Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7145-III-1, martes 13 de octubre de 2026
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Sedena, al INEGI y al Secretariado Ejecutivo del SNSP a continuar fortaleciendo las acciones de prevención de siniestros viales y el análisis de la información relacionada con los factores y conductas asociados a su ocurrencia, a cargo de la diputada Marcela Michel López, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Marcela Michel López, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública continuar fortaleciendo las acciones de prevención de siniestros viales y el análisis de la información relacionada con los factores y conductas asociados a su ocurrencia.
Exposición de Motivos
La seguridad vial constituye uno de los desafíos estructurales más relevantes en materia de salud pública, movilidad urbana, desarrollo sostenible y protección de derechos fundamentales. Los siniestros de tránsito representan una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo y generan impactos multidimensionales que trascienden la estadística, afectando directamente a familias, sistemas de salud, productividad económica y cohesión social.
La Organización Mundial de la Salud, en el Global Status Report on Road Safety 2024, estima que 1.19 millones de personas fallecen cada año en el mundo a causa de siniestros viales, mientras que entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones, muchas de ellas con consecuencias permanentes o discapacidad de largo plazo. El mismo informe subraya que los traumatismos por tránsito constituyen la principal causa de muerte entre personas de 5 a 29 años, y que más del 50 por ciento de las víctimas fatales corresponden a usuarios vulnerables de la vía, particularmente peatones, ciclistas y motociclistas.1
La OMS advierte además que los siniestros viales generan pérdidas económicas equivalentes a aproximadamente el 3 por ciento del Producto Interno Bruto en numerosos países, debido a costos médicos directos, rehabilitación, daños materiales, pérdida de productividad y afectaciones económicas indirectas a hogares y comunidades. En consecuencia, la seguridad vial no es únicamente un problema de tránsito, sino un asunto de desarrollo y sostenibilidad fiscal.
En el plano multilateral, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución A/RES/74/299, estableció el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, con la meta de reducir al menos en 50 por ciento las muertes y lesiones por siniestros de tránsito al año 2030, exhortando a los Estados a fortalecer la aplicación efectiva de la legislación, mejorar los sistemas de recopilación de datos y promover políticas públicas preventivas basadas en evidencia.2
México enfrenta una situación que confirma la urgencia de adoptar medidas de fortalecimiento institucional. De acuerdo con las Estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se registraron 14,986 defunciones por accidentes de transporte, lo que equivale a más de 40 personas fallecidas diariamente por esta causa.3 Esta cantidad coloca a los siniestros viales entre las principales causas de muerte por hechos no intencionales en el país.
Asimismo, la desagregación por sexo y grupo de edad evidencia un impacto particularmente severo en hombres jóvenes en edad productiva, lo que implica no solo una tragedia humana sino una afectación estructural a la productividad nacional y a la economía de los hogares. De acuerdo con las propias estadísticas de mortalidad, la mayoría de las víctimas fatales corresponden a hombres, concentrándose significativamente en rangos de edad económicamente activos. Esta realidad genera efectos intergeneracionales, especialmente en familias donde la persona fallecida constituía el principal sostén económico.
Las Estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas del mismo Instituto reportaron para 2022 más de 377 mil accidentes, con miles de personas lesionadas y fallecidas.4 La clasificación por tipo de accidente muestra una incidencia significativa de colisiones laterales, por alcance y por cambio de carril , categorías que guardan relación directa con fallas en la anticipación y comunicación de maniobras.
A ello se suma que las zonas metropolitanas y los corredores carreteros federales concentran un volumen considerable de siniestros, debido a la alta densidad vehicular y a la interacción constante entre distintos modos de transporte. En dichos entornos, la previsibilidad en las maniobras resulta determinante para reducir conflictos de trayectoria y minimizar riesgos, particularmente para usuarios vulnerables como motociclistas y ciclistas.5
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra anualmente miles de carpetas de investigación por homicidio culposo y lesiones culposas derivadas de hechos de tránsito,6 lo que evidencia que determinadas conductas imprudentes no solo generan responsabilidad administrativa, sino también penal, con implicaciones jurídicas y sociales de mayor gravedad.
Desde la perspectiva sanitaria, la magnitud de los siniestros viales se refleja de manera directa en la demanda de servicios hospitalarios en el país. De acuerdo con el Informe de Seguridad Vial 2023-2024, las lesiones por hechos de tránsito continúan ubicándose entre las principales causas de atención en los servicios de urgencias y hospitalización, particularmente por traumatismos craneoencefálicos, fracturas múltiples y lesiones internas graves.7
La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Información en Salud, reporta miles de egresos hospitalarios anuales relacionados con accidentes de transporte, lo que evidencia no solo la frecuencia de estos eventos, sino también su severidad clínica.
Un elemento estructural que agrava el escenario es el crecimiento sostenido del parque vehicular. El Inegi reporta más de 50 millones de vehículos de motor registrados en circulación, incluyendo un incremento significativo de motocicletas en los últimos años.8
El aumento del parque vehicular intensifica la interacción entre distintos modos de transporte y eleva la probabilidad de conflicto en maniobras de incorporación, cambio de carril o giro.
En este contexto, la obligación de señalizar oportunamente las maniobras mediante luces direccionales e intermitentes no constituye una formalidad secundaria, sino un mecanismo esencial de comunicación vial. La direccional representa un lenguaje técnico que permite anticipar trayectorias, reducir incertidumbre y evitar colisiones.
Sin embargo, la información disponible sobre los factores y conductas asociados a los siniestros viales no siempre permite identificar con el mismo nivel de precisión la incidencia de determinadas conductas relacionadas con la omisión o inadecuada señalización de las maniobras vehiculares. Las categorías existentes pueden agrupar diversos comportamientos que dificultan una comprensión específica de los factores que intervienen en la ocurrencia de estos eventos.
