Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo del estado de Oaxaca a intervenir ante la situación política, administrativa y social que prevalece en el municipio de San Martín Itunyoso, a fin de garantizar la prestación de los servicios básicos, la transparencia y fiscalización de los recursos públicos, así como el respeto a los sistemas normativos indígenas y la definición de una ruta jurídica para la integración de sus autoridades municipales, a cargo del diputado José Alejandro López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a la Ssa y al Imjuve a fortalecer, en coordinación con las entidades federativas, estrategias integrales de prevención de las violencias entre adolescentes y jóvenes, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

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Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo del estado de Oaxaca a intervenir ante la situación política, administrativa y social que prevalece en el municipio de San Martín Itunyoso, a fin de garantizar la prestación de los servicios básicos, la transparencia y fiscalización de los recursos públicos, así como el respeto a los sistemas normativos indígenas y la definición de una ruta jurídica para la integración de sus autoridades municipales, a cargo del diputado José Alejandro López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado José Alejandro López Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que el municipio de San Martín Itunyoso, perteneciente al Distrito 06 federal con cabecera en la Tres Veces Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, constituye un municipio indígena integrante del Pueblo Triqui y se encuentra sujeto al régimen de Sistemas Normativos Indígenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido expresamente esta naturaleza jurídica, señalando que en dicho municipio convergen territorio, población y gobierno indígena, y que sus autoridades municipales y comunitarias se eligen conforme a sus propios sistemas normativos e instituciones.

Esta condición obliga a que cualquier actuación de las autoridades estatales respecto de San Martín Itunyoso se desarrolle bajo una perspectiva intercultural, con pleno respeto a la libre determinación, autonomía y participación de las comunidades que integran el municipio.

Segundo. Que el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento y reconoce expresamente que, en los municipios indígenas, las autoridades deben integrarse conforme a sus sistemas normativos, además de establecer requisitos vinculados con el cumplimiento de las obligaciones comunitarias.

El mismo precepto constitucional reconoce la personalidad jurídica de los municipios y su carácter de nivel de gobierno, así como su facultad para administrar libremente su hacienda y prestar los servicios públicos que constitucionalmente les corresponden.

Por ello, la situación extraordinaria que atraviesa San Martín Itunyoso no puede traducirse en una indefinición prolongada de sus autoridades ni en una afectación permanente a los derechos de sus comunidades.

Tercero. Que el artículo 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece que, cuando se actualicen los supuestos constitucionales correspondientes y no proceda que entren en funciones los suplentes ni se celebren nuevas elecciones, la Legislatura del Estado, a propuesta del gobernador, podrá designar por las dos terceras partes de sus integrantes a los concejos municipales que correspondan.

Cuarto. Asimismo, el artículo 79, fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece como facultad del titular del Poder Ejecutivo proponer al Congreso del Estado la integración de los concejos municipales, así como designar directamente a la persona comisionada municipal provisional cuando no se verifique la elección de algún ayuntamiento, ésta sea declarada nula o no válida, o se actualicen los supuestos constitucionales correspondientes.

La propia Constitución dispone que la función de las personas comisionadas municipales provisionales no podrá exceder de sesenta días naturales y que su responsabilidad se circunscribe a la atención de los servicios básicos del municipio.

En consecuencia, la figura del comisionado municipal provisional tiene naturaleza excepcional, transitoria y limitada, y no puede convertirse en una sustitución indefinida de las autoridades municipales que deben surgir del procedimiento electoral o comunitario correspondiente.

Quinto. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de reconsideración SUP-REC-280/2026 y acumulados, el 15 de julio de 2026, estableció que, tratándose de municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, la designación de la persona comisionada municipal provisional debe interpretarse de manera intercultural y, en atención a los derechos de autonomía y libre determinación, debe recaer en una persona originaria de alguna de las comunidades indígenas que integran el municipio.1

El órgano jurisdiccional sostuvo además que la función de la persona comisionada municipal provisional es administrativa, temporal y dirigida principalmente a garantizar la continuidad de los servicios básicos mientras se convoca y celebra una nueva elección municipal.

