Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a fortalecer las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como la coordinación institucional para garantizar investigaciones diligentes y oportunas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades sanitarias federales a investigar y esclarecer el brote de salmonelosis registrado entre el personal médico del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, así como a garantizar condiciones sanitarias adecuadas y seguras en los servicios de alimentación de las instituciones públicas de salud, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, a través de la Ssa, a realizar las gestiones conducentes para fortalecer la infraestructura del Centro Nacional de Trasplantes, contar con insumos, medicamentos y equipamiento necesario para mejorar las funciones de banco de órganos, tejidos y células, y tener mayor capacidad para realizar trasplantes, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, a través de la Sectur, a retomar la operación del programa de Pueblos Mágicos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a emitir una declaratoria de zona de desastre por sequía al estado de Guerrero y a implementar un programa de apoyos emergentes a pequeños productores agrícolas y ganaderos para el presente ciclo agrícola 2026, a cargo de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a fortalecer las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como la coordinación institucional para garantizar investigaciones diligentes y oportunas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desaparición de personas constituye una de las más graves crisis humanitarias y de derechos humanos que enfrenta México. Detrás de cada registro existe una persona cuya ausencia transforma profundamente la vida de una familia y una comunidad, generando consecuencias sociales, económicas, jurídicas y emocionales que pueden prolongarse durante años. Asimismo, este fenómeno representa uno de los mayores desafíos para las instituciones del Estado mexicano, particularmente en materia de seguridad, procuración de justicia, búsqueda e identificación humana.

De acuerdo con información presentada por el Gobierno de México en marzo de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 394 mil 645 registros históricos, de los cuales 132 mil 534 personas permanecían con estatus de desaparecidas o no localizadas. Estas cifras evidencian la dimensión de un problema que no puede ser atendido únicamente desde una perspectiva administrativa o estadística, sino que demanda una política de Estado permanente, coordinada y centrada en los derechos de las víctimas y sus familias (Presidencia de la República, 2026).1

La desaparición de personas no sólo implica la obligación de localizar a quienes se encuentran ausentes. También genera para el Estado responsabilidades relacionadas con la investigación de los hechos, la identificación de posibles responsables, el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. En este sentido, resulta indispensable reconocer que la búsqueda efectiva debe mantenerse hasta conocer la suerte o el paradero de la persona, evitando que los expedientes se conviertan en registros administrativos sin acciones sustantivas de investigación y localización.

México cuenta con un marco jurídico especializado para atender esta problemática. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece obligaciones específicas para las autoridades de los tres órdenes de gobierno y reconoce principios como la efectividad, exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y participación de las familias. La legislación establece, además, que la búsqueda debe realizarse de manera inmediata y que las autoridades no pueden retrasar sus actuaciones bajo argumentos relacionados con las condiciones particulares de la persona desaparecida o con la actividad que realizaba antes de su desaparición (Cámara de Diputados, 2025).2

Sin embargo, la existencia de un marco normativo no garantiza por sí misma resultados efectivos. Uno de los principales desafíos continúa siendo la capacidad institucional para traducir las disposiciones legales en mecanismos eficaces de búsqueda e investigación. La coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda, instituciones policiales, servicios periciales y autoridades locales resulta fundamental para evitar la fragmentación de información y la duplicidad de esfuerzos.

Especial atención merece el fortalecimiento de las capacidades forenses del Estado. La crisis de desapariciones se encuentra estrechamente relacionada con la existencia de miles de cuerpos y restos humanos sin identificar. La falta de infraestructura, personal especializado, bases de datos interoperables y mecanismos ágiles de confronta genética puede prolongar durante años la incertidumbre de las familias. Por ello, la identificación humana debe ser considerada una prioridad de la política pública y no una etapa secundaria dentro del proceso de búsqueda.

Las familias y colectivos de personas desaparecidas han desempeñado, además, un papel fundamental en la búsqueda de sus seres queridos. En numerosas ocasiones han sido precisamente madres, padres, hermanas, hermanos y otros familiares quienes han impulsado acciones de búsqueda, documentado casos y exigido la intervención de las autoridades. La Ley General reconoce su derecho a participar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda, por lo que resulta indispensable garantizar que esta participación sea efectiva y no meramente formal (Cámara de Diputados, 2025).3

En los últimos años se han realizado modificaciones normativas orientadas a fortalecer los mecanismos institucionales. La reforma publicada en julio de 2025 incorporó, entre otras medidas, la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación, así como herramientas para fortalecer el intercambio de información entre autoridades. Posteriormente, en febrero de 2026 fue publicado el Protocolo Nacional para la Activación de dicha Alerta, reconociendo la necesidad de una actuación inmediata y coordinada ante cualquier reporte, noticia o denuncia de desaparición (Diario Oficial de la Federación, 2026).2

Estos instrumentos representan avances importantes; sin embargo, su eficacia dependerá de su correcta implementación en todo el territorio nacional. Resulta indispensable que las autoridades responsables cuenten con personal suficiente, capacitación especializada, recursos técnicos y mecanismos de coordinación que permitan responder con oportunidad desde las primeras horas posteriores al reporte de una desaparición.

Asimismo, debe garantizarse la actualización y confiabilidad de los registros públicos. Contar con información precisa y accesible resulta fundamental para dimensionar adecuadamente el fenómeno, diseñar políticas públicas, identificar patrones regionales y evaluar los resultados de las instituciones responsables. La transparencia y calidad de la información no sólo constituyen herramientas administrativas, sino condiciones indispensables para garantizar el derecho a la verdad.

