Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7130-III-1, martes 22 de septiembre de 2026
- Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se propone crear una Comisión Especial para Investigar la Posible Injerencia Digital Extranjera en México y el Caso Cerimedo, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y a Aguas de Saltillo, SA de CV, a garantizar el abasto de agua potable mediante sistemas de respaldo energético en sus pozos y una flota suficiente de pipas, y a la Comisión Federal de Electricidad a restablecer y asegurar la continuidad del suministro eléctrico a la infraestructura hidráulica de la ciudad, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, por el que se por el que se solicita respetuosamente a la SHCP, a que, en el ámbito de su competencia y considerando los resultados obtenidos a través del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte y sus posteriores modificaciones, publicado el 31 de diciembre de 2018, se valore la pertinencia de ampliar la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre del 2030, con el propósito de seguir impulsando el desarrollo económico de la zona fronteriza norte del país, tomando en cuenta el impacto positivo que ha generado en el consumo, la inversión, la competitividad y la generación de empleo en esta región tan relevante de México, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal por conducto de la Sedatu y Conavi, para que implemente un programa de vivienda exclusivamente para personas deportadas, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la STPS y a la Profeco, para que verifiquen que las empresas de plataformas digitales cumplan con las disposiciones laborales vigentes, a cargo del diputado Fernando Mendoza Arce, del Grupo Parlamentario de Morena
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, a la SSPC del estado y a la Coordinación Estatal del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), a implementar protocolos especializados y división por tipo de llamado en la operación del número de emergencia 911, a cargo de la diputada Magda Érika Salgado Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se propone crear una Comisión Especial para Investigar la Posible Injerencia Digital Extranjera en México y el Caso Cerimedo, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada María de los Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una amenaza que ya dañó democracias
Las granjas de bots y las campañas coordinadas de desinformación dejaron de ser una advertencia de especialistas para convertirse en una amenaza probada contra la democracia. Ya vimos cómo una mentira sembrada durante meses en redes sociales convenció a miles de personas de que una elección había sido robada y terminó con el asalto a las sedes de los tres poderes (Brasil). Ya vimos a un tribunal constitucional obligado a anular la primera vuelta de una elección presidencial porque cuentas coordinadas y propaganda pagada, vinculadas con injerencia extranjera, torcieron la voluntad de los votantes (Rumania). Y ya vimos a una organización extranjera operar miles de perfiles falsos, haciéndose pasar por ciudadanos, para dividir a una sociedad e influir en su elección presidencial (Estados Unidos).
La lección es la misma en todas partes: cuando la conversación pública se falsifica, primero se pierde la confianza, después se desconocen los resultados y, al final, se ataca a las instituciones. México no puede darse el lujo de aprender esa lección demasiado tarde
La advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
La presidenta Claudia Sheinbaum lo advirtió a tiempo y con valentía. Desde noviembre de 2025, el gobierno de México exhibió ante la nación redes de cuentas sincronizadas, muchas creadas en cuestión de semanas y administradas desde el extranjero, que empujaban movilizaciones contra la titular del Ejecutivo. Cuando era más cómodo no ver el problema, puso sobre la mesa lo que muchos preferían ignorar: que en México opera una maquinaria digital que simula indignación y fabrica opinión.
Los hechos confirmaron la pertinencia de esa advertencia. El 18 de agosto de 2026 fue detenido en Bolivia Fernando Cerimedo, operador político argentino y cofundador de La Derecha Diario, medio con edición en México. En la investigación, que sigue en curso, la fiscalía boliviana aseguró una granja de bots. No se trata de un desconocido: él mismo reconoció haber manejado decenas de miles de cuentas artificiales en la campaña presidencial argentina de 2023, y en Brasil fue señalado dentro de la red que difundió desinformación contra las urnas electrónicas.
Un día después, la presidenta habló con claridad: La Derecha Diario opera con robots pagados que potencian noticias para fabricar una opinión que no existe. El 8 de septiembre del 2026 fue más lejos y planteó que el Congreso analice si esa red influyó en la vida pública del país. Es una postura de Estado, responsable y democrática. La presidenta Sheinbaum no pidió censura ni castigos sumarios; pidió que la representación nacional haga su trabajo y que se sepa la verdad.
Lo que está en juego
México tiene derecho a decidir su rumbo sin que intereses extranjeros manipulen la conversación pública desde las sombras. La Constitución Mexicana lo dice con toda claridad: la soberanía reside en el pueblo y los extranjeros no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Ese mandato enfrenta hoy una amenaza nueva: estructuras capaces de simular miles de voces, fabricar indignación y desgastar a un gobierno legítimamente electo sin que nadie sepa quién las opera ni quién las paga.
Lo que está en juego es la autenticidad de nuestra democracia: que las opiniones que circulan en el espacio público sean de ciudadanos reales, que las tendencias reflejen preocupaciones genuinas y que las elecciones se decidan por la voluntad de los votantes, y no por la capacidad de alguien, dentro o fuera del país, de pagar ejércitos de cuentas falsas.
El caso no es sólo mexicano. La misma red ha sido señalada en Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, y en Chile la Cámara de Diputadas y Diputados ya aprobó una comisión investigadora a raíz de este caso. América Latina enfrenta un modelo de intervención política digital que se exporta de un país a otro. México no puede ser el último en reaccionar.
La Cámara de Diputados tiene el deber de actuar
La representación nacional cuenta con el fundamento y las herramientas. El artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe a las personas extranjeras intervenir en la política nacional y, desde junio de 2026, la injerencia extranjera puede incluso anular una elección. La Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento de la Cámara permiten crear una Comisión Especial, y el artículo 93 Constitucional faculta a la Cámara para convocar a los titulares de las dependencias y de los Órganos Autónomos para que informen bajo protesta de decir verdad. El constituyente ya dio el mensaje; ahora le toca a la Cámara ejercer su función de control político.
No es un camino inédito. Esta misma Cámara creó una comisión especial para acompañar las investigaciones del caso Ayotzinapa, exigiendo resultados y dando voz a las familias, sin sustituir a las fiscalías. Hoy lo que está en riesgo es la deliberación democrática de todo el país.
La comisión propuesta tendrá una tarea clara:
a) Esclarecer si existen operaciones digitales extranjeras para influir en la política mexicana y quién las financia.
b) Convocar a las autoridades.
c) Hacer público un diagnóstico de riesgos rumbo a la elección federal de 2027.
d) Dar vista a las autoridades competentes para que, con plena autonomía, investiguen y sancionen lo que corresponda.
No perseguirá opiniones ni silenciará voces. Defenderá el derecho de los mexicanos a saber quién les habla y quién paga por hacerlo.
Un peligro que México no puede subestimar
Más de 104 millones de mexicanas y mexicanos usan internet y ocho de cada diez están en redes sociales, donde hoy se libra buena parte del debate político. El país conoce la manipulación digital desde hace más de una década: se documentó en la campaña presidencial de 2012, en diversas elecciones estatales y en la de 2018. Hoy, a meses de la elección federal de 2027, una granja de bots puede:
a) Fabricar un rechazo que no existe y presentarlo como crisis de legitimidad.
b) Sembrar narrativas de fraude y minar la confianza en las instituciones y en las elecciones.
c) Imponer la agenda de los medios y desplazar los temas que importan a la gente.
d) Abrir la puerta a que intereses extranjeros intervengan en la vida política nacional.
e) Provocar pánico y desinformación en sismos, huracanes o emergencias.
Lo más grave es que su daño es difundir mentiras y que ocultan quién habla, cuántos hablan y quién paga.
La responsabilidad histórica de la comisión
Cada generación de mexicanos ha tenido que defender la soberanía frente a la forma de intervención propia de su tiempo. Hubo quienes la defendieron en el campo de batalla, quienes la defendieron en la mesa de negociación y quienes la defendieron recuperando para la nación sus recursos. A esta generación le toca defenderla en un territorio que no aparece en los mapas, pero donde hoy se forma la voluntad de los pueblos: el espacio digital.
La comisión que hoy se propone tiene ante sí una responsabilidad histórica. Le toca encarar de frente, desde la representación nacional, la injerencia extranjera en la era de los algoritmos. Lo que haga, o lo que deje de hacer, marcará la manera en que México proteja sus elecciones y su vida pública durante los próximos años. Las legisladoras y los legisladores que la integren serán recordados por haber estado a la altura de ese desafío o por haberlo dejado pasar.
La historia no juzga con indulgencia a quienes, pudiendo actuar, eligieron mirar hacia otro lado. Hoy existen los indicios, existe el fundamento y existe la voluntad expresada por la presidenta de la República. Lo que falta es que la Cámara de Diputados asuma su parte.
Conclusión
Se debe respaldar la advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y su llamado a que el Congreso investigue. La Cámara de Diputados tiene el fundamento, las facultades y los precedentes para hacerlo, con respeto a la autonomía de cada institución. Crear esta comisión especial es un acto de defensa de la soberanía nacional y de la voluntad popular.
Hacerlo antes de la elección de 2027 es una obligación con el país. Los mexicanos merecen un debate público donde las voces sean reales, y una democracia donde ninguna decisión se tome bajo la presión de quienes, desde fuera y en la sombra, pretenden decidir por ellos.
