedad mixta anunciada para la fabricación del auto permanece oculta. Las autoridades no han transparentado los términos de los convenios de colaboración celebrados con las corporaciones extranjeras ni los mecanismos de transferencia tecnológica. No hay certeza sobre si los recursos del erario federal se están utilizando para financiar el desarrollo de tecnología cuyas patentes y beneficios comerciales terminarán en manos de socios privados internacionales, desvirtuando el concepto de soberanía nacional y violando el principio de máxima publicidad que debe regir toda coinversión pública.

La viabilidad operativa de una flota masiva de vehículos eléctricos urbanos es inseparable de la capacidad de la infraestructura energética que la soportará. El Proyecto Olinia plantea un modelo basado principalmente en la recarga doméstica, ignorando deliberadamente el estado de vulnerabilidad crítica en el que se encuentra el Sistema Eléctrico Nacional, caracterizado por alertas de emergencia recurrentes y la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el suministro básico en diversas regiones del país.

Conectar miles de estos vehículos diariamente a las redes domésticas de baja tensión provocará una sobrecarga severa en los transformadores locales de las zonas urbanas de alta densidad. Este impacto en la red de distribución no cuenta con dictámenes técnicos públicos de la CFE ni de la Secretaría de Energía, lo que representa un riesgo alto de apagones locales y fallas de infraestructura en las comunidades donde se comercialice el auto. Esto sin duda se tiene que considerar con estudios que avalen que el país está preparado para las altas cargas de energía que representa la producción y comercialización de los vehículos eléctricos.

Lejos de representar un beneficio económico para las familias de menores ingresos que es la población objetivo de este vehículo de bajo costo, la recarga en casa puede convertirse en una trampa económica. El consumo adicional de energía eléctrica necesario para abastecer diariamente las baterías del auto incrementará el millaje de kilowatt-hora en los hogares, provocando que los usuarios rebasen los límites de los subsidios gubernamentales y sean reclasificados en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo. Este incremento desproporcionado en los recibos de luz anulará cualquier ahorro proyectado por concepto de combustible fósil, transfiriendo el costo de la deficiente planeación energética del Estado directamente a los bolsillos de los ciudadanos.

La viabilidad comercial del Olinia se encuentra comprometida por la falta de un modelo de negocio sólido y realista. La promesa de vender el automóvil en un precio base de 150,000 pesos resulta inviable frente a los costos actuales del mercado internacional de componentes electrónicos y de litio.7 Esto sugiere que el costo anunciado es una tarifa política artificial que solo podrá sostenerse mediante la inyección permanente de subsidios federales directos e indirectos destinados a absorber las pérdidas de producción, la sustitución de baterías y el financiamiento de enganches.

Ante la imposibilidad de competir en un mercado abierto bajo criterios de eficiencia, el gobierno federal ha comenzado a recurrir a la simulación de compras gubernamentales para asegurar la supervivencia financiera del proyecto. Un ejemplo alarmante de esta práctica es el anuncio del gobierno del estado de Puebla, el cual ha comprometido la adquisición anticipada de 8,000 vehículos Olinia con un costo de 150 mil pesos nos arroja una inversión de 1,200 millones de pesos para las arcas estatales, presentando como un hecho consumado la compra de un producto que aún está en fase de prototipo y que carece de certificaciones de seguridad vial.8

Utilizar el presupuesto de los estados y municipios como un fondo de rescate financiero anticipado para un startup estatal es una grave irresponsabilidad administrativa. Estas decisiones desvían recursos públicos esenciales destinados a la seguridad local, el agua potable y la infraestructura municipal para financiar una agenda de proselitismo político, engañando a la ciudadanía con fines partidistas al hacer creer que el proyecto se encuentra en una etapa de producción masiva consolidada.

La historia económica reciente de la administración pública federal demuestra de forma contundente que la incursión del Estado como empresario en sectores tecnológicos y comerciales altamente competitivos, sin estudios de rentabilidad previos, deriva invariablemente en el fracaso financiero. Proyectos de creación reciente como Mexicana de Aviación, el Tren Maya y Gas Bienestar operan hoy como sumideros presupuestarios que subsisten exclusivamente gracias a subsidios permanentes del gobierno federal, recursos que han sido retirados del sistema nacional de salud, el abasto de medicamentos y la seguridad pública.

El Proyecto Olinia reproduce exactamente los mismos vicios de origen de los fracasos mencionados: opacidad en las asignaciones contractuales, elusión de las normas de seguridad técnica, dependencia encubierta de componentes importados y una necesidad urgente de capitalización que el propio coordinador del proyecto cifra en la búsqueda de 200 millones de dólares de capital privado para poder iniciar operaciones.

