Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a considerar la viabilidad de diseñar e implementar una estrategia nacional de salud del sueño, orientada a la promoción, prevención, detección y atención oportuna de los trastornos del sueño en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Las alteraciones del sueño comprenden diversos padecimientos, entre ellos el insomnio, los trastornos respiratorios del sueño —como el síndrome de apnea obstructiva del sueño—, los trastornos del ritmo circadiano, las parasomnias, la narcolepsia y otros trastornos relacionados con el sueño.

La relevancia sanitaria de estos padecimientos se debe a sus efectos directos sobre la calidad de vida, el funcionamiento cotidiano y la salud física y mental. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones reconoce que los trastornos del sueño pueden manifestarse mediante dificultades para iniciar o mantener el sueño, somnolencia excesiva, alteraciones de los horarios de descanso y otras manifestaciones que requieren valoración y, en su caso, atención médica especializada (Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones [Conasama], 2023).

En consecuencia, la promoción de hábitos saludables de sueño y la prevención, detección y atención oportuna de sus trastornos son compatibles con el enfoque preventivo previsto por nuestro marco sanitario.

Magnitud del problema en México

La dimensión del problema puede observarse a partir de evidencia epidemiológica disponible.

Un análisis realizado con información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 encontró que, entre la población adulta mexicana, 48.5 por ciento reportó ronquido, 36.9 por ciento dificultad para dormir y 18.8 por ciento insomnio . Asimismo, 27.3 por ciento presentó un riesgo elevado de síndrome de apnea obstructiva del sueño ,mientras que 28.4 por ciento declaró dormir menos de siete horas por noche (Guerrero-Zúñiga et al., 2018).

Estos resultados muestran que las alteraciones relacionadas con el sueño no son fenómenos aislados o excepcionales, sino condiciones que afectan a una proporción importante de la población.

Los datos más recientes confirman que el sueño insuficiente continúa siendo un problema de salud pública. De acuerdo con la Ensanut 2022, 30.7 por ciento de las personas adultas y 51.6 por ciento de las personas adultas mayores no cumplían con las recomendaciones de duración del sueño correspondientes a su edad . En la población adolescente de 15 a 19 años, la proporción con sueño inadecuado aumentó de 21.7 por ciento en 2012 a 34.8 por ciento en el periodo 2022-2024 , lo que muestra que el problema comienza desde etapas tempranas de la vida.

El contexto epidemiológico nacional puede incrementar todavía más la población en riesgo. La Ensanut Continua 2023 reportó que 37.3 por ciento de las personas adultas tenía sobrepeso y 38.9 por ciento obesidad , es decir, poco más de tres de cada cuatro presentaban exceso de peso. Estas condiciones, junto con la hipertensión, la diabetes, la edad y determinadas características anatómicas, se encuentran asociadas con una mayor probabilidad de desarrollar apnea obstructiva del sueño.

A pesar de su magnitud, este padecimiento continúa subdiagnosticado. En 2026, el Servicio de Medicina del Sueño del INER informó que realiza anualmente más de cinco mil consultas y dos mil estudios especializados , al tiempo que reconoció que la apnea obstructiva del sueño todavía presenta un importante problema de subdiagnóstico.

La apnea obstructiva del sueño merece especial atención debido a su relación con otros problemas de salud. En el mismo estudio se observó una mayor frecuencia de riesgo elevado de apnea entre personas con hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad y otros factores asociados (Guerrero-Zúñiga et al., 2018).

Esto es relevante para México debido a la elevada prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. Por ello, fortalecer la detección de los trastornos del sueño puede contribuir a una atención más integral de las personas que viven con enfermedades cardiometabólicas.

Situación de niñas, niños y adolescentes requiere especial atención

La evidencia más reciente disponible permite identificar un segundo grupo prioritario: la población adolescente.

El análisis de datos de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición correspondientes a 2012, 2018 y 2022-2024 identificó un incremento importante en la proporción de adolescentes mexicanos con sueño inadecuado.

Durante el periodo 2022-2024, 34.8 por ciento de los adolescentes presentaron sueño inadecuado , frente a 21.7 por ciento registrado en 2012, lo que representa un incremento de 13.1 puntos porcentuales en poco más de una década (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2025).