Justificación de la urgente u obvia resolución
El asunto requiere una resolución inmediata porque, a meses de la elección federal de 2027, una granja de bots puede fabricar un rechazo que no existe y presentarlo como crisis de legitimidad; sembrar narrativas de fraude y minar la confianza en las instituciones y en las elecciones; imponer la agenda de los medios y desplazar los temas que importan a la gente; abrir la puerta a que intereses extranjeros intervengan en la vida política nacional; y provocar pánico y desinformación en sismos, huracanes o emergencias. México no puede darse el lujo de reaccionar demasiado tarde. Hacerlo antes de la elección de 2027 es una obligación con el país.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Junta de Coordinación Política crear la comisión especial para investigar la posible injerencia digital extranjera en México y el caso Cerimedo.
Segundo. La comisión especial tendrá por objeto: a) esclarecer si existen operaciones digitales extranjeras para influir en la política mexicana y quién las financia; b) convocar a las autoridades; c) hacer público un diagnóstico de riesgos rumbo a la elección federal de 2027; y d) dar vista a las autoridades competentes para que, con plena autonomía, investiguen y sancionen lo que corresponda.
Tercero. La Comisión Especial no perseguirá opiniones ni silenciará voces; defenderá el derecho de los mexicanos a saber quién les habla y quién paga por hacerlo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.
Diputada María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza y a Aguas de Saltillo, SA de CV, a garantizar el abasto de agua potable mediante sistemas de respaldo energético en sus pozos y una flota suficiente de pipas, y a la Comisión Federal de Electricidad a restablecer y asegurar la continuidad del suministro eléctrico a la infraestructura hidráulica de la ciudad, a cargo del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, el diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Los hechos: veinte meses de apagones y una ciudad sin agua
Desde el sábado 5 de septiembre de 2026, una sucesión de apagones e intermitencias en el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó fuera de operación los pozos del Acuífero Sur (Captación Sur) de Aguas de Saltillo, S.A. de C.V. (Agsal), con lo que alrededor de 200 colonias y 300 mil habitantes del sur, centro y poniente de la capital de Coahuila quedaron sin agua o con baja presión.1 Los pozos permanecieron prácticamente detenidos hasta la tarde-noche del miércoles 9 de septiembre, cuando comenzaron a ser energizados de forma parcial, y el propio alcalde, Javier Díaz González, advirtió que la normalización del servicio podría tardar hasta una semana.2
El problema no fue únicamente la ausencia de energía, sino su calidad: de acuerdo con el alcalde, cada pozo requiere entre 450 y 470 kVA para operar sus bombas y, en algunos casos, la energía recibida apenas alcanzaba 250 kVA, condición en la que encender los equipos habría dañado los motores.2 Se trata de un fenómeno recurrente: durante 2025 se registraron 39 apagones o afectaciones de más de una hora en los pozos de la ciudad y, al 10 de septiembre de 2026, ya sumaban 38, es decir, 77 interrupciones prolongadas en menos de veinte meses.2, 3
La respuesta de emergencia ha sido insuficiente. El 12 de septiembre el Ayuntamiento y Agsal iniciaron un operativo de pipas gratuitas en colonias como Ignacio Allende, Valle de San Antonio, Obrera, María Luisa, Josefa Ortiz de Domínguez, Balcones, Saltillo 2000, Portal de Agaves e Independencia, y al 13 de septiembre la flota alcanzaba 37 unidades.1, 4 El comunicado de Agsal del 10 de septiembre anunció el apoyo con pipas, pero sin listado de colonias, horarios ni puntos de entrega, y remitió a las personas afectadas a los teléfonos 073 y 844 438 0199.5 El viernes 11, vecinos de sectores como Panteones y Valle de las Torres bloquearon las oficinas de la CFE y después acudieron a las de Agsal para exigir el servicio; denunciaron que las pipas llegan con agua de color café, que sólo la usan para el sanitario y que gastan entre 15 y 45 pesos diarios en garrafones para bañarse.6
Las afectaciones no se limitan a los hogares. Organismos empresariales de la Región Sureste reportaron paros de línea en la industria de Derramadero y Ramos Arizpe, y pérdidas en el sector restaurantero; la Secretaría de Economía del Estado anunció una mesa de trabajo con la CFE, en la que se informó que la planeación de la Comisión a 2030 contempla diez subestaciones adicionales para la región.7, 8 El fenómeno es estatal: en junio de 2026 los apagones sacaron de operación diez pozos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, y en 2025 un apagón dejó sin agua a 35 mil personas en Monclova.9, 10
La CFE, por su parte, ha sostenido que entre enero y agosto de 2026 las interrupciones en los circuitos que alimentan los pozos estratégicos de Saltillo disminuyeron 12 por ciento respecto del mismo periodo de 2025, y anunció atención prioritaria y asesoría técnica para que el organismo operador instale o refuerce arranques temporizados, arrancadores suaves, variadores de frecuencia, relevadores de baja tensión y protecciones contra sobretensiones.9 El 30 de agosto de 2026 entró en operación la subestación Parque Industrial Angostura banco 1, en Saltillo, con una inversión de 90 millones de pesos y 40 MVA adicionales para la red de distribución;11 desde 2025 la Comisión tenía en ejecución la subestación Santa María II en Ramos Arizpe y la adecuación del tablero de la subestación Saltillo, con 100 MVA adicionales.12 Pese a ello, el alcalde ha pedido conocer el avance real de las dos subestaciones anunciadas para el sur y el oriente de la ciudad, que son precisamente las zonas donde se ubican los pozos afectados.2
II. La responsabilidad del municipio y de su empresa mixta
El artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios tienen a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y el artículo 4, párrafo sexto, reconoce el derecho humano de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.13 El artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales confirma que la explotación de las aguas asignadas para el abastecimiento público es competencia de las autoridades municipales,14 y la Ley de Aguas para los Municipios del estado de Coahuila de Zaragoza regula la prestación del servicio por conducto de organismos operadores.15
En Saltillo, ese servicio se presta a través de una empresa mixta: Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., constituida en 2001, en la que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) posee 55 por ciento de las acciones y el socio privado, hoy del grupo Veolia, 45 por ciento; en 2023 el contrato de asociación fue ampliado hasta 2034.16 La participación de un socio privado no traslada la responsabilidad constitucional: el Ayuntamiento es el titular del servicio, el accionista mayoritario, quien aprueba el presupuesto y el plan de trabajo anual de la empresa en su Consejo de Administración, y quien debe responder ante la ciudadanía cuando el agua no llega.
Esa previsión es, además, un mandato legal. La Ley General de Protección Civil obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar la continuidad de operaciones de la infraestructura estratégica y los servicios vitales ante fenómenos perturbadores, e incorpora los planes de continuidad de operaciones como instrumento de gestión integral de riesgos.17 Los sistemas de agua potable son, por definición, infraestructura estratégica. Y la experiencia regional demuestra que un respaldo no probado equivale a no tener respaldo: durante el mega apagón de febrero de 2021, que dejó sin electricidad a 791 mil 645 usuarios en Coahuila, la planta de emergencia del Hospital General de Saltillo no se activó mientras 25 pacientes dependían de equipos médicos.18
El ayuntamiento y Agsal han anunciado inversiones relevantes —siete pozos nuevos incorporados desde 2025, con aportaciones de 8 a 20 litros por segundo cada uno, y una nueva línea de conducción desde el sur de la ciudad para abastecer al poniente y surponiente—,19 pero ninguna de esas obras resuelve la vulnerabilidad de fondo: sin energía, los pozos nuevos y viejos dejan de bombear por igual. La resiliencia energética de la captación debe incorporarse al presupuesto 2027 de la empresa mixta y al contrato de asociación, financiándose prioritariamente con las utilidades del organismo antes de su distribución a los socios.
III. La solución técnica: respaldo energético para la infraestructura crítica del agua
La solución técnica es conocida, está normada y es financieramente proporcionada al daño que evita. Consiste en dotar a la infraestructura crítica de agua de sistemas de respaldo energético con transferencia automática, complementados con protecciones eléctricas, almacenamiento de agua y telemetría. La Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 regula en sus artículos 700, 701 y 702 los sistemas de emergencia, los sistemas de reserva legalmente requeridos y los sistemas de reserva opcionales, incluidos sus requisitos de transferencia, señalización, pruebas y mantenimiento.21 Las medidas concretas que se proponen son las siguientes:
a) Dimensionamiento. Con la demanda declarada por el alcalde —entre 450 y 470 kVA por pozo—, cada pozo de la Captación Sur requiere un grupo electrógeno de aproximadamente 500 kVA (400 kW) en régimen de emergencia, con interruptor de transferencia automática (ATS). Los motores sumergibles con arranque directo demandan corrientes de arranque de hasta seis veces la nominal; la instalación de arrancadores suaves o variadores de frecuencia —que la propia CFE ha recomendado— reduce esa corriente a menos de tres veces la nominal, lo que permite dimensionar generadores más pequeños, proteger los motores ante bajo voltaje y evitar los daños que hoy obligan a mantener las bombas apagadas cuando la tensión es insuficiente.9
b) Esquema mixto fijo-móvil. No es indispensable un generador fijo por cada pozo. Un esquema eficiente combina plantas fijas en los pozos y rebombeos de mayor caudal y en la planta potabilizadora, con una flota de grupos electrógenos móviles remolcables de 500 kVA que puedan desplazarse en menos de una hora al pozo afectado, siempre que cada sitio cuente previamente con un tablero de conexión rápida (conectores tipo cam-lock) y su interruptor de transferencia. El tablero de conexión rápida cuesta una fracción del generador y convierte a cada pozo en un punto “listo para respaldo”.