Es una facultad y una obligación constitucional de este Poder Legislativo ejercer el control parlamentario sobre el gasto público antes de que se ejerzan recursos que impliquen subsidios permanentes que terminemos de pagar los ciudadanos con los impuestos. El Congreso de la Unión no puede permanecer omiso ante la pretensión de ampliar los recursos económicos a un proyecto que carece de dictámenes técnicos, energéticos, financieros y de seguridad vial. Exigir la comparecencia de los funcionarios responsables y transparentar de forma absoluta el estado del proyecto es el único mecanismo legal para salvaguardar los recursos de la nación y la integridad de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez y al director general del Proyecto Olinia, maestro Roberto Capuano Tripp, para que se coordinen e informen a la opinión pública a través de su página electrónica oficial sobre la estructura financiera, económica, presupuestaria, técnica y operativa del Proyecto Olinia, así como también sobre el ejercicio de los recursos públicos asignados, los convenios celebrados, los contratos adquiridos, el modelo de participación público-privada y el plan de producción y comercialización de vehículos eléctricos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maestro Edgar Amador Zamora, para que informen a la opinión pública si el Proyecto Olinia cuenta con registro, evaluación, dictamen o análisis en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría; y, en su caso, emitan la evaluación costo-beneficio, los dictámenes de factibilidad técnica, económica y ambiental, así como la opinión presupuestaria correspondiente y el impacto presupuestario multianual de los recursos adicionales, subsidios, garantías públicas o esquemas de asociación mixta o asociaciones público-privada proyectados.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a las autoridades competentes en materia de seguridad vial, para que informen a la opinión pública, si los automóviles Olinia podrán transitar en vías públicas, carreteras, autopistas o únicamente en zonas urbanas de baja velocidad; y para que, antes de su comercialización, definan las normas mínimas de seguridad aplicables a este tipo de vehículos, con el objeto de garantizar los derechos de protección y seguridad vial.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a su autonomía, considere la inclusión de las auditorías correspondientes al ejercicio de los recursos públicos federales asignados al Proyecto Olinia dentro del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior correspondiente al año 2025.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que revise los procedimientos de contratación y convenios vinculados al Proyecto Olinia, a fin de verificar que cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez previstos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1. https://secihti.mx/sala-de-prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta -olinia-primera-armadora-mexicana-de-mini-vehiculos-electricos-desarrol lados-en-mexico/.

2. https://imagendelgolfo.mx/nacional/olinia-tendra-norma-propia-y-busca-producirse-en-2027-proyecto-avanza-con-aliados-industriales-20260609-0046.html.

3. https://www.motorpasion.com.mx/industria/hay-problema-auto-electrico-ba rato-que-creo-gobierno-mexico-su-propia-ley-le-prohibe-venderlo

4. Ibidem.

5. https://www.tyt.com.mx/nota/presentan-prototipo-de-olinia-1-vehiculo-el ectrico-con-50-de-contenido-nacional

6. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/olinia-es-transformacion-y-mexico-esta-en-transformacion-presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-el-vehiculo-electrico-olinia-1

7. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/olinia-es-transformacion-y-mexico-esta-en-transformacion-presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-el-vehiculo-electrico-olinia-1

8. https://www.eleconomista.com.mx/estados/gobierno-puebla-planea-adquirir-8-000-vehiculos-olinia
-20260608-817465.html

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a informar a la opinión pública sobre la estrategia nacional de protección al sector productivo frente a las revisiones anuales del T-MEC, implementar un mecanismo de respuesta temprana y defender la trilateralidad del acuerdo frente a medidas unilaterales y presiones extra comerciales, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal a la LXVI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1 de julio de 2020. En su artículo 34.7 se estableció una vigencia inicial de 16 años y se dispuso una revisión conjunta al cumplir su sexto aniversario, la cual estará a cargo de la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de las tres partes. Dicha revisión no constituye una renegociación automática ni faculta a una de las partes para modificar unilateralmente los compromisos pactados.1

El 1 de julio de 2026 se celebró la primera revisión conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante el encuentro, el gobierno estadounidense comunicó su negativa a prorrogar la vigencia del T-MEC en sus términos actuales. No obstante, dicha determinación no extingue el tratado: el instrumento legal se mantiene plenamente vigente y, de conformidad con el artículo 34.7, las partes deberán realizar revisiones conjuntas anuales hasta alcanzar un acuerdo de extensión o hasta la conclusión de su periodo inicial en 2036.2

A partir de establecer esta decisión, se inició un periodo de incertidumbre prolongada. Bajo este esquema, cada revisión anual corre el riesgo de convertirse en un foco constante de presión sobre la inversión, la generación de empleo, las decisiones de relocalización, la integración de cadenas de proveeduría y el cierre de contratos a largo plazo. El costo principal no radica únicamente en una eventual terminación del tratado, sino en el efecto diferido y preventivo que la falta de certeza jurídica genera sobre los proyectos de inversión desde el presente.