La crisis de desapariciones exige, por tanto, una respuesta integral del Estado mexicano. No basta con registrar los casos ni con crear nuevas instituciones si éstas no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir sus atribuciones. Es indispensable fortalecer las acciones de búsqueda en vida, mejorar la coordinación interinstitucional, consolidar las capacidades forenses, garantizar investigaciones efectivas y asegurar que las familias reciban atención integral.

Las personas desaparecidas no pueden reducirse a una cifra. Cada caso representa una obligación pendiente del Estado y una familia que continúa enfrentando la incertidumbre sobre el paradero de un ser querido. Por ello, resulta necesario reforzar las políticas y acciones encaminadas a garantizar el derecho a buscar y ser buscado, colocando en el centro la dignidad humana, el derecho a la verdad y el acceso efectivo a la justicia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y en coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas, a fortalecer las acciones de coordinación, búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas, garantizando la aplicación efectiva de los mecanismos y protocolos previstos en la legislación vigente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a fortalecer las capacidades técnicas, humanas y de coordinación institucional necesarias para garantizar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, así como mejorar los procesos de identificación humana y la interoperabilidad de la información disponible.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las fiscalías especializadas en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fortalecer las acciones de investigación y coordinación con las comisiones de búsqueda, a fin de garantizar investigaciones diligentes, oportunas y con enfoque de derechos humanos.

Notas

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf

2 Diario Oficial de la Federación. (2026, 18 de febrero). Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades sanitarias federales a investigar y esclarecer el brote de salmonelosis registrado entre el personal médico del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, así como a garantizar condiciones sanitarias adecuadas y seguras en los servicios de alimentación de las instituciones públicas de salud, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud y la seguridad de quienes integran el personal médico constituyen condiciones indispensables para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Las y los médicos residentes, especialistas, personal de enfermería y demás trabajadores sanitarios desempeñan una labor fundamental para garantizar el derecho a la protección de la salud de millones de personas, frecuentemente bajo condiciones de alta exigencia física y emocional.

En este sentido, resulta particularmente preocupante el brote de gastroenteritis infecciosa aguda registrado recientemente en el Hospital General de México, Doctor Eduardo Liceaga, uno de los principales hospitales de referencia del país, que afectó a un número importante de médicos residentes y de alta especialidad.

De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades sanitarias, el brote fue identificado el pasado 31 de agosto de 2026, luego de registrarse un incremento súbito de casos con síntomas gastrointestinales entre el personal médico. Los primeros informes oficiales señalaron que 135 médicos residentes y de alta especialidad resultaron afectados, de los cuales 41 requirieron hospitalización y vigilancia médica.

Los estudios realizados identificaron la presencia de salmonella spp en los casos analizados, así como la presencia de escherichia coli enterotoxigénica en algunos pacientes. Entre los síntomas reportados se encuentran dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito, lo que obligó a las autoridades hospitalarias a suspender el servicio subrogado de comedor destinado al personal médico mientras se realizan las investigaciones epidemiológicas correspondientes (El País , 2026).

Sin embargo, la preocupación sobre la dimensión real de este evento sanitario se incrementó durante las movilizaciones realizadas por médicos residentes del Hospital General de México. De acuerdo con reportes periodísticos, durante la protesta realizada el 7 de septiembre de 2026, integrantes del personal médico señalaron que el número de personas afectadas podría ascender hasta 277.

Esta diferencia entre las cifras inicialmente reportadas por las autoridades y las posteriormente denunciadas por los propios trabajadores hace indispensable contar con información clara, actualizada y verificable sobre el número total de personas afectadas, su condición médica y las medidas implementadas para contener el brote.

No se trata de un asunto menor. El hecho de que decenas de profesionales de la salud hayan enfermado dentro de una institución hospitalaria genera legítimas interrogantes respecto de las condiciones sanitarias bajo las cuales se preparan, almacenan y distribuyen los alimentos destinados al personal médico.

Resulta particularmente grave que quienes tienen la responsabilidad cotidiana de atender a pacientes y preservar la salud de la población puedan encontrarse expuestos a riesgos sanitarios dentro de sus propios centros de trabajo.

Las y los médicos residentes cumplen jornadas intensivas y desarrollan actividades esenciales para la operación de los hospitales públicos. Por ello, garantizarles acceso a alimentos seguros, preparados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, no debe considerarse una prestación secundaria, sino una condición básica para el desarrollo seguro y digno de sus funciones.

Las condiciones de alimentación del personal sanitario adquieren una relevancia aún mayor cuando se considera que una contingencia de esta naturaleza no solamente afecta individualmente a quienes enferman, sino que puede generar consecuencias para la operación hospitalaria.

La incapacidad temporal de médicos residentes y especialistas puede afectar la continuidad de los servicios, incrementar la carga laboral del personal restante y generar presiones adicionales en unidades médicas que, de por sí, enfrentan importantes desafíos operativos.

Por ello, el caso ocurrido en el Hospital General de México debe ser analizado no únicamente como un episodio aislado de intoxicación o enfermedad gastrointestinal, sino como un evento que obliga a revisar los mecanismos de prevención, supervisión y control sanitario existentes en las instituciones públicas de salud.