c) Autonomía y combustible. Un generador de 400 kW operando al 75 por ciento de su capacidad consume del orden de 80 a 100 litros de diésel por hora; un tanque de 2 mil litros proporciona entre 20 y 24 horas de autonomía, suficiente para cubrir la duración típica de las interrupciones registradas en Saltillo y para reabastecer sin interrumpir el bombeo. Deben preverse contratos de suministro de combustible con entrega en sitio y una reserva estratégica mínima de 48 horas para los pozos prioritarios.
d) Pruebas y mantenimiento. El respaldo sólo es real si se prueba. La norma internacional de referencia para sistemas de emergencia (NFPA 110) exige ejercitar los generadores mensualmente bajo carga y realizar una prueba anual prolongada, además de mantenimiento preventivo documentado;22 el caso del Hospital General de Saltillo en 2021 muestra las consecuencias de omitirlo.
e) Almacenamiento y sectorización. La capacidad de los tanques de regulación debe permitir al menos 24 horas de autonomía hidráulica en los sectores que dependen de la Captación Sur, y la red debe contar con interconexiones que permitan redistribuir caudal desde otras fuentes mientras se restablece la energía; la nueva línea de conducción desde el sur, ya anunciada, debe diseñarse con ese criterio de redundancia.
f) Telemetría y protocolo. Un sistema de monitoreo remoto (SCADA) que detecte en tiempo real la pérdida o degradación de tensión en cada pozo, active el respaldo y alerte a los operadores, junto con un protocolo escrito que fije en menos de una hora el tiempo máximo entre la falla y el arranque del respaldo, y en menos de dos horas el despliegue de pipas en las colonias que dependen del pozo afectado.
g) Costo y financiamiento. El costo de referencia de un grupo electrógeno de 500 kVA instalado, con transferencia automática y obra civil, es del orden de 2 a 4 millones de pesos por unidad, según cotizaciones de mercado sujetas a licitación; el arrendamiento de plantas es una alternativa inmediata mientras se adquieren los equipos. Frente a ello, cada episodio como el actual implica el reparto gratuito de miles de metros cúbicos en pipas, el gasto de las familias en garrafones, paros de línea en la industria y el riesgo sanitario de una ciudad sin agua. En el mediano plazo, la Ley del Sector Eléctrico permite proyectos de autoconsumo, aislados o interconectados, con procedimiento simplificado de permiso entre 0.7 y 20 MW, lo que abre la puerta a esquemas fotovoltaicos con almacenamiento en baterías para los pozos, con apoyo de los programas federales de infraestructura hidráulica.20
IV. Pipas suficientes: cuántas, con qué agua y para quién
Mientras el respaldo no exista, la única garantía del derecho al agua es la distribución en pipas, y ésta debe dimensionarse con criterios técnicos, no con la flota disponible. La Organización Mundial de la Salud establece que en emergencias se requieren 7.5 litros por persona al día como mínimo de supervivencia y de 15 a 20 litros para cubrir higiene básica y alimentación; el Manual Esfera fija 15 litros por persona al día como estándar mínimo humanitario, y la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU considera que entre 50 y 100 litros diarios son necesarios para satisfacer las necesidades básicas.23, 24
Con esos parámetros, atender a 300 mil personas con el estándar básico de 20 litros exige 6 mil metros cúbicos diarios. Una pipa de 10 mil litros que realice cinco viajes al día entrega 50 metros cúbicos; se necesitarían, por tanto, 120 pipas para alcanzar ese estándar y 90 para el mínimo de Esfera. Las 37 pipas del operativo actual, aun trabajando a plena capacidad, entregan unos mil 850 metros cúbicos diarios, equivalentes a poco más de 6 litros por persona, por debajo incluso del mínimo de supervivencia de la OMS. Aunque no toda la población afectada carece por completo del servicio, la estimación muestra que la flota debe planearse por escenarios y que el municipio requiere convenios previos con el gobierno del Estado, con otros municipios y con transportistas privados para escalar en horas, no en días.
La cantidad no basta sin calidad. El agua distribuida en pipas debe cumplir la NOM-127-SSA1-2021, que fija entre 0.2 y 1.5 miligramos por litro el cloro residual libre en el agua para uso y consumo humano, y los requisitos sanitarios de la NOM-230-SSA1-2002 para el manejo y transporte del agua, incluida la limpieza y desinfección de los carros tanque;25, 26 las denuncias de vecinos sobre agua de color café son incompatibles con esas normas y deben atenderse con muestreo público. El plan debe publicar diariamente rutas, horarios y puntos de entrega por colonia, priorizar hospitales, escuelas, asilos, estancias infantiles y viviendas con personas adultas mayores, con discapacidad o enfermas, y contemplar la bonificación automática en el recibo por los días sin servicio, sin que las familias tengan que reclamar.
Por lo anterior, esta soberanía debe pronunciarse con claridad: la CFE tiene que garantizar un suministro continuo y de calidad a la infraestructura hidráulica de Saltillo, pero el Ayuntamiento y su empresa mixta no pueden seguir administrando la emergencia con comunicados y pipas insuficientes. El agua es una responsabilidad municipal por mandato constitucional, y la resiliencia energética de los pozos es una inversión obligada, técnicamente definida y económicamente razonable que debió hacerse hace años. En consecuencia, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al ayuntamiento de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en su calidad de titular del servicio público de agua potable conforme al artículo 115, fracción III, inciso a), constitucional y de accionista mayoritario de Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., para que, por conducto del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento y de la propia empresa mixta:
a) Elabore y publique, en un plazo no mayor a 30 días naturales, un Plan de Continuidad de Operaciones ante interrupciones del suministro eléctrico, que identifique cada pozo, rebombeo y planta potabilizadora críticos, su demanda eléctrica, la población y colonias que dependen de cada uno, su autonomía de almacenamiento y las medidas de respaldo, con tiempos máximos de respuesta de una hora para el arranque del respaldo y de dos horas para el despliegue de pipas;
b) Instale, en un plazo no mayor a 180 días naturales, sistemas de respaldo energético en los pozos y rebombeos de la Captación Sur que abastecen a las colonias afectadas —grupos electrógenos fijos o móviles de capacidad suficiente, interruptores de transferencia automática, tableros de conexión rápida, arrancadores suaves o variadores de frecuencia y relevadores de baja tensión, conforme a la NOM-001-SEDE-2012— con capacidad para sostener al menos la mitad del caudal de la captación durante 24 horas continuas, y en un plazo no mayor a doce meses en el resto de la infraestructura crítica del sistema, incluyendo un programa de pruebas mensuales bajo carga y mantenimiento preventivo documentado;
c) Garantice, durante la contingencia actual y en las futuras, una flota de pipas suficiente para entregar cuando menos 20 litros por persona al día a la población sin servicio, conforme al estándar básico de la Organización Mundial de la Salud, mediante convenios previos con el gobierno del Estado, otros municipios y transportistas; publique diariamente las rutas, horarios y puntos de entrega por colonia; priorice hospitales, escuelas, asilos, estancias infantiles y viviendas con personas adultas mayores, con discapacidad o enfermas, y asegure que el agua distribuida cumpla la NOM-127-SSA1-2021 y la NOM-230-SSA1-2002, publicando los resultados del muestreo de cloro residual y calidad;
d) Aplique de oficio, sin necesidad de reclamación, la bonificación proporcional en la facturación de las personas usuarias que no recibieron el servicio, y suspenda cortes por falta de pago en las colonias afectadas mientras dure la contingencia;
e) Haga público el registro de las 77 interrupciones eléctricas prolongadas ocurridas en 2025 y 2026, con fecha, duración, pozos afectados, volumen no suministrado y colonias impactadas, así como el estado del sistema de telemetría y las medidas correctivas adoptadas en cada caso, y
f) Someta al Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., para su aprobación, la inclusión en el presupuesto y plan de trabajo 2027 de un programa plurianual de resiliencia energética e hidráulica, financiado prioritariamente con las utilidades de la empresa antes de su distribución a los socios.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza para que, a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Economía, apoye de inmediato al municipio de Saltillo con pipas, personal y recursos para alcanzar el estándar mínimo de distribución; incorpore la continuidad del suministro eléctrico a la infraestructura hidráulica en la mesa de trabajo instalada con la Comisión Federal de Electricidad, y promueva ante el Congreso del Estado las reformas a la Ley de Aguas para los Municipios del estado de Coahuila de Zaragoza necesarias para que todos los organismos operadores, públicos o mixtos, cuenten obligatoriamente con sistemas de respaldo energético y planes de continuidad de operaciones para su infraestructura crítica.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua para que brinde asistencia técnica al organismo operador de Saltillo en el diseño de los sistemas de respaldo energético y de almacenamiento, considere dentro de los programas federales de apoyo a la infraestructura de agua potable el financiamiento de sistemas de respaldo y eficiencia energética para los organismos operadores de la Región Sureste de Coahuila, y verifique el cumplimiento de las condiciones de los títulos de asignación de aguas nacionales de dicho organismo.
