Gaceta Parlamentaria, año XXIX, número 7002-III-3, miércoles 25 de marzo de 2026
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de la APF a implementar acciones integrales para garantizar la accesibilidad universal en infraestructura pública, fortalecer su cumplimiento normativo y a la adecuación de espacios públicos inclusivos y accesibles para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad y neurodivergencias, a cargo de la diputada María Eleonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Derecho a la Accesibilidad como Piedra Angular
La accesibilidad no es un beneficio otorgado por el Estado, sino un requisito previo e indispensable para el goce de los derechos humanos. De acuerdo con la Observación General No. 2 sobre el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) , la falta de acceso al entorno físico constituye una forma de discriminación que impide la participación efectiva en la sociedad.
En México, el marco constitucional ha evolucionado; sin embargo, la brecha entre la norma y la realidad física persiste. El Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es taxativo al prohibir la discriminación por motivos de discapacidad.
Esta prohibición no es solo negativa (no discriminar), sino positiva: obliga al Estado a realizar “ajustes razonables” y garantizar el “diseño universal”.
Diagnóstico de la Realidad Nacional
Según los resultados del Cuestionario de Movilidad del Censo 2020 del INEGI , en México residen más de 6.1 millones de personas con discapacidad , de las cuales el 40.3% reporta dificultades severas para caminar, subir o bajar escalones.
A pesar de la existencia de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad , el 30.1% de esta población reside en condiciones de rezago habitacional y urbano, enfrentando barreras arquitectónicas en el acceso a servicios de salud, justicia y trámites administrativos.
La infraestructura actual de la Administración Pública Federal presenta fallas críticas:
• Rampas deficientes: Pendientes superiores al 6% que las hacen inoperantes o peligrosas.
• Inexistencia de rutas táctiles: Carencia de guías para personas con discapacidad visual en edificios gubernamentales de alta concurrencia.
• Barreras de comunicación: Falta de señalética clara y de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en ventanillas de atención.
Análisis Comparativo Internacional
La adopción de modelos de accesibilidad en otros países ofrece una hoja de ruta clara para México. A continuación, se presenta una tabla comparativa de los estándares y leyes que han logrado transformar el entorno urbano:
El modelo de Barcelona (España) es particularmente relevante: su estrategia 2022-2030 no solo se enfoca en rampas, sino en la accesibilidad cognitiva , asegurando que los edificios sean fáciles de entender para personas con discapacidades intelectuales o neurodiversidad.
La Deuda del Diseño Universal
El concepto de Diseño Universal , acuñado por Ronald Mace, establece que los entornos deben ser utilizables por todas las personas sin necesidad de adaptación.
Una rampa no solo beneficia a una persona en silla de ruedas; beneficia a adultos mayores, padres con cochecitos y personas con lesiones temporales. Al no invertir en accesibilidad, el Gobierno federal incurre en un costo social mayor por la dependencia y la exclusión económica de millones de ciudadanos.
Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que implemente un Censo Nacional de Infraestructura Accesible, con el fin de identificar y presupuestar la adecuación de todas las oficinas de atención al público que carezcan de rampas, elevadores o guías podotáctiles.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a incluir, dentro de los indicadores de desempeño de las dependencias federales, el cumplimiento de la NOM-030-SSA3-2013 y el Acuerdo por el que se emiten los criterios técnicos para la accesibilidad en inmuebles de la APF, estableciendo sanciones administrativas por incumplimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2026.
Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y al IMSS a destinar y ejercer recursos con las que se puedan atender las urgentes necesidades en todas las clínicas y hospitales del IMSS en Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, diputado a la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a destinar y ejercer los recursos necesarios con los que se pueda atender las urgentes necesidades en todas las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud es un derecho consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Impone al Estado la obligación de realizar a favor del titular de este derecho una serie de prestaciones, las cuales están destinadas a satisfacer una necesidad de índole individual, pero colectivamente considerada.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el derecho a la salud es considerado como un derecho económico, social, cultural y ambiental; los cuales se encuentran reconocidos y garantizados por nuestro régimen constitucional y convencional.