Estos resultados constituyen una alerta para las políticas de prevención, debido a que la adolescencia es una etapa determinante para el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional. El sueño inadecuado se encuentra asociado con una menor regulación emocional, deterioro de las funciones cognitivas y del rendimiento académico, así como con prácticas alimentarias poco saludables.

Desde el ámbito institucional, deben considerarse acciones de educación para la salud, promoción de hábitos de sueño saludables, uso responsable de pantallas, identificación temprana de señales de alerta y establecimiento de mecanismos de orientación y referencia. También resulta pertinente capacitar al personal de salud y a las comunidades educativas para reconocer manifestaciones como insomnio persistente, somnolencia diurna excesiva, ronquido intenso o pausas respiratorias durante el sueño.

En este sentido, una Estrategia Nacional de Salud del Sueño podría incorporar un componente específico dirigido a la población adolescente, articulado con las políticas de promoción de la salud, salud mental, prevención de enfermedades crónicas y bienestar escolar . Este componente debería incluir acciones coordinadas entre los sectores salud y educativo, materiales informativos para estudiantes y familias, protocolos de detección y referencia, así como indicadores que permitan monitorear periódicamente la duración y calidad del sueño en este grupo de población.

El sueño, salud mental y enfermedades crónicas

La salud del sueño mantiene una relación estrecha con otros componentes prioritarios de la salud pública. La Conasama señala que los trastornos del sueño pueden presentarse conjuntamente con problemas de salud mental y otras condiciones médicas (Conasama, 2023).

México ha identificado asociaciones entre el riesgo de apnea obstructiva del sueño y factores como hipertensión, sobrepeso y obesidad (Guerrero-Zúñiga et al., 2018).

Por ello, abordar la salud del sueño de manera aislada representaría desaprovechar una oportunidad para fortalecer políticas públicas. Una estrategia nacional podría incorporar la salud del sueño dentro de las acciones preventivas dirigidas a personas con enfermedades crónicas, focalizando a aquellas con factores de riesgo para apnea obstructiva del sueño.

Asimismo, podría fortalecer la identificación de alteraciones del sueño entre personas que presentan síntomas relacionados con ansiedad, depresión u otras condiciones de salud mental, sin sustituir los procesos diagnósticos correspondientes.

Es importante señalar que México cuenta con herramientas clínicas para atender los trastornos del sueño. El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud cuenta con Guías de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en adultos, así como una guía específica para el diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño en población pediátrica y adulta.

La Guía de Práctica Clínica para los trastornos del sueño en el adulto contempla, entre otros padecimientos, insomnio, trastornos respiratorios del sueño, somnolencia diurna excesiva, trastornos del movimiento relacionados con el sueño y alteraciones del ritmo circadiano (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud [Cenetec], 2022).

Asimismo, la guía correspondiente al síndrome de apnea obstructiva del sueño contempla la identificación de factores de riesgo, signos y síntomas, valoración de probabilidad diagnóstica, referencia y tratamiento (Cenetec, 2021).

Por tanto, la presente propuesta no pretende sustituir ni duplicar las Guías de Práctica Clínica existentes .

Proponemos fortalecer su aplicación dentro de una política pública que permita vincular la promoción de la salud, prevención, detección temprana, referencia, atención, capacitación e información epidemiológica.

El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 establece entre sus objetivos mejorar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, incrementar la calidad y capacidad resolutiva de los servicios de salud y reducir las brechas de atención existentes en la población.

Dentro de este marco, una política nacional relacionada con la salud del sueño podría incorporarse como una acción transversal de prevención y atención.

Por ello, una Estrategia Nacional de Salud del Sueño podría estructurarse, al menos, en los siguientes componentes:

1. Promoción de la salud del sueño, mediante campañas y acciones de educación para la salud.

2. Prevención de los trastornos del sueño, con énfasis en factores de riesgo modificables.

3. Detección temprana, particularmente desde el primer nivel de atención.

4. Referencia y atención oportuna, conforme a las Guías de Práctica Clínica vigentes.

5. Atención diferenciada de adolescentes, mediante acciones coordinadas entre las autoridades sanitarias y educativas.

6. Vinculación con las políticas de salud mental y enfermedades crónicas no transmisibles.

7. Capacitación del personal de salud para fortalecer la identificación y referencia de casos.

8. Fortalecimiento de la información epidemiológica, incorporando indicadores relacionados con duración, calidad y principales trastornos del sueño en los instrumentos de información sanitaria que resulten pertinentes.