Este criterio resulta particularmente relevante para San Martín Itunyoso, por su carácter de municipio indígena Triqui y por la necesidad de que cualquier determinación respecto de su autoridad provisional sea compatible con los derechos colectivos de sus comunidades.

Sexto. Que el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca establece que, cuando se declare la suspensión o desaparición de un ayuntamiento, el Congreso del Estado dará vista al titular del Poder Ejecutivo para que nombre de inmediato a una persona encargada de la Administración Municipal y que, dentro del procedimiento correspondiente, el Ejecutivo deberá proponer al Congreso la integración del concejo municipal.

Asimismo, dicho artículo establece que los concejos municipales tendrán la competencia que corresponde a los Ayuntamientos y que su designación deberá realizarse con el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso del Estado.

Lo anterior evidencia que el orden jurídico contempla mecanismos específicos para superar situaciones de ausencia, suspensión, desaparición o nulidad de autoridades municipales, por lo que resulta necesario que en San Martín Itunyoso exista una ruta institucional clara, pública y jurídicamente sustentada que permita transitar de la administración provisional hacia una autoridad municipal legítimamente constituida.

Séptimo. Que, de acuerdo con un pronunciamiento ciudadano difundido el 18 de septiembre de 2026 y posteriormente retomado por diversos medios de comunicación, habitantes de San Martín Itunyoso han expresado su inconformidad respecto del desempeño del comisionado municipal provisional, señalando una supuesta falta de avances para generar las condiciones necesarias para la realización de una nueva elección, así como insuficiente atención a las agencias y comunidades que integran el municipio.

Los señalamientos ciudadanos incluyen también presuntas deficiencias en servicios básicos, entre ellos el suministro de agua, recolección de residuos, educación, salud y ejecución de obras prioritarias.

Debe señalarse que estos planteamientos constituyen denuncias y expresiones de sectores de la población, por lo que corresponde a las autoridades competentes verificar objetivamente su contenido y determinar, conforme a derecho, si existe alguna responsabilidad administrativa, política, financiera o de cualquier otra naturaleza.

Octavo. Que entre las principales preocupaciones expresadas públicamente por habitantes de San Martín Itunyoso se encuentra el destino y ejercicio de recursos públicos que, según sus propios señalamientos, ascenderían a aproximadamente 10 millones de pesos, incluyendo recursos provenientes de participaciones y aportaciones correspondientes a los Ramos 28 y 33, Fondos III y IV.

La existencia, monto, ministración, ejercicio y destino de dichos recursos debe ser esclarecida mediante los mecanismos institucionales de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización previstos por la legislación.

En este sentido, no corresponde prejuzgar sobre la existencia de irregularidades, sino garantizar que cualquier señalamiento relacionado con recursos públicos sea revisado por las autoridades fiscalizadoras competentes y que, en caso de advertirse responsabilidades, se proceda conforme a derecho.

Noveno. Que el 19 de septiembre de 2026, diversos medios de comunicación difundieron el reclamo de habitantes de San Martín Itunyoso respecto del comisionado municipal provisional, así como su petición de que se esclarezca el destino de aproximadamente 10 millones de pesos y se establezca una ruta para la renovación de las autoridades municipales.

De manera particular, medios de comunicación como Meganoticias2 y Zona Roja3 reportaron las exigencias de habitantes respecto de la intervención del gobierno del Estado, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la generación de condiciones para una nueva elección.

No obstante, también debe atenderse la propia expresión de habitantes de San Martín Itunyoso que han manifestado que ningún grupo reducido debe hablar en nombre de la totalidad de la comunidad y que las diferencias deben ser atendidas por las instituciones competentes, evitando la confrontación y privilegiando la paz, la unidad y el bienestar colectivo.