En los instrumentos internacionales de derechos humanos se establece que en relación con el derecho a la salud es necesario que se cumplan ciertas garantías para que pueda entenderse como tutelado, entre las cuales se encuentran la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.
Para tal efecto, el gobierno de la presidenta Claudia Scheinbaum despliega un gran esfuerzo por atender este derecho, entre otros, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Hoy en día el IMSS cuenta con 669 hospitales en México1 , distribuidos en 28 estados, además de 11,935 centros de salud, según información del IMSS. Estos hospitales y centros de salud atienden a la población afiliada al IMSS, así como a la población sin seguridad social a través del programa IMSS-Bienestar.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, el estado de Tamaulipas tenía una población2 de 3,527,735 habitantes, aunque, no obstante, las estadísticas omiten la población flotante que arriba a los puntos fronterizos en Tamaulipas, ya sea en tránsito o para residencia temporal, que se estima en unos 2 millones de personas en 2022.
Prosiguiendo, las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas ha sido rebasados en todos sus servicios y especialidades. Cuentan con camas que resultan. Insuficientes para atender las necesidades de la población y en muchos de ellos la infraestructura instalada al ser inaugurados han dado lo suficiente de sí.
Empero, la necesidad de presentar esta proposición con punto de acuerdo se encuentra en la obsolescencia de las instalaciones, cuando han avanzado procesos, métodos y sistemas de atención hospitalaria y prehospitalaria.
También es necesario aumentar el número de camas, debido a que su capacidad instalada ha sido rebasada por mucho.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a destinar y ejercer los recursos necesarios con los que se pueda atender las urgentes necesidades en todas las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas.
Notas:
1 Véase https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202410/409#:~:text=Explic%C3%B3% 20que%20este%20programa%20contaba,y%20por%20eso%20se%20cuentan.
2 Véase https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/nuevo-laredo
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026.
Diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a informar a la ciudadanía respecto a las acciones de apoyo a los ganaderos de Tamaulipas ante el cierre de la frontera de Estados Unidos de América para la exportación de ganado, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Carlos Canturosas Villarreal, diputado a la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a informar a la ciudadanía respecto a las acciones de apoyo a los ganaderos de Tamaulipas ante el cierre de la frontera de Estados Unidos de América para la exportación ganado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El campo tamaulipeco hoy respira una calma tensa, una de esas que duelen porque no es sinónimo de paz, sino de parálisis. Para cualquiera que recorra las carreteras de San Fernando, Soto la Marina o Aldama, el panorama es desolador: los corrales están llenos de ganado que ya debería haber cruzado la frontera, pero que hoy permanece rumiando un destino incierto. El cierre de la frontera de los Estados Unidos a partir de abril de 2025 a la exportación de ganado en pie, ha caído como una mazo sobre la espalda de miles de familias ganaderas en Tamaulipas, y lo más doloroso no es solo el bloqueo comercial, sino la sensación de abandono y la alarmante falta de acciones contundentes por parte de las autoridades para rescatar a uno de los sectores que son orgullo y motor del estado.
La ganadería en Tamaulipas no es solo una actividad económica; es una herencia, un estilo de vida que define nuestra identidad norteña. Sin embargo, ante la crisis sanitaria o administrativa que detonó el cierre fronterizo —muchas veces ligado a la detección de enfermedades o al endurecimiento de las normas de inspección del USDA —, la respuesta oficial ha sido, por decir lo menos, tibia. Mientras los ganaderos ven cómo sus costos de operación se disparan al tener que alimentar animales que ya estaban listos para la venta, los pasillos de las oficinas gubernamentales parecen estar más preocupados por la burocracia que por la supervivencia del hato.
No se trata solo de abrir la puerta; se trata de qué hacer mientras la puerta está cerrada. La falta de programas de subsidio para el forraje, la ausencia de créditos puente con tasas preferenciales y la nula inversión en rastros TIF que permitan procesar la carne aquí mismo para darle valor agregado, son pruebas claras de una omisión histórica. El ganadero tamaulipeco está solo, lidiando con el coyote que quiere comprarle a precio de hambre y con un gobierno que parece mirar hacia otro lado.
El costo de mantenimiento —grano, agua, medicina y pastura— se vuelve insostenible. Muchos pequeños y medianos productores están al borde de la quiebra porque el flujo de efectivo se cortó de tajo.