9. Evaluación de resultados, mediante indicadores que permitan medir avances en promoción, detección, referencia y atención.

Por el contrario, se propone que la autoridad sanitaria competente evalúe la viabilidad de una estrategia que aproveche las capacidades institucionales existentes y que, en su caso, determine los mecanismos, recursos, indicadores y acciones necesarios para su implementación.

En consecuencia, la salud del sueño debe ser entendida como un componente de la salud integral y no únicamente como una cuestión de hábitos personales .

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, considere la viabilidad técnica, operativa y presupuestaria de diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Salud del Sueño, orientada a fortalecer las acciones de promoción, prevención, detección temprana, referencia y atención oportuna de los principales trastornos del sueño en México, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, así como en personas que presenten factores de riesgo o enfermedades crónicas asociadas, y que contemple mecanismos de capacitación, generación de información epidemiológica, coordinación interinstitucional y evaluación de resultados.

Bibliografía

• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Ley General de Salud. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2015). Reglamento de la Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados.pdf

• Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. (2021). Diagnóstico y tratamiento del síndrome de apnea obstructiva del sueño en población pediátrica y adulta en el primer y segundo nivel de atención: Guía de Práctica Clínica. Secretaría de Salud.

• Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. (2022). Diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en el adulto: Guía de Práctica Clínica. Secretaría de Salud.

• Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. (2023). Trastornos del sueño. Gobierno de México. https://www.gob.mx/conasama/articulos/trastornos-del-sueno-344894

• Gobierno de México. (2025). Programa Sectorial de Salud 2025-2030. Diario Oficial de la Federación.

• Guerrero-Zúñiga, S., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., Torre-Bouscoulet, L., Reyes-Zúñiga, M., Shamah-Levy, T., & Pérez-Padilla, J. R. (2018). Prevalencia de síntomas de sueño y riesgo de apnea obstructiva del sueño en México. Salud Pública de México, 60(3), 347–355. https://doi.org/10.21149/9280

• Instituto Nacional de Salud Pública. (2025). Actividad física, comportamiento sedentario y sueño en adolescentes. Salud Pública de México, 67(6).

• Secretaría de Salud. (2025). Dirección de Desarrollo e Integración de Medicina Basada en la Evidencia. Gobierno de México.

• Secretaría de Salud. (2026, 27 de febrero). Servicio de Medicina del Sueño del INER se consolida como referente en la atención a trastornos del sueño con más de 5 mil atenciones al año. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/articulos/servicio-de-medicina-del-sueno-del-i ner-se-consolida-como-referente-en-la-atencion-a-trastornos-del-sueno-c on-mas-de-5-mil-atenciones-al-ano

Palacio Legislativo, a de septiembre de 2026.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, a transparentar y reforzar la operación de las redes generales de distribución a nivel nacional, fiscalizar los contratos de mantenimiento y tercerización, y agilizar los mecanismos de indemnización a los usuarios afectados por corte o variación de voltaje, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta retos estructurales significativos en sus Redes Generales de Distribución (RGD) y líneas de transmisión. De acuerdo con el Programa de Desarrollo CFE 2026-2030, el SEN atiende a cerca de 49.8 millones de usuarios en todo el territorio nacional a través de 908,195 kilómetros de redes de distribución y más de 1.7 millones de transformadores.

A pesar de los incrementos operacionales registrados, la concentración geográfica del consumo y las olas térmicas estivales imponen niveles de estrés operativo sobre las subestaciones y alimentadores de alta y media tensión en diversas zonas del país. Si bien los indicadores institucionales señalan una reserva operativa promedio en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) por encima del límite mínimo de seguridad de 6 por ciento, durante los picos de demanda estival o contingencias climáticas el Margen de Reserva Operativa (MRO) registra caídas críticas.

Esto obliga al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a instrumentar Estados Operativos de Alerta y Emergencia, derivando en tiro de carga o interrupciones focalizadas. La falta de renovación oportuna de transformadores obsoletos, el desgaste de cableado y la saturación de nodos de transformación constituyen un cuello de botella que impacta directamente la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico en los sectores residencial, comercial e industrial.