Esta circunstancia hace relevante fortalecer el análisis y aprovechamiento de la información disponible en materia de siniestros viales, en el ámbito de las respectivas atribuciones de las instituciones responsables, a fin de contribuir a una mejor identificación y comprensión de los factores y conductas asociados a su ocurrencia y generar mayores elementos para la adopción de acciones preventivas basadas en evidencia.
En el ámbito interno, estos principios encuentran sustento directo en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial , la cual establece las bases para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, así como el principio de responsabilidad compartida entre las autoridades y las personas usuarias de la vía.
En efecto, el artículo 4 fracción XV señala que:
“Seguridad. Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible.”9
Este principio reconoce que los siniestros viales no constituyen hechos inevitables, sino eventos que pueden prevenirse mediante políticas públicas adecuadas, el cumplimiento de la normativa vigente y la adopción de conductas responsables por parte de las personas usuarias de la vía.
En concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la citada ley dispone que:
“Las medidas que deriven de la presente ley tendrán como objetivo prioritario la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos”.10
Lo anterior refuerza la obligación del Estado de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a la prevención de riesgos en la movilidad, así como a la reducción de muertes y lesiones derivadas de siniestros de tránsito.
La atención de la seguridad vial requiere acciones desarrolladas dentro del ámbito de competencia de las instituciones responsables, conforme a las atribuciones que el marco constitucional y legal les confiere. En ese sentido, la presente proposición se circunscribe a las atribuciones de las instituciones federales destinatarias de las solicitudes planteadas.
En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.6 establece como meta:
“Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo”.11
Por su parte, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 , relativo a ciudades y comunidades sostenibles, prevé en su meta 11.2 que:
“De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público...”12
Estas directrices internacionales no solo respaldan las acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial, sino que también destacan la importancia de promover el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y de contar con información que contribuya a comprender los factores asociados a la ocurrencia de los siniestros viales y a sustentar la adopción de medidas preventivas basadas en evidencia.
En el plano constitucional, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”13
Igualmente, en su párrafo vigésimo reconoce que:
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”14
Este mandato constitucional impone al Estado la obligación de adoptar medidas preventivas frente a riesgos previsibles que puedan afectar la integridad física de la población, entre los cuales los siniestros viales ocupan un lugar particularmente relevante por su magnitud, frecuencia e impacto social.
Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-C,15 faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de asentamientos humanos, movilidad y seguridad vial bajo el principio de concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno, lo que sustenta la competencia federal para establecer bases generales en la materia y para emitir pronunciamientos orientados a fortalecer su implementación.
En mérito de lo expuesto, resulta pertinente continuar fortaleciendo, desde el ámbito de las atribuciones de las instituciones federales correspondientes, los esfuerzos orientados a la prevención de siniestros viales y a la promoción de la observancia de la normativa de tránsito aplicable. De igual forma, resulta relevante favorecer el análisis y aprovechamiento de la información disponible que contribuya a una mejor comprensión de los factores y conductas asociados a la ocurrencia de estos eventos.
La magnitud de las pérdidas humanas y sociales ocasionadas por los siniestros viales, así como la necesidad de avanzar hacia una movilidad en condiciones de seguridad vial, hacen indispensable mantener acciones preventivas y fortalecer el conocimiento de los factores que inciden en su ocurrencia, particularmente aquellos relacionados con la adecuada señalización de las maniobras vehiculares.
La señalización oportuna de las maniobras mediante luces direccionales e intermitentes constituye un elemento esencial para la previsibilidad de la circulación vehicular y para la reducción de situaciones de riesgo. Promover la observancia de las disposiciones aplicables y favorecer una mejor comprensión de las conductas asociadas a los siniestros viales son acciones congruentes con los principios de prevención, seguridad vial y protección de la vida e integridad de las personas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, a través de la Guardia Nacional y en el ámbito de sus atribuciones, continúe con los esfuerzos orientados a prevenir siniestros viales, promoviendo la observancia del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, particularmente respecto de la adecuada señalización de las maniobras vehiculares.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen fortaleciendo el análisis y aprovechamiento de la información disponible en materia de siniestros viales, a fin de contribuir a una mejor identificación y comprensión de los factores y conductas asociados a su ocurrencia, incluyendo aquellos relacionados con la omisión o inadecuada señalización de las maniobras vehiculares.
Notas
1. Organización Mundial de la Salud. (2024). Global Status Report on Road Safety 2024. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240086517
2. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución A/RES/74/299. https://undocs.org/es/A/RES/74/299
3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR). https://www.inegi.org.mx/programas/edr/
4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estadísticas de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas. https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/
5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/
6. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. https://www.gob.mx/sesnsp
7. Secretaría de Salud. (2024). Informe de seguridad vial 2023-2024. Gobierno de México. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1047013/Informe_SV__2023 -2024.pdf
8. INEGI. Vehículos de motor registrados en circulación. https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/
9. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Art. 4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf
10. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Art. 5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf
11. Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. https://sdgs.un.org/2030agenda
12. Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. https://sdgs.un.org/2030agenda
13. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
14. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
15. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a martes 13 de octubre de 2026.
Diputada Marcela Michel López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la CFE a fortalecer las acciones de diagnóstico, mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica en los municipios de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa, Ciudad Hidalgo, Frontera y Unión Juárez, Chiapas, para prevenir y reparar interrupciones del servicio público de transmisión y distribución y suministro, a cargo de la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Rosa Irene Urbina Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Antecedentes
Durante los últimos meses, habitantes de distintos municipios de la región del Soconusco, particularmente de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa y Unión Juárez, han manifestado de manera recurrente su preocupación por las interrupciones en el suministro de energía eléctrica y las variaciones de voltaje que se presentan en colonias, comunidades y zonas comerciales.
Los reportes ciudadanos y medios de comunicación señalan que las interrupciones no solamente generan molestias en las actividades cotidianas de las familias, sino que pueden ocasionar afectaciones a electrodomésticos, sistemas de cómputo, equipos electrónicos y, sobre todo, en establecimientos que dependen de manera permanente del suministro eléctrico, como los hospitales comercios e industrias para desarrollar sus actividades.