Por ello, la intervención gubernamental debe garantizar que todas las voces y comunidades sean escuchadas, evitando que la actuación institucional profundice las divisiones existentes.

Décimo. Que San Martín Itunyoso requiere una intervención institucional que permita recuperar condiciones de gobernabilidad, garantizar los servicios públicos esenciales, transparentar el ejercicio de los recursos y, fundamentalmente, brindar certeza respecto de la autoridad que habrá de conducir los destinos del municipio.

La solución debe construirse desde el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los sistemas normativos indígenas y las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales competentes.

Por ello, resulta procedente exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise la situación jurídica del actual comisionado municipal provisional; determine, conforme a derecho, la procedencia de su permanencia o sustitución; garantice que cualquier persona designada cumpla con los criterios constitucionales y jurisdiccionales aplicables; impulse las acciones necesarias para la celebración de la elección correspondiente; y coordine con las instituciones competentes la fiscalización y transparencia de los recursos públicos del municipio.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a la autonomía municipal y a los Sistemas Normativos Indígenas, revise la situación jurídica y administrativa que actualmente prevalece en el municipio de San Martín Itunyoso, particularmente respecto de la permanencia del comisionado municipal provisional, y determine lo conducente conforme a la Constitución local, la legislación aplicable y las resoluciones jurisdiccionales vigentes.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, en caso de resultar jurídicamente procedente la sustitución de la persona comisionada municipal provisional, la designación correspondiente observe los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente el relativo a que, tratándose de municipios indígenas sujetos a sistemas normativos indígenas, la persona designada sea originaria de alguna de las comunidades que integran el municipio y cuente con reconocimiento comunitario, sin perjuicio de los demás requisitos legales aplicables.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, por conducto de las autoridades competentes y en coordinación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se establezca y haga pública una ruta jurídica, institucional y con plazos definidos para la realización del proceso electivo que corresponda en San Martín Itunyoso, respetando en todo momento sus sistemas normativos indígenas, la participación de sus comunidades y las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca para que, a través de las instancias competentes, se realice una revisión y, en su caso, se dé vista a la Auditoría Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca respecto del ejercicio, aplicación y destino de los recursos públicos correspondientes al municipio de San Martín Itunyoso, particularmente de aquellos recursos cuya aplicación ha sido objeto de señalamientos públicos, a efecto de que, de existir irregularidades, se determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales que conforme a derecho correspondan.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Oaxaca para que, mientras se define la situación institucional del municipio, se garanticen de manera continua los servicios públicos y básicos indispensables para la población de San Martín Itunyoso y sus comunidades, privilegiando el diálogo, la mediación, la paz social, la unidad comunitaria y el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Notas

1. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Expedientes: SUP-REC-280/2026, SUP-REC-281/2026, SUP-REC-296/2026 Y SUP-REC-297/2026, 15 de julio de 2026. Disponible en: https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-REC-0280- 2026?utm_source

2. Cfr. Mejía Reyes. Lisbeth. Itunyoso exige destituir al comisionado municipal; Ayuquila demanda reconocer la autoridad. Zona Roja Agencia de Información. 19 de septiembre de 2026. Disponible en: https://zonaroja.com.mx/?p=97903&utm_source

3. Cfr. San Martín Itunyoso exige salida de comisionado y transparencia de recursos públicos, Meganoticias, 19 de septiembre de 2026. Disponible en: https://www.meganoticias.mx/salina-cruz/noticia/san-mart%C3%ADn-itunyos o-exige-salida-de-comisionado-y-transparencia-de-recursos-p%C3%BAblicos /771161?utm_source

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2026.

