Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a Ssa y al Inapam a fortalecer las campañas permanentes de concientización sobre el trato digno y la prevención de la violencia contra las personas adultas mayores, a cargo de la diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

El cambio demográfico: Un Desafío Impostergable México se encuentra en una etapa de transición demográfica acelerada. Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), para el año 2030 habrá 20.4 millones de personas adultas mayores en el país. Este sector representará aproximadamente el 14.96 por ciento de la población total, superando incluso al grupo de niños de 0 a 14 años.

Este envejecimiento poblacional no es solo un dato estadístico; representa un desafío estructural para el Estado mexicano en términos de salud, economía y tejido social. Debemos ser previsores y adaptar nuestras políticas para garantizar que este grupo poblacional no solo viva más años, sino que lo haga con una calidad de vida digna.

La realidad de la violencia y la discriminación: Lamentablemente, el aumento de la población adulta mayor no ha ido acompañado de una cultura de respeto. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 revela que el 17.9 por ciento de las personas de 60 años o más declararon haber sido discriminadas. De este grupo, casi el 40 por ciento (específicamente el 39.2 por ciento) atribuye el maltrato exclusivamente a su edad.

La violencia se manifiesta de diversas formas: desde insultos y amenazas hasta la negación injustificada de servicios médicos y apoyos sociales. Es alarmante notar que el Instituto Nacional de Geriatría (Inger) estima que entre el 10 por ciento y el 15 por ciento de los adultos mayores han sufrido algún tipo de abuso físico, psicológico, sexual o financiero. Lo más doloroso es que, en la mayoría de los casos, los agresores son familiares o cuidadores directos.

Para robustecer nuestra propuesta, es necesario mirar hacia modelos exitosos que han abordado el “Edadismo” (discriminación por edad) con firmeza:

• Chile (Programa Buen Trato al Adulto Mayor): A través del SENAMA, Chile no solo realiza campañas, sino que cuenta con unidades de respuesta legal inmediata para casos de maltrato, logrando reducir la cifra negra de denuncias.

• España (Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada): Han entendido que el aislamiento es el precursor de la violencia. Su enfoque integra a la comunidad y comercios locales para vigilar el bienestar de los mayores.

• Organización Panamericana de la Salud (OPS): En su “Década del Envejecimiento Saludable”, insta a los países miembros a transformar los sistemas de salud de modelos curativos a modelos preventivos y centrados en la persona.

Desde el PVEM, sostenemos que la sustentabilidad de una nación también reside en su capacidad de proteger a sus grupos más vulnerables. No podemos aspirar a un futuro verde si ignoramos las raíces de nuestra sociedad: nuestros adultos mayores. La prevención de la violencia debe ser una tarea diaria que involucre educación, sensibilización y capacitación para el personal de salud y justicia.

Es urgente transitar de campañas temporales a políticas públicas permanentes que garanticen una vida libre de violencia. Debemos dignificar su papel en la sociedad, fomentando su inclusión laboral y participación activa.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que, en el ámbito de sus competencias, fortalezcan y ejecuten campañas permanentes de concientización sobre el trato digno, el respeto a los derechos humanos y la prevención de todo tipo de violencia (física, psicológica, económica y por negligencia) contra las personas adultas mayores, asegurando su plena integridad y seguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026.

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional DIF, al Inapam y al Inger a implementar y fortalecer a nivel nacional los centros diurnos comunitarios para personas adultas mayores donde se incluyan actividades físicas, cursos de formación y espacios de convivencia, a cargo de la diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

México enfrenta una transición demográfica sin precedentes que impone responsabilidades institucionales de primer orden. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 aproximadamente 15.1 millones de personas tienen 60 años o más, representando el 11.7 por ciento de la población total.

Las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) son contundentes: para 2030 habrá 24.7 millones de personas adultas mayores, y para 2050 la cifra superará los 36 millones, equivalente al 21 por ciento de todos los mexicanos. La esperanza de vida en México se sitúa en 75.1 años según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la tasa de fecundidad ha caído de 6.8 hijos por mujer en 1970 a 1.9 en 2024 (Conapo).

Esta realidad estadística tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la salud pública, el gasto en seguridad social y la cohesión familiar. La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem 2021) reveló que el 42.3 por ciento de las personas de 60 años y más presenta algún grado de depresión o aislamiento social, y que el 68 por ciento de los adultos mayores en zonas urbanas y periurbanas carece de acceso a espacios recreativos, de actividad física o de formación continua adaptados a su edad.

La inactividad física incrementa en 30 por ciento el riesgo de hospitalización, y el costo de la dependencia no atendida supone un lastre creciente para las finanzas públicas nacionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2023), documentó que el 34.5 por ciento de las personas adultas mayores en México viven en pobreza, de las cuales el 10.7 por ciento en pobreza extrema. Asimismo, 7 de cada 10 no cuentan con pensión contributiva, dependiendo exclusivamente de transferencias gubernamentales no contributivas o de la solidaridad familiar. Estos datos configuran un escenario de urgencia que el Estado mexicano está obligado a atender con políticas integrales, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

México cuenta con una diversidad de modalidades de atención dirigidas a la población adulta mayor, distribuidas entre distintas instituciones del gobierno federal. Si bien representan avances significativos, su cobertura es aún insuficiente, fragmentada y desigual en términos territoriales. A continuación, se presenta un diagnóstico exhaustivo de los tipos de casos y modelos de atención existentes:

A) Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Es el programa de mayor alcance y cobertura en materia de apoyo económico a personas de la tercera edad. Administrado por la Secretaría de Bienestar, otorga una pensión no contributiva y universal a todas las personas de 65 años o más residentes en México, sin distinción de condición social o económica. Para 2026, el monto bimestral asciende a $6,400 pesos, un incremento de $200 respecto al año anterior. Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, eliminando intermediarios.