Notas
1 Municipio de Saltillo. “Apoyan Javier Díaz y Agsal con pipas a colonias afectadas por falta de agua”, comunicado del 12 de septiembre de 2026. Disponible en: https://saltillo.gob.mx/apoyan-javier-diaz-y-agsal-con-pipas-a-colonias -afectadas-por-falta-de-agua/
2 El Siglo de Torreón. “CFE deja sin energía a pozos de Saltillo; van 38 apagones en 2026”, 10 de septiembre de 2026. Disponible en: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2026/cfe-deja-sin-energia-a -pozos-de-saltillo-van-38-apagones-en-2026.html
3 El Heraldo de Saltillo. “Más de 300 mil saltillenses afectados en suministro de agua por culpa de CFE”, 10 de septiembre de 2026. Disponible en: https://elheraldodesaltillo.mx/2026/09/10/mas-de-300-mil-saltillenses-a fectados-en-suministro-de-agua-por-culpa-de-cfe/
4 Municipio de Saltillo. “Suman 37 pipas llevando agua a colonias afectadas en Saltillo”, comunicado del 13 de septiembre de 2026. Disponible en: https://saltillo.gob.mx/suman-37-pipas-llevando-agua-a-colonias-afectad as-en-saltillo/
5 Posta México. “CFE provoca afectaciones en el suministro de agua al sur, centro y poniente de Saltillo”, 10 de septiembre de 2026. Disponible en: https://www.posta.com.mx/coahuila/cfe-provoca-afectaciones-en-el-sumini stro-de-agua-al-sur-centro-y-poniente-de-saltillo/vl2253355
6 El Heraldo de Saltillo. “Por falta de agua, saltillenses bloquean instalaciones de la CFE; se compromete Agsal a enviar pipas para suministro”, 11 de septiembre de 2026. Disponible en: https://elheraldodesaltillo.mx/2026/09/11/por-falta-de-agua-saltillense s-bloquean-instalaciones-de-la-cfe-se-compromete-agsal-a-enviar-pipas-p ara-suministro/
7 Vanguardia. “Exigen a CFE frenar apagones que afectan al servicio de agua y la industria”, 10 de septiembre de 2026. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-apagones-afectan-s uministro-de-agua-industria-y-restaurantes-exigen-solucion-a-cfe-KE2341 8130
8 Vanguardia. “La Secretaría de Economía en Coahuila establecerá mesas de trabajo con CFE para garantizar el suministro de energía a empresas”, 10 de septiembre de 2026. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/dinero/la-secretaria-de-economia-en-coahuila- establecera-mesas-de-trabajo-con-cfe-para-garantizar-el-suministro-de-e nergia-a-empresas-CE23418381
9 Capital Coahuila. “Golpean apagones de CFE a Coahuila”, 14 de septiembre de 2026. Disponible en: https://capitalcoahuila.com.mx/local/golpean-apagones-de-cfe-a-coahuila
10 Vanguardia. “Empresarios exigen solución a la CFE por apagones que frenan productividad en la Región Sureste de Coahuila”, 23 de mayo de 2025. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/coahuila/empresarios-exigen-solucion-a-la-cfe -por-apagones-que-frenan-productividad-en-la-region-sureste-de-coahuila -DH16007859
11 La Crónica de Hoy. “CFE fortalece la infraestructura eléctrica de Coahuila con nuevas obras”, 31 de agosto de 2026. Disponible en: https://www.cronica.com.mx/nacional/2026/08/31/cfe-fortalece-la-infraes tructura-electrica-de-coahuila-con-nuevas-obras-en-coahuila/
12 Milenio. “En Coahuila, CFE realiza obras para garantizar suministro de energía”, 2 de agosto de 2025. Disponible en: https://www.milenio.com/estados/coahuila-cfe-realiza-obras-garantizar-s uministro-energia
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4o., párrafo sexto, y 115, fracción III, inciso a). Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
14 Ley de Aguas Nacionales, artículos 44 y 45. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAN.pdf
15 Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Disponible en: https://congresocoahuila.gob.mx/
16 Veolia México. “Aguas de Saltillo, el proyecto de Veolia México da certeza al futuro hídrico de Saltillo”, 26 de diciembre de 2023, https://www.latinoamerica.veolia.com/es/noticias/aguas-saltillo-proyect o-veolia-mexico-da-certeza-futuro-hidrico-saltillo; y Alerta DH, “Aguas de Saltillo (AGSAL)”, ficha de empresa (participación accionaria 55/45 por ciento), https://alertadh.org/es/empresa/agsal/
17 Ley General de Protección Civil, artículos 2, 7, 10 y 39 (gestión integral de riesgos, continuidad de operaciones e infraestructura estratégica). Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC.pdf
18 Capital Coahuila. “Afecta mega apagón a miles de coahuilenses”, febrero de 2021. Disponible en: https://capitalcoahuila.com.mx/local/afecta-mega-apagon-a-miles-de-coah uilenses
19 Vanguardia. “Saltillo: anuncian apertura de seis pozos de agua para sumar a la red de Agsal (uno por mes)”, 10 de junio de 2025. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-anuncian-apertura- de-seis-pozos-de-agua-para-sumar-a-la-red-de-agsal-uno-por-mes-LH162296 37
20 Decreto por el que se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley de la Comisión Nacional de Energía, entre otras. Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, 18 de marzo de 2025 (Ley de la Empresa Pública del Estado, CFE, artículo 3; Ley del Sector Eléctrico, artículo 3, fracciones IX y X, y disposiciones sobre autoconsumo). Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lse/LSE_orig_18mar25.pdf
21 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización), artículos 700 (Sistemas de emergencia), 701 (Sistemas de reserva legalmente requeridos) y 702 (Sistemas de reserva opcionales). Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 2012.
22 National Fire Protection Association. NFPA 110, Standard for Emergency and Standby Power Systems, capítulo 8 (pruebas y mantenimiento rutinarios). Quincy, Massachusetts.
23 Reed, B. y Reed, B. (2013). Technical Notes on Drinking-Water, Sanitation and Hygiene in Emergencies, No. 9: How much water is needed in emergencies. Organización Mundial de la Salud / Water, Engineering and Development Centre, Universidad de Loughborough; y Asociación Esfera (2018), Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, norma 2.1 de abastecimiento de agua.
24 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Observación General No. 15 (2002), El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/2002/11.
25 Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua. Diario Oficial de la Federación, 2 de mayo de 2022.
26 Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.
Diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se por el que se solicita respetuosamente a la SHCP, a que, en el ámbito de su competencia y considerando los resultados obtenidos a través del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte y sus posteriores modificaciones, publicado el 31 de diciembre de 2018, se valore la pertinencia de ampliar la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre del 2030, con el propósito de seguir impulsando el desarrollo económico de la zona fronteriza norte del país, tomando en cuenta el impacto positivo que ha generado en el consumo, la inversión, la competitividad y la generación de empleo en esta región tan relevante de México, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la creación del primer parque industrial en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de los años sesenta, inició de manera gradual y consolidada, la instalación de empresas manufactureras por diversos puntos de los estados que comprenden la región de la frontera norte del país.
Desde aquel momento, se consolidó esta importante región “que se extiende a lo largo de 3,145 kilómetros”1 a nivel económico por su posición estratégica para atraer inversiones hacia sectores de manufactura específicos y con ello, la generación de empleos, lo que inherentemente fue impactando de manera positiva en el desarrollo económico, la competitividad y productividad de la frontera.
“La maquila no solo redefinió la dinámica económica del norte del país, sino que también sentó las bases para una estructura productiva más integrada, competitiva y tecnológicamente avanzada. Al generar empleos, fortalecer la balanza comercial y fomentar la transferencia de conocimiento técnico, esta industria se convirtió en un eje clave del crecimiento industrial en México”2 .
Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas al paso de los años, se consolidaron estratégicamente como centros de integración a cadenas regionales o globales, las cuales son esenciales tanto para la transformación productiva mediante la cual, se reduce la desigualdad a partir de la generación de empleos.
Al paso de los años, la región norte del país se fue consolidando por sus características demográficas, sociales, económicas y geopolíticas.
El dinamismo económico de la frontera entre México y Estados Unidos, impacta de manera directa e indirecta a los 26 millones de personas que habitan entre ambas regiones y que, con base al Banco de Desarrollo de América del Norte, alcanzó en el 2023 una cifra de 1.5 billones de dólares3 .
*Datos de Banco de Desarrollo de América del Norte
*Datos del Banco de Desarrollo de América del Norte sobre el PIB real de Frontera México-EE.UU por estado.
Asimismo, cabe mencionar que, en su conjunto, las entidades federativas que integran la frontera norte de México “aportan una cuarta parte al Producto Interno Bruto (PIB) y concentran el 58 por ciento del valor exportado”4 .
No obstante, la frontera norte enfrenta una presión multifactorial en el ámbito de manufactura, inversión y operación empresarial5 , lo anterior, ha incidido en la pérdida de empleo formal generalizado en menor o mayor proporción en los estados de la frontera norte. Algunas estimaciones señalan que ha sido una pérdida de 100 mil empleos acumulados en la región.
En cada entidad que comprende la frontera norte del país, la dinámica de presión multifactorial cuenta con diferentes aristas. En el caso de Nuevo León, al cierre del 2025 se estima que cerca de un mil micro y pequeñas empresas tuvieron que cerrar operaciones, contrayendo de igual manera la generación de empleos.