La situación adquiere particular relevancia en Tapachula, por su importancia como centro económico, comercial y de servicios de la región del Soconusco. Las interrupciones reiteradas del suministro pueden afectar la operación de establecimientos comerciales, pequeñas y medianas empresas, servicios y actividades productivas que requieren electricidad de manera continua para el funcionamiento de equipos, sistemas de refrigeración, telecomunicaciones y medios electrónicos de pago.
A ello se suma que las condiciones climáticas propias de la región hacen del suministro eléctrico un elemento indispensable para miles de hogares, particularmente durante los periodos de altas temperaturas, en los que aumenta considerablemente la utilización de ventiladores, equipos de refrigeración y sistemas de climatización.
El problema ha sido planteado directamente por habitantes de la región a quien suscribe. Por ello, el 7 de septiembre de 2026 se solicitó formalmente la intervención de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de esta Cámara de Diputados para requerir a la Comisión Federal de Electricidad información y atención respecto de los apagones constantes, las suspensiones reiteradas del suministro y las afectaciones reportadas en distintos municipios del Distrito 12 de Chiapas.
En dicha comunicación, se hizo referencia expresamente a las afectaciones registradas en Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa y Tapachula, así como a las consecuencias que las interrupciones pueden generar en la actividad comercial, los servicios de salud y en la vida cotidiana de las familias de la región.
La persistencia de estos reportes hace necesario avanzar de la gestión particular hacia una atención institucional más amplia que permita conocer las condiciones actuales de la infraestructura eléctrica, identificar los puntos que presentan una mayor incidencia de fallas y fortalecer las acciones preventivas de mantenimiento y modernización.
Garantizar condiciones adecuadas de continuidad y confiabilidad en el suministro eléctrico resulta indispensable para acompañar el crecimiento urbano, comercial y productivo de una región estratégica para Chiapas y para la frontera sur del país.
Considerandos
Primero. Que las diputadas y los diputados tienen el derecho de presentar proposiciones ante la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Segundo. Que el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que los puntos de acuerdo representan la posición de la Cámara respecto de asuntos específicos de interés nacional o de sus relaciones con otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios.
Tercero. Que habitantes de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa, Ciudad Hidalgo, Frontera y Unión Juárez han planteado de manera recurrente afectaciones relacionadas con interrupciones del suministro eléctrico, variaciones de voltaje y fallas en la infraestructura de distribución.
Cuarto. Que el 7 de septiembre de 2026, quien suscribe, solicitó la intervención de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados ante la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de conocer y atender la problemática relacionada con los apagones constantes y la suspensión repetitiva del suministro eléctrico en municipios del Distrito 12 de Chiapas.
Quinto. Que las interrupciones y variaciones en el suministro eléctrico pueden generar afectaciones a servicios de salud, actividades comerciales y productivas que requieren de manera permanente el servicio de energía eléctrica.
Sexto. Que Tapachula constituye uno de los principales centros económicos y comerciales de Chiapas y de la frontera sur, por lo que resulta necesario contar con infraestructura que asegure la transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica suficiente y confiable que acompañe el crecimiento de la actividad económica y las necesidades de la población.
Séptimo. Que la atención de esta problemática requiere no solamente responder de manera reactiva a fallas particulares, sino también fortalecer las acciones preventivas de diagnóstico, mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica en aquellos sectores que presentan interrupciones recurrentes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga público un diagnóstico de las condiciones que guarda la infraestructura eléctrica que abastece a los municipios de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa, Ciudad Hidalgo, Frontera y Unión Juárez, Chiapas, particularmente en las zonas que presentan interrupciones recurrentes o variaciones en el suministro de energía eléctrica.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad para que fortalezca las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, rehabilitación, sustitución y, en su caso, modernización de transformadores, circuitos, líneas y demás infraestructura necesaria para mejorar la continuidad y confiabilidad de la transmisión, la distribución y el suministro eléctrico en los municipios señalados.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad para que fortalezca los mecanismos de atención a las personas usuarias de la región, particularmente ante interrupciones prolongadas y trabajos programados de mantenimiento, procurando comunicar oportunamente las zonas afectadas, las causas de las interrupciones y los períodos estimados para la normalización del servicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2026.
Diputada Rosa Irene Urbina Castañeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se le solicita respetuosamente a la Sener, a la CNE y a la CFE a atender la problemática del servicio eléctrico en El Valle y la Zona Urbana de Mexicali, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se le solicita, respetuosamente, a las personas titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus atribuciones, a atender la problemática de continuidad, calidad, infraestructura, facturación y tarifas del servicio eléctrico en el Valle y la zona urbana de Mexicali, Baja California, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Conforme a la solicitud concreta que dio origen a esta proposición fue presentada por Marisela Barboza y Guadalupe Reyes Gutiérrez, habitantes de Ciudad Guadalupe Victoria, quienes mantienen una protesta mediante huelga de hambre frente a instalaciones de la CFE en Ciudad Guadalupe Victoria desde el 20 de septiembre de 2026, conocida como Km 43, señalan afectaciones en otros poblados del Valle de Mexicali y en la zona urbana de la capital del estado, ante tal escenario adverso derivado del clima extremo en esta región del estado de Baja California y el alto consumo de energía exponen las interrupciones, variaciones de voltaje, deficiencias de infraestructura, cobros controvertidos y daños en aparatos no se limitan a esa localidad, solicitan se valore la aplicación de una tarifa especial “1G”. Este antecedente hace necesario establecer un canal institucional de diálogo, recibir formalmente el pliego petitorio y emitir una respuesta escrita con acuerdos, responsables y fechas de cumplimiento.