Alcance e impacto: Para 2025, el programa beneficiaba a 13.2 millones de adultos mayores con un presupuesto federal anual superior a los $544 mil millones de pesos destinados al conjunto de los programas Bienestar. Se proyecta que en 2026 se alcancen más de 14 millones de derechohabientes. Este programa está reconocido como derecho constitucional a partir de la reforma de 2020. Sin embargo, su limitación central es que se circunscribe al apoyo económico directo, sin contemplar servicios de atención integral, actividad física, socialización o formación continua.

B) Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam)

El Inapam es el organismo público descentralizado rector de la política nacional a favor de los adultos mayores, en términos del artículo 25 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM). Su mandato es garantizar el bienestar integral, la inclusión y la participación social de este grupo. Opera bajo la coordinación de la Secretaría de Bienestar y gestiona los siguientes tipos de servicios y programas:

• Credencial Inapam

Documento de identidad que permite acceder a descuentos y beneficios en rubros como alimentación, educación, salud, transporte, vestido y hogar, asesorías legales, recreación, cultura y deporte, mediante convenios con dependencias, empresas públicas y privadas. Es la puerta de entrada al ecosistema de servicios del Inapam.

• Centros Culturales y Talleres de Aprendizaje

El Inapam opera Centros Culturales en las principales ciudades del país, donde se ofrecen talleres y clases con el fin de potenciar el bienestar de las personas mayores mediante actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas, físicas y recreativas.

Estos espacios constituyen el antecedente más directo del modelo de Casas del Abuelo que se propone en el presente punto de acuerdo.

• Vinculación Productiva y Empleo

El Servicio de Vinculación Productiva promueve empleos remunerados y actividades voluntarias para personas adultas mayores. Cuenta con dos vertientes: el Servicio de Vinculación Productiva a Empleo Formal (inserción en empresas privadas que han firmado convenio) y el Sistema de Empacadores Voluntarios de Mercancías (actividad en tiendas de autoservicio). A través de esta modalidad, los beneficiarios pueden obtener hasta $7,000 pesos adicionales por su participación.

El proceso inicia con una entrevista de perfil, selección de oferta y proceso de integración laboral.

• Programa de Adultos Mayores en Plenitud

Otorga un estímulo económico a personas adultas mayores que participan como empacadores voluntarios, reconociendo su aportación social y promoviendo su sentido de utilidad y autoestima.

• Programa Bienestar Integral del Adulto Mayor (BIDA)

Brinda apoyo económico consistente en una entrega única en efectivo al término del año fiscal, y un estímulo adicional para cuidadores de personas adultas mayores que se desempeñan en el entorno familiar o comunitario.

• Proyecto «Vive Diferente. Haciendo Equipo con Gente Grande»

Fomenta la integración de las personas adultas mayores a la sociedad por medio de capacitaciones, ferias del adulto mayor y espacios de participación comunitaria, reforzando la autoestima y los lazos familiares.

• Registro Único Inapam

Directorio nacional de instituciones públicas y privadas que brindan servicios a personas adultas mayores. Permite recopilar información sobre la operación y los servicios proporcionados por cada espacio, orientando las decisiones de política pública. Cualquier institución que realice acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores puede registrarse, independientemente de su denominación, régimen jurídico o modalidad de atención.

C) Sistema Nacional DIF: Centros Gerontológicos y Casas Hogar

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) opera dos grandes modalidades de atención para adultos mayores en situación de vulnerabilidad o requerimientos de cuidados especializados:

• Modalidad de Residencia (Internamiento)

Consiste en otorgar atención integral a la persona adulta mayor dentro del Centro los 365 días del año. Es la modalidad de mayor intensidad de cuidado, dirigida a personas sin red de apoyo familiar, en situación de abandono o con necesidades de atención continua.

El SNDIF administra directamente cuatro centros federales de referencia:

- El Centro Gerontológico Arturo Mundet (Av. Revolución, Ciudad de México),

- El Centro Gerontológico Vicente García Torres (Azcapotzalco, Ciudad de México),

- La Casa Hogar Olga Tamayo (Cuernavaca, Morelos) y

- La Casa Hogar Los Tamayo (Oaxaca, Oaxaca).

Cada uno de los 32 sistemas estatales DIF también administra sus propias instalaciones residenciales.

• Modalidad de Atención de Día (Centros de Asistencia Social Diurna – CAS)

Son espacios donde el adulto mayor asiste durante el día y regresa a su hogar por la tarde, orientados a combatir la soledad y mantenerlos activos. Ofrecen desayuno y comida, talleres culturales, gimnasia cerebral, atención primaria de salud, salud bucal y trabajo social. Esta modalidad es el referente más próximo al modelo de Casas del Abuelo que se propone ampliar y federalizar.

Para ser candidato a estos servicios del SNDIF se requiere tener 60 años cumplidos o más, expresar voluntariamente el deseo de ingreso y presentar identificación oficial vigente. Se da prioridad a personas en situación de vulnerabilidad económica o social.

D) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

El ISSSTE brinda atención gerontológica especializada a sus derechohabientes a través de dos modelos complementarios, dirigidos a sus más de 2.6 millones de afiliados mayores, de los cuales 247 mil son jubilados y pensionados:

• Casas de Día del ISSSTE

Son espacios de convivencia, activación física y creatividad mental, concebidos como alternativa contra la discapacidad física, anímica o cognitiva, y como instrumento para abatir el riesgo de maltrato al adulto mayor. El ISSSTE cuenta con 22 Casas de Día distribuidas en el territorio nacional. En ellas se imparten actividades como tai chi, cocina, ejercicios aeróbicos, costura, bordado, rehabilitación física y sesiones de autocuidado, dirigidas por enfermeras y gerontólogos especializados. La prestación es gratuita para los derechohabientes.

• Módulos Gerontológicos

El ISSSTE opera 92 Módulos Gerontológicos integrados en unidades médicas de primer nivel:

- 35 en la Ciudad de México y

- 57 distribuidos en los estados.

Son atendidos por 112 médicos y 116 enfermeras, y 90 de ellos cuentan con equipos de rehabilitación funcional física básica. En los Módulos los pacientes reciben orientación nutricional, evaluación y rehabilitación funcional física y mental, alineados con la metodología ICOPE (Atención Integrada para las Personas Mayores) de la OMS y la OPS.

La Guía Operativa de Módulos Gerontológicos (versión 2024) estandariza los procedimientos de atención centrada en la persona mayor, con valores de humanismo, autonomía, dignidad y continuidad.

• Programa de Envejecimiento Exitoso y Cursos en Línea

El ISSSTE pone a disposición de adultos mayores y cuidadores un portal de cursos multimedia con información validada por la UNAM y la Escuela de Dietética y Nutrición del propio Instituto, que pueden realizarse a ritmo propio y desde cualquier lugar.

E) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Centro de Día y GeriatrIMSS

• Centro de Día del IMSS – Modelo CASSAAM

En enero de 2023, el IMSS puso en marcha su Centro de Día como fase piloto en el Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM) en la Ciudad de México.

Se trata de un modelo de atención social comunitaria no institucionalizada, dirigido a derechohabientes mayores de 60 años con necesidades de apoyo para actividades de la vida diaria. Brinda servicios educativos, culturales, recreativos y de desarrollo personal, con enfoque gerontológico y supervisión de personal especializado.

El Centro de Día del IMSS forma parte de la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, en coordinación con el Inger, INAPAM, ISSSTE y la Secretaría de Salud. Adicionalmente, imparte el Diplomado en Cuidadores Gerontológicos, avalado por la UNAM y certificado por la plataforma CONOCER bajo el estándar ECO669 («Cuidado básico de la persona mayor en domicilio»). La plataforma CLIMSS de educación en línea ofrece cursos gratuitos para cuidadores.

• GeriatrIMSS

Programa especializado que integra a la red de atención médica del IMSS servicios de geriatría clínica, evaluación gerontológica integral y seguimiento de enfermedades crónico-degenerativas prevalentes en la población adulta mayor, como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca y demencia.

F) Secretaría de Salud federal: Módulos Gerontológicos y Atención Primaria

La Secretaría de Salud federal establece los lineamientos rectores para la atención gerontológica en el primer nivel de atención a través de los Centros de Salud y las Unidades de Salud para el Bienestar (CAUSES). Publica los Lineamientos Generales para el Funcionamiento de un Centro de Día Gerontológico, que sirven de marco normativo para los modelos operados por SNDIF, ISSSTE e IMSS. Asimismo, coordina el Programa de Atención al Envejecimiento (PAE), que integra detección oportuna de síndromes geriátricos, prevención de caídas, vacunación en adultos mayores y atención de salud mental en zonas de alta marginación.

G) Instituto Nacional de Geriatría (Inger)

Creado en 2008 como parte de los Institutos Nacionales de Salud, el Inger tiene por objeto la investigación científica, la formación de recursos humanos y la atención de tercer nivel en materia de geriatría y gerontología. Es el referente técnico-científico que genera la evidencia para orientar las políticas públicas en envejecimiento saludable en México. Coordina el Programa de Evaluación Geriátrica Integral (EGI) y colabora con la OPS en la implementación del protocolo ICOPE en el país.

El diagnóstico anterior revela una paradoja crítica: México cuenta con un marco institucional relativamente amplio de atención al adulto mayor, pero con una cobertura efectiva profundamente insuficiente.

Las principales brechas identificadas son:

• Primera brecha concentración territorial: La mayor parte de los servicios especializados se concentra en la Ciudad de México y en las capitales estatales, dejando sin cobertura a adultos mayores en municipios pequeños, zonas semiurbanas y comunidades rurales.

El ISSSTE solo cuenta con 22 Casas de Día para una población de 2.6 millones de derechohabientes mayores, y el IMSS tiene únicamente un centro piloto en la capital del país.

• Segunda brecha Fragmentación institucional: El INAPAM, el SNDIF, el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud operan modelos paralelos sin articulación entre sí. Un adulto mayor no derechohabiente del IMSS o el ISSSTE tiene acceso únicamente a la Pensión Bienestar y, en el mejor de los casos, a los servicios del INAPAM o del DIF estatal, con enormes variaciones de calidad y disponibilidad entre entidades.

• Tercera brecha ausencia de un modelo diurno comunitario universal: Ninguna de las instituciones federales existentes ofrece un modelo de atención diurna comunitaria de carácter universal disponible para toda persona adulta mayor de 60 años, independientemente de su condición laboral, derechohabiencia o situación económica con actividad física, formación continua y espacios ecológicos, en todos los municipios del país.

Esta es precisamente la brecha que las Casas del Abuelo proponen cerrar.