De conformidad con el marco normativo vigente publicado en las leyes del sector eléctrico y en la Ley de la Empresa Pública del Estado CFE, la planeación nacional del SEN recae con carácter vinculante en la Secretaría de Energía (Sener). A su vez, el Plan de Expansión CFE 2026-2030 ha contemplado un techo presupuestal asignado al rubro de distribución de aproximadamente $51,770 millones de pesos para ser ejecutados a través de cuatro programas principales:

• Construcción de 97 nuevas subestaciones eléctricas.

• Ampliación de capacidad en 95 subestaciones operativas.

• Modernización de redes generales de distribución y digitalización de infraestructura de seccionamiento.

• Proyectos de electrificación bajo el principio de justicia energética.

No obstante la presupuestación de dichos fondos, los diagnósticos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las operaciones de CFE Distribución han evidenciado subejercicios, retrasos en la sustitución física de transformadores y desviaciones entre los montos asignados para mantenimiento preventivo y los efectivamente erogados.

Esta divergencia fomenta el incremento de pérdidas no técnicas de energía y dilata la modernización técnica de las redes en las 8 Gerencias de Control Regional del Cenace.

Para suplir las contingencias operativas a nivel nacional, la CFE recurre periódicamente a la adjudicación de contratos de obra pública, arrendamiento y servicios de mantenimiento correctivo a empresas privadas.

Es fundamental transparentar dichos contratos para verificar el debido cumplimiento del gasto público, los estándares de calidad del servicio prestado por contratistas y asegurar que los recursos de inversión asignados repercutan en la disminución sostenida del tiempo promedio de interrupción por usuario.

Los cortes imprevistos y las variaciones extremas de voltaje provocan afectaciones directas a la economía familiar y a las PyMES mediante la avería o quema de electrodomésticos y maquinaria.

Actualmente, el procedimiento de reclamo ante CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para obtener la restitución o indemnización por daños a equipos resulta burocrático y costoso para el usuario. Resulta indispensable reestructurar e interconectar digitalmente este proceso administrativo para fijar plazos expeditos de respuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a incluir en el Programa Anual de Auditorías una revisión especial e integral a los contratos de obra pública, contratación de servicios y mantenimiento preventivo y correctivo ejecutados por CFE Distribución con terceros a nivel nacional durante los ejercicios fiscales 2022 a 2026, con el objeto de fiscalizar el ejercicio de los recursos asignados, verificar el cumplimiento de las metas físicas de sustitución de transformadores y delimitar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Energía (Sener), al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a publicar y transparentar los avances de ejecución física y financiera de los $51,770 millones de pesos destinados a la Red General de Distribución en el Plan de Expansión CFE 2026-2030, desglosando el calendario de construcción y ampliación de las 192 subestaciones eléctricas proyectadas, así como las acciones prioritarias para garantizar la estabilidad operativa del Sistema Interconectado Nacional durante los periodos de mayor demanda estival.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) a modernizar, simplificar y digitalizar el procedimiento de recepción de solicitudes de indemnización por daños a aparatos electrodomésticos, equipos médicos e industriales causados por variaciones de voltaje u oscilaciones en la red, estableciendo un plazo máximo de resolución y pago de 10 días hábiles a partir de la radicación del reporte por parte del usuario afectado.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los días del mes de septiembre de 2026.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo federal, a la CFE, a la Sener y al Cenace a implementar de manera inmediata un Programa Nacional de Modernización, Ampliación y Mantenimiento de las Redes de Transmisión y Distribución Eléctrica, a fin de fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, reducir las variaciones de voltaje y prevenir los apagones recurrentes que afectan a millones de usuarios en el país, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

Con la entrada en vigor del marco legal de la industria eléctrica y la reestructuración constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la promulgación de la Ley de la Empresa Pública del Estado CFE (LEPE CFE), la Ley del Sector Eléctrico (LSE) y el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese 2025-2040), se consolidó la reintegración vertical de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresa Pública del Estado.

