Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a investigar la posible utilización de recursos federales en la organización y realización de la Expo Coahuila y, de acreditarse su participación, a fiscalizar su origen, asignación, contratación, ejercicio y destino, a fin de identificar posibles irregularidades, a cargo del diputado Ricardo Sostenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La corrupción constituye una de las expresiones más profundas de la descomposición institucional, no solamente por el daño económico que ocasiona al patrimonio público, sino porque pervierte la naturaleza misma del ejercicio del poder. Su gravedad radica en que, cuando logra enquistarse en las estructuras gubernamentales, deja de manifestarse exclusivamente mediante actos individuales de deshonestidad y comienza a operar como un sistema de relaciones, complicidades y beneficios recíprocos entre actores políticos, funcionarios y particulares.

Bajo estas condiciones, las instituciones que deberían garantizar el interés general corren el riesgo de convertirse en instrumentos al servicio de intereses privados, mientras que la legalidad se reduce a una formalidad que encubre prácticas contrarias a los principios de honradez, imparcialidad y transparencia.

En su obra La corrupción en la balanza. Ensayo sobre el ayer, el ahora y el mañana del Sistema Nacional Anticorrupción (2026), Ricardo Alexys Valencia Lara plantea una reflexión fundamental: la corrupción no puede comprenderse únicamente como la suma de conductas individuales, sino como un fenómeno sistémico y multifacético, sostenido por estructuras institucionales y socioculturales que favorecen su reproducción. Desde esta perspectiva, prácticas como el nepotismo, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el cohecho y el peculado encuentran condiciones para prosperar cuando existen redes de intereses capaces de influir en las decisiones públicas y mecanismos de control insuficientes para impedirlo.

Una de las manifestaciones más peligrosas de la corrupción ocurre cuando deja de provocar indignación y comienza a percibirse como una práctica ordinaria del ejercicio gubernamental. Esta normalización representa una forma particularmente grave de deterioro democrático, porque transforma lo que debería ser una conducta excepcional y sancionable en una dinámica tolerada dentro de las relaciones políticas y administrativas. Así, la cercanía con quienes ejercen el poder puede llegar a considerarse una ventaja legítima para acceder a contratos, concesiones, permisos o recursos públicos, desplazando los principios de igualdad, competencia e imparcialidad que deben regir la actuación del Estado.

El problema se profundiza cuando los vínculos familiares, las amistades políticas y las relaciones empresariales comienzan a entrelazarse con las decisiones presupuestarias. En estos escenarios, la corrupción puede adquirir una dimensión estructural mediante esquemas de favorecimiento que, aun revestidos de procedimientos administrativos aparentemente legales, podrían ocultar conflictos de interés, simulación de competencia o mecanismos de transferencia de beneficios públicos hacia determinados grupos económicos. La existencia de contratos, licitaciones o autorizaciones formalmente documentadas no constituye, por sí misma, garantía de integridad cuando existen indicios de que las decisiones pudieron estar condicionadas por intereses ajenos al bienestar colectivo.

En este contexto, las irregularidades relacionadas con la construcción de la Expo Coahuila merecen especial atención. El 22 de octubre de 2026, la revista Proceso 1 publicó una investigación periodística en la que documentó presuntas irregularidades relacionadas con la construcción de la Expo Coahuila, recinto destinado, entre otras actividades, a la celebración del Rodeo Saltillo, evento históricamente promovido por Manuel Jiménez Flores, padre del actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con la información difundida, el Gobierno del Estado habría comprometido más de mil 200 millones de pesos mediante 18 procedimientos de contratación pública , entre licitaciones e invitaciones, para la construcción y adecuación de dicho recinto, dicha investigación adquiere especial relevancia porque identifica empresas beneficiarias de contratos públicos cuyos integrantes mantienen relaciones empresariales con personas cercanas al titular del Ejecutivo estatal.

El problema de fondo no radica únicamente en cuánto dinero se destinó a la Expo Coahuila, sino en determinar quién decidió ejercerlo, bajo qué criterios se asignaron los contratos, quiénes resultaron beneficiados y si existieron relaciones personales o económicas capaces de comprometer la imparcialidad de las decisiones gubernamentales.