Diputado José Alejandro López Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a la Ssa y al Imjuve a fortalecer, en coordinación con las entidades federativas, estrategias integrales de prevención de las violencias entre adolescentes y jóvenes, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

La violencia ejercida por personas jóvenes no puede explicarse únicamente desde la seguridad pública ni reducirse a la comisión de conductas delictivas. Cuando una persona joven llega al extremo de ejercer violencia contra su comunidad, la pregunta institucional no puede comenzar y terminar en cómo sancionarla. También debemos preguntarnos los antecedentes: qué ocurrió antes; qué vínculos se debilitaron o rompieron; qué señales no fueron advertidas; qué capacidad de contención tuvieron la familia, la escuela y la comunidad, y en qué espacios encontró finalmente identidad, reconocimiento y pertenencia.

Los acontecimientos registrados el 1 de octubre de 2026 en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, obligan a plantearnos esas preguntas. Dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel y conocidos en la comunidad como “Los Cuates”, ingresaron a la escuela con machetes, otras armas blancas y petardos. La agresión provocó la muerte de la subdirectora del plantel y dejó cuatro personas lesionadas; la tragedia ocurrió apenas seis años después del ataque registrado en enero de 2020 en el Colegio Cervantes de Torreón, por lo que la región ha experimentado en menos de siete años dos episodios de violencia escolar con víctimas mortales1 .

En el entendido que no se trata de equiparar ambos acontecimientos ni de anticipar conclusiones respecto de una investigación ministerial en curso. Las edades de los agresores, circunstancias, medios empleados y posibles motivaciones son distintas. Sin embargo, resulta imposible ignorar una interrogante de mayor alcance: ¿qué está ocurriendo con nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que algunos encuentren en la violencia una forma de expresión, reconocimiento o pertenencia?

Las primeras investigaciones del caso de La Unión hacen todavía más pertinente esta pregunta. La Fiscalía General del estado de Coahuila informó que investiga el entorno familiar, social y digital de los jóvenes y describió preliminarmente un contexto de “desintegración familiar” y desvinculación con su entorno familiar.2 Asimismo, se investiga su posible relación con comunidades digitales que admiran o glorifican a responsables de ataques contra centros educativos; entre sus pertenencias fueron encontradas imágenes relacionadas con autores de ese tipo de agresiones y, de acuerdo con la Fiscalía, los propios detenidos habrían manifestado una necesidad de pertenecer a determinados grupos.3

Este último elemento resulta especialmente significativo: la necesidad de pertenecer, porque detrás de la discusión sobre violencia juvenil existe una problemática menos visible pero igualmente preocupante: jóvenes que no encuentran un lugar en su familia, en la escuela, en el trabajo, en su comunidad o incluso entre sus pares y que, ante ese vacío, pueden buscar identidad y reconocimiento en otros espacios.

El estudio Jóvenes en México 20264 , elaborado por Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, identifica precisamente un proceso de “desafiliación juvenil”, entendido como el progresivo distanciamiento de los espacios que tradicionalmente proporcionan pertenencia, apoyo y oportunidades de desarrollo: la escuela, el trabajo, la familia y las relaciones afectivas. Este debilitamiento de vínculos dificulta, además, la construcción de proyectos de vida y expectativas de futuro.

Las cifras permiten dimensionar el problema. 38.7 por ciento de las personas jóvenes manifiesta que en ocasiones siente que “no se halla en ningún lugar”; 41.1 por ciento señala que no tiene con quién hablar de sus problemas; 40.9 por ciento considera que su familia no lo entiende; 31.3 por ciento manifiesta sentirse solo y triste pese a tener amigos y 39.2 por ciento experimenta ansiedad ante los problemas5 .

No estamos, por tanto, únicamente frente a carencias económicas. Estamos frente a una posible crisis de pertenencia, vinculación y horizonte. El propio estudio advierte que este fenómeno no debe entenderse exclusivamente como un problema emocional individual, sino también como reflejo de instituciones y vínculos que, para una parte de las juventudes, están perdiendo capacidad para proporcionar “apoyo, confianza y horizontes de futuro”.