La suspensión del servicio subrogado de comedor constituye una medida preventiva importante; sin embargo, resulta indispensable que las investigaciones permitan determinar con precisión el origen de la contaminación, las posibles fallas en los procesos de almacenamiento, preparación y distribución de alimentos y, en su caso, establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.

Asimismo, resulta necesario conocer si existieron deficiencias previas en la supervisión del servicio contratado, incumplimientos de las normas sanitarias o advertencias que no hubieran sido atendidas oportunamente.

De acuerdo con información difundida posteriormente, la Secretaría de Salud anunció la revisión urgente de las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación de las unidades hospitalarias del sector público. Esta medida constituye un paso relevante; sin embargo, es indispensable que las acciones implementadas no se limiten a una revisión coyuntural derivada de la atención mediática del caso, sino que permitan fortalecer de manera permanente los mecanismos de vigilancia sanitaria.

La seguridad alimentaria en las instituciones hospitalarias debe ser objeto de controles estrictos y permanentes. Los alimentos proporcionados dentro de hospitales son consumidos diariamente por trabajadores que desarrollan actividades esenciales y, en muchos casos, permanecen durante extensas jornadas dentro de las instalaciones médicas.

Por ello, resulta fundamental revisar integralmente los procedimientos de adquisición, contratación, preparación, conservación, transporte y distribución de alimentos, particularmente cuando estos servicios son proporcionados por empresas externas o mediante esquemas de subrogación.

La contratación de servicios particulares no exime a las instituciones públicas de su responsabilidad de supervisar permanentemente que los proveedores cumplan con las disposiciones sanitarias aplicables. Por el contrario, cuando se trata de servicios relacionados directamente con la salud y seguridad de las personas, la vigilancia institucional debe ser particularmente estricta.

De igual manera, debe garantizarse que todas las personas afectadas reciban atención médica oportuna, seguimiento clínico y las facilidades necesarias para su recuperación, sin que su condición de estudiantes de especialidad o médicos residentes implique obstáculos para acceder a los servicios requeridos.

Las recientes manifestaciones realizadas por médicos residentes también deben ser entendidas como un llamado de atención respecto de la necesidad de fortalecer las condiciones laborales y sanitarias bajo las cuales desarrollan su formación profesional.

Un sistema de salud sólido no puede construirse únicamente a partir de infraestructura o equipamiento. Requiere también garantizar condiciones dignas, seguras y adecuadas para las personas que diariamente sostienen la atención médica.

México no puede normalizar que quienes dedican su vida profesional a cuidar la salud de los demás se encuentren expuestos a riesgos prevenibles dentro de las propias instituciones donde prestan sus servicios.

El brote registrado en el Hospital General de México debe servir para fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia sanitaria, transparentar las investigaciones correspondientes y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

La protección del derecho a la salud implica también proteger la salud de quienes hacen posible el funcionamiento cotidiano de los hospitales públicos. Garantizar alimentos inocuos, instalaciones seguras y condiciones sanitarias adecuadas para el personal médico constituye una obligación institucional y una condición indispensable para preservar la capacidad de atención del Sistema Nacional de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, garanticen la atención médica, seguimiento clínico y acompañamiento necesario a las médicas y médicos residentes, especialistas y demás personal que resultó afectado por el brote de gastroenteritis infecciosa aguda registrado en dicha institución.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a las autoridades competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen, concluyan y publiciten los resultados de las investigaciones epidemiológicas y sanitarias necesarias para determinar el origen del brote de salmonella , registrado en el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, así como para identificar posibles irregularidades y, en su caso, deslindar las responsabilidades administrativas correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y supervise de manera permanente las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de preparación, almacenamiento y distribución de alimentos destinados al personal de las instituciones públicas de salud, particularmente aquellos proporcionados mediante servicios subrogados.

Fuentes

- El País. (2026, 4 de septiembre). Un brote de salmonela en el Hospital General de México afecta a 135 médicos y deja a 41 hospitalizados. https://elpais.com/mexico/2026-09-04/un-brote-de-salmonela-en-el-hospit al-general-de-mexico-afecta-a-135-medicos-y-deja-a-41-hospitalizados.ht ml

- N+. (2026, 7 de septiembre). Bloqueo por brote de Salmonella en Hospital General: médicos dicen que van 277 enfermos. https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/movilidad/marchas/brote-salmon elosis-hospital-general-mexico-bloqueo-cdmx-277-medicos-enfermos/

- La Jornada. (2026, 7 de septiembre). “Derechos humanos, comida sin gusanos”: protestan residentes del Hospital General de México.https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/09/07/sociedad/protestan -medicos-residentes-del-hospital-general-de-mexico-por-condiciones-labo rales

- Díaz Machuca, J. J. [@jjdiazmachuca]. (2026). Publicación en X sobre el brote de enfermedades gastrointestinales entre personal médico del Hospital General de México [Publicación]. X. https://x.com/jjdiazmachuca/status/2095587610525634698

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, a través de la Ssa, a realizar las gestiones conducentes para fortalecer la infraestructura del Centro Nacional de Trasplantes, contar con insumos, medicamentos y equipamiento necesario para mejorar las funciones de banco de órganos, tejidos y células, y tener mayor capacidad para realizar trasplantes, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2003, México declaró al 26 de septiembre como el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos , para que la población se concientice sobre la importancia del proceso de donar órganos, tejidos y células, como una labor altruista, que otorga vida y esperanza a otro ser humano que enfrenta algún padecimiento que ha mermado su salud y calidad de vida.