En este contexto, la Secretaría de Economía ha desahogado tres rondas bilaterales con autoridades estadounidenses y anunció una cuarta reunión para septiembre de 2026. Si bien el diálogo bilateral permite abordar controversias específicas, este no debe desplazar el formato trilateral del T-MEC ni sustituir el papel de la Comisión de Libre Comercio, foro en el que Canadá participa con igualdad de derechos y obligaciones. La revisión anual estipulada en el acuerdo es de carácter conjunto; por ello, las rondas bilaterales constituyen mecanismos complementarios de negociación articulados a dicho proceso, no su reemplazo.3

El titular de la Secretaría de Economía ha señalado que el 83.3 por ciento de las exportaciones mexicanas tiene como destino Estados Unidos, mercado donde el país enfrenta un arancel efectivo promedio del 3.4 por ciento. Asimismo, reconoció que la expansión sostenida del comercio exterior y del superávit comercial de México podría incentivar nuevas presiones proteccionistas por parte de Estados Unidos. Frente a este panorama, resulta indispensable transitar de un enfoque defensivo y coyuntural ante cada amenaza hacia una estrategia de política pública formal, preventiva y medible.4

La continuidad formal del T-MEC no ha logrado contener las afectaciones a nivel sectorial. Los aranceles y las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos en rubros estratégicos, como el sector automotriz, autopartes, acero y aluminio, se mantienen como focos persistentes de fricción, a pesar de la profunda integración de las cadenas productivas en América del Norte. En este contexto, el 2 de septiembre de 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con el objetivo de encauzar la agenda comercial bilateral, impulsar el desarrollo tecnológico regional y avanzar en la resolución de dichas restricciones tributarias.5, 6

La defensa del sector productivo nacional debe trascender la mera solicitud de exenciones arancelarias. Se requiere una estrategia integral que despliegue mecanismos de defensa comercial compatibles con el T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC), el uso efectivo de los sistemas de solución de controversias, la atracción y retención de inversiones, el desarrollo de proveedores nacionales y la asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas. Asimismo, resulta indispensable garantizar infraestructura, energía y logística competitivas, promover la diversificación de mercados y diseñar planes de contingencia para las ramas industriales con mayor exposición.

En este marco, sectores como el automotriz, el siderúrgico y el del aluminio exigen un programa de acción específico, dado su peso estratégico en la manufactura, el empleo y las cadenas regionales de valor. De manera paralela, deben identificarse y acompañarse otras industrias vulnerables, en particular aquellas con elevada dependencia del mercado estadounidense, reducida capacidad financiera para amortiguar impactos arancelarios o regulatorios, y escasa flexibilidad para reorientar sus proveedurías o destinos de exportación.

Finalmente, resulta decisivo institucionalizar la separación entre la agenda comercial y los temas de seguridad o migración, consolidándola como una posición de Estado permanente y no como un arreglo coyuntural. Las revisiones anuales del T-MEC no deben instrumentarse como mecanismos de presión para condicionar la prórroga del tratado, el acceso al mercado o el trato arancelario a exigencias ajenas a las obligaciones expresamente pactadas en el texto del acuerdo.7

Defender la soberanía no implica cerrar la cooperación legítima con Estados Unidos y Canadá en temas de migración, seguridad pública, combate al narcotráfico, energía o regulación. Implica que cada materia se atienda en su marco constitucional, legal y diplomático, sin admitir que una negociación comercial funcione como mecanismo de presión unilateral sobre decisiones internas que no constituyan una obligación del tratado o lo condicione.