Cuando los vínculos entre contratistas y personas cercanas al poder coinciden con una concentración significativa de contratos, se configura un riesgo de captura de las decisiones públicas que exige una fiscalización independiente, exhaustiva y sustentada en evidencia.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación periodística es la concentración de recursos públicos en un número reducido de empresas.

De acuerdo con los datos publicados, Consorcio Constructor de Saltillo (Coconsa) obtuvo cinco contratos por aproximadamente 768 millones 69 mil pesos , mientras que Casteldefels recibió siete contratos por alrededor de 112 millones 471 mil pesos ; en conjunto, ambas empresas habrían concentrado más de 880 millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 73 por ciento del monto mínimo de mil 200 millones de pesos señalado en la investigación.

El caso de Coconsa resulta especialmente relevante, pues entre sus propietarios se encuentra Jorge del Bosque de la Peña, quien, según el reportaje, mantiene una relación societaria con Manuel Jiménez Flores, padre del gobernador, a través de la empresa Eco Desarrollos Residenciales.

Asimismo, se identifican otras empresas beneficiarias de contrataciones, entre ellas Maquinados y Desarrollos Urbanos, Constructora Salas López, Tecnología Estructural Mexicana, MG Marketing y Eventos y Argodesa.

La concentración contractual no constituye, por sí misma, una irregularidad. Sin embargo, cuando concurre con posibles relaciones de interés entre proveedores y personas cercanas a quienes ejercen el poder público, resulta indispensable examinar si existieron condiciones de competencia efectiva, ventajas indebidas, direccionamiento de bases de licitación, restricciones injustificadas a la participación de otros proveedores o intervención de servidores públicos con intereses particulares.

En este sentido, es menester investigar no solamente a las empresas que obtuvieron los contratos, sino también la participación de las dependencias responsables de su planeación, autorización, adjudicación, supervisión y pago; la fiscalización debe incorporar el análisis de estructuras societarias, beneficiarios finales, posibles vínculos económicos, declaraciones de intereses y participación de servidores públicos en las decisiones de contratación.

Otro elemento que exige una explicación pública es la diferencia entre el monto de las contrataciones identificado por la investigación periodística y la cifra de inversión difundida por el gobierno de Coahuila, y que mientras que los fallos de contratación examinados por Proceso sumarían más de mil 200 millones de pesos, el gobierno estatal informó una inversión de aproximadamente 270 millones de pesos en las obras de la Expo Coahuila.

La diferencia nominal entre ambas cantidades supera los 930 millones de pesos .

No obstante, para determinar si existe una discrepancia contable efectiva, es indispensable verificar si las cifras corresponden a los mismos conceptos, periodos, etapas constructivas y modalidades de registro presupuestario2 . La transparencia presupuestaria no puede reducirse a la publicación de cifras generales o comunicados institucionales, requiere información verificable, desagregada y consistente que permita reconstruir la ruta completa del dinero público.

Es indispensable que las autoridades competentes determinen el monto originalmente presupuestado, el costo contratado, las modificaciones realizadas, los pagos efectivamente erogados y las obligaciones financieras pendientes, así como el costo total de los servicios de promoción, publicidad y organización relacionados con el proyecto.

La investigación periodística refiere que la construcción de la Expo Coahuila fue financiada con recursos provenientes del impuesto sobre nóminas, cuya utilización habría sido anunciada por el gobernador el 3 de marzo de 2025.

Este señalamiento exige una revisión particular del origen, autorización y destino de los recursos, especialmente por la posible participación de un fideicomiso relacionado con dicho impuesto por lo que resulta necesario determinar si el financiamiento de la Expo Coahuila se encontraba comprendido dentro de los fines legalmente autorizados para la utilización de esos recursos y si se observaron los procedimientos presupuestarios, administrativos y fiduciarios correspondientes.

Punto no menos importante es que el presupuesto público debe responder al interés general y no puede quedar subordinado a preferencias personales, relaciones familiares o proyectos de promoción política.

