Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena y a la empresa de participación estatal mayoritaria denominada “Tren Maya, SA de CV”, sectorizada a dicha dependencia de la Administración Pública Federal, a realizar las acciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del transporte “Tren Maya” y la seguridad de las personas usuarias del mismo, a cargo del diputado Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Puebla a fortalecer las acciones, mecanismos e instrumentos institucionales destinados a ampliar la participación de las Juntas Auxiliares en los procesos de planeación, programación, instrumentación y seguimiento de las políticas públicas, así como el ejercicio directo de los recursos públicos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y al de las entidades federativas a fortalecer de manera coordinada, acciones orientadas a identificar, atender y prevenir el delito de extorsión que afecta el patrimonio, la tranquilidad y la seguridad de las familias y las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como el funcionamiento de comercios y la producción de alimentos y materias primas a través de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y al gobierno del estado de Puebla a dar seguimiento a la situación laboral de las personas trabajadoras de Volkswagen de México y a promover mecanismos de diálogo que contribuyan a mitigar las afectaciones laborales y preservar las fuentes de empleo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, a la Sader y al gobierno del estado de Veracruz a atender las afectaciones laborales y económicas derivadas del cierre del ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, Veracruz, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a fortalecer los mecanismos para el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y contratistas y a garantizar transparencia sobre el esquema de reestructuración de sus pagos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a ejercer las atribuciones previstas en el artículo 24, fracción XX Bis, de la Ley de Aviación Civil, ante incrementos desproporcionados en las tarifas de los servicios de transporte aéreo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a someter a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial en materia de Inteligencia Artificial, Regulación Tecnológica y Ética Digital, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena y a la empresa de participación estatal mayoritaria denominada “Tren Maya, SA de CV”, sectorizada a dicha dependencia de la Administración Pública Federal, a realizar las acciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del transporte “Tren Maya” y la seguridad de las personas usuarias del mismo, a cargo del diputado Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Christian Castro Bello , en mi carácter de diputado federal de la LXVI Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución , por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional del Poder Ejecutivo federal, y a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada “Tren Maya S.A. de C.V.”, sectorizada a dicha dependencia de la Administración Pública Federal, para que realicen las acciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del transporte “Tren Maya” y la seguridad de las personas usuarias del mismo ; considerando la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce, en su párrafo vigésimo primero, el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial , accesibilidad, eficiencia , sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

En tanto, el artículo 28 de la misma Constitución federal, en su párrafo quinto, dice: “[...] El Estado Mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros . Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares[...]”.

En tanto, los artículos 26 fracción III y 29 fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señalan que la Secretaría de la Defensa Nacional es una de las dependencias encargadas del despacho de los asuntos del orden administrativo del Poder Ejecutivo Federal, la cual tiene a su cargo, entre otras, la función de prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo federal .

Es un hecho público y notorio que el denominado “Tren Maya” fue un Proyecto Estratégico Nacional del Ejecutivo federal durante la Administración Pública Federal 2018-2024, proyecto que hasta la presente fecha se le han destinado más de $500 mil millones de pesos, los cuales comprenden desde la construcción de la infraestructura hasta la operación actual del mismo.

Que con fecha 18 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, por la cual se constituyó la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada “Tren Maya S.A. de C.V.”, la cual se encuentra sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional del Poder Ejecutivo Federal. Empresa que ha recibido un presupuesto acumulado desde su constitución de más de $68 mil millones de pesos , siendo que en el presente ejercicio fiscal, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, se le asignaron cerca de $30 mil millones de pesos ; por lo que, considerando ambas cifras, dicha empresa estaría ejerciendo a diciembre del año en curso, un acumulado aproximado de $98 mil millones de pesos ejercidos en la operación de esta paraestatal que tiene a su cargo el transporte “Tren Maya”.

Ahora bien, es un hecho notorio que con fecha 19 de agosto de 2025, el transporte “Tren Maya”, a partir de lo informado por diversos medios de comunicación, sufrió un desacarrilamiento en uno de sus vagones en la zona cercana a la estación Izamal, en el Estado de Yucatán1, 2 . Si bien no se registraron personas lesionadas según lo informado por la empresa, si se registraron daños materiales sobre las cuales se han destinado recursos públicos para resarcirlos.

En ese tenor, el pasado 31 de agosto de 2026, en la estación de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, se registró un nuevo accidente en el referido “Tren Maya”, en el cual se encontraban a bordo 123 pasajeros, de conformidad con la información brindada por los medios de comunicación, donde tampoco se presentaran lesionados según lo informado3 .

Con base en lo anterior, no es óbice mencionar que diversos medios de comunicación han reportado daños en diversas estructuras que dan soporte a tramos por donde circula el denominado “Tren Maya”, en específico, el hundimiento de los “pilotes” de concreto, los cuales, además, han generado afectaciones a los ecosistemas locales, particularmente a las cuevas subterráneas denominadas cenotes, los cuales forman parte del entorno local, son una fuente primordial para la obtención de agua que con posterioridad se trata para el consumo humano, y también son necesarios para el sostenimiento del terreno favoreciendo el desarrollo de la flora y fauna local.

Entonces, tomando en consideración los recursos que se han destinado al proyecto, así como también aquellos que se han empleado para su operación, en contraste con los accidentes que dicho transporte ha sufrido sumado a las afectaciones al medio ambiente, y considerando el potencial riesgo a la integridad física y mental de las personas usuarias de dicho transporte, el cual se encuentra operando dentro de la III Circunscripción a la cual represento, siendo que el último accidente se ha presentado en el territorio de mi entidad federativa de origen, Campeche, el suscrito observa con preocupación el que se estén presentando todos estos factores de riesgo en perjuicio de la ciudadanía usuaria. Por ello, resulta imperativo exhortar desde esta Soberanía, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional del Poder Ejecutivo Federal, así como a su empresa de participación estatal mayoritaria sectorizada “Tren Maya S.A. de C.V.”, para que realicen las acciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del transporte, así como la seguridad de las y los usuarios del mismo.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional del Poder Ejecutivo Federal, y a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada “Tren Maya S.A. de C.V.”, sectorizada a dicha dependencia de la administración pública federal, para que realicen las acciones necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del transporte “Tren Maya” y la seguridad de las personas usuarias del mismo.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional del Poder Ejecutivo Federal, y a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada “Tren Maya S.A. de C.V.”, sectorizada a dicha dependencia de la administración pública federal, para que realicen las acciones necesarias que garanticen la seguridad en la infraestructura donde circula el transporte “Tren Maya”.

Notas:

1. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/08/19/tren-maya-se-descar rila-en-izamal-accidente-ocurre-en-tramo-merida-cancun/

2. https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/08/19/estados/se-descarrila-vag on-del-tren-maya-en-estacion-de-yucatan

3. https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2026/08/31/solo-fue-el-susto-va gon-del-tren-maya-sufre-percance-de-via-no-se-reportaron-lesionados/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.

Diputado Christian Castro Bello (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Puebla a fortalecer las acciones, mecanismos e instrumentos institucionales destinados a ampliar la participación de las Juntas Auxiliares en los procesos de planeación, programación, instrumentación y seguimiento de las políticas públicas, así como el ejercicio directo de los recursos públicos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García , diputada federal de la LXVI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 y fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla, a los 212 Ayuntamientos y 5 Concejos Municipales de la entidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones, mecanismos e instrumentos institucionales destinados a ampliar la participación de las Juntas Auxiliares en los procesos de planeación, programación, instrumentación y seguimiento de las políticas públicas; así como el ejercicio directo de los recursos públicos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las Juntas Auxiliares constituyen una estructura comunitaria relevante para la vida pública local al posicionarse como espacios de organización, participación ciudadana y gestión territorial que por su cercanía con la población conocen de primera mano las necesidades, carencias y problemáticas sociales.

Cada núcleo poblacional presenta dinámicas propias, ya que enfrentan retos relacionados con infraestructura, servicios públicos y seguridad; así como de movilidad y desarrollo urbano; a pesar de ello, han conservado y protegido tradiciones, usos y costumbres que son parte primordial del patrimonio cultural y la identidad estatal y nacional.