Segunda. El escrito ciudadano de 21 de septiembre de 2026 solicita información oficial de la Comisión Federal de Electricidad, una mesa de trabajo y seguimiento mediante minuta, responsables y plazos verificables. También plantea modernizar y ampliar subestaciones y redes en la zona sur del Valle de Mexicali, revisar recibos y facilitar la atención de daños causados por fallas del suministro.
Tercera. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que 2024 fue el año más cálido de México desde 1953, con una temperatura media nacional de 22.9 grados Celsius, 1.5 grados por arriba del promedio 1991-2020, y señaló una tendencia de incremento térmico desde 2005. En Mexicali, la Comisión Nacional del Agua informó que el 8 de julio de 2024 se alcanzaron 52.4 grados Celsius, con lo que se superó el registro de 52 grados de julio de 1995. Estas condiciones obligan a que la planeación de la red, la capacidad de transformación y distribución, el mantenimiento y los protocolos de continuidad consideren cargas elevadas y simultáneas asociadas al uso indispensable de sistemas de enfriamiento.
Cuarta. El calor no concluye de manera uniforme al terminar septiembre. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Baja California, mediante el Sistema de Información para el Manejo de Agua de Riego, reportó para el Valle de Mexicali una temperatura máxima de 45.2 grados Celsius en octubre de 2024 y de 28.9 grados Celsius en noviembre de ese año. En 2025, octubre alcanzó 38 grados Celsius. La disminución estacional es gradual y los ciclos de facturación emitidos al inicio del otoño pueden incorporar consumo realizado durante semanas todavía cálidas, en especial cuando comprenden parte de octubre.
Quinta. La persistencia de temperaturas elevadas durante octubre justifica que el análisis tarifario utilice datos meteorológicos recientes, períodos reales de consumo y fechas efectivas de lectura y facturación. También debe valorar si la duración del periodo de verano, los rangos de consumo subsidiado y los criterios aplicables al suministro doméstico reflejan las condiciones climáticas del Valle y la zona urbana de Mexicali. La evidencia de noviembre debe evaluarse por año y localidad, sin presumir que conserva el mismo nivel de calor extremo observado durante el verano.
Sexta. La petición ciudadana propone revisar las condiciones de la tarifa de verano y del subsidio aplicable de marzo a octubre. Como parámetros para el análisis, plantea un rango básico de 1 a 1,500 kWh, uno intermedio de 1,501 a 3,000 kWh y uno excedente a partir de 3,001 kWh, con un precio propuesto de 0.42 pesos por kWh para este último. Para invierno propone rangos de 1 a 300 kWh y de 301 a 600 kWh. Estas cifras son una propuesta ciudadana y requieren valoración técnica, financiera, regulatoria y presupuestaria; no corresponden a una tarifa vigente ni a una determinación de la CFE.
Séptima. El artículo 8 de la Constitución dispone que las peticiones formuladas por escrito, de manera pacífica y respetuosa, deben recibir un acuerdo escrito de la autoridad a la que se dirigen. La obligación de responder no prejuzga sobre la procedencia de cada solicitud, pero exige que la autoridad competente la analice, funde su determinación y la comunique en un plazo razonable.
Octava. La Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, establece que la CFE tiene por objeto procurar la justicia energética y que debe garantizar la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad del servicio público de electricidad. La persona titular de su Dirección General es responsable de la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de la empresa. Por ello, puede ordenar la atención institucional, disponer diagnósticos y coordinar a las áreas de distribución y suministro dentro de sus atribuciones.
Novena. La Ley del Sector Eléctrico obliga al Estado a procurar la eficiencia, calidad, continuidad, accesibilidad, seguridad, confiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico. La Secretaría de Energía fija la política en esas materias y la Comisión Nacional de Energía expide, aplica y supervisa la regulación correspondiente. La CNE también puede proteger los intereses del público, requerir información y coordinarse con la Procuraduría Federal del Consumidor para la atención de quejas de las personas usuarias del suministro básico.
Décima. La CFE no determina por sí sola las tarifas finales del suministro básico. Los artículos 11 y 159 de la Ley del Sector Eléctrico, así como el artículo 8 de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, atribuyen a la CNE la regulación y aplicación de las metodologías tarifarias, con la participación de la Secretaría de Energía. El análisis solicitado debe integrar información operativa y comercial de la CFE, datos meteorológicos oficiales y una evaluación de los efectos sobre las personas usuarias.
Décima primera. La atención de reclamaciones por daños en aparatos eléctricos cuenta con un procedimiento de la CFE. La información institucional señala que la reclamación debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la falla, se tramita en un Centro de Atención a Clientes, no tiene costo y tiene un plazo máximo de respuesta de diez días hábiles. La difusión local y el acompañamiento para integrar solicitudes son necesarios cuando existen reportes reiterados de variaciones de voltaje y apagones.
Décima segunda. La respuesta debe producir resultados verificables: atención directa a las promoventes; diagnóstico técnico de redes, circuitos y subestaciones en el Valle y la zona urbana de Mexicali; medidas de mantenimiento y ampliación; revisión de facturación y daños; evaluación tarifaria por las autoridades competentes; y una mesa de trabajo con minuta, responsables, plazos e informes públicos.
Décima tercera. Las temperaturas extremas constituyen un riesgo recurrente y documentado para la población de Mexicali y su valle. Conforme a los registros del Servicio Médico Forense, de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, entre 2020 y el corte municipal disponible de 2026 se documentaron al menos 227 defunciones asociadas al calor extremo: 19 en 2020, 27 en 2021, 27 en 2022, 43 en 2023, 47 en 2024, 10 en 2025 y, por lo menos, 54 en 2026. Respecto de la morbilidad, la serie municipal comparable registra 213 casos de golpe de calor entre 2020 y 2023: 35 en 2020, 51 en 2021, 76 en 2022 y 51 en 2023. Para 2024, la autoridad sanitaria informó que 224 personas fueron atendidas en Mexicali por afectaciones relacionadas con el calor, aunque sin desagregar cuántas correspondieron específicamente a golpe de calor, agotamiento, deshidratación o quemaduras solares. Los reportes de 2025 y 2026 disponibles públicamente tampoco presentan una desagregación completa entre la zona urbana y las localidades del Valle.