Los elementos expuestos permiten identificar una serie de relaciones que, analizadas conjuntamente, justifican una investigación sobre la posible existencia de mecanismos de favorecimiento en la contratación pública. Por una parte, se encuentra un proyecto financiado con recursos estatales y relacionado con una actividad promovida históricamente por el padre del gobernador.

Por otra, se identifican empresas contratistas cuyos socios mantienen vínculos empresariales con integrantes de su entorno familiar, así como una concentración significativa de recursos en determinados proveedores.

Estos elementos no acreditan por sí mismos una estructura delictiva, pero sí configuran un conjunto de riesgos e indicios de posible conflicto de interés, favoritismo contractual y utilización indebida de recursos públicos que deben investigarse integralmente.

Resulta indispensable reconstruir la totalidad de las operaciones relacionadas con el proyecto para identificar si existieron patrones de contratación recurrentes, participación coordinada de empresas, simulación de competencia, posibles sobreprecios o beneficios económicos indebidos.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan los distintos órdenes de gobierno deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Estos principios constituyen obligaciones jurídicas exigibles y no simples orientaciones administrativas.

Existen fundamentos jurídicos para solicitar una revisión exhaustiva de las contrataciones, presupuesto y recursos de la Expo Coahuila, sin necesidad de esperar a que las presuntas irregularidades adquieran mayor gravedad.

La gravedad de los hechos denunciados no se reduce a la posible existencia de irregularidades en una obra pública, lo verdaderamente preocupante es la configuración de un esquema en el que las relaciones familiares, los vínculos empresariales y la cercanía con el poder político pudieran convertirse en factores determinantes para acceder a contratos financiados con el dinero de las y los coahuilenses. Si se acredita que decisiones gubernamentales fueron utilizadas para favorecer intereses particulares, estaríamos frente a una afectación directa a los principios constitucionales que rigen la administración pública y a la confianza ciudadana en sus instituciones.

Coahuila no puede convertirse en un espacio donde el presupuesto público termine subordinado a los gustos personales e intereses económicos de quienes gobiernan o de sus círculos cercanos.

La existencia de contratos millonarios, la concentración de recursos en determinadas empresas, los posibles conflictos de interés y la falta de claridad sobre el costo real de la Expo Coahuila obligan a una investigación rigurosa, independiente y con consecuencias jurídicas.

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones investigue la posible utilización de recursos federales en la organización y realización de la Expo Coahuila, asimismo fiscalice exhaustivamente el origen, asignación, contratación, ejercicio y destino de recursos, a fin de identificar posibles irregularidades, desvíos, conflictos de interés o actos de corrupción y, en su caso, promueva y en su caso finque las responsabilidades administrativas, resarcitorias y penales que correspondan ante las autoridades competentes.

Notas

1 Muñoz, C. (2026, 22 de octubre) “El rodeo de Manolo Jiménez: mil 200 millones de pesos en contratos con empresas ligadas a su familia para la Expo Coahuila (Video)”. Proceso . Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/22/el-rodeo-de-manuel-jimen ez-mil-200-mdp-en-contratos-con-empresas-ligadas-a-su-familia-para-la-e xpo-c-382313.html

2 https://pulsocoahuila.com/politica/reportaje-de-proceso-cifra-en-mas-de -mil-200-mdp-los-contratos-de-la-expo-coahuila-el-gobierno-habla-de-27.

Dado en el Palacio de San Lázaro, el 28 de octubre de 2026.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a investigar y fortalecer las acciones de combate al contrabando de hidrocarburos, la delincuencia organizada y las posibles redes de corrupción y complicidad institucional vinculadas con el denominado “huachicol hormiga” en la frontera de Coahuila con Estados Unidos, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, a cargo del diputado Ricardo Sostenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El tráfico ilegal de hidrocarburos constituye una de las expresiones más complejas de la delincuencia organizada, debido a sus implicaciones económicas, fiscales, energéticas y de seguridad nacional. Su operación no solamente compromete el patrimonio público y la recaudación tributaria, sino que también puede involucrar estructuras empresariales, redes de transporte y posibles esquemas de corrupción institucional.