En el estado de Puebla, se cuenta con el registro de al menos 659 Juntas Auxiliares distribuidas en los 217 municipios. En la capital del estado prevalecen 17, siendo las siguientes: Ignacio Romero Vargas; Ignacio Zaragoza; La Libertad; La Resurrección; San Andrés Azumiatla; San Baltazar Campeche; San Baltazar Tetela; San Francisco Totimehuacán; San Felipe Hueyotlipan; San Jerónimo Caleras; San Miguel Canoa; San Pablo Xochimehuacán; San Pedro Zacachimalpa; San Sebastián de Aparicio; Santa María Guadalupe Tecola; Santa María Xonacatepec y Santo Tomás Chautla.1

En la Heroica Puebla de Zaragoza, son precisamente las Juntas Auxiliares quienes concentran el mayor número de población con el 62%, siendo la más poblada San Baltazar Campeche con más de 356 mil habitantes; seguida de San Francisco Totimehuacán con 269 mil y La Resurrección; Ignacio Zaragoza; San Jerónimo Caleras y San Sebastián de Aparicio que rondan entre los 70 mil y 100 mil habitantes.

Para el 2026, según el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Puebla2 se tiene contemplado un presupuesto conjunto de solo 29 millones 938 mil 092 pesos, los cuales en su mayoría son destinados a gasto corriente para el funcionamiento diario en salarios, pagos administrativos, material de oficina y ayudas sociales a la población, escuelas y actividades culturales.

El presupuesto es insuficiente, San Baltazar Campeche en el presente ejercicio presupuestal, recibió 2 millones 106 mil 624 pesos; Ignacio Zaragoza poco más de 1 millón 767 mil pesos y San Andrés Azumiatla a penas 1 millón 616 mil 496 pesos.

Además, el Gobierno del Estado de Puebla anunció el Programa de Obra Comunitaria, para el cual, contempla un fondo de mil 500 millones de pesos; sin embargo, a la fecha persiste la falta de información clara y suficiente respecto de los mecanismos para acceder al programa; los criterios que determinarán la asignación de los recursos y las reglas de operación que regularán la ejecución directa de las obras, de la misma manera, no se cuenta con información precisa sobre las necesidades, problemáticas y proyectos que serán atendidos mediante este recurso al cual podrán acceder las Juntas Auxiliares.

Por su naturaleza, atribuciones y forma de elección, las Juntas Auxiliares no pueden ser entendidas solamente como una instancia administrativa subordinada al Ayuntamiento, toda vez que son espacios de participación democráticos y comunitarios donde se construyen acuerdos, se identifican y priorizan necesidades; pero, sobre todo, se articulan esfuerzos entre autoridades gubernamentales y sociedad.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en su Artículo 224, las Juntas Auxiliares son definidas como “órganos desconcentrados de la administración pública municipal”, “sujetos a la coordinación de las dependencias y entidades municipales”.3

La propia Ley Orgánica les reconoce atribuciones en el Artículo 230, de las cuales, destacan gestionar obras y servicios públicos; fomentar actividades educativas, deportivas y culturales; impulsar programas en favor de personas con discapacidad, niñas, niños, mujeres y personas adultas; promover la cultura de la denuncia, respeto a los derechos humanos y coadyuvar a la procuración de la seguridad y el orden público.

Aunado a estas atribuciones, el presidente auxiliar ejerce facultades de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas por Ministerio de Ley; inclusive, contribuyen en la elaboración del padrón de personas sujetas a educación básica y media superior a decir del artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal.

El Código Reglamentario para el Municipio de Puebla,4 en su Artículo 109, instituye que las Juntas Auxiliares tienen el objeto de “ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones”, y en el Artículo 391, incorpora a los presidentes de las Juntas Auxiliares como parte del Sistema Municipal de Protección Civil.

Destaca que, para su conformación se cuenta con un presidente o presidenta, cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes, electos bajo un ejercicio de democracia directa como lo es el plebiscito, a través de una convocatoria y el registro de planillas se desarrolla de manera paritaria.

Entre otros requisitos establecidos están el de “ser ciudadano vecino del municipio en ejercicio de los derechos políticos y civiles; así como contar con residencia de por lo menos seis meses”.

En los hechos, las Juntas Auxiliares poseen una ventaja institucional derivada de que conocen de manera directa las prioridades de las comunidades, por tanto, sus propuestas no deben considerarse únicamente como “opiniones” que la autoridad municipal puede aceptar o rechazar discrecionalmente, deben incorporarse de manera efectiva en los procesos de planeación municipal.

Cumplen una función vital en términos de seguridad, orden público y prevención del delito debido a que, tienen identificados los puntos de riesgo, las zonas que presentan conflictos vecinales y las situaciones que pueden afectar la tranquilidad.

Son promotoras del desarrollo comunitario, de la sana convivencia y la recuperación de espacios públicos a pesar de estar limitados por la normatividad al solo poder “sugerir” actividades deportivas, culturales y educativas.

A pesar de su relevancia, las Juntas Auxiliares se encuentran limitadas a “gestionar, proponer, sugerir o coadyuvar”, sus decisiones y acuerdos no son vinculatorios; así está definido en el Artículo 232 de la Ley Orgánica Municipal que señala que “los acuerdos de las Juntas Auxiliares deben ser enviados a efecto de ser revisados y aprobados por el Ayuntamiento”.

El presente punto de acuerdo, tiene como objeto fortalecer el trabajo que realizan las Juntas Auxiliares, para ello, se exhorta al Gobierno del estado de Puebla, al de los Ayuntamientos y Concejos Municipales a efecto de que, realicen las acciones necesarias para que las Juntas Auxiliares cuenten con mayores mecanismos de acceso, planeación y ejecución de los recursos públicos bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Las Juntas Auxiliares son promotoras del empleo local, por ello, otro beneficio será la incorporación en los espacios que así lo permitan de mano de obra local capacitada como técnicos, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros y trabajadores especializados en administración, obra pública, servicios y otras áreas relacionadas con la gestión.

Se trata de reconocer su papel histórico, democrático, social, territorial y cultural mediante mejores condiciones. Permitir su involucramiento directo traerá diversos cambios benéficos como potencializar el empleo local, mayor circulación de recursos dentro de la comunidad y generar un sentido de pertenencia, cuidado y apropiación social de los proyectos.

La Junta Auxiliar como institución política, ha sido objeto de diversas modificaciones hasta transformarlas de órganos de gobierno a órganos desconcentrados de la administración pública municipal, lo cual no corresponde con su relevancia, al ser factor clave para la atención directa a las comunidades.

Con este instrumento legislativo se da respuesta a diversas demandas sociales, entre ellas, las planteadas por la organización “Podemos Juntos por Puebla ”, cuyo trabajo se orienta al fortalecimiento de las capacidades de las Juntas Auxiliares y al reconocimiento de su contribución al crecimiento y desarrollo estatal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Puebla para que, haga de conocimiento público información clara, suficiente, accesible y verificable respecto del Programa de Obra Pública Comunitaria 2026, particularmente sobre los mecanismos, requisitos y procedimientos para acceder a los fondos; los criterios técnicos, sociales y presupuestales que determinarán la asignación de los recursos; las obras, necesidades, problemáticas y proyectos que serán susceptibles de atención; así como las reglas de operación, lineamientos y disposiciones administrativas que regularán la ejecución directa de las obras por parte de las Juntas Auxiliares a fin de garantizar los principios de transparencia, participación ciudadana y certeza en el ejercicio de los recursos públicos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Puebla, al de los 212 Ayuntamientos y 5 Concejos Municipales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones, mecanismos e instrumentos institucionales destinados a ampliar la participación de las Juntas Auxiliares en los procesos de planeación, programación, instrumentación y seguimiento de las políticas públicas; así como el ejercicio directo de los recursos públicos bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Notas:

1. Ayuntamiento de Puebla. Portal Histórico de la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto. Disponible en: https://memorias.pueblacapital.gob.mx/transparencia/item/1954-juntas-au xiliares

2. Ayuntamiento de Puebla. Presupuesto de Egresos 2026. Disponible en: https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/normatividad-y-lineamiento s-conac/2026/proyecto-del-presupuesto-de-egresos-3

3. Congreso del Estado de Puebla. Ley Orgánica Municipal. Disponible en: https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task= cat_view&gid=25

4. Gobierno del Municipio de Puebla. Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. Disponible en: https://gaceta.pueblacapital.gob.mx/coremun

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y al de las entidades federativas a fortalecer de manera coordinada, acciones orientadas a identificar, atender y prevenir el delito de extorsión que afecta el patrimonio, la tranquilidad y la seguridad de las familias y las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como el funcionamiento de comercios y la producción de alimentos y materias primas a través de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 y fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal y al de las entidades federativas a fin de que, de manera coordinada fortalezcan sus acciones orientadas a identificar, atender y prevenir el delito de extorsión que afecta el patrimonio, la tranquilidad y la seguridad de las familias y las pequeñas, medianas y grandes empresas; así como el funcionamiento de comercios y la producción de alimentos y materias primas a través de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La extorsión constituye uno de los delitos que más se ha incrementado en los últimos años a nivel nacional, por sus características afecta el patrimonio, la tranquilidad y la seguridad de las familias, los comercios y empresas.

Entre las modalidades con mayor incidencia destacan las llamadas telefónicas; los mensajes o audios por aplicaciones de mensajería; el denominado “cobro de piso ”; así como los secuestros virtuales; engaños por redes sociales y amenazas presenciales para permitir el funcionamiento de comercios y la producción de alimentos y materias primas a través de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, entre otros.

Las afectaciones de la extorsión son multifactoriales debido a que las víctimas sufren pérdidas económicas, a su patrimonio y daños emocionales, con consecuencias que trascienden a la vida familiar, social, laboral y hasta comunitaria.

Su presencia y proliferación vulneran el Estado de derecho, debilitando la confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia; pero también, inhibe la inversión y provoca de manera general un clima de inseguridad que impide el desarrollo de las entidades federativas y los municipios.

De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 15, señala que el delito de extorsión lo comete “quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”.1

Respecto a la coordinación institucional, la propia Ley establece que se perseguirá de oficio y que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública deberán prestar el auxilio y facilitar información a efecto de prevenir, investigar, perseguir y sancionar el ilícito.

Conforme a diversos análisis de instituciones de educación superior; entre ellos, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, alertan que la extorsión en la última década presenta un aumento sostenido de 61.2%, peor aún, el 97% de los casos no son denunciados.2

En este mismo sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por medio del “Monitor de Seguridad ”, hizo de conocimiento público que durante el primer trimestre del año, en al menos 17 entidades federativas creció dicho delito.3

De manera oficial, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), reconoce en el primer semestre del año al menos 5 mil 331 actos de extorsión, con mayor incidencia durante marzo con mil 052 delitos.4

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), identificó que en los primeros seis meses de este 2026, tres de cada 10 hogares fueron víctimas de al menos un delito de extorsión, robo o fraude.5

Entre los sectores productivos más afectados se encuentra el agropecuario, en el que se calcula que entre el 10% y el 20% del aumento en los costos de varios productos y alimentos, responden a pagos exigidos por las organizaciones delictivas6 ; lo que vulnera el derecho humano a la alimentación.

El Consejo Nacional Agroalimentario, tiene definido que 20% de las tierras de cultivo nacional no se siembran y son abandonadas a consecuencia de los actos de extorsión, que demandan pagos por hectárea, por producto y tonelada cosechada.

A decir de su presidente, se descuidó la seguridad y se permitió que el crimen creciera de manera exponencial, o se actuó a tiempo para contenerlo y hoy existen regiones convertidas en verdaderos bastiones de la delincuencia.7

En la misma situación se encuentran pescadores, cooperativas y personas dedicadas a la acuicultura, en Baja California Sur las autoridades estatales aceptaron que los productores son presa de la extorsión, amenazas y cobro de piso .8

El estado de Puebla está inmerso en esta problemática, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Puebla dio a conocer que 70% de los delitos de extorsión son cometidos en tianguis y mercados.9

Derivado de la falta de coordinación entre instituciones, la capital del estado de Puebla es reconocida como un área urbana con “altos índices de hogares víctimas de extorsión, robos y/o fraude”, con 43.2%, solo de bajo de Xochimilco con 46.6%, en la Ciudad de México; Chimalhuacán con el 44.0% y Naucalpan con el 43.5% en el Estado de México.10

La atención del delito de extorsión no debe limitarse al ámbito penal, ya que cualquiera de sus manifestaciones amerita la instrumentación de una estrategia transversal que fortalezcan las capacidades institucionales a efecto de prevenir, investigar y desarticular las estructuras criminales.

La insuficiente atención a esta problemática propicia un entorno de inseguridad, impunidad y corrupción que compromete el ejercicio pleno de los derechos humanos; en consecuencia, resulta indispensable fortalecer la coordinación y la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno mediante acciones articuladas que permitan evitar, investigar y erradicar este fenómeno delictivo.

El Gobierno federal y el de las entidades federativas, deben conducirse con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, llevando a cabo mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a las víctimas y sus familias, garantizando en todo momento el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Por tanto, es pertinente fortalecer la coordinación interinstitucional; ampliar los programas de inteligencia financiera y tecnológica; fortalecer las campañas de denuncia y aumentar las medidas de evaluación y transparencia para conocer el desempeño institucional y los resultados alcanzados en favor de la población.

De la misma manera, es vital que se informen los avances estatales en materia de creación de unidades antiextorsión, aplicación de protocolos de atención a víctimas y campañas de prevención; pero también, las organizaciones criminales desarticuladas, el número de personas sentenciadas y puestas a disposición de las autoridades en el marco de la llamada Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas para que, de manera coordinada fortalezcan sus acciones orientadas a identificar, atender y prevenir el delito de extorsión que afecta el patrimonio, la tranquilidad y la seguridad de las familias y las pequeñas, medianas y grandes empresas; así como el funcionamiento de comercios y la producción de alimentos y materias primas a través de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, haga de conocimiento público los avances en materia de creación de unidades antiextorsión locales, aplicación de protocolos de atención a víctimas y campañas de prevención; pero también, las organizaciones criminales desarticuladas, el número de personas sentenciadas y puestas a disposición de las autoridades en el marco de la llamada Estrategia Nacional Contra la Extorsión.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal y al de las entidades federativas para que, fortalezcan sus estrategias de atención a la extorsión, con la finalidad de garantizar mecanismos accesibles de denuncia, atención oportuna a víctimas y la desarticulación de bandas delictivas y redes enfocadas a la comisión de dicho delito que afecta a sectores productivos y a la población en general, cuyos índices delictivos han aumentado sostenidamente en la última década.

Notas:

1. Cámara de Diputados. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPISDME.pdf

2. Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Extorsión en México. Disponible en: https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2026/04/aula_en_a ccion_4.pdf

3. COPARMEX. Monitor de Seguridad. Disponible en: https://coparmex.org.mx/downloads/ENVIOS/MS_RP_Marzo2026_VF.pdf

4. SESNSP. Incidencia delictiva del Fueron Común 2026. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1058530/RNID-Delitos-202 6_jun26.pdf

5. INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública, segundo trimestre de 2026. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2026_junio_p resentacion_ejecutiva.pdf

6. El Universal. Crimen Organizado y extorsiones elevan hasta 20% el costo de los alimentos en México. Consejo Nacional Agropecuario. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crimen-organizado-y-extorsiones- elevan-hasta-20-costo-de-los-alimentos-en-mexico-advierte-cna/

7. El economista. El 20% de las tierras de cultivo ha dejado de sembrarse: CNA. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/20-tierras-cultivo-dejado-semb rarse-cna-20251212-790967.html

8. Diario Humano. Gobernador reconoce cobro de piso a pescadores de Puerto San Carlos. Disponible en: https://diariohumano.com.mx/2026/08/19/gobernador-reconoce-cobro-de-pis o-a-pescadores-de-puerto-san-carlos/

9. La Jornada de Oriente. Mercados de Puebla concentran 70% de los casos de extorsión y cobro de piso. Disponible en: https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/mercados-de-puebla-concent ran-70-de-los-casos-de-extorsion-y-cobro-de-piso/

10. INEGI. Reporte de resultados, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/ensu/EN SU2026_07_RR.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y al gobierno del estado de Puebla a dar seguimiento a la situación laboral de las personas trabajadoras de Volkswagen de México y a promover mecanismos de diálogo que contribuyan a mitigar las afectaciones laborales y preservar las fuentes de empleo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La industria automotriz representa uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico e industrial de nuestro país. Además de su contribución a la producción y las exportaciones nacionales, constituye una fuente fundamental de empleo directo e indirecto y sostiene una amplia cadena productiva integrada por empresas proveedoras, prestadoras de servicios, transportistas y pequeños comercios.