Existen diversos factores como la falta de información, creencias religiosas, aspectos socioeconómicos, insuficiencia presupuestal y de infraestructura, entre otros, por los que no se ha desarrollado la cultura de la donación de órganos, tejidos y células.

Hay dos tipos de donación, la donación expresa y la tácita. La expresa es aquella que manifiesta por escrito o de forma verbal, la voluntad de donar alguno de sus órganos, tejidos o células, ya sea en vida (siempre que no comprometa su integridad), o después de su muerte, o amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo.

La tácita es cuando un posible donador no haya manifestado en un documento la negativa para que sus órganos sean utilizados para trasplante después de su muerte, por lo que el consentimiento para realizar una donación tiene que obtenerse de los familiares directos presentes.

En México es el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, quien ejecuta la política y directrices delineadas en materia de trasplantes de tejidos, células y órganos.1

Según datos proporcionados por el Cenatra, la donación de órganos en México ha mejorado, ya que anteriormente, de cada 10 mexicanos, 7 estaban en contra de la donación, pero hoy en día, 7 de cada 10 están a favor de ella.

Respecto a la cantidad de donaciones y trasplantes, en 2012 había una tasa nacional de donaciones de 3.7 por cada millón de habitantes, mientras que en 2017 la tasa aumentó a 4.5 por cada millón de habitantes.

Según datos del Cenatra, hasta diciembre de 2025, alrededor de 18 mil 893 personas estaban en espera de recibir el trasplante de algún órgano, desafortunadamente esta cifra aumenta día a día.2 Esa lista de espera para recibir un trasplante, se distribuyen de la siguiente manera:

• 16 mil 443 personas esperan recibir un trasplante de riñón.

• 2 mil 211 personas esperan recibir un trasplante de córnea.

• 190 personas esperan recibir un trasplante de hígado.

• 20 personas esperan recibir un trasplante de corazón.

• 9 personas esperan recibir un trasplante de hígado-riñón.

• 9 personas esperan recibir un trasplante de paratiroides.

• 6 personas esperan recibir un trasplante de riñón-páncreas.

• 2 personas esperan recibir un trasplante de páncreas.

• 1 personas esperan recibir un trasplante de pulmón.

• 1 personas esperan recibir un trasplante de extremidades.

• 1 persona espera recibir un trasplante de pulmón-pulmón.

• 1 persona espera recibir un trasplante de riñón-riñón.3

Durante 2025, se tiene registrada la realización de 6 mil 522 trasplantes, lo que se desglosa de la siguiente forma:

• 3 mil 392 trasplantes de córnea.

• 2 mil 804 trasplantes de riñón.

• 260 trasplantes de hígado.

• 42 trasplantes de corazón.

• 4 trasplantes de corazón-riñón.

• 7 trasplantes de riñón-riñón.

• 3 trasplantes de pulmón-pulmón.

• 7 trasplantes de pulmón-pulmón.

• 3 trasplantes de pulmón.

• 2 trasplante de hígado-riñón.

• 1 trasplante de TVC.4

Así, en el país, menos de 10 por ciento de los fallecimientos ocurren por muerte cerebral, por lo que es complicado depender sólo de este factor para lograr los trasplantes, de ahí la importancia de promover entre la población una fuerte cultura de la donación.

La insuficiencia presupuestal del Cenatra ha provocado que exista una incapacidad operativa y diversas limitantes en su infraestructura, lo que impide almacenar adecuadamente los tejidos, células y órganos donados.

Es importante resaltar que también se ha advertido el desabasto de medicamentos de inmunosupresión, cuya ministración es indispensable para las y los pacientes que han recibido algún trasplante, pues sin esas dosis, su organismo podría rechazarlo, lo que ha propiciado que tengan que adquirirlo por su cuenta a costos sumamente elevados.

Además, también se advierte la insuficiencia de establecimientos con licencia sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contras Riesgos Sanitarios (Cofepris), para llevar a cabo las funciones de procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, por lo que de acuerdo con Boletín Estadístico-Informativo del Centro Nacional de Trasplantes Bei-Cenatra, hasta enero de 2026, a nivel nacional existían 613 establecimientos con licencia, los cuales abarcan tanto a instituciones públicas de salud, como privadas en territorio nacional.

No todos los establecimientos tienen la autorización y la capacidad para desarrollar las funciones referidas5 ; tal situación es la siguiente:

Fuente: Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT)

Fecha de corte: 15 de enero de 2026

Al no realizarse trasplantes permanentemente, ya sea por falta de donantes o de presupuesto, las instituciones públicas de salud tienen que otorgar tratamientos muy costosos a los pacientes, por ejemplo, en los casos de deficiencia renal, al no realizarse el trasplante requerido, debe recibir tratamiento de hemodiálisis por tiempo indeterminado.