La posición geográfica de Coahuila, su extensa frontera con Estados Unidos, su infraestructura ferroviaria y carretera, así como sus importantes corredores industriales y comerciales, han convertido a la entidad en un punto estratégico para el tránsito de hidrocarburos.

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 20261 , elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados del volumen de hidrocarburos asegurados en 2025, en total se aseguraron 61 millones 34 mil 659.4 litros, de estos 51 millones 194 mil 234.3 (83.9 por ciento) los aseguró la Guardia Nacional, siendo Coahuila la entidad federativa en la que ocurrió 31.9 por ciento colocándolo como la entidad en primer lugar en aseguramiento de hidrocarburos asegurados por la Guardia Nacional.

Es decir, prácticamente tres de cada diez litros de combustible ilegal asegurados en el país fueron decomisados en territorio coahuilense. Esta cifra coloca a la entidad como uno de los principales escenarios de detección y combate al tráfico ilícito de hidrocarburos.

Estas cifras ameritan una revisión profunda de las capacidades de vigilancia, prevención e investigación de las autoridades competentes, particularmente ante la posibilidad de que existan estructuras criminales que aprovechen la infraestructura logística de la entidad para introducir, transportar, almacenar y comercializar combustible de procedencia ilícita.

El problema no puede reducirse al decomiso de hidrocarburos, es menester identificar las estructuras económicas que sostienen estas operaciones, sus posibles mecanismos de protección y el destino de los recursos que generan.

El 24 de octubre de 2026, diversos medios de comunicación informaron sobre la detención en Eagle Pass, Texas, del empresario transportista Julio Rodolfo González, originario de Piedras Negras, Coahuila, presuntamente relacionado con operaciones de contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero2 .

Las publicaciones periodísticas relacionan las investigaciones con una modalidad de tráfico ilegal de combustible conocida como «huachicol hormiga», consistente en el traslado reiterado de diésel mediante tractocamiones que cruzan la frontera entre Eagle Pass y Piedras Negras3 .

Según los reportes, las unidades ingresaban a territorio estadounidense, abastecían sus tanques de combustible y posteriormente regresaban a México, donde presuntamente descargaban el producto en instalaciones ubicadas en Piedras Negras y Nava, Coahuila.

Los vehículos habrían repetido estas operaciones de manera sistemática, aprovechando las características de sus depósitos de combustible para introducir cantidades significativas de diésel sin cumplir, presuntamente, las obligaciones aduaneras y fiscales correspondientes.

La información disponible también identifica registros empresariales vinculados al detenido, entre ellos Frontera Express LLC, establecida en Eagle Pass, y Transportes Julio Rodolfo González Olveda, con domicilio en Piedras Negras. No obstante, la existencia de dichos registros no acredita por sí misma la participación de las empresas en actividades ilícitas4 .

La gravedad de estos hechos radica en que las operaciones descritas no habrían ocurrido de manera aislada, sino mediante desplazamientos recurrentes a través de instalaciones fronterizas sujetas a controles oficiales. Resulta indispensable determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de inspección, omisiones en los controles aduaneros o posibles actos de corrupción que facilitaran el ingreso y posterior comercialización de hidrocarburos.

Las investigaciones periodísticas han puesto de manifiesto que el denominado «huachicol hormiga» podría haber operado mediante un esquema de internación recurrente de combustible, utilizando tractocamiones equipados con varios tanques de almacenamiento.

La reiteración de estas operaciones habría generado importantes afectaciones al tránsito comercial entre Piedras Negras y Eagle Pass, provocando que los tiempos de espera en los cruces internacionales aumentaran de aproximadamente treinta minutos a periodos de entre seis y ocho horas5 . Posteriormente, el 25 de octubre de 2026, Vanguardia 6 publicó declaraciones del investigador Víctor Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien cuestionó la eficacia de los controles aduaneros ante el tránsito sistemático de vehículos presuntamente relacionados con estas operaciones.