• Cuarta brecha: Los modelos existentes no incorporan de manera sistemática criterios de sustentabilidad ambiental, jardines terapéuticos, huertos urbanos ni espacios de educación ambiental. La dimensión ecológica central en la plataforma programática del Partido Verde Ecologista de México— está ausente en el diseño actual de la política pública gerontológica federal.

Referentes Internacionales

La experiencia internacional demuestra que los centros de día comunitarios para adultos mayores generan impactos significativos en salud, autonomía y bienestar.

Los casos más relevantes son:

• España — Programa Imserso de Centros de Día

Más de 85,000 personas atendidas en 2,400 centros. El 78 por ciento de usuarios redujo visitas hospitalarias en el primer año; 64 por ciento reportó mejora en salud mental. Costo por usuario: €6,200 anuales, frente a €21,000 de institucionalización residencial. Ahorro para el sistema de salud: 70 por ciento por paciente.

• Japón — Centros Comunitarios Generacionales (Chiiki Hoken Fukushi Center)

Más de 14,000 centros en operación (2022), cobertura del 91 por ciento de municipios. Los participantes regulares presentan una reducción del 33 por ciento en tasas de demencia senil y del 27 por ciento en deterioro funcional respecto a adultos mayores sin acceso al programa. El modelo combina actividad física, talleres, agricultura urbana y atención preventiva.

• Chile — Programa Vínculos del Senama

Más de 300 Centros de Día en 15 regiones, con inversión anual de $28 millones USD. El 71 por ciento de participantes mejoró su autopercepción de salud; el 85 por ciento redujo niveles de soledad (Escala UCLA). Evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social reportan reducción del 40 por ciento en ingresos hospitalarios urgentes.

• Colombia — Centros de Protección Social para el Adulto Mayor

El Ministerio de Salud opera más de 1,200 Centros de Protección Social con modelo de día y residencia. Las evaluaciones del DANE documentan que el 69 por ciento de los usuarios mejoró su funcionalidad motriz en el primer año de participación.

• Uruguay — Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez

El BPS (Banco de Previsión Social) administra 180 clubs de adultos mayores en todo el territorio, con indicadores de salud psicosocial significativamente superiores entre participantes: 52 por ciento menos de diagnósticos de depresión clínica vs. la media nacional.

• Unión Europea — Directriz sobre Envejecimiento Activo (2023/C 232/01)

Establece como objetivo de política pública garantizar acceso a servicios de actividad física y formación para mayores de 60 años a una distancia máxima de 5 kilómetros del domicilio. Este estándar de accesibilidad es una referencia indispensable para la política mexicana.

El Partido Verde Ecologista de México propone que las Casas del Abuelo no sean simples centros de atención social, sino nodos de cultura ecológica comunitaria.

Diseñadas con criterios de sustentabilidad uso de energías renovables, captación de agua pluvial, huertos urbanos, jardines terapéuticos, gestión responsable de residuos y diseño bioclimático, estos espacios cumplen una doble función:

• Mejorar el bienestar físico y emocional de los adultos mayores, y

• Contribuir simultáneamente a la recuperación de biodiversidad local,

• La reducción de islas de calor y

• La educación ambiental multigeneracional.

La evidencia científica internacional avala el impacto de la horticultura terapéutica y los jardines en la salud de los adultos mayores: estudios publicados en el Journal of Health Psychology señalan que la exposición regular a espacios verdes reduce en un 20 por ciento los marcadores de estrés crónico, y la participación en huertos comunitarios disminuye la incidencia de deterioro cognitivo leve en un 18 por ciento en personas mayores de 70 años.

La propuesta se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030:

• ODS 3 (Salud y Bienestar),

• ODS 10 (Reducción de Desigualdades),

• ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y

• ODS 13 (Acción por el Clima).

México, como signatario de la Agenda 2030, tiene la obligación de avanzar en estas metas con políticas concretas y medibles.

Finalmente, el argumento económico es irrebatible: por cada peso invertido en atención gerontológica preventiva, el sistema de salud pública ahorra entre $3.2 y $4.8 pesos en atención hospitalaria, medicamentos y rehabilitación, de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Instituto Nacional de Geriatría para que diseñen e implementen el Programa Nacional de Centros Comunitarios Diurnos para Personas Adultas Mayores, con cobertura progresiva en los 32 estados de la República, priorizando municipios con alta concentración de adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, que no cuenten con acceso a los servicios del ISSSTE o del IMSS.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Instituto Nacional de Geriatría para que contemplen los siguientes componentes mínimos en cada centro: actividad física adaptada, talleres de formación y aprendizaje continuo, espacios de convivencia social, arte comunitario y expresión cultural, atención preventiva primaria en salud y módulos de agricultura urbana, jardín terapéutico y educación ambiental.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Instituto Nacional de Geriatría para que los inmuebles destinados a las Centros Comunitarios Diurnos para Personas Adultas Mayores sean adaptados o rehabilitados bajo criterios de sustentabilidad ambiental y con accesibilidad universal para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026.

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de salud y protección animal de las 32 entidades federativas a reforzar las inspecciones de higiene y el cumplimiento de normas sanitarias en establecimientos que reciban o brinden servicios a animales de compañía, a cargo de la diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Debemos partir de una premisa fundamental: los animales de compañía ya no son accesorios domésticos; son seres sintientes y sujetos de derecho en diversas legislaciones. Al llamarlos “hermosas compañías”, reconocemos el vínculo biofílico que mejora la salud mental humana.