El sector productivo requiere conocer los objetivos, instrumentos, responsables, plazos y mecanismos de evaluación de la estrategia mexicana en la negociación del tratado. La transparencia puede conciliarse con la reserva de información sensible de la negociación mediante una versión pública que permita al Congreso de la Unión, las empresas y los trabajadores evaluar si existe una política suficiente para proteger inversión, producción y empleo de cada sector.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Economía a informar a la opinión pública sobre la Estrategia Nacional de Protección al Sector Productivo frente a las revisiones del T-MEC. Dicho informe deberá precisar la evaluación de riesgos sectoriales; las acciones de defensa e impulso a industrias estratégicas (automotriz, autopartes, acero, aluminio y PyMEs); las prioridades y avances derivados de las rondas bilaterales con Estados Unidos, así como las metas, plazos e indicadores de desempeño previstos, con excepción de la información sujeta a reserva legal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Economía para que estudie la viabilidad de constituir un Mecanismo Permanente de Respuesta Temprana con la participación de los tres órdenes de gobierno, las cámaras empresariales, el sector laboral y la academia. Dicho instrumento tendrá como objetivo mitigar de forma anticipada posibles aranceles, cupos o barreras unilaterales a la producción nacional, mediante planes de contingencia sectoriales, un esquema de acompañamiento a empresas vulnerables e informes públicos de seguimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a defender con firmeza la naturaleza trilateral del T-MEC, y se solicita a rechazar categóricamente que el concepto de seguridad económica sea utilizado como argumento para imponer barreras arancelarias, cupos o exclusiones discriminatorias, así como a impedir que la vigencia del tratado se subordine o condicione a exigencias ajenas al acuerdo en materia de migración, seguridad o política interna. Toda medida en esta materia debe basarse en riesgos técnicos comprobables y alinearse estrictamente a los compromisos expresamente pactados en el tratado.

Notas

1. https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratad o-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730.

2. https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/ july/ambassador-greer-issues-statement-usmca-joint-review.

3. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-resiste-presion-trump-y-ll egara-fortalecido-cuarta-ronda-revision-t-mec-ebrard

4. Ibidem.

5. https://www.reuters.com/world/americas/mexico-presses-us-auto-steel-tar iffs-meeting-with-lutnick-2026-09-02/.

6. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2026/08/31/ebrard-descarta-que-eu-condicione-temas-de
-comercio-a-seguridad/.

7. Ibidem.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2026.

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP para que haga público un informe sobre la situación actual de la educación en el país y los resultados de la prueba Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a comparecer a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública para que haga público un informe detallado sobre la situación actual de la educación en el país y los resultados de la prueba Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, al tenor lo siguiente

Consideraciones

En pasadas fechas se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA para evaluar el desempeño de los menores mexicanos en educación. El resultado fue desastroso pues 4 de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años quedaron por debajo del nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas.

El resultado es un revés para la educación mexicana, pues deja ver una crisis de aprendizaje en el país, conforme el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 41.8 por ciento1 de los alumnos está por debajo del nivel 2 en tres materias, más del doble del 19.7 por ciento promedio internacional.

La presidenta de la República, al ser cuestionada por los resultados de esta prueba, señaló que los resultados presentan sesgos al no considerar contextos específicos de cada nación, por lo que no se definía de esta forma la calidad educativa en el país.

La prueba en cuestión es el primer examen constitucional que evaluó los conocimientos de los estudiantes bajo el marco pedagógico del llamado modelo educativo de la “Nueva Escuela Mexicana”, el cual puso en relieve las deficiencias claras que son en detrimento de la niñez, adolescencia y desarrollo del país.

México obtuvo 414 puntos en ciencias, cuando el promedio de la OCDE, es de 482, 408 puntos en lectura frente 461, 388 en matemáticas contra 463, solo el 50 por ciento de estudiantes alcanzó el nivel básico, cuando en la OCDE es del 74 por ciento.

Las alarmas se encienden cuando comparamos los resultados con el archivo histórico, respecto a 2022 matemáticas cayó 7 puntos, al igual que lectura. Pero no es un caso aislado, en temas como matemáticas se ve una caída constante desde 2018, al igual que en lectura2 . La puntuación en matemáticas es la más baja desde 2006, este rubro junto con lectura está por debajo de los resultados obtenidos entre 2009 y 20183 .

La presidenta de la República, al ser cuestionada por los resultados de esta prueba, señaló que los resultados presentan sesgos al no considerar contextos específicos de cada nación, por lo que no se definía de esta forma la calidad educativa en el país.

La prueba en cuestión es el primer examen constitucional que evaluó los conocimientos de los estudiantes bajo el marco pedagógico del llamado modelo educativo de la “Nueva Escuela Mexicana”, el cual puso en relieve las deficiencias claras que son en detrimento de la niñez, adolescencia y desarrollo del país.

La “Nueva Escuela Mexicana” es el modelo educativo actual en el país, que fue introducido mediante una reforma constitucional, que intenta romper paradigmas de materias tradicionales aisladas y busca sustituir con aprendizaje situado en campos formativos y ejes articuladores4 .

Aunado a los resultados de la prueba PISA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió en marzo del presente año la prevalencia de analfabetismo en el país, esto a pesar de los avances en cobertura educativa pues persiste una prevalencia de analfabetismo y deficiencias graves de lectoescritura, afectando de manera desproporcionada a adultos mayores y a comunidades rurales e indígenas5 .