En Tamaulipas de igual manera la presión estuvo en la pérdida de empleos con periodos consecutivos. En el caso de Coahuila, se estimó una pérdida de cerca de 11 mil empleos en el sector maquilador6 . Sonora y Baja California y Durango compartieron de igual, manera presiones en los empleos del sector manufacturero perdiendo entre un mil 800 y 30 mil y empleos respectivamente7 .
En Chihuahua, caso particular de Ciudad Juárez, la estimación refiere que “el número promedio de trabajadores asegurados alcanzó su máximo en 2023 (509,840) y ha caído en cada uno de los años siguientes, hasta 478,101 en el primer semestre de 2026. L a tasa de crecimiento de la aportación total se desacelera de forma sostenida, de +18.3 por ciento en 2022 a +3.1 por ciento en el primer semestre de 2026”8 .
Y aún, cuando existe gran optimismo sobre las estimaciones respecto de una progresiva recuperación en las diferentes vertientes, lo descrito con antelación comparte los fundamentos de la literatura que se han compartido sobre la dinámica en la frontera norte, la cual, seguirá “con su crecimiento y dinamismo, envuelta en contrastes [...]. Su economía, población y ventajas locacionales seguramente se preservarán y continuarán siendo base para la atracción de más población e inversiones, privadas y públicas. Pero es igualmente cierto que su crecimiento no puede seguir con un continuo desfase social en aspectos básicos y no básicos de la calidad de vida. El crecimiento fronterizo requiere convertirse en un desarrollo con mayor eficiencia y equidad social”9 .
Es en este sentido que, adquiere relevancia el impulso y consolidación de estrategias para fortalecer el crecimiento económico local de la frontera norte, lo que inherentemente coadyuvará en el mejoramiento de las dinámicas de las estructuras sociales y productivas de cada entidad que comprende esta importante región fronteriza.
En esta tesitura, la competitividad contribuye al bienestar social de las y los mexicanos, pilar de la política de la anterior administración del gobierno y de la presente administración.
Sobre este último apartado se consolida la tesis que sustentó la publicación del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 31 de diciembre del 2018, los cuales, consideran la reducción de la tasa de ISR de 30 a 20 por ciento, y del IVA de 16 a 8 por ciento para apoyar la economía de la región y se establecieron bajo los siguientes criterios:
“Que es política del gobierno federal establecer mecanismos que fortalezcan el crecimiento de los contribuyentes de la región fronteriza norte de nuestro país, con el fin de evitar la desigualdad con los habitantes del resto del país, y con la firme convicción de acrecentar la inversión y la productividad y con ello crear fuentes de empleo”10 .
En el mismo decreto, se detalla que:
“Que los beneficios establecidos en el presente decreto, buscan mejorar la competitividad frente al mercado de los Estados Unidos de América y así retener al consumidor en el comercio mexicano; reactivar la economía doméstica regional y de esta manera, elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general de la población y por ende, mayor recaudación fiscal, además de atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos y mejores productos; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello generar riqueza y bienestar para la población; dar respuesta a la alta inmigración a la región fronteriza norte desarrollando una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento”11 .
El decreto considera como región fronteriza norte a los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, San Quintín, San Felipe, Tijuana, Tecate y Mexicali, del estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, del estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, del estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, del estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, del estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, del estado de Tamaulipas.
El decreto del 31 de diciembre del 2018, inicialmente, tendría vigencia durante el 2019 y 2020; posteriormente, en la edición del 30 de diciembre del 2020, se modificó el diverso ampliando su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024.
Posteriormente, el decreto tuvo ampliaciones durante los ejercicios 2025 y 2026, no obstante, en la publicación del diverso del 31 de diciembre del 2025, la vigencia de éste, concluirá el próximo 31 de diciembre del 2026.
La renovación del citado decreto desde la primera publicación pasando por las diversas modificaciones en su vigencia, han ratificado el compromiso del gobierno federal desde el 2018 por atender la gran disparidad que ha prevalecido históricamente en la frontera norte y que, ha demostrado ser una de las decisiones más humanas y a la vez de prolongada proyección futura para la consolidación de la frontera norte “Para fortalecer el proyecto histórico de los mexicanos, de ser un país soberano, independiente y democrático se requiere fortalecer la economía nacional, impulsar una política industrial integral que ayude a disminuir nuestra dependencia del exterior, que incentive la inversión nacional y extranjera responsable, y que además permita a las empresas nacionales participar de las cadenas globales de producción y de valor” (Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030).12
En este contexto que, con pleno conocimiento de la sensibilidad social y visión estratégica del gobierno federal es que, a días de que concluya la vigencia del decreto multicitado y resaltando los importantes resultados que ha representado en la región fronteriza norte, es que se considera oportuno que se amplíe la vigencia del mismo hasta el 30 de septiembre del 2030.
Lo anterior en consonancia con las diversas acciones del gobierno federal encaminadas al fortalecimiento de la frontera norte, permitirá proteger la inversión, el empleo, la formalidad, el bienestar de las familias y se continuará fortaleciendo la competitividad regional.
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de su competencia y considerando los resultados obtenidos a través del decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte y sus posteriores modificaciones publicado el 31 de diciembre del 2018, se valore la pertinencia de ampliar la vigencia del decreto hasta el 30 de septiembre del 2030, con el propósito de seguir impulsando el desarrollo económico de la zona fronteriza norte del país, tomando en cuenta el impacto positivo que ha generado en el consumo, la inversión, la competitividad y la generación de empleo en esta región tan relevante de México.
Notas:
1. Crecimiento económico en la frontera México Estados Unidos.CEEBC. 30 de junio 2025. [en línea]. [consultado el 9 de septiembre 2026]. Disponible: https://tribunaeconomica.com.mx/publicaciones/seccion/opinion/crecimien to-economico-en-la-frontera-mexico-estados-unidos/
2. La región que produce más que Alemania y Japón: La tercera economía del mundo está en la frontera México-EE. UU. México Industry, 05 de agosto de 2025. [en línea]. [consultado el 9 de septiembre 2026]. Disponible: https://mexicoindustry.com/noticia/la-region-que-produce-mas-que-aleman ia-y-japon-la-tercera-economia-del-mundo-esta-en-la-frontera-mexico-ee- uu
3. Panorama de la frontera. La región fronteriza México-EE.UU. en números. Banco de Desarrollo de América del Norte. [en línea]. [consultado el 9 de septiembre 2026]. Disponible: https://nadbank.org/es/conocimientos/panorama-de-la-frontera
4. Advierten presión sobre inversión y empleo en la frontera norte. Forbes. 15 de abril 2026. [en línea]. [consultado el 9 de septiembre 2026]. Disponible: https://forbes.com.mx/advierten-presion-sobre-inversion-y-empleo-en-la- frontera-norte/
5. CONCANACO SERVYTUR advierte presión sobre inversión y empleo en la frontera norte. Mundo Ejecutivo. 15 de abril 2026. [en línea]. [consultado el 9 de septiembre 2026]. Disponible: https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/concanaco-servytur-advierte-pr esion-sobre-inversion-y-empleo-en-la-frontera-norte/
6. Frontera norte pierde empleos y maquiladoras por crisis arancelaria. Buzos de la Noticia. 28 de marzo de 2026. [en línea]. [consultado el 11 de septiembre 2026]. Disponible en: https://buzos.com.mx/noticia/frontera-norte-pierde-empleos-y-maquilador as-por-crisis-arancelaria
7. Ibídem.
8. Información de COPARMEX sobre el comportamiento de la industria de la manufactura. Pág. 12.
9. GUILLÉN LÓPEZ Tonatiuh. Frontera norte: los contrastes de la calidad de vida. Revista Mexicana de Política Exterior. Pág. 30-31.
10. DOF: 31/12/2018. DECRETO de estímulos fiscales región fronteriza norte. [en línea]. [consultado el 11 de septiembre 2026]. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/12/ 2018#gsc.tab=0
11. Ibídem.
12. Información referida en la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de su competencia, valore la pertinencia de ampliar la vigencia del DECRETO de estímulos fiscales región fronteriza norte y sus posteriores modificaciones publicado el 31 de diciembre del 2018, hasta septiembre del 2030, a fin de continuar incentivando el crecimiento económico de la región fronteriza norte de México, para que resulte integral y sustentable en aras de fortalecer la soberanía nacional y económica como instrumento de crecimiento y desarrollo del país publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6632-III-1. Articulación en los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación, particularmente posicionado en la fracción XI, numeral 74 correspondiente a CONTINÚAN INCENTIVOS ECONÓMICOS EN FRANJAS FRONTERIZAS. Dicho compromiso está considerado en el EJE GENERAL 3, sobre ECONOMÍA MORAL Y TRABAJO, mismo que detalla en su descripción lo siguiente: Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2026.
Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal por conducto de la Sedatu y Conavi, para que implemente un programa de vivienda exclusivamente para personas deportadas, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Olga Leticia Chávez Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), implemente un Programa de Vivienda exclusivamente para Personas Deportadas.
Exposición de Motivos
La actual administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, con el propósito de contribuir a garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada y sustentable, ha implementado acciones orientadas a mejorar el acceso y la seguridad en materia de vivienda.