Sin embargo, este reconocimiento conlleva una responsabilidad compartida. Si permitimos que un animal ingrese a un restaurante, un hotel o una oficina, el establecimiento asume la tutela temporal del bienestar de ese animal y de la seguridad sanitaria de sus clientes.

La higiene no es un ataque a la presencia del animal, sino la garantía de que esa convivencia pueda perdurar sin riesgos. Cuidar la higiene es la forma más alta de respeto hacia la dignidad del animal y la tranquilidad del propietario.

La apertura de espacios pet-friendly ha avanzado más rápido que la capacitación del personal que los atiende. Es imperativo profundizar en los riesgos específicos:

• Zoonosis Emergentes: Bacterias como Salmonella, Campylobacter o parásitos como Toxocara canis pueden persistir en superficies si no se utilizan desinfectantes de grado hospitalario que sean, a su vez, seguros para las almohadillas y el olfato sensible de los animales.

• Alérgenos Ambientales: La acumulación de pelo y caspa en sistemas de ventilación no solo afecta a personas alérgicas, sino que degrada la calidad del aire del local.

• Residuos Biológicos: No basta con limpiar un “accidente” con un trapeador común. Se requiere el uso de productos enzimáticos que rompan las moléculas de urea y proteínas, evitando que otros animales marquen el mismo lugar y previniendo focos de infección.

La inspección debe dejar de ser un trámite burocrático para convertirse en una auditoría de bienestar y salud. Proponemos que las autoridades se basen en tres ejes de cautela:

1. Trazabilidad de Limpieza: Los establecimientos deben presentar bitácoras horarias de desinfección de áreas comunes.

2. Inocuidad Química: Revisión estricta de que los productos de limpieza no contengan fenoles o amoníaco en concentraciones que resulten tóxicas para los animales.

3. Aislamiento de Áreas de Consumo: En el caso de alimentos, asegurar que la preparación esté físicamente blindada de la presencia animal, cumpliendo con estándares internacionales de inocuidad alimentaria.

Un establecimiento que cumple con normas estrictas de higiene atrae a un sector del mercado con mayor poder adquisitivo y conciencia social. La falta de higiene en un solo local “pet-friendly” puede generar un estigma generalizado que afecte a todo el sector. Por ello, el exhorto busca proteger también la economía local, asegurando que San Luis Potosí y México entero sean destinos seguros para el turismo con mascotas.

Comparativo internacional

Para robustecer esta propuesta, se analizaron marcos normativos de países con altos estándares de bienestar animal:

Comparativo internacional de estándares de higiene

Para robustecer esta propuesta, se analizaron marcos normativos de países con altos estándares de bienestar animal:

Es necesario adecuar las normas a la realidad que vivimos es por ello que este exhorto se fundamenta en la necesidad de armonizar la Ley General de Salud con las leyes de protección animal locales. Se propone que la revisión de los establecimientos incluya:

• Sistemas de ventilación: Para evitar la acumulación de alérgenos y olores que afecten tanto a clientes como a los propios animales.

• Manejo de desechos: Protocolos de eliminación inmediata de heces y orina con productos enzimáticos que eliminen bacterias de raíz.

• Certificación de personal: Que los encargados de establecimientos que manejan animales (como estéticas o pensiones) tengan conocimientos básicos en sanidad animal para identificar brotes de enfermedades (como la tos de las perreras).

Garantizar la higiene no es un acto de burocracia, es un acto de amor y respeto hacia esos seres que nos dan todo sin pedir nada a cambio. Si permitimos que los animales entren en nuestra vida y en nuestros espacios públicos, debemos asegurar que esos espacios sean impecables. La salud de nuestra comunidad y el bienestar de nuestras hermosas compañías son indivisibles.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas y a las Procuradurías de Protección Ambiental y Animal para que, en el ámbito de sus competencias, intensifiquen los programas de inspección y vigilancia en establecimientos públicos y privados que reciban o presten servicios a animales de compañía, verificando con especial cautela el cumplimiento de las normas de higiene, desinfección y manejo sanitario para prevenir riesgos a la salud pública y garantizar el bienestar animal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026.

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SHCP a que realicen una reingeniería integral del modelo de atención primaria a la salud, priorizando la inversión en medicina preventiva, detección temprana y control de enfermedades crónico-degenerativas, garantizando la suficiencia presupuestaria, el fortalecimiento de la infraestructura de primer nivel y el cumplimiento de los estándares internacionales de cobertura y reducción de la mortalidad evitable, a cargo de la diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

I. La prevención como pilar del desarrollo sustentable

Para el Partido Verde Ecologista de México, la protección del medio ambiente y la salud humana son dimensiones inseparables del desarrollo sustentable. No puede existir una sociedad sana en un entorno degradado, ni un ecosistema equilibrado si quienes lo habitan carecen de condiciones mínimas de bienestar.

La medicina preventiva no es solo una rama de la ciencia médica: es un acto de responsabilidad ética, un imperativo de justicia social y una estrategia de supervivencia nacional.

La prevención democratiza el acceso a la vida. Mientras la medicina curativa suele ser costosa, reactiva e inaccesible para los sectores más vulnerables, la atención primaria y el diagnóstico oportuno permiten que cualquier mexicana o mexicano, independientemente de su condición económica o lugar de residencia, cuente con herramientas para vivir con salud y dignidad.

II. La crisis sanitaria de las enfermedades no transmisibles en México

México atraviesa una crisis sanitaria silenciosa pero devastadora. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) y los datos consolidados del Inegi al cierre de 2024, las enfermedades no transmisibles (ENT) entre ellas la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las cardiopatías isquémicas y los tumores malignos representan el 89.4 por ciento de las defunciones totales en el país, con una tasa de mortalidad que continúa en ascenso.