El Estado ejerce la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con carácter vinculante a través de la Secretaría de Energía (Sener), el control operativo mediante el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la prestación exclusiva del servicio público en las áreas estratégicas de Transmisión y Distribución. Sin embargo, la garantía constitucional de continuidad, eficiencia, calidad, seguridad y accesibilidad del servicio eléctrico exige la ejecución oportuna de inversiones en infraestructura para responder al incremento de la demanda nacional.

• Capacidad instalada y balance del Sistema Eléctrico Nacional

A nivel nacional, el SEN cuenta con una capacidad instalada de 91,073 MW. La CFE opera directamente el 51.1 por ciento de la capacidad (46,560 MW), alcanzando un 57.2 por ciento de participación de generación efectiva si se consideran las centrales adquiridas por el Fonadin.

A continuación, se detalla la composición de la matriz nacional por tecnología:

Matriz de capacidad instalada nacional (91,073 MW)

• Operación, demanda y márgenes de reserva operativa

• Demanda máxima e inyección: en el último periodo de análisis, la inyección neta alcanzó 353,820 GWh, con una demanda máxima integrada en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 52,945 MW (alcanzada durante los picos de verano).

• Margen de reserva operativa (MRO): durante los periodos de máxima exigencia térmica, el MRO disminuyó a un nivel crítico de 9.69 por ciento. Si bien se mantuvo por encima del umbral normativo mínimo del 6 por ciento para evitar colapsos generalizados (Estado Operativo de Alerta), evidencia la fragilidad de la red ante contingencias, olas de calor extremas o fallas en el suministro de combustibles.

• Infraestructura físico-operativa: la Red Nacional de Transmisión (RNT) cuenta con 111,195 kilómetros de líneas, mientras que las Redes Generales de Distribución (RGD) suman 908,195 kilómetros. Pese a que el tiempo de interrupción por usuario se ubicó en 10.36 minutos, la recurrencia de disparos, libranzas no programadas y caídas de tensión (variaciones de voltaje) impacta gravemente a la industria local, comercios y zonas residenciales.

• Caso regional de análisis y evidencia: estado de Coahuila y Gerencia de Control Regional Norte

El estado de Coahuila, inserto en la Gerencia de Control Regional (GCR) Norte (la cual aporta el 9.47 por ciento de la generación nacional), representa un caso emblemático de los riesgos que corre la competitividad industrial y el bienestar social por la falta de infraestructura de transmisión y distribución:

1. Impacto por estrés térmico e industrial (nearshoring): Coahuila experimenta altas demandas energéticas derivadas de las temperaturas extremas en la región carbonífera, fronteriza y laguna, sumadas a la alta concentración del sector manufacturero y metalúrgico. La falta de capacidad de transformación en subestaciones locales provoca caídas constantes de tensión y apagones parciales.

2. Brecha de capacidad de red vs. demanda industrial: a pesar de que la región norte es receptora estratégica de inversiones por relocalización de cadenas de suministro (Nearshoring), las líneas de transmisión locales operan cerca de su límite técnico. Esto genera cuellos de botella que impiden la interconexión rápida de nuevos parques industriales y causan disparos automáticos de protección en circuitos sobrecargados.

3. Afectación agrícola y social: en las zonas rurales de Coahuila, las fluctuaciones de voltaje dañan continuamente los sistemas de bombeo de agua para riego, pozos de agua potable para municipios y equipos de refrigeración industrial y comercial, sin que los usuarios cuenten con mecanismos ágiles de indemnización por parte de las autoridades competentes.

• Integración técnica del Programa de Desarrollo CFE (2026-2030) y Pladese para resolver la crisis de infraestructura a nivel nacional y en regiones de alta exigencia como Coahuila, el Poder Ejecutivo federal y la CFE diseñaron el Programa de Desarrollo CFE 2026-2030 y el Plan de Expansión del Sector Eléctrico. La presente proposición evalúa y exige la aceleración de dichos instrumentos presupuestales y operativos:

Fuente: Datos extraídos del Programa de Desarrollo CFE 2026-2030 y Pladese)