Estas cifras no permiten atribuir cada afectación o defunción a una interrupción del suministro eléctrico en particular. Sí acreditan la magnitud y persistencia del riesgo que representan las temperaturas extremas para la población del municipio. En este contexto, la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio eléctrico adquieren una relevancia especial, debido a que el funcionamiento de sistemas de refrigeración, equipos médicos, centros de atención, refugios temporales y puntos de hidratación depende de un suministro suficiente y estable. La planeación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura eléctrica en Mexicali y su valle deben incorporar este riesgo climático y prever medidas de continuidad durante los periodos de mayor demanda.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía; al doctor Juan Carlos Solís Ávila, director general de la Comisión Nacional de Energía; y a la maestra Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones siguientes:
a) Establecer un canal de diálogo con Marisela Barboza, Guadalupe Reyes Gutiérrez y las personas representantes de las comunidades promoventes; recibir formalmente su pliego petitorio; y emitir una respuesta escrita, fundada y accesible, con acuerdos, responsables y fechas de cumplimiento.
b) Convocar a una mesa interinstitucional de trabajo sobre continuidad, calidad, infraestructura, facturación y tarifas del servicio eléctrico en el Valle y la zona urbana de Mexicali. Se solicita invitar a las promoventes, al gobierno de Baja California, al Ayuntamiento de Mexicali y al Congreso del Estado.
c) Instalar jornadas de atención en Ciudad Guadalupe Victoria, otros poblados del Valle de Mexicali y puntos accesibles de la zona urbana para revisar consumos y facturación, recibir aclaraciones, orientar sobre la tarifa aplicable y registrar reclamaciones por daños en aparatos eléctricos. La CFE haga públicos los requisitos, plazos, folios y vías de seguimiento, sin prejuzgar sobre la procedencia de cada solicitud.
d) Analizar la propuesta ciudadana de ampliar el periodo de verano de marzo a octubre, revisar los rangos de consumo básico, intermedio y excedente y establecer apoyos acordes con las condiciones climáticas del Valle y la zona urbana de Mexicali y valorar la implementación de una tarifa especial a la que denominan “1G”. El estudio deberá utilizar información meteorológica oficial y datos reales de consumo y facturación; valorar los impactos en materia de salud derivado a la incidencia de golpes de calor y pérdidas de vida por las temperaturas extremas, así como al sistema de salud por las interrupciones del servicio en estos centros de atención fundamental; valorar los periodos de lectura que comprendan semanas cálidas de octubre y se reflejen en recibos emitidos posteriormente; e identificar viabilidad jurídica, técnica, distributiva y presupuestaria, población beneficiaria, mecanismos de focalización y efectos sobre las personas usuarias del suministro básico.
e) Haga público los acuerdos, diagnósticos, calendarios y avances derivados del presente punto de acuerdo, con datos agregados que protejan la información personal de las personas usuarias.
f) Realizar y hacer público un diagnóstico técnico del Valle y la zona urbana de Mexicali, desagregado por localidad, circuito y subestación cuando la información disponible lo permita. El diagnóstico deberá incluir las interrupciones registradas de 2023 a la fecha y sus causas; indicadores de continuidad y calidad; capacidad y estado de las redes; situación operativa de la subestación de Guadalupe Victoria, Km 43; inversiones ejecutadas y programadas; previsiones de demanda durante periodos de calor extremo; y un calendario de mantenimiento, modernización y ampliación, con responsables y fechas de seguimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2026.
Diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita de manera respetuosa a la directora general de la CFE para que gire las instrucciones pertinentes a las áreas involucradas a fin de que en el ámbito de sus atribuciones se pueda realizar una supervisión integral y prioritaria de la infraestructura de Coatzacoalcos, priorizando la zona poniente y la localidad de Villa Allende, Veracruz, con el objetivo de identificar las causas que están generando las constantes interrupciones en el suministro eléctrico y con ello se pueda trazar una ruta de atención a los ciudadanos afectados, a cargo del diputado Isidro Enrique Villegas García, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Isidro Enrique Villegas García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El acceso continuo y confiable al suministro de energía eléctrica constituye un elemento indispensable para el desarrollo de las actividades cotidianas de las familias, así como para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, centros educativos, servicios públicos y demás actividades económicas y sociales de una comunidad. En el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, particularmente en diversos sectores de la zona poniente, las familias han enfrentado durante los últimos meses interrupciones constantes en el suministro de energía eléctrica. Esta situación también ha generado preocupación entre habitantes de Villa Allende, quienes han manifestado afectaciones derivadas de las fallas y cortes en el servicio.
La problemática no debe considerarse únicamente como una molestia cotidiana. Las interrupciones reiteradas del suministro eléctrico tienen consecuencias directas en la calidad de vida de las familias, especialmente durante las noches y en periodos de altas temperaturas, pues dificultan el descanso y generan condiciones adversas al interior de los hogares. Asimismo, los cortes prolongados pueden afectar la conservación de alimentos y medicamentos que requieren refrigeración, ocasionar daños en aparatos electrodomésticos como consecuencia de variaciones o restablecimientos del suministro, interrumpir actividades laborales y educativas que dependen de equipos electrónicos y conectividad a redes de comunicaciones, así como generar afectaciones económicas para pequeños comercios y prestadores de servicios.