Lo alarmante no es únicamente la cifra, sino el hecho de que una proporción mayoritaria de estas muertes son clínicamente evitables . Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), al menos el 40 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 y el 60 por ciento de las complicaciones cardiovasculares podrían prevenirse o retrasarse significativamente mediante detección oportuna, cambios en el estilo de vida y atención de primer nivel.

El panorama epidemiológico más reciente confirma la magnitud del problema:

• Diabetes mellitus: México ocupa el sexto lugar mundial en prevalencia de diabetes, con más de 14.1 millones de adultos diagnosticados —y una cifra estimada de 3 a 4 millones adicionales sin diagnóstico. La diabetes es la primera causa de muerte prematura en mujeres y la segunda en hombres (ENSANUT 2022, INSP).

• Hipertensión arterial: Afecta al 36.2 por ciento de los adultos mexicanos mayores de 20 años, aunque solo el 58.5 por ciento de los hipertensos ha recibido diagnóstico médico previo, lo que evidencia un gravísimo déficit de tamizaje (ENSANUT 2022).

• Enfermedades cardiovasculares: Constituyen la primera causa de muerte en México con más de 170,000 defunciones anuales, representando el 23.5 por ciento del total de muertes registradas (Inegi, 2023).

• Obesidad y sobrepeso: México registra una prevalencia de obesidad y sobrepeso del 75.2 por ciento en adultos, siendo el segundo país con mayor tasa de obesidad entre los integrantes de la OCDE, lo que actúa como factor de riesgo transversal para prácticamente todas las ENT (OCDE, Health at a Glance 2023).

• Cáncer: Se diagnostican aproximadamente 215,000 nuevos casos por año. El cáncer de mama, cervicouterino y de próstata concentran el mayor número de defunciones, muchas de ellas prevenibles con tamizajes sistemáticos (Globocan/IARC 2022).

III. México frente a los estándares internacionales: la brecha de la mortalidad evitable

El informe Health at a Glance 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa a México en una posición de vulnerabilidad crítica frente al resto de los países miembros. Con 418 muertes evitables por cada 100,000 habitantes , nuestro país duplica el promedio de la OCDE (213 por cada 100,000) y supera en un 96 por ciento la tasa de Japón, que registra el indicador más bajo (109 por cada 100,000).

Esto significa que miles de mexicanos mueren cada año no por falta de conocimiento científico ni de tecnología médica disponible, sino por ausencia de detección oportuna, seguimiento clínico y acceso real a servicios preventivos.

Algunos indicadores ilustran con mayor precisión la magnitud de la brecha:

• Tamizaje de cáncer de mama: El promedio de tamizaje en países de la OCDE es del 55 por ciento, mientras que México registra apenas el 20 por ciento, lo que se traduce en diagnósticos en estadios avanzados con tasas de supervivencia significativamente menores y tratamientos de mayor costo y complejidad.

• Tamizaje de cáncer cervicouterino: Solo el 32 por ciento de las mujeres mexicanas en edad de riesgo accede al estudio de Papanicolaou de manera regular, frente a un promedio del 62 por ciento en la OCDE.

• Control de hipertensión: De los adultos diagnosticados con hipertensión arterial, solo el 53.4 por ciento tiene la presión adecuadamente controlada, muy por debajo del 70 por ciento que registran países con sistemas preventivos consolidados.

• Tasa de mortalidad por diabetes: Con 99 muertes por cada 100,000 habitantes, México tiene la tasa más alta entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 23 por cada 100,000 (OCDE, 2023).

IV. La dimensión presupuestaria: el costo de no prevenir

El presupuesto público destinado a salud en México representa el 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto , cifra que contrasta con el 9.3 por ciento promedio de los países de la OCDE . Este rezago presupuestario no es un dato aislado: se refleja directamente en las tasas de cobertura, en la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y, en última instancia, en la mortalidad prematura.

De acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), el costo total de la diabetes en México incluyendo atención hospitalaria, incapacidades laborales y pérdida de productividad— supera los 380,000 millones de pesos anuales . Tan solo las complicaciones de la diabetes no controlada (insuficiencia renal, amputaciones, retinopatías) generan un gasto hospitalario de especialidad que podría reducirse en al menos un 30 por ciento con programas de detección temprana y control glucémico en primer nivel.

La evidencia internacional es contundente: por cada peso invertido en prevención y promoción de la salud, el sistema sanitario evita un gasto de entre 7 y 10 pesos en tratamientos curativos de alta especialidad , incluyendo diálisis, cirugías cardiovasculares, quimioterapia en etapas avanzadas y cuidados paliativos. Esta relación costo-efectividad ha sido documentada por la OPS, la OMS y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos destinados al primer nivel de atención incluyendo prevención, vacunación y tamizajes han sufrido recortes sistemáticos en los últimos años. En contraste, el gasto hospitalario de segundo y tercer nivel representa más del 65 por ciento del gasto total en salud, perpetuando un modelo reactivo, costoso e ineficiente.

V. El impacto del cambio climático y el enfoque Una Sola Salud

Desde la perspectiva ecologista, resulta imperativo reconocer que el cambio climático está reconfigurando los patrones de enfermedad en México. El aumento de las temperaturas, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos y la alteración de los ciclos hidrológicos están exacerbando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y vectoriales, creando nuevas presiones sobre un sistema de salud que ya opera al límite de su capacidad.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha documentado que el incremento de temperaturas en regiones como el sureste mexicano ya ha ampliado el territorio de transmisión del dengue, el paludismo y la leishmaniasis. De igual forma, los picos de contaminación atmosférica asociados a fenómenos climáticos extremos se correlacionan con incrementos de hasta un 18 por ciento en hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en zonas metropolitanas.