A pesar de que estos planes proyectan llevar el margen de reserva operativa al doble para el año 2030 y aumentar la generación limpia de la CFE al 34 por ciento, la ejecución física y financiera registra retrasos en proyectos de infraestructura clave. Por ello, resulta imperativo que la Cámara de Diputados ejerza sus facultades de fiscalización, control presupuestario y evaluación para garantizar que los recursos destinados a la RNT y RGD se ejecuten prioritariamente en las zonas con mayor riesgo de colapso operativo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen de manera inmediata un Programa Nacional de Modernización, Ampliación y Mantenimiento de las Redes de Transmisión y Distribución Eléctrica, a fin de fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, reducir las variaciones de voltaje y prevenir los apagones recurrentes que afectan a millones de usuarios en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de Energía (Sener) a instruir la ejecución prioritaria de los proyectos de infraestructura de transmisión y distribución asignados a la Gerencia de Control Regional Norte, con especial énfasis en el estado de Coahuila, ampliando la capacidad de transformación en subestaciones saturadas y fortaleciendo los circuitos de distribución que abastecen a los parques industriales, zonas agrícolas y centros urbanos de la entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Energía (Sener), al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, en un plazo no mayor a 30 días naturales, den a conocer a la opinión pública:

• El estado operativo y grado de saturación de los nodos de la Red Nacional de Transmisión a nivel nacional, especificando los puntos críticos en el estado de Coahuila. El avance físico y financiero de los 175 proyectos de Transmisión y los 4 programas de Distribución proyectados en el Programa de Desarrollo CFE 2026-2030.

• La bitácora de los Estados Operativos de Alerta y Emergencia declarados en el SEN durante el último año, especificando las causas y los márgenes de reserva operativa registrados.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a simplificar, digitalizar y agilizar los procedimientos administrativos de reclamo e indemnización por daños a equipos e instalaciones eléctricas de usuarios domésticos, comerciales, agrícolas e industriales, causados por variaciones de voltaje, caídas de tensión y apagones imputables a fallas en las Redes Generales de Distribución.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los días del mes de septiembre de 2026.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar los estudios técnicos necesarios y, en su caso, la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica aplicable a los municipios de la Comarca Lagunera del estado de Coahuila de Zaragoza, ante las temperaturas extremas oficialmente registradas en la región, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comarca Lagunera del estado de Coahuila de Zaragoza enfrenta condiciones térmicas de extrema severidad que sobrepasan con creces la media nacional. De acuerdo con los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 19 de junio de 2023 se documentó en el municipio de Torreón una temperatura histórica de 45.7 °C, superando las marcas térmicas de años anteriores.

Asimismo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirman que en la región se han acumulado más de 40 días anuales con temperaturas iguales o superiores a los 40 °C, registrando incluso rachas de hasta 22 días consecutivos rebasando dicho umbral crítico [cite: 1]. Estudios elaborados por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelan un incremento sostenido de al menos 1.2 °C en la temperatura media anual de la región en las últimas dos décadas.

Es importante resaltar que la lucha por una tarifa eléctrica justa para las familias de la Comarca Lagunera no es una causa nueva, sino un compromiso histórico y permanente. Durante los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, un servidor propuso de manera consecutiva e incansable diversos puntos de acuerdo en este mismo sentido legislativo. Fue precisamente en el año 2002, durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada, que se logró la reclasificación de la tarifa eléctrica de la 1B a la 1C para la región, un avance significativo que alivió en su momento la economía de miles de familias laguneras.

Sin embargo, a más de dos décadas de aquel logro histórico, los efectos severos del cambio climático han alterado drásticamente los patrones meteorológicos de la zona. El aumento global de las temperaturas y la intensificación de las olas de calor en la Comarca Lagunera hacen totalmente obsoleto el esquema tarifario vigente. Frente a la nueva realidad climática y ambiental, resulta apremiante y absolutamente necesario emprender una nueva reclasificación tarifaria que proteja el ingreso de los hogares.

Esta realidad no se circunscribe únicamente a Torreón. En los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros y Viesca, los reportes de Conagua y de la Subsecretaría de Protección Civil del gobierno del estado de Coahuila han registrado picos térmicos que oscilan entre los 45 °C y los 47.8 °C .

Bajo estas condiciones de calor extremo agravadas por el cambio climático, el uso de sistemas de enfriamiento, aire acondicionado y refrigeración no constituye un bien de lujo ni un consumo suntuario; representa una necesidad básica de subsistencia y un determinante de salud pública, indispensable para prevenir golpes de calor, deshidratación y complicaciones severas en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con padecimientos crónico-degenerativos.