La ONU señala que el país no solo enfrenta el reto de enseñar a leer y escribir a su población rezagada, sino la urgencia de profundizar en los aprendizajes fundamentales, una problemática que se encadena directamente con los bajos resultados de desempeño escolar en evaluaciones internacionales.

La prevalencia de estas brechas educativas evidencia que las políticas públicas actuales han sido insuficientes para garantizar el piso mínimo de competencias básicas, perpetuando círculos de desigualdad que el Estado está obligado a combatir mediante estrategias presupuestales y pedagógicas efectivas.

En la actualidad, más de 27 millones6 de personas enfrentan algún grado de rezago educativo con estados muy afectados como lo son Chiapas (con un 44.9 por ciento7 de su población en esta condición), Michoacán (40 por ciento) y Guerrero (39.3 por ciento) registran las proporciones más altas de rezago.

Más de 3.7 millones8 de niños y adolescentes en el país siguen sin asistir al sistema escolar, datos de Educación con Rumbo; 7 de cada 10 escuelas carecen de internet o computadoras9 , y existen planteles en zonas rurales donde los alumnos toman clases sentados en piedras por falta de inmobiliario

Con los datos se da evidencia de que la educación en México atraviesa una crisis estructural profunda que no puede seguir siendo ignorada ni minimizada bajo argumentos ideológicos. Los recientes resultados de la prueba PISA no son un accidente estadístico, sino el síntoma de un sistema pedagógico extraviado que ha profundizado el rezago en competencias esenciales como la lectura y las matemáticas, ubicándonos en los niveles más bajos de las últimas dos décadas.

Esta falla en el núcleo de las aulas no ocurre de manera aislada; se encadena directamente con una profunda desigualdad material y social. Por un lado, el país arrastra una crisis de analfabetismo y rezago, castigando severamente a estados del sur-sureste.

Por el otro, la infraestructura escolar sobrevive en condiciones de extrema precariedad: millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de las aulas, mientras que las escuelas en funciones carecen de conectividad, herramientas tecnológicas básicas e incluso de mobiliario digno.

Pretender que la política educativa actual responde a las exigencias del desarrollo nacional es una simulación insostenible. El Estado ha renunciado a su obligación de garantizar una educación de calidad basada en el mérito, la ciencia y la competitividad, limitándose a un asistencialismo que no se traduce en mejores aprendizajes. Ante el riesgo inminente, resulta indispensable que el Poder Legislativo ejerza su facultad de control político, llamando a comparecer a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública para que asuma su responsabilidad y presente un plan de rescate educativo real y transparente.

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la educación es un derecho fundamental orientado al pleno desarrollo de la persona y a su preparación efectiva para la vida en sociedad. Bajo este estándar internacional, el Estado mexicano tiene la obligación ineludible de garantizar no sólo el acceso formal a los planteles, sino una instrucción de calidad que dote a la niñez y a la juventud de competencias reales y competitivas.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

El grave rezago evidenciado en la prueba PISA, la persistencia del analfabetismo y las profundas carencias en la infraestructura escolar configuran un incumplimiento de estos compromisos internacionales que vulnera el futuro de las nuevas generaciones.

El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el principio de desarrollo progresivo, obligando a los Estados Parte a adoptar providencias internas y de cooperación para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, de educación, ciencia y cultura.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Capítulo III
Derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 26

Desarrollo progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

El estancamiento y retroceso educativo evidenciado en las evaluaciones internacionales, la crisis de analfabetismo y la falta de inversión infraestructura escolar representan una violación al deber de progresividad, justificando plenamente la exigencia de rendición de cuentas a la Secretaría de Educación Pública.

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, imponiendo a la Federación, estados y municipios la obligación indelegable de impartir y garantizar los niveles de educación básica y media superior con carácter obligatorio.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El Estado no solo debe asegurar el acceso a las aulas, sino garantizar una formación de calidad que responda al interés superior de la niñez.

El Estado tiene la obligación inexcusable de garantizar el derecho humano a la educación, priorizando el interés superior de la niñez y asegurando que los educandos adquieran las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para su desarrollo integral.

Ley General de Educación

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República.

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.

Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana.

Bajo este marco legal, el grave rezago evidenciado en la prueba PISA, la persistencia del analfabetismo y las profundas carencias en la infraestructura escolar demuestran que no se están ofreciendo las mismas oportunidades de aprendizaje ni cumpliendo con el propósito formativo que la ley mandata, justificando plenamente la comparecencia y la rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública tiene la competencia directa para organizar, vigilar y regir el sistema educativo nacional, conducir la política educativa, garantizar el cumplimiento del artículo 3 constitucional y establecer mecanismos para conocer las mejores prácticas internacionales.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas;

II a la IV. ...