La prevención del siglo XXI exige adoptar el paradigma de “Una Sola Salud” (One Health) , promovido por la OMS, la FAO y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que reconoce la interdependencia entre la salud humana, la sanidad animal y la integridad de los ecosistemas. Una política de prevención moderna debe incluir:

• Fortalecimiento del sistema inmunológico poblacional mediante el acceso a alimentación nutritiva, basada en productos locales, agroecológicos y libres de contaminantes.

• Reducción de la exposición crónica a contaminantes ambientales —plomo, arsénico, plaguicidas organofosforados— presentes en suelos y fuentes de agua, particularmente en comunidades rurales e indígenas.

• Fomento de la actividad física en espacios públicos verdes y recuperados, vinculando la salud comunitaria con la restauración del entorno urbano y periurbano.

• Vigilancia epidemiológica integrada de enfermedades zoonóticas y vectoriales sensibles al clima, fortaleciendo la coordinación entre salud humana, sanidad animal y protección ambiental.

VI. La perspectiva de género en la salud preventiva

Las enfermedades crónico-degenerativas afectan de manera desproporcionada a las mujeres mexicanas, quienes además enfrentan barreras estructurales adicionales para acceder a servicios preventivos. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres en México, con más de 7,500 defunciones anuales; sin embargo, la tasa de detección en estadio temprano continúa siendo inferior al 30 por ciento, en contraste con el 70 por ciento que reportan países con programas de tamizaje robustos.

El cáncer cervicouterino, pese a ser casi enteramente prevenible mediante vacunación contra el VPH y la detección citológica periódica, sigue cobrando más de 4,000 vidas femeninas cada año en nuestro país. La combinación de inequidad de género, condiciones socioeconómicas adversas y deficiencias en la oferta de servicios preventivos convierte estas muertes en una expresión de injusticia social inaceptable.

Garantizar la equidad de género en la salud preventiva implica asegurar que cada mujer mexicana, sin importar su código postal, su condición económica o su adscripción a una institución de salud específica, tenga acceso real, oportuno y digno a:

• Mastografía gratuita cada dos años para mujeres de 40 a 69 años.

• Detección de cáncer cervicouterino mediante Papanicolaou y prueba de VPH, con cobertura universal.

• Control prenatal de calidad, con énfasis en la detección de diabetes gestacional e hipertensión durante el embarazo.

• Orientación nutricional y programas de actividad física con perspectiva de género y pertinencia cultural.

VII. La propuesta: del estado hospitalario al estado preventivo

El presente punto de acuerdo propone un cambio de paradigma estructural: transitar del “estado hospitalario” reactivo, costoso y excluyente al “estado preventivo” proactivo, eficiente e incluyente. Este cambio requiere acciones concretas y corresponsabilidad institucional:

1. Garantía presupuestaria y blindaje del gasto preventivo

Blindar los recursos destinados a vacunación, tamizajes oncológicos, detección de ENT, educación para la salud y formación del personal de primer nivel frente a recortes presupuestarios. El gasto en prevención debe reconocerse como inversión prioritaria y no como gasto prescindible. Se propone destinar al menos el 30 por ciento del presupuesto sectorial de salud al primer nivel de atención , conforme a las recomendaciones de la OPS para sistemas de salud con orientación preventiva.

2. Modernización e infraestructura de salud de primer contacto

Promover la rehabilitación y equipamiento de los Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar, transformándolos en centros integrales de bienestar que no solo dispensan medicamentos, sino que ofrecen servicios de detección oportuna, consejería nutricional, salud mental y educación ambiental. La telemedicina y las unidades móviles deben ser herramientas para extender la cobertura preventiva a comunidades rurales y de difícil acceso.

3. Tecnología, datos y epidemiología en tiempo real

Implementar sistemas de vigilancia epidemiológica digital de acceso abierto que permitan identificar en tiempo real la distribución geográfica de factores de riesgo, brotes de enfermedades infecciosas y tendencias en la mortalidad por ENT. La interoperabilidad entre los sistemas de información del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Secretaría de Salud es indispensable para una respuesta preventiva coordinada.

4. Política de salud con perspectiva de género, interculturalidad y derechos

Atender con prioridad las enfermedades oncológicas y reproductivas que afectan desproporcionadamente a las mujeres mexicanas, con énfasis en poblaciones indígenas, rurales y en condiciones de pobreza. La prevención debe ser culturalmente pertinente, lingüísticamente accesible y libre de discriminación.

5. Educación para la salud como política de Estado

Integrar la educación en salud, nutrición y prevención desde la educación básica y media superior, articulando la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Salud. Las campañas de comunicación masiva deben estar basadas en evidencia científica, ser culturalmente pertinentes y tener continuidad en el tiempo, más allá de los ciclos políticos.

Prevenir no es un lujo: es la decisión más inteligente, más justa y más eficiente que puede tomar el Estado mexicano en materia de salud. La evidencia científica, los compromisos internacionales asumidos por México en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenibles en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, relativo a la salud y el bienestar para todos y el mandato constitucional de garantizar el derecho a la protección de la salud, obligan a este honorable Congreso a actuar con convicción y urgencia.