Para 2025 sólo se etiquetaron 25.6 millones de pesos (mdp) al Cenatra y si bien tanto el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los organismos de salud estatales, cuentan con presupuestos que les permiten realizar algunos trasplantes, es insuficiente, por lo que es indispensable que se les etiqueten mayores recursos y que los estados intensifiquen las campañas de concientización sobre la donación de órganos.6

Con el etiquetado de mayores recursos podrían alcanzarse diversos objetivos, como:

1. Sensibilizar a la población sobre la importancia de ser donador de órganos y tejidos.

2. Fortalecer las políticas públicas encaminadas a implementar estrategias de comunicación sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

3. Operar campañas de difusión que “rompan mitos” que desincentivan la donación.

4. Difundir el proceso que uno debe de realizar para ser “ donador de órganos y tejidos”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, realicen las gestiones conducentes para fortalecer la infraestructura del Centro Nacional de Trasplantes, contar con los insumos, medicamentos y equipamiento de calidad que sean necesarios para mejorar las funciones de banco de órganos, tejidos y células, así como los trasplantes en aquellos pacientes que lo requieran.

Notas

1 Consultado en https://gobierno.com.mx/cenatra.html#google_vignette“El Centro Nacional de Transplantes fue creado por ley el 26 de mayo del 2000, con el fin de contribuir al desarrollo de la terapéutica de los trasplantes en México, ya que este sólo resuelve algunas de las fallas orgánicas o titulares resultado de enfermedades crónico degenerativas emergentes, sino que conserva la vida del los pacientes en condiciones casi normales a un costo muy inferior al de otro tipo de tratamientos, que además no ofrecen la misma calidad de vida. ¿Quiénes somos? El Cenatra está integrado por personal de carrera en el área de salud en la Administración Pública Federal. Su experiencia es reforzada permanentemente a través de la capacitación y su participación activa en todas las tareas de la institución. Sus áreas son: Dirección General Dirección del Registro Nacional de Trasplantes (RNT) Centro Nacional de Trasplantes, Se encarga de administrar el Sistema Informático que concentra los datos de la actividad que en materia de donación y trasplantes desarrollan los hospitales en todo el país. Actualiza permanentemente las estadísticas nacionales con base en el flujo de información emitido por los profesionales de la salud en los hospitales que cuentan con licencia sanitaria para realizar actividades de donación, trasplantes y/o banco de tejidos. Por otro lado realiza el análisis de la información para estructurar propuestas y estrategias de mejora en el Sistema Nacional de Trasplantes. Brinda asesoría y apoyo a los procesos de donación y trasplantes mediante acuerdos con diferentes instituciones de transporte, jurídicas, etc. Para ello cuenta con un módulo integrado por personal experto, y que funciona 24 horas del día.”

2 Consultado en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1068115/BEI_2025.pdf... Boletín Estadístico-Informativo del Centro Nacional de Trasplantes Bei-CENATRA, Volumen X. Enero a diciembre 2025, ¡Los órganos no se entierran ni se incineran, se trasplantan y dan vida! Una nueva era en donación y trasplantes: Por un México sin lista de espera, página 63.

3 Ídem.

4 Ibidem, página 90.

5 Ibidem, página 58.

6 Consultado en https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/P3f26115/PEF2026/y6k1r4r1/d ocs/12/r12_apurog.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2026.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Ejecutivo federal, a través de la Sectur, a retomar la operación del programa de Pueblos Mágicos, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Verónica Martínez García, diputada a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los pueblos mágicos constituyen una de las principales estrategias de México para preservar y aprovechar su riqueza histórica, cultural, gastronómica y natural, al tiempo que generan actividad turística, empleo e ingresos para las comunidades.

Sólo que la continuidad del programa no ha sido acompañada por una política pública federal sostenida que garantice los recursos necesarios para conservar, fortalecer y promover estos destinos.

Durante los últimos años, los pueblos mágicos han enfrentado diversas problemáticas como la ausencia de infraestructura, falta de mantenimiento, de promoción y/o de recursos para preservar sus espacios y atractivos, además de que, en el caso de algunos de ellos, también se han visto afectados por la violencia y el crimen organizado.

La reducción de recursos federales para su operación ha trasladado una mayor responsabilidad a los gobiernos estatales y municipales, mientras que las comunidades han tenido que sostener buena parte de sus esfuerzos mediante recursos propios y gestiones locales, generando una creciente brecha entre el reconocimiento que reciben y las condiciones reales en las que ofrecen sus bienes y servicios.

Esta situación evidencia la necesidad de recuperar una política nacional que no se limite a otorgar un distintivo, sino que garantice acompañamiento institucional, inversión, conservación y promoción permanente.

Los pueblos mágicos deben ser entendidos como motores de desarrollo regional y como patrimonio que requiere protección y fortalecimiento continuo, sólo que, aunque desde 2023 existen 177 de ellos, al haberse eliminado el programa desde el sexenio pasado por falta de aprobación de recursos para su fomento1 , se ha dejado en el abandono a las comunidades que dependen de su actividad turística, volviéndose más evidentes sus necesidades.2

Como consecuencia de ello, también se ha contribuido al deterioro de la infraestructura de estas comunidades, pese al atractivo turístico que representan.

Las principales carencias se observan en calles, edificios públicos y fachadas en mal estado, plazas públicas deterioradas, deficiente movilidad urbana y cableado expuesto, entre otros problemas, como antes ya se ha mencionado.

Cuando se creó el Programa de Pueblos Mágicos en 2001, la federación apoyaba a estos destinos mediante infraestructura, promoción turística y recursos destinados a los municipios para ser invertidos en estas localidades.