En este contexto, resulta particularmente preocupante la situación que enfrentan cientos de trabajadores de la planta Volkswagen de México, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, ante el reciente anuncio de la eliminación indefinida de uno de los tres turnos de producción correspondientes al segmento en el que se fabrican los modelos Jetta y Tiguan .

De acuerdo con la información difundida por la empresa, la decisión responde a un “contexto desafiante” para la industria automotriz a nivel mundial y en la región de Norteamérica, por lo que se determinó realizar un ajuste en las capacidades de producción de la planta poblana, acorde con las condiciones de sus mercados clave (Volkswagen de México, 2026).

Sin embargo, detrás de las decisiones empresariales y de los indicadores de producción existen personas trabajadoras y familias cuyo sustento depende directamente de la conservación de sus fuentes de empleo.

Diversos medios de comunicación han informado que la eliminación de este turno podría derivar en la separación laboral de cientos de trabajadores. La información publicada por La Jornada de Oriente reportó alrededor de 800 bajas laborales como consecuencia del ajuste en la producción, mientras que otros reportes periodísticos señalaron una afectación similar en la plantilla laboral de la planta (La Jornada de Oriente , 2026; Vanguardia MX , 2026).

La situación resulta especialmente relevante si se considera que Volkswagen de México ha mantenido durante décadas una presencia fundamental en Puebla y constituye uno de los principales centros de generación de empleo industrial de la región. La estabilidad de su planta no sólo impacta a quienes laboran directamente en ella, sino que tiene efectos sobre una extensa cadena de proveedores y sobre la actividad económica de los municipios que integran la zona metropolitana de Puebla.

Por ello, la pérdida de cientos de puestos de trabajo no debe analizarse exclusivamente como una decisión interna de reorganización empresarial. Se trata de un fenómeno con posibles repercusiones sociales que puede afectar la economía de numerosas familias y generar consecuencias indirectas en otros sectores que dependen de la actividad industrial de la armadora.

El trabajo constituye uno de los principales instrumentos para garantizar condiciones de bienestar, estabilidad y desarrollo para las familias mexicanas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil, mientras que la Ley Federal del Trabajo establece los principios y disposiciones que regulan las relaciones laborales y protegen los derechos de las personas trabajadoras (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2026; Ley Federal del Trabajo, 2026).

Por esta razón, ante procesos de transformación o reestructuración productiva que impliquen reducciones significativas de personal, resulta indispensable privilegiar mecanismos de diálogo entre las empresas, las personas trabajadoras, sus representaciones sindicales y las autoridades laborales competentes.

Es necesario reconocer que la industria automotriz atraviesa actualmente un proceso de transformación a nivel internacional. Los cambios tecnológicos, la transición hacia nuevas formas de movilidad, la competencia global y las modificaciones en las cadenas de producción y suministro representan importantes desafíos para las empresas del sector.

No obstante, los procesos de adaptación y transformación industrial no deben traducirse, de manera automática, en que las personas trabajadoras absorban las consecuencias de los ajustes económicos y productivos.

México requiere fortalecer su capacidad para atraer inversiones, mantener su competitividad y participar activamente en las nuevas dinámicas de la industria automotriz global; sin embargo, estos objetivos deben ser compatibles con la protección del empleo y el respeto irrestricto de los derechos laborales.

El desarrollo económico no puede entenderse como un objetivo aislado del bienestar social. La competitividad de las empresas y del país debe construirse también a partir de relaciones laborales estables, del respeto a los derechos adquiridos y de mecanismos que permitan enfrentar los procesos de transformación productiva sin trasladar de manera desproporcionada sus consecuencias a las y los trabajadores.

Asimismo, resulta fundamental que las autoridades laborales competentes acompañen y vigilen los procesos derivados de la reducción de personal, a efecto de garantizar que se respeten plenamente los derechos de las personas trabajadoras y que las decisiones adoptadas se encuentren apegadas a la legislación laboral y, en su caso, a las disposiciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo (Ley Federal del Trabajo, 2026).

En este sentido, debe privilegiarse el diálogo social y la construcción de alternativas que permitan reducir los efectos negativos de las decisiones empresariales sobre las familias trabajadoras. Entre estas alternativas pueden considerarse mecanismos de reubicación laboral, capacitación para nuevos procesos productivos, actualización de competencias profesionales y esquemas que permitan preservar, en la medida de lo posible, las fuentes de empleo.

Resulta particularmente importante que las autoridades competentes, en coordinación con la empresa y la representación de las personas trabajadoras, exploren mecanismos que permitan brindar certeza a quienes han sido afectados por esta decisión y prevenir que la incertidumbre laboral se traduzca en un problema social de mayores dimensiones.

La situación que actualmente enfrentan las y los trabajadores de Volkswagen de México en Puebla debe ser atendida desde una perspectiva de corresponsabilidad. Las empresas requieren condiciones que les permitan enfrentar los desafíos de un mercado global cada vez más competitivo, pero también deben reconocer la responsabilidad social que tienen con las comunidades en las que se encuentran establecidas y con las personas cuyo trabajo ha contribuido durante años a su desarrollo y consolidación.

Por ello, resulta indispensable que las autoridades laborales federales y locales mantengan un acompañamiento de esta situación y promuevan espacios de diálogo entre las partes involucradas, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos laborales y buscar alternativas que permitan proteger y preservar las fuentes de empleo.

La pérdida de cientos de empleos formales representa una situación que merece atención institucional. Más allá de las razones económicas que hayan motivado la reestructuración de la producción, resulta necesario colocar en el centro de la discusión a las personas trabajadoras y a las familias que dependen de estos empleos.

La transformación de la industria y la búsqueda de competitividad no deben ser incompatibles con la justicia laboral. Por el contrario, uno de los principales retos del Estado mexicano consiste en generar condiciones que permitan impulsar el desarrollo económico al mismo tiempo que se protegen los derechos de las y los trabajadores.

En consecuencia, resulta necesario que las autoridades competentes den seguimiento a la situación laboral derivada de la eliminación de uno de los turnos de producción en la planta Volkswagen de México en Puebla y promuevan, dentro del ámbito de sus atribuciones, mecanismos de diálogo y concertación que permitan mitigar las afectaciones para las personas trabajadoras y sus familias, así como preservar, en la mayor medida posible, las fuentes de empleo.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento a la situación laboral derivada de la eliminación de uno de los turnos de producción en la planta de Volkswagen de México ubicada en el estado de Puebla, a efecto de garantizar el respeto irrestricto de los derechos laborales de las personas trabajadoras que pudieran resultar afectadas.

Segundo . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Puebla, a través de las autoridades competentes en materia laboral y de desarrollo económico, para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva mecanismos de diálogo entre la empresa, la representación sindical y las personas trabajadoras, con el propósito de explorar alternativas que permitan mitigar las afectaciones laborales y preservar, en la mayor medida posible, las fuentes de empleo.

Referencias:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2026). Diario Oficial de la Federación.

- La Jornada de Oriente. (2026). Despidos en Volkswagen Puebla: reportan alrededor de 800 bajas ante ajuste en la producción. La Jornada de Oriente.

- Ley Federal del Trabajo. (2026). Diario Oficial de la Federación.

- Vanguardia MX. (2026). Despiden a casi 800 trabajadores de Volkswagen Puebla por “contexto desafiante” en la industria automotriz. Facebook.

- Volkswagen de México. (2026). Información relativa al ajuste de capacidades de producción y la eliminación de uno de los turnos de producción en la planta de Puebla.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 8 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS, a la Sader y al gobierno del estado de Veracruz a atender las afectaciones laborales y económicas derivadas del cierre del ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, Veracruz, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La agroindustria de la caña de azúcar constituye una actividad de especial relevancia económica y social para diversas regiones de México, particularmente para aquellas comunidades rurales cuya dinámica productiva depende de la siembra, cosecha, transporte, industrialización y comercialización de la caña. Esta cadena productiva genera empleos directos e indirectos y articula a productores, trabajadores agrícolas, transportistas, proveedores, comerciantes y trabajadores de los ingenios azucareros. De acuerdo con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca, 2026), el fortalecimiento de esta cadena constituye un elemento fundamental para consolidar una agroindustria productiva, competitiva, diversificada y sustentable.

En este contexto, el anuncio del cierre del Ingenio San Pedro, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, constituye un asunto de relevancia económica y social que trasciende a la empresa y a sus trabajadores, debido a las consecuencias que puede generar para los productores de caña, sus familias y las comunidades de la región de Los Tuxtlas.

El 5 de agosto de 2026 se dio a conocer que el Ingenio San Pedro anunció el cierre de sus operaciones, al considerar que las condiciones económicas que enfrenta hacían inviable la continuidad de sus actividades. La empresa, perteneciente al Grupo Porres , informó que dejaría de operar, generando preocupación entre trabajadores, productores de caña y habitantes de los municipios vinculados con esta actividad (Organización Editorial Mexicana [OEM], 2026).

La importancia del Ingenio San Pedro no puede analizarse únicamente a partir del número de personas que laboran directamente en sus instalaciones. Su operación forma parte de una cadena productiva más amplia, por lo que su cierre puede generar un efecto multiplicador sobre la economía regional. La pérdida de empleos e ingresos afecta no sólo a las personas trabajadoras, sino también a las familias y unidades económicas que dependen indirectamente de esta actividad.

En el caso del Ingenio San Pedro, la afectación alcanza a municipios como Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Saltabarranca, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan y Amatitlán, entre otros. La dimensión social del problema resulta particularmente significativa porque la actividad cañera representa una fuente importante de ingresos para numerosas familias de la región y el cierre genera incertidumbre tanto sobre el futuro laboral de los trabajadores como sobre el destino de la producción de los cañeros (OEM, 2026).

La situación adquiere mayor relevancia si se considera que Veracruz ocupa un lugar central en la producción nacional de caña de azúcar y que miles de familias dependen de esta actividad. El Gobierno del estado de Veracruz ha reconocido la importancia estratégica de la agroindustria azucarera para la entidad y la necesidad de fortalecer las condiciones productivas y de comercialización del sector (Gobierno del estado de Veracruz, 2025). Asimismo, el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030 establece entre sus objetivos fortalecer una agroindustria productiva, competitiva, diversificada, sustentable y socialmente responsable (CONADESUCA, 2026).

Por ello, el cierre de un ingenio no debe analizarse únicamente como una decisión empresarial, sino como un acontecimiento capaz de modificar las condiciones económicas de toda una región productora. La pérdida de capacidad de procesamiento puede generar dificultades adicionales para los productores, particularmente cuando las alternativas para colocar y procesar la producción son insuficientes o se encuentran alejadas de las zonas de cultivo.

En este sentido, resulta indispensable prestar especial atención a los productores de caña. La relación entre el campo y los ingenios es fundamental para el funcionamiento de esta cadena productiva. Los productores necesitan contar con condiciones que les permitan colocar y procesar su cosecha, por lo que resulta necesario explorar alternativas con otros ingenios de la entidad o de regiones cercanas que permitan evitar afectaciones mayores a la producción y al ingreso de las familias.

A la problemática productiva se suma la dimensión laboral. Ante el cierre anunciado, resulta indispensable garantizar que las personas trabajadoras reciban los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás derechos que, en su caso, correspondan conforme a la legislación aplicable. La incertidumbre generada por un proceso de esta naturaleza debe ser atendida mediante mecanismos institucionales que proporcionen información, orientación y acompañamiento a las personas afectadas.

La situación ya ha generado preocupación y movilización entre habitantes de la región. El 8 de agosto de 2026 se informó que cientos de habitantes de Los Tuxtlas se manifestaron para solicitar el rescate del Ingenio San Pedro, lo que evidencia que el cierre es percibido por la población como un problema que afecta directamente las condiciones económicas y sociales de la región (La Jornada , 2026).

Ante este escenario, la respuesta de las autoridades debe orientarse no sólo a atender las consecuencias inmediatas del cierre, sino también a generar alternativas para preservar la actividad productiva y reducir la vulnerabilidad económica de las comunidades afectadas. Para ello, resulta necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades federales y estatales, los gobiernos municipales, los representantes de los trabajadores y las organizaciones de productores de caña.

Una primera prioridad debe ser garantizar el respeto de los derechos laborales de las personas trabajadoras y el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. Una segunda consiste en identificar alternativas para la recepción, procesamiento y comercialización de la producción de caña que pudiera quedar sin destino. Finalmente, resulta necesario impulsar acciones de diversificación económica que permitan generar nuevas oportunidades de empleo e ingreso para las familias de los municipios afectados, en congruencia con los objetivos establecidos en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030 (Conadesuca, 2026).

La situación del Ingenio San Pedro demuestra que las decisiones relacionadas con la continuidad de una actividad industrial pueden tener consecuencias que rebasan ampliamente el ámbito de una empresa. Cuando una instalación productiva articula a trabajadores, productores, transportistas, comerciantes y familias de diversos municipios, su cierre puede convertirse en un problema de desarrollo regional.

Por ello, la Cámara de Diputados debe llamar la atención de las autoridades competentes para que, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, acompañen este proceso, protejan los derechos de las personas trabajadoras y contribuyan a generar alternativas para los productores de caña y las comunidades afectadas.

En consecuencia, resulta necesario exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que dé seguimiento al proceso derivado del cierre del Ingenio San Pedro, a fin de garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras afectadas; así como a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Gobierno del estado de Veracruz para que, en coordinación con las autoridades municipales y los productores de caña de la región, impulsen alternativas para la recepción, procesamiento y comercialización de la producción de caña y promuevan acciones de diversificación económica que contribuyan a mitigar los efectos sociales y económicos derivados del cierre del referido ingenio.

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario que las autoridades competentes actúen de manera coordinada para atender las consecuencias laborales, productivas y económicas derivadas del cierre del Ingenio San Pedro y contribuir a preservar las fuentes de empleo, los ingresos de las familias productoras y la actividad económica de la región de Los Tuxtlas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades laborales del estado de Veracruz, dé seguimiento al proceso derivado del cierre del Ingenio San Pedro, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada, Veracruz, a fin de garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras afectadas y, en su caso, brindar orientación y acompañamiento respecto del cumplimiento de las obligaciones laborales que correspondan.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Gobierno del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con las autoridades municipales y los productores de caña de la región, impulsen alternativas para la recepción, procesamiento y comercialización de la producción de caña que pudiera verse afectada por el cierre del Ingenio San Pedro, así como acciones de diversificación económica que contribuyan a mitigar los efectos sociales y económicos derivados del cierre del referido ingenio.

Referencias:

- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2026, 21 de mayo). Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2026-2030 (PRONAC). Gobierno de México.

- Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. (2026, 19 de enero). Ingenios azucareros de México, zafra 2025/26. Gobierno de México.

- Gobierno del Estado de Veracruz. (2025, 11 de noviembre). Veracruz celebra nuevo decreto que impulsa al azúcar nacional y beneficia a cañeros. Gobierno del Estado de Veracruz.

- La Jornada. (2026, 5 de agosto). Ingenio en Los Tuxtlas anuncia su cierre; golpe para 30 mil familias. La Jornada.

- La Jornada. (2026, 8 de agosto). Veracruz: cientos de habitantes de Los Tuxtlas piden rescatar el ingenio azucarero San Pedro. La Jornada.

- Organización Editorial Mexicana. (2026a). Cierre de ingenio San Pedro tendrá impacto en la economía de Veracruz, dice Canaco de Córdoba. El Sol de Córdoba.

- Organización Editorial Mexicana. (2026b, 9 de agosto). Cierre del ingenio San Pedro en Veracruz agravará crisis del sector azucarero: Canacope. El Sol de Córdoba.

- Organización Editorial Mexicana. (2026c). FOSEC pide intervención urgente del gobierno ante cierre del ingenio San Pedro en Lerdo de Tejada. Diario de Xalapa.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a 8 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a fortalecer los mecanismos para el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y contratistas y a garantizar transparencia sobre el esquema de reestructuración de sus pagos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Petróleos Mexicanos (Pemex) constituye una empresa estratégica para la economía nacional y desempeña un papel fundamental en la seguridad energética del país. Alrededor de sus actividades se desarrolla una amplia cadena de proveedores y contratistas que participan en la exploración, extracción, transformación, transporte, mantenimiento y prestación de servicios relacionados con la industria petrolera. Por ello, las condiciones financieras de Pemex tienen efectos que trascienden a la propia empresa y pueden repercutir directamente en miles de empresas y trabajadores vinculados con sus operaciones.

En este contexto, resulta relevante la información recientemente difundida respecto de la reestructuración de obligaciones de Pemex con proveedores y contratistas. De acuerdo con información presentada por la empresa ante autoridades bursátiles de Estados Unidos y difundida por La Jornada , al cierre del segundo trimestre de 2026 el monto de obligaciones sujeto a este esquema ascendió a 255 mil 388 millones de pesos, cuyos plazos de pago fueron extendidos hasta 2033. El mecanismo contempla pagos trimestrales de capital e intereses y forma parte de la estrategia de administración de liquidez de la empresa (Alegría , 2026; Petróleos Mexicanos [Pemex], 2026a).

La dimensión de este monto obliga a considerar las posibles consecuencias que el diferimiento de pagos puede generar sobre las empresas que integran la cadena de proveeduría de Pemex. Para muchas de ellas, particularmente aquellas con menor capacidad financiera, la acumulación de cuentas por cobrar puede representar dificultades para mantener sus operaciones, cubrir salarios, adquirir insumos, cumplir obligaciones fiscales y conservar fuentes de empleo.

Debe señalarse que Pemex ha reportado avances importantes en algunos de sus indicadores financieros. Al cierre del segundo trimestre de 2026, la empresa informó ingresos por ventas y servicios de 510.4 mil millones de pesos, una utilidad operativa de 85.5 mil millones de pesos y una utilidad neta de 18 mil millones de pesos. Asimismo, reportó una deuda financiera de 77.5 mil millones de dólares, 9.1 por ciento menor respecto del cierre de 2025 (Pemex, 2026b).

Sin embargo, estos resultados no eliminan la necesidad de atender de manera responsable las obligaciones comerciales de la empresa. El propio reporte financiero de Pemex señala que, como parte de su estrategia de liquidez, se implementó un programa mediante convenios modificatorios para ampliar los plazos de pago a proveedores y contratistas. Dicho esquema contempla liquidar saldos generados durante 2025 en un periodo de hasta ocho años, mediante pagos trimestrales de capital e intereses. Al 31 de marzo de 2026, el monto reestructurado ascendía a aproximadamente 250.5 mil millones de pesos (Pemex, 2026a).

Lo anterior evidencia que el problema no se limita a una obligación financiera de Pemex, sino que puede trasladar presiones de liquidez hacia las empresas que forman parte de su cadena productiva. Los proveedores y contratistas requieren certeza sobre los plazos y condiciones en que recibirán los recursos correspondientes a bienes y servicios que ya fueron proporcionados, pues de ello depende, en muchos casos, su capacidad para mantener operaciones, realizar inversiones y preservar empleos.

La situación debe analizarse también a la luz de los esfuerzos que la propia empresa ha señalado para fortalecer su relación con proveedores. En febrero de 2026, Pemex informó que durante 2025 destinó 582 mil millones de pesos al pago de proveedores y contratistas, como parte de una estrategia para atender su deuda comercial, fortalecer sus cadenas productivas y recuperar la liquidez de las empresas que trabajan con la compañía (Pemex, 2026c).

Por ello, resulta necesario que los mecanismos de reestructuración de pagos sean acompañados de condiciones de transparencia, certeza y seguimiento. La ampliación de los plazos puede constituir una herramienta para administrar la liquidez de la empresa, pero también implica trasladar compromisos financieros hacia ejercicios futuros. En consecuencia, es indispensable conocer con claridad los montos involucrados, los plazos establecidos, las condiciones financieras aplicables y los mecanismos mediante los cuales Pemex garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.

La transparencia adquiere especial importancia tratándose de una empresa pública del Estado. Pemex mantiene, además, obligaciones de transparencia relacionadas con su padrón de proveedores y contratistas y con la información pública vinculada con sus procesos de contratación y relación comercial (Pemex, 2026d).

La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de dar seguimiento a aquellas decisiones que puedan generar efectos relevantes sobre las empresas productivas del Estado y sobre las cadenas económicas vinculadas con ellas. En este caso, resulta pertinente solicitar que Pemex fortalezca los mecanismos destinados al cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y contratistas y que exista información suficiente que permita conocer la evolución de los compromisos cuyo pago ha sido reestructurado.

El objetivo del presente punto de acuerdo no es cuestionar la utilización de mecanismos financieros para administrar la liquidez de Pemex, sino promover que éstos se implementen bajo criterios de responsabilidad financiera, transparencia y protección de la cadena productiva. La estabilidad financiera de la empresa debe ser compatible con una relación comercial sostenible con sus proveedores y contratistas.

Una política responsable de pagos permitirá brindar mayor certeza a las empresas proveedoras, reducir presiones financieras sobre la cadena productiva y contribuir a preservar empleos vinculados con la industria energética. Asimismo, un seguimiento institucional adecuado permitirá identificar oportunamente posibles riesgos y evitar que los efectos de las restricciones financieras de Pemex se trasladen de manera desproporcionada a las empresas que dependen de sus contratos.

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario exhortar respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca los mecanismos destinados al cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y contratistas y garantice la transparencia respecto de los montos, plazos y calendarios de pago correspondientes a las obligaciones que hayan sido objeto de reestructuración.

Asimismo, resulta pertinente solicitar a las autoridades competentes que den seguimiento a la situación financiera de Pemex y a los mecanismos implementados para atender sus obligaciones comerciales, con el propósito de contribuir a preservar la estabilidad de las empresas proveedoras y de la cadena productiva vinculada con la empresa.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca los mecanismos destinados al cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y contratistas y garantice la transparencia respecto de los montos, plazos y calendarios de pago correspondientes a las obligaciones que hayan sido objeto de reestructuración.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den seguimiento a la situación financiera de Petróleos Mexicanos y a los esquemas implementados para el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y contratistas, a fin de contribuir a preservar la estabilidad de la cadena productiva vinculada con la empresa y evitar afectaciones innecesarias a las empresas proveedoras y contratistas.

Referencias:

- Petróleos Mexicanos. (2026, 31 de julio). PEMEX registra resultados operativos y financieros favorables durante el segundo trimestre de 2026. Gobierno de México.

- Petróleos Mexicanos. (2026). Sistema de información pública de proveedores y contratistas. Gobierno de México.

- Petróleos Mexicanos. (2026). Reporte financiero y operativo correspondiente al ejercicio 2025. Gobierno de México.

- Securities and Exchange Commission. (2026). Petróleos Mexicanos: Reporte presentado ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos.

- Alegría, A. (2026, 28 de agosto). Pemex difiere hasta 2033 pagos por 255 mil 388 mdp a proveedores. La Jornada.

- La Verdad Noticias. (2026, agosto). Pemex extiende pagos pendientes a proveedores y contratistas. La Verdad Noticias.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a ejercer las atribuciones previstas en el artículo 24, fracción XX Bis, de la Ley de Aviación Civil, ante incrementos desproporcionados en las tarifas de los servicios de transporte aéreo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

Actualmente, el aumento en el precio de los boletos de avión representa una preocupación creciente para miles de familias mexicanas. Viajar en avión no siempre responde a una decisión recreativa o que pueda postergarse; muchas personas necesitan trasladarse por razones de trabajo, salud, estudio, para atender una emergencia, visitar a sus familiares o regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, al momento de adquirir un boleto pueden encontrarse con incrementos considerables en cuestión de días e incluso de horas, especialmente en temporadas vacacionales, días festivos, rutas con pocas opciones de vuelo o conforme se acerca la fecha del viaje.

Un ejemplo de esta problemática se presenta en la conectividad aérea entre Campeche y la Ciudad de México, donde la limitada oferta de vuelos reduce considerablemente las alternativas disponibles para las personas pasajeras. En esta ruta, un boleto que puede adquirirse por alrededor de dos mil pesos puede llegar a alcanzar precios cercanos a los doce mil pesos cuando se compra con apenas unos días de anticipación. Se trata de la misma ruta y esencialmente del mismo servicio, pero con una diferencia de hasta seis veces en el precio. Esta situación adquiere especial relevancia cuando existen pocas frecuencias y opciones para viajar, pues la persona que necesita trasladarse no siempre tiene la posibilidad de elegir otra aerolínea, otro horario o esperar a que disminuya la tarifa.

Esta situación impacta directamente en la economía de las familias y puede convertir una necesidad de traslado en un gasto difícil de afrontar. Frente a aumentos extraordinarios o desproporcionados, las personas consumidoras tienen derecho a esperar una actuación efectiva de las autoridades responsables de proteger sus derechos.

Las tarifas aéreas responden a diversos factores relacionados con la oferta y la demanda, los costos de operación, la disponibilidad de asientos y las condiciones particulares de cada ruta. Sin embargo, existen incrementos cuya magnitud amerita ser analizada por las autoridades competentes para determinar las causas que los originan y, en su caso, descartar la existencia de conductas contrarias a la libre concurrencia y competencia económica.

La utilización de mecanismos dinámicos para determinar las tarifas no exime a las autoridades de ejercer las facultades de vigilancia que les confiere el orden jurídico. La libertad tarifaria tampoco debe entenderse como ausencia de supervisión cuando se presentan comportamientos que pudieran afectar los intereses de las personas consumidoras.

La legislación vigente contempla mecanismos para atender este tipo de situaciones. El artículo 24, fracción XX Bis, de la Ley de Aviación Civil establece que la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de la legislación en materia de competencia económica, podrá presentar ante la autoridad competente la denuncia que corresponda.

Esta atribución permite a la Procuraduría Federal del Consumidor aprovechar la información que obtiene en el ejercicio cotidiano de sus funciones para identificar comportamientos que ameriten ser analizados por la autoridad especializada en materia de competencia económica.

La PROFECO cuenta con información sobre precios y condiciones de comercialización, recibe quejas y denuncias de las personas consumidoras y tiene contacto permanente con el comportamiento de distintos mercados. Estos elementos le permiten identificar variaciones atípicas y advertir situaciones que requieren un análisis adicional.

Por esta razón, los incrementos extraordinarios o desproporcionados en las tarifas aéreas deben dar lugar a un seguimiento más activo por parte de la Procuraduría, particularmente en rutas, temporadas o circunstancias en las que los precios registren variaciones considerablemente superiores a las observadas de manera ordinaria.

El Congreso de la Unión incorporó al artículo 24 de la Ley de Aviación Civil un mecanismo específico para que la PROFECO pueda actuar cuando identifique aumentos de precios que pudieran estar relacionados con posibles prácticas monopólicas. Esa facultad debe traducirse en acciones concretas cuando las circunstancias así lo ameriten.

Resulta preocupante que, frente a los constantes señalamientos de las personas usuarias por incrementos considerables en los precios de los boletos de avión, no se advierta una utilización suficientemente activa de esta atribución por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La actuación de la PROFECO frente a esta problemática requiere ir más allá de la recepción de quejas, la emisión de recomendaciones o la difusión de los derechos de las personas pasajeras. La propia ley le proporciona una herramienta para analizar los aumentos de precios y, ante la existencia de elementos relacionados con posibles prácticas monopólicas, hacerlos del conocimiento de la autoridad competente.

La libertad de las aerolíneas para determinar sus tarifas no implica que cualquier incremento deba asumirse como una consecuencia natural del mercado. Cuando existen aumentos extraordinarios, corresponde a las autoridades analizar su comportamiento y determinar si existen circunstancias que ameriten una investigación en materia de competencia económica.

Esta responsabilidad no puede trasladarse a las personas consumidoras. Son las autoridades las que cuentan con las facultades legales, la información y los instrumentos necesarios para analizar el comportamiento del mercado y determinar cuándo existen elementos suficientes para acudir ante la autoridad especializada en materia de competencia económica.

En este contexto, resulta necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor asuma un papel más activo frente a los incrementos extraordinarios o desproporcionados en las tarifas aéreas y haga uso efectivo de la atribución que expresamente le confiere el artículo 24, fracción XX Bis, de la Ley de Aviación Civil.

Corresponde a la Comisión Nacional Antimonopolio determinar, en el ámbito de sus atribuciones, la existencia de prácticas contrarias a la libre concurrencia y competencia económica. A la PROFECO le corresponde utilizar la facultad que la legislación le otorga para poner en conocimiento de dicha autoridad aquellos aumentos de precios en los que advierta elementos que justifiquen su investigación.

La protección de las personas consumidoras requiere una actuación efectiva de las autoridades. Frente a incrementos desproporcionados en el precio de los boletos de avión, la PROFECO cuenta con una facultad expresa para actuar y debe ejercerla cuando se actualicen los supuestos previstos en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca el monitoreo y análisis de las tarifas de los servicios de transporte aéreo de pasajeros, particularmente ante incrementos extraordinarios o desproporcionados, y que, cuando identifique elementos que pudieran derivar de posibles prácticas monopólicas, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercado, ejerza la atribución prevista en el artículo 24, fracción XX Bis, de la Ley de Aviación Civil y presente ante la Comisión Nacional Antimonopolio la denuncia que corresponda, a efecto de que se determine lo conducente conforme a la legislación en materia de libre concurrencia y competencia económica.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 8 de septiembre de 2026.

Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a someter a consideración del pleno la creación de la Comisión Especial en materia de Inteligencia Artificial, Regulación Tecnológica y Ética Digital, a cargo del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a lo siguiente

Exposición de Motivos

La humanidad atraviesa una de las transformaciones tecnológicas más aceleradas y profundas de la historia moderna. El desarrollo y masificación de las tecnologías disruptivas, en particular la Inteligencia Artificial (IA) generativa, el aprendizaje profundo (deep learning ), el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas automatizados de toma de decisiones, han dejado de ser herramientas exclusivas del ámbito científico o de la ciencia ficción para convertirse en el motor estructural de la economía global, la administración pública, la ciberseguridad y la vida cotidiana.

Sin embargo, a diferencia de revoluciones industriales previas, la velocidad de penetración de la IA ha rebasado con creces la capacidad de respuesta de los marcos jurídicos tradicionales. En México, la ausencia de una regulación integral, clara y actualizada en materia de gobernanza digital y ética algorítmica ha generado una severa vulnerabilidad institucional.

Hoy enfrentamos vacíos normativos en el uso de datos personales, la protección de derechos de autor, el uso de sesgos algorítmicos discriminatorios y la responsabilidad civil, penal y administrativa frente al uso indebido o automatizado de herramientas tecnológicas.

La falta de un marco ético e institucional no implica contención tecnológica; al contrario, deja a las personas desprotegidas frente al uso opaco de algoritmos y coloca al Estado mexicano en una posición de rezago respecto a la regulación internacional, como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (EU AI Act ) o las recomendaciones marco emitidas por la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El caso UNAM: evidencia empírica del impacto algorítmico en derechos fundamentales

Para comprender que la regulación de la Inteligencia Artificial no es una discusión teórica ni de futuro lejano, basta con examinar los hechos recientes ocurridos en los procesos de evaluación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).1

En el marco de la aplicación y procesamiento de los exámenes de admisión a nivel licenciatura, la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, algoritmos de supervisión remota y sistemas automatizados de detección e identificación generó severos cuestionamientos procedimentales, cientos de aspirantes denunciaron inconsistencias en sus resultados, falsos positivos generados por software de reconocimiento facial e inferencias algorítmicas imprecisas que derivaron en la descalificación o anulación injustificada de exámenes.2

Este episodio dejó al descubierto tres problemas centrales:

La falta de transparencia y auditabilidad algorítmica: Ni los postulantes ni la comunidad tuvieron certeza sobre las variables, métricas o criterios con los que operaron los sistemas informáticos.

La presencia de sesgos de automatización: Los sistemas automatizados tienden a reproducir sesgos técnicos si no están debidamente auditados bajo criterios de diversidad y equidad.

La vulneración del debido proceso administrativo y el derecho a la educación: La adopción a ciegas de herramientas de IA por parte de entidades públicas o autónomas sin supervisiones éticas ni mecanismos normativos de impugnación atenta contra las garantías constitucionales consagradas en los artículos 1o. y 3o. de nuestra Carta Magna.

El caso de la Máxima Casa de Estudios debe entenderse como un llamado de alerta nacional. Si una institución con el prestigio académico y técnico de la UNAM enfrenta complejas crisis por la implementación imprevista de sistemas de IA, el riesgo en dependencias gubernamentales, administraciones de justicia, sistemas bancarios o de salud pública es inminente e incalculable.

Honorable Asamblea.

Ante esta realidad, en el Congreso de la Unión se ha generado un consenso plural que reconoce la urgencia de colocar a la Inteligencia Artificial en el centro del debate parlamentario.

Recientemente, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal Ávila, así como la Presidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, diputada Kenia López Rabadán, coincidieron públicamente en que el diseño de una agenda legislativa robusta sobre Inteligencia Artificial será una de las máximas prioridades para el próximo periodo ordinario de sesiones.3, 4

Ambas visiones parlamentarias coinciden en que México no puede limitarse a reaccionar mediante parches legislativos o reformas aisladas a leyes secundarias existentes. Se requiere una estrategia articulada que contemple:

Reformas a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La regulación de la ciberseguridad y la protección de la infraestructura crítica nacional.

El establecimiento de lineamientos éticos para el uso de IA en la Administración Pública Federal.

La protección de los derechos laborales ante la automatización e integración de IA en los entornos de trabajo.

La preservación de la propiedad intelectual y el fomento de la innovación nacional mediante incentivos al desarrollo de tecnología propia.

Este compromiso expresado por las cabezas de los órganos de gobierno de esta Cámara obliga a la LXVI Legislatura a construir el vehículo institucional idóneo para dar viabilidad técnica y política a dichas iniciativas.

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé expresamente que la Cámara de Diputados podrá constituir comisiones especiales mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, cuando así se requiera para encargarse de un asunto específico cuya trascendencia nacional amerite un estudio transversal, especializado e interdisciplinario.5

Las comisiones ordinarias de esta Cámara (tales como Ciencia, Tecnología e Innovación; Gobernación; Justicia; Educación; o Puntos Constitucionales) poseen materias de competencia delimitadas. Sin embargo, la Inteligencia Artificial es una materia intrínsecamente transversal. Afecta por igual al derecho constitucional, la economía, el trabajo, la privacidad, la defensa nacional y los derechos humanos.

Pretender abordar la regulación de la Inteligencia Artificial dispersando las propuestas entre múltiples comisiones sin un eje coordinador provocaría la fragmentación del dictamen, sobreposiciones competenciales y dilaciones procesales.

Por ello, la creación de una Comisión Especial en materia de Inteligencia Artificial, Regulación Tecnológica y Ética Digital se justifica bajo los siguientes pilares:

Especialización técnica: Servir como el órgano responsable de procesar e integrar las diversas iniciativas de ley y minutas en la materia.

Parlamento Abierto y Vinculación: Convocar formal y permanentemente a expertos de la comunidad científica, académicos, cámaras empresariales, representantes del sector tecnológico y colectivos de la sociedad civil para redactar un marco normativo con sustento técnico real.

Fiscalización y Gobernanza Algorítmica: Elaborar recomendaciones y mecanismos de seguimiento para garantizar que la adopción de IA en el sector público respete el debido proceso y los derechos humanos.

Soberanía e Innovación: Promover políticas públicas que impulsen la investigación local y eviten la dependencia tecnológica absoluta de insumos extranjeros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía lo siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura exhorta a la Junta de Coordinación Política a someter a consideración del Pleno el Acuerdo por el que se crea la Comisión Especial en materia de Inteligencia Artificial, Regulación Tecnológica y Ética Digital .

Segundo. La Comisión Especial tendrá por objeto:

a) Analizar los desafíos éticos, legales, socioeconómicos y de seguridad derivados del desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial y tecnologías disruptivas en México.

b) Estudiar los antecedentes de sesgos procedimentales y vulneraciones a derechos humanos derivados del uso de herramientas automatizadas en instituciones públicas y académicas, tales como los registrados en procesos de selección universitaria.

c) Dictaminar y articular de manera transversal las iniciativas de ley, reformas normativas y minutas presentadas en materia de regulación de la Inteligencia Artificial, gobernanza de datos y ética digital.

d) Diseñar e implementar un Foro Permanente de Parlamento Abierto con la participación de la comunidad científica, la academia, el sector privado, colectivos sociales y organismos internacionales.

Tercero. La Comisión Especial podrá solicitar información, celebrar reuniones de trabajo y coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y demás instituciones públicas y privadas que se consideren pertinentes.

Cuarto. La Comisión Especial estará integrada por las y los Diputados que determine la Junta de Coordinación Política, garantizando el principio constitucional de paridad de género y respetando la proporción de los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. Su Presidencia se designará conforme a los acuerdos que determine la JUCOPO.

Quinto. La Junta de Coordinación Política proveerá a la Comisión Especial de los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales necesarios para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.

Sexto. La Comisión Especial deberá presentar un informe semestral de sus actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Notas:

1. El País. (2026, 28 de julio). Examen de ingreso a la UNAM 2026: las claves para entender la polémica por fraude con IA y qué va a pasar con los aspirantes . El País México. https://elpais.com/mexico/2026-07-28/examen-de-ingreso-a-la-unam-2026-l as-claves-para-entender-la-polemica-por-fraude-con-ia-y-que-va-a-pasar- con-los-aspirantes.html

2. UDG TV. (2026, 31 de julio). UNAM aplicará examen de control presencial para admisión 2026 . Universidad de Guadalajara. https://udgtv.com/noticias/unam-aplicara-examen-control-admision-2026-p resencial/326875

3. Milenio Diario. (2026, 21 de julio). Monreal coloca la regulación de la IA como prioridad de la agenda legislativa .Milenio Noticias. https://www.milenio.com/politica/regulacion-de-la-ia-prioridad-en-la-ag enda-legislativa

4. Proceso. (2026, 22 de julio). Kenia López apoya que se legisle para proteger a niños y adolescentes en uso de la IA .Revista Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2026/7/23/kenia-lopez-apoy e-que-se-legisle-para-proteger-a-ninos-y-adolescentes-en-uso-de-la-ia-3 76662.html

5. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 42). Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOCG.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2026.

Diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (rúbrica)