Es imperativo que esta Cámara de Diputados asuma su papel histórico en la transformación del modelo sanitario mexicano. No podemos continuar siendo espectadores de estadísticas de mortalidad prematura que reflejan años de subinversión en prevención. Debemos actuar hoy para que el México de 2030 y 2050 sea una nación donde la salud no dependa del código postal ni del nivel de ingresos, sino del compromiso inquebrantable de un Estado que previene, cuida y protege a su pueblo.

Por lo anteriormente expuesto, y con plena convicción de que solo a través de la salud preventiva podremos alcanzar el verdadero desarrollo sustentable y la justicia social que merecen las y los mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una reingeniería integral del modelo de atención primaria a la salud, priorizando la inversión en medicina preventiva, tamizaje oportuno y control de enfermedades crónico-degenerativas; garantizando la suficiencia presupuestal del primer nivel de atención, el fortalecimiento de su infraestructura y capital humano, la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica en tiempo real y el cumplimiento progresivo de los estándares internacionales de cobertura y reducción de la mortalidad evitable, con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, en congruencia con los compromisos nacionales e internacionales en materia de salud y desarrollo sostenible.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026.

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar SRE y a la SSPC a establecer mecanismos de colaboración obligatoria con plataformas digitales que operan en México, a fin de garantizar el cumplimiento inmediato de órdenes de protección en materia de violencia digital, eliminar obstáculos derivados de la asistencia jurídica internacional y establecer sanciones a aquellas empresas que incumplan con la protección de la integridad de las personas usuarias, a cargo de la diputada María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Consideraciones

En la era de la información, el entorno digital se ha transformado en una extensión de nuestra vida pública y privada. Sin embargo, este avance tecnológico ha superado la capacidad de respuesta de los marcos legales tradicionales. En México, la violencia digital no es solo una amenaza teórica; es una realidad que destruye reputaciones, empleos y la estabilidad emocional de miles de ciudadanos, especialmente de mujeres y jóvenes.

Desde la trinchera del Partido Verde, entendemos que el bienestar de la población no termina en el mundo físico. Así como luchamos por un medio ambiente sano, luchamos por un ecosistema digital seguro. Actualmente, cuando una autoridad judicial o ministerial mexicana emite una orden de protección (como bajar contenido íntimo o bloquear a un acosador), las empresas de redes sociales suelen exigir trámites burocráticos internacionales basados en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT). Este proceso puede tardar meses, tiempo durante el cual el daño a la víctima se vuelve irreversible.

De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 del Inegi, aproximadamente 18.9 millones de personas en México fueron víctimas de ciberacoso en el último año. Las cifras son alarmantes:

• El 22.2 por ciento de las mujeres y el 19.6 por ciento de los hombres usuarios de internet reportaron agresiones.

• Las plataformas con mayor incidencia son WhatsApp (39.8 por ciento) y Facebook (39.7 por ciento).

• El 95 por ciento de los deepfakes sexuales no consentidos en la red representan a mujeres (ONU Mujeres, 2025).

La Ley Olimpia marcó un hito en la tipificación de estos delitos, pero la operatividad sigue siendo el “talón de Aquiles”. La falta de convenios de colaboración directa entre el Estado mexicano y las empresas tecnológicas (Meta, X, TikTok, Google) genera una brecha de impunidad.

III. Comparativo internacional

México debe observar y superar los modelos implementados en otras regiones para garantizar la efectividad de sus leyes:

La implementación de estos convenios obligatorios beneficiará de manera directa a:

1. Mujeres y Niñas: Principales víctimas de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y violencia de género digital.

2. Menores de Edad: Expuestos a redes de ciberacoso y grooming. El Partido Verde ha propuesto fortalecer el control parental y la seguridad en el acceso a redes (Boletín PVEM, noviembre 2025).

3. Figuras Públicas y Activistas: Quienes sufren campañas de odio y desprestigio coordinadas.

4. Instituciones de Justicia: Reducción de la carga procesal y mayor tasa de éxito en la reparación del daño.

Nuestra postura es clara: “Quien contamina la paz digital, debe pagar y reparar el daño” . No podemos permitir que las fronteras digitales de las empresas privadas sean paraísos de impunidad frente a la ley mexicana.

• Soberanía tecnológica: El Estado mexicano tiene la facultad y la obligación de exigir que toda empresa que lucre en territorio nacional respete los derechos humanos de sus ciudadanos.

• Justicia pronta y expedita: La protección digital no puede esperar a que un juez en California o Dublín revise un exhorto internacional. La vida y la integridad de los mexicanos se protegen aquí y ahora.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus competencias, inicien pláticas de negociación sobre convenios obligatorios con las empresas de redes sociales que operan en México, a efecto de establecer un “punto de contacto nacional” que reconozca y ejecute de manera inmediata las órdenes de protección digital emitidas por jueces mexicanos; asimismo, para que se elimine la necesidad de procedimientos de asistencia jurídica internacional en los casos de violencia digital tipificados en la Ley Olimpia y el Código Penal federal; y para que se establezcan sanciones administrativas y operativas a aquellas plataformas que se nieguen a colaborar con las autoridades judiciales en la protección de la integridad de las personas usuarias.

Notas:

• INEGI (2025). Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024.

• ONU Mujeres (2025). Campaña “ÚNETE” - Informe sobre Violencia Digital en México.

• Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tesis 2020010 sobre Libertad de Expresión y Comportamientos Abusivos en Redes Sociales.

• Partido Verde Ecologista de México (2026). Propuesta de Reforma para Proteger Datos Personales y Prevenir Delitos Cibernéticos.

• Fundación Carolina (2023). Derechos Digitales en Iberoamérica: situación y perspectivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2026.

Diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes (rúbrica)