En el Presupuesto de Egresos de 2018, último de la administración de Enrique Peña Nieto, se destinaron más de 585 millones de pesos para este rubro, mientras que en el siguiente sexenio estos apoyos desaparecieron, tal como se puede apreciar de la siguiente forma:

Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los años señalados.

Ante esta situación, los alcaldes de los municipios de Tequila y Tapalpa, Diego Rivera y Antonio Morales, respectivamente, han expresado su preocupación por la falta de respaldo federal para atender las necesidades de estas localidades.3

Los pueblos mágicos, sin duda alguna, constituyen una de las principales expresiones del patrimonio turístico, cultural, histórico y natural de México.

Con este programa fue posible reconocer localidades cuya riqueza se encuentra en sus tradiciones, arquitectura, gastronomía, artesanías, festividades y recursos naturales, convirtiéndolas en destinos capaces de atraer visitantes nacionales y extranjeros, lo que también genera una importante derrama económica que fortalece a las comunidades y dinamiza el desarrollo de la región al beneficiar a pequeños comerciantes, artesanos, crear fuentes de empleo, directo e indirecto, crecen las cadenas de valor, se crean condiciones para atraer inversiones dando lugar a restaurantes, hoteles, entre otro tipo de prestación de servicios.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo en 2024, a pesar de que ha dejado de operar el Programa de Pueblos Mágicos, el sector turístico ha dejado 2 mil 372 billones de pesos a la economía nacional, es decir 8.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que también contribuye al crecimiento económico y desarrollo de esas localidades, además de que como parte de ello se considera que dentro de esa derrama económica se encuentra el ingreso de divisas a nuestro país generada por visitantes internacionales que estableció un récord histórico al registrar 30 mil 800 millones de dólares en 2023, lo que ha significado un incremento de 10 por ciento comparado con 2022, y 25.4 por ciento más que en 2019.4

Como ya se ha aludido anteriormente, México cuenta con 177 pueblos mágicos, que representan una parte fundamental de la diversidad turística del país y concentran una importante riqueza cultural y natural, pero debe destacarse que la Secretaría de Turismo reconoce que en estos destinos habitan más de 10.7 millones de personas y que en ellos se encuentran 18 sitios Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 19 zonas arqueológicas y 50 áreas naturales protegidas.5

Por lo que hace a Coahuila de Zaragoza, actualmente cuenta con 8 de ellos en Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Melchor Múzquiz, Parras de la Fuente, Viesca y General Cepeda, sólo que al igual que en todos los pueblos mágicos del país, sin la ministración de recursos también han sufrido el deterioro de su infraestructura, y se ha detenido el desarrollo económico de la región, desperdiciando la riqueza que tienen como un atractivo turístico tanto a nivel nacional, como internacional.

Por ello, la consolidación de estos destinos debe considerarse una herramienta de desarrollo regional y no únicamente una estrategia de promoción turística.

Asimismo, los pueblos mágicos cumplen una función esencial en la preservación de la identidad mexicana. Sus tradiciones, patrimonio arquitectónico, gastronomía, artesanías, festividades y expresiones culturales constituyen elementos que distinguen a cada comunidad y que, mediante una actividad turística ordenada, pueden convertirse en instrumentos para preservar y transmitir nuestro patrimonio a las nuevas generaciones. Fortalecer estos destinos significa también proteger la diversidad cultural que caracteriza a México.6

No obstante, la decisión de no realizar nuevos reconocimientos de pueblos mágicos durante 2025 y 2026, muestra que el Gobierno federal optó por detener la expansión del padrón y concentrarse en los destinos que ya cuentan con ello.

En marzo de 2026, la Secretaría de Turismo confirmó que no habría nuevos pueblos mágicos durante ese año, debido a que la prioridad sería consolidar los 177 existentes y evaluar sus condiciones de infraestructura, promoción y desarrollo.

Aunque actualmente existen alianzas entre dicha dependencia con una institución bancaria, con la idea dotar de una mayor capacidad financiera a los pueblos mágicos, son esfuerzos que, si bien tienen una buena finalidad, aun resultan insuficientes para fortalecer, desde una perspectiva económica, a estos destinos turísticos ubicados en comunidades y regiones.7

Por ello, resulta urgente fortalecer y retomar integralmente la operación del Programa Pueblos Mágicos como una política nacional de desarrollo turístico. No basta con conservar un distintivo; se requiere garantizar mecanismos de coordinación entre federación, estados, municipios, comunidades y sector privado para atender infraestructura, promoción, capacitación, conservación del patrimonio y generación de oportunidades económicas.

El fortalecimiento del programa debe partir de las necesidades reales de cada destino y establecer responsabilidades claras para evitar que las localidades queden sujetas exclusivamente a sus capacidades presupuestarias.8

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Turismo, en el ámbito de sus atribuciones, retome la operación integral del Programa Pueblos Mágicos, a fin de fortalecer y preservar estos destinos turísticos como instrumentos de desarrollo económico, cultural y regional en todo el país.