Esta parálisis tiene un efecto dominó. Si el ganadero no vende, no le paga al proveedor de alimentos, no contrata jornaleros, no repara sus cercas y no consume en la ferretería del pueblo. La economía de municipios enteros en Tamaulipas depende de ese cheque que llega tras el cruce de los becerros. El cierre de la frontera, sumado a la inacción oficial, está secando la economía local más rápido que cualquier sequía de verano.
Uno de los puntos más críticos es el origen del cierre. Generalmente, estas medidas responden a una pérdida en el estatus sanitario, como la presencia de tuberculosis bovina o garrapata o del gusano barrenador. Aquí es donde la responsabilidad del Estado y la Federación se vuelve innegable. Durante años, se han recortado presupuestos para las campañas de barrido sanitario y para el control de la movilización de ganado. La falta de inspectores capacitados y de laboratorios certificados ha dejado a los productores vulnerables.
Es frustrante para un ganadero que cumple con todas las reglas ver cómo el descuido de unos pocos, o la falta de vigilancia en las casetas sanitarias por parte de la autoridad, termina castigando a todo el gremio. La exportación a Estados Unidos como un mercado de alta exigencia se encuentra cerrada desde el pasado mes de mayo de 2025, y si México —y específicamente Tamaulipas— no garantiza una sanidad de hierro. La falta de acciones preventivas hoy se traduce en una emergencia reactiva que nadie sabe cómo apagar.
Según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), en la última semana de abril de 2025, se representó una caída del 6% en la remisión de carne de res mexicana hacia Estados Unidos. Este porcentaje coincide con la reducción de las exportaciones semanales de carne a finales de abril de 2025, pero el acumulado de exportaciones da un total de 66 mil 200 toneladas métricas que representa una baja del 4% al mismo periodo de 2024, lo que da cuenta del problema.
Lo más grave no es solo el dinero que se deja de ganar, sino lo que sucede con la gente. Ante la falta de apoyos y la imposibilidad de vender a precios justos, muchos ganaderos jóvenes están tirando la toalla. El relevo generacional en el campo tamaulipeco está en riesgo. ¿Quién va a querer quedarse a romperse el lomo en el rancho si al final del día el gobierno te deja solo ante una crisis fronteriza?
El abandono de los ranchos no solo es una pérdida productiva; es un problema de seguridad nacional. Un rancho abandonado es terreno fértil para actividades ilícitas. La ganadería ha sido históricamente el centinela de nuestras tierras; si el ganadero se va porque ya no es negocio, perdemos todos. La falta de incentivos para que la juventud se quede en el sector pecuario, sumada a los bloqueos comerciales, está empujando a la migración o, peor aún, a que el campo se quede en silencio.
Esta crisis ha desnudado una realidad dolorosa: Tamaulipas depende excesivamente de enviar animales vivos al extranjero. Si tuviéramos una red de rastros de Tipo Inspección Federal (TIF) con capacidad real y canales de comercialización para carne procesada en el mercado nacional e internacional, el cierre de la frontera no sería una sentencia de muerte. Pero la infraestructura no cae del cielo. Se requiere visión política para invertir en centros de acopio y plantas procesadoras que permitan que el valor se quede aquí, en manos de los tamaulipecos.
En lugar de eso, vemos cómo el ganado se malbarata en el mercado nacional, donde el precio por kilo es significativamente menor al de exportación. El productor termina siendo víctima de los grandes introductores que se aprovechan de la desesperación para comprar “barato lo que vale caro”. Sin un esquema de protección de precios o un fondo de contingencia, el ganadero está a merced de los tiburones del mercado.
Lo que el sector pecuario de Tamaulipas necesita no son palmaditas en la espalda ni discursos de “todo va a estar bien ” en las ferias regionales. Hoy la exportación de ganado está cerrada y se necesitan acciones concretas:
1. Restablecimiento de las condiciones de exportación, y,
2. Apoyos a los ganaderos.
El ganadero tamaulipeco es de una estirpe dura; sabe lo que es lidiar con el sol abrasador, con la falta de agua y con la inseguridad. Pero lo que no debería tener que soportar es la indiferencia de quienes tienen la obligación de representarlo y protegerlo. El cierre de la frontera con Estados Unidos es un problema técnico y comercial, pero la falta de apoyo es un problema de voluntad política.