V.- Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;

VI.- Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito por el artículo 3 constitucional;

VII a la XIII. ...

XIV. Regir el sistema educativo nacional; formular, regular, coordinar y conducir la política educativa que competa al Ejecutivo y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas públicas;

XV a la XXX Bis. ...

XXXI. Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios, con el magisterio nacional, con instituciones especializadas en educación, con agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales y demás actores sociales en la materia;

XXXII. Establecer mecanismos para conocer las mejores prácticas educativas a nivel internacional;

XXXIII a la XXXV. ...

El grave retroceso en la prueba PISA, la crisis de analfabetismo y las deficiencias materiales en los planteles evidencian un incumplimiento en la rectoría y supervisión que la dependencia está obligada a ejercer.

La finalidad de nuestro punto de acuerdo es que comparezca ante este órgano colegiado el Secretario de Educación Pública sobre la situación actual de la educación en el país, dado por la grave crisis sistémica que enfrenta el sistema educativo nacional, demostrando que el problema va mucho más allá de un mal resultado internacional.

Es por ello que se pone a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública para que, haga público un informe detallado sobre la situación actual de la educación en el país y explique el desempeño de los estudiantes mexicanos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias de la prueba PISA 2025.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y las autoridades educativas estatales, diseñe e implemente una estrategia nacional para reforzar el aprendizaje en matemáticas, lectura y ciencias, con el objetivo de subsanar las deficiencias estructurales identificadas por los resultados de la prueba PISA 2025.

Notas

1. El Financiero, https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2026/09/08/mexico-reprueba-lec tura-y-matematicas-en-prueba-pisa-4-de-cada-10-estan-por-debajo-del-niv el-basico/

2. Política expansión, https://politica.expansion.mx/mexico/2026/09/08/prueba-pisa-2025-mexico -reprueba-matematicas-y-lectura

3. La jornada, https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/09/08/politica/en-mexico-los-al umnos-de-15-anos-mantienen-puntajes-bajos-en-ciencia-matematicas-y-lect ura-revela-pisa-2025

4. Cfr. Educación, La Nueva Escuela Mexicana, https://desarrolloprofesionaldocente.sems.gob.mx/convocatorias%202025/d ocs/La%20NEM/NEM%20Orientaciones%20padres%20y%20comunidad.pdf

5. Cfr, La Jornada, https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/31/sociedad/onu-advierte-pre valencia-de-analfabetismo-en-mexico

6. El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/politica/enfrentan-27-millones-mexicano s-rezago-educativo-20260511-812869.html

7. El economista, https://www.eleconomista.com.mx/politica/rezago-educativo-mexico-nivele s-registrados-entidad-federativa-20260517-813913.html

8. El Universal, https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mas-de-37-millones-de-ninas-ninos -y-adolescentes-se-encuentran-fuera-de-las-aulas-asegura-educacion-con- rumbo/

9. Mexicanos primero, https://www.mexicanosprimero.org/comunicado.php?url=mexicanos-primero-m uestra-a-las-y-los-diputados-las-carencias-de-equipamiento-tecnologico- e-internet-en-las-escuelas-211024

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2026.

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la GN a implementar una estrategia integral de seguridad en la red carretera del estado de Zacatecas, ante la creciente incidencia delictiva, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, a implementar una estrategia integral de seguridad en la red carretera del estado de Zacatecas, ante la creciente incidencia delictiva, al tenor lo siguiente

Consideraciones

En 2023 Zacatecas es identificada por el Censo Nacional de Seguridad del Instituto Nacionales de Estadística y Geografía (Inegi) como la segunda entidad federativa con mayor número de robos y asaltos en carreteras. Se registraron 1,885 delitos en un solo año, 991 reportes de registros de atentados a carros particulares, 335 a camiones de carga y 270 a autobuses.

En 2025 Zacatecas registró 157 robos y asaltos probables en carreteras y puentes, afectando al 85 por ciento a vehículos particulares y 13.2 por ciento a camiones de carga, lo que alerta es que colectivos de seguridad señalan que la mayoría de los robos de vehículos fue con uso de violencia.

Hoy la inseguridad en carreteras del estado, como en zonas cercanas a Aguascalientes, genera una preocupación latente al sector de transportistas, como lo señaló Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) pues hay un repunte de robo de tráileres y mercancías, quema de unidades y agresiones graves a operadores. Las aseguradoras han incrementado el costo de pólizas para camiones de carga que cruzan nuestro estado, impactando directamente al costo final de las mercancías, esto como consecuencia del robo o quema de unidades.