Notas

1 Consultado en https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/2024/aug/02/pueblos-magicos-un -sexenio-sin-recursos-federales-637964.html

2 Consultado en https://www.eluniversal.com.mx/cultura/entre-violencia-y-sin-recursos-p roliferan-pueblos-magicos/

3 Consultado en https://www.informador.mx/jalisco/Pueblos-Magicos-resienten-abandono-fe deral-20250716-0024.html

4 Consultado en https://www.concanaco.com.mx/turismo/notasdeinteres/asi-pintan-las-cosa s-para-el-turismo-en-mexico-en-2024

5 Consultado en https://www.gob.mx/sectur/articulos/24-aniversario-de-pueblos-magicos-e strategia-nacional-para-su-fortalecimiento-impulsa-nuevo-modelo-turisti co-con-prosperidad-compartida

6 Consultado en https://www.gob.mx/sectur/articulos/24-aniversario-de-pueblos-magicos-e strategia-nacional-para-su-fortalecimiento-impulsa-nuevo-modelo-turisti co-con-prosperidad-compartida

7 Consultado en https://www.gob.mx/sectur/articulos/mas-de-17-mil-negocios-turisticos-e n-los-pueblos-magicos-del-pais-dan-el-salto-digital-con-el-apoyo-de-la- estrategia-avanzamos-por-mexico

8 Consultado en https://www.gob.mx/sectur/es/articulos/sectur-concluye-primera-fase-de- estrategia-nacional-de-fortalecimiento-de-los-177-pueblos-magicos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2026.

Diputada Verónica Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a emitir una declaratoria de zona de desastre por sequía al estado de Guerrero y a implementar un programa de apoyos emergentes a pequeños productores agrícolas y ganaderos para el presente ciclo agrícola 2026, a cargo de la diputada Leticia Barrera Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Leticia Barrera Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a emitir una declaratoria de zona de desastre por sequía en el estado de Guerrero, y a implementar un programa de apoyos emergentes a pequeños productores agrícolas y ganaderos, para el presente ciclo agrícola 2026, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector agropecuario en el estado de Guerrero atraviesa una crisis estructural sin precedentes durante este año 2026. Las anomalías climáticas extremas, caracterizadas por una severa sequía prolongada combinada con periodos cortos de precipitaciones atípicas e inundaciones focalizadas, han devastado la capacidad productiva de la entidad. Esta situación afecta de manera directa la seguridad alimentaria y el sustento económico de miles de familias rurales.

Guerrero es históricamente un estado con alta dependencia de la agricultura de temporal, donde el maíz constituye no sólo el cultivo principal, sino la base de la dieta y la economía de subsistencia de las comunidades indígenas y rurales. Durante el presente ciclo agrícola 2026, la falta de lluvias regulares en las etapas críticas de floración y desarrollo del grano, sumada a las plagas derivadas del estrés hídrico, provocaron la pérdida de un alto porcentaje de la superficie sembrada. Los pequeños productores, quienes carecen de sistemas de riego tecnificado e infraestructura de almacenamiento, han quedado en una situación de total vulnerabilidad.

Por otra parte, la pequeña ganadería en la región –tanto bovina como caprina y porcina– enfrenta un escenario crítico. La escasez de agua ha secado los hatos y abrevaderos naturales, mientras que la falta de follaje y pastizales ha encarecido drásticamente el alimento para los animales. Esto ha derivado en una pérdida acelerada de peso en el ganado, un incremento en los índices de mortandad y la venta desesperada de activos productivos a precios muy por debajo de su valor real de mercado, descapitalizando a las familias ganaderas.

De acuerdo con información de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Guerrero, así como reportes derivados de verificaciones de campo realizadas durante agosto y septiembre de 2026, la sequía ha provocado afectaciones severas a la producción agropecuaria de la entidad.

Superficie agrícola siniestrada

• 29 mil 433 hectáreas presentan afectaciones por sequía en 24 municipios del estado.

• De ellas, aproximadamente:

- 20 mil 521 hectáreas registran pérdida total , y

- 8 mil 912 hectáreas presentan pérdidas parciales .

• Más de 90 por ciento de la superficie afectada corresponde al cultivo de maíz , además de daños en calabaza y cacahuate.

Productores agrícolas afectados

• Las verificaciones preliminares reportan 13 mil 138 productores agrícolas afectados en 24 municipios.

• La Sader ha señalado que esta cifra podría incrementarse conforme avance el levantamiento de información en los municipios restantes.

Municipios afectados

• El Monitor de Sequía de México identificó 70 municipios de Guerrero con afectaciones por escasez de lluvias, de los cuales:

- 20 municipios se encuentran en categoría de sequía moderada.

- 50 municipios presentan condición anormalmente seca.

Productores ganaderos afectados

No existe todavía un censo oficial consolidado para el sector pecuario; sin embargo, considerando que la sequía afecta extensas áreas de pastizales y agostaderos en las regiones norte, Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande, se estima que entre 8 mil y 15 mil productores ganaderos podrían registrar afectaciones por falta de forraje, disminución de disponibilidad de agua y pérdida de peso del hato. Esta cifra es una estimación técnica derivada de la cobertura territorial de la sequía y está sujeta a validación oficial.

Asimismo, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) , estima una pérdida total bajo financiamiento social: 11 mil 285 hectáreas registradas con pérdida total absoluta dentro del padrón oficial.

Es de destacar que productores y organizaciones campesinas en el estado de Guerrero pidieron a las autoridades competentes que la entidad sea declarada como zona de desastre, por la sequía de esta temporada de lluvias, la cual provocará que miles de hectáreas de maíz no sean cosechadas.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, los representantes de las organizaciones campesinas advirtieron sobre graves afectaciones al campo guerrerense, así como a la economía en general en el estado, al existir una problemática tan grande como la falta de maíz, que se extenderá hasta 2027.