Si no se actúa ya, el daño al hato ganadero y a la economía de Tamaulipas será irreversible. No podemos permitir que las espuelas se oxiden y que los corrales se conviertan en cementerios de sueños. Es momento de que las autoridades se ensucien las botas y entiendan que, si el campo se cae, el estado entero se va al suelo con él. La grandeza de Tamaulipas entró alguna vez por el campo; no permitamos que la falta de visión la deje salir por la puerta de atrás.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a informar a la ciudadanía respecto a las acciones de apoyo a los ganaderos de Tamaulipas ante el cierre de la frontera de Estados Unidos de América para la exportación ganado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2026.
Diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a diseñar e implementar un fondo de emergencia ganadera en Tamaulipas, con el propósito de mitigar las cuantiosas pérdidas económicas derivadas del cierre de la frontera de Estados Unidos de América para la exportación al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, diputado a la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar e implementar un Fondo de Emergencia Ganadera en Tamaulipas, con el propósito de mitigar las cuantiosas pérdidas económicas derivadas del cierre de la frontera de los Estados Unidos de América para la exportación al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El campo tamaulipeco no sabe de treguas. El hombre y la mujer de rancho están acostumbrados a pelear contra la sequía que agrieta la tierra, contra el sol que cala hasta los huesos y contra la incertidumbre de los precios. Pero hoy, el enemigo es distinto y mucho más voraz: el regreso del gusano barrenador y el fulminante cierre de la frontera de los Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano. Esta situación ha dejado a miles de productores en Tamaulipas con la soga al cuello, viendo cómo sus corrales se llenan de animales que no pueden salir y sus carteras se vacían tratando de mantenerlos. Ante esta emergencia, ya no bastan las palabras de aliento; es urgente y vital diseñar e implementar un Fondo de Emergencia Ganadera que sirva de pulmón para un sector que se está asfixiando.
La ganadería en Tamaulipas es la columna vertebral de nuestra identidad y economía rural. Muchos municipios de Tamaulipas viven por y para el ganado. Cuando la frontera se cierra, no se detiene solo un trámite aduanal, se detiene el corazón financiero de miles de familias. El gusano barrenador, una plaga que creíamos erradicada y que ha vuelto a encender las alarmas sanitarias, ha provocado que el mercado de exportación —nuestra principal válvula de escape y fuente de ingresos— se selle herméticamente.
La consecuencia inmediata es un efecto de embudo catastrófico. Los becerros que estaban listos para cruzar el Bravo se quedan “estacionados” en los ranchos. Un animal que no se vende sigue comiendo, sigue necesitando agua y cuidados veterinarios. El costo de producción se dispara mientras el valor del animal cae, porque al no haber salida hacia el extranjero, el mercado nacional se satura y los precios se desploman. Algunas investigaciones señalan que la falta de mecanismos de contingencia en el sector agropecuario deja a los estados fronterizos en una vulnerabilidad extrema ante cambios en las políticas comerciales y sanitarias internacionales.
Un Fondo de Emergencia Ganadera no es un regalo ni una dádiva; es una inversión estratégica para evitar el colapso de una industria centenaria. Los ganaderos tamaulipecos no están pidiendo que les mantengan el rancho, están pidiendo un puente que les permita cruzar este pantano sin hundirse.
Este fondo debería tener tres objetivos claros:
1. Subsidio directo para alimentación y mantenimiento: El ganadero necesita recursos para comprar forraje y suplementos mientras el ganado permanece retenido. Cada día que pasa con la frontera cerrada es un día donde el productor pierde dinero solo por mantener vivo al hato.
2. Apoyo sanitario intensivo: Para reabrir la frontera, hay que demostrar que el gusano barrenador ha sido controlado. El fondo debe financiar brigadas de inspección casa por casa, rancho por rancho, y facilitar los medicamentos y tratamientos necesarios para erradicar la plaga sin que el costo recaiga únicamente en el bolsillo del productor.
