Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7121-III-2, martes 8 de septiembre de 2026
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a implementar una estrategia integral de atención y apoyo a los productores y exportadores de fresa mexicana, con especial atención a Guanajuato e Irapuato, a cargo del diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La actividad agrícola constituye uno de los componentes fundamentales de la economía nacional, no solamente por su aportación a la producción de alimentos, sino también por la generación de empleos, ingresos y oportunidades de desarrollo para miles de familias que participan directamente en las actividades de producción, cosecha, transformación, empaque, comercialización y exportación. Dentro de este sector, la producción de frutillas ha adquirido una relevancia creciente para diversas regiones del país, al vincular la actividad primaria con cadenas agroindustriales y mercados internacionales.
La fresa mexicana representa, en este sentido, un producto de especial importancia para las economías regionales y para la generación de valor en el campo mexicano, la relevancia de esta actividad se hace particularmente evidente frente al reciente procedimiento comercial iniciado en los Estados Unidos de América respecto de las importaciones de fresa fresca de invierno procedentes de México.
El 18 de agosto de 2026, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos emitió una determinación preliminar afirmativa en materia de antidumping, al establecer márgenes preliminares de entre 3.37 y 5.28 por ciento para las empresas comprendidas en la investigación, con un margen promedio de 4.83 por ciento. La determinación forma parte de un procedimiento que se encuentra todavía en curso y que deberá continuar con las etapas correspondientes antes de que exista una resolución definitiva.
De acuerdo con información difundida a partir del procedimiento estadounidense y con datos reportados por el gobierno de México, durante 2025 México exportó aproximadamente 263 mil toneladas de fresa a los Estados Unidos de América, con un valor cercano a mil millones de dólares, así mismo, se ha señalado que la investigación podría involucrar a cerca de 5 mil productores mexicanos, de los cuales aproximadamente 97 por ciento serían productores de pequeña y mediana escala, además de alrededor de 151 mil empleos relacionados con la producción de fresa. Estas cifras permiten dimensionar que las consecuencias potenciales del procedimiento comercial no se limitan a las empresas exportadoras, sino que pueden extenderse a distintos eslabones de la cadena productiva.
La Secretaría de Economía ha manifestado su preocupación respecto de la determinación preliminar estadounidense y ha señalado que México dará seguimiento al procedimiento en coordinación con productores y exportadores.
Cabe citar que el gobierno federal ha expresado que considera que determinados criterios utilizados en la investigación podrían resultar incompatibles con disposiciones del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio y con obligaciones asumidas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por tratarse de un procedimiento que aún no concluye, resulta indispensable que las autoridades mexicanas mantengan una participación activa y un seguimiento permanente, al mismo tiempo que preparen mecanismos de atención para los posibles efectos económicos que pudieran presentarse en el sector productivo nacional.
En este contexto nacional, Guanajuato ocupa una posición particularmente relevante. De acuerdo con información de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, durante 2025 el estado registró exportaciones cercanas a 28 millones de dólares en productos derivados de la fresa, entre los que se encuentran presentaciones frescas, congeladas y procesadas por lo que el valor de estas exportaciones representó un crecimiento anual de 3.7 por ciento respecto de 2024, mientras que el volumen exportado superó las 13 mil 708 toneladas, con un incremento de 13.4 por ciento en comparación con el año anterior.
La dimensión de esta actividad adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa su distribución dentro del territorio guanajuatense, por ejemplo, el municipio de Irapuato concentró durante 2025 el 76.1 por ciento del valor total de las exportaciones estatales de productos derivados de la fresa, equivalente a aproximadamente 21 millones de dólares y en el municipio se registró el movimiento de más de 10 mil 319 toneladas de producto en sus diferentes presentaciones.
Por su parte, el gobierno de Guanajuato señala que actualmente existen 10 empresas instaladas en Irapuato que participan en la exportación de fresa hacia los Estados Unidos de América y que esta actividad genera oportunidades para más de mil familias.
Estos datos muestran que cualquier modificación en las condiciones de acceso de la fresa mexicana al mercado estadounidense puede tener una relevancia particular para Guanajuato y, de manera destacada, para Irapuato. La importancia de este municipio dentro de la cadena exportadora implica que los efectos de una eventual medida comercial definitiva podrían trascender a los productores agrícolas y alcanzar a empresas empacadoras, comercializadoras, trabajadores agrícolas, prestadores de servicios logísticos y demás actividades relacionadas con la producción y comercialización de este cultivo por lo que la atención de las autoridades no debe limitarse al resultado final del procedimiento comercial, sino contemplar desde ahora mecanismos de seguimiento y acompañamiento para los sectores que pudieran resultar afectados.
Es necesario que el gobierno federal, a través de las autoridades competentes en materia económica y agropecuaria, implemente una estrategia urgente de acompañamiento y atención para los productores, exportadores y demás integrantes de la cadena productiva de la fresa que pudieran resultar afectados. Dicha estrategia debe permitir identificar las necesidades específicas del sector, facilitar el acceso a información y asesoría, dar seguimiento a la evolución del procedimiento comercial y, en su caso, valorar mecanismos de apoyo emergente que contribuyan a mitigar los efectos económicos que pudieran generarse.
La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de dar seguimiento a aquellas circunstancias que puedan afectar la economía de las familias mexicanas y, particularmente, de los sectores productivos que contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo regional. En el caso de la fresa, la reciente determinación preliminar de las autoridades estadounidenses constituye una circunstancia que amerita atención urgente y preventiva.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implemente de manera urgente una estrategia integral de acompañamiento y atención dirigida a los productores y exportadores de la cadena productiva de la fresa mexicana que pudieran resultar afectados por las medidas comerciales adoptadas o que, en su caso, sean determinadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, y valore la implementación de un esquema de apoyo emergente para mitigar sus posibles efectos económicos, con especial atención a los productores del estado de Guanajuato y del municipio de Irapuato.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que fortalezca las acciones de diversificación de mercados, promoción y comercialización de la fresa mexicana, así como las medidas de acompañamiento técnico y productivo dirigidas a los productores, a fin de reducir la dependencia del mercado estadounidense, preservar los ingresos de las familias productoras y los empleos vinculados con esta actividad, y contribuir a la continuidad y fortalecimiento de la cadena productiva de la fresa nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de septiembre de 2026.
Diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, a la SABG y a la SE para que se establezcan criterios adicionales a los requisitos para los participantes en los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, que acrediten reconocimientos, certificados o cualquier distintivo nacional o internacional en materia de responsabilidad social empresaria, a cargo de la diputada Liliana Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Liliana Ortiz Pérez, del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción Il, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ?me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a la Secretaría de Economía para que, a través del Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica, se establezcan criterios adicionales a los requisitos para los participantes en de los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, que acrediten reconocimientos, certificados o cualquier distintivo nacional o internacional en materia de responsabilidad social empresarial, medioambiental, calidad de medicamentos e insumos, así como de programas de soporte a pacientes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 31 de octubre del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, presentó el nuevo Modelo de Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos del Sector Salud para el bienio 2025-2026.
Mencionaron que es el mecanismo más importante en la historia del país, en términos de volumen y claves, en el que participarán 26 instituciones y que estará abierto a proveedores nacionales e internacionales, buscando las mejores condiciones de abasto y precio, en beneficio de la población mexicana.
Durante la presentación, el secretario David Kershenobich Stalnikowitz señaló que la compra consolidada de medicamentos e insumos es un aspecto fundamental en el ámbito de la salud pública y personal; garantiza el acceso a tratamientos para la prevención, atención primaria y curación de las enfermedades; tiene implicaciones económicas, éticas y sociales, y es crucial para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso con equidad.
El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, resaltó que el objetivo del mecanismo es garantizar la disponibilidad de medicamentos para todas y todos los mexicanos que reciben atención en el sector público, bajo las mejores condiciones de calidad, eficiencia y precio. Detalló que el mecanismo operará de la siguiente forma: la Secretaría de Salud, como cabeza del sector, será la responsable del diagnóstico, la planeación, la coordinación y la supervisión de todo el proceso.
Las instituciones del sector definirán las necesidades por clave y por punto de entrega. La Secretaría de Salud, además, validará esos requerimientos por relevancia terapéutica, calidad, cantidad y posibilidades de negociación de precio.
La compra consolidada será ejecutada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S. A. de C.V. (Birmex) y, finalmente, las instituciones participantes suscribirán los contratos y recibirán los insumos para atender a la población.1
Este procedimiento busca garantizar lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud, lo cual implica no sólo el acceso a medicamentos, sino también la garantía de calidad, seguridad, eficacia y sostenibilidad en su producción y distribución.
Sin embargo, en abril del 2025 se anunció que, por irregularidades y presuntos actos de corrupción por sobreprecios, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró nulo el proceso de licitación de medicamentos correspondiente a la compra consolidada para 2025 y 2026. El daño por los sobreprecios es de casi 13 mil millones de pesos, indicó la propia Secretaría de Salud, que añadió que la anulación afecta a 175 claves de medicamentos que fueron adjudicadas a un costo mayor al ofertado por otros participantes.2
Una investigación periodística1 reveló que entre 2019 y 2025, el gobierno implementó distintos esquemas de compra de medicamentos a cargo de actores tan variados como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, con quien el gobierno firmó un acuerdo, el extinto Instituto de Salud para el Bienestar que fue sustituido por el IMSS-Bienestar porque no funcionó, y, ahora, Birmex.
Lo más preocupante es que el tránsito entre estos distintos esquemas de compra se hizo sin corregir errores en la planeación, almacenamiento, distribución y entrega oportuna. Por ello, a pesar de que los recursos ejercidos para la compra y distribución de medicinas aumentaron en los últimos dos años, el desabasto persiste. En 2023, las instituciones de salud pública ejercieron más de $108 mil millones de pesos (mdp) para este propósito y para 2024 estos aumentaron a $122 mil mdp.3
A pesar de este incremento, en 2024, el IMSS no logró abastecer más de 11 millones de medicamentos a sus derechohabientes, mismos que fueron adquiridos por pacientes y sus familias de su propio bolsillo, si es que contaron con los medios.
Es importante mencionar que el 7 de agosto del 2025 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la planeación del procedimiento de contratación consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud, para los ejercicios fiscales 2027 y 2028.4
El marco legal para estos procedimientos se establece en:
El artículo 9, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que prevé que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno establecerá y conducirá la política general de contrataciones públicas, y emitirá las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de la ley, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación;
El artículo 39, fracciones I, XIII, XXI, XXII y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), donde se dispone que corresponde a la Secretaría de Salud conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general; ejecutar el control sobre la preparación, posesión, uso, suministro, importación, exportación y distribución de medicamentos, productos biológicos, vacunas, insumos y dispositivos médicos; actuar como autoridad sanitaria y vigilar el cumplimiento de la LGS; planear e integrar la demanda de medicamentos e insumos para la salud, en el marco de los procedimientos de contratación consolidada que se instrumenten y en los que intervengan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de atención médica, salud pública y asistencia social; así como elaborar y conducir la política para la producción nacional de medicamentos e insumos para la salud;
Específicamente para la compra de medicamentos e insumos médicos, el 2 de junio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se fomenta la inversión en territorio nacional, para fortalecer el desarrollo de la industria farmacéutica y la producción de insumos para la salud; así como el desarrollo de investigación científica nacional.5
En su artículo 4, se establece que en los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud o dispositivos médicos, genéricos, que se realicen en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se utilizará el criterio de evaluación de puntos y porcentajes, previéndose un requisito de participación por medio del cual se otorguen puntos a las proposiciones presentadas por personas físicas o morales que acrediten inversión en el territorio nacional en la cadena de producción de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, que hayan iniciado la instalación en el país de fábricas, laboratorios o almacenes que formen parte de dicha cadena o, en su caso, desarrollen investigación científica o productos innovadores en materia de salud en México, en términos de lo dispuesto en los lineamientos a que se refiere el artículo 2 del presente decreto.
El carácter de los procedimientos licitatorios que, en su caso, se lleven a cabo, será determinado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, garantizando la libre competencia para obtener las mejores condiciones de contratación para el Estado mexicano,
El artículo 5, de dicho decreto establece que: Para efectos de los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, de fuente única y patente, se conformará un Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica integrado por personas servidoras públicas de las secretarías de Salud, de Economía y Anticorrupción y Buen Gobierno, quienes participarán en el ámbito de sus competencias y cuya finalidad será facilitar el diálogo con la industria farmacéutica y de dispositivos médicos para el análisis de las propuestas de inversión en territorio nacional, considerando cuando menos el monto estimado de la compra, así como el nivel de inversión, capacidad productiva instalada y nivel de investigación científica en México.
El artículo segundo transitorio de dicho decreto establece que las disposiciones relativas a los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, serán aplicables a los procedimientos de contratación que se realicen a partir del ejercicio fiscal 2026 y cuyos medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos sean programados para su entrega a partir del 2027.
El 23 de febrero del 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Organización y Funcionamiento del Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica.6
En el que se establece que dicho comité está integrado por la Secretaría de Salud, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Secretaría de Economía y sus funciones son:
I. Analizar las propuestas de inversión en territorio nacional, que las empresas interesadas en ofertar medicamentos y dispositivos médicos de fuente única y patente presenten en los procedimientos de contratación consolidada por conducto de la Secretaría Técnica;
II. Formular los acuerdos sobre las propuestas de inversión y determinar los compromisos que serán plasmados en los Convenios de Concertación;
III. Analizar y corroborar que el monto estimado de las compras consolidadas sea proporcional con el nivel de inversión, la capacidad productiva instalada y el grado de investigación científica nacional de las empresas interesadas en ofertar medicamentos y dispositivos médicos de fuente única y patente, al gobierno de México, en los procedimientos de contratación consolidados, conforme a lo previsto en el artículo 15 de las reglas;
IV. Aprobar los proyectos de Convenios de Concertación que contengan los compromisos de inversión con las personas físicas o morales de las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos, incluyendo plantas de manufactura, centros de desarrollo de ingredientes farmacéuticos activos, laboratorios, así como con las personas físicas o morales que realicen desarrollo en investigación científica o productos innovadores en materia de salud;
V. Alinear sus decisiones con el enfoque de promoción de la proveeduría nacional;
VI. Requerir información a las personas físicas o morales proponentes cuando sea necesario, en el marco del análisis de las propuestas de inversión y, en su caso, celebrar reuniones de entendimiento;
VII. Proveer a la Secretaría de Salud de elementos que le permitan la toma de decisiones en la planeación de los procesos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, en relación a la inversión en territorio nacional en términos del decreto, mediante los acuerdos adoptados;
VIII. Monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Convenios de Concertación, a través de la Secretaría Técnica, y
IX. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo.
Hasta 2026, el desabasto de medicamentos y los problemas de distribución, han generado una crisis de salud en México. La implementación de diversos mecanismos para la compra y distribución de medicamentos e insumos para el sector salud no ha garantizado que las instituciones públicas del sector salud atiendan las necesidades de la población derechohabiente a largo plazo, afectando los tratamientos y afectaciones de los pacientes.
Diversos grupos farmacéuticos e industriales nacionales e internacionales han demandado al gobierno federal no solo el pago oportuno por el suministro de medicamentos e insumos que se han adquirido, también han destacado que para garantizar un abasto suficiente y de calidad, la compra gubernamental no solo debe enfocarse en garantizar el menor precio por pieza. La industria farmacéutica a partir de su desarrollo industrial y de investigación, ha avanzado en innovación no solo en los productos y servicios que ofrece sino en el enfoque y responsabilidad con un enfoque de sostenibilidad. Es decir, han ido integrando en sus objetivos financieros metas sociales, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado que los sistemas de compra pública deben evolucionar hacia modelos de valor por dinero (value-based procurement), los cuales integran factores como innovación, sostenibilidad ambiental, impacto social y calidad terapéutica, además del precio.
Es importante resaltar que la industria farmacéutica tiene un impacto ambiental relevante, particularmente en el uso de agua, emisiones de carbono y manejo de residuos químicos. De acuerdo con reportes globales al 2025, el sector farmacéutico genera emisiones superiores a 50 millones de toneladas de CO? anuales a nivel mundial, lo que hace indispensable promover prácticas responsables en su operación.
Diversas empresas farmacéuticas, tanto nacionales como internacionales, han adoptado estándares avanzados de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), así como esquemas de innovación en investigación clínica, que contribuyen al desarrollo de tratamientos más eficaces y sostenibles. Reconocer y valorar estas prácticas en los procesos de compra pública puede incentivar a más empresas a adoptar estándares elevados de sostenibilidad y responsabilidad social, generando beneficios directos para los pacientes, tales como mayor calidad, innovación terapéutica, menor impacto.
Otro ejemplo de buenas prácticas son los Programas de Soporte a Pacientes (PSP), los cuales constituyen un componente esencial dentro de los modelos modernos de atención a enfermedades crónicas, al proporcionar un acompañamiento estructurado, continuo y centrado en el paciente, que complementa la atención médica tradicional. Estos programas integran educación en salud, seguimiento periódico, orientación personalizada o en grupos y mecanismos de apoyo que fortalecen tanto el diagnóstico oportuno como la adherencia al tratamiento a largo plazo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que la falta de adherencia a terapias de largo plazo representa uno de los principales desafíos en el manejo de enfermedades crónicas, señalando que, en promedio, solo alrededor del 50 por ciento de los pacientes con enfermedades crónicas mantienen una adecuada adherencia a su tratamiento, incluso en países desarrollados. La OMS enfatiza que mejorar la adherencia tiene un impacto comparable o incluso superior al desarrollo de nuevas terapias, ya que permite maximizar los beneficios clínicos de los tratamientos ya disponibles.
En este contexto, los PSP contribuyen de manera directa a fortalecer el diagnóstico oportuno, mejorar la comprensión de la enfermedad y del tratamiento, incrementar la adherencia terapéutica, reducir el abandono temprano del tratamiento y optimizar los recursos del sistema de salud.
La evidencia internacional señala que los modelos de atención que incorporan intervenciones educativas estructuradas y seguimiento continuo logran mejores desenlaces clínicos, mayor control de la enfermedad y una reducción significativa de complicaciones.
En este contexto consideramos que si bien se está buscando fomentar la inversión en el territorio nacional para fortalecer el desarrollo de la industria farmacéutica y la producción de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos; así como promover la investigación científica y el desarrollo de productos innovadores en materia de salud a través de acuerdos, la valoración de criterios de responsabilidad ambiental, social y de innovación en la atención y seguimiento de los pacientes en las compras consolidadas, es necesario ya que permitirá transitar hacia un modelo más integral que no sólo busque ahorros inmediatos, sino beneficios sostenibles a mediano y largo plazo. Avanzar en esta ruta contribuirá a:
Incentivar la inversión en investigación y desarrollo en México.
Fomentar prácticas industriales responsables con el medio ambiente.
Reconocer a empresas que aportan valor social más allá del precio.
Mejorar la calidad y eficacia de los tratamientos disponibles.
Fortalecer la resiliencia del sistema de salud ante futuras crisis sanitarias.
Dinamizar la creación de Programas de Soporte a Pacientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y a la Secretaría de Economía para que, a través del Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica, valoren la posibilidad de incorporar criterios adicionales que sumen a los requisitos para los participantes en de los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, insumos para la salud y dispositivos médicos, que acrediten reconocimientos, certificados o cualquier distintivo nacional o internacional en materia de responsabilidad social empresarial, medioambiental, calidad de medicamentos e insumos, así como programas de soporte a pacientes, a fin de fortalecer la calidad del sistema de salud y promover prácticas sostenibles a largo plazo.
Notas
1. https://www.gob.mx/salud/prensa/433-secretaria-de-salud-presenta-nuevo- modelo-transparente-y-digital-para-la-compra-de-medicamentos-2025-2026? idiom=es#:~:text=Secretar%C3%ADa%20de%20Salud%20presenta%20nuevo%20mode lo%2C%20transparente,digital%2C%20para%20la%20compra%20de%20medicamento s%202025%2D2026.
2. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2025/04/10/anulan-compra-de-medicamentos-por-corrupcion-y-sobreprecios/
#:~:text=Por%20irregularidades%20y%20presuntos%20actos%20de%20corrupci%C3%B3n,
la%20compra%20consolidada%20para%202025%20y%202026.
3. https://grupoanimal.mx/opinion/caso-birmex-compra-de-medicamentos#_ftn3
4. DOF - Diario Oficial de la Federación
5. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5758997&fecha=02/06/ 2025#gsc.tab=0
6. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5780685&fecha=23/02/ 2026#gsc.tab=0
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 septiembre de 2026.
Diputada Liliana Ortiz Pérez (rúbrica)