Esta dimensión resulta fundamental para el diseño de políticas públicas. Una persona joven necesita oportunidades educativas y laborales, pero también necesita vínculos significativos: sentirse reconocida, escuchada, valorada y parte de una comunidad. Necesita referentes, límites, responsabilidades, acompañamiento y espacios donde pueda construir identidad, desarrollar capacidades y formar un proyecto de vida.

En ese proceso, la familia continúa siendo una institución fundamental. No se trata de idealizar un único modelo familiar ni de responsabilizar automáticamente a las familias por las conductas de sus integrantes. Se trata de reconocer que, independientemente de su composición, el núcleo familiar constituye para millones de jóvenes el primer espacio de convivencia, afecto, cuidado, transmisión de valores, establecimiento de límites, resolución de conflictos y construcción de pertenencia; sin embargo, para que la familia pueda cumplir esa función también necesita condiciones, herramientas, tiempo y redes que le permitan cuidar.

El caso del ejido La Unión obliga a observar esta dimensión: la madre de los dos jóvenes relató que sostiene sola un hogar con cuatro hijos y trabaja durante las noches; señaló también que los hermanos permanecían buena parte del tiempo encerrados en casa, prácticamente sin amistades, que habían abandonado la secundaria y que no le comunicaban lo que les ocurría en la escuela6 . Estos elementos no explican por sí mismos la violencia ni permiten atribuir responsabilidad a una madre por los actos de sus hijos; sí evidencian, en cambio, los límites de depositar exclusivamente en las familias la obligación de contener y acompañar a las juventudes cuando existen jornadas laborales extensas, precariedad, aislamiento y ausencia o insuficiencia de redes comunitarias e institucionales.

La ausencia de cuidados no siempre significa ausencia de familia; también puede significar ausencia de condiciones para cuidar. Por ello, la política pública no puede exigir familias presentes mientras permanece ausente frente a las condiciones que dificultan esa presencia, es necesario el acompañamiento durante la adolescencia y la transición a la vida adulta: orientación para madres, padres y cuidadores; atención psicosocial accesible; mecanismos de detección y seguimiento ante abandono escolar, aislamiento o conductas de riesgo; espacios deportivos, culturales y comunitarios; y una coordinación efectiva entre familia, escuela, salud y comunidad. Cuidar a las juventudes es una responsabilidad primordial de las familias, pero garantizar que ninguna familia tenga que hacerlo sola constituye también una responsabilidad social y del Estado.

La descripción preliminar de la Fiscalía sobre un entorno de “desintegración familiar” debe, además, analizarse junto con el testimonio de la madre, que revela una realidad más compleja: una mujer trabajadora que afirma que seguirá acompañando a sus hijos y que no conocía la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Esta tensión obliga a evitar explicaciones moralizantes o simplistas. Una familia puede existir y mantener vínculos afectivos y, aun así, carecer de tiempo, recursos, herramientas o redes suficientes para ejercer plenamente su función de contención.

Los datos respaldan esa realidad. El 76 por ciento de las personas jóvenes encuestadas en Jóvenes en México 2026 continúa viviendo con su familia de origen y la unión, la integración, sentirse escuchados y mantener una buena comunicación aparecen entre los aspectos mejor valorados de la convivencia familiar.

Pero esta fortaleza convive con fracturas importantes. El estudio registra discusiones a gritos o agresiones físicas, desacuerdos, falta de comunicación, sensación de incomprensión y percepción de que la familia no presta suficiente atención a las preocupaciones de sus integrantes jóvenes. Alrededor de cuatro de cada diez jóvenes sienten que su familia no los entiende o que no tienen con quién hablar.

Es precisamente ahí donde debe situarse la discusión pública: ¿quién contiene a nuestros jóvenes cuando la familia, la escuela y la comunidad dejan de hacerlo? Contener no significa controlar. Contener significa acompañar, escuchar, orientar, poner límites, detectar cambios de conducta, reconocer sufrimientos y ofrecer alternativas antes de que la frustración, la soledad, el resentimiento o la violencia encuentren otros canales de expresión.