3. Esquemas de crédito puente: Préstamos con tasas de interés cero o mínimas que permitan al ganadero pagar sus nóminas y deudas inmediatas mientras se restablece el flujo de ventas.
Si caminamos por un rancho en Tamaulipas hoy en día, el silencio es pesado. El ganadero mira sus becerros con una mezcla de orgullo y angustia. Ese animal representa el pago de la escuela de sus hijos, la reparación de la camioneta, el sustento de los vaqueros que llevan toda una vida trabajando con él. La falta de acciones concretas por parte de las autoridades federales y estatales genera una sensación de abandono que cala hondo.
Cuando el gobierno dice “estamos negociando ”, el ganadero piensa en el bulto de alimento que subió de precio ayer. El tiempo de la burocracia no es el tiempo de la biología. El gusano barrenador no espera a que se firme un acta en una oficina climatizada de la Ciudad de México o de Washington; la larva avanza, el animal sufre y la economía muere. La implementación de un fondo como el que proponemos, permitiría reaccionar con la agilidad que la emergencia demanda.
Tamaulipas ha luchado por décadas para mantener un estatus sanitario de excelencia que le permitiera competir en los mercados más exigentes del mundo. Perder ese estatus por la plaga del gusano barrenador y la falta de una respuesta coordinada es un retroceso de treinta años. Un Fondo de Emergencia permitiría blindar las fronteras estatales y municipales, instalando puntos de control sanitario estrictos y laboratorios de diagnóstico rápido.
Sin recursos materiales y económicos, los inspectores de sanidad animal son soldados sin armas. La inversión en infraestructura sanitaria es el único camino para convencer al USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) de que México es un socio confiable. Como señala la industria farmacéutica y veterinaria, la trazabilidad y el control preventivo son las únicas herramientas reales para mantener los mercados abiertos
Si el Fondo de Emergencia no se diseña e implementa de inmediato, las consecuencias sociales en Tamaulipas serán desoladoras. Veremos una liquidación forzada de hatos; los ganaderos, desesperados por pagar deudas, venderán sus vacas reproductoras al rastro, lo que significa que no habrá becerros el próximo año. Es un canibalismo económico que destruye el futuro para salvar el presente.
Además, el abandono del campo es la puerta de entrada a la inseguridad. Un rancho que deja de ser productivo se convierte en tierra de nadie. Los jóvenes, al ver que la ganadería ya no es un medio de vida digno por la falta de apoyo ante crisis, optarán por la migración o serán presa fácil de actividades ilícitas. Cuidar al ganado es, en muchos sentidos, cuidar la paz social de Tamaulipas.
Para que este fondo funcione, debe ser manejado con una transparencia absoluta, lejos de los compadrazgos políticos que tanto daño han hecho al campo. Debería ser un fondo tripartita: una parte del gobierno estatal, otra del federal y una aportación de las propias uniones ganaderas a través de un esquema de seguro previo. La tecnología digital hoy nos permite que cada peso sea rastreado, asegurando que el apoyo llegue al productor que tiene sus registros de vacunación y areteo en orden
Es momento de que la Secretaría de Desarrollo Rural y las cámaras legislativas entiendan que estamos ante un incendio forestal económico. No se apaga un incendio con declaraciones de prensa; se apaga con agua, en este caso, con recursos líquidos que lleguen directamente a las unidades de producción.
Tamaulipas es fuerte porque su gente es fuerte, pero hasta el roble más recio se quiebra si le cortan las raíces. El sector ganadero ha dado mucho al estado: empleos, divisas, identidad y alimento. No es justo que, en su hora más oscura, se le deje a su suerte frente a una plaga biológica y un bloqueo comercial que lo supera.
Diseñar este Fondo de Emergencia Ganadera es un acto de justicia y de elemental sentido común económico. Necesitamos que las botas se ensucien en el corral y que las manos firmen los cheques que salvarán el patrimonio de miles de tamaulipecos. Si salvamos al ganado hoy, estaremos asegurando el futuro de Tamaulipas mañana. No permitamos que el gusano barrenador y la indiferencia oficial se terminen de comer lo que tantas generaciones tardaron en construir.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a diseñar e implementar un Fondo de Emergencia Ganadera en Tamaulipas, con el propósito de mitigar las cuantiosas pérdidas económicas derivadas del cierre de la frontera de los Estados Unidos de América para la exportación al ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2026.
Diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a gestionar los recursos necesarios y suficientes para atender los esquemas básicos de vacunación, con énfasis en sarampión para la población en Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, diputado a la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a gestionar los recursos necesarios y suficientes para atender los esquemas básicos de vacunación, con énfasis en sarampión para la población en Tamaulipas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud de una sociedad se mide, en gran medida, por la capacidad que tiene de proteger a los más pequeños antes de que enfermen. En el México de 2026, hablar de vacunación no es simplemente referirse a una campaña de salud pública o a un piquete en el brazo; es hablar de un escudo colectivo que hoy, más que nunca, presenta grietas que urge reparar. La gestión de recursos para los esquemas básicos de vacunación, y muy particularmente para frenar el regreso del sarampión, se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional que demanda no solo dinero, sino una voluntad política inquebrantable y una logística de precisión quirúrgica.
El sarampión no es una enfermedad del pasado, aunque a veces caigamos en el error de creerlo así. Es uno de los virus más contagiosos que conoce la humanidad; una sola persona infectada puede transmitir el virus a otras 12 o 18 personas en una población no inmunizada. Durante los últimos años, hemos visto brotes esporádicos en diversas regiones del mundo y de nuestro país, impulsados en parte por la interrupción de las cadenas de suministro y por la desinformación.
La necesidad de gestionar recursos suficientes para la vacuna Triple Viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) es una carrera contra el tiempo. No se trata solo de comprar las dosis. Gestionar la vacunación implica asegurar la “cadena de frío”, ese hilo invisible pero vital que mantiene las vacunas a la temperatura exacta desde que salen del laboratorio hasta que llegan a la clínica de una comunidad remota. Si esa cadena se rompe, el recurso se tira a la basura y, lo que es peor, dejamos a un niño desprotegido creyendo que está a salvo. La inversión en tecnología de monitoreo térmico en tiempo real es hoy una de las tendencias más críticas para evitar mermas en el sector biotecnológico.
No podemos hablar de salud universal si los presupuestos para vacunas se manejan con criterios de austeridad mal entendida. Cada peso que se deja de invertir en una vacuna hoy, se traducirá mañana en miles de pesos destinados a hospitalizaciones, tratamientos de complicaciones y, trágicamente, en vidas perdidas. El esquema básico de vacunación es la inversión con mayor retorno social que existe.
La gestión de recursos para 2025-2026 debe ser multianual y blindada. No podemos permitir que el abasto de vacunas dependa de si sobró dinero al final del trimestre. Necesitamos contratos sólidos con laboratorios internacionales y, sobre todo, recuperar la capacidad nacional de producción de biológicos. El gasto en salud debe priorizar la prevención para aliviar la carga financiera de los hospitales de segundo y tercer nivel, los cuales se ven saturados cuando las enfermedades prevenibles se salen de control.
Más allá de los frascos de cristal y las agujas, el recurso más valioso del sistema de vacunación es su gente. Las enfermeras vacunadoras son las verdaderas heroínas de esta historia. Son ellas quienes cargan los termos, quienes recorren los barrios casa por casa y quienes convencen a los padres de familia sobre la importancia de la inmunización.
Gestionar recursos suficientes también significa pagar salarios dignos y contratar personal suficiente. Un sistema de salud donde una sola enfermera tiene que atender a cien niños en una mañana es un sistema diseñado para el error. Necesitamos recursos para capacitación continua, para que el personal sepa cómo abordar las dudas de los padres y cómo manejar las nuevas plataformas de registro digital que aseguran que ningún niño se quede sin su refuerzo. La profesionalización y el fortalecimiento del personal de campo son ejes centrales para garantizar que el abasto de medicamentos e insumos médicos llegue realmente al brazo de quien lo necesita.
El mayor reto de gestión en México no está en la aduana, sino en el camino que va del almacén estatal a la unidad médica rural. Tamaulipas, por ejemplo, tiene una geografía que exige una logística de transporte robusta. Se necesitan camionetas con refrigeración especializada, combustible suficiente y rutas de distribución que no se detengan por cuestiones administrativas o de seguridad.