Los tramos viales con mayor número de incidencias son:

• Autopista Zacatecas - Aguascalientes

• Carretera Federal 45

• Carretera Federal 54 y 57

• Carretera Zacatecas - Durango y rutas hacia Jerez y Guadalajara.

Las carreteras del estado son un nudo de comunicaciones obligatorio para conectar el centro del país con los estados fronterizos con Estados Unidos, el Pacífico y Golfo, es así que se vuelve de prioridad la seguridad de estas vías.

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, mantiene a Zacatecas en su máximo nivel de restricción (nivel 4), prohibiendo a su personal transitar en el estado, por los índices de delincuencia que se viven.

La grave crisis de inseguridad que padecen las carreteras del estado de Zacatecas no solo representa una amenaza constante contra la vida, la integridad y el patrimonio de quienes transitan por sus rutas, sino que estrangula profundamente el desarrollo económico, logístico y social de la entidad. Las consecuencias de esta problemática se reflejan de manera directa en los siguientes rubros:

• Afectación directa a la integridad y el patrimonio familiar: La alta incidencia de robos y asaltos con violencia en las carreteras del estado vulnere de manera grave la seguridad física, la vida y el patrimonio de las ciudadanas y ciudadanos que transitan por las rutas de la entidad, generando un clima de temor constante en la movilidad cotidiana.

• Impacto inflacionario y encarecimiento de mercancías: El incremento desmedido en el costo de las pólizas de seguros para el transporte de carga, derivado del constante robo, quema de unidades y agresiones a operadores en tramos críticos como la Carretera Federal 45 y la autopista Zacatecas-Aguascalientes, repercute de forma directa en el encarecimiento del costo final de las mercancías y productos básicos que afectan la economía de las familias.

• Aislamiento económico y logístico regional: Al constituir el territorio zacatecano un nudo de comunicaciones obligatorio que conecta el centro del país con los estados fronterizos, el Pacífico y el Golfo, la inseguridad vial entorpece severamente las cadenas de suministro, frenando la competitividad comercial y el flujo eficiente de la economía nacional.

• Deterioro del turismo y la movilidad regional: La persistencia de la violencia en los tramos carreteros inhibe de manera drástica el flujo de visitantes, turistas y paisanos, limitando la integración social, el intercambio comercial y el desarrollo de las actividades económicas locales que dependen directamente de la conectividad vial.

• Afectación a la reputación internacional y competitividad: La permanencia de restricciones severas en las alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros limita severamente la llegada de inversiones extranjeras, restringe la atracción turística y daña la proyección internacional del estado como un destino seguro para el desarrollo y el tránsito.

Resulta imperante reconocer que la red carretera de Zacatecas ha dejado de ser un espacio seguro para convertirse en una zona de alta vulnerabilidad que fractura la paz social y lastima la economía regional. La magnitud de esta crisis exige asumir la seguridad vial como una prioridad nacional de urgente atención, de cuya solución depende la viabilidad logística, comercial y turística del estado.

Ante este panorama adverso, la falta de garantías en rutas estratégicas no solo afecta la movilidad de las familias y del sector transportista, sino que aísla a la entidad y perpetúa restricciones severas que dañan la percepción internacional. Urge una intervención institucional firme para blindar estas vías de comunicación y devolver la tranquilidad a quienes transitan por territorio zacatecano.

El problema central radica en la vulnerabilidad crítica y el déficit operativo que sufren las vías de comunicación federales y estatales en el estado de Zacatecas, que son zonas de alta incidencia de asaltos, robo de transporte con violencia y bloqueos carreteros.

La crisis de inseguridad vial evidencia las limitaciones de los esquemas de vigilancia y la insuficiencia de la respuesta institucional, lo que exige respuesta y auxilio del gobierno federal, activar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para garantizar el orden, y salvaguardar la cadena de suministro comercial y la seguridad para las familias.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) consagra el derecho humano de toda persona para viajar por el territorio nacional sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

La actual crisis de violencia, asaltos y bloqueos en las carreteras vulnera gravemente el derecho de tránsito, impidiendo que los ciudadanos, transportistas y visitantes ejerzan su libertad de circulación con seguridad.

La existencia de este derecho impone al Estado la obligación ineludible de garantizar las condiciones materiales y de seguridad necesarias para su ejercicio efectivo, por lo que, ante la insuficiencia de la vigilancia ordinaria para contener la incidencia delictiva en las rutas federales y estatales, se justifica plenamente la intervención subsidiaria y coordinada de la Federación para restablecer el orden, proteger las vías de comunicación y salvaguardar la integridad de quienes transitan por la entidad.