La identidad tampoco se construye en el vacío. Las personas necesitan reconocerse como integrantes de una familia, una comunidad, una escuela y una sociedad. Cuando estos espacios pierden capacidad para generar pertenencia, otros pueden ocupar su lugar. En ese escenario existe un actor que no puede ignorarse: el entorno digital .

La tecnología forma parte integral de la experiencia cotidiana de las juventudes. El estudio de Fundación SM muestra una relación ambivalente: 76.9 por ciento considera que la tecnología facilita su vida y 88 por ciento la utiliza para aprender; al mismo tiempo, 67.7 por ciento reconoce que los distrae de asuntos importantes, 60 por ciento considera que las redes sociales generan más problemas que beneficios, 57.3 por ciento ha sentido saturación hasta necesitar desconectarse y 51.7 por ciento reconoce pasar más tiempo en ellas del que quisiera.7

El problema, por tanto, no son las redes sociales en sí mismas; el riesgo aumenta cuando una persona que se siente sola, rechazada, incomprendida o sin pertenencia encuentra en comunidades digitales aquello que no encuentra fuera de ellas: identidad, reconocimiento, lenguaje común, referentes y aceptación.

En el caso de La Unión, la investigación sobre los entornos digitales de los imputados cobra precisamente relevancia porque la Fiscalía indaga posibles vínculos con comunidades que glorifican ataques violentos y su identificación con autores de agresiones perpetradas en otros países8 . No obstante, deben evitarse explicaciones simplistas. Ni las redes sociales, ni la estructura familiar, ni la pobreza, ni los problemas de salud mental explican por sí mismos un acto de violencia. La prevención exige observar la interacción de factores personales, familiares, escolares, comunitarios y digitales.

La situación de Torreón y de La Laguna también obliga a ampliar nuestra concepción de seguridad. La región experimentó durante años niveles extremos de violencia criminal y posteriormente alcanzó reducción de determinados delitos. Sin embargo, la disminución de homicidios relacionados con la delincuencia organizada o de las expresiones más visibles de violencia no significa, por sí misma, que una sociedad haya reconstruido su tejido social.

Aunado a que “el consumo de sustancias psicoactivas continúa siendo uno de los desafíos más relevantes para los sistemas de salud en el mundo. La realidad actual nos exige analizar con rigor aquello que subyace a los patrones contemporáneos de uso, incluidos factores sociales, tecnológicos y económicos que hoy transforman la disponibilidad, la potencia y las formas de acceso a las sustancias psicoactivas. Estos procesos, aunados a la circulación de opioides sintéticos y estimulantes de alta pureza, representan una amenaza creciente para la salud pública y para la gobernabilidad de las naciones”9

Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat) muestran que el consumo de sustancias psicoactivas, particularmente alcohol y metanfetaminas, constituye uno de los principales problemas de salud pública en México y en el estado de Coahuila10 , tiene impactos directos en la salud, la seguridad, la cohesión social y el bienestar familiar.

En lo que respecta al estado de Coahuila en 2020, el cristal fue la principal causa por la que personas adictas a las metanfetaminas requirieron tratamiento debido a una alta dependencia a la sustancia de acuerdo al informe de la Comisión Nacional contra las Adicciones. “Los estimulantes de tipo anfetamínico son drogas que excitan o aceleran el sistema nervioso central. En el caso de la metanfetamina, los efectos nocivos aparecen de manera muy temprana en los usuarios, ya que altera el sueño y los consumidores dejan de dormir durante días, afecta el apetito y los pacientes dejan de comer y bajan de peso rápidamente, daña los dientes ya que rompe el esmalte, provoca actitudes violentas, ocasiona alucinaciones auditivas y visuales, genera paranoia, irritabilidad y ansiedad.11

Y es que, durante 2024, se ha registrado un aumento del 10 por ciento en el consumo de drogas entre los jóvenes en comunidades rurales de Coahuila12 . Dado el panorama anterior es menester decir que el problema del consumo de sustancias psicoactivas continúa siendo una de las principales preocupaciones en el ámbito de salud pública y seguridad en el estado de Coahuila. El cristal es la droga de mayor impacto en el estado, por encima del alcohol, el tabaco e incluso la cocaína.