Entre ellas, se encuentran las modificaciones de las condiciones de los créditos hipotecarios mediante el congelamiento, liquidaciones y reestructuras de créditos considerados impagables.
Igualmente, ha implementado Programas de Vivienda para el Bienestar, constituyendo una de las principales estrategias del gobierno de México para garantizar el acceso a una vivienda adecuada y contribuir a la reducción de las brechas de acceso a la vivienda, preferentemente a la población más vulnerable.
El Programa de Vivienda para el Bienestar tiene como meta sexenal construir 1.8 millones de viviendas en todo el país para la población de menores ingresos. Esta meta se compone de 1.2 millones de viviendas a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dirigidas a población derechohabiente; 500 mil viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) destinadas a población no derechohabiente; y 100 mil viviendas a cargo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) para personas trabajadoras al servicio del Estado.
Por otra parte, se han creado Programas para la Adquisición, Autoproducción y Mejora de Viviendas. Los programas de crédito y garantías promueven, a través de intermediarios financieros y desarrolladores de vivienda, el acceso al crédito hipotecario bajo condiciones adecuadas para que las familias mexicanas de zonas urbanas o rurales puedan adquirir una vivienda o remodelar, ampliar o mejorar su vivienda actual, considerando las nuevas tendencias urbanas, sociales y tecnológicas.
Por su parte, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a través del Programa de Vivienda Social (PVS) ha fortalecido el compromiso para garantizar el derecho a una vivienda adecuada con los grupos históricamente vulnerables y discriminados, como mujeres jefas de familia, madres solteras, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores y jóvenes.
El gobierno federal como consecuencia de las políticas migratorias efectuadas por el vecino país del norte, puso en marcha el Programa “México te Abraza” que consiste esencialmente en recibir con humanismo e integrar a connacionales retornados de los Estados Unidos, bajo este programa las personas deportadas pueden acceder a diversos servicios como alimentación, alojamiento, atención médica y psicológica de primer contacto, así como traslados a sus comunidades de origen, bajo este programa se ofrecen también servicios, emisión de documentos de identidad, vinculación laboral, acceso a programas sociales del bienestar.
Justo en este punto de programas sociales es donde radica el problema para las personas retornadas porque no existe un programa diseñado especialmente para las personas deportadas en materia de vivienda, es necesario una acción de tal magnitud ya que tan solo del 20 de enero de 2025 al 31 de julio 2026, se recibieron a 262,595 connacionales repatriados, 170,505 vía terrestre y 92,090 vía aérea.
Muchos de ellos, por no decir todos, llegaron sin nada por la forma en como fueron deportados, dejando familia y sueños en Estados Unidos, al llegar a México su tierra, se dan cuenta de la realidad del no tener en donde vivir, en efecto, como ya se dijo, el gobierno les está ayudando para sacar documentos, acta de nacimiento, a encontrar empleo, incluso hay financiamiento para la adquisición de vivienda, pero la gran mayoría no puede acceder precisamente por los requisitos, sobre todo el económico, por eso surge la necesidad de que el Ejecutivo federal implante un programa de vivienda enfocado directamente para las personas retornadas y accesible para ellos.
Con un programa de esa naturaleza se estará dando cumplimiento a los artículos 1 y 4 constitucionales, reconociendo y garantizando el derecho humano a una vivienda digna.
Por eso y ante la necesidad de que verdaderamente existan acciones, políticas públicas encaminadas a la protección y ayuda en vivienda para con los connacionales retornados, es que se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), para que implemente un Programa de Vivienda exclusivamente para Personas Deportadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.
Diputada Olga Leticia Chávez Rojas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la STPS y a la Profeco, para que verifiquen que las empresas de plataformas digitales cumplan con las disposiciones laborales vigentes, a cargo del diputado Fernando Mendoza Arce, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Fernando Mendoza Arce, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente “proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que verifiquen que las empresas de plataformas digitales cumplan con las disposiciones laborales vigentes”, conforme a las siguientes
Consideraciones
Antecedentes normativos.
1.- La economía de plataformas es una característica fundamental en el mundo del trabajo y representa una de las “manifestaciones más significativas de los cambios inducidos por la transformación digital.”1
La transición de la economía de plataformas hacia una economía formal se reconoce como un fin esencial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8) referente al trabajo decente y crecimiento económico que tiene como finalidad “promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas y todos”.2 También, es importante para progresar en el logro de otros objetivos de desarrollo sostenibles, como el ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
2.- En ese contexto, en marzo de 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió incluir en el orden del día de las 113 y 114 reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo un punto sobre la elaboración de normas sobre el trabajo decente en la economía de plataformas.3 Lo anterior con la finalidad de seguir avanzando con las disposiciones legales vigentes para mejorar las oportunidades de empleo, reducir el empleo informal y la desigualdad en el mercado laboral; así como, garantizar y promover entornos de trabajo seguros y protegidos.
Por tal motivo, elaborar normas sobre el trabajo decente en la economía de plataformas, significa crear oportunidades para que todas y todos puedan conseguir un trabajo productivo que proporcione4 :
• Ingresos dignos.
• Seguridad en el lugar de trabajo.
• Protección social para las familias.
• Mejoras en las perspectivas de desarrollo personal e integración social.
3.- Las plataformas digitales son un conjunto de sistemas informáticos que facilitan la interacción entre múltiples grupos de personas5 , principalmente caracterizándolos como usuarios y personas trabajadoras en plataformas digitales.
La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 291-B, define a las plataformas digitales como el “conjunto de mecanismos, aplicaciones informáticas, sistemas y dispositivos que asignan tareas, servicios, obras, trabajos o similares a personas trabajadoras en favor de terceros, considerando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación definidas en el artículo 330-A de esta ley.”
4.- Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024 en materia de trabajo en plataformas digitales6 , se reguló, por primera vez, para todas las personas trabajadoras de plataformas digitales, la protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en cada viaje que realicen durante su jornada laboral, otorgándoles el derecho para acceder a todos los seguros de régimen obligatorio7 que ofrece el IMSS comprendidos en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social que a la letra señala:
“Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:
I. Riesgos de trabajo;
II. Enfermedades y maternidad;
III. Invalidez y vida;
IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
V. Guarderías y prestaciones sociales.”8
Esta reforma adapta el marco normativo a la realidad digital, significando el acceso a seguridad social, a la protección de las y los trabajadores contra despidos injustificados y protegiendo a cerca de 700 mil personas trabajadoras9 que generan un ingreso mediante plataformas digitales y que desempeñan labores físicas bajo una supervisión tecnológica.
5.- El 1 de julio de 2025 inició el aseguramiento obligado para personas trabajadoras de plataformas digitales en el IMSS y se implementó una “prueba piloto” para afinar el sistema de registro, pago de cuotas y aseguramiento al IMSS bajo el régimen obligatorio y para verificar que las reglas funcionen de manera correcta y que, de ser necesario, se realicen los ajustes operativos correspondientes.10
Esta “prueba piloto” no solo busca cumplir con las nuevas disposiciones laborales, sino también es una estrategia fundamental para proteger a los trabajadores de plataformas digitales y orientar y apoyar a las empresas del sector a cumplir con una serie de requisitos específicos para su afiliación y la de sus trabajadores ante el IMSS.11
Problemática planteada.
1.- Durante los últimos años, el trabajo en plataformas digitales ha crecido de manera significativa en el país. Este modelo de empleo ha transformado el mundo laboral abriendo nuevas oportunidades para miles de personas en México, sin embargo, ha planteado diversos desafíos respecto al acceso efectivo a la seguridad social para todas las personas trabajadoras de dichas plataformas.
Si bien es cierto que, en la actualidad se reconoce la existencia de una relación laboral entre las plataformas digitales y las personas que prestan el servicio, también lo es que, en la práctica persisten omisiones por parte de las empresas que impiden que se cumplan con las obligaciones de seguridad social que les corresponden como patrones.
2.- Bajo esa tesitura, es relevante mencionar que, las empresas operadoras de las plataformas digitales son las responsables de inscribir a las personas trabajadoras al IMSS bajo el régimen obligatorio y, en su caso, determinar, retener y enterar el pago de cuotas obrero-patronales. De conformidad con los artículos 291-B párrafo segundo, 291-C párrafo segundo y 291-K fracción V de la Ley Federal del Trabajo, que señala:
“Artículo 291-B ...
...
Los usuarios, consumidores o beneficiarios de tareas, servicios, obras o trabajos que se oferten a través de aplicaciones informáticas, no serán considerados patrones, ni responsables solidarios de personas trabajadoras en plataformas digitales o similares, ya que dicho carácter lo tendrá la persona física o moral que gestione o administre los servicios a través de la misma.12
Artículo 291-C ...
...
Las personas trabajadoras que presten servicios a través de plataformas digitales serán consideradas trabajadoras independientes, si al final de cada mes no alcanzan a generar la percepción mencionada. Sin embargo, en dicho periodo y durante el tiempo efectivamente trabajado, se les extenderán los derechos estipulados en este capítulo, con la excepción de lo dispuesto en las fracciones V relativa a la retención y entero de cuotas de seguridad social y VI del artículo 291-K. En todos los casos, las personas físicas y morales que administren plataformas digitales serán responsables del pago del aseguramiento en el régimen del seguro social cuando ocurra un riesgo de trabajo durante el tiempo de trabajo efectivamente laborado.13
Artículo 291-K. En cualquier caso, las personas físicas y morales que administren o gestionen servicios a través de plataformas digitales, en su carácter de patrón, tendrán las obligaciones especiales siguientes:
...