La falta de insumos médicos básicos, como jeringas de bajo residuo o torundas de alcohol, puede parecer un detalle menor, pero es suficiente para detener una jornada de vacunación completa. La gestión de recursos debe ser integral: no basta con tener la vacuna si no tienes la jeringa, y no basta con tener ambas si no tienes el carnet de salud para registrar la dosis. Es una sinfonía donde todos los instrumentos deben tocar al mismo tiempo y en el mismo tono.
En este 2026, gestionar la vacunación también implica gestionar la verdad. Los grupos antivacunas y las noticias falsas en redes sociales han provocado que algunos padres duden en llevar a sus hijos a vacunar. Esto es especialmente peligroso con el sarampión, donde se requiere que al menos el 95% de la población esté vacunada para lograr la “inmunidad de rebaño”.
Se deben destinar recursos específicos para campañas de comunicación asertivas, humanas y cercanas a la gente. Necesitamos hablarle a la madre de familia en su idioma, resolver sus miedos con evidencia científica pero con empatía. El presupuesto de salud también debe contemplar la educación y la promoción de la salud. Es así que la transparencia en la información y el acceso a datos reales sobre la seguridad de las vacunas son herramientas fundamentales para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones de salud.
México ha dado pasos importantes al integrar modelos de compra consolidada, buscando mejores precios y calidad. Sin embargo, la gestión debe ir más allá de la compra por volumen. Necesitamos establecer alianzas con organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de su Fondo Rotatorio, que nos permite acceder a vacunas seguras a precios competitivos.
Pero no podemos depender siempre del exterior. La soberanía sanitaria pasa por incentivar la investigación y el desarrollo de vacunas en territorio nacional. Gestionar recursos para que instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colaboren con la industria privada en la creación de plantas de producción de biológicos es una visión a largo plazo que nos protegería de futuras pandemias y de la escasez global de vacunas.
Garantizar los esquemas básicos de vacunación no es un gasto, es una declaración de principios. Es decir que la vida de un niño en cualquier rincón del país vale lo suficiente como para mover cielo, mar y tierra para que su vacuna llegue a tiempo. El sarampión es un recordatorio de nuestra fragilidad, pero también de nuestra capacidad de organización si se cuenta con los recursos económicos y materiales necesarios.
Necesitamos un sector salud fuerte, bien financiado y con una gestión transparente que no deje lugar a la duda o a la corrupción. Cada dosis de vacuna SRP aplicada es un éxito de gestión, pero también es una promesa cumplida. Que nunca más un hospital en México se vea saturado por una enfermedad que pudimos detener con una jeringa y una cadena de frío impecable. La salud empieza con la prevención, y la prevención empieza con un presupuesto que ponga a las personas en el centro de todas las decisiones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a gestionar los recursos necesarios y suficientes para atender los esquemas básicos de vacunación, con énfasis en Sarampión para la población en Tamaulipas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, a reforzar las campañas de los esquemas básicos de vacunación, con énfasis en Sarampión para la población en Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2026.
Diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a resolver la problemática de la caseta de cobro Sabinas y La Garita del km 26, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Carlos Canturosas Villarreal, diputado a la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1 fracción I; y 79 numerales 1, fracción II, y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a resolver la problemática de la caseta de cobro Sabinas y la garita del Km. 26, Tamaulipas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La autopista Monterrey–Nuevo Laredo es la vía de comunicación terrestre más importante entre México y Estados Unidos, utilizada diariamente por miles de vehículos de carga y pasajeros. Según el Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste, por esta carretera circula hasta el 80% de las mercancías que se producen y se intercambian entre ambos países. El valor del intercambio comercial terrestre superó los 1,191 millones de dólares el año pasado, y actualmente cruzan hacia Texas alrededor de 12 mil tráileres diariamente.