En este contexto, como originario del estado de Coahuila es necesario que el gobierno estatal tome acciones inmediatas y efectivas para abordar la creciente problemática del consumo de cristal y otras drogas, con especial énfasis en los grupos de mayor riesgo. Esto requiere un enfoque integral que combine prevención, tratamiento y rehabilitación, así como un esfuerzo conjunto con autoridades federales, municipales y organizaciones civiles que trabajen en el ámbito de la salud y la seguridad pública.

Debe intensificarse y focalizarse la colaboración entre autoridades de seguridad y las instancias de salud y atención a las adicciones. Continuar con acciones de prevención en escuelas y otros espacios públicos.

No omito comentar que aunado a ello que en enero y agosto de 2026 las denuncias por violencia familiar en la región aumentaron casi 6 por ciento respecto del mismo periodo anterior; también se refiere un incremento en feminicidios y que las solicitudes de tratamiento por salud mental en el Centro de Integración Juvenil de Torreón habían aumentado 10 por ciento respecto de todo 2025.13

Esta realidad demuestra que la seguridad pública y la reconstrucción del tejido social son tareas relacionadas, pero no equivalentes. Una patrulla puede responder ante una agresión; pero difícilmente puede reconstruir vínculos familiares, devolver sentido de pertenencia, acompañar una crisis emocional o proporcionar a una persona joven un proyecto de vida. Por ello la respuesta pública no puede limitarse a colocar más policías en las puertas de las escuelas. El ataque ocurrido en el ejido La Unión exige justicia para las víctimas y responsabilidades conforme a derecho. Pero también exige aprender de la tragedia.

La prevención debe comenzar mucho antes: en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en los espacios deportivos y culturales, en los servicios de salud mental y también en el mundo digital.

Tenemos que ofrecer a nuestras juventudes algo elemental: un lugar al cual pertenecer.

La reconstrucción del tejido social supone fortalecer a las familias en sus distintas configuraciones; mejorar la comunicación intergeneracional; desarrollar habilidades socioemocionales; recuperar espacios comunitarios; ampliar actividades deportivas, culturales y de servicio; detectar oportunamente aislamiento, violencia y conductas de riesgo; proporcionar atención psicológica accesible; fortalecer la convivencia escolar; promover un uso crítico y responsable de los entornos digitales, y ofrecer oportunidades reales de educación y empleo.

Supone también recuperar una dimensión que con frecuencia queda relegada en las políticas públicas: los valores que hacen posible la convivencia. Respeto por la dignidad de las demás personas, responsabilidad por nuestros actos, empatía, solidaridad, tolerancia a la frustración, diálogo, resolución pacífica de conflictos, cuidado de los demás y sentido de comunidad no son conceptos abstractos. Constituyen capacidades indispensables para vivir en comunidad.

El Estado no sustituye a la familia ni debe pretender hacerlo. Pero sí puede en cambio fortalecer sus capacidades de cuidado y acompañamiento; apoyar a las familias que enfrentan violencia, abandono, adicciones o crisis; y construir junto con escuelas y comunidades redes de detección y contención antes de que un joven quede completamente solo frente a sus conflictos.

No necesitamos únicamente escuelas más vigiladas. Necesitamos juventudes más acompañadas; familias con mayores capacidades y mejores condiciones para escuchar y orientar; escuelas capaces de detectar y canalizar oportunamente; comunidades que vuelvan a generar pertenencia; instituciones en las que las y los jóvenes puedan confiar; y entornos digitales que no conviertan la soledad, el resentimiento o la frustración en fuentes de identidad y violencia.