La propia información difundida por el ayuntamiento de Coatzacoalcos da cuenta de la magnitud del problema. El 28 de julio de 2026, autoridades municipales sostuvieron una mesa de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y representantes vecinales de los fraccionamientos Santa Martha y San Martín, con el propósito de buscar una solución a los constantes apagones que afectaban a miles de familias de la zona poniente.1 De acuerdo con dicha información, personal de la CFE explicó que las fallas estaban relacionadas con daños en la infraestructura eléctrica y la sobrecarga de los circuitos que abastecen al poniente de la ciudad. En ese momento, se informó que solamente uno de los cuatro circuitos existentes se encontraba operando y que se realizarían trabajos para rehabilitar otros dos. Asimismo, se señaló que la problemática impactaba aproximadamente a 8 mil viviendas de los fraccionamientos Santa Martha y San Martín, además de sectores y colonias aledañas. Estos antecedentes evidencian que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática que requiere una atención integral y preventiva por parte de la empresa pública responsable de la prestación del servicio.
Somos conscientes y reconocemos el gran trabajo que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad en donde cuenta con mecanismos institucionales para recibir y atender reportes de fallas en el suministro eléctrico, incluyendo el número telefónico 071 y sus canales de atención. La propia CFE establece que los reportes permiten generar órdenes de atención para detectar y atender las fallas en domicilios, calles o colonias. Sin embargo, ante la reiteración de las interrupciones en determinadas zonas de Coatzacoalcos y Villa Allende, resulta necesario que la atención trascienda la respuesta a cada reporte individual y se lleve a cabo una revisión integral de la infraestructura eléctrica, de manera aún más minuciosa y prioritaria con el propósito de identificar las causas estructurales de las fallas y establecer programas de mantenimiento preventivo y predictivo, o realizar los ajustes necesarios a los programas existentes, que permitan impedir su recurrencia.
Como diputado federal tengo total atención y preocupación por las familias de Coatzacoalcos y Villa Allende las cuales merecen contar con un suministro eléctrico estable, continuo y confiable, debido a que es una región caracterizada por altas temperaturas y condiciones climáticas que hacen indispensable el uso de ventiladores, sistemas de refrigeración y otros equipos eléctricos para preservar condiciones adecuadas de descanso y bienestar. Por ello, esta proposición busca solicitar respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que en medida de las posibilidades se trabaje en conjunto para buscar mecanismos que fortalezcan las acciones de supervisión aún más continua, mantenimiento, rehabilitación y modernización de la infraestructura eléctrica en la zona poniente de Coatzacoalcos y Villa Allende, Veracruz.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la directora general la Comisión Federal de Electricidad, para que gire sus instrucciones con carácter de prioritario a fin de realizar una supervisión integral de la infraestructura de distribución eléctrica en la zona poniente de Coatzacoalcos y en Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, con el propósito de identificar las causas que están generando las constantes interrupciones del suministro eléctrico y con ello se pueda atender las fallas que se pudieran identificar para la rehabilitación, modernización y, en su caso, ampliación de la infraestructura necesaria para garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio.
Notas
1. Gestiona Pedro Miguel Rosaldo acuerdos con CFE para atender apagones en el poniente de Coatzacoalcos - Ayuntamiento de Coatzacoalcos06/10/2026
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre del 2026.
Diputado Isidro Enrique Villegas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Ssa, garantice que las personas servidoras de la salud que participan en el Programa Salud Casa por Casa cuenten con los medios, insumos y condiciones necesarios para desarrollar con éxito y profesionalismo su labor, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena
La presente, Eunice Abigail Mendoza Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera: El derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es uno de los pilares del proyecto de transformación que impulsa el gobierno de México.1 Desde una perspectiva de derechos sociales, la salud no es una mercancía ni un privilegio condicionado a la capacidad de pago o a la cercanía con una unidad médica, sino una obligación del Estado frente a toda persona, con especial atención a quienes históricamente han sido relegadas de los servicios públicos.
En ese marco, la atención primaria de salud, formulada en la Declaración de Alma-Ata de 1978 como el primer nivel de contacto de las comunidades con el sistema sanitario, ha sido reconocida como la estrategia más equitativa para ampliar el acceso a la salud y reducir las brechas entre sectores sociales.2 Llevar la atención hasta el hogar de las personas es consistente con esa tradición y con el principio de justicia social que orienta la política de bienestar: primero los pobres, y entre ellos, quienes por su edad o condición física enfrentan mayores obstáculos para trasladarse a un centro de salud.
Segunda: El contexto demográfico y epidemiológico del país hace necesario fortalecer los modelos de atención domiciliaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023, más de 12.9 millones de personas tenían 65 años o más, cerca del 10 por ciento de la población,3 y el Consejo Nacional de Población prevé que para 2050 las personas de 60 años o más superen el 20 por ciento.4 Según la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2024:
“En 2024, 41.5 por ciento de personas de 50 años y más tenía diagnóstico de hipertensión: 47.9 por ciento correspondió a mujeres y 34.3 por ciento, a hombres... En 2024, 25.5 por ciento de personas de 50 años y más tenía diagnóstico de diabetes: 28.8 por ciento correspondió a mujeres y 21.8 por ciento, a hombres... En 2024, 25.5 por ciento de personas de 50 años y más tenía diagnóstico de diabetes: 28.8 por ciento correspondió a mujeres y 21.8 por ciento, a hombres... En el análisis longitudinal para ambos grupos (de 50 a 59 y de 60 a 69 años en 2012), la proporción con diagnóstico de diabetes aumentó entre 2012 y 2024. Los niveles más altos se presentaron entre las mujeres. Para el grupo de 50 a 59 años, de 16.0 por ciento en 2012, pasó a 28.1 por ciento, cuando contaban con edades entre 62 y 71 años. El comportamiento fue similar para las personas de 60 a 69 años: en 2012 representaban 17.1 por ciento, y al llegar a edades de 72 a 81 años, el porcentaje fue 28.7”.5
A ello se suman los aproximadamente 6.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad registradas en el Censo de Población y Vivienda 2020 (4.9 por ciento de la población), quienes requieren seguimiento constante y acompañamiento médico y emocional.6
Se trata de poblaciones que, por limitaciones de movilidad, barreras geográficas o carencias económicas, difícilmente pueden acudir de manera regular a una unidad médica. La atención domiciliaria constituye, por tanto, una medida de justicia distributiva ya que es el Estado quien se desplaza hacia las personas, y no a la inversa.