En la Plaza de cobro Sabinas, ubicada en el km 100, los congestionamientos alcanzan hasta 30 kilómetros, provocando importantes pérdidas económicas al retrasar la entrega de mercancías y afectar las cadenas de suministro global. Estos retrasos generan sobrecostos logísticos y disminuyen la competitividad de México en el comercio internacional. El sistema de peaje implementado no satisface las demandas del volumen actual de tránsito, ya que el cobro electrónico (TAG ) presenta fallas recurrentes atribuibles a tecnología obsoleta y falta de mantenimiento. Aunado a ello, las condiciones físicas y operativas de la caseta no facilitan un flujo ágil ni un cobro eficiente, lo que contribuye a la acumulación de vehículos y eleva los costos operativos para transportistas y usuarios de la vía.
La garita del Kilómetro 26 constituye otro punto crítico en la autopista Monterrey–Nuevo Laredo, donde la capacidad de la infraestructura es insuficiente para atender el volumen de vehículos que transitan diariamente. Esta condición provoca un flujo vehicular lento y desordenado, incrementa el riesgo de accidentes y genera cuellos de botella que afectan tanto la movilidad de pasajeros como la eficiencia en el transporte de mercancías.
Asimismo, la zona carece de paradores seguros y áreas de descanso dignas para los operadores del transporte de carga. Esta deficiencia obliga a los conductores a realizar largas jornadas sin contar con espacios adecuados para su recuperación física, lo que incrementa los niveles de fatiga, estrés y riesgo de accidentes graves. La ausencia de infraestructura básica como sanitarios, alumbrado, vigilancia y servicios de emergencia vulnera la seguridad de los usuarios y afecta la cadena logística nacional.
La conjunción de estos factores —filas prolongadas en la caseta y falta de paradores seguros— ha configurado un escenario que compromete la seguridad vial, la salud de los conductores y la eficiencia operativa del transporte de mercancías en una de las carreteras más estratégicas del país.
Por su parte, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó un exhorto en el que señala:
- Que el problema afecta directamente a los habitantes de Ciénega de Flores, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Vallecillo y General Zuazua, quienes padecen retrasos desproporcionados y riesgos en sus traslados cotidianos.
- Que los retrasos en la entrega de productos industriales impactan negativamente en la cadena de valor de sectores como el manufacturero, cementero, automotriz y alimenticio, que dependen de esta ruta para exportaciones e importaciones.
- Que el 27 de septiembre se documentaron filas de hasta 30 kilómetros y viajes de más de siete horas, situación repetida en múltiples ocasiones.
- Que se registran accidentes casi a diario, lo que pone en riesgo la vida de conductores y pasajeros.
El Ayuntamiento de Nuevo Laredo, por su parte, ya había advertido sobre la problemática de la caseta de cobro, señalando que ésta está provocando riesgos y retrasos innecesarios para la seguridad e integridad de los usuarios, pérdidas de vidas humanas, daños económicos al transporte de mercancías y afectaciones directas al comercio exterior.
Finalmente, debe subrayarse que los operadores de transporte de carga —eslabón esencial de la cadena logística nacional— enfrentan largas jornadas en condiciones adversas, sin acceso a sanitarios, áreas de descanso ni paraderos seguros, lo que eleva su fatiga y estrés y aumenta el riesgo de accidentes graves.
En conjunto, la congestión en la Caseta de cobro Sabinas, la saturación de la garita del Km. 26 y la falta de paradores han configurado un escenario que amenaza la competitividad del país, la seguridad vial y el bienestar de miles de personas que dependen de esta vía.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a implementar de manera inmediata las acciones necesarias para agilizar el tránsito y reducir los tiempos de espera en la Plaza de Cobro Sabinas, mediante la modernización del sistema de peaje, la ampliación de carriles de cobro y la mejora en la operación de los sistemas electrónicos (TAG).
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo las acciones de modernización y reordenamiento necesarios en la Garita del Kilómetro 26, con el propósito de incrementar su capacidad operativa, mejorar el flujo vehicular y garantizar condiciones seguras para los usuarios.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con autoridades estatales y municipales, a habilitar e instalar paradores seguros en la autopista Monterrey–Nuevo Laredo, a fin de proporcionar a los transportistas y conductores áreas adecuadas de descanso, sanitarios, servicios básicos y condiciones de seguridad vial.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2026.
Diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (rúbrica)