El marco regulatorio del suministro eléctrico establece que la asignación de las tarifas domésticas subsidiadas (1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) debe corresponder a la temperatura media mensual alcanzada durante el semestre más cálido del año en cada localidad.

Actualmente, de los cinco municipios coahuilenses que integran la Comarca Lagunera:

Torreón: Cuenta con la aplicación de esquemas de subsidio de verano correspondientes a la tarifa 1F.

Matamoros, San Pedro, Viesca y Francisco I. Madero: A pesar de experimentar idénticas o superiores sensaciones térmicas y registros meteorológicos extremos, se mantienen en clasificaciones tarifarias inferiores que no reflejan su realidad climática actual.

Esta distorsión provoca que la demanda natural e inevitable de energía eléctrica dispare el consumo promedio mensual de los hogares [cite: 1]. Conforme al modelo de cálculo de promedio móvil anual, cientos de familias laguneras son reclasificadas automáticamente a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).

La Tarifa DAC elimina la totalidad de los subsidios gubernamentales y aplica una cuota fija y un costo único por kilowatt-hora significativamente más alto, lo que incrementa el importe de los comprobantes de pago de las familias hasta entre 5 y 15 veces respecto al esquema ordinario [cite: 1]. Se penaliza así el consumo familiar por razones puramente estructurales y climatológicas ajenas al control de las y los usuarios.

A raíz de la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, así como la expedición de la Ley del Sector Eléctrico (18 de marzo de 2025) y su Reglamento (3 de octubre de 2025):

Se dotó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) de las atribuciones para aplicar las metodologías de cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico, en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del grupo de coordinación institucional.

Se consagró reglamentariamente el Principio de Justicia Energética, el cual faculta expresamente a la Sener para promover mecanismos, tarifas especiales y ajustes en atención a condiciones socioeconómicas y climatológicas particulares de las regiones del país.

Existen antecedentes institucionales viables e idénticos en su causa. En diciembre de 2025, el gobierno del estado de Tamaulipas, mediante la gestión coordinada ante la CFE y la SHCP, logró la reclasificación tarifaria para municipios como Abasolo, González, Güémez, El Mante y Padilla (migrando de tarifas 1C a 1D, y de 1D a 1E) en reconocimiento de sus altas temperaturas.

Si el Estado mexicano reconoce el impacto térmico en otras latitudes de la República, resulta plenamente justificado y conforme a derecho aplicar el mismo criterio técnico para la Comarca Lagunera de Coahuila.

La rectificación en la clasificación tarifaria beneficiará directamente a una población de 1,019,564 habitantes en la región lagunera coahuilense (Inegi):

Asimismo, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), la Zona Metropolitana de La Laguna concentra más de 52,626 unidades económicas que dinamizan la industria metalmecánica, textil, agroalimentaria y de manufactura de exportación [cite: 1]. Apoyar la economía doméstica e impedir la migración injustificada hacia tarifas de alto costo repercutirá positivamente en el ingreso familiar, la capacidad de consumo y la competitividad regional.

Por las razones antes expuestas, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones y con fundamento en la Ley del Sector Eléctrico y los principios de Justicia Energética, efectúen los estudios técnicos de medición térmica media mensual en los municipios de Torreón, Matamoros, San Pedro, Viesca y Francisco I. Madero, del estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de evaluar y dictaminar la reclasificación de la tarifa eléctrica doméstica aplicable en dicha región .

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Energía para que, a través del grupo de coordinación previsto en la legislación eléctrica, analicen la viabilidad presupuestal e instrumenten los ajustes necesarios en la estructura tarifaria del suministro básico para los municipios de la Comarca Lagunera coahuilense, tomando como referencia técnica el precedente de reclasificación tarifaria implementado en el estado de Tamaulipas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad (suministrador de servicios básicos) a hacer pública, en un plazo no mayor a 30 días naturales y garantizando la protección de datos personales, la información estadística sobre el número de usuarios domésticos reclasificados a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) en los municipios de Torreón, Matamoros, San Pedro, Viesca y Francisco I. Madero, a efecto de dimensionar el impacto socioeconómico y diagnosticar integralmente la problemática regional.

Salón de Sesiones de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los días del mes de septiembre de 2026.

Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)