De acuerdo con los lideres campesinos, en el estado hay alrededor de 350 mil productores de maíz que siembran alrededor de 500 mil hectáreas , y este es el panorama de afectación.

Quiero destacar que este año desde su inicio, hubo razones para mirar con atención las señales climáticas que todavía eran inciertas, en abril, el Servicio Meteorológico Nacional estimaba una probabilidad de 61 por ciento de que El Niño apareciera entre mayo y julio. Con las primeras advertencias llegaron también los titulares sobre un supuesto “súper Niño”, una expresión llamativa, pero no una categoría científica. En agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) elevó a más de 90 por ciento la probabilidad de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026 y 2027.

En nuestro país, sin embargo, ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), emitieron una alerta temprana, no sólo regional, si no nacional, para que las entidades federativas también estuvieran atentas y previeran posibles afectaciones en sus campos agrícolas, ganaderos y pesquería.

Destaca que el Servicio Meteorológico Nacional ya estimaba derivado de este fenómeno de Super Niño, el país se dividiría en dos:

Primero: en el Centro, Sur y Sureste, se espera un verano más seco de lo normal, con lluvias por debajo del promedio.

Segundo: El norte del país vivirá un invierno húmedo, con más frentes fríos y tormentas invernales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), define que esto es derivado de combinarse la fuerza de El Niño con el Calentamiento Global, por lo que los calores y otros trastornos climatológicos serán fuertes en 2026, pero mucho más en 2027.

El marco legal e institucional actual mandata al Estado mexicano a garantizar el desarrollo rural sustentable y a proveer esquemas de atención oportuna ante desastres naturales que pongan en riesgo la soberanía alimentaria. Sin embargo, la desaparición de fondos catastróficos previos deja a los estados dependientes de las declaratorias y programas que la federación articule de manera emergente.

Ante este panorama, resulta urgente e inaplazable que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), intervenga activamente mediante instrumentos jurídicos y presupuestales específicos. Emitir la Declaratoria de Zona de Desastre y diseñar un fondo de rescate exclusivo para el ciclo 2026 permitirá mitigar la marginación, contener la migración forzada y evitar una hambruna en las zonas de mayor rezago social de Guerrero.

Destaco que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 129 que el Gobierno federal contará con un fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas y que, con participación de las entidades federativas, se apoyará a los productores afectados para atender los efectos negativos y reincorporarlos a la actividad productiva. Los artículos 130, 131 y 133 complementan este marco con medidas de reducción de vulnerabilidad, prevención y apoyo ante contingencias.

Asimismo, las autoridades competentes deberán fortalecer las acciones y obras de prevención y resiliencia frente a la sequía, incluyendo captación y almacenamiento de agua, eficiencia hídrica, manejo de suelo y medidas de reconversión productiva en regiones de afectación recurrente, conforme a las disposiciones aplicables.

Lo anterior permite resaltar los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, siendo el Estado el garante de su pleno cumplimiento.

Segundo. Que el artículo 27, fracción XX, de la propia Carta Magna establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

Tercero. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estipula la obligación de los tres niveles de gobierno de coordinar acciones para enfrentar contingencias climatológicas que afecten las actividades agropecuarias, protegiendo prioritariamente a los productores de pequeña escala y de zonas de alta marginación.

Cuarto. Que, durante el año 2026, las evaluaciones de comités ejidales y organizaciones locales en el estado de Guerrero confirman afectaciones severas e irreversibles en los cultivos principalmente de maíz, frijol y hortalizas, estimando pérdidas generalizadas que superan los umbrales manejables por los seguros agrícolas comerciales contratados individualmente.

Quinto. Que la ganadería guerrerense carece de forraje suficiente debido al impacto climático en las tierras de pastoreo, lo que configura una emergencia sanitaria y económica que requiere subsidios directos para la adquisición de suplementos alimenticios, melaza y la perforación urgente de pozos comunitarios.

Sexto. Que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Confederación Nacional Campesina (CNC), reafirman su compromiso histórico con las causas campesinas y considera indispensable la activación de los mecanismos de rescate del Gobierno federal para impedir la quiebra financiera del agro guerrerense.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita a la brevedad la Declaratoria de Zona de Desastre por sequía para el sector agropecuario en el estado de Guerrero, derivado de las graves afectaciones climatológicas sufridas durante el presente año 2026.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que implemente, coordine y ejecute un programa de apoyos emergentes directos a pequeños productores agrícolas y ganaderos del estado de Guerrero, para el presente ciclo agrícola.

Fuentes y referencias bibliográficas

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 4o. y 27, fracción XX. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículos 129, 130, 131 y 133, y demás correlativos a regulaciones sobre contingencias climatológicas y protección a la producción agropecuaria.

- Servicio Meteorológico Nacional (SMN) / CONAGUA (2026). Reportes de Monitoreo de Sequía en México y Anomalías de Precipitación en la Región Pacífico Sur*.

- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) (2026). Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera: Delegación Estatal Guerrero.

- Reglamento de la Cámara de Diputados. Artículos 6 y 79 aplicables a la presentación de Proposiciones con Punto de Acuerdo.

- Ley General de Protección Civil: disposiciones relativas a la gestión integral de riesgos y al reconocimiento de la sequía como fenómeno hidrometeorológico.

- Reportes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2026.

Diputada Leticia Barrera Maldonado (rúbrica)