V. Inscribir a las personas trabajadoras en plataformas digitales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y, en su caso, determinar, retener y enterar el pago de cuotas obrero-patronales en los términos que establezcan las disposiciones en la materia;”14
Esta reforma no solo garantiza el acceso a la seguridad social para las personas trabajadoras de plataformas digitales, también, establece obligaciones para los empleadores, entre las que figuran:
• Seguro de desempleo;
• Emitir recibos de pago;
• Inscribir a las personas trabajadoras ante el IMSS;
• Incapacidades;
• Informar sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo;
• Realizar las aportaciones correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
• Realizar las aportaciones correspondientes a la Administradora de Fondos para el Retiro; entre otras.
Esto representa un paso fundamental en la garantía de los derechos laborales de miles de mexicanas y mexicanos que generan ingresos a través de plataformas digitales como Didi, Uber, Rappi, Indrive, entre otras.
3.- Con la entrada en vigor de la reforma laboral en materia de plataformas digitales, durante el mes de julio de 2025, Uber anunció un aumento de hasta el 7 por ciento en las tarifas de sus servicios, dependiendo del producto y ciudad15 .
Al respecto, algunos usuarios-consumidores reportaron inconsistencias en el servicio de transporte y entregas de productos solicitados a través de la aplicación, mediante un cobro inusual realizado por concepto de “Ajuste al usuario por la ley laboral”, como se aprecia a continuación:
Derivado de lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Profeco a revisar estos posibles cobros indebidos a usuarios de plataformas digitales y resaltó que “el acuerdo alcanzado con las empresas de este sector establecía que el costo de incorporación de los trabajadores de plataformas digitales al IMSS debía ser realizado por las propias empresas, no por los usuarios ni conductores”.18, 19
4.- La Profeco como instancia encargada de proteger los derechos de los consumidores y vigilar el debido cumplimiento de la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores20 , debe garantizar y proteger a los usuarios de cobros indebidos.
Al respecto, es atendible el artículo 10 párrafo segundo de la Ley Federal de Protección al Consumidor que establecen:
“Artículo 10.- ...
...
Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales , ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor, ni podrán aplicar cargos sin previo consentimiento del consumidor o que no se deriven del contrato correspondiente. ”21
Por tal motivo, resulta urgente que la Profeco intervenga en la protección de los derechos de los consumidores y defienda a todas y todos los ciudadanos que han sido víctimas de prácticas comerciales abusivas de algunas plataformas digitales que han realizado cobros injustificados por concepto de “Ajuste al usuario por la ley laboral” , toda vez que, a la fecha estas aplicaciones continúan realizando dichos cobros a los consumidores.
5.- Por otra parte, la ley obliga a las plataformas a cumplir con el pago de cuotas de seguridad social y a garantizar la transparencia en sus operaciones. Por tal motivo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , es la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, mediante inspecciones, revisiones y mecanismos específicos de control y denuncia.
Recordemos que, la STPS tiene la facultad de emitir disposiciones de carácter general para dar operatividad a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.22 Por tal motivo, la STPS debe asegurarse de que las condiciones establecidas en los contratos de los trabajadores de plataformas digitales y en las políticas de servicio se respeten las disposiciones legales vigentes.
Conclusiones
Considerando lo anterior, resulta imperante que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, realicen operativos para vigilar y verificar el cumplimiento de la ley, y en su caso, sancionar a las plataformas digitales que omitan cubrir las cuotas de seguridad social correspondientes a sus trabajadores.
La verificación y supervisión de las plataformas digitales es fundamental para evitar prácticas comerciales abusivas y proteger los derechos digitales de los consumidores.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que, en el ámbito de sus atribuciones, continúe verificando el cumplimiento que dan las personas físicas o morales que administren o gestionen servicios a través de plataformas digitales a la Ley Federal del Trabajo en materia de aportaciones de seguridad social.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor que, en el ámbito de sus atribuciones, continúe verificando que no se realicen cobros indebidos a los usuarios o consumidores de los servicios que se prestan a través de plataformas digitales, por concepto de pago de cuotas de seguridad social a favor de las personas trabajadoras de dichas plataformas.
Notas
1. Organización Internacional del Trabajo, Plataformas digitales de trabajo, Portal temático de la OIT. Recuperado de https://www.ilo.org/es/plataformas-digitales-de-trabajo.Consultado el 15 de noviembre de 2025.
2. ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible.Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/.Consultad o el 02 de diciembre de 2025.
3. Organización Internacional del Trabajo, Orden del día de la 113.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Portal temático de la OIT. Recuperado de https://www.ilo.org/es/resource/documento-de-conferencia/ilc/113/orden- del-dia-de-la-113a-reunion-de-la-conferencia-internacional-del. Consultado el 15 de noviembre de 2025.
4. ONU, Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/. Consultado el 02 de diciembre de 2025.
5. Aguilar, A. Plataformas y economía uberizada,UPRESS. Recuperado de https://upress.mx/la-voz-del-estudiante/13312-plataformas-y-economia-ub erizada.Consultado el 22 de noviembre de 2025.
6. S/A, Reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1005494/Reforma_en_mater ia_de_trabajo_en_plataformas_digitales__1_.pdf.Consultado el 11 de noviembre de 2025.
7. Ley del Seguro Social, Artículo 6. Recuperado del Diario Oficial de la Federación chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://portalhcd.d iputados.gob.mx/LeyesBiblio/PortalWeb/Leyes/Vigentes/PDF/92_230421.pdf. Consultado el 18 de noviembre de 2025.
8. Ley del Seguro Social, Artículo 6. Recuperado del Diario Oficial de la Federación chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://portalhcd.d iputados.gob.mx/LeyesBiblio/PortalWeb/Leyes/Vigentes/PDF/92_230421.pdf. Consultado el 18 de noviembre de 2025.
9. S/A, Reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1005494/Reforma_en_mater ia_de_trabajo_en_plataformas_digitales__1_.pdf.Consultado el 11 de noviembre de 2025.
10. Gobierno de México, Reforma en materia de trabajo en plataformas digitales, Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1005494/Reforma_en_mater ia_de_trabajo_en_plataformas_digitales__1_.pdf.Consultado el 01 de diciembre de 2025.
11. Gobierno de México, Seguridad Social para Empresas y Trabajadores de Plataformas Digitales en México. Recuperado de https://www.imss.gob.mx/empresas-personas-trabajadoras-plataformas-digi tales.Consultado el 16 de diciembre de 2025.
12. Ley Federal del Trabajo, artículos 291-B, Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf.Consultado el 11 de noviembre de 2025
13. Ley Federal del Trabajo, artículos 291-B, Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf.Consultado el 11 de noviembre de 2025
14. Ley Federal del Trabajo, artículos 291-K fracción V, Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf. Consultado el 11 de noviembre de 2025
15. Hernández, E. Es un hecho. Uber anuncia alza en precios; esto costarán ahora los viajes, Milenio. Recuperado de https://www.milenio.com/politica/uber-anuncia-alza-en-tarifas-de-viajes -por-reforma-laboral.Consultado el 23 de noviembre de 2025.
16. Imagen recuperada de un recibo de pago de Uber.
17. Imagen recuperada de un recibo de pago de Uber.
18. S/A, Ordena Sheinbaum a Profeco revisar cobros indebidos de Uber, Tiempo. Recuperado de https://www.tiempo.com.mx/local/ordena-sheinbaum-a-profeco-revisar-cobr os-indebidos-de-uber/.Consultado el 02 de diciembre de 2025.
19. S/A, Sheinbaum dice que Uber debe asumir el costo de la reforma laboral, Expansión. Recuperado de https://expansion.mx/tecnologia/2025/07/18/sheinbaum-uber-debe-asumir-e l-costo-reforma-laboral.Consultado el 02 de diciembre de 2025.
20. Procuraduría Federal del Consumidor, Definición PROFECO, Recuperada de la página oficial https://www.gob.mx/profeco.Consultada el 11 de noviembre de 2025.
21. Ley Federal de Protección al Consumidor, Artículo 10, Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf. Consultada el 02 de diciembre de 2025
22. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Preguntas Frecuentes sobre la Reforma en Materia de Trabajo en Plataformas Digitales, Recuperada de https://www.gob.mx/stps/documentos/preguntas-frecuentes-sobre-la-reform a-en-materia-de-trabajo-en-plataformas-digitales.Consultada el 02 de diciembre de 2025.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.
Diputado Fernando Mendoza Arce (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, a la SSPC del estado y a la Coordinación Estatal del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), a implementar protocolos especializados y división por tipo de llamado en la operación del número de emergencia 911, a cargo de la diputada Magda Érika Salgado Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Magda Erika Salgado Ponce, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se solicita, respetuosamente, al gobierno del estado de Morelos, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y a la Coordinación Estatal del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), a implementar protocolos especializados y división por tipo de llamado en la operación del número de emergencia 911.