Una sociedad verdaderamente segura no es solamente aquella en la que disminuyen los delitos. Es aquella en la que la niñez, adolescencia y juventudes saben que pertenecen, cuentan con alguien a quien acudir, disponen de oportunidades para construir su identidad y pueden imaginar un futuro del que quieran formar parte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada con las entidades federativas, fortalezcan las estrategias de prevención integral de las violencias dirigidas a adolescentes y jóvenes, incorporando acciones de salud mental, fortalecimiento de vínculos familiares, habilidades socioemocionales, construcción de identidad y proyecto de vida, convivencia pacífica, cultura de la legalidad, participación comunitaria y prevención de riesgos en entornos digitales.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, para que, en coordinación con las autoridades municipales de Torreón y las autoridades educativas, de salud y de asistencia social competentes, fortalezca una estrategia integral de reconstrucción del tejido social y prevención de la violencia juvenil en la Comarca Lagunera, con especial atención a comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Notas

1. Garza Ramos, J. (2026, 2 de octubre). Otra vez la violencia en una escuela. El País. https://elpais.com/mexico/opinion/2026-10-02/otra-vez-la-violencia-en-u na-escuela.html

2. El Siglo de Torreón. (2026, 2 de octubre). Fiscalía investiga entorno familiar y digital de hermanos detenidos por ataque en Torreón. El Siglo de Torreón

3. Ramos, L. (2026, 3 de octubre). Coahuila: indagan nexos de Cuates con colectivos que alientan ataques. La Jornada, p. 21. La Jornada: Coahuila: indagan nexos de Cuates con colectivos que alientan ataques

4. Pérez Islas, J. A., Pérez Reséndiz, E., & Valdez González, M. (2026). Informe Jóvenes México 2026. Fundación SM, Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. Informe Jóvenes México 2026

5. Pérez Islas, J. A., Pérez Reséndiz, E., & Valdez González, M. (2026). Jóvenes en México 2026: Dosier de prensa.Fundación SM. Dossier_jovenes_mexico_digital_040826.pdf

6. Ibarra, N. (2026, 3 de octubre). “Son mis hijos”: madre de cuates detenidos tras ataque en secundaria rompe el silencio. El Siglo de Torreón.https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2026/son-mis-hijos- madre-de-cuates-detenidos-tras-ataque-en-secundaria-rompe-el-silencio.h tml

7. Pérez Islas, J. A., Pérez Reséndiz, E., & Valdez González, M. (2026). Jóvenes en México 2026: Dosier de prensa.Fundación SM. https://oji.fundacion-sm.org/wp-content/uploads/sites/4/2026/08/Dossier _jovenes_mexico_digital_040826.pdf

8. Ramos, L. (2026, 3 de octubre). Coahuila: indagan nexos de Cuates con colectivos que alientan ataques. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2026/10/03/estados/021n3est

9. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044513/ENCODAT_-_COMPLE TO.pdf

10. Aramayo, N. (21, julio de 2021) Cristal, la droga más consumida en Coahuila; provoca efectos devastadores inmediatosa Vanguaradia.

11. Aramayo, N. (21, julio de 2021) Cristal, la droga más consumida en Coahuila; provoca efectos devastadores inmediatos. Vanguardia. https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cristal-la-droga-mas-consum ida-en-coahuila-provoca-efectos-devastadores-inmediatos-OUVG3597911

12. Sevilla, H. (27, septiembre de 2024) Aumento del consumo de drogas en comunidades rurales de Coahuila motiva acciones preventivas del DIF | El Siglo de Torreón

13. (Garza Ramos, 2026) https://elpais.com/mexico/opinion/2026-10-02/otra-vez-la-violencia-en-u na-escuela.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2026.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)