El especialista planteó la necesidad de investigar por qué las autoridades aduaneras no habrían detectado oportunamente las irregularidades denunciadas, así como la posible existencia de relaciones entre operadores del transporte y personal encargado de la inspección de mercancías. Estos señalamientos deben investigarse sin prejuzgar la responsabilidad de servidores públicos o particulares.

Sin embargo, la persistencia de operaciones presuntamente irregulares a través de puntos de revisión oficiales exige determinar si las deficiencias obedecieron a fallas administrativas, insuficiencia de controles, negligencia o actos deliberados de corrupción.

La investigación debe comprender no solamente el ingreso del combustible, sino también su almacenamiento, distribución, comercialización y eventual incorporación al mercado formal, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.

Ante estos acontecimientos, es necesario realizar una “operación enjambre” en Coahuila, con motivo de las investigaciones sobre presunto contrabando de hidrocarburos y la detención del empresario transportista en Estados Unidos.

Este planteamiento adquiere especial relevancia frente a la necesidad de esclarecer si las operaciones de tráfico ilegal de combustible han contado con la participación, tolerancia, encubrimiento o protección de servidores públicos de cualquier orden de gobierno.

La propuesta de una intervención coordinada de las instituciones de seguridad y procuración de justicia permitiría ampliar las investigaciones hacia las posibles estructuras de corrupción que facilitan las actividades ilícitas, sin limitar la actuación de las autoridades a la detención de transportistas u operadores materiales.

La «operación enjambre» debe entenderse como un llamado a fortalecer la coordinación institucional para investigar, conforme a las atribuciones legales de cada autoridad, posibles redes de corrupción y delincuencia organizada, mediante acciones sustentadas en elementos probatorios y bajo control judicial cuando corresponda. La lucha contra el tráfico ilegal de hidrocarburos no puede ser selectiva ni detenerse en los eslabones más visibles de la cadena delictiva, debe alcanzar a quienes financian, organizan, comercializan, encubren o eventualmente protegen estas operaciones desde posiciones de poder económico o institucional.

El combate a la corrupción exige investigar tanto la actuación de los particulares involucrados como la posible responsabilidad de aquellos servidores públicos que, mediante acciones u omisiones deliberadas, pudieran haber facilitado la comisión de delitos.

La investigación deberá desarrollarse sin distinciones partidistas, respetando la autonomía de las instituciones, la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.

Los hechos denunciados trascienden el ámbito de una operación comercial irregular y plantean posibles conductas relacionadas con contrabando, defraudación fiscal, delitos en materia de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, delincuencia organizada.

Su esclarecimiento exige la intervención coordinada de diversas instituciones federales, particularmente de la Fiscalía General de la República, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las autoridades hacendarias competentes.

Por su parte, la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece disposiciones para investigar y sancionar diversas conductas ilícitas relacionadas con estos productos.

Asimismo, el Código Fiscal de la Federación contempla las conductas constitutivas de contrabando y sus supuestos equiparables, mientras que el artículo 400 Bis del Código Penal Federal regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este contexto, resulta indispensable que las autoridades competentes investiguen el origen y destino de los combustibles, las rutas de transporte, los mecanismos de introducción al territorio nacional, los establecimientos de almacenamiento y comercialización, así como los posibles beneficios económicos obtenidos mediante estas operaciones. De igual manera, debe examinarse si existieron irregularidades en los procedimientos de inspección aduanera y si servidores públicos federales, estatales o municipales pudieron haber participado en conductas delictivas o facilitado su realización.

La cooperación internacional resulta particularmente relevante, dado que la detención del empresario transportista ocurrió en territorio estadounidense y las operaciones investigadas presuntamente involucraron movimientos transfronterizos.

La corrupción constituye uno de los principales factores que permiten a las organizaciones criminales expandir sus operaciones y prolongar su permanencia en determinados territorios.

Cuando las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley son vulneradas mediante sobornos, complicidades, protección indebida u omisiones deliberadas, los mecanismos de control del Estado pueden convertirse en instrumentos que favorecen la impunidad.