Exposición de Motivos
El 12 de septiembre de 2026, en la Ciudad de Cuautla, estado de Morelos, Claudia Tacoronte Aguilera , joven mujer de nacionalidad española, de 21 años, originaria de Islas Canarias, estudiante de la Universidad de Granada y alumna de intercambio en la Universidad Autónoma del estado de Morelos desde el 17 de agosto, fue asesinada con arma punzocortante en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, Morelos, durante la 42 Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.
De acuerdo con videos y testimonios difundidos en redes sociales y medios de comunicación, respecto a la agresión que sufrió la joven española Claudia Tacoronte Aguilera, existen versiones que señalan que una vez que ella, logró evadir a su atacante y refugiarse herida dentro del recinto cultural, al menos 10 personas que estaban en el lugar de los hechos intentaron pedir ayuda, intentaron auxiliar a la joven herida y solicitar el apoyo de las autoridades y unidades de emergencias, agregando a esos testimonios que:
“Se tardaron más de media hora en dar respuesta, le estuvimos marcando a los números de emergencia, estuvimos marcando, marcando y no contestaban, nos mandaban a buzón, nos desviaban la llamada, nos dejaban en lista de espera”
“Por favor, tenemos una persona herida. Urge, urge una ambulancia... ya llevamos rato comunicándonos con seguridad pública y nada que contestan. ¿Dónde están las autoridades cuando se les necesita?
Estos señalamientos recabados de las redes sociales, señalan además testigos que denuncian que la ambulancia tardó cerca de 30 minutos en arribar, así como los fuertes señalamientos a las deficiencias recurrentes en la zona de Cuautla para lograr establecer contacto en el 911, así como hasta demoras en la respuesta y arribo de los agentes, según publicó La Jornada .
Este lamentable hecho, se suma al de cuatro estudiantes más, vinculadas a la UAEM y asesinadas en el año 2026, lo que ha provocado por ahora y en el caso particular, la cancelación de intercambios por parte de la Universidad de Granada y el foco de la prensa internacional y el gobierno Español en el estado de Morelos.
Sin embargo, aun cuando existen diversas preguntas nos queda una que duele, ¿qué habría pasado si los servicios de emergencia hubieran acudido de manera inmediata al lugar del siniestro? Esta pregunta nos hacemos, porque, además, existe la versión de que al marcar al 911 las llamadas eran desviadas o no fueron atendidas de inmediato, y aun cuando existan diversas hipótesis, respuestas o simples justificaciones como que se saturó con el mismo evento la línea de emergencia, ninguna es causa para una autoridad que debe estar preparada para proteger a la gente.
Junto con ella, en Morelos tenemos una situación preocupante de víctimas y personas que a diario salen a la calle con el temor de ser atacadas o violentadas por la alta inseguridad e impunidad con que la que cuentan los delincuentes; No podemos normalizar la violencia ni debemos resignarnos a perder la libertad de transitar en las calles; ninguna mujer, ningún hombre ni nuestros menores deberían sentir miedo, al contrario, deberían ser todos protegidos por una autoridad eficiente, preparada y lista para atender los llamados de emergencia cuando se requiera. Lo contrario sería aceptar que el Estado no ha sido capaz en dos años de implementar los protocolos de seguridad, de ampliar la capacidad de respuesta y mejorar las condiciones para vivir en paz.
El gobierno federal ha otorgado todo el apoyo y respaldo al gobierno del estado de Morelos, las mesas de seguridad, la coordinación de fuerzas federales y el reciente llamado Plan Cuautla son prueba de ello, sin embargo, precisamente ese respaldo público es lo que nos permite señalar ahora que existe en las autoridades de seguridad en Morelos, una discordancia que nos mantiene en una severa crisis de inseguridad y violencia.
Los números del Secretariado Ejecutivo a nivel nacional, que aunque marcan una tendencia a la baja señalan que en Morelos el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 3.5 en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026 y tras activarse el Plan Morelos como estrategia federal y estatal, el promedio diario descendió de 3.7 homicidios en abril de 2026 a 1.6 en junio, convirtiéndose en el junio con menor incidencia de este delito desde 2019, No obstante, pese a los números que señala la encuesta del secretariado, la percepción social con que se vive a diario es Morelos es muy distinta, quizá sea porque se menciona por otra parte, que Morelos ocupa Primer Lugar Nacional en los delitos de extorsión y robo de motocicletas, Segundo Lugar Nacional en homicidio doloso (por tasa general acumulada), lesiones culposas y violación lo que implica entonces, que debemos redoblar esfuerzos.
La Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de Llamadas de Emergencia Versión 2.0 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) establece que el tiempo para notificar y designar el evento no debe ser mayor de 120 segundos, es decir, dos minutos tiene el centro de control para atender la emergencia y turnar a la autoridad que resulte , y, además, esta misma norma establece que tiempo para la atención inmediata no debe ser mayor a nueve minutos.
Pero la realidad es distinta, en Morelos, el propio C5 ha informado que, el número de llamadas recibidas en un semestre, el 77.90 por ciento son falsas, y a nivel nacional hasta el 85-90 por ciento son improcedentes, lo que satura troncales; Sin embargo, la saturación no debe ser excusa para la falta de especialización . El Catálogo Nacional de Incidentes contempla 242 tipos de incidentes que van desde paro cardíaco hasta violencia familiar y robo con violencia. Hoy un mismo operador atiende a todos, con una capacitación inicial y sin mayores protocolos que permitan derivar de manera inmediata los servicios de emergencia que requiere la llamada de auxilio.
Por lo que, resulta profundamente lamentable y doloroso que una persona pierda la vida a causa de la mala atención, la indolencia y la falta de profesionalismo de quienes por mandato constitucional y por deber humano deberían estar atentos las 24 horas del día, los 365 días del año, para cumplir cabalmente con los protocolos de las líneas de emergencia. No hablamos solo de un error administrativo; hablamos de una cadena de omisiones donde el buzón, la lista de espera y la desviación de llamada se convirtieron en la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el Estado falla en contestar un teléfono, falla en su obligación más elemental: salvaguardar la vida.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 y 21 señala que, la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, entidades y municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio, a su vez, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 109 Bis, 111 Bis y 130, establece que el Centro Nacional de Información regulará el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia bajo el número único 911 y que dicho servicio es el único reconocido por ley.
Atento a lo anterior, es evidente que tenemos normas estandarizadas, generales y obligatorias para su observación y ajuste Técnico, no hacerlo es Omisión, así tenemos que las llamadas de Emergencia 911 obliga en atender la operación de los CALL, mediante troncales digitales exclusivas contestadas solo por operadores con capacitación específica y al despacho de los 4 servicios básicos: seguridad pública, bomberos, ambulancias y protección civil .
Aunado a esto, la norma que dicta la organización mundial de la salud, señala que, se recomienda que por cada 25,000 habitantes debe existir una ambulancia a disposición para atender emergencias, siendo que, en Morelos, según el último censo del Inegi, tenemos 1,971,520 habitante de las cuales corresponde por género, a mujeres: 1,020,673 (51.8 por ciento de la población) y hombres: 950,847 (48.2 por ciento de la población), lo que implica que Morelos debería tener al menos 82 ambulancias operativas en una distribución ideal donde las tres ciudades con mayor población, entre ellas Cuautla, debería contar con 8 ambulancias aproximadamente, sin embargo, como se ha dicho, la realidad es muy distinta.
Y, ante la evidente suma de realidades, tenemos también que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos, señala que se pondrá a disposición de la población el servicio telefónico de emergencias y el C5 tendrá a su cargo la administración y operación del 911 y 089, resultando el 911 como número único armonizado y al 089 exclusivo para denuncia anónima, operados por el SESNSP, por lo que se propone transitar de un modelo generalista a un modelo especializado, en donde las víctimas cuenten con un sistema de emergencia profesional y capacitado para atender el llamado y derivar el auxilio sin interferencia ni demora.
Es por esto que se presenta:
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, al gobierno del estado de Morelos, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y a la Coordinación Estatal del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), a implementar protocolos especializados y división por tipo de llamado en la operación del número de emergencia 911, conforme a lo siguiente;
1. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Morelos y la Coordinación del C5 Morelos, deberán trabajar de manera coordinada para implementar el protocolo según lo siguiente:
a) Célula Médica: operadores certificados en primeros auxilios telefónicos, con capacidad para dar atención y respaldo en temas de RCP, contención de hemorragias y triage.
b) Célula de Seguridad y Alto Impacto: para delitos en flagrancia, con despacho inmediato a policía municipal y estatal.
c) Célula de Violencia de Género, Feminicidio y Grupos Vulnerables: con perspectiva de género, en coordinación con Inmujeres y Fiscalía Especializada en Feminicidio.
d) Célula de Protección Civil y Bomberos.
2. Al C5 Morelos a encontrar como área de oportunidad hacer uso de la Norma Técnica para llegar al tiempo de respuesta telefónica de 120 segundos, tiempo de arribo no mayor a 9 minutos en zonas urbanas, contestación antes del tercer timbrado, y publicación mensual de indicadores de efectividad, llamadas contestadas, tiempo promedio de respuesta y llamadas enviadas a buzón, por municipio.
3. Al gobierno de Morelos a establecer un canal directo y prioritario para casos de violencia contra mujeres estudiantes y visitantes, y a promover las líneas de emergencia con enlace directo al C5 en recintos universitarios y culturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2026.
Diputada Magda Erika Salgado Ponce (rúbrica)