Tercera: El Programa Salud Casa por Casa, a cargo de la Secretaría de Bienestar, tiene por objeto mejorar el acceso a los servicios de salud de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad permanente derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar, mediante visitas domiciliarias de personas servidoras de la salud que brindan atención preventiva y médica de primer nivel, y que permiten prevenir, detectar y gestionar de manera oportuna situaciones críticas. Sus Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2026, lo vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en particular con el Objetivo 2.7 y la Estrategia 2.7.9, que busca garantizar atención médica integral y de calidad a las personas adultas mayores en el marco de una sociedad de cuidados.7
El programa arrancó a nivel nacional el 12 de junio de 2025 con la meta de alcanzar a 14 millones de personas con el apoyo de más de 20 mil profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y personal técnico capacitado conforme a los Protocolos Nacionales de Atención Médica. Para 2026, el Segundo Informe de Gobierno reporta una asignación anual de 4 mil millones de pesos, de los cuales se habían ejercido mil 730.1 millones (43.3 por ciento) al 30 de junio, así como la capacitación de 25 mil 350 profesionales de la salud entre el 30 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.8 Estas cifras dan cuenta de una política pública de gran escala, en operación y con avances verificables, que esta representación popular reconoce y respalda.
Cuarta: La eficacia del programa descansa, en última instancia, en las personas que lo hacen posible: las médicas, médicos, enfermeras y enfermeros que, casa por casa y con frecuencia en condiciones geográficas adversas, realizan el levantamiento de información, la valoración de cada persona derechohabiente, el seguimiento de padecimientos crónicos y la canalización hacia otros niveles de atención. Su labor no se reduce a un acto clínico; incluye escucha, acompañamiento emocional y construcción de confianza con las familias, dimensiones que la propia Secretaría de Bienestar ha destacado como parte de un enfoque integral de salud.
Desde una perspectiva crítica, el trabajo de cuidados ha sido histórica y estructuralmente infravalorado, en buena medida por su carácter feminizado y por su invisibilidad en las cuentas económicas. Una política de cuidados coherente con el humanismo mexicano implica no sólo ampliar la cobertura, sino también reconocer y dignificar a quienes ejecutan ese trabajo. Las Reglas de Operación 2026 avanzan en ese sentido al prever, para las personas servidoras de la salud, apoyos económicos mensuales con entregas quincenales de manera directa y sin intermediarios, así como un apoyo económico adicional por los servicios prestados durante el ejercicio fiscal, cuyo monto corresponde determinar al Comité Técnico del Programa conforme a la disponibilidad presupuestal.
Quinta: La calidad de la atención en salud depende de la articulación entre las capacidades del personal, los procesos y las condiciones materiales en que se presta el servicio. Aun con la mejor formación profesional, una visita domiciliaria pierde eficacia si no se cuenta con el equipo, los insumos o los medios necesarios para realizar la valoración y el seguimiento adecuados. Así lo ha entendido la Secretaría de Salud, que ha informado que, como parte de las acciones del programa, se contempla la capacitación del personal, el equipamiento de mochilas médicas con insumos para la atención en el hogar y el fortalecimiento del abasto de medicamentos mediante las Farmacias del Bienestar.
Asimismo, la propia titular de la Secretaría de Bienestar ha reconocido que el despliegue en regiones rurales constituye uno de los principales retos del programa, por la escasez de personal médico en esas zonas. En territorios dispersos, de difícil acceso y con servicios limitados, la dotación oportuna y suficiente de materiales, equipo de protección, instrumentos de medición, papelería, medios de comunicación y de traslado deja de ser un asunto accesorio y se convierte en condición indispensable para que el derecho a la salud sea efectivo.
De la lectura de las Reglas de Operación 2026 se advierte que el apoyo a las personas servidoras de la salud se define en términos económicos, sin que dicho instrumento detalle un catálogo de los insumos y el equipamiento con que deben contar para el ejercicio de sus funciones. Ello no constituye una omisión atribuible a la voluntad de la autoridad, sino un área de oportunidad para consolidar un programa joven, en expansión y con un alto potencial transformador. Garantizar estos medios es, además, una forma de incentivar y retener al personal que ya participa, al ofrecerle certeza de que su labor será respaldada institucionalmente.
Sexta: La presente proposición nace del convencimiento y del respaldo al Programa Salud Casa por Casa y al Gobierno de México. No cuestiona su diseño ni su rumbo; por el contrario, parte del reconocimiento a la labor de las personas servidoras de la salud y busca contribuir a que el programa alcance plenamente sus objetivos. Las Reglas de Operación prevén, en su numeral 3.5, la coordinación interinstitucional con las instituciones públicas del sector salud, y contemplan un Comité Técnico facultado para resolver los casos no previstos, por lo que existen ya los cauces institucionales para atender lo que aquí se plantea.
Por ello, esta representación popular considera pertinente solicitar que se garantice, de manera suficiente, oportuna y permanente, que las personas servidoras de la salud cuenten con los medios, insumos y condiciones que su labor exige; que se reconozcan y fortalezcan los incentivos y garantías para su desempeño profesional; y que, con ello, el programa consolide su eficacia, su calidad y su legitimidad social.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la labor de las personas servidoras de la salud que participan en el Programa Salud Casa por Casa y solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Salud, garantice que dicho personal cuente, de manera suficiente, oportuna y permanente, con el equipo médico, los insumos, los materiales y los medios de comunicación y traslado necesarios para realizar con éxito y profesionalismo las visitas domiciliarias.
Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar que, en el ámbito de sus atribuciones, realice un diagnóstico de las necesidades de insumos y equipamiento del personal del programa por entidad federativa, con atención prioritaria a las zonas rurales, indígenas y de difícil acceso.
Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la capacitación continua del personal, así como los mecanismos de atención y de comunicación con las personas servidoras de la salud, a fin de que sus necesidades operativas sean identificadas y atendidas de manera oportuna.
Cuarto: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la disponibilidad presupuestal, consolide los esquemas de reconocimiento e incentivos para las personas servidoras de la salud, incluido el apoyo económico adicional previsto en las Reglas de Operación del Programa, así como las garantías que les permitan desempeñar su labor con certeza, dignidad y profesionalismo.
Notas
1 Artículo 4o. ...
...
...
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
2 Consultar en https://www.paho.org/es/documentos/declaracion-alma-ata
3 Consultar Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023. En https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023/
4 Gobierno de México. Del acelerado envejecimiento poblacional. Consejo Nacional de Población | 27 de diciembre de 2024. En https://www.gob.mx/conapo/articulos/del-acelerado-envejecimiento-poblac ional?idiom=es
5 INEGI. Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México 2024. P. 13 en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/enasem/ ENASEM_24_RR.pdf
6 Reglas de Operación del Programa Salud Casa por Casa, para el ejercicio fiscal 2026. Diario Oficial de la Federación, 13 de febrero de 2026, Introducción. Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5780062&fecha=13/02/2026
7 Ibidem, Introducción y numerales 1 y 2.4.
8 Excélsior, “Gobierno destinó 4 mil millones de pesos a Salud Casa por Casa en 2026”, con base en el Segundo Informe de Gobierno. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/salud-casa-por-casa
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2026.
Diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez (rúbrica)
Con motivo del 101 Aniversario de la Refundación de la Universidad de Guadalajara, a cargo del diputado Alberto Maldonado Chavarín, del Grupo Parlamentario de Morena
El 12 de octubre de 2026, se conmemora el 101 aniversario de la reapertura de la moderna Universidad de Guadalajara. Este proyecto, consolidado en 1925, mediante el esfuerzo de un grupo de intelectuales y artistas, liderados por José Guadalupe Zuno y Enrique Díaz de León, quienes consolidaron la reapertura de lo que ahora se reconoce como una gran institución educativa y cultural en el occidente de México.
La Universidad de Guadalajara es una institución heredera de una tradición educativa de más de doscientos años de historia, cuyo antecedente se remonta a la Real Universidad de Guadalajara que durante el siglo XIX atravesó por muchas vicisitudes a consecuencia de las profundas mutaciones sociales y culturales ocurridas en nuestro país.
Tras casi cien años de gestiones ante la corona real española y con la decisiva intervención de Fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de Guadalajara, el 3 de noviembre de 1792 se inaugura la Real Universidad de Guadalajara, que cronológicamente se convierte en la segunda de la Nueva España. La institución adopta el modelo de la Universidad de Salamanca e inicia con las cátedras de Medicina, Derecho, Teología y Filosofía.
Desde entonces, el devenir de la Universidad se encuentra relacionado con la historia de la nación mexicana; así, entre 1826 y 1860, y como consecuencia de las pugnas entre gobiernos conservadores y liberales que se suscitaron después de la guerra de Independencia, la universidad sufre cierres y rupturas, que originaron cambios de denominación alternos entre Instituto de Ciencias del Estado, Universidad de Guadalajara y Universidad Nacional de Guadalajara, de acuerdo al grupo en el poder.
Al llegar al siglo XX, con el triunfo de la Revolución se busca establecer un proyecto educativo nacionalista en el país. En 1914, el gobernador de Jalisco Manuel M. Diéguez funda la Escuela Preparatoria de Jalisco como una institución precursora. Una década después, en 1925, el gobernador José Guadalupe Zuno instaura nuevamente la Universidad de Guadalajara, luego de 65 años de prolongada ausencia.”1
A finales del siglo XX y ante los nuevos retos que se planteaban en el acontecer internacional, la Universidad inicia un proceso de reforma que culmina con estructuras académicas y administrativas, que actualmente están integradas por una Red Universitaria, conformada por 19 centros universitarios y un Sistema de Educación Media Superior con 177 planteles distribuidos en todo el estado de Jalisco.
Desde su creación, la Universidad ha influido no sólo en los espacios académicos, sino también en los aconteceres políticos, en la sanación del dolor humano, las innovaciones tecnológicas, la creación artística, el pensamiento y la práctica del derecho, la promoción de los derechos humanos y la construcción permanente de una sociedad más justa y democrática.
Actualmente, la universidad forma recursos humanos de alto nivel en distintas disciplinas científicas; actualmente atiende a más de 344 mil estudiantes; 155 mil de nivel superior y 188 mil de nivel medio superior.
La calidad de sus programas educativos cuenta con el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales. Asimismo, la universidad ha implementado políticas institucionales enfocadas a promover la innovación y el emprendimiento entre su comunidad universitaria.
Mediante sus departamentos, centros e institutos de investigación, la universidad genera conocimiento que, además de actualizar los contenidos académicos e impulsar la transferencia tecnológica, contribuye al desarrollo económico y el bienestar social de las regiones de Jalisco.
También, a partir de sus programas de creación, apreciación y difusión del arte y la cultura, la Universidad participa activamente en la vida cultural e incrementa la riqueza artística del occidente de México.
En materia de internacionalización, la universidad mantiene lazos de cooperación y vinculación con instituciones de educación superior de los cinco continentes.2
Hoy, conmemoramos el 101 aniversario de nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara, orgullosos de una institución educativa comprometida con la excelencia académica, el pensamiento humanista y la solidaridad social, aspectos que han contribuido de manera importante en el desarrollo de Jalisco y de México, a través de la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología.
Por su excelencia académica y su compromiso con la justicia social, que viva la Universidad de Guadalajara.
Notas
1 https://www.udg.mx/historia
2 https://www.udg.mx/nuestra/presentacion
Palacio Legislativo de San Lázaro, a martes 13 de octubre de 2026.
Diputado Alberto Maldonado Chavarín (rúbrica)