En el caso del tráfico ilegal de hidrocarburos, la posible corrupción institucional adquiere especial gravedad porque puede comprometer simultáneamente la seguridad pública, la recaudación fiscal, la competencia económica y la integridad de las instituciones encargadas de vigilar las fronteras. Los hechos denunciados en Coahuila exigen determinar si las operaciones presuntamente ilícitas fueron consecuencia de deficiencias en los mecanismos de supervisión o si existieron conductas deliberadas para permitirlas.

La corrupción no solamente se manifiesta cuando una persona servidora pública recibe un beneficio indebido; también puede expresarse mediante el encubrimiento, la protección institucional o la omisión deliberada de actuar frente a actividades ilícitas conocidas. Por ello, investigar el contrabando de hidrocarburos sin examinar sus posibles mecanismos de protección significaría atender únicamente una parte del problema.

La magnitud de los aseguramientos de combustible en Coahuila, las denuncias sobre el funcionamiento del denominado «huachicol hormiga» y las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos justifican una respuesta institucional integral.

No basta con decomisar el combustible: es necesario investigar las redes que lo movilizan, seguir la ruta del dinero y esclarecer si existieron autoridades que permitieron, facilitaron o encubrieron estas operaciones.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a su autonomía, investigue de manera exhaustiva las posibles redes de contrabando de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada vinculadas con el denominado «huachicol hormiga» en la región fronteriza de Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas, incluyendo la posible participación de servidores públicos y particulares, y promueva los mecanismos de cooperación internacional que resulten procedentes.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de las autoridades competentes, para que fortalezcan los mecanismos de inspección, control y fiscalización en las aduanas de la frontera de Coahuila con Estados Unidos; revisen las posibles irregularidades relacionadas con la internación de hidrocarburos mediante vehículos de autotransporte y, de identificar hechos posiblemente constitutivos de delitos o faltas administrativas, den vista a las autoridades correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las autoridades federales y estatales competentes, para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las acciones de inteligencia, prevención y combate al tráfico ilegal de hidrocarburos en Coahuila, particularmente en los municipios de Piedras Negras y Nava, e impulse mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a identificar posibles redes de corrupción y protección institucional vinculadas con estas actividades.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, examinen posibles actos u omisiones de servidores públicos federales relacionados con irregularidades en los controles aduaneros y el tránsito ilegal de hidrocarburos en la frontera de Coahuila, y promuevan los procedimientos de investigación y responsabilidad que legalmente correspondan.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2026, 29 de septiembre). Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026: Presentación de resultados generales . Presentación de resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2026/doc/cnspe_2026 _resultados.pdf

2 Arista, L. (2026, 16 de agosto). Coahuila, un corredor estratégico para el huachicol: concentra 3 de cada 10 litros incautados . Expansión Política. Disponible: https://politica.expansion.mx/estados/2026/08/16/coahuila-un-corredor-e strategico-para-el-huachicol-concentra-3-de-cada-10-litros-incautados

3 Ríos, A. (2026, 25 de octubre). “Piedras Negras: Analizan nuevas pistas en aduanas tras caso de ‘huachicol hormiga’.” Vanguardia . Disponible en: https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras-analizan-nuevas-pista s-en-aduanas-tras-caso-de-huachicol-hormiga-OC24375478

4 Martínez, V. B. (2026, 26 de octubre). Detienen en Texas a presunto huachicolero de Coahuila; esto se sabe del caso . Disponible en: https://www.posta.com.mx/coahuila/huachicol-en-coahuila-detienen-en-tex as-a-empresario-transportista/vl2271239#google_vignette

5 Reforma . (2025, 18 de noviembre). Alertan por ‘huachicol hormiga’ en frontera de Coahuila con Estados Unidos .Vanguardia. Disponible en: Alertan por ‘huachicol hormiga’ en frontera de Coahuila con Estados Unidos

6 Ibídem.

Dado en el Palacio de San Lázaro, el 28 de octubre de 2026.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)