La CPEUM establece el marco general de obligaciones para todas las autoridades del Estado en materia de derechos humanos. Su relación con el problema de la inseguridad en las carreteras de Zacatecas es directa y fundamental para el sustento legal del punto de acuerdo, ya que impone al Estado el deber ineludible de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Artículo 1 CPEUM)

Las autoridades no solo enfrentan un problema de orden público, sino una vulneración sistemática de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad jurídica y el libre tránsito. En virtud del principio de competencia y del mandato de garantizar y proteger, este precepto constitucional justifica y exige la intervención urgente y coordinada de la Federación y del Estado.

Conforme la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, coordinar la prevención del delito, proteger a la población ante amenazas y riesgos, y salvaguardar la integridad y los derechos de las personas.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le corresponde el despacho de los asuntos siguientes

I. Formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la propuesta de Programa Nacional de Seguridad Pública, dirigir la política de prevención social de las violencias y ejecutar, en el marco de sus atribuciones, las políticas, programas y acciones, así como el programa sectorial correspondiente, con el fin de coordinar la prevención del delito; proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

En este sentido, la grave crisis de inseguridad que azota las carreteras de Zacatecas activa de manera directa las atribuciones de esta dependencia federal, exigiéndole la ejecución de acciones operativas y de coordinación interinstitucional eficaces que garanticen el orden, la paz pública y el derecho a la libre circulación de quienes transitan por la entidad.

La Guardia Nacional tiene facultad para la intervención en esta problemática, pues se fundamenta de manera directa en sus atribuciones de seguridad pública y protección ciudadana. La ley señala como objeto de esta institución realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación, con la finalidad de preservar la paz social y proteger los derechos de la población.

Tiene atribución específica de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, mantener el orden y prevenir delitos de manera directa en las carreteras federales y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, zonas que hoy concentran la crisis de violencia y bloqueos en Zacatecas.

La gravedad de la incidencia delictiva en estas rutas faculta el uso de herramientas de investigación y prevención especializadas en relación con el delito de asalto en carreteras o caminos previsto en el Código Penal Federal, dotando así de plena justificación operativa y legal los exhortos dirigidos a esta corporación para blindar las vías de comunicación del estado.

Ley de la Guardia Nacional

Artículo 5. El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios, con la finalidad de preservar la paz social y proteger los derechos de la población.

Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. ...

II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares;

Artículo 93. La intervención preventiva de comunicaciones a que se refiere esta Ley, se autorizará únicamente en relación con los delitos previstos en los ordenamientos legales que a continuación se enlistan:

I. En el Código Penal Federal:

a) al g) ...

h) El de asalto en carreteras o caminos ...

La crisis de inseguridad que estrangula las carreteras de Zacatecas ha rebasado los límites de la afectación patrimonial para convertirse en un problema de seguridad nacional que vulnera derechos humanos fundamentales, fractura el tejido social y paraliza la economía regional.

El Estado mexicano no puede mantenerse omiso ni confiar únicamente en esquemas de vigilancia ordinarios que han demostrado ser insuficientes. La gravedad del problema exige una respuesta institucional firme por parte de la Federación que, mediante la acción coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, devuelva la paz, y la certidumbre a las vías generales de comunicación, garantizando que transitar por Zacatecas deje de ser un riesgo y vuelva a ser un derecho plenamente seguro para todas y todos.

Con esta proposición con punto de acuerdo se solicita a SSPC y a la Guardia Nacional que diseñen e implementen una estrategia de seguridad integral, y acciones de inteligencia en los tramos carreteros críticos de Zacatecas para combatir los asaltos, el robo con violencia a transporte de carga y los bloqueos, lo que se pretende es:

• Frenar la crisis de inseguridad: Porque Zacatecas se ubica entre las entidades con mayor incidencia de asaltos y robos violentos en carreteras, afectando gravemente a automovilistas, transportistas y pasajeros.

• Proteger la economía y el empleo: Debido a que la violencia y el incremento en los costos de seguros por el robo de unidades encarecen los productos básicos, estrangulan la cadena de suministro nacional y dañan la competitividad y el turismo de la región.

• Restituir el ejercicio de los derechos humanos: La situación actual vulnera el libre y transgrede el mandato de todas las autoridades de prevenir, proteger y garantizar la seguridad, la vida y el patrimonio de la población, ante la omisión del actuar.

Es por ello que se pone a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe, coordine e instrumente una estrategia integral de seguridad destinada a prevenir, investigar y combatir los delitos que afectan las vías generales de comunicación del estado de Zacatecas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Guardia Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, despliegue y fortalezca de manera permanente operativos de seguridad, inspección y vigilancia en los tramos carreteros de mayor incidencia delictiva de la entidad.

Palacio Legislativo de san Lázaro, a 22 de septiembre de 2026

Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica)