Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7117-II-1-1, miércoles 2 de septiembre de 2026

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de trazabilidad y seguridad nacional zoosanitaria, a cargo de la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal Federal, en materia de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona el artículo 58 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor; el artículo 144 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y la fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de incentivos al consumo sustentable y protección contra prácticas comerciales abusivas, a cargo de la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena
De decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como “Día Nacional de las y los Policías”, a cargo de la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Civil Federal, en materia de protección patrimonial del adulto mayor, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona una fracción XIV al Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho permanente a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona diversas disposiciones al artículo 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para fortalecer el régimen de seguridad social del personal de seguridad pública mediante la creación de esquemas de becas educativas para sus hijas e hijos, así como coberturas complementarias para sus familias o personas beneficiarias en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente derivada del cumplimiento de sus funciones, a cargo de la diputada Jessica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona el artículo 50 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salvaguardar su vida al transitar por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma la fracción VIII del artículo 208 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de salvaguardar la vida de los trabajadores del estado que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma la fracción IX del artículo 251 de la Ley del Seguro Social, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salvaguardar la vida de las y los trabajadores que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona un Título Vigésimo Séptimo al Código Penal Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma la fracción VI del artículo 2o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de actualización de terminología y condiciones mínimas de seguridad, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de la sal artesanal, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, en materia de armonización normativa y actualización institucional, para cambia la referencia de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para especificar que el Servicio Postal Mexicano también es conocido comercial e institucionalmente como Correos de México, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma la fracción VI del artículo 282 de la Ley Federal de Derechos, en materia de uso, aprovechamiento y descarga de aguas nacionales para la acuacultura y la camaronicultura, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma las fracciones III y IV del artículo 63 de la Ley General de Turismo, en materia de sustentabilidad y eficiencia energética en el sector turístico, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma la fracción XIX del artículo 3o. de la Ley General de Turismo, en materia de uso responsable y eficiente del agua en la actividad turística, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, en materia de promoción de artesanías y fortalecimiento de las economías locales, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
Que reforma el artículo 22 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de armonización normativa y actualización institucional, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de trazabilidad y seguridad nacional zoosanitaria, a cargo de la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juana Acosta Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema: la vulnerabilidad del sistema de trazabilidad actual

El sector pecuario nacional es un pilar estratégico de la economía y la soberanía alimentaria de México. Para proteger este patrimonio, se implementó el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, cuyo fin primordial es garantizar la trazabilidad sanitaria1 . Sin embargo, la realidad operativa ha rebasado la normatividad. La falta de controles y sanciones estrictas ha permitido el florecimiento de un mercado negro de dispositivos de identificación (aretes)2 .

Esta vulnerabilidad no es solo administrativa; es el motor logístico del abigeato y el “lavado” de ganado, permitiendo que semovientes robados o introducidos de contrabando sean legalizados mediante dispositivos oficiales obtenidos ilícitamente, vulnerando la seguridad patrimonial de los productores3, lo que más que una falta administrativa debería constituir un tipo penal.

II. Impacto zoosanitario

La incapacidad de garantizar la procedencia exacta de los semovientes pone en riesgo inminente el estatus zoosanitario de México ante socios comerciales.

Sanciones más duras y aplicadas adecuadamente evitarían que las personas tengan incentivos para tratar de engañar sobre el origen de las cabezas de ganado, lo que permitiría aplicar mecanismos de regionalización o cuarentenas quirúrgicas . Al demostrar fehacientemente el origen, tránsito y destino de cada animal, el Estado mexicano puede proteger las exportaciones de las zonas libres de riesgo y encapsular cualquier amenaza sanitaria en horas, evitando embargos nacionales catastróficos.

III. Impacto económico y social: el costo de la inacción

La ausencia de esta reforma conlleva riesgo de alto impacto para la economía:

2. Impacto en productores: México exporta anualmente más de 1.2 millones de cabezas de ganado con un valor superior a los mil 500 millones de dólares 4 . Un embargo sanitario desplomaría los precios domésticos hasta en un 40 por ciento por sobreoferta, provocando la quiebra técnica de miles de Unidades de Producción Pecuaria5 .

2. Impacto en consumidores: La desarticulación de la industria derivaría en volatilidad inflacionaria y encarecimiento de las fuentes de proteína básica para las familias mexicanas.

3. Fugas en el erario: La opacidad en los registros permite la existencia de “inventarios fantasma”, desviando subsidios y apoyos que deben llegar a los verdaderos productores.6

IV. Objeto de la iniciativa: trazabilidad como seguridad nacional sanitaria

La presente iniciativa propone una reforma integral a la Ley Federal de Sanidad Animal para generar un régimen punitivo disuasorio. Para lograrlo se tipifica como delito federal, con penas de cinco a diez años de prisión, la fabricación ilícita, el tráfico de dispositivos oficiales y su uso indebido, castigando con mayor severidad si participan servidores públicos o si se busca ocultar el abigeato.

V. Análisis de impacto presupuestario: una inversión estratégica

La iniciativa no genera un impacto presupuestario negativo ni requiere de la asignación de partidas extraordinarias .

• Procuración e Impartición de Justicia: La adición del artículo 175 Bis establece que las autoridades federales conocerán de estos delitos. La investigación y persecución de estas conductas (que se equiparan a la falsificación de sellos, marcas y contraseñas oficiales) se llevarán a cabo utilizando la capacidad operativa e infraestructura institucional ya instalada de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la federación.

• Coordinación de autoridades: La obligación de las autoridades del fuero común de remitir el desglose correspondiente al Ministerio Público de la Federación cuando tengan conocimiento de estas conductas durante la investigación del delito de abigeato, forma parte de las facultades de colaboración jurisdiccional vigentes, por lo que no implica la creación de nuevas áreas burocráticas.

Impacto en la Ley de Ingresos de la Federación

La reforma presenta un impacto positivo marginal en la recaudación federal.

• El artículo 175 Bis impone consistentes en quinientas a tres mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización para los infractores.

• La captación de estos recursos derivará de las sentencias condenatorias dictadas por los jueces federales, ingresando directamente a las arcas de la Tesorería de la Federación.

Beneficio económico y social

Más allá del balance presupuestario gubernamental directo, la reforma funciona como un mecanismo de protección para la economía nacional mediante la disuasión de prácticas ilícitas que ponen en riesgo el estatus zoosanitario.

La adición del artículo 175 Bis a la Ley Federal de Sanidad Animal es una medida legislativa de impacto presupuestario cero en gasto corriente y de inversión. Su implantación se sustenta en la optimización del marco normativo penal y en la utilización de las capacidades de procuración de justicia ya existentes en el Estado mexicano. Además, representa una medida preventiva altamente costo-efectiva frente a los riesgos económicos devastadores que conllevaría una crisis sanitaria en el sector pecuario.

Para lograr una mayor claridad se pone a disposición el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 175 Bis a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 175 Bis. Se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien, en afectación a las vías generales de comunicación, el comercio interestatal o internacional, o la salubridad general de la nación:

I. Fabrique, altere, clone, comercialice, adquiera o facilite dispositivos de identificación oficial ganadera sin la autorización de la Secretaría, equiparando dichas conductas al delito de falsificación de sellos, marcas y contraseñas oficiales.

II. Reutilice, transfiera, deseche o haga uso indebido de los dispositivos de identificación oficial, con el propósito de evadir las normas federales de movilización, cuarentena, importación o exportación de semovientes.

La pena se incrementará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público, personal técnico autorizado por la secretaría, o cuando la conducta tenga como fin ocultar el delito de abigeato o eludir controles sanitarios.

Las autoridades federales conocerán de los delitos previstos en este artículo. Las autoridades del fuero común que, en la investigación del delito de abigeato o robo, tengan conocimiento de la comisión de las conductas aquí descritas, deberán remitir el desglose correspondiente al Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de continuar con las investigaciones de su competencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2015, 29 de mayo). Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas . Diario Oficial de la Federación.

2. Martínez, J. (2022, 17 de octubre). “Venta ilegal de aretes propicia contrabando de ganado en México”, Milenio . Recuperado de https://www.milenio.com/estados/venta-ilegal-aretes-propicia-contraband o-ganado-mexico

3. Zona Docs (2022, 22 de mayo). Cómo los aretes del mercado negro facilitan el contrabando de ganado de Centroamérica a México . Recuperado el 21 de abril de 2026, de https://www.zonadocs.mx/2022/05/22/como-los-aretes-del-mercado-negro-fa cilitan-el-contrabando-de-ganado-de-centroamerica-a-mexico/

4 Vázquez Martínez, A. (2023, 18 de septiembre). “La exportación de ganado en pie a EU, ¿en riesgo?”, Tierra Fértil . Recuperado el 21 de abril de 2026, de https://tierrafertil.com.mx/2023/09/19/la-exportacion-de-ganado-en-pie- a-ee-uu-en-riesgo/

5 Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (2025, 12 de noviembre). “‘Caída de superávit agroalimentario, por aranceles y cierre de EU al ganado’: especialista”, Aristegui Noticias . Recuperado el 21 de abril de 2026, de https://gcma.com.mx/aristegui-noticias-caida-de-superavit-agroalimentar io-por-aranceles-y-cierre-de-ee-uu-al-ganado-especialista/

6 Auditoría Superior de la Federación (2020). Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019: Programa Crédito Ganadero a la Palabra (auditoría de desempeño 2019-0-08100-07-0273-07-001) . Cámara de Diputados. Recuperado de https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditorias/201 9_0273_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.

Diputada Juana Acosta Trujillo (rúbrica)

Que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal Federal, en materia de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rosa Margarita Graniel Zenteno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal Federal, en materia de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ha encontrado en los entornos digitales un nuevo espacio de reproducción y expansión. El uso masivo de redes sociales, plataformas digitales, videojuegos en línea y servicios de mensajería ha facilitado que personas adultas establezcan contacto con menores de edad con fines sexuales, produzcan y difundan material de abuso sexual infantil o los sometan a amenazas y extorsiones, generando graves afectaciones a su integridad física, emocional y psicológica.

El acceso de niñas, niños y adolescentes a las tecnologías digitales ya no es un tema de discusión: hoy es una realidad presente en la vida diaria. Cuando se utiliza de manera adecuada, puede ser una gran herramienta para apoyar a quienes viven en condiciones de desventaja, ya sea por pobreza, discapacidad, origen, género o lugar de residencia, brindándoles más oportunidades y habilidades para desarrollarse en el mundo digital.

Sin embargo, también se ha incrementado la violencia digital o ciberacoso. Amenazas, insultos, mentiras, intimidación, difusión de imágenes íntimas sin permiso, engaños, extorsiones, suplantación de identidad y robos de información son algunas de las agresiones que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes, generándoles miedo, daño emocional y humillación.

En México, si bien el Código Penal Federal considera delitos relacionados con la pornografía infantil y la corrupción de menores, no existe un tipo penal autónomo que reconozca y sancione de manera integral la violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, lo que genera vacíos legales, dificultades probatorias y una respuesta institucional insuficiente frente a estas conductas.

Esta omisión contraviene el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las obligaciones del Estado mexicano derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía1, y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 19 y 34.2

“Los datos sobre los distintos tipos de violencia contra los niños mediante el uso de la tecnología, principalmente a través de Internet, surgen del primer Estudio Nacional sobre Violencia Digital contra la Niñez, dirigido por Luis Ángel Hurtado Razo, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”3

La violencia sexual digital no se limita a la producción de material explícito; inicia muchas veces con el contacto intencional con fines sexuales (grooming)4, continúa con la obtención o simulación de contenido íntimo y culmina con prácticas de extorsión, donde las víctimas son sometidas a amenazas, manipulación y revictimización constante. Estas conductas deben ser reconocidas como una forma específica de violencia sexual, con sanciones claras y proporcionales.

El pasado 22 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley para la Protección del Derecho de las Infancias a una Vida Libre de Violencia cometida con Uso de Inteligencia Artificial5 en Zacatecas.

Por unanimidad de votos, el pleno del máximo tribunal avaló la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de aprobada por el Congreso de Zacatecas.

Esta decisión es fundamental, porque por primera vez en nuestro país se pone énfasis en una problemática que, muchas autoridades desconocían o en algunos casos ignoraban de su existencia o la negaban en determinado momento.

Desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social principios fundamentales del movimiento de la Cuarta Transformación, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellas que se producen en ámbitos digitales donde la impunidad suele prevalecer.

Tipificar el delito de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar conductas que vulneran su integridad, dignidad y desarrollo integral, garantizando el interés superior de la niñez y una vida libre de violencia en entornos digitales.

La inicia tiene un impacto positivo directo en niñas, niños y adolescentes, quienes constituyen un grupo en situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia sexual en entornos digitales.

Diversos países han avanzado en el reconocimiento de la violencia sexual digital como delito autónomo, por ejemplo:

• España tipifica el child grooming y la pornografía infantil digital en el Código Penal en 2010, en el artículo 183 Bis.6

• Argentina Desde diciembre de 2013 el Código Penal establece que?el grooming es un delito que puede tener una pena de prisión de 6 meses a 4 años.7

• Chile Desde diciembre de 2022, transmitir imágenes o audios con contenido sexual que involucre a menores de 18 años, es delito.8

Estas experiencias demuestran la necesidad de una tipificación clara, específica y acorde a la realidad digital contemporánea.

A efecto de tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Código Penal Federal

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal Federal

Único. Se adiciona el artículo 202 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo II
Pornografía de Personas Menores de Dieciocho Años o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo

Artículo 202. ...

...

Artículo 202 BIS. ...

Artículo 202 Ter. Comete el delito de violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes quien, por cualquier medio electrónico, digital o tecnológico:

a) Establezca comunicación con una niña, niño o adolescente con fines sexuales o eróticos;

b) Solicite, obtenga, produzca, almacene, comparta o difunda imágenes, audios o videos de contenido sexual o íntimo de niñas, niños o adolescentes, reales o simulados;

c) Amenace, manipule o extorsione a una niña, niño o adolescente utilizando material obtenido por medios digitales.

A quien cometa este delito se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización.

La pena establecida en el párrafo anterior aumentará hasta en una mitad cuando:

d) La víctima sea menor de doce años;

e) El delito se cometa mediante engaño, uso de identidad falsa, abuso de confianza o aprovechamiento de una relación de autoridad, parentesco, tutela, custodia, docencia o cuidado;

f) El responsable sea servidor público o utilice recursos, plataformas o equipos institucionales y

g) Exista reiteración de la conducta o pluralidad de víctimas.

Además de las penas señaladas, el responsable perderá los derechos derivados de la patria potestad, tutela, curatela o cualquier otra relación de autoridad o confianza sobre la víctima, cuando corresponda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/optional-pr otocol-convention-rights-child-sale-children-child

2 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

3 https://unamglobal.unam.mx/global_revista/violencia-digital-contra-nino s-y-adolescentes/

4 https://www.gob.mx/profeco/articulos/grooming-y-ciberacoso-en-ninos?idi om=esGrooming: Es cuando un adulto mediante engaños y mentiras se gana la confianza y establece algún tipo de amistad con una niña, niño o adolescente a través de Internet, ya sea vía redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual. Estas imágenes o videos están destinados al consumo de pederastas o a redes de abuso sexual a menores con el objetivo de llevar a cabo abuso y/o explotación sexual o prostitución infantil.

5 https://www.congresozac.gob.mx/64/ley&cual=121

6 https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf

7 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27590-345231/texto

8 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1187183

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.

Diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno (rúbrica)

Que adiciona el artículo 58 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor; el artículo 144 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y la fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de incentivos al consumo sustentable y protección contra prácticas comerciales abusivas, a cargo de la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Juana Acosta Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

Las políticas públicas enfocadas en la prohibición de los plásticos de un solo uso contribuyen a la protección medioambiental, sin embargo, le transmiten todo el costo al consumidor y le genera una carga operativa al sector comercial. Es importante mencionar que al restringir el uso de bolsas de plástico de un solo uso en los supermercados y tiendas de conveniencia, la alternativa más popular es la bolsa ecológica que puede ser reutilizada con los más diversos fines, amainando la producción y el uso de bolsas de plástico que contaminan los ecosistemas una vez que son desechadas.

Sin embargo, esta bolsa es más cara, y los proveedores le transmiten el costo de la compra a los consumidores, quienes deben siempre traerla o comprar otra, lo que no necesariamente implica una reducción en el consumo de bolsas e incrementa la demanda de un bien que es más costoso de producir por unidad en términos ecológicos.1

El espejismo ecológico y el efecto de sustitución

El argumento de que prohibir las bolsas no reduce el plástico, sino que lo empeora, está respaldado por investigaciones económicas y ambientales de primer nivel:

• El Estudio de Rebecca Taylor (Universidad de Sídney / UC Berkeley): En su investigación Bag ‘leakage’: the effect of disposable carryout bag regulations on unregulated bags (2019),2 la economista Rebecca Taylor demostró empíricamente que la prohibición de bolsas en supermercados provoca que la venta de bolsas de basura se dispare. Su estudio reveló que, tras las prohibiciones, las ventas de bolsas de basura pequeñas (de 4 galones) se incrementaron en un alarmante 120 por ciento. Dado que estas bolsas de basura suelen estar fabricadas con plásticos más gruesos, el impacto ambiental puede ser peor, ya que contaminan y tardan más en degradarse.

• Análisis de ciclo de vida (Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca, 2018):3 un estudio oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca analizó el ciclo de vida de diversos materiales de bolsas de supermercado. La conclusión técnica fue reveladora: las bolsas de plástico ligero tienen el menor impacto ambiental global en cuanto a producción y disposición frente a otras alternativas. Además, el estudio determinó que reutilizar estas bolsas del súper como bolsas de basura en el hogar es la mejor opción ambiental, incluso mejor que el reciclaje.

El paradigma del incentivo positivo en el consumo

En ese tenor, además del incentivo del costo más alto, deben existir beneficios a los consumidores que cuenten con sus bolsas ecológicas y de hecho las reutilicen. Adicionalmente, debe haber una garantía para el consumidor a fin de que no tenga que consumir un bien a fin de poder recibir los bienes y servicios que se contratan.

Ya que transferir el costo al consumidor crea una nueva necesidad que tiene como consecuencia la creación de una línea de negocio adicional. En lugar de sustituir el insumo por uno sustentable asumiendo el costo, obligan al consumidor a comprar bolsas (usualmente rotuladas con la publicidad de la misma tienda). En otras palabras, el consumidor termina pagando por hacerle publicidad móvil al establecimiento comercial. lo cual constituye una asimetría e inequidad en la relación de consumo.

Lo anterior es así porque las políticas restrictivas de “cero plásticos”, si bien tienen buenas intenciones, se diseñaron omitiendo la necesidad logística y humana de agrupar y transportar mercancías, particularmente aquellas pesadas o voluminosas, a menos que se pague el costo de un contenedor o se cuente con uno previamente.

Para un sector de la población, esta falta de un contenedor adecuado en el punto de venta es una simple incomodidad logística; sin embargo, para adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas o ciudadanos que dependen del transporte público, la negativa comercial a proveer un medio de transporte de mercancías se convierte en una barrera de accesibilidad severa.

Negar o dificultar el acceso a un mecanismo de carga obliga a estos consumidores a realizar esfuerzos físicos desproporcionados, incrementando el riesgo de lesiones y vulnerando su derecho a un consumo seguro y digno o a pagar para evitar esas consecuencias negativas.

Organismos internacionales como el Health and Safety Executive, de Reino Unido, y las normativas derivadas de NIOSH en Estados Unidos evalúan el riesgo de carga basándose en la postura.4 El HSE advierte que el riesgo de lesión muscular aumenta drásticamente si la carga no se puede mantener pegada al cuerpo, si la persona no tiene un “agarre firme” sobre el objeto, o si el centro de gravedad cambia al caminar.5

Sin una bolsa con asas, el consumidor no tiene un agarre adecuado y el volumen lo obliga a extender los brazos. El HSE señala que bajo condiciones desfavorables o posturas forzadas (como cargar sentado o sin buen agarre frontal), los umbrales de seguridad caen drásticamente a rangos de tres kilogramos para mujeres y cinco para hombres. Una compra normal supera fácilmente ese peso, forzando a la persona a salir de la “zona segura” de carga ergonómica.6

Transportar cosas en las manos afecta el equilibrio y anula las defensas naturales ante un tropiezo:

• Pérdida de Puntos de Apoyo y Fracturas: Datos clínicos, como los presentados por Foot & Ankle Associates of Maine, alertan que los supermercados y tiendas son zonas de alto riesgo de caídas para los adultos mayores debido a pisos resbaladizos y disminución de fuerza.7

• La gravedad de la caída: La geriatría establece que las caídas son la causa principal de lesiones en la cabeza y fracturas de cadera en personas mayores de 65 años. Una de las principales medidas para prevenir estas caídas es el uso de andaderas, bastones y la instalación de barandales.8

• La conexión lógica para la iniciativa: Si a un adulto mayor se le niega una bolsa y se le obliga a sostener la mercancía suelta, queda físicamente imposibilitado para usar su bastón, su andadera o para sujetarse de un barandal. Le estamos quitando su única medida de protección.

Para garantizar que se logre el objetivo de cuidar el medioambiente con la participación de todos los involucrados en las transacciones comerciales, de forma justa, equitativa y que beneficie a todos y mitigar el impacto en los bolsillos y las posibles afectaciones a la salud de las y los consumidores se propone establecer la obligatoriedad de proporcionar bolsas ecológicas con base en el volumen o peso de la compra, esta iniciativa garantiza que los establecimientos asuman su responsabilidad en la cadena de suministro hasta su fase final, asegurando que el traslado de los bienes no se convierta en una carga física discriminatoria u obstáculo insalvable para las personas más vulnerables.

Al amparo de la necesaria transición ecológica y las restricciones normativas a los plásticos de un solo uso, gran parte del sector comercial ha incurrido en una práctica que, en los hechos, constituye un abuso sistemático en perjuicio de la economía de los consumidores. La obligación original de las empresas de sustituir materiales contaminantes por alternativas sustentables fue distorsionada; en lugar de asumir el cambio como un costo operativo y de responsabilidad ambiental, los establecimientos transformaron esta restricción legal en una oportunidad para lucrar.

Cobro injustificado de contenedores para llevar a cabo una compraventa

Desde la óptica del derecho civil y la protección al consumidor, el perfeccionamiento del contrato de compraventa exige que el proveedor garantice la tradición material de los bienes; es decir, el comercio tiene la obligación intrínseca de entregar las mercancías en condiciones logísticas que permitan al comprador disponer de ellas y retirarlas del establecimiento de forma segura. Al negarse a proveer un embalaje o contenedor básico gratuito, el comercio está trasladando injustificadamente un costo operativo esencial (la entrega de la mercancía) directamente al bolsillo del cliente.9

Esta omisión deliberada genera una coacción circunstancial. Cuando un ciudadano adquiere múltiples productos, el volumen, el peso y la gravedad anulan su libertad de elección, configurando una venta condicionada o “atada” de facto . El consumidor se ve físicamente obligado a comprar la bolsa reutilizable que vende el propio establecimiento como única alternativa viable para poder salir del local con sus bienes.

En el comercio al por menor, el perfeccionamiento de la compraventa requiere la entrega física del bien, de forma que el cliente pueda disponer de él. El embalaje mínimo o las facilidades para transportar lo adquirido son parte integral del servicio comercial. Al no proveer un medio gratuito para que el consumidor retire sus productos, el establecimiento está trasladando un costo operativo básico al bolsillo del cliente. Incluso en el caso de que el consumidor lleve sus bolsas, el costo operativo se le ha transferido, volviendo todo el proceso un esquema donde la única parte que colabora en el cuidado del planeta es el consumidor por la ausencia de opciones presuntamente menos amigables con el ambiente.

Aunado a esta profunda asimetría en la relación de consumo, la práctica deriva en un lucro indebido por aprovechamiento publicitario. Los contenedores y bolsas comercializadas en las líneas de caja suelen ostentar los logotipos y colores institucionales de las cadenas comerciales. Con esto, se obliga al cliente no solo a subsidiar el costo de un empaque que debió ser provisto, sino que, como dijimos más arriba, se le cobra por convertirse en un vehículo de publicidad móvil para la empresa.

Por otra parte, el marco jurídico mexicano prohíbe tajantemente que las empresas trasladen sus responsabilidades operativas al consumidor mediante tácticas de presión. El artículo 1, fracción VII, de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) consagra como principio básico “La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios”.10

Esta directriz se materializa como una prohibición expresa en el artículo 10, párrafo segundo, del mismo ordenamiento, el cual decreta que “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.11 Asimismo, el artículo 43 de la LFPC prohíbe expresamente las ventas atadas, señalando que “Tampoco podrá condicionarse la venta, adquisición o renta a la adquisición o renta de otro producto o prestación de un servicio”.12

A la luz de los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación respecto al mandato constitucional del artículo 28 (protección al consumidor), la asimetría en la relación comercial obliga al Estado a intervenir cuando el proveedor impone barreras artificiales.13 La jurisprudencia y los criterios de los tribunales colegiados han establecido que las prácticas comerciales coercitivas se actualizan cuando el proveedor restringe, mediante acciones u omisiones, la libre determinación del consumidor, aprovechándose de su necesidad o de la falta de alternativas viables en el momento de la transacción.14

En el caso del sector retail y de autoservicio, la negativa deliberada a proporcionar un medio o contenedor gratuito para el retiro de las mercancías configura, de facto y de derecho, una práctica coercitiva y un condicionamiento de venta.

Cuando un ciudadano adquiere un volumen considerable de productos, las leyes de la física –el peso y la gravedad–15 anulan su capacidad de llevarse los bienes en las manos. El establecimiento comercial, al no proveer el embalaje logístico elemental para perfeccionar la entrega de la compra, crea una imposibilidad material. En ese preciso momento, el consumidor es coaccionado por las circunstancias impuestas por la tienda: se ve forzado a adquirir la bolsa reutilizable que el propio proveedor le vende en la línea de cajas, no por un deseo genuino de compra, sino como la única vía fáctica para poder salir del local con su despensa.

Esta conducta encuadra perfectamente en el condicionamiento prohibido por el artículo 43 de la LFPC. Se condiciona el servicio esencial de “entrega y retiro de la mercancía” a la compra forzosa de un segundo producto (la bolsa de la tienda). Permitir que las cadenas comerciales disfracen esta coacción bajo el argumento de la transición ecológica representa una claudicación del Estado frente a prácticas desleales que lesionan el patrimonio y la libre elección de los mexicanos.

Por tanto, es imperativo actualizar el marco normativo para dotar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de las herramientas legales que frenen esta asimetría. La presente iniciativa corrige esta laguna jurídica al hacer obligatorio el mecanismo de compensación por volumen, garantizando que el sector comercial asuma la responsabilidad logística que le corresponde, protegiendo así el poder adquisitivo de los consumidores frente a cobros disfrazados de activismo ambiental.

Estímulos fiscales

Adicionalmente se propone un mecanismo de estímulo que consista en un descuento y beneficios de responsabilidad social empresarial, que, a la vez que permite materializar estas mejoras, fomente la reducción de residuos, se propone lo siguiente.

1. Mecanismos de compensación: Obligatoriedad de entregar una bolsa ecológica de manera gratuita cuando la compra supere cierto volumen o monto, asumiendo este costo como una deducción operativa.

2. Mecanismo de descuento por retorno: Si el consumidor adopta la práctica sustentable de llevar su propia bolsa, el comercio deberá otorgar un descuento directo en el ticket, incentivando la fidelización y aumentando el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Este descuento deberá implicar una deducción para el negocio, toda vez que implica un impulso al consumo de bienes y servicios que sirve para incrementar el dinamismo de la economía.

Derecho a la salud y la protección al consumidor

La omisión de proveer un contenedor adecuado para el transporte de mercancías trasciende la simple incomodidad logística para convertirse en un problema tangible de salud pública y seguridad ergonómica. De acuerdo con los criterios internacionales de salud ocupacional y biomecánica, la manipulación manual de cualquier carga superior a tres kilogramos implica un riesgo potencial para la zona lumbar y el sistema musculoesquelético si no se cuenta con un agarre ergonómico adecuado (como las asas de una bolsa) o si el peso debe alejarse del centro de gravedad del cuerpo. Una compra de abastecimiento básico supera fácilmente este umbral.16

Al negar un contenedor, el establecimiento comercial obliga al consumidor a transportar los artículos abrazándolos o en posturas forzadas. Esto resulta sumamente crítico para las personas adultas mayores y con movilidad reducida. Al ocupar ambos brazos para sostener mercancía suelta, el individuo sufre una alteración en su centro de gravedad frontal, forzando una marcha inestable y, lo más grave, anulando sus reflejos de protección y su capacidad para utilizar barandales o bastones. En la población mayor de 65 años, la pérdida de equilibrio y las caídas representan la principal causa de muerte relacionada con lesiones y originan más de 95 por ciento de las fracturas de cadera. 17

Si bien en México no existe actualmente una métrica institucional que clasifique específicamente las lesiones derivadas de la carga de víveres en supermercados, la evidencia internacional confirma la gravedad de esta omisión. En Estados Unidos, la Consumer Product Safety Commission , a través de su sistema de vigilancia de lesiones en salas de emergencia (NEISS), documenta de manera constante ingresos hospitalarios por fracturas, traumatismos y contusiones derivados de la pérdida de equilibrio al transportar cargas pesadas de supermercado.18 Asimismo, la medicina deportiva estadounidense ha comprobado cómo esta práctica es un detonante directo del dolor lumbar crónico (low back pain). 19

Ignorar esta realidad contraviene el espíritu de la Ley Federal de Protección al Consumidor . El artículo 1, fracción I de dicho ordenamiento establece como principio básico irrenunciable “la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por prácticas en el abastecimiento de productos”.

Garantizar que el consumidor pueda retirar sus bienes del establecimiento sin poner en riesgo su integridad física es una obligación intrínseca del proveedor durante el perfeccionamiento de la venta. Esta garantía de salud y seguridad no puede estar condicionada al poder adquisitivo del ciudadano . Permitir que los comercios exijan el pago de una bolsa reutilizable para poder transportar la compra de forma segura equivale a mercantilizar un derecho humano básico: el derecho a la integridad física. La seguridad en el consumo no es un artículo de lujo, y la protección contra riesgos ergonómicos no puede depender de si el ciudadano tiene o no el dinero suficiente en el bolsillo para comprar la bolsa que el propio supermercado le vende.

Impacto presupuestal

La presente iniciativa no compromete las finanzas públicas; por el contrario, se fundamenta en un modelo de neutralidad fiscal dinámica . El “Descuento por retorno” operará como un incentivo promocional. Al incrementarse el volumen de transacciones impulsado por este estímulo, se generará un aumento correlativo en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA).

Para materializar este modelo y garantizar un control estricto sobre la recaudación, el proyecto incorpora mecanismos de blindaje que dotan de viabilidad económica a la propuesta:

• Trazabilidad tecnológica y combate a la evasión (CFDI): Al condicionar la deducción de este descuento a su desglose expreso mediante claves y nodos específicos en los catálogos del anexo 20 del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), se combate la evasión y se fomenta la formalidad. Esto obliga a declarar ingresos en sectores con alta transaccionalidad en efectivo, otorgando al Servicio de Administración Tributaria (SAT) herramientas tecnológicas automatizadas para auditar la procedencia del estímulo y evitar simulaciones o doble contabilidad.

• Gradualidad del impacto fiscal: El diseño transitorio de la iniciativa contempla una entrada en vigor escalonada, protegiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). Esta calibración temporal garantiza que la aparente renuncia recaudatoria no genere un impacto abrupto en las estimaciones de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), permitiendo que la recaudación secundaria (IVA) compense de manera progresiva el estímulo aplicado en el ISR.

• Subrogación eficiente del gasto público: Finalmente, la medida genera un ahorro sustancial en el gasto público estatal y municipal destinado a la recolección de residuos y desazolve de infraestructura urbana. La deducción fiscal otorgada al sector privado representa una subrogación eficiente del costo ambiental y logístico, blindada mediante normas oficiales mexicanas concurrentes (Semarnat y SE) que aseguran que el gasto deducido corresponda a contenedores ecológicamente viables y comercialmente justos.

Respecto de este último rubro, vale la pena mencionar que el impacto financiero del manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) representa una de las cargas más severas para las finanzas locales en México.20 De acuerdo con estimaciones basadas en estándares de ONU-Hábitat y planes de desarrollo municipal, los ayuntamientos destinan entre el 9.8 por ciento y hasta el 50 por ciento de su presupuesto total anual exclusivamente a la gestión, recolección y disposición final de la basura. Operativamente, el costo promedio nacional de recolección asciende a $262.00 pesos por tonelada diaria, alcanzando picos operativos de hasta $318.00 pesos en diversas regiones del país. Esta carga fiscal es aún más asfixiante en municipios con servicios concesionados, donde las tarifas exigidas por empresas privadas oscilan entre los $777.00 y $1,317.00 pesos por tonelada, a lo que deben sumarse las cuotas por derecho de descarga en rellenos sanitarios, las cuales añaden entre 300 y 400 pesos adicionales por cada tonelada ingresada.21

Si bien el presente proyecto no plantea una reducción directa y automática del gasto corriente local, sí establece una subrogación eficiente de las externalidades ambientales. Una porción masiva del tonelaje diario que ahoga los presupuestos municipales corresponde a empaques y bolsas ligeras que, además de acortar la vida útil de los sitios de disposición final, obstruyen la infraestructura de drenaje provocando gastos extraordinarios multimillonarios en desazolve y atención a inundaciones urbanas.

Al incentivar la adopción permanente de contenedores ecológicos reutilizables y trasladar ordenadamente el costo logístico del embalaje al sector privado –mediante deducciones fiscales estrictamente controladas–, los gobiernos locales disminuyen drásticamente sus erogaciones en atención a contingencias. De este modo, la deducción fiscal otorgada al sector comercial se traduce en un mecanismo eficiente de política pública, permitiendo que el Estado y los municipios recuperen su equilibrio financiero y optimicen sus recursos en beneficio de la infraestructura, el desarrollo urbano y la seguridad sanitaria.

El equilibrio óptimo en la relación de consumo (óptimo de Pareto)

El diseño de los mecanismos de compensación y estímulo fiscal planteados en esta iniciativa no es arbitrario; obedece a un modelo de eficiencia económica conocido como “óptimo de Pareto. Este principio garantiza que se mejore la posición de los consumidores y del medio ambiente sin deteriorar la viabilidad financiera del sector comercial ni erosionar la recaudación del Estado.

El esquema propuesto se sostiene matemáticamente sobre los siguientes tres ejes fundamentales:

• Incentivo real al consumidor (descuento de 2 por ciento): Se establece un descuento mínimo de 2 por ciento sobre el precio total para los usuarios que aporten su propio contenedor ecológico. En el comercio minorista y de autoservicio, los márgenes de utilidad neta operan históricamente en rangos de 2.5 a 4 por ciento; por ello, esta tasa respeta la frontera de rentabilidad empresarial. Simultáneamente, en un ticket de despensa promedio de mil 500 pesos representa un ahorro directo de 30 pesos. Esta cifra cruza el umbral de percepción psicológica del consumidor (equivalente al costo del transporte público o a la adquisición de un nuevo empaque), convirtiéndose en un estímulo material, no simbólico, que fomenta el cambio de hábitos sin descapitalizar al proveedor.

• Proporcionalidad y justicia logística (umbral de 15 UMA): Para mitigar el riesgo ergonómico derivado de compras masivas, se fija la obligatoriedad de proveer un contenedor gratuito cuando el consumo supere las 15 unidades de medida y actualización. Un ticket de esta magnitud supera mil 600 pesos, lo que invariablemente implica el traslado de mercancías pesadas o voluminosas. Proveer una bolsa reutilizable –cuyo costo de producción al mayoreo oscila entre 12 y 15 pesos– representa un costo de absorción operativo inferior a 1 por ciento del valor de la venta. Conforme esta premisa, el comercio asume un costo logístico mínimo, cumple su obligación de perfeccionar la compraventa de manera segura y obtiene un retorno publicitario móvil por el uso del empaque institucional.

• Sostenibilidad y Control Hacendario (Tope de Deducibilidad del 3 por ciento): El beneficio social de esta medida exige responsabilidad presupuestaria. Al permitir la deducción del descuento otorgado en el impuesto sobre la renta (ISR), se protege el flujo de efectivo del sector privado. Sin embargo, para salvaguardar las finanzas públicas, esta deducción se topa estrictamente a 3 por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio fiscal. Este candado previene planeaciones fiscales agresivas y garantiza que la renuncia recaudatoria controlada sea neutralizada –e incluso superada– por el efecto multiplicador en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), derivado del incremento dinámico en el volumen de consumo formal.

Conclusiones

La prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso se implementó bajo la promesa de lograr una reducción drástica en la contaminación por residuos sólidos. Sin embargo, la realidad operativa y los patrones de consumo demuestran que el impacto ambiental positivo ha sido, en el mejor de los casos, marginal. Diversos estudios de comportamiento económico y ambiental evidencian que la restricción de bolsas gratuitas en los puntos de venta únicamente generó un efecto de sustitución: las familias mexicanas, privadas de este insumo para el manejo de sus residuos domésticos, incrementaron masivamente la compra de bolsas de basura empaquetadas.

A la par, el sector comercial inundó las líneas de caja con bolsas denominadas “reutilizables”, fabricadas frecuentemente con polímeros más gruesos y pesados que exigen una mayor cantidad de recursos naturales y energía para su producción. Cuando estas bolsas terminan en los rellenos sanitarios, su huella de carbono y su tiempo de degradación superan con creces a los de sus predecesoras. En términos reales, la contaminación no se redujo; el plástico simplemente cambió de grosor, de anaquel y de precio, convirtiéndose en un modelo de negocio que capitaliza la urgencia climática sin resolverla.

Frente a este evidente estancamiento ambiental, el daño colateral que sí se ha materializado es el riesgo constante e inminente a la vida, la salud y la integridad física de las personas adultas mayores y los grupos vulnerables. Hemos sacrificado la seguridad biomecánica y logística de nuestros ciudadanos a cambio de un espejismo ecológico.

Al despojar a los adultos mayores de un medio gratuito y ergonómico para transportar sus víveres básicos, se les empuja diariamente a situaciones de alto riesgo físico. Se les obliga a anular el uso de sus manos para sostener la mercancía contra su cuerpo, privándolos de sus puntos de apoyo vitales en escaleras, banquetas y transporte público. En este grupo demográfico, una simple pérdida de equilibrio provocada por la alteración de su centro de gravedad no resulta en una mera anécdota, sino en caídas severas, fracturas de cadera y complicaciones médicas que reducen drásticamente su esperanza y calidad de vida.

Es inaceptable que el marco normativo actual tolere y solape una práctica comercial que lucra con el medio ambiente mientras pone en riesgo la vida de quienes construyeron este país. No podemos permitir que la protección de la integridad física se convierta en un servicio de cobro adicional en las cajas de cobro.

Por ello, la presente Iniciativa no representa un paso atrás en la agenda ecológica, sino una evolución hacia el consumo sustentable real y con dimensión social. Al hacer obligatoria la entrega de contenedores ecológicos bajo parámetros de equidad, accesibilidad y volumen de compra, garantizamos que el cuidado del medio ambiente camine de la mano con el respeto absoluto a la salud, la economía y la dignidad de todos los mexicanos.

Para ejemplificar lo anterior se pone a disposición el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan el artículo 58 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el artículo 144 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y la fracción xi al artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta, en materia de incentivos al consumo sustentable y protección contra prácticas comerciales abusivas

Artículo 144 Bis. La secretaría, en coordinación con la Secretaría de Economía, diseñará y otorgará el distintivo oficial de “Comercio sustentable” a los establecimientos que cumplan permanentemente los mecanismos de compensación y descuento por el uso de contenedores ecológicos establecidos en la legislación de protección al consumidor.

Primero. Se adiciona el artículo 58 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 58 Bis. Todo proveedor de bienes de consumo final que opere en establecimientos físicos deberá establecer un mecanismo de compensación consistente en la entrega gratuita de un contenedor o bolsa ecológica reutilizable, cuando el monto de compra del consumidor supere las 15 unidades de medida y actualización o cuando el peso total de las mercancías adquiridas sea igual o superior a 3 kilogramos, con el fin de mitigar riesgos ergonómicos y de accesibilidad para el consumidor en el traslado de los bienes.

Asimismo, los proveedores aplicarán un descuento mínimo de 2 por ciento sobre el precio total al consumidor que acuda al establecimiento con su propio contenedor o bolsa ecológica reutilizable. Para que este descuento surta efectos fiscales, deberá estar expresamente desglosado en el comprobante fiscal correspondiente.

Segundo. Se adiciona el artículo 144 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 144 Bis. La secretaría, en coordinación con la Secretaría de Economía, diseñará y otorgará el distintivo oficial de “Comercio sustentable” a los establecimientos que cumplan permanentemente con los mecanismos de compensación y descuento por el uso de contenedores ecológicos establecidos en la legislación de protección al consumidor.

Para efectos de este artículo y los estímulos fiscales correspondientes, la secretaría emitirá las normas oficiales mexicanas que determinen los estándares de gramaje, biodegradabilidad o porcentaje de material reciclado que deberán cumplir dichos contenedores.

Tercero. Se adiciona la fracción XI al artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a X. ...

XI. Los montos otorgados a los consumidores por concepto de descuentos derivados del uso de bolsas o contenedores ecológicos propios, en los términos del artículo 58 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para hacer efectiva esta deducción, el descuento deberá constar expresamente en el comprobante fiscal digital por internet correspondiente. Esta deducción no podrá exceder de 3 por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio fiscal.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el artículo quinto transitorio.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría de Economía y en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un plazo no mayor a 365 días naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto, para emitir o modificar las normas oficiales mexicanas relativas a las especificaciones técnicas, de gramaje, biodegradabilidad o reciclaje de los contenedores ecológicos, así como los lineamientos para el otorgamiento del distintivo “Comercio sustentable”.

Tercero. El Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para realizar las modificaciones necesarias a la resolución miscelánea fiscal y actualizar los catálogos del anexo 20, a fin de establecer las claves y nodos específicos que permitan desglosar el concepto de deducción por descuento por retorno de contenedor ecológico en los comprobantes fiscales digitales por internet.

Cuarto. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá actualizar sus manuales, criterios y lineamientos de verificación y vigilancia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 58 Bis de este ordenamiento, en un plazo no mayor a 365 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto.

Quinto. Para garantizar el principio de equidad y no afectar el desarrollo económico de los pequeños comercios, las obligaciones contenidas en el artículo 58 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor entrarán en vigor a los 365 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto exclusivamente para aquellos proveedores que califiquen como micro, pequeñas o medianas empresas, en los términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Sexto. Las obligaciones contenidas en el presente Decreto en materia de protección al consumidor y estímulos fiscales, se aplicarán sin perjuicio y en estricto apego a las disposiciones establecidas en las legislaciones ambientales de las entidades federativas aplicables en materia de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Notas

1 Bisinella, V., Albizzati, P. F., Astrup, T. F. y Damgaard, A. (2018). Life cycle assessment of grocery carrier bags. Danish Environmental Protection Agency.

2 Taylor, R. L. (2019). Bag ‘leakage’: The effect of disposable carryout bag regulations on unregulated bags. Journal of Environmental Economics and Management, 93, 254-271. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2019.01.001

3 European Plastics Converters. (20 de marzo de 2018). Study finds plastic carrier bags have the lowest environmental impact. https://www.plasticsconverters.eu/post/2018/03/20/study-finds-plastic-c arrier-bags-have-the-lowest-environmental-impact

4 Health and Safety Executive. (2016). Manual handling. Manual Handling Operations Regulations 1992. Guidance on Regulations (L23, 4.ª ed.). https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l23.pdf

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Foot & Ankle Associates of Maine. (s.f.). Preventing falls in the grocery store. Recuperado el 11 de agosto de 2026, de https://www.footandankleassociatesofmaine.com/blogs/preventing-falls-in -the-grocery-store

8 Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Facts about falls. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/falls/about/index.html

9 Rojina Villegas, R. (2001). Compendio de derecho civil IV: Contratos (27.ª ed.). Editorial Porrúa.

10 Ley Federal de Protección al Consumidor. (1992, 24 de diciembre). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Protección al consumidor. Es aplicable el principio favor debilis para la acreditación de vicios ocultos [Tesis aislada 1a. XVIII/2022 (10a.)]. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 12, Tomo II, 1136. Registro digital: 2024463.

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2017). Prácticas monopólicas. Bienes jurídicos tutelados en esta materia por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Jurisprudencia 2a./J. 9/2017 (10a.)]. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo I, 398. Registro digital: 2013628.

15 Newton, I. (2011). Principios matemáticos de la filosofía natural (E. Rada García, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1687).

16 Health and Safety Executive. (2016). Manual handling. Manual Handling Operations Regulations 1992. Guidance on Regulations (L23, 4.ª ed.). HSE Books. https://www.hse.gov.uk/pubns/priced/l23.pdf

17 Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Facts about falls. U.S. Department of Health & Human Services. https://www.cdc.gov/falls/about/index.html

18 Consumer Product Safety Commission. (s.f.). National Electronic Injury Surveillance System (NEISS). U.S. Consumer Product Safety Commission. Recuperado el 11 de agosto de 2026, de https://www.cpsc.gov/Research—Statistics/NEISS-Injury-Dataa

19 McGill, S. M. (2015). Low back disorders: Evidence-based prevention and rehabilitation (3rd ed.). Human Kinetics.

20 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020). Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/documentos/diagnostico-basico-para-la-gesti on-integral-de-los-residuos-2020

21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México: Módulo de Residuos Sólidos Urbanos. Inegi. https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2021/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.

Diputada Juana Acosta Trujillo (rúbrica)

De decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como “Día Nacional de las y los Policías”, a cargo de la diputada Juana Acosta Trujillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juana Acosta Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 29 de septiembre Día Nacional de las y los Policías, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La transformación del modelo de seguridad, los resultados y el humanismo mexicano

La construcción de la paz en el país atraviesa una etapa histórica de transformación institucional. Frente a los viejos esquemas reactivos y de uso exclusivo de la fuerza del pasado, el proyecto de nación impulsado por nuestro movimiento ha colocado en el centro de la Estrategia Nacional de Seguridad la atención a las causas estructurales de la violencia, la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la consolidación de cuerpos policiales impregnados de la filosofía del humanismo mexicano.

Este viraje estratégico ha arrojado resultados tangibles e indiscutibles para las familias mexicanas. En lo que va de la presente administración, gracias a la articulación del Gabinete de Seguridad y a la entrega cotidiana de las corporaciones policiales, los delitos de alto impacto han registrado una reducción global de 35.8 por ciento, destacando disminuciones históricas como una caída de más de 24 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, así como reducciones superiores al 60 por ciento en el delito de secuestro y caídas sostenidas en el robo con violencia en sus distintas modalidades1 .

En este nuevo paradigma, la seguridad pública deja de ser vista como una herramienta de represión para convertirse en una garantía fundamental de derechos, donde la labor de las y los policías es el motor indispensable para consolidar la tendencia a la baja en la criminalidad y asegurar la paz en cada rincón de la patria.

Estado de la fuerza y capacidades operativas del cuerpo policial

Actualmente, la república cuenta con un estado de la fuerza que supera 400 mil elementos de seguridad pública en activo a escala nacional, distribuidos entre la Guardia Nacional y las corporaciones policiales estatales y municipales. Esta fuerza operativa despliega diariamente capacidades técnico-tácticas esenciales para la nación2 :

- Inteligencia y análisis criminal: Capacidad de procesamiento de datos territoriales, mapeo de riesgos e investigación de campo.

- Proximidad social y prevención comunitaria: Presencia disuasiva y mediación comunitaria en barrios, colonias y cuadrantes urbanos.

- Operatividad táctica y reacción: Capacidad de respuesta ante eventos críticos, resguardo del orden público y protección de infraestructura estratégica.

- Coordinación interinstitucional: Integración diaria en las mesas de coordinación para la construcción de la paz en los tres órdenes de gobierno.

Logros cuantitativos y neutralización de la delincuencia

Gracias a la consolidación de la Estrategia Nacional de Seguridad en la presente administración, la inteligencia operativa y la entrega cotidiana de las y los policías en todo el territorio nacional, se han alcanzado resultados históricos y contundentes:

- Detención de Generadores de Violencia: Se ha logrado la captura y neutralización de más de 25,000 personas por delitos de alto impacto y generadores de violencia en las diversas regiones del país, desarticulando células delictivas prioritarias mediante operativos de precisión quirúrgica sin uso desmedido de la fuerza.3

- Aseguramientos históricos de armamento: Se han retirado de las calles más de 13 mil 200 armas de fuego de alto poder y miles de cartuchos útiles, bloqueando la capacidad de fuego con la que las organizaciones criminales intimidaban a las comunidades.4

- Decomisos masivos y combate de las drogas: Se han incautado más de 188 toneladas de sustancias ilícitas, incluidas toneladas de cocaína,

- Inhabilitación de laboratorios e impacto financiero: Las fuerzas de seguridad han localizado y desmantelado más de mil 160 laboratorios clandestinos y centros de acopio , asestando un golpe financiero directo a la delincuencia organizada por un monto superior a 300 mil millones de pesos en recursos perdidos.6

La inteligencia y la investigación estratégica al servicio de la paz

Para desmantelar las redes delictivas y combatir la impunidad de manera efectiva, las corporaciones de seguridad se rigen hoy bajo un modelo moderno basado en el ciclo de inteligencia e investigación, el cual optimiza los recursos del Estado a través de cuatro fases metodológicas esenciales:

I. Planeación: Establecimiento de objetivos prioritarios, análisis de capacidades operativas y despliegue territorial focalizado.

II. Recopilación: Captación metódica de información mediante denuncias ciudadanas, labores de campo e informes policiales homologados.

III. Análisis: Procesamiento de datos mediante tecnologías de georreferenciación, mapeo criminal y redes de vínculos.

IV. Explotación estratégica: Ejecución de operativos de precisión para la neutralización de generadores de violencia y la desarticulación de sus estructuras financieras y logísticas.

Este enfoque metodológico articula las funciones esenciales de investigación, prevención y reacción, garantizando actuaciones eficaces, objetivas y con estricto apego a los derechos humanos.

Rigurosidad, ética y control de confianza

Un eje prioritario de la transformación en la seguridad pública es la garantía de contar con servidores públicos honestos y con una profunda vocación de servicio. Por ello se han fortalecido los mecanismos de evaluación y control de confianza , asegurando que el personal activo esté certificado mediante un esquema integral que abarca:

- Evaluaciones médico-toxicológicas: Garantía de salud física y detección objetiva del consumo de sustancias.

- Evaluaciones psicológicas y de desempeño: Medición de aptitudes, perfil de personalidad, manejo de estrés y capacidad de respuesta bajo presión.

- Pruebas poligráficas y de entorno social: Verificación de honestidad, congruencia patrimonial y apego a los principios éticos y legales del servicio público.

Actualmente, más de 94 por ciento de los elementos de seguridad estatal y federal cuentan con sus evaluaciones de Control de Confianza vigentes, garantizando la depuración de las corporaciones y asegurando instituciones confiables para las y los ciudadanos.7

Profesionalización formación continua y equipamiento garantizado

La dignificación policial exige la existencia de un servicio profesional de carrera basado en la meritocracia, la equidad de género y la igualdad de oportunidades. En este esquema, el ingreso, la permanencia, la movilidad y las promociones jerárquicas responden exclusivamente al desempeño, la capacitación y los méritos de cada elemento.

Aunado a ello, se establece como compromiso ineludible de justicia institucional que, al acreditar satisfactoriamente sus procesos de capacitación e ingreso, a toda y todo policía se le deba dotar de forma gratuita, completa y oportuna de su equipo de trabajo reglamentario, el cual incluye uniformes dignos, calzado, equipo táctico de protección y arma de cargo. La seguridad de las y los elementos no puede ser un gasto a su cargo ni depender de carencias presupuestarias.

Justicia social, seguridad social integral y portabilidad de antigüedad

Como parte del compromiso irrenunciable con la clase trabajadora de nuestro país, la dignificación de la función policial requiere saldar una deuda histórica en materia de derechos laborales y seguridad social. Las y los policías arriesgan cotidianamente su vida por la patria y merecen un respaldo institucional proporcional a la magnitud de su entrega.

Es indispensable consolidar esquemas de seguridad social integral que garanticen a las y los elementos y a sus familias:

- Portabilidad y conservación de antigüedad: Reconocimiento y transferencia plena de sus años de servicio e historia laboral, aunque cambien de institución policial o de orden de gobierno (municipal, estatal o federal), garantizando que sus derechos de retiro, jubilación y prestaciones acumuladas no se pierdan ni se reinicien al servir a una nueva corporación.

- Atención médica de calidad: Acceso oportuno a servicios médicos, hospitalización y atención especializada para el elemento y sus dependientes directos.

- Protección económica integral: Salarios dignos, fondos de retiro justos, seguros de vida adecuados y esquemas de protección social en caso de riesgo de trabajo, incapacidad o fallecimiento en cumplimiento del deber.

Garantizar el bienestar de la familia del policía es la base para fortalecer su sentido de pertenencia, lealtad y compromiso con la nación.

La brecha de percepción ciudadana y el ranking de confianza institucional

No obstante, estos importantes y consolidados avances en la reducción de la incidencia delictiva en lo que va de esta administración, existe una paradoja que atañe directamente a la función policial. Pese al esfuerzo cotidiano y los resultados operativos, las corporaciones de policía civil continúan enfrentando un déficit en la percepción y opinión favorable por parte de la sociedad.

De acuerdo con las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el nivel de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad muestra la siguiente jerarquía8:

1. Secretaría de Marina: 84.4 por ciento de efectividad y alta confianza.

2. Ejército Mexicano-Fuerza Aérea: 82.1 por ciento de confianza y valoración positiva.

3. Guardia Nacional: 72.8 por ciento de respaldo ciudadano.

4. Policías Estatales: 54.1 por ciento de percepción de efectividad.

5. Policías preventivas municipales: 50.7 por ciento de confianza ciudadana.

Esta brecha evidencia que, mientras las fuerzas federales gozan de un amplio respaldo popular, las corporaciones estatales y municipales –las que atienden el primer contacto con la ciudadanía– siguen acarreando el estigma de rezagos históricos, prejuicios acumulados y la desconfianza heredada de administraciones pasadas.

Visibilización del trabajo policial: vocación, entrega y sacrificio

Ante esta disparidad entre los resultados consolidados y la percepción pública, resulta indispensable promover instrumentos que transformen la mirada de la sociedad hacia sus policías. La instauración del 29 de septiembre como Día Nacional de las y los Policías busca, precisamente, visibilizar la cara humana de la seguridad pública.

Ser policía no es una simple ocupación laboral; es una auténtica vocación de servicio al prójimo y de amor a la patria . Las y los policías son mujeres y hombres de carne y hueso que salen a las calles cada mañana con la plena conciencia de que pueden no regresar a sus hogares, poniendo en riesgo su propia vida para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los demás.

Esta conmemoración nacional no busca maquillar realidades ni eludir la exigencia de actuar con apego a los derechos humanos, sino reconocer el valor de quienes, con honor y lealtad, integran la primera línea de defensa de la paz social.

Técnica legislativa y viabilidad jurídica

Desde la técnica legislativa, la presente iniciativa se formula como una declaratoria cívica conmemorativa . Esta figura posee un alto valor simbólico, programático e institucional sin modificar el catálogo de días de descanso obligatorio previstos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, asegurando la viabilidad del decreto al no generar cargas fiscales ni alterar la productividad del sector laboral.

Por todo lo anterior, resulta procedente declarar el 29 de septiembre como el día nacional para visibilizar, honrar y dignificar la noble labor de las y los policías de México.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 29 de septiembre Día Nacional de las y los Policías

Único. El Congreso de la Unión declara el 29 de septiembre Día Nacional de las y los Policías.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP]. (2026). Informe de incidencia delictiva y resultados del Gabinete de Seguridad. Gobierno de México.

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP]. (2026). Informe anual sobre el estado de la fuerza y despliegue operativo de las instituciones de seguridad pública en México. Gobierno de México.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2026). Informe de gestión y resultados en el combate a la delincuencia y detención de generadores de violencia. Gobierno de México.

4 metanfetaminas y millones de dosis de fentanilo, evitando que estas drogas nocivas lleguen a la juventud y a los hogares mexicanos.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2026). Informe de aseguramientos históricos de armamento y combate al tráfico ilícito. Gobierno de México.

6 Ídem.

7 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2026). Informe sobre el estado de avance de las evaluaciones de control de confianza en las instituciones de seguridad pública. Gobierno de México.

8 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2026). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana: Resultados trimestrales sobre la percepción de seguridad pública y confianza institucional, Inegi.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2026.

Diputada Juana Acosta Trujillo (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Civil Federal, en materia de protección patrimonial del adulto mayor, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Civil Federal, en materia de protección patrimonial del adulto mayor, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La vulnerabilidad puede considerarse como el riesgo latente a ser afectado en el bienestar personal, mental o material (Osorio, 2017), acotando que en las sociedades actuales existen personas y/o colectivos sujetos de peligros por su sola condición personal. Es ampliamente conocido, tanto por la naturaleza específica de cada conglomerado social como en las leyes que nos rigen, que determinados campos semánticos sociales son vulnerables por sus características, englobando en este espectro a las mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Aunque algunas consideraciones a tratar en la siguiente propuesta se reflejan de manera indirecta en el Código Civil Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, hay huecos legales que facultan o permiten que las personas de la tercera edad sean objetivo de fraude, coacción o manipulación, con interés principal en despojarles del patrimonio que durante años de dedicación y esfuerzo han construido.

Aunque es cierto que no todas las personas del mismo grupo social se encuentran en estricto estado de vulnerabilidad (pues resulta imposible determinar específicamente las circunstancias individuales de todo un grupo), es necesario recalcar que estadísticamente sí existe una tendencia de riesgo en la población mexicana de adultos mayores, dado que, dicha comunidad se enfrenta a experiencias que los sitúan como potenciales víctimas de despojo por el deterioro natural de su salud física y mental, sumando a la necesidad de asistencia para el desarrollo digno en la recta final de la vida. La población de la tercera edad no cuenta, consecuentemente, con las herramientas para evitar, revertir o solucionar el daño, quedando posteriormente en situaciones de desventaja, desamparo e incluso mayor vulnerabilidad. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México (2025), 87 por ciento de los casos de violencia contra personas adultas mayores se comente dentro de la familia, con los hijos como principales agresores, paralelamente a 41 por ciento de reportes específicos de violencia patrimonial. Extrapolando ambas estadísticas, los agresores identificados como familiares directos para este tipo de violencia suman el 61 por ciento del total de reportes.

Estadísticas de personas que más comente despojo contra adultos mayores. El Economista, 2025.

En este tenor particular, sirve como parteaguas mencionar un caso en específico. En Puerto Vallarta, el señor don Juan Ramírez López, adulto mayor de 87 años, fue despojado de su patrimonio y desalojado del que fuera su hogar por parte de su hija, yerno y nieta después que su esposa cedió en donación el inmueble que Don Juan construyó durante décadas de arduo trabajo y dedicación.

Además de los inconvenientes jurídicos, el problema se agrava de manera moral al disfrazar el despojo como actos de buena fe y protección a los adultos mayores, pues es relativamente sencillo para familiares directos enmascarar el dolo como medidas para el salvaguardo de un propietario vulnerable. Particularmente, don Juan y su esposa realizaron bajo manipulación diversos movimientos legales con la supuesta meta de “proteger el patrimonio familiar”.

Primeramente, don Juan cedió la parte que le correspondía del inmueble a su esposa, quedando ella como única propietaria para después ella firmar una donación en pago a su hija y nieta, cubriendo de esta forma un dinero supuestamente prestado para pagar un adeudo de quinientos mil pesos, evitando así un embargo del inmueble. Al fallecer su esposa, el inmueble pasó a ser propiedad de la nieta, quien promovió años después un juicio civil para terminar un contrato verbal de comodato, dando pie al desalojo de don Juan de su propio hogar. A falta de herramientas legales específicas para esta situación, hoy en día se busca anular las escrituras por medio de un nuevo proceso judicial por abuso de confianza y engaño.

Este escenario demuestra que existe un margen de vulnerabilidad constante y consistente para la población de adultos mayores, obviando una necesidad de candado legales para poder garantizarles derechos tan básicos como la vivienda, protegiéndoles de cualquier persona que quisiera atentar contra su patrimonio. Además, al ser despojados, las personas de la tercera edad caen inequívocamente en condiciones de pobreza al no tener forma de disfrutar de los resultados de años de trabajo. La garantía de seguridad patrimonial afecta, consecuentemente, a cualquier individuo que, bajo manipulación, presión o cualquier tipo de violencia pueda ser objeto de fraude o abuso. Por lo anterior, las personas de la tercera edad deben permanecer bajo constante supervisión y vigilancia en lo que respecta a sus bienes inmuebles y contar con diferentes figuras jurídicas y procedimientos para su defensa. No es posible una sociedad comprometida con los grupos vulnerables que no considere a sus mayores, o que no les permita el uso y disfrute de su trabajo.

Principalmente, se precisa garantizar de manera obligatoria y automática la figura del usufructo vitalicio en favor de los donadores de un bien inmueble cuando se trate de una persona adulta mayor, pues de esta manera se garantizaría el disfrute ininterrumpido de su patrimonio, evitando el desalojo o el desvío de posibles rentas. En la actualidad, el usufructo vitalicio no surge de manera directa si no se expresa por escrito al vender, heredar o donar. Esta necesidad específica faculta a posibles agresores de mal informar a sus familiares de la tercera edad, logrando verbalmente hacerles creer que después de donar o vender, se les cuidará de por vida. Al otorgarle al usufructo vitalicio un carácter obligatorio cuando un adulto mayor done un bien inmueble, se eliminaría la posibilidad de desalojarlo y recaerían sobre él los beneficios ulteriores a cualquier ingreso económico derivado de su bien inmueble. Se debe evitar que un nuevo posesionario tenga plenas facultades sobre una donación, hasta que el usufructuario fallezca.

Por otro lado, en situaciones más complejas que requieran otro tipo de legislaciones, se necesita también que, en caso del fallecimiento del cónyuge su viuda o viudo puedan hacer uso del usufructo vitalicio de manera horizontal, pues en condiciones de viudez y sin la posibilidad de reclamar un bien inmueble, la persona que sobreviva al donante no tendrá manera de sostenerse. Constituir consecutivamente el usufructo vitalicio de manera extensiva para el cónyuge superviviente, garantizará análogamente el bienestar del esposo o esposa, eliminando la posibilidad de arrebatarle el patrimonio o desalojarle de su hogar. Esta consideración es en especial importante para el caso de Don Juan, pues él fue desalojado después de fallecida su esposa y no tenía por tanto propiedad legal del inmueble. Sin este tipo de garantías horizontales, no es posible prever el bienestar patrimonial de los adultos mayores.

Ahora bien, se parte en principio de la idea de que es necesario proteger a los adultos de la tercera edad donantes de un bien inmueble para el uso y aprovechamiento de los derechos dados a un tercero, hasta su fallecimiento. Sin embargo, debe también existir una posibilidad intrínseca en los actos de donación para poder revocarla. Aun cuando el código civil ya presenta mecanismos, para ello, se vuelve necesario enfatizar las posibilidades de revocar las donaciones o buscar la nulidad de los procesos legales si es que los donantes y/o sus cónyuges sufren de cualquier tipo de abuso o son desalojados de sus hogares.

La presente iniciativa tiene como objetivo principal el salvaguardo de los derechos patrimoniales de los adultos mayores, para conservar el disfrute de sus hogares hasta su fallecimiento, sin importar si se ha cedido en donación un inmueble. De esta manera, se reducirá drásticamente la posibilidad de cometer actos fraudulentos o despojos hacia un sector poblacional vulnerable.

Se proponen las siguientes reformas de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Civil Federal:

Por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al inciso d de la fracción II del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y uno segundo a los artículos 831 y 986 del Código Civil Federal

Primero . Se adiciona un segundo párrafo al inciso d de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de los derechos de las personas adultas mayores.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. ...

II. De la certeza jurídica:

a. a c. ...

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

En el caso de la protección patrimonial, se deberá garantizar el usufructo vitalicio obligatorio en favor del donante y de su cónyuge a fin de salvaguardar sus derechos patrimoniales.

Segundo . Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 831 y 986 del Código Civil Federal.

Código Civil Federal

Artículo 831. La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

En el caso de los donativos de adultos mayores se garantizará el usufructo vitalicio a fin de salvaguardar sus derechos patrimoniales.

Artículo 986. Es vitalicio el usufructo si en el título constitutivo no se expresa lo contrario.

Se considerará obligatoriamente vitalicio en el caso de personas adultas mayores al realizar la sucesión de sus bienes, a fin de garantizar sus derechos patrimoniales. De igual forma se constituirá consecutivamente el usufructo para el cónyuge en caso de fallecimiento del donante.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Cuidad de México (2025) Consejo ciudadano advierte sobre despojos y violencia en perjuicio de personas mayores. México.

El Economista (2025), “‘Adultos mayores sufren más despojos de bienes por parte de familiares cercanos’: Consejo Ciudadano”. México.

Ocaña, M. (2026). “Diputado recibe propuesta para crear la ‘Ley Don Juan’”, en Vallarta Opina Oficial. México.

Osorio, O., (2017) Vulnerabilidad y vejez: implicaciones y orientaciones epistémicas del concepto de vulnerabilidad. Scielo, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.

Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica)

Que adiciona una fracción XIV al Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho permanente a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a cargo de la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XIV al Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema: de la acción afirmativa temporal al derecho permanente

En México, 7 millones 364 mil 645 personas de 3 años y más son hablantes de alguna lengua indígena, lo que equivale a 6.1 por ciento de la población total de ese rango de edad.1

La representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión se ha logrado, hasta ahora, exclusivamente mediante acciones afirmativas de carácter administrativo y temporal emitidas por el Instituto Nacional Electoral: en 2018 se obligó a los partidos a postular candidaturas indígenas en 13 distritos, y para el proceso electoral 2020-2021 dicho número se incrementó a 21 distritos de mayoría relativa y 9 candidaturas de representación proporcional.2

Estas acciones afirmativas han sido indispensables y han permitido avances históricos. Sin embargo, al no derivar de un mandato constitucional expreso, dependen de acuerdos del Consejo General del INE y de resoluciones del Tribunal Electoral que pueden modificarse, reducirse o incluso desaparecer de un proceso electoral a otro. Lo que hoy es una conquista podría, en cualquier momento, dejar de serlo.

II. Marco constitucional vigente: un derecho reconocido en los ayuntamientos, pendiente en el Congreso

El 30 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la reforma más trascendente en esta materia de las últimas dos décadas.3

Dicha reforma ya garantiza, en el Apartado A, fracción X, del artículo 2o., el derecho de los pueblos indígenas a elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena, conforme a los principios de paridad de género y pluriculturalidad.4 Sin embargo, análisis especializados posteriores a la reforma han señalado expresamente que la representación política en el Congreso de la Unión sigue siendo una deuda pendiente: los pueblos y comunidades indígenas todavía no cuentan, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con representantes elegidos de acuerdo con sus propias normas y procedimientos en el Poder Legislativo.5

Esta iniciativa no busca sustituir ni repetir el derecho ya garantizado respecto de los ayuntamientos: se concentra exclusivamente en el vacío identificado, que es la representación permanente en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de las entidades federativas.

III. Jurisprudencia aplicable

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-21/2021 y acumulados, ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral delimitar los distritos electorales uninominales en los que debían postularse candidaturas indígenas, y dio vista al Congreso de la Unión para que, en ejercicio de sus atribuciones, incorporara el tema de las acciones afirmativas a la normativa electoral.6 A la fecha de esta iniciativa, dicha vista no se ha atendido: dicho tema sigue regulado únicamente por acuerdos del Consejo General y no por la Constitución ni por la ley, lo que confirma la vigencia del vacío que se busca cerrar.

IV. Marco internacional

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales reconoce el derecho de estos pueblos a participar en las decisiones que les afecten y a contar con instituciones representativas propias.7 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce, en su artículo 5, el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, a la vez que participar plenamente, si lo desean, en la vida política del Estado.8

V. Contenido de la reforma

Se propone adicionar una fracción XIV al Apartado A del artículo 2o. constitucional –inmediatamente después de la fracción XIII vigente, relativa al derecho de consulta– para reconocer el derecho permanente, efectivo y progresivo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a contar con representación política en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de las entidades federativas, remitiendo a la ley el desarrollo de los mecanismos correspondientes.

Por tratarse de una declaración de principio que remite su desarrollo a la legislación secundaria, esta reforma no crea fondo, programa ni estructura presupuestal nueva, por lo que su impacto presupuestal es nulo.

VI. Competencia del Congreso de la Unión

Con fundamento en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión, mediante el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, y previa aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, puede adicionar o reformar la Constitución.9

Decreto por el que se adiciona la fracción XIV al Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción XIV al Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

A. ...

I. a XIII.

XIV. Contar con representación política permanente, efectiva y progresiva en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de las entidades federativas, en los términos que establezca la ley.

B. a D. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará la consulta previa, libre e informada correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes de expedir la legislación reglamentaria a que se refiere la fracción XIV del Apartado A del artículo 2o.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (comunicado de prensa número 430/22). Inegi, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Pu eblosind22.pdf

2 Instituto Nacional Electoral. Candidaturas indígenas: consulta previa, libre e informada, https://ine.mx/actores-politicos/candidaturas-indigenas-consulta/

3. Diario Oficial de la Federación (2024, 30 de septiembre). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739986&fecha=30/09/ 2024

4 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente, artículo 2o., Apartado A, fracción X, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Fundación para el Debido Proceso (2026). La reforma indígena en México: avances, pendientes y retos, https://dplf.org/la-reforma-indigena-en-mexico-avances-pendientes-y-ret os/

6 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior (2021, 24 de febrero). Sentencia SUP-RAP-21/2021 y acumulados, https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutor ia/sentencias/SUP-RAP-0021-2021.pdf

7 Organización Internacional del Trabajo (1989). Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, artículos 6 y 16, https://www.ilo.org/es/publications/convenio-num-169-de-la-oit-sobre-pu eblos-indigenas-y-tribales-declaracion-0

8 Organización de las Naciones Unidas (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 5, https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

9 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto vigente, artículo 135, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.

Diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo séptimo del artículo 2o., las fracciones I y II del artículo 4o., la fracción II y el párrafo último del artículo 6o., y la fracción VIII del artículo 11; y se adicionan los párrafos decimoquinto y decimosexto al artículo 2o., la fracción III al artículo 6o. y la fracción IX al artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene la obligación convencional y constitucional de garantizar el derecho a la cultura, a la educación y a la no discriminación bajo un principio de progresividad e inclusión total. La lectura constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo integral de las personas y para la consolidación de una sociedad democrática, incluyente y participativa. No se trata únicamente de una habilidad instrumental vinculada con los procesos educativos, sino de un derecho cultural que posibilita el ejercicio de otros derechos humanos, como el acceso a la educación, la información, la libertad de expresión, la participación en la vida cultural y el desarrollo de la personalidad. En una democracia constitucional, garantizar el acceso efectivo a la lectura y al libro constituye una obligación positiva del Estado, orientada a reducir las desigualdades sociales y culturales y a ampliar las capacidades de las personas para participar plenamente en la vida pública.1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un amplio marco de protección para estos derechos. El artículo 1o. dispone que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, prohibiendo toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.2 Este mandato impone al Estado el deber de diseñar políticas públicas incluyentes que eliminen las barreras estructurales que impiden el acceso igualitario a los bienes culturales.

La reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos fortalece este mandato al reconocerlos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, reafirmando la obligación del Estado de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos, entre ellos la preservación, fortalecimiento y desarrollo de sus lenguas, conocimientos, expresiones culturales y sistemas de transmisión del conocimiento.3 Las políticas de fomento de la lectura deben trascender un modelo homogéneo centrado exclusivamente en la publicación de libros en español y reconocer la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a la nación.

El artículo 3o. constitucional reconoce el derecho de toda persona a una educación inclusiva, intercultural y de excelencia, mientras que el artículo 4o. garantiza el derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.4 Estos preceptos no pueden interpretarse de manera aislada. La lectura constituye un presupuesto indispensable para el ejercicio de ambos derechos, pues posibilita el acceso al conocimiento, la apropiación crítica de la cultura y la construcción de ciudadanía.

En el ámbito internacional, México ha asumido compromisos jurídicamente vinculantes que obligan a garantizar el acceso universal al libro y a la lectura sin discriminación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 30 que los Estados Parte deberán asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a materiales culturales en formatos accesibles y adoptar las medidas necesarias para eliminar las barreras que dificultan su participación en la vida cultural (Organización de las Naciones Unidas.5 Por su parte, el Tratado de Marrakech de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoce la necesidad de facilitar el acceso a las obras publicadas para las personas con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso.6

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus lenguas, tradiciones orales y manifestaciones culturales.7 Tales instrumentos obligan al Estado mexicano a promover la producción editorial en lenguas indígenas y a garantizar que las políticas de fomento a la lectura contribuyan efectivamente a la preservación del patrimonio lingüístico nacional.8

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que las lenguas indígenas son lenguas nacionales con la misma validez que el español y reconoce el derecho de sus hablantes a acceder a la educación, la cultura y la información en su propia lengua. Sin embargo, este reconocimiento jurídico aún no se refleja plenamente en la política editorial nacional. La mayor parte de la producción bibliográfica continúa concentrándose en español, mientras que la oferta de materiales de lectura en lenguas indígenas permanece limitada, tanto en diversidad de títulos como en cobertura territorial.

Esta situación adquiere especial relevancia si se considera que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, habladas por millones de personas en todo el territorio nacional.9 No obstante, numerosas lenguas enfrentan procesos acelerados de desplazamiento y pérdida de hablantes, situación que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha identificado como uno de los principales riesgos para la conservación del patrimonio cultural inmaterial.10

En este contexto, el acceso a materiales de lectura en lenguas originarias constituye una herramienta estratégica para fortalecer los procesos de revitalización lingüística y garantizar la transmisión intergeneracional del conocimiento.

A esta problemática se suma la persistencia de profundas desigualdades en el acceso a la lectura, los resultados más recientes del Módulo sobre Lectura, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que una proporción significativa de la población mexicana no desarrolla hábitos permanentes de lectura y que las brechas aumentan entre personas con menores niveles de escolaridad, habitantes de zonas rurales y sectores en condiciones de vulnerabilidad.11 Estas diferencias evidencian que el acceso al libro no depende únicamente de la voluntad individual, sino de condiciones estructurales relacionadas con la disponibilidad de acervos, la infraestructura cultural, la mediación lectora y las condiciones socioeconómicas.

La bibliografía especializada ha demostrado que la lectura constituye un mecanismo privilegiado para fortalecer la cohesión social, el pensamiento crítico y la participación democrática. Paulo Freire sostenía que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, destacando que los procesos lectores permiten comprender críticamente la realidad y transformarla.12

Emilia Ferreiro explica que el acceso a la cultura escrita constituye un requisito para el ejercicio pleno de la ciudadanía,13 mientras que Michèle Petit demuestra que la lectura representa un espacio de reconstrucción personal y comunitaria, especialmente en contextos de violencia, exclusión o vulnerabilidad social.14

En el ámbito de la política cultural, Roger Chartier advierte que el acceso a la lectura no puede limitarse a la disponibilidad física de libros, sino que requiere políticas públicas capaces de garantizar condiciones materiales, simbólicas y sociales para la apropiación del conocimiento.15 Desde esta perspectiva, el Estado debe asumir un papel activo como garante del derecho a la lectura, especialmente respecto de aquellos sectores históricamente excluidos del acceso a los bienes culturales.

En México, las personas con discapacidad enfrentan obstáculos significativos para acceder al libro y a los servicios bibliotecarios. La producción editorial en sistema Braille, macrotipos, lectura fácil, Lengua de Señas Mexicana, audiolibros y formatos digitales accesibles continúa siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de esta población.

Esta situación limita el ejercicio del derecho a la educación, la información y la cultura, y resulta incompatible con el principio de accesibilidad universal previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.16

Asimismo, la niñez y las juventudes requieren políticas diferenciadas de promoción de la lectura que respondan a las transformaciones tecnológicas, culturales y educativas del siglo XXI. La evidencia internacional demuestra que el fortalecimiento de los hábitos lectores durante las primeras etapas de la vida genera impactos positivos en el desarrollo cognitivo, el desempeño escolar, la creatividad y la participación social.17 Por ello, la mediación lectora y la disponibilidad de materiales pertinentes constituyen elementos indispensables para construir una sociedad lectora.

La presente iniciativa parte del reconocimiento de que el derecho a la lectura debe ejercerse en condiciones de igualdad sustantiva. En consecuencia, propone incorporar de manera expresa los principios de interseccionalidad, equidad social, diversidad lingüística y pertinencia cultural como ejes rectores de la política nacional de fomento a la lectura. La incorporación de estos principios permitirá orientar las acciones del Estado hacia quienes enfrentan mayores barreras para acceder al libro, garantizando una distribución más equitativa de los bienes culturales.

Asimismo, se propone ampliar el concepto jurídico de libro para reconocer expresamente los formatos accesibles y digitales, incorporar definiciones de accesibilidad universal y grupos en situación de vulnerabilidad, así como fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Cultura para promover la edición, traducción, distribución y circulación de materiales en lenguas indígenas y formatos asequibles, además de implantar programas permanentes de distribución itinerante en comunidades rurales, indígenas, afromexicanas y zonas de alta marginación.

Estas reformas responden al principio de progresividad previsto en el artículo 1o. Constitucional y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente los objetivos 4 (educación de calidad), 10 (reducción de las desigualdades), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 16 (instituciones eficaces e incluyentes).18

En consecuencia, la iniciativa fortalece el marco jurídico nacional para garantizar que el derecho a la lectura sea una realidad para todas las personas, sin importar su origen étnico, lengua, condición social, edad, discapacidad o lugar de residencia.

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro constituyó en su momento un avance relevante en la articulación de políticas públicas editoriales; sin embargo, su diseño original adolece de un enfoque interseccional.

La distribución y el fomento de la lectura en México se han concentrado históricamente en centros urbanos y en soportes convencionales monolingües (español), lo cual genera una brecha de exclusión estructural que afecta gravemente a las siguientes poblaciones:

• Pueblos indígenas y afromexicanos: Pese a la vasta riqueza lingüística del país, la producción de libros bilingües o editados nativamente en lenguas indígenas sigue siendo marginal, limitando los procesos de alfabetización y goce estético en la propia lengua materna.

• Niñez y juventudes: Los hábitos de lectura y el acceso al libro requieren de estrategias específicas de mediación lectora acordes a las dinámicas formativas contemporáneas y de entornos comunitarios seguros.

• Personas con discapacidad: Hay un déficit crítico en la disponibilidad de acervos públicos adaptados en formatos accesibles (lectura fácil, audiolibros, lengua de señas mexicana y relieve), lo que restringe el derecho a la información y el aprendizaje autónomo.

• Grupos vulnerables: Las poblaciones en situación de calle, personas privadas de su libertad o comunidades en condiciones de alta marginación socioeconómica carecen de redes de distribución del libro itinerantes y contextualizadas a su realidad.

La presente reforma propone transformar las directrices generales de la ley para que la equidad sociocultural, la diversidad lingüística y la accesibilidad universal dejen de ser criterios secundarios y se conviertan en ejes obligatorios y transversales para las políticas de fomento a la lectura del Estado mexicano.

A fin de ilustrar con claridad los cambios propuestos y mantener la coherencia técnica con el texto legal vigente, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Único. Se reforman el párrafo séptimo del artículo 2o., las fracciones I y II del artículo 4o., la fracción II y el párrafo último del artículo 6o. y la fracción VIII del artículo 11; y se adicionan los párrafos decimoquinto y decimosexto al artículo 2o., la fracción III al artículo 6o. y la fracción IX al artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entenderá como

...

Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa o editada en cualquier soporte, lenguaje o código, incluidos los formatos alternativos y accesibles (tales como sistema Braille, macrotipos, audiolibros, lectura fácil y soportes digitales), cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que formen, con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente....

...

Accesibilidad universal: Las condiciones, medidas y adaptaciones necesarias que deben cumplir los entornos, infraestructuras, contenidos, materiales y soportes para permitir a las personas con discapacidad el acceso, comprensión y disfrute autónomo de la lectura.

Personas y grupos en situación de vulnerabilidad: Aquellas personas o sectores de la población que por motivos de edad, origen étnico, discapacidad, reclusión, situación de movilidad o condiciones socioeconómicas de alta marginación, enfrentan barreras estructurales para el acceso al libro y a la cultura escrita.

Artículo 4. La presente ley tiene por objeto

I. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura, bajo criterios de interseccionalidad, equidad social y pertinencia cultural;

II. Fomentar y estimular la edición, traducción, salvaguarda, distribución y comercialización del libro y las publicaciones periódicas, priorizando las lenguas indígenas y las expresiones culturales afromexicanas;

III. a VIII. ...

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:

I. Elaborar el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura.

II. Poner en práctica las políticas y estrategias contenidas en el programa, estableciendo la coordinación interinstitucional con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los distintos sectores de la sociedad civil; y

III. Ejecutar programas permanentes para garantizar el acceso equitativo al libro y a la lectura mediante materiales impresos, digitales y accesibles, con especial atención a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, personas privadas de la libertad, habitantes de localidades rurales y personas en situación de vulnerabilidad.

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura será expedido por la o el titular de la Secretaría de Cultura.

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría de Cultura

I. a VI . ...

VII. Llevar el registro del precio único de libros a partir de la información que le proporcionen los editores e importadores de libros;

VIII. Promover y facilitar el acceso a libros digitales; y

IX. Diseñar e implementar directrices, fondos de apoyo y programas específicos de distribución itinerante de libros, así como la dotación de acervos en formatos accesibles, orientados prioritariamente a comunidades indígenas y afromexicanas, niñez, juventudes, personas con discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad en zonas rurales y urbanas de alta marginación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Cultura, en coordinación con las dependencias integrantes del consejo, dispondrá de un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones normativas e instrumentar el Programa Nacional de Fomento a la Lectura Inclusiva y Accesible.

Tercero. Las erogaciones que se deriven de la aplicación de las disposiciones del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto competentes para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Dichas acciones prioritarias se financiarán de manera progresiva con cargo a los recursos autorizados en los anexos 10 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 14 (recursos para la atención a grupos vulnerables), 17 (erogaciones para el desarrollo de los jóvenes) y 18 (recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes) del Presupuesto de Egresos de la Federación conforme a las normativas aplicables.

Notas

1. Sen, A. (1999). Desarrollo y libertad . Anchor Books.

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2024). Diario Oficial de la Federación, https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3. Ídem.

4. Ídem.

5. Organización de las Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

6. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2013). Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, https://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/

7 Organización Internacional del Trabajo (1989). Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I LO_CODE:C169

8 Organización de las Naciones Unidas (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

9. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (2023). Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, https://www.inali.gob.mx/catalogo-2023

10 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (2021). El futuro de la educación y las competencias: Proyecto Educación 2030, https://www.oecd.org/education/2030-project/

11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Módulo sobre Lectura 2024. Inegi, https://www.inegi.org.mx/programas/molec/

12 Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido . Siglo XXI Editores.

13 Ferreiro, E. (2001). Pasado y presente de los verbos leer y escribir . Fondo de Cultura Económica.

14 Petit, M. (2009). El arte de la lectura en tiempos de crisis . Océano.

15 Chartier, R. (1994). El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII . Gedisa.

16 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 13 de diciembre de 2006, https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-lo s-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html

17 Ibídem.

18 Organización de las Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 2 de septiembre de 2026.

Diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el primer párrafo y las fracciones IV y V del artículo 7o., y los incisos D) y E) de la fracción IX del artículo 37; y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 7o. y el inciso F) a la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene el mandato constitucional de promover el desarrollo económico sustentable e inclusivo, garantizando al mismo tiempo los derechos culturales de la población. La riqueza artesanal de México constituye uno de los pilares históricos de la identidad nacional y uno de los principales vehículos mediante los cuales los pueblos indígenas, afromexicanos y las comunidades tradicionales transmiten conocimientos, técnicas, símbolos, valores y formas de organización social construidas durante siglos. Las artesanías no representan únicamente bienes susceptibles de intercambio económico; constituyen expresiones materiales del patrimonio cultural inmaterial, depositarias de memorias colectivas, cosmovisiones, conocimientos ecológicos tradicionales y procesos creativos que fortalecen la cohesión comunitaria y la diversidad cultural del país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el Estado mexicano tiene la obligación de promover un desarrollo nacional integral, incluyente y sustentable. En ese sentido, el artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía de la Nación y su régimen democrático mediante el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza.1 La actividad artesanal forma parte de esta estrategia de desarrollo, al constituir una fuente de empleo, autoocupación y generación de ingresos para miles de familias en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas.

El artículo 2o. constitucional reconoce a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y obliga a las autoridades a promover el desarrollo regional, el fortalecimiento de sus actividades económicas y la preservación de sus culturas, lenguas, conocimientos y formas tradicionales de organización.2

La producción artesanal constituye precisamente uno de los mecanismos mediante los cuales estos pueblos ejercen su derecho a conservar y desarrollar su patrimonio cultural, así como a participar en condiciones de igualdad en la vida económica nacional.

El artículo 4o. constitucional reconoce el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, imponiendo a los poderes públicos el deber de promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural del país.3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los derechos culturales poseen naturaleza fundamental y constituyen elementos indispensables para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, la identidad colectiva y la participación democrática.4 Desde esta perspectiva, las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de las actividades artesanales no constituyen únicamente programas de fomento económico, sino instrumentos para garantizar derechos humanos reconocidos constitucionalmente.

En el ámbito internacional, México ha asumido múltiples compromisos que obligan a proteger las expresiones culturales tradicionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. De igual forma, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece la obligación de los Estados de adoptar medidas especiales para salvaguardar las instituciones, actividades económicas y culturas de los pueblos indígenas.5

En materia cultural destacan igualmente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), ambas ratificadas por el Estado mexicano, las cuales reconocen que los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales constituyen un patrimonio vivo cuya preservación requiere políticas públicas permanentes, financiamiento suficiente y mecanismos institucionales de transmisión intergeneracional.6

Desde la perspectiva económica, las artesanías representan uno de los componentes más dinámicos de la economía cultural mexicana. De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sector cultural aporta alrededor de 2.7 por ciento del producto interno bruto nacional, mientras que las artesanías participan con una proporción significativa del valor agregado generado por dicho sector, consolidándose como una de las actividades económicas de mayor relevancia dentro de las industrias culturales y creativas.7

No obstante, la mayor parte de las personas artesanas continúa enfrentando condiciones estructurales de vulnerabilidad. Diversos diagnósticos elaborados por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), la Secretaría de Cultura y organismos internacionales muestran que una proporción considerable de la producción artesanal se comercializa mediante intermediarios, quienes concentran buena parte del valor económico generado por las piezas, reduciendo significativamente los ingresos de quienes las elaboran. Esta situación limita la sostenibilidad económica de los talleres familiares, dificulta la incorporación de nuevas generaciones y acelera la desaparición de técnicas tradicionales.

Hasta 2021, las actividades que más aportaban al producto interno bruto del sector artesanal en México eran el comercio de artesanías, así como la producción de fibras vegetales y textiles, con participaciones de 35.5 y 17.9 por ciento, respectivamente. No obstante, para el primer trimestre de 2026, la fuerza laboral dedicada a la ocupación de “artesanos y confeccionadores de productos textiles” registró una disminución de 13.8 en comparación con el cuarto trimestre de 2025.8

La producción artesanal en México abarca una amplia diversidad de ramas, entre las que se incluyen: alfarería y cerámica; fibras vegetales y textiles; madera; maque y laca; instrumentos musicales y juguetería; cartón y papel; plástica popular; cerería y pirotecnia; metalistería; joyería y orfebrería; lapidaria, cantería y vidrio; talabartería y marroquinería; así como alimentos y dulces típicos.

A ello se suma la competencia desleal derivada de la importación y comercialización de productos industrializados que imitan diseños tradicionales sin respetar su origen comunitario, fenómeno que ha sido identificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como una de las principales amenazas para la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales indígenas.9

La problemática adquiere una dimensión aún más compleja cuando se considera el envejecimiento progresivo de las personas portadoras de los saberes artesanales. Diversos estudios del Fonart y de la UNESCO advierten que numerosas técnicas tradicionales de alfarería, textilería, laca, fibras vegetales, talla en madera, metalistería y lapidaria enfrentan un riesgo creciente de desaparición debido a la falta de incentivos económicos para que niñas, niños y jóvenes continúen los procesos de aprendizaje comunitario. La transmisión de estos conocimientos constituye una condición indispensable para garantizar la continuidad del patrimonio cultural inmaterial.

En este contexto, las ferias y exposiciones artesanales adquieren una importancia estratégica. Más allá de representar espacios de comercialización, constituyen mecanismos de encuentro intercultural, intercambio de conocimientos, fortalecimiento del turismo cultural y difusión del patrimonio mexicano. La experiencia comparada demuestra que los países que han consolidado calendarios nacionales permanentes de ferias artesanales han logrado incrementar la visibilidad internacional de sus productos, fortalecer las economías locales y favorecer la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Sin embargo, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal conserva una regulación limitada respecto de estos instrumentos. El marco vigente establece únicamente facultades potestativas para promover ferias y exposiciones, sin generar obligaciones institucionales de carácter permanente ni mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Esta ausencia normativa reduce el alcance de las políticas públicas y limita la continuidad de las estrategias de promoción artesanal.10

Por ello, la presente iniciativa propone transformar las facultades discrecionales actualmente previstas en obligaciones expresas para las autoridades competentes, incorporando mecanismos permanentes para la preservación de técnicas artesanales en riesgo de desaparición, fortaleciendo la coordinación intergubernamental y estableciendo un calendario nacional permanente de ferias y exposiciones artesanales que garantice espacios continuos de comercialización, difusión cultural y transmisión intergeneracional de conocimientos.

Estas reformas se encuentran plenamente alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente con los objetivos relativos al trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), reducción de las desigualdades (ODS 10), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y producción y consumo responsables (ODS 12), reconociendo que la economía artesanal constituye un componente estratégico para impulsar un desarrollo territorial incluyente, sostenible y culturalmente pertinente.11

En consecuencia, la iniciativa no sólo actualiza una ley expedida hace más de tres décadas para adecuarla a la evolución constitucional e institucional del Estado mexicano, sino que fortalece el marco jurídico destinado a proteger una de las expresiones más valiosas de la diversidad cultural del país, garantizando mejores condiciones para la preservación del patrimonio cultural inmaterial, el fortalecimiento de las economías comunitarias y el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los pueblos y comunidades que históricamente han dado identidad a México.

La presente iniciativa busca modificar el artículo 7o. y el artículo 37 de la Ley para cumplir con tres propósitos fundamentales:

1. Actualización técnico-jurisdiccional: Homologar la redacción legal incorporando a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la coordinación de la aplicación de la ley.

2. Preservación Activa: Mandatar expresamente a la Secretaría la creación de mecanismos y programas dedicados al rescate y salvaguarda de técnicas artesanales en riesgo de desaparición.

3. Comercialización Permanente: Convertir la facultad optativa de la Comisión Intersecretarial en una obligación coordinada con los gobiernos locales para establecer un calendario anual, permanente y obligatorio de ferias y exposiciones a nivel nacional e internacional.

A fin de ilustrar con claridad los cambios propuestos y mantener la coherencia técnica con el texto legal vigente, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Único. Se reforman el primer párrafo y las fracciones IV y V del artículo 7o., así como los incisos D) y E) de la fracción IX del artículo 37; y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 7o., y el inciso F) a la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 7o. La secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México , procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I. a III. ...

IV. Impulsar las tareas de investigación y de aplicación de técnicas de mejoramiento para el fomento, desarrollo, preservación e intercambio intergeneracional de la producción artesanal;

V. Promover la participación del sector turístico en el desarrollo de acciones que permitan a las microindustrias en regiones turísticas mejorar su desempeño en la producción artesanal;

VI. Podrá establecer programas emergentes de apoyo a la microindustria y la actividad artesanal en caso de que sea emitida una declaratoria de emergencia o desastre, que imposibiliten su desarrollo total o parcial;

VII. Implementar mecanismos y programas específicos orientados a la salvaguarda, conservación y preservación activa de las técnicas productivas y saberes artesanales tradicionales en riesgo de desaparición; y

VIII. Promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales la realización permanente, periódica y calendarizada de exposiciones y ferias artesanales regionales.

Artículo 37. ...

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la producción de artesanías, para lo cual podrá

A) a C) ...

D) Propiciar la concentración regional de la producción artesanal con el fin de facilitar su promoción, a través de la programación y realización fija, permanente y obligatoria de ferias y exposiciones artesanales , a nivel nacional e internacional, conforme a las disposiciones aplicables;

E) Proponer mecanismos para la inclusión de aquellos artesanos que, sin estar formalmente constituidos como una microindustria, su actividad económica y comercial recae en la elaboración de artesanías; y

F) Diseñar e instrumentar convocatorias periódicas de estímulos económicos y talleres de capacitación para incentivar la transmisión de saberes artesanales tradicionales hacia las nuevas generaciones.

X. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía, en coordinación con la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, dispondrá de un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir el Reglamento del Calendario Nacional Permanente de Ferias y Exposiciones Artesanales.

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal vigente y los subsecuentes, de conformidad con los lineamientos aplicables y con especial observancia a los recursos previstos en el Anexo 10 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas) del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 2026.

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Revisión en incidente de suspensión 4/2025 (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 26 de marzo de 2026).

5 Organización Internacional del Trabajo (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (número 169), https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100 _INSTRUMENT_ID:312314

6 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2006). La artesanía latinoamericana como factor de desarrollo económico, social y cultural . Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe.

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2024). Cuenta Satélite de la Cultura de México 2023: indicadores económicos y del sector artesanal . Inegi.

8 Secretaría de Economía (2026). Artesanos y Trabajadores en la Elaboración de Productos Textiles: salarios, diversidad, industrias e informalidad laboral. Data México, https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/artesanos- y-trabajadores-en-la-elaboracion-de-productos-textiles

9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2026), https://www.wipo.int/portal/es/

10 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (1988). Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 27 de marzo de 2023.

11 Naciones Unidas (2018, 22 de agosto). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-go als/

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 2 de septiembre de 2026.

Diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones al artículo 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para fortalecer el régimen de seguridad social del personal de seguridad pública mediante la creación de esquemas de becas educativas para sus hijas e hijos, así como coberturas complementarias para sus familias o personas beneficiarias en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente derivada del cumplimiento de sus funciones, a cargo de la diputada Jessica Saiden Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Jessica Saiden Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La seguridad pública constituye una función esencial del Estado para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. En dicha labor, las y los integrantes de las instituciones de seguridad desempeñan una tarea de alto riesgo, actuando con valentía, compromiso y vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía.

No obstante, las condiciones de riesgo inherentes al servicio policial generan escenarios en los que las familias de las y los elementos enfrentan vulnerabilidades económicas, sociales y educativas particularmente cuando el elemento fallece en cumplimiento del deber o como consecuencia de actos relacionados con su servicio.

Por ello resulta indispensable que el Estado no sólo reconozca la labor de las y los elementos de seguridad mediante reconocimientos institucionales, sino a través de políticas públicas concretas que fortalezcan sus condiciones de vida y generen incentivos reales para su profesionalización, permanencia y desarrollo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México hay aproximadamente 291 mil 200 policías estatales y municipales: 128 mil 773 del ámbito estatal y 162 mil 427 del municipal.1

El promedio nacional es de apenas 0.97 policías estatales por cada mil habitantes, cifra inferior a estándares internacionales recomendados para garantizar condiciones óptimas de seguridad pública, lo que evidencia la necesidad de fortalecer institucionalmente a las corporaciones de seguridad pública y mejorar las condiciones laborales y sociales de sus integrantes.

De acuerdo con el documento “Policías abatidos: el riesgo de servir a la seguridad pública en México”, elaborado por el Inegi, entre 2013 y 2018 se registraron 802 policías abatidos en el país en cumplimiento de su deber, principalmente por heridas de arma de fuego y en contextos relacionados con el combate a la delincuencia.2

El Inegi reportó que en 2023 fallecieron 458 personas adscritas a instituciones de seguridad pública estatales en México; sin embargo, las estadísticas oficiales incluyen diversas causas de muerte, sin distinguir de manera específica cuántos casos ocurrieron estrictamente en cumplimiento del deber.3

Adicionalmente, debe considerarse que la función de seguridad pública implica una exposición permanente a riesgos físicos, emocionales y familiares que no siempre se reflejan en las estadísticas administrativas. Las jornadas extensas, la atención de emergencias, el contacto directo con hechos violentos y la posibilidad real de perder la vida en servicio hacen necesario que las políticas de seguridad pública incorporen una visión integral de bienestar policial.

Esto supone avanzar en esquemas de seguridad social, atención psicológica, seguros de vida, apoyo a familias, vivienda, becas para hijas e hijos, capacitación continua y estímulos al desempeño, de manera que el reconocimiento a las y los elementos no sea únicamente simbólico, sino material, permanente y verificable.4

Fortalecer las condiciones laborales de las corporaciones policiales también constituye una medida de seguridad pública. Una policía con mejores condiciones de ingreso, permanencia, profesionalización y desarrollo institucional cuenta con mayores incentivos para consolidar una carrera policial estable, reducir la rotación de personal, fortalecer la confianza ciudadana y disminuir riesgos de corrupción, abandono del servicio o debilitamiento operativo.

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica de 2020 reconoce que la profesionalización, la carrera policial, la capacitación y la mejora de las condiciones laborales son componentes indispensables para fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales.5

Contexto local

Diversas entidades federativas han implantado mecanismos de apoyo educativo dirigidos a las familias de las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública, reconociendo la importancia de fortalecer su desarrollo integral y garantizar mejores condiciones de vida.

En el Estado de Jalisco, el gobierno estatal puso en marcha el programa “legado”, mediante el que se otorgan becas hasta del 100 por ciento para cursar estudios en instituciones privadas de educación superior a las hijas e hijos de elementos de seguridad pública, incluyendo apoyos complementarios que facilitan su permanencia académica. Este programa ha sido reconocido como una política pública innovadora para dignificar la labor policial y brindar certeza a sus familias.6

En Yucatán se han implantado programas de becas de educación superior dirigidos a hijas e hijos de elementos de seguridad pública, permitiendo que accedan a instituciones públicas y privadas mediante apoyos económicos y exenciones en colegiaturas, fortaleciendo con ello la movilidad social y las oportunidades de profesionalización de este sector.7

Estos precedentes demuestran la eficacia la viabilidad administrativa, financiera y social de implementar acciones, armonizando las políticas públicas locales con las mejores prácticas nacionales en materia de bienestar policial y protección familiar.

En Nuevo León se aprobó el 20 de septiembre del 2023 una reforma en la que se otorgaran becas a 100 por ciento a partir de nivel medio superior y superior hasta concluir sus estudios a los hijos de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber.8

Asimismo, en el Estado de México, la Gobernadora del Estado entregó cheques para becas de hijas e hijos de policías caídos en cumplimiento de su deber; así como, el equivalente de vivienda.9

Tamaulipas cuenta con una beca dirigida a los alumnos hijos de policías con funciones de operación policial, custodios o caídos en el cumplimiento de su deber, que se encuentren realizando sus estudios en instituciones públicas o privadas en los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior del sistema Educativo Nacional.10

Experiencia internacional

a) Becas implantadas para hijos de personal de seguridad pública

A nivel internacional, tenemos el registro de países y sistemas jurídicos que han reconocido la necesidad de implementar mecanismos de protección para las familias de integrantes de instituciones de seguridad pública fallecidos en cumplimiento del deber, particularmente mediante programas de becas y apoyos académicos dirigidos a sus hijas e hijos.

Por ejemplo, en Puerto Rico existe un marco normativo que crea en los libros del Departamento de Hacienda, un fondo especial, no sujeto a año fiscal determinado, distinto y separado de todo otro dinero o fondos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el “Fondo de Becas para Hijos de Miembros del Cuerpo de la Policía”, en adelante denominado “Fondo”.11

Por su parte, en Canadá existen programas institucionales y fondos especializados de apoyo educativo dirigidos a familiares integrantes de cuerpos de seguridad y mecanismos de asistencia académica para familias vinculadas al servicio público de seguridad, reflejando una tendencia internacional orientada al fortalecimiento del bienestar institucional y reconocimiento social.12

b) Becas implementadas para hijos de personal de seguridad pública caídos en el cumplimiento de su deber

En Colombia hay el Fondo Educativo para hijos de miembros de la fuerza pública muertos en operaciones llevadas a cabo en el marco del cumplimiento de su deber como miembros de la fuerza pública.

El Fondo está vinculado al Ministerio de Educación y es administrado por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. El fondo tiene por objeto otorgar becas y/o créditos a los hijos de los miembros de la fuerza pública muertos en operaciones llevadas a cabo en el marco del cumplimiento de su deber como miembros de la fuerza pública, para realizar estudios de educación superior a nivel de pregrado, en la República de Colombia.13

Finalmente, en los Estados Unidos de América, distintos estados y organizaciones vinculadas a cuerpos de seguridad y emergencia cuentan con programas de asistencia educativa para descendientes de policías, bomberos y miembros de fuerzas de seguridad caídos en servicio.14

Agenda 2030

Ahora bien, no debemos perder de vista que la presente iniciativa se enmarca en los compromisos internacionales de los que México forma parte. En específico atiende los mandamientos que nacen de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),15 lo que justifica plenamente su atención prioritaria en políticas públicas, reformas legales y estrategias de prevención.

Particularmente, esta propuesta se vincula principalmente con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030:

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. La presente iniciativa busca el fortalecimiento de las prestaciones y apoyos institucionales para las personas servidoras públicas encargadas de la seguridad pública incentiva la permanencia, profesionalización y dignificación de la función policial.

ODS 10: Reducción de las desigualdades. La presente iniciativa atiende de manera directa las desigualdades estructurales que enfrentan las familias de las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública, acceso desigual a oportunidades educativas y condiciones de vulnerabilidad ocasionadas por el fallecimiento del elemento en cumplimiento del deber.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. La presente iniciativa contribuye al fortalecimiento de instituciones sólidas, eficaces e inclusivas, en concordancia con el objetivo 16 de la agenda 2030, al establecer mecanismos de apoyo social y educativo que dignifican la función policial y fortalecen el sentido de pertenencia institucional.

Vinculación con la política pública del Poder Ejecutivo Federal

Esta propuesta guarda congruencia con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, presentada por el secretario Omar García Harfuch, la cual establece como ejes prioritarios la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la coordinación interinstitucional y la consolidación de corporaciones de seguridad pública más profesionales y cercanas a la ciudadanía.

El gobierno de México ha impulsado acciones orientadas a robustecer el modelo nacional de seguridad pública mediante el fortalecimiento operativo e institucional del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la implantación de políticas de bienestar y pacificación social encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La presente iniciativa contribuye directamente a dichos objetivos nacionales al reconocer que la estabilidad, profesionalización y compromiso de las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública, no puede desvincularse del bienestar de sus familias.

Por ello, garantizar apoyos educativos y alimentarios para hijas e hijos de personal de seguridad pública representa una medida de justicia social, fortalecimiento institucional y consolidación de una política de seguridad más humanista, centrada no solo en el combate a la violencia, sino también en la dignificación de quienes diariamente protegen al pueblo.

Contenido de la propuesta

La presente iniciativa propone reformar el artículo 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de fortalecer el régimen de seguridad social del personal de seguridad pública y reconocer, de manera expresa, apoyos educativos y familiares para quienes desempeñan funciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.

La propuesta plantea que las hijas e hijos del personal de seguridad pública puedan acceder a becas educativas desde el nivel básico hasta el nivel superior, mediante la coordinación entre instituciones de seguridad, autoridades educativas y los tres órdenes de gobierno. Para ello, se prevé la posibilidad de celebrar convenios de colaboración y constituir fondos concurrentes que permitan contar con recursos suficientes para apoyar la continuidad escolar de las familias de las y los elementos de seguridad pública.

La iniciativa establece que dichas becas puedan cubrir, al menos, conceptos como inscripción, colegiatura cuando proceda, materiales escolares esenciales y apoyos complementarios, conforme a la normativa aplicable. Con ello se busca que la educación de las hijas e hijos de elementos de seguridad pública no dependa únicamente de la capacidad económica familiar, sino que sea respaldada como parte de una política pública de reconocimiento al riesgo y responsabilidad de la función policial.

La propuesta también fortalece los seguros para las familias o personas beneficiarias del personal de seguridad pública, al señalar que deberán considerar recursos destinados a cubrir alimentos o apoyos básicos para las personas beneficiarias, particularmente en casos de fallecimiento o incapacidad total o permanente derivados del cumplimiento del deber.

Finalmente, la iniciativa incorpora un régimen transitorio para ordenar su implementación. Se prevé que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita lineamientos generales en un plazo de ciento ochenta días naturales; que las entidades federativas y municipios realicen adecuaciones administrativas; y que se celebren convenios de coordinación para definir aportaciones, metas de cobertura, mecanismos de dispersión, seguimiento, comprobación, interoperabilidad, trazabilidad del gasto y prevención de duplicidades.

En síntesis, el propósito es reconocer y fortalecer prestaciones sociales complementarias en favor del personal de seguridad pública; tal y como, a continuación, se describe:

La profesionalización y bienestar de los integrantes de las instituciones de seguridad pública son factores determinantes para garantizar la preparación, compromiso y eficiencia en la prevención del delito, la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz social.

En este sentido, otorgar incentivos educativos y apoyos sociales a las familias de los elementos de seguridad pública que arriesgan su vida en el cumplimiento del deber no solo representa un acto de justicia social, sino también una estrategia de fortalecimiento institucional, al incentivar la permanencia.

Con ello se contribuye a consolidar instituciones de seguridad capaces de generar confianza pública y garantizar condiciones de paz, legalidad y gobernabilidad democrática.

La aprobación de la presente iniciativa no representa únicamente una adición técnica a nuestro marco normativo, sino un acto de justicia y reconocimiento a las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Legislar para garantizar condiciones dignas de desarrollo para quienes arriesgan su vida en cumplimiento del deber implica también asumir la responsabilidad del Estado frente al bienestar de sus familias, particularmente de sus hijas e hijos.

Desde el Grupo Parlamentario de Morena reafirmamos nuestro compromiso constante con la justicia social, la dignificación del servicio público y la protección de los mismos, reconociendo que no puede haber transformación verdadera sin el fortalecimiento de quienes sostienen la paz y el orden en el país.

Como hija de un policía de carrera, conozco de cerca lo que significa vivir en una familia marcada por el servicio, la disciplina y el sacrificio. Sé que detrás de cada uniforme hay jornadas largas, riesgos permanentes, ausencias en casa, preocupación de las familias y una vocación profunda por proteger a los demás.

Por eso, para mí, atender las necesidades de las hijas e hijos de las y los elementos de seguridad pública no es solo una responsabilidad legislativa: es un deber moral que nace de mi propia historia de vida. Impulsar apoyos educativos y alimentarios para sus familias representa un acto de justicia social, una forma concreta de reconocer que quienes cuidan a la ciudadanía también merecen que el Estado cuide de los suyos.

Nuestra labor legislativa asume la responsabilidad histórica de garantizar condiciones de bienestar para las familias de las y los elementos de seguridad pública, entendiendo que el abandono institucional hacia este sector representa una problemática social que debe ser atendida.

Para la cuarta transformación, dignificar la función de seguridad, proteger a sus familias y garantizar oportunidades reales de desarrollo en una prioridad, asegurando que la seguridad del país también se construya desde la justicia social y el reconocimiento pleno de quienes la hacen posible.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Único. Se adicionan diversos párrafos al artículo 61 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como siguen:

Artículo 61. ...

...

Para efectos del párrafo anterior, el personal de seguridad pública disfrutará de becas para sus hijas e hijos desde el nivel básico hasta el superior. Por lo que, las instituciones competentes, en coordinación con las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, promoverán la celebración de convenios de colaboración y, en su caso, la constitución de fondos concurrentes destinados a garantizar la suficiencia de recursos, que cubran la totalidad de estudios de las hijas e hijos de elementos de seguridad pública.

Las becas cubrirán, al menos, inscripción, colegiatura cuando proceda, materiales escolares esenciales y apoyos complementarios establecidos en la normativa aplicable.

...

Los seguros para las familias o personas beneficiarias, deberán contemplar los recursos necesarios que cubran los alimentos de dichas personas.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La federación, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto los lineamientos generales para la operación del esquema de becas.

Tercero. Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las adecuaciones reglamentarias y administrativas que estimen necesarias.

Cuarto. Para la implantación del esquema de becas, la federación, las entidades federativas y los municipios promoverán la celebración de convenios de coordinación, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la emisión de los lineamientos generales, a fin de definir las aportaciones y responsabilidades de cada orden de gobierno; las metas anuales de cobertura, con un enfoque de progresividad; los procedimientos de dispersión, seguimiento y comprobación del ejercicio de recursos; el intercambio de información y criterios de interoperabilidad; y las medidas de integridad y prevención de duplicidades, con auditoría y trazabilidad del gasto.

Quinto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizará las acciones conducentes para incorporar, en el ámbito de su competencia y conforme a la disponibilidad presupuestaria, las previsiones necesarias para la operación del esquema de becas; así como, las coberturas de seguros, a partir del ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor del decreto.

Notas

1. Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Sistema de Información del Diario Oficial de la Federación. Consultado el 8 de mayo de 2026. https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5757082

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Evolución y perfil delictivo en México: Una mirada estadística . En números. Documentos de análisis y estadísticas, cuaderno 27. México: Inegi, 2024. Consultado el 8 de mayo de 2026. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espa nol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463901884.pdf

3 Hilda Escalona, “Inegi: en 2023, murieron 458 funcionarios adscritos a las policías públicas estatales,” La Prensa , 8 de agosto de 2024, https://oem.com.mx/la-prensa/metropoli/inegi-en-2023-murieron-458-funci onarios-adscritos-a-las-policias-publicas-estatales-13087101

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Policías abatidos: el riesgo de servir a la seguridad pública en México, Documentos de análisis y estadísticas, Cuaderno 20 (Aguascalientes: INEGI, 2021).

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (México: gobierno de México, 2020).

6 Redacción Político Mx, “Gobierno de Jalisco presenta ‘Legado’, la estrategia transversal para apoyar a policías y sus familias,” Político Mx , 8 de abril de 2025, https://politico.mx/2025/04/08/gobierno-de-jalisco-presenta-legado-la-e strategia-transversal-para-apoyar-a-policias-y-sus-familias/

7 Secretaría de Educación de Yucatán, Convocatoria: Programa de Becas de Educación Superior para Hijos de Policías, ciclo escolar 2025-2026, 24 de junio de 2025, https://educacion.yucatan.gob.mx/multimedia/publicaciones/250624_Convoc atoria_HijosPolicias.pdf

8 Congreso de Nuevo León, “Hijos de policías fallecidos tendrán becas para la UANL,” 20 de septiembre de 2023, https://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2023/09/hijos_de_policias_fallec idos_tendran_becas_para_la_uanl.php

9 Redacción Así Sucede, “Entrega SSEM becas para dependientes económicos de policías estatales y custodios penitenciarios fallecidos en cumplimiento del deber,” Así Sucede , 15 de noviembre de 2024, https://asisucede.com.mx/entrega-ssem-becas-para-dependientes-economico s-de-policias-estatales-y-custodios-penitenciarios-fallecidos-en-cumpli miento-del-deber/

10 Gobierno de Tamaulipas, Becas para hijos de policías, Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, consultado el 30 de abril de 2026, https://www.tamaulipas.gob.mx/itabec/becas-para-hijos-de-policias/

11 Puerto Rico, Leyes de Puerto Rico , tit. 25, subtit. 1, parte VIII, cap. 95, 1029a (2020), consultado el 11 de mayo de 2026, Justia Law

12 Government of Canada, Office of the National Defence and Canadian Forces Ombudsman, “Post-Secondary Scholarships and Bursaries,” Canada.ca , consultado el 11 de mayo de 2026, https://www.canada.ca/en/ombudsman-national-defence-forces/education-in formation/military-families/post-secondary-scholarships-bursaries.html

13 Carlos Felipe Mejía, “Acceso a la educación superior de hijos de miembros de fuerza pública heridos o muertos en cumplimiento del deber,” Carlos Felipe Mejía, consultado el 11 de mayo de 2026, https://carlosfelipemejia.com/proyectos-de-ley/acceso-a-la-educacion-su perior-de-hijos-de-miembros-de-fuerza-publica-heridos-o-muertos-en-cump limiento-del-deber/

14 International Association of Fire Fighters (IAFF), “Beca W. H. ‘Howie’ McClennan”, IAFF, consultado el 11 de mayo de 2026, https://www.iaff.org/es/becas/beca-w-h-howie-mcclennan/

15 Naciones Unidas, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Objetivos de Desarrollo Sostenible, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/, consultado el 5 de febrero de 2026.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.

Diputada Jessica Saiden Quiroz (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es un pilar fundamental en la regulación del transporte en México, garantizando la seguridad y el correcto uso de las vías.

Sin embargo, la creciente circulación de vehículos de carga pesada, como camiones remolque, tractocamiones semirremolque-remolque y tractocamiones semirremolque-semirremolque, ha generado una preocupante cantidad de accidentes viales, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.

El propósito de esta iniciativa es a favor de la vida de las miles de familias que circulan cada día en las carreteras del país, cabe destacar la necesidad de reformar esta ley para incluir de manera explícita la coordinación con la Guardia Nacional y establecer la prohibición de la circulación de estos vehículos.

El incremento en el número de vehículos de carga pesada en las carreteras ha estado acompañado por un alarmante aumento en la siniestralidad vial. Datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportan que más de 14 por ciento de los accidentes fatales involucran vehículos de carga. Esta realidad exige una respuesta legislativa que busque priorizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, especialmente en un entorno donde la circulación de estos vehículos puede ser particularmente peligrosa.

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución Mexicana. La reformación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal necesita reflejar este compromiso al establecer prohibiciones claras y específicas que protejan la vida de las personas. La regulación efectiva sobre la circulación de vehículos pesados en áreas y momentos críticos es vital para reducir el riesgo de accidentes y, en consecuencia, salvar vidas.

La inclusión de la Guardia Nacional en el marco de la ley es crucial para implementar medidas de seguridad vial efectivas. La Guardia Nacional tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones de supervisión y control, lo que permite hacer cumplir las prohibiciones de manera efectiva. Esta coordinación no solo mejorará la vigilancia en las carreteras, sino que también facilitará una respuesta inmediata ante situaciones que puedan poner en peligro a los ciudadanos.

La inclusión de sanciones por el incumplimiento de las prohibiciones establecidas será fundamental para garantizar la efectividad de la reforma. Estas sanciones deben ser proporcionales al riesgo que representan para la vida de las personas y deberían incluir tanto multas como la inmovilización de los vehículos infractores. Esto enviará un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las regulaciones de seguridad vial.

En varios países se han implantado regulaciones efectivas que limitan la circulación de vehículos de carga en momentos y lugares que presentan un alto riesgo. Por ejemplo, en regiones de Europa y América del Norte, las restricciones sobre la circulación de vehículos pesados han mostrado resultados positivos, evidenciando una disminución en la cantidad de accidentes viales. México puede adoptar estrategias similares que se adapten a sus necesidades específicas.

La reforma de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para incluir la coordinación de la Guardia Nacional y establecer la prohibición de la circulación de unidades de autotransporte de carga es una medida urgente y necesaria para salvaguardar el derecho a la vida de las personas en México.

Esta reforma no solo contribuirá a la reducción del número de accidentes y muertes en las carreteras, sino que también reflejará el compromiso del Estado con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

Es momento de tomar acciones decididas para crear un entorno vial más seguro, donde la protección de la vida sea la prioridad principal en la legislación y regulación del transporte en nuestro país.

Para tener una idea del impacto que esto genera, cabe destacar que, en México, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año:

Solo en 2020, murieron 1,460 personas en accidentes relacionados con tráileres de doble remolque.

De acuerdo con el Diario de los Diputados, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año.

De acuerdo con SinEmbargo, más de mil 600 de los más de cinco mil accidentes viales que provocan muertes cada año en México involucran a algún tráiler, especialmente de doble remolque.1

En este Honorable Congreso de la Unión, en diferentes legislaturas se ha planteado este problema, desde hace más de una década, como una preocupación urgente por resolver mediante la prohibición de estos y se han presentado iniciativas para prohibir la circulación de vehículos de carga con doble remolque, pero hasta ahora no han prosperado.

Es entendible las preocupaciones económicas que esto implica, sin embargo, nada se compara con el cuidado y protección de la vida de las personas, de nuestras familias, es tiempo de generar conciencia no solo desde la óptica económica y de la prohibición, sino de encontrar un sentido positivo al derecho a la vida, a nuestro cuidado, al de nuestras familias, a transitar sin miedo a sufrir un accidente, en efecto hemos escuchado las implicaciones que se tendrían si es que se logrará avanzar en la regulación y en su caso en la prohibición de la circulación de vehículos de doble o doble semirremolque, sin embrago no está de más mencionar muchas más causas que afecta la circulación de este tipo de vehículos;

Los datos estadísticos muestran un alarmante incremento en el número de accidentes de tráfico en México, muchos de los cuales involucran vehículos de gran tamaño, como los doble y doble semi remolques. Estos vehículos, debido a su tamaño y peso, tienen un mayor potencial para causar daños significativos en caso de colisión. La prohibición de estos vehículos podría contribuir a una disminución en la tasa de accidentes y, por ende, a la salvaguarda de vidas humanas.

Los usuarios más vulnerables de las vías, como ciclistas, motociclistas y peatones, se ven especialmente afectados por la presencia de vehículos de gran tamaño. La prohibición de los doble y doble semi remolques podría reducir el riesgo que representan para estos grupos, promoviendo un entorno más seguro para todos los usuarios de la carretera.

Además de los riesgos para la vida humana, los doble y doble semirremolques contribuyen a la contaminación ambiental. Su funcionamiento genera emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que afectan la calidad del aire. Al limitar el uso de estos vehículos, se podría contribuir a un entorno más saludable y sostenible, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible del país dentro de la estrategia de prosperidad compartida, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La prohibición de los doble y doble semi remolques no implica un freno al desarrollo del transporte de mercancías. Existen alternativas viables, como el uso de vehículos más pequeños y eficientes, que pueden realizar el mismo trabajo sin los riesgos asociados a los vehículos de gran tamaño. Fomentar el uso de estas alternativas puede estimular la innovación en el sector del transporte y contribuir a una economía más dinámica y segura.

La prohibición de los doble y doble semi remolques puede ir acompañada de campañas educativas que informen a la población sobre la importancia de la seguridad en las carreteras y la responsabilidad compartida de todos los usuarios.

Estas reformas y adiciones propuestas a la ley que prohíba los doble y doble semi remolques en México es una medida que busca priorizar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Al reducir el riesgo de accidentes, proteger a los usuarios más vulnerables, contribuir a un entorno más saludable y fomentar alternativas de transporte, esta ley puede ser un paso significativo hacia un futuro más seguro y sostenible. Es momento de actuar y poner la vida en el centro de nuestras decisiones legislativas.

Planteamiento del problema

Me permito citar algunos fragmentos del artículo publicado en SinEmbargo “Tráileres asesinos: muertos todos los días”, de Francisco Ortiz Pinchetti, de septiembre de 2023:

“... Las estadísticas del Inegi indican que en México hay 561 mil unidades de autotransporte de carga. Más de cinco mil personas mueren cada año por accidentes viales. En más de mil 600 de esos descensos se ve involucrado algún tráiler, especialmente de doble remolque. Sin embargo, hay otros datos: el Instituto Mexicano del Transporte reporta que de 30 mil accidentes anuales, el tracto camión doblemente articulado participa en tres por ciento de los casos, genera 2.2 por ciento de fatalidades y 1.6 por ciento del total de lesionados. Es decir, ese tipo de vehículos provoca cada año la muerte de no menos de tres mil 600 mexicanos y deja lesiones a otros cuatro mil 800. Muchos de ellos quedan incapacitados de por vida. México ocupa el séptimo lugar en el mundo por el mayor número de accidentes carreteros, según la ONU.

Sabemos que en Estados Unidos y muchos otros países del mundo está prohibida la circulación de tráileres de doble remolque, por ser altamente peligrosos. Además, el transporte de carga está sujeto a estricta regulación, que incluye límites al peso de carga, sanciones millonarias a infractores y penas de prisión, como es en el caso de Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania.

No ocurre así en México, obviamente. A pesar de incontables denuncias y de no pocas iniciativas de ley para reglamentar el tema, siguen siendo permitidos los tráileres de doble remolque y se mantienen altos tonelajes máximos permitidos, los cuales además se violan de manera cotidiana. Por lo demás, es prácticamente nula la aplicación de sanciones a los infractores.

Frecuentemente se culpa a los choferes de los accidentes. A menudo efectivamente actúan de manera irresponsable, sin precaución, a exceso de velocidad.

Existen otros culpables como lo son los dueños de las unidades de carga obligan a sus conductores a jornadas extenuantes. No los capacitan adecuadamente. Tampoco les dan debido mantenimiento a las unidades. Emplean llantas en mal estado, para ahorrar, y no revisan el sistema de frenado. Los sobrecargan de manera ilegal. Y son absolutamente impunes.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos alerta que la fatiga de los conductores de estos vehículos es causa preponderante en accidentes. “Casi todos los países regulan la cantidad de horas al volante y los tiempos de descanso para los choferes comerciales; pero en México no existen límites legales sobre tiempos de manejo continuo...”2

De acuerdo con el editorial de Animal Político, hace una relatoría de estudios e informes destaca en su publicación del día 22 de septiembre de 2022:

“La norma mexicana que regula la circulación de vehículos de autotransporte en México, un tráiler de doble remolque tiene permitido cargar hasta 75.5 toneladas y puede medir hasta 32.5 metros de largo. Sin embargo, en un informe entregado al Senado se documentó que el peso de tráileres que circulan así en México puede llegar hasta las 120 toneladas.

-Cuando un doble remolque tiene sobrecarga, su sistema de frenado es más lento, lo que le impide frenar pronto, puede tardar más de 10 segundos en lograr frenar, por eso terminan llevándose a una serie de automóviles- advierte Antonio Azueta, mecánico y reparador de tráileres.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano del Transporte de 2016, el frenado de un tráiler doble remolque, con 74 toneladas, necesitaría frenar 52 metros antes y tardaría al menos 4 segundos en hacer un alto total.

-Entonces estamos hablando de que no frenan porque en primera van muy pegados de los demás carros, en segunda porque, aunque pisen el freno el sistema tarda en actuar esos diez segundos, al final resulta insuficiente-agrega Azueta.

Por ello, Juan Pablo Zatarain, académico del ITESO y quien ha estudiado el tema de logística y transporte de carga pesada, apunta que además de respetar el peso límite, la unidad debe de contar con frenos auxiliares.

–Para evitar que si los (frenos) normales se dañan o no funcionan, pues el sistema alterno entre en acción, explica.

Otros países del mundo tienen limitaciones más estrictas, por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil y Argentina solo permiten un peso de 40 toneladas, según los datos de una recopilación del Foro Internacional de Transporte.

“Pero esto hay que aclararlo, en Estados Unidos les permiten ese peso y un largo de 24 metros, evitando las dimensiones más grandes y estos tráileres solo pueden circular por carreteras rectas y planas, generalmente llevan troncos de árboles, cosas así, no llevan sustancias peligrosas, está sumamente restringido. Tú dime ¿cuándo vas a ver algo así?”, cuestiona Héctor Gandini, representante de la sociedad civil en iniciativas del doble remolque.

El mismo estudio del IMT señala que durante 2020 existían 801 tráileres de doble remolque registrados ante la autoridad. Sin embargo, Gandini refiere que es sencillo adaptar un vehículo para ser doble remolque, por lo que no hay certeza sobre su número circulando.

–En realidad no hay un censo oficial de cuántos dobles remolques hay... un doble remolque lo armas en media hora, no hay que olvidar que le quitas el dolly y ya no es doble remolque, bien fácil, enfatiza.

En esto concuerda el académico Zatarain, quien señala que es sencillo desarmar los tráileres doble remolque, pues solo se necesitan unidades de ensamble y cableado que permita conectar las luces del último remolque con el comando.

La Asociación Nacional de Transporte Privado defendió el doble remolque en su participación ante el Senado, y sostuvo que el tema se debe enfocar en la gestión de la velocidad. Por ejemplo, regular la velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas donde usuarios y vehículos se mezclan de forma frecuente.

Zatarain destaca que, a diferencia de México, en otros países, las unidades tienen una revisión más exhaustiva en sus cargas y sanciones más claras en caso de incumplir. Además de otras medidas para evitar accidentes como unidades de menor dimensión, que circulen en un carril exclusivo, a una velocidad regulada y se respeten las jornadas de trabajo de los conductores”.3

La ex senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, ha sido una de tantas que en su momento manifestó esta preocupación y después de hacer un estudio minucioso de los diferentes esfuerzos de legisladoras y legisladores por más de 10 años, he encontrado coincidencia con lo que en su momento ella presentó, razón por la cual le he solicitado de su autorización para realizar un planteamiento en los mismos términos de la citada exlegisladora, mencionando lo siguiente:

“La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, establece las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, excepto los vehículos tipo grúa de arrastre y de arrastre y salvamento.

En esta norma se establece que el tracto camión doblemente articulado, es el vehículo destinado al transporte de carga constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro semirremolque, acoplados mediante mecanismos de articulación, que debe cumplir con diversas especificaciones técnicas, disposiciones de seguridad y de control, entre las que destacan

- Velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor;

- Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en rebase;

- Luces encendidas permanentemente, mediante sistema electrónico instalado en el vehículo, que las encienda al momento de ponerlo en marcha;

- Circular con un mínimo de 100 metros de separación respecto de otros vehículos pesados que les aplique la presente norma;

- Conservar, respecto del que va adelante, la distancia de seguridad que le garantice su detención oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado del camino, las condiciones climáticas y las del propio vehículo;

- Contar con conductores con capacitación, experiencia y licencia específica;

- Uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas de conducción semanal, con registros por viaje; y

- Sistemas de Posicionamiento Global, que reportará como mínimo los siguientes elementos: posición y velocidad, debiéndose prever un respaldo de la información que genere el GPS, información que el permisionario deberá poner a disposición de la Secretaría y Policía Federal para su consulta, conforme a los lineamientos que emita la secretaría.

Los tractocamiones doblemente articulados están autorizados para transitar por caminos hasta con 72.5 toneladas de peso, siempre que cuenten con un sistema auxiliar de frenos, independientemente del sistema de balata.

Si bien, estas características ayudan en la prevención de accidentes, es fundamental que la autoridad de seguimiento y realice verificaciones constantes a los vehículos de carga que circulan en los caminos y puentes federales, con la finalidad de reducir accidentes e incrementar la seguridad de quienes circulen por caminos federales que existe menor probabilidad de accidentes con vehículos de autotransporte federal que pongan en riesgo su integridad física.4 ”

La citada iniciativa se puede leer completa en

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-07- 181/assets/documentos/Inic_PVEM_Sen_Lagunes_LCPyAF.pdf

La propuesta legislativa

Por todo lo expuesto y fundado me permito proponer el siguiente

Decreto

Único. Se reforman las fracciones V del artículo 66 y I a V. y el párrafo cuarto del artículo 74, y el párrafo primero y las fracciones I a III del artículo 74 Bis; y se adicionan la fracción VII al artículo 5o., un segundo párrafo a los artículos 35, 39 y 50 y la fracción IV Bis al artículo 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

I. a VI. ...

VII. Retirar de la circulación al autotransporte federal que no cumpla con las verificaciones técnicas, las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, y otras establecidas en la presente ley y normas oficiales mexicanas.

VIII. y IX. ...

Artículo 35. ...

En caso de no cumplir con la verificación señalada en el párrafo anterior, se revocará el permiso de transitar en caminos federales.

...

Artículo 39. ...

Los permisionarios que tengan en circulación vehículos de autotransporte federal y privado, que no cumplan con las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, serán sometidos a revocación de permisos.

Artículo 50. ...

Queda estrictamente prohibida la circulación a las unidades de autotransporte de carga denominadas, camión remolque, tractocamión semirremolque-remolque y tractocamión semirremolque-semirremolque.

...

Artículo 66. ...

I. a IV. ...

V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 veces la unidad de medida y actualización , por tonelada o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarques de menor peso.

Artículo 74. ...

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización ;

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización ;

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de cien a quinientas veces la unidad de medida y actualización ;

IV. Incumplir cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, con multa de hasta quinientas veces la unidad de medida y actualización ,

IV Bis. Mantener en circulación vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo sin las medidas establecidas en los artículos 35 y 39 de esta ley, con multa de hasta quinientos días de unidad de medida y actualización y serán sujetos a revocación del permiso correspondiente para la prestación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo. Esta multa se incrementará hasta el doble, cuando los vehículos de autotransporte hayan ocasionado un accidente vial y, hasta tres veces cuando existan víctimas de privación de la vida.

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil veces la unidad de medida y actualización.

...

para los efectos del presente capítulo, la multa se calculará conforme al monto de la unidad de media y actualización al momento de cometerse la infracción.

Los ingresos derivados por concepto de multas que se impongan en términos del presente artículo se destinarán a la Secretaría para cubrir gastos de operación e inversión en tecnología y programas vinculados al autotransporte.

...

Artículo 74 Bis. La Secretaría de la Defensa Nacional , a través de la Guardia Nacional , de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I. Por infracciones a la presente Ley y Reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientas veces la unidad de medida y actualización;

II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a terceros con multa de veinte a cuarenta veces la unidad de medida y actualización .

...

III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientas veces la unidad de medida y actualización .

...

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contará con un plazo de 180 días a la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones a las normas y los reglamentos correspondientes.

Tercero. Los vehículos de autotransporte de carga con doble remolque y con una carga de 35 toneladas de peso, que actualmente recorren los caminos federales, dejarán de circular en su totalidad el 31 de diciembre de 2028, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Notas

1 https://www.sinembargo.mx/4412725/traileres-asesinos-muertos-todos-los- dias/

2 https://www.sinembargo.mx/4412725/traileres-asesinos-muertos-todos-los- dias/

3 https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/traileres- doble-remolque-iniciativas-congeladas-persisten-accidentes

4 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-07-181/assets/docum entos/Inic_PVEM_Sen_Lagunes_LCPyAF.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2026.

Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica)

Que adiciona el artículo 50 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salvaguardar su vida al transitar por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 50 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salvaguardar su vida al transitar por las carreteras del país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México establece un marco legal para proteger y garantizar los derechos de las y los menores, incluida su seguridad en las vías públicas. Sin embargo, el creciente uso de dobles semirremolques plantea un riesgo significativo para la seguridad vial, afectando directamente la protección y bienestar de los niños y adolescentes.

Esta propuesta aboga por la reforma de dicha ley para prohibir los dobles semirremolques, a fin de salvaguardar la vida de los menores.

El objetivo central de esta iniciativa se enfoca en el principio consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la niñez, la vida de niñas, niños y adolescentes, está en constante peligro, al transitar con sus familias en las carreteras del país, se encuentran en constante riesgo ante el inminente riesgo de encontrarse en el camino transitando un doble semirremolque, que sin ninguna cautela o precaución, se conducen y ocasionan accidentes que provocan lesiones permanentes o lamentablemente la pérdida de vidas.

Los dobles semirremolques son vehículos de gran tamaño y complexidad en su manejo, lo que incrementa el potencial de accidentes viales graves. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, los accidentes que involucran transporte de carga representan un alto porcentaje de fatalidades en carretera, y aquellos que involucran dobles semirremolques tienden a ser más severos. Proteger a los menores al reducir el riesgo de accidentes es una prioridad en la agenda de derechos humanos.

Niños y adolescentes son especialmente vulnerables en accidentes viales. El Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra) reporta que los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte en menores de edad en México. Reducir la presencia de dobles semirremolques puede disminuir significativamente este riesgo, alineando la legislación con el principio de interés superior de la niñez.

Muchos países de la OCDE ya han impuesto restricciones o prohibiciones a los dobles semirremolques para mejorar la seguridad vial. Por ejemplo, las regulaciones en países europeos más estrictas en cuanto al tamaño y peso de los vehículos de carga han demostrado una reducción en accidentes mortales. México puede beneficiarse de estas experiencias al ajustar su legislación para proteger más efectivamente a sus niñas, niños y adolescentes.

La reforma en cuestión se enmarca dentro del compromiso de México con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que subraya la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la protección y el cuidado necesarios para el bienestar de los niños. Esta reforma legislativa es un paso necesario hacia el cumplimiento de este compromiso.

Modificar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir los dobles semirremolques en México es crucial para fortalecer la protección de la población infantil y adolescente. Tal acción no solo contribuiría a una mejora significativa en la seguridad vial, sino que también demostraría un compromiso real con los derechos y el bienestar de las generaciones futuras.1

Para tener una idea del impacto que esto genera, cabe destacar que, en México, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año:

Sólo en 2020, murieron 1,460 personas en accidentes relacionados con tráileres de doble remolque.

De acuerdo con el Diario de los Diputados, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año.

De acuerdo con SinEmbargo, más de mil 600 de los más de cinco mil accidentes viales que provocan muertes cada año en México involucran a algún tráiler, especialmente de doble remolque.2

En este honorable Congreso de la Unión, en diferentes legislaturas se ha planteado este problema, desde hace más de una década, como una preocupación urgente por resolver mediante la prohibición de estos y se han presentado iniciativas para prohibir la circulación de vehículos de carga con doble remolque, pero hasta ahora no han prosperado.

Además de los riesgos para la vida humana, los doble y doble semi remolques contribuyen a la contaminación ambiental. Su funcionamiento genera emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que afectan la calidad del aire. Al limitar el uso de estos vehículos, se podría contribuir a un entorno más saludable y sostenible, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible del país dentro de la estrategia de prosperidad compartida, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La creación de una ley que prohíba los doble y doble semi remolques en México es una medida que busca priorizar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Al reducir el riesgo de accidentes, proteger a los usuarios más vulnerables, contribuir a un entorno más saludable y fomentar alternativas de transporte, esta ley puede ser un paso significativo hacia un futuro más seguro y sostenible. Es momento de actuar y poner la vida en el centro de nuestras decisiones legislativas.

Planteamiento del problema

Me permito citar algunos fragmentos del artículo publicado en el medio de comunicación SinEmbargo, titulado: “Tráileres asesinos: muertos todos los días”, de la autoría de Francisco Ortiz Pinchetti, en el mes de septiembre del año 2023:

Frecuentemente se culpa a los choferes de los accidentes. A menudo efectivamente actúan de manera irresponsable, sin precaución, a exceso de velocidad.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alerta que la fatiga de los conductores de estos vehículos es causa preponderante en accidentes. “Casi todos los países regulan la cantidad de horas al volante y los tiempos de descanso para los choferes comerciales; pero en México no existen límites legales sobre tiempos de manejo continuo...”3

De acuerdo con la editorial de Animal Político, hace una relatoría de estudios e informes destaca en su publicación del día 22 de septiembre de 2022:

—Cuando un doble remolque tiene sobrecarga, su sistema de frenado es más lento, lo que le impide frenar pronto, puede tardar más de 10 segundos en lograr frenar, por eso terminan llevándose a una serie de automóviles- advierte Antonio Azueta, mecánico y reparador de tráileres.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), de 2016, el frenado de un tráiler doble remolque, con 74 toneladas, necesitaría frenar 52 metros antes y tardaría al menos 4 segundos en hacer un alto total.

—Entonces estamos hablando de que no frenan porque en primera van muy pegados de los demás carros, en segunda porque, aunque pisen el freno el sistema tarda en actuar esos diez segundos, al final resulta insuficiente— agrega Azueta.

—Para evitar que si los (frenos) normales se dañan o no funcionan, pues el sistema alterno entre en acción—, explica.

—En realidad no hay un censo oficial de cuántos dobles remolques hay... un doble remolque lo armas en media hora, no hay que olvidar que le quitas el dolly y ya no es doble remolque, bien fácil—, enfatiza.

Por su parte, la Asociación Nacional de Transporte Privado defendió el doble remolque en su participación ante el Senado, y sostuvo que el tema se debe enfocar en la gestión de la velocidad. Por ejemplo, regular la velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas donde usuarios y vehículos se mezclan de forma frecuente.

La ex senadora de la República Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ha sido una de tantas que en su momento manifestó esta preocupación y después de hacer un estudio minucioso de los diferentes esfuerzos de legisladoras y legisladores por más de 10 años, he encontrado coincidencia con lo que en su momento ella presentó, razón por la cual le he solicitado de su autorización para realizar un planteamiento en los mismos términos de la citada exlegisladora, mencionando lo siguiente:

• Velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor,

• Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en rebase,

• Luces encendidas permanentemente, mediante sistema electrónico instalado en el vehículo, que las encienda al momento de ponerlo en marcha,

• Circular con un mínimo de 100 metros de separación respecto de otros vehículos pesados que les aplique la presente Norma,

• Conservar, respecto del que va adelante, la distancia de seguridad que le garantice su detención oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado del camino, las condiciones climáticas y las del propio vehículo,

• Contar con conductores con capacitación, experiencia y licencia específica,

• Uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas de conducción semanal, con registros por viaje, y

• Sistemas de Posicionamiento Global, que reportará como mínimo los siguientes elementos: posición y velocidad, debiéndose prever un respaldo de la información que genere el GPS, información que el permisionario deberá poner a disposición de la Secretaría y Policía Federal para su consulta, conforme a los Lineamientos que emita la Secretaría.

Los tractocamiones doblemente articulados están autorizados para transitar por caminos hasta con 72.5 toneladas de peso, siempre y cuando cuenten con un sistema auxiliar de frenos, independientemente del sistema de balata.

La citada iniciativa se puede leer completa en el siguiente link:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-07- 181/assets/documentos/Inic_PVEM_Sen_Lagunes_LCPyAF.pdf

La propuesta legislativa

Para mayor claridad se expone el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente:

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 50 bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis.- El Estado, en sus diversos niveles de gobierno y a través de las instituciones correspondientes, velará por la salvaguarda de la vida y la integridad de las niñas, niños y adolescentes, realizando acciones coordinadas con la Guardia Nacional para garantizar su seguridad en todos los ámbitos de su desarrollo a fin de:

I. Asegurar la integridad y el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes, por lo que se implementará la prohibición de circulación a las unidades de autotransporte de carga denominadas, camión remolque, tractocamión semirremolque-remolque y tractocamión semirremolque-semiremolque, en carreteras y zonas urbanas donde su operación represente un riesgo elevado para la seguridad vial.

II. La coordinación con la Guardia Nacional para supervisar y hacer cumplir esta prohibición, así como para implementar operativos de vigilancia en las rutas identificadas con mayor riesgo de accidentes que involucren transporte de carga, denominadas, camión remolque, tractocamión semirremolque-remolque y tractocamión semirremolque-semiremolque.

III. La implementación de campañas de sensibilización sobre la seguridad vial dirigidas a transportistas y comunidad en general, en coordinación con instituciones educativas y de seguridad vial.

IV. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con la Guardia Nacional, desarrollará programas de capacitación específicos para el monitoreo y control del cumplimiento de estas disposiciones.

V. Se establecerán mecanismos de vigilancia y evaluación periódica para medir la efectividad de las medidas implementadas y proponer mejoras continuas.

Artículo Transitorio

Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, México Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra) Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

2 https://www.sinembargo.mx/4412725/traileres-asesinos-muertos-todos-los- dias/

3 https://www.sinembargo.mx/4412725/traileres-asesinos-muertos-todos-los- dias/

4 https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/traileres- doble-remolque-iniciativas-congeladas-persisten-accidentes

5 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-07-181/assets/docum entos/Inic_PVEM_Sen_Lagunes_LCPyAF.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2026.

Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica)

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país. Al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La seguridad de las personas que transitan por las carreteras es un asunto de primordial importancia que requiere atención inmediata y acciones concretas. El aumento en la circulación de unidades de autotransporte de carga, específicamente los camiones remolque, tractocamiones semirremolque-remolque y tractocamiones semirremolque-semiremolque, ha llevado a un incremento en la siniestralidad vial.

Esta exposición de motivos se centra en la urgente necesidad de salvar vidas, el objetivo principal es cuidar de la vida, salud de las familias mexicanas, por lo que es necesario prohibir la circulación de estas unidades para proteger la vida de todos los usuarios de las vías.

Estudios han demostrado que los camiones de gran tamaño implican un mayor riesgo de accidentes. Según datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, las unidades de carga pesada están involucradas en aproximadamente el 14 por ciento de los accidentes fatales en carreteras. Este porcentaje es alarmante y muestra una correlación directa entre el tamaño y peso de estas unidades y la gravedad de los accidentes.

Los usuarios de la vía, incluyendo automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, son particularmente vulnerables ante la presencia de vehículos de gran tamaño. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las colisiones con camiones pesados son más propensas a resultar en lesiones graves o fatales. La inercia y la masa de estos vehículos amplifican el impacto en caso de colisión, resultando en consecuencias devastadoras para los demás usuarios.

La presencia continua de camiones de carga en las carreteras contribuye al estrés vial y a la desconfianza de los conductores. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el estrés asociado con la conducción en presencia de vehículos pesados no solo afecta la salud mental de los conductores, sino que también puede contribuir a un mayor número de errores humanos al volante, aumentando la probabilidad de accidentes.

Adicionalmente, estas unidades también contribuyen a la contaminación del aire y ruido en las zonas por las que circulan. Un informe del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático indica que los vehículos de carga pesada son responsables de una significativa proporción de emisiones contaminantes. Prohibir su circulación puede tener beneficios directos para la salud pública y el medio ambiente.

En muchos países, como Dinamarca y Bélgica, se han implementado restricciones en la circulación de vehículos de carga pesada en determinadas carreteras o durante horarios específicos. Estas medidas han resultado en una reducción notable de accidentes y han mejorado la seguridad vial. La experiencia internacional demuestra que la prohibición puede ser una estrategia eficaz para proteger a los usuarios de la carretera.

La prohibición de la circulación de camiones remolque, tractocamiones semirremolque-remolque y tractocamiones semirremolque-semiremolque es una medida necesaria y urgente para salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras. Esta acción no solo busca reducir el número de accidentes y muertes, sino también promover la salud pública, el bienestar y un entorno vial más seguro para todos los usuarios de la vía.

Es fundamental que se tomen decisiones proactivas que prioricen la vida y la seguridad en nuestras carreteras.

Para tener una idea del impacto que esto genera, cabe destacar que, en México, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año:

Solo en 2020, murieron 1,460 personas en accidentes relacionados con tráileres de doble remolque.

De acuerdo con el Diario de los Diputados, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año.

De acuerdo con SinEmbargo, más de mil 600 de los más de cinco mil accidentes viales que provocan muertes cada año en México involucran a algún tráiler, especialmente de doble remolque.1

Planteamiento del problema

Frecuentemente se culpa a los choferes de los accidentes. A menudo efectivamente actúan de manera irresponsable, sin precaución, a exceso de velocidad.

De acuerdo con la editorial de Animal Político, hace una relatoría de estudios e informes destaca en su publicación del día 22 de septiembre de 2022:

— Cuando un doble remolque tiene sobrecarga, su sistema de frenado es más lento, lo que le impide frenar pronto, puede tardar más de 10 segundos en lograr frenar, por eso terminan llevándose a una serie de automóviles- advierte Antonio Azueta, mecánico y reparador de tráileres.

— Entonces estamos hablando de que no frenan porque en primera van muy pegados de los demás carros, en segunda porque, aunque pisen el freno el sistema tarda en actuar esos diez segundos, al final resulta insuficiente—, agrega Azueta.

— Para evitar que si los (frenos) normales se dañan o no funcionan, pues el sistema alterno entre en acción—, explica.

— En realidad no hay un censo oficial de cuántos dobles remolques hay... un doble remolque lo armas en media hora, no hay que olvidar que le quitas el dolly y ya no es doble remolque, bien fácil—, enfatiza.